Sentencia 2009-00197 de abril 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200900197-01 [21656]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Fiberglass Colombia S.A. (NIT. 860009008-01)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Sanción por devolución y/o compensación improcedente

Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales la DIAN impuso a Fiberglass Colombia S.A. sanción por devolución y/o compensación improcedente del saldo a favor de la declaración de renta y complementarios del año gravable 2004.

Previo a decidir sobre el fondo del asunto, la Sala resuelve la excepción de inepta demanda propuesta por la demandada, por cuanto, a su juicio, los argumentos de la actora que se desarrollan en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de la demanda, no van encaminados a controvertir la legalidad de los actos sancionatorios demandados sino los actos de determinación del tributo, que son objeto de estudio en otro proceso.

De acuerdo con el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo(22), en el libelo de la demanda, la actora debe señalar con claridad y precisión las normas que considera violadas y los argumentos en que fundamenta las pretensiones.

Mediante Sentencia C-197 de 1999, la Corte Constitucional declaró exequible dicha norma y sostuvo que “Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no solo [es] dispendiosa sino en extrema difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación”.

En el caso en estudio, la excepción de inepta demanda planteada por la DIAN no tiene vocación de prosperidad, pues si bien la demandante cuestionó de manera amplia los actos de determinación del tributo, cuyo debate es materia de otro proceso, también expuso, aunque de manera sucinta, las razones por las cuales consideró que los actos sancionatorios demandados son nulos. Ello, porque alegó, en esencia, que dichos actos deben anularse porque el tribunal anuló los actos de determinación del impuesto sobre la renta y estos constituyen el fundamento de los actos sancionatorios acusados.

En esas condiciones, la demanda no es inepta porque sí expuso el concepto de la violación de las normas que se invocaron como violadas por los actos sancionatorios demandados. Por tanto, se confirma el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada.

En relación con la legalidad de los actos sancionatorios, la Sala precisa lo siguiente:

Al momento de proferir esta sentencia no existe fundamento para imponer la sanción por devolución y/o compensación improcedente cuya legalidad se cuestiona en este proceso, porque en fallo de 11 de diciembre de 2014(23), la Sala anuló la liquidación oficial de revisión(24) con base en la cual la DIAN impuso a la actora la mencionada sanción.

En consecuencia, es del caso revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, para acceder a las pretensiones de la demanda, según el siguiente análisis:

El artículo 670 del estatuto tributario dispone lo siguiente:

“ART. 670.—Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. Si la administración tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso, más los intereses moratorios que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%). Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión. […] Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término de un mes para responder” (se destaca).

De la norma transcrita se advierte que el contribuyente a quien se le haya devuelto una suma en exceso por concepto de saldo a favor, está sujeto a la sanción por devolución y/o compensación improcedente que consiste en(25):

1. El reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso.

2. El pago de los intereses moratorios que correspondan, esto es, los causados sobre los impuestos debidos.

3. El pago de la sanción propiamente dicha, es decir, el incremento de los intereses de mora en un cincuenta por ciento (50%).

Para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente la ley contempla un procedimiento autónomo e independiente del aplicable para la determinación oficial del impuesto. No obstante, la existencia del proceso sancionatorio depende del proceso liquidatorio, ya que conforme con el artículo 670 del estatuto tributario, para imponer la sanción es requisito sine qua non la notificación previa de la liquidación oficial de revisión que modifica o rechaza el saldo a favor devuelto o compensado(26).

Sobre este punto, la Sala ha precisado que si la liquidación oficial de revisión sometida a control jurisdiccional es declarada nula, desaparece el supuesto de hecho que sirve de fundamento a la sanción por devolución y/o compensación improcedente y, en consecuencia, también procede la nulidad de la sanción. Ello no significa que los dos procesos, el de determinación y el sancionatorio, se confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que el primero tiene en el segundo, pues aunque dichos procesos son diferentes y autónomos, se reconoce el efecto que el proceso de determinación del impuesto tiene sobre el sancionatorio y la correspondencia que debe haber entre ambas decisiones(27).

Así, la anulación definitiva de los actos de determinación oficial del tributo implica que el contribuyente tenía derecho a la devolución y/o compensación del saldo a favor declarado, por lo que desaparece el supuesto de hecho de la sanción.

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

• El 11 de abril de 2005, Fiberglass presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año 2004, en la que liquidó un saldo a favor de $76.044.000, que fue reconocido, devuelto y/o compensado por la DIAN mediante Resolución 608-1280 de 23 de agosto de 2005.

• Por liquidación oficial de revisión 310642007000092 de 25 de septiembre de 2007, la DIAN determinó un saldo a favor de $0 y un saldo a pagar de $241.907.000(28) y por Resolución 310662008000022 de 26 de junio de 2008, confirmó en reconsideración dicha decisión(29).

• Con base en la liquidación de revisión, por Resolución 310642008000009 de 15 de abril de 2008(30) la DIAN sancionó a la actora por devolución y/o compensación improcedente, acto que confirmó en reconsideración, por Resolución 900003 de 13 de mayo de 2009(31).

• En sentencia del 27 de agosto de 2009, dictada dentro del proceso 2008-00259, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda contra los actos de determinación oficial que modificaron la declaración privada de renta del año 2004(32).

• En fallo del 11 de diciembre de 2014, dictado dentro del proceso 2008-00259 número interno 18041, la Sala revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos demandados y la firmeza de la declaración privada(33).

Dado que la sentencia de la Sala de 11 de diciembre de 2014 anuló los actos de determinación oficial del impuesto y declaró la firmeza de la declaración de renta de 2004 presentada por la actora, la sanción por devolución y/o compensación improcedente fijada con base en los citados actos carece de fundamento.

Las anteriores razones son suficientes para revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, se anulan los actos sancionatorios demandados y como restablecimiento del derecho se declara que Fiberglass no está obligada a pagar la sanción por devolución y/o compensación improcedente determinada por la DIAN en dichos actos. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, dispone:

2. ANÚLANSE la Resolución Sanción 310642008000009 de 15 de abril de 2008 y la Resolución 900003 de 13 de mayo de 2009, por las cuales la DIAN sancionó a la actora por devolución y/o compensación improcedente relacionada con la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2004.

A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la demandante no está obligada a pagar suma alguna por concepto de la sanción a que se refieren los actos que se anulan.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

22 Código Contencioso Administrativo. ART. 137.—Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

23 Expediente 18041, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

24 Al igual que el acto que confirmó dicha liquidación en reconsideración.

25 Sentencia de 13 de septiembre de 2012, expediente 18001, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

26 Sentencias de 30 de abril y 8 de octubre de 2009, expedientes 16777 y 16608, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 2 y 23 de abril de 2009, expedientes 16158 y 16205, C.P. Hugo F. Bastidas B.; 12 de mayo de 2009 y 15 de abril de 2010, expedientes 17601 y 17158, C.P. William Giraldo Giraldo.

27 Sentencias de 19 de julio de 2002, expedientes 12866 y 12934, C. P. Ligia López Díaz; De 28 de abril de 2005, expediente 14149, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié; de 28 de junio de 2007, expedientes 14763 y 15765 (acumulados), C.P. Héctor J. Romero Díaz; y de 24 de septiembre de 2009, expediente 16954, 17 de julio de 2014, expediente 19212, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, 4 de diciembre de 2014, expediente 19268, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, 19 de marzo de 2015, expediente 19507, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, 23 de abril de 2015, expediente 19322, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

28 Folios 2 a 20, cuaderno antecedentes.

29 Folios 86 a 123, cuaderno antecedentes.

30 Folios 52 a 55, cuaderno antecedentes.

31 Folios 124 a 136, cuaderno antecedentes.

32 Folios 45 a 66, cuaderno p.

33 Expediente 18041, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Verificado en el sistema Siglo XIX.