Sentencia 2009-00204/20099 de octubre 19 de 2017

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Exp.: 25000 23 27 000 2009 00204 01

Número interno: 20099

Demandante: Pablo Arturo Cáceres Rodríguez

Demandado: UAE-DIAN

Temas: cobro coactivo. Actos demandables.

Consejero Ponente:

Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez

Bogotá D.C., diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.

Sentencia segunda instancia

FALLO:

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del señor Pablo Arturo Cáceres Rodríguez contra la sentencia del 14 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección B, que resolvió:

“PRIMERO: DECLÁRASE INHIBIDA para pronunciarse sobre el Auto 022 de 28 de agosto de 2008 y el Acta 02 de 28 de enero de 2009.

SEGUNDO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen.”

1. Antecedentes de la actuación administrativa

— El 21 de octubre de 2002, la UAE-DIAN expidió la Resolución 900596, mediante la que emitió la orden de embargo y secuestro del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C134188 ubicado en la calle 1ª Nº 12-42 de Bogotá, de propiedad del señor Pablo Arturo Cáceres Rodríguez.(1)

— El 30 de abril de 2008, mediante Auto 20081012000006, la UAE-DIAN comisionó al jefe de la división de cobranzas de la dirección de impuestos de personas jurídicas, para que adelantara la diligencia de secuestro del inmueble de la referencia.

— Por Auto 00055 del 17 de junio de 2008, se designó a la señora Claudia Esperanza Ladino Moreno como encargada del cobro de la deuda a cargo de la Sociedad Unidad de Cardiología, que gerencia el señor Pablo Arturo Cáceres Rodríguez.(2)

— El 28 de agosto de 2008, mediante Auto 00022, se ordenó fijar fecha para designación del secuestre del bien.

— El 23 de enero de 2009, mediante Auto 000007, se fijó nueva fecha para la designación del secuestre y se designa secuestre.

— El 28 de enero de 2009, se practicó el secuestro del inmueble de propiedad del demandante y la diligencia se registró en el Acta 02 de esa misma fecha.

2. Antecedentes del proceso

2.1. La demanda.

El señor Pablo Arturo Cáceres Rodríguez, mediante apoderada judicial, presentó demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los siguientes actos:

— Auto 00055 del 17 de junio de 2008.

— Auto 00022 del 28 de agosto de 2008.

— Auto 000007 del 23 de enero de 2009.

— Acta 02 de la diligencia de secuestro del 28 de enero de 2009.

A continuación, solicitó las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERO (1) DECLÁRENSE NULOS los actos de la Administración de Impuestos Nacionales proferidos por la funcionaria de la división de cobranzas de personas jurídicas en Bogotá doctora Claudia Esperanza Ladino Moreno:

1. Auto 055 del 17 de junio de 2008.

2. Auto 022 del 28 de agosto de 2008.

3. Auto 007 del 23 de enero de 2009.

4. Acta 02 de diligencia de secuestro del 28 de enero de 2009.”

2.1.1. Normas violadas.

El demandante invocó como violadas las siguientes normas:

• Artículo 29 de la Constitución Política.

• Artículo 814-2 del estatuto tributario.

• Artículos 3º, 66, 85 y 132 del Decreto 01 de 1984.

• Artículo 33 del Código Civil.

2.1.2. Concepto de la violación.

El demandante presentó cuatro cargos contra los actos demandados, que se resumen de la siguiente manera:

a. Irregularidades y violación del debido proceso en el trámite de la comisión para el secuestro.

El demandante sostuvo que el Auto 055 del 17 de junio de 2008 está viciado de nulidad, toda vez que la funcionaria que avocó el conocimiento del proceso no tenía competencia para hacerlo.

Advirtió que la competencia para adelantar el proceso de cobro coactivo contra la Unidad de Cardiología Integral de Bucaramanga radicaba en la división de cobranzas de Bucaramanga y no fue delegada ni podía delegarse. Que, en consecuencia, la funcionaria de la DIAN de Bogotá se extralimitó en sus funciones al atribuirse como suya la función de cobrar las obligaciones pendientes de pago a cargo de la sociedad o de sus socios, con la excusa de haber recibido una comisión para el trámite de un expediente que no aparece como anexo entre los documentos recibidos de Bucaramanga.

b. El auto con el que se nombró secuestre y se fijó fecha para la práctica del secuestro no fue notificado en debida forma.

Citó los artículos 3º del Decreto 01 de 1984 y 33 del Código Civil para fundamentar que la DIAN omitió notificar de Auto 000007 de 2009, mediante el que se designó el secuestre y se fijó la fecha para la práctica del secuestro. A juicio del demandante, esa omisión configura la violación al debido proceso y que, por ende, debe declararse la nulidad del auto, en los términos del artículo 84 del Decreto 01 de 1984.

c. La Resolución 900596 del 21 de octubre de 2002 no nació de un proceso de cobro coactivo, un acuerdo de pago incumplido o una resolución de incumplimiento de acuerdo pago como lo ordena la ley.

El demandante sostuvo que la Resolución 900596 del 21 de octubre de 2002 no nació de un proceso de cobro coactivo, un acuerdo de pago incumplido o una resolución de incumplimiento de acuerdo pago como lo ordena la ley. Que, en consecuencia, ante la inexistencia de prueba documental que sirviera como título de la obligación clara, expresa y exigible —que debió dar origen a la resolución— la ejecutora debió abstenerse de practicar la diligencia.

Dijo, además, que la funcionaria profirió los autos demandados y secuestró el bien sin haber recibido respuesta al mandamiento de pago. Que, sobre el particular, el estatuto tributario establece como presupuesto del debido proceso la existencia de un mandamiento de pago para el secuestro de un bien.

Advirtió que para soportar la medida contenida en la Resolución 900596, el jefe de cobranzas de Bucaramanga y el comitente doctor Andrés Lizarazo incluyeron como prueba el mandamiento de pago del 17 de agosto de 2005, que corresponde a otro proceso y que, por tanto, no tiene nada que ver con la orden de secuestro proferida en el 2002 ni con obligaciones que ya se encuentran saldadas.

d. Pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 900596.

Dijo que la Resolución 900596 perdió fuerza ejecutoria desde el 21 de octubre de 2007. Que “[E]l Código Contencioso Administrativo en su artículo 66 definió lo que para el caso en concreto causó la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 900596 que ordenó el secuestro del bien con matricula (sic) 50C134188 ubicado en la Av. 1 # 12-42 convirtiéndose esta resolución en prueba inadmisible para el trámite de la diligencia de secuestro comisionada y los actos a los que sirvió de soporte que son NULOS de pleno derecho”.

2.2. Contestación de la demanda.

La UAE-DIAN respondió la demanda interpuesta en su contra.

Formuló las siguientes excepciones: (a) de inepta demanda por falta de desarrollo del concepto de violación en todos los cargos de fondo, (b) de inepta demanda por no ser demandables los actos y (c) de falta de competencia.

a. De la inepta demanda por falta de desarrollo del concepto de violación en todos los cargos de fondo.

Dijo que el demandante se limitó a realizar afirmaciones respecto de la violación de distintas normas y omitió el desarrollo de los motivos necesarios para sustentar el concepto de la violación.

b. De la inepta demanda por no ser demandables los actos.

Sostuvo que las actuaciones demandadas no se encuentran dentro de las previstas en el artículo 835 del estatuto tributario como demandables, razón por la que no pueden ser objeto de control jurisdiccional. Que si bien la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha permitido que se puedan demandar otros actos, estos últimos deben poner fin al proceso.

Adujo que el acto que corre traslado del avalúo es un acto preparatorio del remate y que su naturaleza es la de un acto de trámite no demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Que, en ese orden, el acto demandable es el que aprueba el remate.

c. Falta de competencia.

Advirtió que los actos demandados, al ser de trámite, carecen de cuantía, razón por la que el competente para conocer de la demanda es el Consejo de Estado.

En relación con los cargos propuestos en la demanda, sostuvo:

Que el grupo de cobro coactivo de la DIAN no se extralimitó en las funciones que le fueron encomendadas en el Auto 20081012000006 de 2008, toda vez que el funcionario que asumió la comisión se limitó a desarrollar actividades relativas al secuestro, avalúo y remate del bien inmueble. Dijo que tales actividades son propias de las gestiones necesarias para realizar el cobro efectivo de obligaciones pendientes de pago, razón por la que en el Auto 00055 —mediante el que se avocó el conocimiento de la comisión expedida por la División de Cobro Coactivo de la DIAN seccional de Bucaramanga— se utilizó la expresión “avocar conocimiento de la comisión encomendada” seguida de la alocución “adelantar el cobro de obligaciones pendientes de pago” sin que la actuación implique una extralimitación de funciones.

De la nulidad del Auto 000007 por falta de notificación, indicó que la actuación se publicitó en debida forma y que corresponde al demandante demostrar la omisión en la que incurrió la administración a lo largo de la actuación.

Que si en gracia de discusión se aceptara que no se realizó la notificación por estado, debe tenerse en cuenta que el mencionado auto es un simple acto de trámite, que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 835 del estatuto tributario, en concordancia con el Decreto 01 de 1984, no es demandable, pues no pone fin a una actuación administrativa y, por ende, la eventual irregularidad quedaría saneada al momento de realizar la diligencia de secuestro. Que, de igual forma, el auto no vulneró el debido proceso del contribuyente, pues este sólo indicó la fecha de la diligencia y el secuestre designado, sin que tales decisiones sean recurribles o discutibles por el ejecutado.

De la ilegalidad de la Resolución 900596 del 2002 y el decaimiento del acto, dijo que en los términos del artículo 837 del estatuto tributario en el proceso de cobro coactivo es posible ordenar el embargo y secuestro de bienes como medidas preventivas previas al mandamiento de pago, razón por la que no se le aplica la regla del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, pues la finalidad de las medidas preventivas es evitar que el deudor se insolvente durante el trámite del proceso de cobro, que, por demás, puede resultar bastante extenso.

Agregó que el 17 de agosto de 2005, la división de cobranzas emitió el mandamiento de pago de deudores solidarios 20050304000077 contra Pablo Arturo Cáceres Rodríguez, en calidad de socio de la Unidad de Cardiología Integral de Bucaramanga Ltda. Que, el 11 de octubre de 2005, fue dictada la Resolución 200531300001 por medio de la que se resolvieron las excepciones propuestas por el demandante y se ordenó seguir adelante con la ejecución, actuaciones que desvirtúan la inexistencia del mandamiento alegada por el contribuyente.

2.3. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección B, en sentencia del 14 de febrero de 2013, se declaró inhibida para pronunciarse respecto de la legalidad del Auto 00022 del 28 de agosto de 2008 y del Acta 02 del 28 de enero de 2009, por tratarse de actos de trámite, y denegó las demás pretensiones de la demanda.

En primer lugar, consideró que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 835 del estatuto tributario, en el proceso de cobro coactivo sólo son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. Que, a su vez, el artículo 833-1 ib. establece que las actuaciones administrativas realizadas en el marco de este procedimiento son de trámite y contra ellas no procede ningún recurso. Que, además, vía jurisprudencial se ha aceptado que son susceptibles de control ante la jurisdicción las actuaciones que ordenan la liquidación del crédito o de las costas, así como las relativas al embargo, secuestro y remate de bienes, conforme con el artículo 535 del Código de Procedimiento Civil.

Dijo que los actos demandados son actos preparatorios de la resolución que aprueba el avalúo del bien, o meros actos de ejecución del mandamiento de pago y del que ordena continuar con la ejecución. Se trata de actos de impulso procesal que únicamente tienen como fin el de instrumentar la decisión de practicar la medida preventiva de embargo y secuestro adoptada en otros actos administrativos anteriores dentro del proceso de cobro coactivo que aparecen en el expediente, como el que ordenó el embargo proferido por la División de cobro coactivo de Bucaramanga (Resolución 900596 de 21 de octubre de 2002), el mandamiento de pago 304000077 del 18 de agosto de 2005 dirigido al demandante como deudor solidario en calidad de socio de la Unidad de Cardiología Integral de Bucaramanga y la Resolución 20050313000001 del 11 de octubre de 2005 que resuelve las excepciones contra éste.

Que, en consecuencia, como las actuaciones objeto de demanda no crean, modifican o extinguen una obligación diferente de la que se ejecuta ni toman decisiones de fondo que alteren la situación jurídica del contribuyente o puedan afectar un derecho del mismo, no son susceptibles de control jurisdiccional.

Que si en gracia de discusión se aceptara la posibilidad de dirigir la demanda contra algunos de los actos de trámite demandados, el contribuyente omitió presentar un cargo de motivación dirigido a atacar de forma pertinente la legalidad de los mismos, pues el concepto de la violación no se compadece con la naturaleza de los actos reprochados.

Advirtió que si bien el último cargo propuesto en la demanda se dirigió contra todo el proceso de cobro coactivo, lo cierto es que en relación con los actos administrativos que establecieron la obligación perseguida la acción ya caducó y, además, el concepto de la violación expuesto no reprocha dichas actuaciones.

En cuanto al Auto 00055 del 17 de junio de 2008, el tribunal advirtió que su estudio dependía del Auto comisorio 20081012000006 del 30 de abril de 2008, proferido por la Administración de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, por el que se comisionó a la administración de personas jurídicas de Bogotá para adelantar las diligencias de secuestro, avalúo, remate y auto aprobatorio del bien. Que, luego de revisada la actuación, no se advirtió la extralimitación de funciones endilgadas por el demandante.

En lo que respecta al Auto 000007 del 23 de enero de 2009, dijo que si bien no se encontró la constancia de notificación por estado, lo cierto es que no hay lugar a declarar la nulidad de la actuación, pues la irregularidad descrita no tenía la entidad suficiente para dejar sin valor el remate, ya que no se enmarca dentro de ninguna de las causales previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Que, en efecto, en el Auto 000007 se fija el secuestre, la fecha y la hora y tiene por finalidad informar y dejar constancia del momento y las personas que intervendrán en la diligencia, de suerte que el mismo no es recurrible ni impugnable, lo que llevó al tribunal a considerar que cumplió con su finalidad y la indebida notificación quedó subsanada porque no se violó el derecho de defensa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

2.4. El recurso de apelación.

Inconforme con la decisión de primera instancia, el señor Pablo Arturo Cáceres Rodríguez presentó recurso de apelación.

Alegó que sí eran actos demandables el Auto 00022 del 28 de agosto de 2008 y el acta de diligencia de secuestro del 28 de enero de 2009. Precisó que hay doctrina y jurisprudencia que dicen lo contrario a lo que dijo el a quo. Así, citó el auto del 1º de julio de 1994, expedido dentro del proceso 5591, en el que se habría precisado que no es dable inadmitir a priori la demanda de actos proferidos dentro del proceso de cobro coactivo, y la Sentencia T-418 de 1997 de la Corte Constitucional, en cuanto habría precisado que cualquier irregularidad que atente contra el debido proceso puede ser alegada y que bajo ese control también están incluidos los actos de trámite o preparatorios.

Insistió en la nulidad de la Resolución 900596 de 2002 por violación al debido proceso. Dijo que la Administración de Impuestos de Bucaramanga comisionó a la administración de impuestos de personas jurídicas de Bogotá para que adelantara una diligencia de secuestro con fundamento en un mandamiento de pago que nada tiene que ver con las obligaciones que se le están cobrando.

En cuanto a la denegatoria de nulidad de los autos 00055 de 2008 y 000007 de 2009, reiteró que son nulos, el Auto 00055 por falta de competencia porque, a su juicio, la funcionaria comisionada para la diligencia de secuestro desplazó al comitente y asumió el proceso de cobro, que, en síntesis, actuó con desviación de las atribuciones de la comisión. Y, el Auto 000007 de 2009, por falta de notificación, pues insistió en que no hay prueba de que esa diligencia y que el mismo tribunal así lo admitió.

Afirmó que la decisión del a quo en este sentido resulta totalmente contraria al principio de publicidad que rige las actuaciones de la administración, pilar del derecho fundamental de defensa del contribuyente. Citó las sentencias T-099 de 1995, T-328 de 1996 y T-324 de 1999 para sustentar su dicho.

Por lo anterior, pidió que se revocara la decisión de la primera instancia, para, en su lugar, acceder a la pretensión de nulidad de los autos 00055 del 17 de junio de 2008, 00022 del 28 de agosto de 2008, 000007 del 23 de enero de 2009 y del Acta 02 de la diligencia de secuestro del 28 de enero de 2009.

2.5. Alegatos de conclusión.

La DIAN reiteró los argumentos expuestos en la contestación. Insistió en que los actos demandados son de simple trámite y que, en consecuencia, no pueden ser objeto de control jurisdiccional, razón por la que debe declararse probada la excepción de inepta demanda.

El señor Pablo Arturo Cáceres Rodríguez reiteró los argumentos del recurso de apelación.

2.6. Concepto del Ministerio Público.

El Ministerio Público pidió que se revocara la decisión de la primera instancia, y que, en su lugar, esta Sala se declarara inhibida para pronunciarse sobre la nulidad de todos los actos acusados.

Dijo que es cierta la afirmación del apelante, consistente en que el a quo determinó sin excepción que todos los actos demandados son actos de trámite y no susceptibles de control jurisdiccional, pero sólo se releva del estudio del Auto 00022 de 28 de agosto de 2008 y el Acta 02 de 28 de enero de 2009. Que, para el Ministerio Público es válida la conclusión de la sentencia de primera instancia cuando advierte que los actos acusados, como de impulso procesal que son, no crean, modifican o extinguen derechos ni obligaciones, y no toman una decisión de fondo que altere la situación jurídica del contribuyente o puedan afectar un derecho del mismo.

Observó que en los términos del artículo 833-1 del estatuto tributario, las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento de cobro coactivo son de trámite y contra ellas no procede ningún recurso, excepto los que se señalen expresamente para las actuaciones definitivas. Que, por esa razón, no es válida la afirmación del recurrente al calificar como acto definitivo el secuestro del bien y, en consecuencia, escapan al control jurisdiccional conforme con lo dispuesto en el artículo 835 del estatuto tributario.

Que no obstante, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha permitido, vía jurisprudencial, que se pueden demandar actuaciones como los embargos, el remate, la aprobación del remate y su cumplimiento, la liquidación del crédito o de las costas, los que no han sido objeto de discusión en este asunto.

Finalmente, sostuvo que, el a quo consiente de las características de los actos demandados que lo llevaron a concluir que no son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en gracia de discusión, estudió la demanda y resolvió, en relación con los autos 00055 del 15 de junio de 2008 y 000007 del 23 de enero de 2009, negar las pretensiones de nulidad. Sobre el particular, el agente del Ministerio Público conceptuó que el a quo no tenía por qué fallar de fondo el asunto, pues esos actos tampoco eran demandables ante la jurisdicción.

3. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el señor Pablo Arturo Cáceres Rodríguez, la Sala decide sobre la nulidad de los siguientes actos:

— Auto 00055 del 17 de junio de 2008, “Por medio del cual se avoca conocimiento de un expediente(3)”.

— Auto 00022 del 28 de agosto de 2008, “Por el cual se señala fecha para una diligencia de secuestro y se designa secuestre(4)”.

— Auto 000007 del 23 de enero de 2009, “Por el cual se señala fecha para una diligencia de secuestro y se designa secuestre(5)”.

— Acta 02 de la diligencia de secuestro del 28 de enero de 2009(6).

3.1. Problema jurídico.

Dado que la demandante insiste en que los actos demandados, respecto de los cuales, el a quo decidió inhibirse, son susceptibles de control por parte del juez de lo contencioso administrativo, y que el ministerio público pide que se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto se pronunció sobre la legalidad de actos que serían de mero trámite, la Sala resolverá este problema jurídico, únicamente, pues anticipa que le asiste razón al Ministerio Público y, por lo tanto, desde ya indica que se inhibirá de analizar los alegatos sobre la nulidad de los actos 00055 de 2008 y 000007 de 2009.

3.2. De la naturaleza de los actos proferidos dentro de los procesos administrativos de cobro coactivo.

De conformidad con los artículos 50 y 135 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), son actos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los que exteriorizan la manifestación de voluntad unilateral de la administración para crear, modificar o extinguir una situación jurídica. El artículo 135 ib. restringió́ el derecho de acción contra las actuaciones de la administración, solo para las que pusieran término a los procesos administrativos.

En ese sentido, solo los actos definitivos que por sí mismos generan efectos jurídicos son pasibles de control de legalidad, junto con las decisiones que los modifican o confirman, las que integran la voluntad administrativa respecto de un asunto particular.

Así́ pues, un acto administrativo o acto definitivo es una declaración de voluntad dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir que crea, reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas.

Conforme con lo anterior, únicamente las decisiones de la administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo o los actos que hacen imposible la continuación de esa actuación son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que, dicho de otra manera, significa que “los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues solo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones”(7).

Ahora bien, en cuanto a los actos dictados en el curso del procedimiento administrativo de cobro coactivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 835 ET(8), solo son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los que deciden sobre las excepciones, los que ordenan seguir adelante con la ejecución y los que liquidan el crédito. Por su parte, el artículo 833-1 ET(9) prevé que las actuaciones administrativas realizadas en el marco de este proceso son de mero trámite y que, por ende, contra éstas no procede ningún recurso, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas.

Sin embargo, la Sala ha sostenido que el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que, sin ser las señaladas por el artículo 835 citado, pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, que bien pueden crear una obligación distinta, como es el caso de la liquidación del crédito o de las costas. Con ello, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales, recientes, o posteriores a la expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones(10).

En el caso particular, la Sala advierte que el demandante pretende la nulidad de cuatro actos: (i) el Auto 00055 del 17 de junio de 2008, “Por medio del cual se avoca conocimiento de un expediente”; (ii) el Auto 00022 del 28 de agosto de 2008, “Por el cual se señala fecha para una diligencia de secuestro y se designa secuestre”; (iii) el Auto 000007 del 23 de enero de 2009, “Por el cual se señala fecha para una diligencia de secuestro y se designa secuestre”; y, (iv) el Acta 02 de diligencia de secuestro del 28 de enero de 2009; dictadas con posterioridad a la decisión de continuar con la ejecución y de ordenar el embargo del bien.

Para la Sala, las actuaciones demandadas, pese a que fueron proferidas en el trámite del proceso administrativo coactivo, constituyen meros actos de ejecución del mandamiento de pago y del auto que ordena continuar con la ejecución, razón por la que no son pasibles de control ante esta jurisdicción. En efecto, las actuaciones demandadas únicamente tienen la finalidad de llevar a la práctica la medida de embargo y secuestro del bien de propiedad del señor Pablo Arturo Cáceres Rodríguez, con el objeto de saldar las obligaciones a cargo de la Unidad de Cardiología Integral de Bucaramanga. No contienen decisiones que crean, modifican o extinguen obligaciones a cargo del contribuyente, diferentes de las que se ejecutan, razón por la que no pueden ser objeto de control jurisdiccional.

Para la Sala, el hecho de que el demandante dirigiera la demanda por la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de mera ejecución, le impide esgrimir consideraciones de fondo respecto de las pretensiones de la demanda. Es por esa razón que la Sala revocará la sentencia apelada, para, en su lugar, emitir una decisión inhibitoria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 14 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección B, por las razones expuestas, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Pablo Arturo Cáceres contra la UAE-DIAN. En su lugar:

2. DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Consejeros: Stella Jeannette Carvajal Basto, Presidente—Milton Chaves García—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Folios 13 a 15.

2 Folio 17.

3 Folio 17.

4 Folio 18.

5 Folio 20.

6 Folio 22.

7 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección “A”, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, auto del 15 de abril de 2010, Rad. 52001-23-31-000-2008-00014-01(1051- 08).

8 ART. 835.—Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción contencioso - administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.

9 ART. 833-1.—Recursos en el procedimiento administrativo de cobro. <Artículo adicionado por el artículo 78 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas.

10 Autos del primero de julio de 1994, Exp. 5591, M.P. Jaime Abella Zárate y 24 de septiembre de 1994, Exp. 5590, M.P. Delio Gómez Leyva, reiterados entre otros, por auto de 19 de julio de 2002, Exp. 12733, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y sentencia de 29 de enero de 2004, Exp. 12498, M.P. Ligia López Díaz y 28 de junio de 2007, Exp. 15391, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.