Sentencia 2009-00199 de julio 3 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

SALA DUAL SEXTA DE DECISIÓN

Rad.: 2700 1110 2000 2009 00 199 01

Aprobado según Acta Nº 48 de la misma fecha.

Ref.: Consulta de fallo disciplinario contra el doctor A. C. D., Fiscal Cuarto Local de Tadó – (Chocó) (Para la época de los hechos).

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Bogotá, D. C., Tres de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

Al no haberse apelado la sentencia proferida, conforme lo dispone el artículo 208 de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, previo traslado a los sujetos procesales quienes guardaron silencio, procede esta Superioridad a su revisión por vía de consulta, limitándose el presente pronunciamiento a lo desfavorable al disciplinado.

Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos al Estado en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función jurisdiccional, por ello se pretende que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, se realice dentro de una ética de la función pública, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones; en este orden de ideas, en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche del Estado al servidor judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan. Es así como el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

“Artículo 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

Resulta en consecuencia imperioso analizar si en su actuar funcional, el Fiscal encartado incurrió en la conducta por la cual se le corrió pliego de cargos y le merecieron reproche disciplinario por parte del a quo en la sentencia que es objeto de revisión por vía de consulta.

De acuerdo con lo anterior, la controversia jurídica objeto de definición en el sub lite, se circunscribe a determinar si el funcionario sancionado incurrió en incumplimiento de la prohibición descrita en el numeral 6 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de Administración de Justicia, del siguiente tenor:

“Artículo 154. Prohibiciones: A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido: (…) 6. Realizar en el servicio o en la vida social actividades que pueden afectar la confianza del público u observas una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia”.

Caso concreto.

Del material probatorio obrante en el plenario, se tiene que efectivamente la conducta imputada al encartado en el pliego de cargos se realizó. Los hechos motivo de reproche tuvieron una existencia objetiva, pues el funcionario en cuestión en asocio con su asistente, realizó exigencias económicas para la devolución de un vehículo decomisado por la Policía de Carreteras, el cual se dirigía hacia el municipio de Quibdó, hechos por los que se capturó en flagrancia al señor B. E. P. P., siendo evidente que con su participación en dichos hechos causó un menoscabo a la confianza social como operador judicial y ha lesionado la dignidad de la administración de Justicia, tal como ha ocurrido en el presente caso ante la publicidad de los procederes del disciplinado.

Pues bien, logró establecer esta Sala, que exactamente de la declaración del señor B. E. P. y la versión libre del funcionario acusado doctor A. C. D. , se determinó que el vehículo, junto con la carga de cemento, fue puesto a disposición de la Fiscalía Cuarta Local de Tadó (Chocó), el día 25 de julio de 2009. Así mismo, encontrándose el conductor del vehículo en la oficina de la Fiscalía, habló vía telefónica el Fiscal inculpado con el propietario del cemento señor J. E. R. L., y este le dijo que legalmente no había razones para dicho proceder. Resulta que el señor R. L. le entregó $ 300.000 a B. E., quien llamó al Fiscal para preguntarle por las diligencias y éste le ordenó que fuera montando el acta de entrega.

Lo anterior fue corroborado por J. U. L. P. quien, sin dubitación ni contradicción alguna, señaló al doctor A. C. D. como una de las personas que le solicitó dinero a cambio de la devolución de los pluricitados bienes. Adicionalmente carece de sustento probatorio lo indicado por el funcionario en la versión libre al afirmar que se trataba de una retaliación por parte del señor L. P., pues resulta claro que no fue él quien presentó la denuncia penal que desencadenó el operativo y por contrario, no tenía conocimiento de la denuncia interpuesta, pues según lo dicho por el señor J. E. R. L. en la declaración bajo la gravedad de juramento fue él quien decidió denunciar el hecho sin que el conductor hubiese tenido conocimiento alguno.

En este contexto, precisa la Sala que por el hecho de contar el señor J. U. L. P. con un antecedente penal por el delito de Cohecho por dar u ofrecer, no hace más o menos creíble su versión, pues ella se cotejó con el material probatorio arrimado al dossier, y si bien el Fiscal C. D. fue quien formuló la imputación de cargos por el delito antes descrito en el año 2009, también lo es que la intervención fue como fiscal de turno y luego se desligó del proceso.

Nótese, como la solicitud de “colaboración” que dirigió el fiscal en primer lugar al señor L. P., quien ante el temor de prorrogar por un largo periodo de tiempo la recuperación del vehículo ofreció $ 50.000, cifra que no satisfizo las expectativas, le sugirió contactarse con el propietario del camión y de la mercancía para que contribuyera con el pago.

Sin lugar a dudas, es imperativo señalar que el doctor C. D. abusó de la función, porque en ejercicio de su cargo como Fiscal, debió resolver la retención del vehículo e incautación del cemento, en procedimiento llevado por la Policía de Carreteras, pero desbordó sus facultades en el sentido de conocer que dicha mercancía podía circular libremente con los documentos que acreditó el conductor del vehículo y pese a las explicaciones y los documentos aportados no hizo devolución de manera inmediata.

Por el contrario, el doctor C. D. exigió al conductor J. U. L. P. y al propietario del cemento, señor J. E. R. L., una suma de dinero, manifestando que dejaría el vehículo a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, situación que desataba inconvenientes, como quiera que el camión estaría inmovilizado y por ende el cemento no llegaría a la obra en la que era requerido.

En consecuencia, el funcionario encartado buscó que se le hiciera entrega de una suma de dinero que finalmente se concretó en trescientos mil pesos ($300.000), recibidos por el señor B. E. P. Perea, empleado de la Fiscalía Cuarta de Tadó.

Ahora, tratándose de la Administración de Justicia de un servicio público a la sociedad, esencial e imprescindible, el incumplimiento de los deberes y las obligaciones afecta negativa y directamente su prestación, lesionando indiscutiblemente su imagen, su credibilidad y eficacia, constituyendo descrédito para la misma, pues la afrenta no sólo es contra uno de los pilares del Estado Social de Derecho sino también, contra los usuarios de este servicio a quienes se les debe respeto y actuar en transparencia por parte de quienes ostentan las calidades de hacer parte de la rama Judicial, entre ellos claro está, los Fiscales.

Así las cosas, comportamientos como los reprochados en el presente asunto al funcionario judicial implicado, que por su rango de Fiscal Cuarto Local de Tadó (Chocó), se le exige el más estricto cumplimiento de los deberes de lealtad, probidad y honestidad, que implica el acatamiento a los principios y valores consagrados en la Constitución Política y las leyes, sin que el disciplinable acatara esos especiales núcleos de sujeción con el Estado, para en cambio optar por desobedecerlos de manera grosera y reprochable, como ha quedado visto.

Frente al actuar de los funcionarios que administran justicia, esta Sala se ha pronunciado en varias oportunidades, expresando que les es exigible un comportamiento que raya en lo virtuoso:

“En efecto, la dignidad de la justicia por ser un calor tan elevado y sagrado dentro de la organización social, no permite las más mínima agresión, llegándose al extremo de admitir que quienes ejercen la sacra misión de administrar justicia, les es exigible un comportamiento que raya en lo virtuoso, siempre que sus actos en la vida social, pudieran tener los efectos de reproche ético y moral a que hemos venido refiriendo, no así, cuando la condición de funcionario, en situaciones hipotéticas resulte objetivamente idéntica, pero con efectos distintos, por desarrollarlos en espacios sociales en los que no se le reconoce como funcionario judicial de suerte que el colectivo acepta su comportamiento social acorde con el de los restantes asociados, tolerando conductas inapropiadas de un hombre virtuoso26”.

No debe dejar pasar de largo esta corporación que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó (Sala Penal) y la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal), llegaron a la certeza de la responsabilidad penal del doctor A. C. D. , pues las pruebas aportadas demostraron su coautoría en el delito de Concusión Agravado, como igualmente debe responder disciplinariamente por esa misma conducta, frente a la claridad de un comportamiento contrario a las reglas éticas establecidas para los funcionarios judiciales en el Código Disciplinario Único.

De las anteriores consideraciones, la Sala procederá a confirmar integralmente la decisión consultada, toda vez que la misma atendió con acierto la realidad procesal y los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el Estado Social de Derecho, al igual que la responsabilidad del investigado frente al cargo irrogado, con lo que se colmaron los requisitos previsto en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 para proferir sentencia sancionatoria, pues se tiene la certeza sobre la existencia objetiva de la falta y el grado subjetivo de responsabilidad con que actuó el disciplinado.

De igual modo, considera esta Colegiatura que la Sala a quo contó al considerar la falta en que incurrió el funcionario disciplinado, como gravísima y que a título de dolo, imponiendo en consecuencia la sanción consistente en destitución e Inhabilidad de manera general en el ejercicio del cargo, por el término de Diez (10) años, al doctor A. C. D. , conforme con los criterios previstos en los artículos 43 a 47 de la Ley 734 de 2002, se estima razonable y proporcional a la gravedad de los hechos aquí investigados y la manera DOLOSA del proceder del funcionario encartado como Fiscal Cuarto Local de Tadó (Chocó), y por tal razón es claro que la sentencia consultada debe ser confirmada pues se encuentra ajustada a derecho.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo del 11 de diciembre de 2013, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó, mediante el sancionó con Destitución e inhabilidad general de diez (10) años al doctor A. C. D. para ejercer cargos públicos, en su condición de Fiscal 4 Local de Tadó – (Chocó), para la época de los hechos, al encontrarlo responsable de incurrir en la prohibición contemplada en el numeral 6 del artículo 154 de la Ley 270 de1996.

2. CONTRA esta decisión no procede recurso alguno.

3. Por la Secretaría Judicial de esta Sala, líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

26. Consejo Superior de la Judicatura, sentencia sancionatoria, radicado No. 19970438, M.P. doctor Jorge Alonso Flechas Díaz, 13 de abril de 2000.