Sentencia 2009-00210 de diciembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Radicación: 170012331000200900210 01

Expediente: 0210-2013

Actora: Luis Alberto Marín Mejía

Autoridades Nacionales

Bogotá, D. C., cinco de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si tal y como lo estimó el Tribunal el Ministerio de la Protección Social carece de legitimación en la causa por pasiva, esto para comparecer al proceso y, eventualmente, responder por las condenas a que hubiere lugar.

En segundo lugar, deberá verificarse si el demandante tiene derecho a la reliquidación definitiva de sus prestaciones sociales y de la indemnización por supresión del cargo que venía desempeñado conforme las disposiciones convencionales pactadas, en su momento, por el Instituto de Seguros Sociales I.S.S., y Sintraseguridad social.

I. Cuestión previa

Observa la Sala que, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, les impone a los jueces la obligación de proferir sentencias en el orden en que cada uno de los procesos que han venido tramitando hayan pasado al despacho para tal efecto, sin que hubiere lugar a alterarse dicho orden. Así se observa en la citada norma:

“(…) ART. 18.—Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…)”.

No obstante lo anterior, el legislador mediante la Ley 1285 de 22 de enero de 2009, por la cual se reformó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo 16 estableció la posibilidad de que el Consejo de Estado, en sus salas o secciones, sometieran a estudio y aprobación los proyectos de sentencia con carácter preferente, esto es, sin atender el estricto orden de entrada al despacho, cuando la decisión adoptada entrañe únicamente reiteración de su jurisprudencia.

Para mayor ilustración, se transcriben los apartes pertinentes del artículo 16 de la Ley 1285 de 2009:

“(…)

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.

(…)”.

Así las cosas, teniendo en cuenta que este despacho mediante sentencias de 14 de febrero de 2013. Rad. 2380-2011 y 1 de octubre de 2009. Rad. 0212-2008, ya ha resuelto asuntos cuyo problema jurídico guarda identidad con el que hoy formula la parte demandante, la Sala en el caso concreto, entrará a desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 30 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, sin atender el orden y fecha en que el presente asunto entró para fallo al despacho que sustancia esta causa.

II. De la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva frente al Ministerio de la Protección Social

En lo que se refiere a la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, frente al Ministerio de la Protección Social, estima la Sala que el inciso 2 del parágrafo del artículo 32 del Decreto 254 de 2000 “Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, estableció que cuando los recursos de la liquidación de una entidad no son suficientes, “las obligaciones laborales estarán a cargo de la Nación o de la entidad pública del orden nacional que se designe en el decreto que ordene la supresión y liquidación de la entidad”.

Estima la Sala que la norma en cita prevé claramente que ante la insuficiencia de los recursos de una entidad en liquidación, para el pago de las acreencias de naturaleza laboral, tal obligación le corresponde a la Nación o la entidad pública del orden nacional que se designe en el acto que ordene la supresión y liquidación de la entidad de que se trate.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, debe decirse que el Decreto 452 de 2008, proferido por el Ministerio de la Protección Social, por el cual se ordena la supresión y liquidación de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, dispuso en su artículo 7º que el inventario de activos, pasivos y cuentas de orden de la entidad debía incluir la relación de contingencias existentes, incluyendo los procesos o actuaciones administrativas que se adelantaran y la estimación de su valor sin que, debe advertirse, se previera que el referido ministerio asumiría los pasivos laborales con posterioridad a la liquidación de la Empresa Social del Estado.

En este punto, la Sala no pasa por alto que, según lo dispuesto en el artículo 19(3) de la Ley 1105 de 2006(4), que modificó el Decreto Ley 254 de 2000(5), cuando finalice el plazo de liquidación de una entidad pública del orden nacional es potestativo del agente liquidador celebrar un contrato de fiducia mercantil con el fin de constituir un patrimonio autónomo destinado a pagar los pasivos y contingencias de la entidad liquidada, de conformidad con las reglas de prelación de créditos previstas en la ley.

En el presente caso, la anterior previsión se concretó en el contrato de fiducia celebrado con la Fiduprevisora S.A., quien, en principio, al ostentar la condición de administradora del patrimonio autónomo de remanentes de la extinta Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino entraría a responder frente a sus acreencias en forma exclusiva. Sin embargo, con posterioridad, al expedirse el Decreto 3751 de 2009 “Por el cual se asumen unas obligaciones y se dictan otras disposiciones” se dispuso que el Ministerio de Hacienda asumiría el valor de las obligaciones laborales reconocidas e insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación.

Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que el liquidador en el caso concreto tenía la obligación de incluir los procesos judiciales dentro del inventario de la entidad objeto de liquidación, el presente proceso debió relacionarse entre las contingencias cuando se suscribió el referido contrato de fiducia con la Fiduprevisora S.A.

A manera de ilustración se transcriben los apartes pertinentes del Decreto 3751 de 2009:

“Que el agente liquidador de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, informó a este ministerio que los activos de la empresa en liquidación resultaron insuficientes para pagar el total de los gastos administrativos laborales, el pasivo pensional de la empresa, así como para pagar reclamaciones laborales reconocidas oportunas y extemporáneas y el pasivo cierto no reclamado laboral”.

ART. 1º—En virtud del presente decreto la Nación asume el valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, únicamente por concepto del valor de la normalización pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo, las obligaciones laborales oportunas y extemporáneas, las obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no reclamado y las clasificadas como gastos administrativos.

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el contrato de fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de la normalización pensional asumido es aquel que hace parte del convenio suscrito por la empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo.

(…)

PAR.—Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las previsiones correspondientes.

Visto lo anterior, estima la Sala acertada la decisión del Tribunal de declarar probada la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva respecto del Ministerio de la Protección Social toda vez que, como quedó visto, la totalidad de las acreencias de naturaleza laboral causadas en la liquidación de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino debieron ser satisfechas, en primer lugar, con el patrimonio autónomo de remanentes constituido por la Fiduprevisora S.A., no obstante, dada la insuficiencia del referido patrimonio, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3751 de 2009 dispuso que era el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien debería finalmente asumir el valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino.

Así las cosas, teniendo en cuenta que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien ostenta la legitimación en la causa por pasiva para eventualmente, satisfacer, la pretensión del actor tendiente a obtener la reliquidación de sus prestaciones sociales así como de la indemnización del cargo de Médico General que venía desempeñando en la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, la Sala confirmará la decisión del Tribunal de declarar probada la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva respecto del Ministerio de la Protección Social(6).

III. Del caso concreto

a. De la vinculación laboral del demandante.

De acuerdo con la certificación de 5 de diciembre de 2008 suscrita por el coordinador de talento humano de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez de Pino el señor Luis Alberto Marín Mejía laboró del 7 de octubre de 1992 al 25 de junio de 2003 como médico general, grado 36, en el extinto Instituto de Seguros Sociales I.S.S., y del 26 de junio de 2003 al 17 de noviembre de 2008, como médico, código 2085, grado 18, en la referida Empresa Social del Estado (fl. 26).

b. De la creación y posterior liquidación de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez de Pino.

Mediante Decreto 1750 de 26 de junio de 2003 el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 790 de 2002, ordenó la escisión del Instituto de Seguros Sociales I.S.S., concretamente de la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, de todas las clínicas y centros de atención ambulatoria creando, en su lugar, siete Empresas Sociales del Estado, entre ellas la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, quienes asumirían la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado(7).

Con posterioridad, el 15 de febrero de 2008 el Gobierno Nacional mediante Decreto 452 ordenó la supresión y liquidación de la referida Empresa Social del Estado, argumentando para ello la deficiente prestación en los servicios de salud sumado al desequilibrio presupuestal recurrente que venía enfrentando. Para mayor ilustración se transcriben los apartes relevantes del citado Decreto.

“CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con los informes de seguimiento a los indicadores de calidad de la prestación de los servicios de salud elaborados por la EPS del Instituto de Seguro Social, durante los años 2006 y 2007, la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino ha venido presentando de manera reiterativa deficiencias en la calidad de la prestación de los servicios de salud, evidenciadas en el incumplimiento por parte de la ESE de los “(…) atributos de accesibilidad, oportunidad, continuidad, seguridad, integralidad y pertinencia”, lo que ha motivado la necesidad expresada por el Instituto de Seguro Social de buscar prestadores de servicios de salud alternos, que impliquen menor riesgo en la atención de sus afiliados;

Que la Contraloría General de la República, en el informe de auditoría gubernamental con enfoque integral, correspondiente a las vigencias fiscales 2005 y 2006, señaló algunos aspectos de la gestión de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino que vienen afectando la eficiencia y productividad de la empresa en la prestación de los servicios de salud;

Que además la Contraloría General de la República, en el Informe correspondiente a la vigencia fiscal 2005, señaló como elemento determinante para la viabilidad financiera de la ESE “(…) la continuidad en la prestación de los servicios de salud al ISS en igual proporción como se ha venido presentando al 31 de diciembre de 2005 y a la captación de nuevos clientes y servicios”, elemento que persiste como determinante en la actualidad, según el estudio técnico realizado por el Ministerio de la Protección Social, y que no se visualiza como que se pudiera lograr a corto plazo, dada la cancelación de la licencia de funcionamiento a la EPS del Seguro Social, por la Superintendencia Nacional de Salud y la imposibilidad de la empresa para acceder a mercados alternos que sustituyan esta fuente de recursos, la cual representa alrededor del 90% de los ingresos que financian su operación, entre otras razones por aspectos como los que se señalan en el siguiente considerando;

Que según el estudio técnico de evaluación administrativa elaborado por el Ministerio de la Protección Social, se evidencia que la ESE Rita Arango Álvarez del Pino ha presentado desequilibrios presupuestales recurrentes, que afectan negativamente la prestación de los servicios de salud, no dejando margen de recursos para aplicar a inversión física, reposición tecnológica o desarrollo empresarial, factores claves para el mejoramiento de la calidad en los servicios de salud;

Que por todo lo anterior, las evaluaciones de la gestión administrativa de la entidad aconsejan la liquidación de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino;

Que el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política señala como atribución del Presidente de la República la de suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de acuerdo con la ley; (…)”.

En punto de la supresión de su planta de personal se dispuso:

“(…) Disposiciones laborales

ART. 12.—Supresión de empleos y terminación de la vinculación. La supresión de empleos y cargos como consecuencia del proceso de liquidación de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, dará lugar a la terminación del vínculo legal y reglamentario o contractual, según el caso, de los servidores públicos de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El liquidador, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que asuma sus funciones, elaborará un programa de supresión de cargos, determinando el personal que por la naturaleza de las funciones desarrolladas debe acompañar el proceso de liquidación.

En todo caso, al vencimiento del término de liquidación de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, quedarán automáticamente suprimidos todos los cargos existentes y terminarán las relaciones laborales de acuerdo con el respectivo régimen legal aplicable.

PAR.—Los servidores públicos en condición de padre o madre cabeza de familia sin alternativa económica, discapacitados, pensionables y embarazadas se mantendrán en la planta de cargos mientras conserven la condición que les otorga el reunir el supuesto de hecho que generó el beneficio. Extinguida la condición de beneficiario por circunstancias sobrevivientes, el cargo quedará automáticamente suprimido (…)”.

El 11 de noviembre de 2008 a través del Decreto 4280 el Presidente de la República aprobó la modificación a la planta de personal de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino ordenando la supresión, entre otros, de 39 cargos de médico, código 2085, grado 18, jornada 4 horas, como el que venía desempeñando el demandante.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante Oficio TH-9166 de 12 de noviembre de 2008, la apoderada general de la fiduciaria Fiduagraria, en su condición de agente liquidador de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino le informó al demandante que el cargo de médico, código 2085, grado 18, que venía desempeñando había sido suprimido en virtud a lo dispuesto en el Decreto 4280 de 2008.

Para mayor ilustración se transcriben apartes del referido oficio:

“Con toda atención y de acuerdo con la referencia, nos permitimos informarle que mediante Decreto 4280 del 11 de noviembre de 2008, por el cual se aprobó la modificación de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, y el cargo de médico, código 2085, grado 18, jornada 4 horas, que usted ocupaba en la empresa fue suprimido, por tal razón, a partir del 18 de noviembre de 2008, ha terminado su relación laboral con la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación. (…)

Por otro lado, le informamos que con relación a la liquidación de las prestaciones sociales e indemnizaciones, esta se hará mediante resolución que le notificaremos en su oportunidad, después de lo cual procederá el pago mediante abono en la cuenta bancaria de pago de nómina; previamente usted deberá presentar los certificados de paz y salvo de los inventarios de bienes y archivos a su cargo. (…)”.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante Resolución APL 1198 de 4 de diciembre de 2008 la apoderada general de la fiduciaria Fiduagraria, en su condición de agente liquidador de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, ordenó a favor del demandante el pago de $5.131.055.oo por concepto de prestaciones sociales definitivas y $51.876.207.oo por indemnización, “en su condición exservidor (sic) público” de la referida Empresa Social del Estado (fls. 28 a 30).

Contra la anterior resolución, la parte demandante formuló recurso de reposición al estimar que la liquidación, en ella contenida, no se hizo teniendo en cuenta las disposiciones previstas en la convención colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales I.S.S., y Sintraseguridad social. El 19 de enero de 2009, a través de la Resolución APL 000210, la apoderada general de la fiduciaria Fiduagraria confirmó en todas sus partes lo dispuesto en la Resolución APL 1198 de 2008 argumentando que: “la vigencia de la convención colectiva para los trabajadores que del ISS pasaron a la ESE, hoy en liquidación, culminó al finalizar los (3) años pactados entre las partes, esto es, el día 31 de octubre de 2004”, por lo que no era posible extender o prorrogar su efectos más allá de su vigencia (fls. 34 a 35).

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala entrará a estudiar el fondo del presente asunto bajo las siguientes consideraciones.

c. De la pretensión del actor tendiente a obtener la reliquidación de sus prestaciones sociales e indemnización por supresión del cargo.

Advierte la Sala que, la presente controversia gira en torno a la pretensión del señor Luis Alberto Marín Mejía tendiente a obtener la reliquidación de sus prestaciones sociales e indemnización por supresión del cargo, conforme a las disposiciones previstas en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales I.S.S., y Sintraseguridad social.

En efecto, en relación con el referido acuerdo convencional debe decirse que el mismo fue suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales I.S.S., y Sintraseguridad social, con una vigencia de 3 años contada a partir del 1 de noviembre de 2001, en beneficio de la totalidad de los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de seguros Sociales I.S.S. (fl. 9, cdn. 2).

No obstante lo anterior, como quedó dicho en precedencia, con la escisión del Instituto de Seguros Sociales I.S.S., los trabajadores oficiales que prestaban sus servicios en sus distintas clínicas y centros de servicio ambulatorio fueron incorporados en forma automática a las Empresas Sociales del Estado que en adelantes (sic) prestarían los referidos servicios asistenciales en todo el país.

Así se advierte en el artículo 17 del referido Decreto 1750 de 2003:

“ART. 17.—Continuidad de la relación. Los servidores públicos que a la entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, a las clínicas y a los centros de atención ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarán automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto. Los servidores que sin ser directivos desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales conservarán la calidad de trabajadores oficiales, sin solución de continuidad”.

Cabe señalar que la citada normatividad, en su artículo 16, determinó la naturaleza del vínculo laboral de quienes de manera automática fueron incorporados a las Empresas Sociales del Estado. Sobre el particular, se dispuso que los servidores de las referidas empresas tendrían la categoría de empleados públicos con excepción de quienes desempeñaran funciones “de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales”, los cuales se vincularían al servicio mediante una relación contractual, en condición de trabajadores oficiales.

Lo anterior en desarrollo de lo dispuesto por el legislador en los artículos 194 de la Ley 100 de 1993 y 26 de la Ley 10 de 1990 cuando, a su turno, disponen que, “las personas vinculadas a las empresas sociales del Estado tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales” y que “son trabajadores oficiales quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales”.

Bajo estas consideraciones resulta evidente que la expedición del Decreto 1750 de 2003 trajo consigo el cambio de naturaleza del vínculo laboral de los trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales I.S.S., por el de empleados públicos a los cuales se les aplicaría el régimen salarial y prestacional propio de los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, respetando sus derechos adquiridos(8).

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, y descendiendo al caso concreto, estima la Sala que a partir de la incorporación del señor Luis Alberto Marín Mejía a la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino la naturaleza de su vínculo laboral dejó de ser contractual, esto es, de trabajador oficial para convertirse en legal y reglamentaria, como empleado público garantizándosele sus derechos adquiridos.

Es precisamente este último aspecto, a saber, la garantía de sus derechos adquiridos, sobre el cual el demandante edifica el cargo propuesto contra los actos administrativos demandados al estimar como derechos adquiridos las disposiciones convencionales pactadas en el 2001 por el Instituto de Seguros Sociales I.S.S., y Sintraseguridad social.

Empero, estima la Sala que si bien la Corte Constitucional y esta Corporación han prohijado la tesis del respeto por los derechos adquiridos derivados de acuerdos convencionales a favor de los empleados públicos, que en el pasado vieron transformada la naturaleza de su vinculación laboral, dicha garantía, debe decirse, se extiende únicamente durante el término de vigencia de los referidos acuerdos.

En efecto, la Corte Constitucional en sentencias C-314 y C-349 de 1 y 20 de abril de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, respectivamente, sostuvo que frente a la transformación de la relación jurídico laboral de los servidores con el Estado, esto es, en el evento en que se pase de trabajador oficial a empleado público, no es posible menoscabar o desconocer los derechos adquiridos bajo la figura de la convención colectiva en tanto estos mantengan su vigencia.

“Para ilustrar su argumento, el actor recurre a lo consignado en la Sentencia C-013 de 1993 en donde —a su juicio— la Corte habría reconocido que los compromisos adquiridos en las convenciones colectivas de trabajo constituyen derechos adquiridos que no pueden ser modificados unilateralmente por el empleador.

Frente a esta acusación, la Corte considera indispensable retomar la doctrina sobre los derechos adquiridos que fue esbozada previamente, pero no ya con el fin de analizarla desde su perspectiva general, sino de encuadrarla en la discusión sobre los derechos convencionales adquiridos por los servidores del Estado en el marco de los procesos de reestructuración. (…)

Como es lógico, los procesos de reestructuración de la administración pública no pueden apartarse de dicha preceptiva. Por este motivo, la Corte Constitucional ha reconocido que también en ellos deben respetarse los derechos adquiridos conforme a las leyes civiles. La consideración anterior implica que cualquier decisión del Estado encaminada a modificar la estructura de la administración pública, en la que se afecte directamente la condición jurídica de los servidores públicos, debe partir de la premisa indiscutible de la protección de los derechos que han ingresado definitivamente en el patrimonio jurídico de sus titulares.

En este sentido, la Corte Constitucional ha sido prolija al afirmar que la modificación en la estructura administrativa de las entidades públicas, incluyendo el cambio de régimen laboral de sus servidores, no autoriza el desconocimiento de los derechos que han ingresado definitivamente en el patrimonio personal”.

Por su parte, la Sentencia C-349 de 20 de abril de 2004 se señaló que:

“Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador-trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la convención colectiva vigente. (…)

No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos, conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-314 de 2004”.

Sobre este mismo particular, esta corporación ha sostenido que tratándose de empleados públicos que antes ostentaron la condición de trabajadores oficiales, debe respetárseles las garantías y derechos adquiridos mediante acuerdo convencional, siempre que este se encuentre vigente.

Así lo sostuvo, en forma precisa, el despacho que sustancia la presente causa en sentencia de 1 de octubre de 2009. Rad. 0212-2008, al señalar que:

“Adicional a todo lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de derechos adquiridos establecido en el artículo 58 de la Constitución Nacional y la noción de la condición más beneficiosa que se desprende del artículo 53 ibídem para precisar que son solo los derechos adquiridos y no las meras expectativas los que no pueden modificarse por el Legislador (Sentencia C-453 de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis).

Así mismo, la Sala ya ha tenido oportunidad de manifestarse en relación con la aplicación de las convenciones colectivas a aquellos servidores que pasan de trabajadores oficiales a ser empleados públicos, considerando lo siguiente:

‘La aludida convención colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (…) no es viable reconocerle (…) con fundamento en la convención colectiva reclama, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 416 del C.S.T. que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora.

De igual manera, no sobra advertir, que aún aceptándose el argumento de la “reincoporación (sic) al servicio de la actora”, ello no es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación, pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente lo contempla el artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución Política’.

De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sala considera que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores Sintraseguridad, debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha en que terminó la vigencia de la misma, conforme con la certificación expedida por el coordinador del grupo de archivo sindical del Ministerio de la Protección Social. (…)”.

Esta última providencia sostuvo en forma adicional que, en punto de la solicitud de la prórroga automática de la convención colectiva, prevista en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, los empleados públicos que en el pasado hubieran tenido la connotación de trabajadores oficiales, no pueden solicitarla en la medida en que la naturaleza de su nueva vinculación laboral no permite aplicar las disposiciones propias del derecho colectivo del trabajo.

Lo anterior se expresó en los siguientes términos:

“Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores a empleados públicos y pasar a ser parte de la planta de personal de una empresa social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 C.S.T., que prevé que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis meses en seis meses; ni mucho menos pueden acudir a la denuncia de la convención por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva que pretende siga siendo aplicable”.

Bajo estos supuestos, teniendo en cuenta que en el caso concreto el período de vigencia de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de los (sic) Seguros Sociales I.S.S., y Sintraseguridad social estuvo previsto para 3 años, contados a partir del 1 de noviembre de 2001, resulta evidente que en el momento en el que el demandante es retirado del servicio, 12 de noviembre de 2008, el referido acuerdo convencional ya no se encontraba vigente, toda vez que el mismo conservó su vigor hasta el 31 de octubre de 2004.

En punto de la vigencia de la convención colectiva, estima la Sala conveniente recordar que una vez finalizado el plazo pactado no había forma de extender sus efectos hacía el futuro dado que la figura de la prórroga automática únicamente está prevista en el derecho laboral colectivo para los trabajadores oficiales, artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, calidad que no ostentaba el demandante al momento en que finalizaron los efectos de la misma.

Así las cosas, no podía el señor Luis Alberto Marín Mejía solicitar la reliquidación de sus prestaciones sociales y la indemnización por supresión del cargo que venía desempeñando, con fundamento en las disposiciones convencionales antes referidas, dado que las mismas, como quedó visto, solo le resultaron aplicables hasta el 31 de octubre de 2004 (fl. 9, cdn. 2).

En ese orden de ideas, la liquidación de sus prestaciones sociales como de la referida indemnización debía hacerse con fundamento en el régimen salarial y prestacional previsto para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional como en efecto se advierte en los actos acusados.

En este orden de ideas, la Sala encuentra acertada la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de la Protección Social al tiempo que negó las pretensiones de la demanda, al estimar que el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual confirmará la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 30 de agosto de 2012, por la cual el Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de la Protección al tiempo que negó las pretensiones de la demanda formulada por Luis Alberto Marín Mejía contra la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las fiduciarias Fiduprevisora S.A., y Fiduagraria S.A.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(3) ART. 19.—El artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 quedará así:

ART. 35.—A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma los enajene y destine el producto de dichos bienes a los fines que en el inciso siguiente se indican. La entidad fiduciaria contratista formará con los bienes recibidos de cada entidad en liquidación un patrimonio autónomo.

La entidad fiduciaria destinará el producto de los activos que les transfiera el liquidador a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación, en la forma que hubiere determinado el liquidador en el contrato respectivo, de conformidad con las reglas de prelación de créditos previstas en la ley (…)”.

(4) Por medio de la cual se modifica el Decreto-Ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional y se dictan otras disposiciones.

(5) Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional.

(6) Al respecto puede verse la sentencia de 14 de febrero de 2013, Rad. 2380-2011. M. P. Gerardo Arenas Monsalve.

(7) Decreto 1750 de 2003. “ART. 3º—Objeto. Las empresas sociales del Estado creadas en el artículo anterior tienen por objeto la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de la seguridad social, en los términos del artículo 194 de la Ley 100 de 1993”.

(8) Del Decreto 1750 de 2003. El artículo 18 del régimen de salarios y prestaciones. <Aparte tachado inexequible> El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las empresas sociales del Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos.