Sentencia 2009-00214 de marzo 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001 23 31 000 2009 00214 01 [19484]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Universidad Autónoma de Occidente

(NIT. 890305881-1)

Demandado: municipio de Santiago de Cali

Impuesto de industria y comercio - 2004

Fallo

Bogotá, D. C., seis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales el municipio de Santiago de Cali negó la solicitud de corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio que la actora presentó por el año 2004.

En concreto, resuelve si la administración debió aceptar el proyecto de corrección presentado por la actora para disminuir el impuesto a cargo y, en caso afirmativo, si debe ordenarse la devolución del mayor impuesto pagado por esta.

Para resolver se considera:

El artículo 26 del Acuerdo 35 de 1985, expedido por el Concejo de Santiago de Cali, estableció que las actividades de servicios que no tuvieran una tarifa específica, estarían gravadas con el impuesto de industria y comercio a la tarifa del 11 por mil y se declararían por el código 307 - “Las demás actividades de servicios”. Por su parte, el artículo 5º numeral 4º ibídem precisó que no estaba gravada con el impuesto “La actividad educativa”.

El artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999 dijo reclasificar la actividad de “servicios educativos privados” en el código 305-2 y le asignó una tarifa del 3.3 por mil(5).

En sentencia de 25 de septiembre de 2006, que quedó ejecutoriada el 9 de octubre del mismo año(6), la Sección confirmó el fallo de 18 de diciembre de 2002 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que anuló el artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999. Sostuvo la Sala que el municipio no podía gravar la educación privada con el impuesto de industria y comercio porque según el artículo 5º numeral 4º del Acuerdo 35 de 1985 dicha actividad estaba exenta del gravamen.

El 28 de abril de 2005, la Universidad Autónoma de Occidente presentó la declaración del impuesto de industria y comercio por el año 2004 y liquidó un saldo a cargo de $170.834.000.

El 28 de abril de 2006, la demandante corrigió la declaración inicial para incrementar el saldo a cargo a $194.875.000, suma que incluía el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros generado por el ejercicio de la actividad de “servicios educativos privados” ($154.277.000)(7).

Con fundamento en la sentencia que confirmó la nulidad del artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999, el 13 de marzo de 2007, la actora solicitó la corrección de la declaración para disminuir el impuesto a cargo en lo que corresponde al impuesto pagado por la actividad de “servicios educativos privados”.

El municipio negó la solicitud de corrección, porque, a su juicio, el impuesto declarado por la demandante constituía una situación jurídica consolidada, comoquiera que el artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999 estaba vigente al momento de la presentación de la declaración y la sentencia de nulidad produjo efectos solamente desde que quedó ejecutoriada.

Al respecto, la Sala reitera que de acuerdo con el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, las sentencias ejecutoriadas que declaren la nulidad de un acto administrativo tienen efectos de cosa juzgada erga omnes(8) y que la nulidad de los actos generales decretada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene efectos inmediatos frente a situaciones jurídicas no consolidadas, que son aquellas que se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o judiciales, al momento de proferirse el fallo(9).

En el caso en estudio, la nulidad del artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999 tuvo efectos inmediatos frente al impuesto de industria y comercio del año 2004 declarado por la demandante, pues no existía una situación jurídica consolidada.

En efecto, el artículo 34 del Decreto Municipal 523 de 1999 “por el cual se modifica el Decreto 0498 de marzo 29 de 1996 que adopta el Libro 5º del Estatuto Tributario Nacional sobre procedimiento tributario y régimen de sanciones” dispone(10):

“ART. 34.—Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. Para corregir las declaraciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor, se elevará solicitud a la subdirección administrativa de impuestos, rentas y catastro municipal, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración.

La administración debe practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá la declaración inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis (6) meses siguientes a la solicitud, según el caso.

Cuando no sea procedente la corrección solicitada, el contribuyente será objeto de una sanción equivalente al 20% del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor, la que será aplicada en el mismo acto mediante el cual se produzca el rechazo de la solicitud por improcedente. Esta sanción se disminuirá a la mitad, en el caso de que con ocasión del recurso correspondiente sea aceptada y pagada.

La oportunidad para presentar la solicitud se contará desde la fecha de la presentación cuando se trate de una declaración de corrección (subraya la Sala).

De acuerdo con la norma transcrita, para corregir las declaraciones con el fin de disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, el contribuyente debe presentar la solicitud de corrección dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar o a la fecha de la presentación de la declaración de corrección, según el caso.

Como ya se precisó, la actora presentó la solicitud de corrección el 13 de marzo de 2007, esto es, dentro del plazo legal. Lo anterior, porque el 28 de abril de 2006 había corregido la declaración inicial, por lo cual tenía un (1) año contado a partir de esa fecha, esto es, hasta el 28 de abril de 2007, para presentar la solicitud.

En ese orden de ideas, no existe situación jurídica consolidada frente a la declaración de ICA de la actora por el año gravable 2004, ya que para la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia que confirmó la nulidad del artículo 2º del Acuerdo 057 de 1999 (9 de octubre de 2006), dicha declaración no había cobrado firmeza y podía ser corregida, es decir, al momento del fallo era una situación susceptible de ser debatida ante las autoridades administrativas.

Dado que en este caso no existe situación jurídica consolidada, la sentencia de nulidad del artículo 2º del Acuerdo 57 de 1999 tiene efectos inmediatos, motivo por el cual para la fecha en que la actora presentó su declaración (28 de abril de 2005) no estaba obligada a declarar y pagar el impuesto de industria y comercio por los ingresos obtenidos por el ejercicio de la actividad de servicios educativos. Por tanto, al haber declarado y pagado el impuesto con base en tales ingresos, tenía derecho a corregir la declaración para disminuir el impuesto a cargo, pues había efectuado un pago en exceso con fundamento en una norma que desapareció del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, la administración debió aceptar el proyecto de corrección, lo que significa que son nulos los actos que rechazaron la solicitud de corrección presentada por la demandante.

Frente a la devolución solicitada por la actora en la demanda y reiterada en la apelación adhesiva, la Sala precisa que aunque para obtener la devolución del impuesto indebidamente pagado o en exceso y el reconocimiento de intereses existe un procedimiento que está precedido de la correspondiente solicitud(11), en este caso es posible ordenar la devolución del impuesto pagado en exceso sin necesidad de agotar dicho trámite.

Lo anterior, porque en asuntos similares la Sala ha entendido que es viable que se ordene la devolución en el fallo “por economía procesal y en aras de precaver un litigio futuro”, debido a que la negativa de la administración a corregir la declaración del contribuyente, como sucedió en este caso, “truncó al demandante la posibilidad de solicitar, ante la dependencia de la dirección seccional aduanera y/o tributaria competente, la devolución de las sumas pagadas en exceso”(12).

Por último, teniendo en cuenta que procede la devolución del impuesto pagado en exceso por la actora, la Sala seguirá el criterio fijado en la sentencia de 13 de septiembre de 2012, Expediente 18007, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, conforme con el cual:

“[…] dado que la DIAN le truncó al demandante la posibilidad de solicitar, ante la dependencia de la dirección seccional aduanera y/o tributaria competente, la devolución de las sumas pagadas en exceso, por economía procesal y en aras de precaver un litigio futuro, la Sala considera procedente ordenar el pago de los intereses corrientes de conformidad con en el artículo 863 del E.T.(13)

En consecuencia, la Sala ordenará a la DIAN la devolución de las sumas pagadas en exceso, y la liquidación y pago de los intereses corrientes a partir de la fecha de notificación de las resoluciones [que negaron la solicitud de corrección], hasta la ejecutoria de esta sentencia.

En cuanto a los intereses moratorios, la Sala precisa que de conformidad con el artículo 863 E.T. proceden a partir del vencimiento del plazo para devolver. Sin embargo, también precisa que cuando la autoridad tributaria decide no conceder el derecho a la devolución, la causación de los intereses moratorios ya no dependerá del vencimiento del plazo para devolver sino también, de lo que decida la administración o la jurisdicción, según sea el caso, una vez concluida la controversia, puesto que sólo una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que reconozca el derecho a devolver constituye título o fuente de la obligación para que sea exigible el pago. De manera que, sólo a partir de que la obligación se hace exigible se constituye en mora el deudor y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación”.

Por lo anterior, la Sala ordenará al municipio devolver el impuesto de industria y comercio indebidamente pagado por la demandante ($154.277.000), con los intereses corrientes sobre esa suma desde el 10 de septiembre de 2007, fecha de notificación de la resolución que rechazó la solicitud de corrección(14), hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia e intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de este fallo hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, a la tasa señalada en el artículo 864 del Estatuto Tributario Nacional.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada que anuló los actos acusados. A su vez, se adiciona el numeral segundo ibídem, que ordenó el restablecimiento del derecho, porque además de aceptarse el proyecto de corrección, se ordena la devolución del impuesto pagado en exceso, en los términos ya precisados. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

ADICIÓNASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en los siguientes términos:

2. A título de restablecimiento del derecho, ACÉPTASE el proyecto de corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio por el año gravable 2004, presentado por la actora el 13 de marzo de 2007 y ORDÉNASE al municipio de Santiago de Cali devolver a la demandante $154.277.000 por concepto de impuesto de industria y comercio y avisos y tableros del año 2004, con los intereses corrientes causados a partir de la fecha de notificación de la Resolución 4131.1.12.6.1953 de 5 de septiembre de 2007 y hasta la ejecutoria de esta sentencia e intereses de mora a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, hasta la fecha de giro del cheque, emisión del título o consignación.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE a Rodrigo Guerrero Velasco como apoderado del demandado en los términos y para los efectos del poder conferido (fl. 376).

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(5) Acuerdo 057 de 1999. Artículo 2º. “Reclasifíquese la actividad de servicios educativos privados que se encontraba incluida en el Código Nº 307 al Código Nº 305-02 con una tarifa del tres punto tres por mil (3.3‰) “Servicios educativos privados””.

(6) La sentencia se notificó por edicto desfijado el 4 de octubre de 2006 y no se solicitó su aclaración o complementación.

(7) Folio 8.

(8) Sobre el fenómeno de la cosa juzgada, ver entre otras, las sentencias de 30 de mayo de 2011, Expediente 17821, C. P. William Giraldo Giraldo y de 16 de septiembre de 2011, Expediente 17771, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(9) Sentencias del 23 de julio de 2009, Expediente 16404, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 11 de marzo de 2010, Expediente 17617, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 16 de junio de 2011, Expediente 17922, C. P. William Giraldo Giraldo.

(10) De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 383 de 1997, esta norma reitera el artículo 589 del Estatuto Tributario, que prevé el plazo para corregir las declaraciones para disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor es de un año a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar o de la fecha de la presentación de la declaración de corrección, según el caso.

(11) El procedimiento de devoluciones está previsto en el título X del Decreto Municipal 523 de 1999.

(12) Ver sentencias de 13 de septiembre de 2012, Expediente 18007 y de 13 de junio de 2013, Expediente 18080, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. En estas providencias se anularon los actos que negaron la práctica de la liquidación oficial de corrección aduanera solicitada por la parte demandante para corregir las declaraciones de importación con el fin de solicitar la devolución de tributos aduaneros pagados en exceso.

(13) Norma a la que remite el artículo 557 del Decreto 2685 de 1999: “ART. 557.—Cancelación de intereses. Cuando hubiere lugar a la cancelación de intereses como consecuencia de un proceso de devolución a cargo de la Nación por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y previa solicitud del interesado, su pago se sujetará a las apropiaciones correspondientes dentro del presupuesto general de la Nación, conforme a lo previsto en los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario”.

ART. 863.—Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses corrientes y moratorios, en los siguientes casos:

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.

Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

Lo dispuesto en este artículo solo se aplicará a las solicitudes de devolución que se presenten a partir de la vigencia de esta ley.

(14) Resolución 4131.1.12.6.1953 (fl. 20).