Sentencia 2009-00205 de noviembre 29 de 2012

 

Sentencia 2009-00205 de noviembre 29 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Ref.: 170012331000200900205 01

Rad.: 18581

Actor: Caja de Compensación Familiar de Caldas

Demandado: Municipio de Palestina, Caldas.

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 26 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Se trata de dilucidar, si el a quo, al proferir la sentencia recurrida, omitió valorar las pruebas que, según el municipio, demostraban que el impuesto de espectáculos públicos, liquidado en los actos administrativos acusados, se causó por el año gravable 2008.

El impuesto que el municipio fijó en los actos administrativos demandados es el establecido en el artículo 7º de la Ley 12 de 1932, denominado de espectáculos públicos, consistente en el diez por ciento (10%) sobre el valor de cada boleta de entrada personal a espectáculos públicos de cualquier clase, y que fue cedido a los municipios y a Bogotá, D.C., a partir del 1º de enero de 1969, según lo estableció el artículo 3º de la Ley 33 de 1968, y lo ratificó el Decreto 1333 de 1986(1), que dispuso:

“ART. 223.—Es propiedad exclusiva de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá el impuesto denominado “espectáculos públicos”, establecido por el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias”.

Mediante el Decreto(2) 1558 del 27 de septiembre de 1932 se hizo efectivo este impuesto a partir del 1º de octubre de ese año. En el inciso 2º del numeral 1º del artículo 1º del citado decreto, sobre el concepto de espectáculos públicos, se dijo:

“Para los efectos de este decreto entiéndese por espectáculos públicos, entre otros, los siguientes: exhibiciones cinematográficas, compañías teatrales, circos, exhibiciones y demás espectáculos de esta índole, corridas de toros, carreras de caballos y exhibiciones deportivas, etc”.

Y, para el recaudo, en el artículo 2º, se estableció:

“a) Espectáculos públicos.

Todo individuo o entidad que quiera llevar a cabo un espectáculo público de cualquier naturaleza, deberá presentar a la Oficina de Hacienda Nacional respectiva las boletas que vaya a dar al expendio, junto con una relación pormenorizada de ellas, en la cual se exprese su número, clase y precio. De esta relación se tomará nota en un libro o registro especial. Las boletas serán selladas por la oficina recaudadora y devueltas al interesado, para que al día siguiente útil de verificado el espectáculo, exhiba el saldo no vendido, con el objeto de hacer la liquidación y el pago del impuesto que corresponda a las boletas vendidas.

...”.

Los actos administrativos demandados también aluden a lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 21 de 1972(3), por el cual se reglamentó la Ley 30 de 1971, para determinar, qué se entiende por espectáculos públicos. Estableció la citada norma:

“Para los efectos contemplados en el presente decreto, se entiende por espectáculos públicos, entre otros, los siguientes: exhibiciones cinematográficas, actuaciones de compañías teatrales, corridas de toros, carreras de caballos y concursos ecuestres, ferias exposiciones, riñas de gallos, ciudades de hierro y atracciones mecánicas, carreras y concursos de autos, exhibiciones deportivas, y las que tengan lugar en circos, estadios y coliseos, corralejas y demás sitios en donde se presenten eventos deportivos, artísticos y de recreación, todo mediante el pago de la respectiva entrada(4)”.

En el acervo probatorio se encuentran las siguientes pruebas relevantes:

1. Auto(5) de inspección tributaria y contable del 6 de abril de 2009, expedido por el alcalde del municipio de Palestina, comisionando al Secretario de Hacienda Municipal y al asesor contable de ese municipio, para la práctica de la inspección, cuyo fin es verificar la exactitud de los ingresos y el cumplimiento de la obligación correspondiente al impuesto de espectáculos públicos, creado por el artículo 7º de la Ley 12 de 1932, por los períodos 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

2. Acta(6) de inspección tributaria de fecha 17 de abril de 2009 realizada a los libros de contabilidad de la caja de compensación familiar de Caldas, practicada por el Secretario de Hacienda del municipio de Palestina, donde consta que se solicitó la siguiente información:

Estado de resultados consolidados de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Reporte discriminado mes a mes de las cuentas 415510321, 415510325, 415510327, 415510329, 415510341 y 415510337 de los centros recreacionales de La Rochela y Santagueda.

Informe detallado de los ingresos de los centros vacacionales.

Informe de estadística del número de personas que ingresaron a los centros La Rochela y Santagueda, discriminadas mes a mes y las tarifas de entrada establecidas para cada año por parte de la caja de compensación de Caldas.

3. Oficio(7) del 22 de abril de 2009 suscrito por el contador del municipio de Palestina, dirigido al Secretario de Hacienda Municipal, remitiéndole “las cifras certificadas de los valores año a año desde el 2004 hasta el 2008 en lo que respecta a los tributos consagrados en la Ley 12 de 1932”. Respecto al año 2008, liquida el impuesto sobre un recaudo mensual que totaliza en la suma de $631.180.130, estableciendo que el valor del impuesto es de $63.118.013, los intereses de mora en $16.172.000, y la sanción por no declarar en $126.236.026.

4. Certificado(8) expedido por el revisor fiscal de la caja de compensación familiar de Caldas sobre los ingresos percibidos en los centros recreacionales La Rochela y Santagueda, por la año 2008, por los siguientes conceptos y valores:

Año - 2008RochelaSantaguedaTotal
Entradas459.174.711137.327.300596.502.011
Entrada lago en canoas5.973.000 5.973.000
Entrada sala de juegos2.134.650779.2002.913.850
Entrada sauna turco9.708.299 9.708.299
Entrada atractivos adicionales4.090.000 4.090.000
Entrada toboganes 27.304.00027.304.000
Totales481.080.660165.410.500646.491.160

 

5. Resolución 233 del 30 de abril de 2009(9), expedida por el alcalde del municipio de Palestina, por medio de la cual se fijó la liquidación de aforo del impuesto de espectáculos públicos al contribuyente caja de compensación familiar de Caldas, por la vigencia 2008.

6. Resolución 350 del 17 de junio de 2009(10), expedida por el alcalde del municipio de Palestina, mediante la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la caja de compensación familiar de Caldas contra la Resolución 233 de 2009, confirmándola.

Si bien con la sustentación del recurso de apelación el municipio allegó nuevas pruebas, éstas no serán apreciadas, debido a que no fueron solicitadas y aportadas en la oportunidad procesal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174 y 183 del Código de Procedimiento Civil, normas aplicables en los procesos ante esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, y además, el apelante no solicitó la práctica de pruebas en esta instancia con fundamento en una de las causales previstas en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo.

La Sala observa, de las pruebas oportunamente allegadas, que el municipio de Palestina practicó una inspección a los libros de contabilidad de la caja de compensación familiar de Caldas, con el fin de verificar si este contribuyente había cumplido con la obligación de pagar el impuesto de espectáculos públicos, establecido en el artículo 7º de la Ley 12 de 1932, por los eventos realizados en los centros recreacionales ubicados en ese Municipio.

En el informe rendido por el asesor contable del municipio de Palestina sobre los documentos obtenidos dentro de la inspección practicada a la caja de compensación familiar de Caldas, hace una relación mensual por cada año objeto de inspección, es decir, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, del “recaudo” de los centros recreacionales de la caja ubicados en el citado municipio, y sobre esas cifras calcula el impuesto de espectáculos públicos, los intereses de mora causados y la sanción por no declarar.

En lo que respecta al año 2008, el recaudo fue de $631.180.130, cifra sobre la cual el municipio, en la Resolución 233 del 30 de abril de 2009, acto administrativo acusado, determina el impuesto de espectáculos públicos para esa vigencia, los intereses de mora causados y la sanción por no declarar.

No obstante que, en el informe rendido por el asesor contable del municipio, no explica cuáles ingresos de la contabilidad de la caja de compensación familiar de Caldas tuvo en cuenta para calcular la base gravable del impuesto de espectáculos públicos, en la Resolución 233 del 30 de abril de 2009 se afirma que, la contribuyente ejerció actividades que generan el cobro del citado impuesto, los cuales, dijo, están “taxativamente” enunciados en el Decreto 21 de 1972, como son la presentación de eventos deportivos, artísticos y de recreación, “actividad en la que obtuvo unos ingresos brutos provenientes del cobro de las entradas a los usuarios de los centros recreacionales, por la suma de: seiscientos treinta y un millones ciento ochenta mil ciento treinta pesos ($631.180.130) moneda legal”.

De lo anterior se colige que el municipio asumió que todos los ingresos por entrada a los centros recreacionales de la caja de compensación familiar de Caldas estaban gravados con el impuesto de espectáculos públicos, creado por la Ley 12 de 1932.

Este criterio asumido por el municipio, de tomar todos los ingresos que recibió la mencionada caja por concepto de entradas a los centros recreacionales, por la vigencia 2008, para calcular el monto del impuesto de espectáculos públicos, presuntamente causados e impagados, y que causó la liquidación de aforo por dicha vigencia, la Sala no lo comparte, porque no existe prueba que soporte que, tales ingresos, sean por concepto de espectáculos públicos realizados en dichas sedes, y por ende, estén gravados con el impuesto de espectáculos públicos, creado por la Ley 12 de 1932.

Por el contrario, en el proceso está demostrado que la demandante es una corporación(11) con personería jurídica, proferida por la Superintendencia de Subsidio Familiar, sometida al régimen legal establecido en la Ley 21 de 1982 para las cajas de compensación familiar, responsable de recaudar los aportes de los empleadores, destinados al pago del subsidio familiar de los trabajadores afiliados a dicha caja, en dinero, servicios o en especies, mediante las obras y programas sociales que emprenda en los campos de (i) salud, (ii) programas de nutrición y mercadeo de productos alimenticios y otros que compongan la canasta familiar para ingresos bajos, (iii) educación integral y continuada; capacitación y servicios de biblioteca, (iv) vivienda, (v) crédito de fomento para industrias familiares, (vi) recreación social, y (vii) mercadeo de productos.

También, conforme a la naturaleza jurídica de la caja de compensación familiar de Caldas, se colige que los centros recreacionales que posee en el municipio de Palestina, están destinados para el servicio recreativo y de bienestar de los trabajadores afiliados a ella; quienes cancelan tarifas diferenciales, teniendo en cuenta los niveles de remuneración de los trabajadores, favoreciendo con tarifas más bajas para aquellos trabajadores que reciben menos ingresos; tarifas que tienen como propósito, cubrir los costos de operación y mantenimiento de los mencionados centros de recreación. Igualmente, permite la ley, el acceso de personas distintas a sus afiliados y beneficiarios, cubriendo una tarifa no subsidiada (L. 21/1982, art. 64).

Por lo tanto, se presume que todos los ingresos que se registran en la contabilidad de la caja de compensación familiar de Caldas, como entradas a sus centros recreacionales, son pagados por afiliados, sus beneficiarios y personas no afiliadas que acceden a sus instalaciones para su recreación o esparcimiento, servicios que cumplen las cajas de compensación familiar en beneficio de los trabajadores afiliados como modalidad del subsidio familiar a que legalmente tienen derecho, lo cual responde, a la obligación que impuso la Ley 21 de 1982 de atender la seguridad social de los trabajadores.

Si bien en los centros recreacionales de la caja de compensación familiar de Caldas ubicados en el municipio de Palestina pudieron realizarse, en el año 2008, espectáculos públicos de las características señaladas en la Ley 12 de 1932 y en su Decreto Reglamentario 1558 de 1932, patrocinados por la citada caja o por terceros, el municipio de Palestina no aportó evidencias de la ocurrencia de aquellos eventos que puedan catalogarse de espectáculos públicos, pues como se ha vendido explicando, las cajas de compensación familiar no tienen como función la realización de espectáculos públicos, sino la prestación del servicio de recreación a sus afiliados y sus familias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21 de 1982.

Se reitera, no obran pruebas que demuestre que en el año gravable 2008, en los centros recreacionales de la demandante ubicados en el municipio de Palestina, se realizaron actividades que se consideren espectáculos públicos, en los que se omitió pagar el referido impuesto.

En conclusión, el hecho de que se cobre por la entrada a los centros de recreación de propiedad de las cajas de compensación no implica que las actividades que se realizan en esas instalaciones sean objeto del impuesto de espectáculos públicos. El municipio de Palestina no demostró que en los citados recintos se presentaron espectáculos públicos por la vigencia 2008, de acuerdo con la definición que para el efecto se estableció en las normas legales analizadas. Por lo tanto, la sentencia apelada será confirmada.

Respecto de que en la sentencia no se tuvieron en cuenta las exenciones previstas en la ley para el impuesto de espectáculos públicos, la Sala estima que al no encontrar el a quo, en el presente caso, prueba sobre la causación del impuesto de espectáculos público, lo relevaba de tener que referirse a las exenciones establecidas en la ley sobre este impuesto.

Tampoco es de recibo, la inconformidad de que no se atendieron las consideraciones expresadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-27/2005, pues en dicha providencia, la caja de compensación familiar del Valle del Cauca reclamaba el amparo constitucional del derecho al debido proceso, por cuanto, estimaba que el Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extra-Escolar de Calima El Darién, carecía de competencia para la fiscalización, investigación y liquidación del impuesto de espectáculos públicos, y le venía adelantando un proceso de cobro coactivo por este concepto, asunto distinto al debatido en este proceso; además, la Corte en esa sentencia no hizo pronunciamiento alguno, respecto de la aplicación de excepciones en la materia, y no se refirió sobre los términos y conceptos en los que deben contribuir a espectáculos públicos las cajas de compensación familiar.

Por otra parte, la Sala observa que el demandante, en la sustentación del recurso, no controvirtió uno de los argumentos que motivaron la decisión de primera instancia consistente en que el a quo dio por demostrado que los actos administrativos demandados violaron el debido proceso a la accionante porque se pretermitió el procedimiento previsto en el estatuto tributario para la expedición de la liquidación de aforo.

Como mediante el recurso de apelación el municipio pretende la revocatoria de la sentencia, y por ende, la negación de las pretensiones de la demanda, era su deber apelar todos los argumentos necesarios y explícitos que le permitieron al a quo resolver el caso concreto. Al respecto esta Sala ha considerado(12).

“Según el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la finalidad del recurso de apelación es que la providencia de primer grado sea revisada por el superior jerárquico del funcionario judicial que la profirió, para que en análisis de su legalidad la confirme, revoque o modifique(13). De ahí la necesidad de que el recurso de apelación se sustente. La sustentación es la oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como demandante o como demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció.

El marco conformado por la sentencia y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia. Como lo señaló la jurisprudencia citada, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados en contra de la decisión”.

Por lo tanto, al no existir motivos de inconformidad frente al fallo de primera instancia de que los actos administrativos acusados infringieron el debido proceso de la demandante, también es razón para confirmar el fallo apelado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 26 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Publicado en el Diario Oficial 37.466 del 14 de mayo de 1986.

(2) Publicado en el Diario Oficial 22100 del 30 de septiembre de 1932.

(3) Publicado en el Diario Oficial 33523 del 19 de febrero de 1972.

(4) El Decreto 21 de 1972 se refiere es al impuesto de espectáculos públicos que se originó en la Ley 1ª de 1967, de propiedad de la Nación, y que por disposición del artículo 9º de la Ley 30 de 1971, se estableció que se cobraría en forma indefinida. En la Sentencia C-185 de 1998, la Corte Constitucional explica este impuesto y lo diferencia del regulado por la Ley 12 de 1932. La Sala también los distinguió en la Sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 18019, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(5) Folios 253 y 254 cdo. Antecedentes.

(6) Folios 161 a 162 cdo. Antecedentes.

(7) Folios 181 a 187 cdo. Antecedentes.

(8) Folio 72 cdo. principal.

(9) Folios 142 a 146 cdo. Antecedentes.

(10) Folios 5 a 18 cdo. Antecedentes.

(11) Folio 42 cdo. principal.

(12) Sentencia de 4 de marzo de 2010, expediente 15328, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Actor: Oftalmos S.A. Demandada: Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá.

(13) Sentencias de 18 de marzo de 2001, Exp. 13683, C.P. Juan Ángel Palacio H. y 25 de septiembre de 2006, exp. 14968, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.