Sentencia 2009-00201/2245-15 de octubre 26 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Exp. 25000232500020090020101

Consejero ponente:

Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas

Número Interno: 2245-15

Actor: Rafael Enrique González Cortés

Bogotá, D.C., veintiséis de octubre de dos mil diecisiete

Extractos: «2. Consideraciones.

2.1. Problema jurídico.

El problema jurídico consiste en dilucidar si los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de las normas en que debían fundarse y con falsa motivación.

Pero, antes de abordar este estudio, es necesario determinar la naturaleza de la actuación enjuiciada para efectos de definir si es susceptible de ser demandada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA y, por ende, si se instauró dentro del término establecido en el artículo 136 ibídem.

2.1.1. De la naturaleza de los actos acusados.

La calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de trámite es primordial para determinar si es susceptible de control de legalidad, así se desprende del artículo 135 del CCA(1), de cuyo contenido se infiere que es posible reclamar ante esta jurisdicción la nulidad de un acto particular que ponga fin a un proceso administrativo, es decir, un acto administrativo definitivo.

Son actos definitivos, los “que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”, así lo dispone el artículo 50 del CCA(2).

Al respecto, esta Corporación ha precisado lo siguiente:

Por acto administrativo se entiende toda manifestación de la administración con capacidad para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, esto es, una decisión encaminada a producir efectos jurídicos en los derechos u obligaciones de los administrados, sean subjetivos, personales, reales o de crédito.

La jurisdicción ejerce su control, para verificar que se ajusten a la legalidad, pero debe tenerse en cuenta que la impugnabilidad recae sobre los actos definitivos, es decir, sobre aquellos que exteriorizan la voluntad de la Administración para producir efectos en derecho, pues no se justifica un pronunciamiento sobre actos que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica, como son los de trámite, que se limitan a dar impulso a la actuación. Los actos de trámite no son susceptibles de control judicial, salvo que impidan al administrado continuar con la actuación. [...](3).

Así las cosas, el acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular es una declaración de voluntad dirigida al ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos, es decir que crea, reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas; por lo tanto, es susceptible de control de legalidad, a diferencia de lo que ocurre con los actos preparatorios, los de simple ejecución y los de trámite.

Actos preparatorios o de trámite son aquellos expedidos durante un procedimiento administrativo con el fin de preparar la decisión y que por ende no se pueden considerar como verdaderos actos administrativos; en otras palabras, no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean; definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas, de ahí que no son enjuiciables ante la Jurisdicción.

Tratándose de los actos proferidos dentro del concurso de méritos público y abierto de notarios, la Sección Segunda, en un caso de contornos similares(4), consideró que la mayoría de ellos eran actos preparatorios no enjuiciables ante esta jurisdicción. Allí se adujo lo siguiente:

No hay duda que los actos anteriores al que conformó la lista de elegibles, son actos de impulso procesal, como pasa a explicarse. El Acuerdo Nº 1 de 15 de noviembre de 2006, proferido por la Superintendencia de Notariado y Registro, “Por el cual se convoca a concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial”, norma básica del concurso presentado por el interesado, reguló las siguientes materias:

(i) Los instrumentos o criterios de selección de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 588 de 2000, como son, el análisis de méritos y antecedentes, la prueba de conocimientos y la entrevista (artículo 8º); (ii) la lista de elegibles estaría conformada por quienes obtuvieran más de 75 puntos, en el proceso (artículo 8º); (iii) la prueba de conocimientos tendría un valor de 40 puntos sobre 100, e incluiría preguntas relacionadas con los temas mencionados en los numerales I a IX del artículo 15. El parágrafo de este mismo artículo señaló que la prueba de conocimiento se diseñaría en forma proporcional a cada uno de los contenidos enunciados en los numerales mencionados, con el propósito de garantizar una adecuada distribución temática del cuestionario; (iv) contra la calificación de la prueba de conocimientos mencionada procedía el recurso de reposición dentro del término de cinco días siguientes a la publicación de la lista, en los términos fijados en el Código Contencioso Administrativo (artículo 16).

Finalmente respecto a la lista de elegibles, señaló:

“ART. 19.—Listas de elegibles. Para la conformación de las listas de elegibles se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 588 de 2000, el artículo 92 del Decreto 2148 de 1983 y los artículos 11 y 12 del Decreto 3454 de 2006. La vigencia de las listas será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su publicación, y se conformarán por círculo notarial con los nombres y documentos de identidad de quienes, en estricto orden descendente, hayan obtenido los mayores puntajes, teniendo en cuenta los mínimos fijados por la legislación vigente.

(…)

De igual forma el Consejo Superior, de oficio o a petición de parte excluirá de la lista de elegibles al participante cuya inclusión haya obedecido a errores aritméticos en la sumatoria de los puntajes obtenidos en los instrumentos de selección. La lista también podrá ser modificada por el Consejo, adicionando aspirantes o reubicándolos cuando compruebe que hubo error aritmético, caso en el cual reorganizará la lista asignando a los participantes el puesto que le corresponda.

Contra las decisiones del Consejo Superior relativas a la modificación de la lista de elegibles, o a la suspensión de participantes del concurso, procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo, el cual podrá interponer el participante dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión. El Consejo Superior resolverá el recurso dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación.”

Como se puede observar, existe una serie de pasos encaminados a obtener la conformación de la lista de elegibles, de dónde se infiere que la citada lista, es el acto que culmina el proceso de selección y en consecuencia el definitivo, que puede tildarse de verdadero acto administrativo demandable, porque contiene la decisión de la administración conformada con los nombres de quienes en estricto orden descendente hayan obtenido los mayores puntajes, y teniendo en cuenta los mínimos fijados por la legislación vigente.

De lo expuesto también se puede concluir que los resultados de las demás etapas de selección son simplemente actos preparatorios o de trámite, que no ponen fin a la actuación administrativa.

Así las cosas, de acuerdo con el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, la acción administrativa solamente procede contra los actos que pongan fin a una actuación administrativa, en este caso contra el Acuerdo 142 de 9 de junio de 2008 proferido por el Consejo Superior,(5) “Por el cual se integran las correspondientes listas de elegibles para la región de Bogotá”.

A manera de síntesis, planteó el precedente jurisprudencial que todos los actos emitidos en virtud de un concurso de méritos, previos al que conforma la lista de elegibles, son de naturaleza preparatoria y por ende no son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Empero, tal postura tuvo una sutil variación en una sentencia emitida con posterioridadpor esta misma Subsección(6)en la que categorizó como acto definitivo, además del que contiene la lista de elegibles, el que califica las pruebas de conocimientos y el que resuelve la reclamación formulada contra este, por cuanto pueden llegar a definir la situación del participante dentro del respectivo concurso de méritos. En efecto, dijo la citada sentencia:

Dentro de ese contexto, el acto de calificación es aquella decisión por medio de la cual, se exterioriza el resultado obtenido por un concursante y que refleja la potencialidad o predisposición de la persona para desarrollar una habilidad o un comportamiento.

Esa aptitud debidamente ejercida por medio de la práctica se trasforma en capacidad, la cual es medida a través de instrumentos que permiten valorar los diferentes factores requeridos para el ejercicio de un cargo, utilizando medios tecnológicos y técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros previamente determinados y que, precisamente, son dados a conocer al participante a través de una decisión particular que le fija el puntaje o nivel alcanzado, con base en el cual, le es posible al concursante mantenerse vigente en la actuación administrativa a fin de quedar incluido o hacer parte de la lista de elegibles.

Al constituirse el acto de calificación en un verdadero acto administrativo, genera la particular consecuencia de convertirlo en un acto enjuiciable ante esta jurisdicción.

La anterior posición es prohijada en esta ocasión por la Sala, dado que cuando la administración asigna a un concursante un puntaje al finalizar cada una de las fases que comprende el concurso, expide un acto administrativo de carácter particular y concreto, en la medida que surte un efecto inmediato, directo y subjetivo respecto del destinatario y, en ese orden, dicho acto también es definitivo y susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2.1.1.2. La actuación demandada.

Si se lee el texto de la demanda (fl. 64 y s.s.) se observa que la actuación acusada es la siguiente:

1) El cuestionario de preguntas realizadas en la prueba de conocimientos del 22 de julio de 2007 dentro del concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad, convocado mediante Acuerdo 01 de 2006 (fls. 148 a 168).

2) La relación de respuestas correctas señaladas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial (fls. 169 y 170).

3) La certificación de los resultados obtenidos por el demandante en la prueba de conocimientos (fls. 171 y 172).

4) El Acuerdo 52 de 2007 por medio del cual se adoptaron como calificaciones de la prueba de conocimientos realizada por los aspirantes del concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad, los resultados presentados por la Universidad de Pamplona (fls. 46 y 47).

5) El Acuerdo 54 de 2007, por el cual se ordenó la publicación de dichos resultados y la lista de aspirantes admitidos a presentar entrevista (fls. 43 a 45).

6) La Resolución 001736 de 2007 mediante la cual se confirma la calificación obtenida por el actor dentro de la prueba de conocimientos (fls. 48 a 55).

7) El Acuerdo 142 del 9 de junio de 2008 por medio del cual se conformó la lista de elegibles (fls. 5 a 42).

8) La Resolución 0035 del 18 de septiembre de 2008, por la cual se confirmó la decisión adoptada mediante el Acuerdo 52 de 2007 (fls. 198 a 206).

9) El Decreto 4612 del 5 de diciembre de 2008 por el cual el ministro del Interior y de Justicia designó a Manuel José Caroprese Méndez como notario tercero del circulo de Bogotá (fls. 125 y 126).

10) El acta de posesión del señor Caroprese Méndez del 27 de enero de 2009 (fl. 124).

11) El acta de entrega material de la Notaria Tercera del Círculo de Bogotá firmada el 9 de febrero de 2009 (cdno. 2).

De acuerdo con el análisis efectuado en el acápite anterior, son actos definitivos, susceptibles de ser demandados, el Acuerdo 52 de 2007, la Resolución 001736 de 2007, el Acuerdo 142 de 2008 y la Resolución 0035 de 2008. Los restantes son actos preparatorios o de trámite.

Se afirma que como regla general los actos preparativos o de trámite “no son actos susceptibles de control por esta jurisdicción”(7). La excepción a esta regla estaría dada, en los términos del artículo 50 del CCA, por los actos de trámite que implican en la práctica la imposibilidad de continuar con la actuación administrativa. En estos eventos, según esta disposición, se asimila esa decisión a un acto definitivo, por cuanto se entiende que con ella se puso fin a la actuación adelantada y, por ende, se habilita su control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En síntesis, como ha sido señalado por la jurisprudencia “las posibilidades que la Ley otorga para que el afectado con un acto lo someta a juicio de legalidad en sede judicial se limita a los siguientes eventos: 1. Cuando el acto pone fin a la actuación porque decide el fondo del asunto y 2. Cuando el acto ponga fin a la actuación porque hace imposible que esta prosiga”(8).

Lo anterior impone concluir que, dado su carácter no definitivo, respecto de los demás actos demandados como son el cuestionario de preguntas, la relación de respuestas, la certificación de los resultados obtenidos en la prueba de conocimientos y el acuerdo que ordenó publicar los resultados de la prueba de conocimientos(9), la acción interpuesta resulta improcedente y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 CCA, la Sala procederá a declarar de oficio la excepción dé ineptitud sustantiva de la demanda.

2.1.1.3. De los actos definitivos.

En este punto de la controversia a la Sala no le cabe duda sobre la naturaleza definitiva de los siguientes actos administrativos: Acuerdo 52 de 2007 y resoluciones 001736 de 2007 y 00035 de 2008, por ser aquellos que asignaron y consolidaron al demandante un puntaje al finalizar cada una de las etapas del concurso. Estos tuvieron como génesis para su expedición, la siguiente:

El artículo 16 del Acuerdo 01 de 2006 por medio del cual se convocó el concurso de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad estableció que contra los resultados de la prueba de conocimientos “Los concursantes podrán interponer recurso de reposición contra la calificación asignada, en los términos fijados por el Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista con las calificaciones. El Consejo Superior resolverá el recurso dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación”

En igual sentido el Acuerdo 54 del 13 de agosto de 2007(10), estableció en su artículo 3º que contra los resultados de la prueba de conocimientos procedía el recurso de reposición que debía interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación en los términos y condiciones establecidas en el Código Contencioso Administrativo.

Ahora bien, del recurso mencionado en el Acuerdo 54 hizo uso el demandante luego de que en la misma fecha y, a través del Acuerdo 52 de 2007, se publicaron los resultados obtenidos por los participantes del concurso de notarios en la prueba de conocimientos, y en él reprochó, al igual que en esta demanda, el cuestionario de preguntas y las presuntas irregularidades allí plasmadas, ante lo cual surgió la Resolución 001736 de 2007, que confirmó la decisión contenida en el citado Acuerdo 52, en tanto mantuvo su calificación en la prueba de conocimientos.

En virtud de una acción de tutela interpuesta por el actor se suspendieron los efectos de la Resolución 001736 del 27 de septiembre de 2007, la cual confirmó el puntaje obtenido en la prueba de conocimientos, y del Acuerdo 142 de 2008 que conformó la lista de elegibles, en cuanto hace referencia al señor González Cortés, para en su lugar permitirle al aspirante acceder al material de la prueba y en consecuencia volver a presentar un nuevo recurso de reposición.

Tal orden fue cumplida mediante el Acuerdo 160 de 2008 mediante el cual se le permitió alactor, previa la revisión de su prueba, controvertir las preguntas que a su juicio estaban respondidas en debida forma o cuestionar las que estaban mal formuladas.

Acto seguido, la administración expidió la Resolución 000035 del 18 de septiembre de 2008 por medio de la cual se confirmó “la decisión tomada mediante el Acuerdo 52 de 2007, en cuanto a la calificación de la prueba de conocimientos realizada por el(la) aspirante Rafael Enrique González Cortés” (fl. 197).

Vista la anterior actuación administrativa, es claro que debió someterse a control de legalidad dentro del término que la ley establece para tal fin, cual es de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, publicación o ejecución, según el caso; ello ocurrió, en el mejor de los eventos, desde el acto que decidió el recurso de reposición que pudo interponer el actor en virtud de la tutela instaurada, y cuya resolución data del 18 de septiembre de 2008.

En efecto, fue la Resolución 001736 de 2007 la que resolvió el recurso formulado contra la calificación obtenida en la prueba de conocimientos; no obstante, recuérdese que una vez publicada la lista de elegibles, al actor se le permitió reabrir el debate respecto de su prueba de conocimientos ejerciendo un nuevo recurso de reposición contra el resultado del examen que fue definido solo hasta el 18 de septiembre de 2008, por medio de la Resolución 00035.

Ahora bien, no puede afirmarse, como hizo el a quo, que el término de caducidad puede contabilizarse a partir del acto de nombramiento y/o posesión de quien reemplazó al actor en la notaría, porque estas no fueron las determinaciones que le afectaron, sino la actuación anteriormente referida, frente a la cuál operó el fenómeno de la caducidad, ya que cuando se presentó la solicitud de conciliación(11) y la respectiva demanda(12)había transcurrido ampliamente el término previsto en el artículo 136 del CCA, como bien lo dijo el Ministerio Público en el concepto que rindió ante esta Corporación.

Y a idéntica conclusión se llega, con mayor razón, frente al Acuerdo 142 del 9 de junio de 2008 “Por el cual se integran las correspondientes listas de elegibles para la región Bogotá”, cuya naturaleza se ha reconocido, sin mayores ambages, como acto administrativo de carácter definitivo por esta Corporación(13) y la Corte Constitucional(14).

Por lo expuesto, la Sala procederá a modificar la sentencia apelada en el sentido de declarar de oficio la excepción de caducidad frente a los Acuerdos 52 de 2007 y 142 de 2008 y a las resoluciones 001736 de 2007 y 00035 de 2008, pues cualquier estudio que se haga frente a los resultados obtenidos por el demandante en la prueba de conocimientos, sería actuar por fuera del ordenamiento jurídico, en tanto la oportunidad de sometimiento al control de legalidad de los actos que definieron tal situación, ya feneció.

De hacer caso omiso al anterior postulado, esto es, realizar pronunciamiento o valoración alguna respecto de la calificación otorgada al actor en la prueba de conocimientos a la que se sometió dentro del concurso público de notarios y determinar si ella estuvo bien o mal impuesta, vulneraría abruptamente el debido proceso en tanto el término preclusivo para poner a consideración tal situación ante un juez, venció por omisión del interesado.

Cabe destacar que el señalamiento legal de un término de preclusión, dentro del cual sea posible ejercer oportunamente el derecho de acción, es un valioso instrumento que salvaguarda la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones, de modo general entre los particulares y de modo específico entre los individuos y el Estado.

Por ello, se dice que el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y, las acciones se inicien, dentro de los plazos que señala el legislador, como no ocurrió en este caso en donde pese a que al actor le había quedado definida su situación jurídica respecto de la prueba de conocimientos efectuada, dejó vencer el término para demandarla y pretende, bajo la excusa de que no. se hizo en espera de la configuración de un acto complejo, reabrir un debate jurídico por fuera del término establecido para ello.

2.1.1.4. De la restante actuación demandada.

En este punto la Sala considera pertinente explicar que el acto contenido en el Decreto 4612 del 5 de diciembre de 2008 por el cual se designó a Manuel José Caroprese Méndez como notario tercero del circulo de Bogotá, es atacado por esta vía como ilegal por cuanto es el resultado de los errores en la aplicación de la prueba de conocimientos.

Sea lo primero aclarar que como bien lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación(15) cuando cualquier persona en ejercicio de la acción pública de nulidad demanda un acto de nombramiento o elección con el fin único de restablecer el orden jurídico objetivo, sin interés particular, su trámite corresponde al especial que la rey ha señalado para los juicios electorales, pues se trata de una acción electoral, pero cuando adicionalmente solicita su reintegro al cargo que venía ocupando y el pago de los salarios dejados de percibir, es decir, cuando solicita el restablecimiento del derecho, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Esta pretensión, además, se soporta en un interés directo porque, considera el demandante, conforme al artículo 85 del CCA, que su derecho a permanecer en el cargo se vio afectado por el nombramiento ilegal de quien lo reemplazó, es decir que resultó lesionado por el acto administrativo de nombramiento que es objeto de demanda.

En el presente asunto, se infiere que la intención del demandante de cara al decreto de nombramiento demandado es que como consecuencia de su anulación se restablezca en su derecho de permanecer en el cargo que venía desempeñando y donde fue nombrado, a través de este decreto, el señor Caroprese Méndez.

En ese orden, la acción escogida por la parte actora es la acertada, en tanto busca un restablecimiento del derecho con su anulación; no obstante, la causal de nulidad alegada frente a este acto, esto es, la falsa motivación, se estructura sobre la supuesta irregularidad que hubo en la prueba de conocimientos y que llevó a que todos los actos expedidos con posterioridad fueran ilegales. De manera que, al estar fundada dicha causal de nulidad en un aspecto que, como se dijo en precedencia, no puede ser objeto de análisis en tanto la oportunidad de sometimiento al control de legalidad de los actos que definieron tal situación ya caducó, resulta inviable que sobre este aspecto haya un pronunciamiento, pues se estaría permitiendo al demandante una etapa para debatir la supuesta ilegalidad de la prueba y de su resultado, cuando, se repite, este asunto debió hacerlo una vez se definió su situación al respecto.

Pero al margen de lo anterior; se dirá que el actor no demostró que por otras razones el acto de nombramiento del señor Caroprese Méndez hubiera estado viciado de falsa motivación, pues si bien es cierto que entre sus fundamentos jurídicos se encontraba el Acuerdo 142 de 2008, que fue el que estableció la lista de elegibles, no hay que olvidar que la consolidación de dicho listado se hizo conforme la puntuación que para el efecto se le diera a otras pruebas, como la de análisis de méritos y antecedentes y la entrevista.

En efecto, señaló el artículo 8º del Acuerdo 01 de 2006.

“ART. 8º—Instrumentos de selección. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 588 de 2000, los criterios de selección para la provisión de los cargos objeto del presente concurso son, en su orden:

1. Análisis de méritos y antecedentes.

2. Prueba de conocimientos.

3. Entrevista.

Con la finalidad de garantizar que la lista de elegibles esté integrada por participantes que posean los méritos, capacidades, experiencia e idoneidad para asumir la prestación del servicio notarial en propiedad, los aspirantes aceptados a concurso serán sometidos al análisis de méritos y antecedentes y convocados a presentar la prueba de conocimientos.

A la luz del artículo 11 del Decreto 3454 de 2006, la lista de elegibles por cada círculo notarial estará conformada por quienes hayan obtenido más de setenta y cinco (75) puntos en el proceso.

Así las cosas, no era solo la prueba de conocimientos la que habilitaba la conformación de la lista de elegibles y conforme a ello proceder en estricto orden a los nombramientos respectivos, pues como se vio existieron otras herramientas que permitieron la escogencia del personal más idóneo para el cargo que venía desempeñando y respecto del cual no obra prueba contundente ni suficiente que indique a la Sala que el acto de nombramiento que se ataca por esta vía estuviere viciado de falsa motivación.

En este orden de ideas, no se evidencia que el acto acusado haya sido expedido de manera de manera engañosa, fingida o simulada, o que las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen para la emisión del acto administrativo correspondiente, traducidas en su parte motiva, no tuviesen correspondencia con la decisión que se adopta, pues como se vio el nombramiento se hizo con base en el estricto orden de elegibilidad que consagraba la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 142 de 2008.

En lo que respecta a las actas de posesión del señor Caroprese Méndez, y de posesión y de entrega material de la Notaría, no son verdaderos actos administrativos(16). En efecto, en el decreto de nombramiento(17) quedó consignado que dicha designación y la consecuente desvinculación del servicio del actor son propios del decurso de un proceso de selección luego tampoco son enjuiciables ante esta jurisdicción toda vez que allí no se adopta ninguna decisión definitiva.

3. Conclusión:

En este orden de ideas, se procederá a modificar la sentencia apelada en el siguiente sentido: la Sala declarará de oficio la excepción de ineptitud de la demanda respecto de los siguientes documentos: i) el cuestionario de preguntas realizadas en la prueba de conocimientos del 22 de junio de 2007, ii) la relación de respuestas correctas señaladas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, iii) la certificación de los resultados obtenidos por el demandante en la prueba de conocimientos, iv) el Acuerdo 54 de 2007; v) el acta de posesión del señor Manuel José Caroprese Méndez; y vi) el acta de entrega material de la Notaria Tercera del Círculo de Bogotá, firmada el 9 de febrero de 2009.

Así mismo se declarará probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la demandada, respecto de los Acuerdos 52 de 2007 y 142 de 2008, y de las resoluciones 001736 de 2007 y 0035 de 18 de septiembre de 2008. Y en lo que hace relación con el Decreto 4612 de 2008 se denegarán las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Modificar la sentencia del 17 de julio de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sala en Descongestión— que denegó las pretensiones de la demanda, la cual quedará así:

“1. Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud de la demanda respecto de los siguientes documentos: i) el cuestionario de preguntas realizadas en la prueba de conocimientos del 22 de junio de 2007; ii) la relación de respuestas correctas señaladas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial; iii) la certificación de los resultados obtenidos por el demandante en la prueba de conocimientos; iv) el Acuerdo 54 de 2007; v) el acta de posesión del señor Manuel José Caroprese Méndez; y vi) el acta de entrega material de la Notaria Tercera del Círculo de Bogotá, firmada el 9 de febrero de 2009.

2. Declarar probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la demandada, respecto de los siguientes actos: i) Acuerdo 52 de 2007; ii) Acuerdo 142 de 2008; iii) Resolución 001736 de 2007; y iv) Resolución 0035 de 18 de septiembre de 2008.

3. Denegar las pretensiones de la demanda encaminadas a obtener la nulidad del Decreto 4612 de 2008, con base en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”

En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Norma aplicable a la fecha en que fueron expedidos los actos acusados

(2) Hoy en día artículo 43 CPACA

(3) Sentencia de 12 de junio de 2008 Radicado 08001-23-31-000-2004-02721-01 [16288], C.P. Ligia López Díaz.

(4) Sentencia del 20 de marzo de 2013, Expediente 2113-12, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(5) Folios 45 a 82.

(6) Sentencia del 17 de noviembre de 2016 Expediente 0410-09, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 6 de septiembre de 2012, Expediente 11001-03-24-000-2007-00374-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. También la sentencia de 17 de octubre de 2013, Expediente 25000-23-24-000-2004-00814-01. C.P. Elizabeth García González.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de noviembre de 2012, d.(sic) 66001-23-31-000-2007-00104-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.

(9) Acuerdo 54 de 2007

(10) “Por el cual se ordena la publicación de los resultados de la prueba de conocimientos practicada por la Universidad de Pamplona dentro del concurso de público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial”.

(11) 13 de abril de 2009, folio 61

(12) 17 de junio de 2009, folio 84 vuelto

(13) Sentencia del 1º de septiembre de 2004, Radicado 05001-23-31-000-2008-01185-01(227110), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(14) Sentencia SU 446 de 2011. En este fallo se recoge la jurisprudencia sobre el particular.

(15) Ver entre otras las sentencias del 12 de abril do 2012. Radicado 25000-23-25-000-2006-04197-01(0461-09). M.P. Gerardo Arenas Monsalve; sentencia del 12 de septiembre de 2013. Radicado 11001-03-28-000-2012-00060-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

(16) Ver sentencia del 20 de marzo de 2013. Radicado 250002325000200900400-01 (211312) C.P. Víctor Hernando Alvarado Árdila.

(17) Folios 124 y 125.