Sentencia 2009-00218 de abril 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 540012331000200900218 01 (41.733)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Sady Galvis Buitrago

Demandados: Municipio de San José de Cúcuta

Asunto: Acción de reparación directa

Contenido: Descriptor: Se modifica la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda por encontrarse demostrado la ausencia de daño antijurídico y se compulsan copias /Restrictor: Legitimación en la causa – Caducidad de la acción - Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual de Estado –Noción del daño y del daño antijurídico.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Aspectos procesales previos

1.1. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(16), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante el señor Sady Galvis Buitrago, en su condición de afectado por la omisión de la demandada municipio de San José de Cúcuta –Norte de Santander, al no haber dado respuesta a su solicitud de permiso para realizar el evento que había organizado para fin de año del 2007, quien en la condición aducida se encuentra legitimada en la causa por activa.

Por su parte, comparece al proceso y era en calidad de demandado el municipio de San José de Cúcuta –Norte de Santander, al ser la entidad que de acuerdo a lo expresado en la demanda, se le presentó la solicitud que generó la omisión administrativa alegada y era la competente funcionalmente para atender la petición, la cual se encuentra entonces legitimada en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(17), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(18). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(19).

En el caso concreto, la Sala observa que la solicitud del permiso de funcionamiento del evento presentada ante la Secretaría de gobierno del municipio de San José de Cúcuta, se realizó el 17 de diciembre de 2007, y que a la fecha en que se había programado el evento, esto es, el 23 de diciembre del 2007, la entidad demandada no había dado respuesta al mismo, razón por la que es a partir de esta última fecha en que se configuró el daño alegado en la demanda, y por tanto será esta, y no otra, la fecha que se tomará para contar el término de caducidad de la presente acción, la cual daría como fecha límite para presentar la demanda de reparación directa hasta el 24 de diciembre de 2009.

Así las cosas, y comoquiera que la demanda tuvo lugar el 21 de julio de 2009(20), para esta Corporación está acreditado entonces, que la acción fue interpuesta dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2. Acervo probatorio(21) 

Del acervo probatorio allegado al expediente, se destacan las siguientes pruebas:

2.1. Documentales.

1. Contrato artístico de fecha 25 de octubre de 2007(22), suscrito entre el señor Sady Galvis Buitrago y el representante legal de la agrupación musical “Miguel Moly Producciones”, en el que se acordó la actuación de esta en el evento programado para el día 23 de diciembre de 2007 en el Club de Cazadores de la ciudad de Cúcuta, por un valor de veinte millones de pesos ($20’000.000).

2. Recibo de caja de fecha 25 de octubre de 2007(23) suscrito por la agrupación musical “Miguel Moly Producciones” por medio del cual hizo constar que el señor Sady Galvis Buitrago pagó a su favor la suma de veinte millones de pesos ($20’000.000) por concepto del contrato artístico de presentación de su orquesta que se llevaría a cabo el día 23 de diciembre de ese mismo año.

3. Contrato artístico de fecha 1º de noviembre de 2007(24), suscrito entre el señor Sady Galvis Buitrago y la representante legal de Representaciones Billo Frometa S.A., en el que se acordó la actuación de “Billo’s La Orquesta Más Popular de Venezuela” para el día 23 de diciembre de 2007 en el Club Cazadores de la ciudad de Cúcuta, durante cinco (5) horas, por un valor de treinta millones de pesos ($30’000.000).

4. Recibo de caja de fecha 1 de noviembre de 2007(25) suscrito por la sociedad “Representaciones Billo Frometa”, por medio del cual hizo constar que el señor Sady Galvis Buitrago pagó a su favor la suma de quince millones de pesos ($15’000.000) como anticipo de su actuación que se llevaría a cabo el día 23 de diciembre de ese mismo año.

5. Contrato artístico de fecha 2 de noviembre de 2007(26), suscrito entre el señor Sady Galvis Buitrago y el representante legal de la agrupación musical “La Sonora Maravilla”, en el que se acordó su actuación en el evento programado para el día 23 de diciembre de 2007 en el Club de Cazadores de la ciudad de Cúcuta, por un valor de cinco millones de pesos ($5’000.000).

6. Factura de venta 00002 de fecha 2 de noviembre de 2007(27) emitida por el representante legal de la agrupación musical “La Sonora Maravilla”, por medio de la cual hizo constar el pago realizado por el señor Sady Galvis Buitrago a su favor por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2’500.000) por concepto de anticipo del contrato artístico de presentación de su orquesta que se llevaría a cabo el día 23 de diciembre de ese mismo año en el Club de Cazadores del municipio de San José de Cúcuta.

7. Contrato artístico de fecha 7 de noviembre de 2007(28) suscrito entre la representante legal de la organización musical “La Parranda de Joselito” y el señor Sady Galvis Buitrago, en el que aquel se comprometió a presentar la agrupación musical el día 23 de diciembre de 2007, en el Club de Cazadores en la ciudad de San José de Cúcuta por un valor de cinco millones de pesos ($5’000.000).

8. Recibo de caja de fecha 7 de noviembre de 2007(29) suscrito por la representante legal de la organización musical “La Parranda de Joselito”, por medio del cual hizo constar que el señor Sady Galviz Buitrago pagó a su favor la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2’500.000) por concepto de anticipo del contrato para el evento del 23 de diciembre de ese mismo año.

9. Copia de Resolución 1161-7 de fecha 19 diciembre de 2007(30), por medio de la cual el Subsecretario del Área de Gestión de Rentas e Impuestos de la Secretaría de Hacienda municipal de San José de Cúcuta fijó un impuesto municipal provisional de espectáculos públicos.

10. Convenio publicitario celebrado entre la Organización Radial Olímpica S.A. y el señor Sady Galvis Buitrago de fecha 5 de diciembre de 2007(31), en el que se acordó realizar 4 cuñas diarias de 30 segundos entre el 6 al 22 de diciembre por la emisora Olímpica Stereo 94.7 F.M. comprometiéndose a suministrar 20 boletas por valor de $50.000 cada una para el evento del Baile del Club de Cazadores el día 23 de diciembre de ese mismo año, así como la inclusión del logo de Olímpica Stereo en el afiche promocional del evento.

11. Copia de estampilla “pro empresa social del estado Hospital Universitario Erasmo Meoz” 0963119 de fecha 17 de diciembre de 2007, pagada por el señor Sady Galvis Buitrago.

12. Factura de venta 01002477 de fecha 17 de diciembre de 2007(32) emitida por la Organización Radical Olímpica S.A. a favor del señor Sady Galvis Buitrago.

13. Escrito de fecha 17 de diciembre de 2007(33) suscrito por el señor Sady Galvis Buitrago y dirigido al Secretario de Gobierno Municipal, por medio del cual solicitó le fuera concedido permiso para la realización del Bingo Bailable en el Club de Cazadores el domingo 23 de diciembre de ese año, en el que anexó una hoja donde relacionó los supuestos requisitos que exigìa la Secretaría de Gobierno para otorgar permisos de eventos bailables, así:

“(…) 1. Solicitud de permiso ante el secretario de gobierno antes del evento programado.

2. Cancelación de los impuestos a hacienda municipal.

3. Cancelación de los impuestos al IMRD (Instituto Municipal de Recreación y Deporte).

4. Pago de los derechos de autor.

5. Visto bueno de metroseguridad.

6. Pago de servicio de bomberos.

7. Póliza del evento.

8. Contrato de arrendamiento del lugar donde se realiza el evento (...)”.

14. Copia de recibo de consignación de fecha 19 de diciembre de 2007(34), a la cuenta corriente 51017085526 del Banco Agrario a favor de la Tesorería Municipal de San José de Cúcuta, por valor de un millón de pesos ($1’000.000).

15. Copia de recibo de consignación de fecha 20 de diciembre de 2007(35), a la cuenta de ahorro del Banco de Davivienda 066200146232 a favor del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (I.M.R.D.) por valor de un millón de pesos ($1’000.000).

16. Copia de factura de venta No.13964 de fecha 20 de diciembre de 2007(36), emitida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, por medio de la cual se contrajo la prevención del evento del 23 de diciembre de 2007 en el Club de Cazadores de 9:00 pm a 02:00 am.

17. Copia de paz y salvo del pago de derechos de autor de fecha 20 de diciembre de 2007(37), para el evento “Bingo Bilable” que se realizaría el 23 de diciembre de 2007 en el Club Cazadores en la ciudad de Cúcuta.

18. Copia de la Resolución 02376 de fecha 20 de diciembre de 2007(38), emitida por la Directora del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte del Municipio de San José de Cúcuta, por medio de la cual se fijó un impuesto provisional por valor de un millón de pesos ($1’000.000) sobre el evento público denominado “La Gran Fiesta del Año Los Billos Caracas Boys y La Parranda de Joselito” el día 23 de diciembre de 2007, en la que se destacó en su artículo tercero que “el pago del respectivo impuesto no compromete a la administración para el otorgamiento del permiso”.

Adicionalmente, en el contenido de la resolución se indicó que “la autoridad municipal o distrital que otorgue el permiso para la realización del espectáculo, deberá exigir previamente el importe efectivo del impuesto o la garantía bancaria o de seguros correspondiente, la cual será exigible dentro de las (24) veinticuatro horas siguientes a la realización del espectáculo”.

19. Copia de contrato de arrendamiento del Club Cazadores suscrito el 21 de diciembre de 2007(39) por el señor Sady Galvis Buitrago con el propósito de llevar a cabo en dicho lugar un evento el día 23 de diciembre de 2007 desde las 3:00 pm hasta el día 24 de diciembre de 2007 a las 3:00 am, cuyo valor asciende a la suma de cinco millones de pesos ($5’000.000).

20. Copia de póliza de seguro de responsabilidad extracontractual de fecha 21 de diciembre de 2007 y cuya vigencia se observa del 21 al 26 de diciembre del mismo año(40), siendo tomador el señor Sady Galvis Buitrago, asegurado el Club de Cazadores S.A. y beneficiarios a terceros afectados.

21. Factura de venta 00003 de fecha 21 de diciembre de 2007(41), por medio del cual el señor Sady Galvis Buitrago pagó a favor de la agrupación musical “La Sonora Maravilla”, un valor de dos millones quinientos mil pesos ($2’500.000) por concepto del contrato artístico de presentación de su orquesta que se llevaría a cabo el día 23 de diciembre de ese mismo año en el Club de Cazadores del municipio de San José de Cúcuta.

22. Copia de certificación emitida por el Coordinador Operativo del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres de fecha 21 de diciembre de 2007(42), dirigido a la Secretaría de Gobierno Municipal de Cúcuta, en la que informó que el señor Sady Galvis Buitrago anexó los documentos solicitados por su dependencia, razón por la cual indicó que se realizaría visita antes y después del evento para verificar los compromisos adquiridos por la organización del evento, “según decreto 919 del 01 de mayo de 1989 Sistema Nacional de Prevención y Desastres”.

23. Copia de otrosí sin fecha al contrato de arrendamiento del Club de Cazadores S.A. para el evento que se realizaría el 23 de diciembre de 2007(43), por medio del cual se especificaron diferentes condiciones para el uso del inmueble.

24. Copia de fecha 17 de diciembre 2007(44) correspondiente a la solicitud de permiso para el Bingo Bailable presentada por el señor Sady Galvis Pacheco ante el secretario de gobierno municipal de San José de Cúcuta, el cual se realizaría en el Club Cazadores el domingo 23 de diciembre de 2007.

25. Copia de informe técnico rendido por la empresa de logística para el evento que se llevaría a cabo el 23 de diciembre de 2007(45), realizando diferentes advertencias respecto del personal solicitado para la organización de dicho evento, y de la responsabilidad en las eventualidad que de allí resulten.

26. Certificación de fecha 27 de diciembre de 2007(46) emitida por el Club de Cazadores S.A. por medio del cual indicó que el señor Sady Galvis Buitrago canceló la suma de tres millones de pesos m/cte ($3’000.000) como anticipo para alquiler de las instalaciones, con el propósito de llevar a cabo el evento Bingo Bailable el 23 de diciembre de ese mismo año, el cual como lo anotó “no se pudo efectuar dado a que no se contaba con el permiso correspondiente a la secretaría de gobierno municipal”.

27. Oficio 06968 de fecha 3 de junio de 2009(47), emitido por el Secretario de Despacho del Área de Dirección de Convivencia Ciudadana del municipio de San José de Cúcuta –Norte de Santander, por medio del cual dio respuesta a un derecho de petición presentado por el señor Sady Galvis Buitrago, en el que relacionó los documentos presentados por este cuando solicitó el permiso para llevar a cabo un bingo bailable en diciembre de 2007.

2.2. Testimoniales

1. Diligencia de recepción de testimonio del señor Víctor Montañez de fecha 1º de marzo de 2011(48), que en su calidad de ex funcionario del municipio de San José de Cúcuta, fue cuestionado respecto de la realización del oficio 06968 de fecha 4 de junio de 2009(49), por medio del cual dio respuesta a un derecho de petición presentado por el hoy accionante frente a la entidad demandada, señalando y remitiendo copia de los documentos solicitados por este, de su relato se destacó lo siguiente:

“(…) Preguntado: Manifieste si usted era funcionario del municipio de San José de Cúcuta, específicamente de la Secretaría de Gobierno, para el mes de diciembre de 2007. Contesto: Si era funcionario de la Alcaldía del Municipio de Cúcuta, pero no en la Secretaría de Gobierno. Preguntado: Sírvase explicar por qué usted proyectó el oficio 06968 de fecha 3 de junio de 2009, y el cual se le pone de presente en esta diligencia dirigido al señor sady galvis buitrago. Contesto: Como funcionario público de la Alcaldía de San José de Cúcuta, para la fecha del documento me desempeñaba como asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno, y tuvo que dar respuesta al derecho de petición, indicando que eran los documentos que reposaban en la Secretaría de Gobierno desde el día 17 de diciembre de 2007, fecha en la cual el señor Galvis Buitrago presentó a la administración Municipal la solicitud de permiso para llevar a cabo la actividad que se proponía. Preguntado: Como explica usted que en el acta 006-2008 de fecha 12 de junio de 2008, realizada por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de Cúcuta, se exponga lo siguiente: “La Doctora Tatiana Sarmiento Velasco, manifiesta que en el presente caso no se debe conciliar porque no existen dentro de los documento que reposan en el expediente allegado para su estudio, el documento que permita establecer que los requisitos que la secretaría de Gobierno exigió para la época de los hechos del peticionarios fuesen allegados formalmente a la secretaría de gobierno, considera que no existiendo tal documento no se puede establecer claramente, que el señor en mención hubiese cumplido con este requerimiento de la Secretaría de Gobierno para otorgar el evento bailable, fue radicada el día 17 de diciembre de la vigencia 2007, la secretaría le exigió una serie de requisitos que no fueron allegados en su oportunidad, para que esta secretaria expidiera el permiso solicitado que por tal razón, y fundamentada en esto considera que el presente caso no se puede conciliar” Y usted en el oficio 06968 proyectó que el señor Sady Galvis Buitrago, demandante, allegó documentos desde el 17 de diciembre de 2007?. Contesto: La respuesta al derecho de petición es de simple expedición de copias, no de certificación de que el solicitante allegó o no los documentos completos. Muy ajeno a la audiencia de conciliación realizada en el Comité donde se debieron hacer evaluaciones de los documentos aportados. El hecho de que los anexos al oficio del 17 de diciembre tengan fechas posteriores a este oficio se explica en que después de que la persona hace la solicitud puede adjuntar requisitos hasta la última hora hábil del día en que se realiza el evento, con lo cual no estoy diciendo que los documentos aportados que reposan en archivo sean o no los suficientes para que la administración municipal expidiera el permiso. El Despacho concede el uso de la palabra al señor apoderado suplente de la parte actora, quien interroga: Preguntado: Señor Víctor Montañez, usted en esta diligencia ha manifestado haber laborado en el Municipio de San José de Cúcuta en diferentes dependencias, dígale al Tribunal, específicamente si usted ha laborado en la Secretaría de Gobierno y para que época. Contesto. Me desempeño como Asesor Jurídico de la Secretaría de Gobierno Municipal desde el mes de marzo del año 2009 a la fecha. Preguntado: Dígale al Tribunal, ya que usted ha laborado en esta dependencia, si usted sabe o le consta cuales son los requisitos que exige esta Dependencia para otorgar permisos de eventos bailables. Contesto: Poderlos enumerar no, porque son numerosos, pero están señalados en el Estatuto Tributario del Municipio y fijados en cartelera de la Secretaría de Gobierno. Preguntado: Dígale al Tribunal si una vez cumplido con los requisitos exigidos por la administración para el otorgamiento de estos permisos, la misma debe pronunciarse mediante un acto administrativo sobre la negativa o autorizando el permiso respectivo. Contesto: En la actualidad se elabora un acto administrativo, el cual concede o niega el permiso, de conformidad a la evaluación de los requisitos exigidos. Preguntado: Dígale al Tribunal en el evento de que lo nieguen una vez se hayan pagado los tributos provisional como requisito exigido por la administración, estos tributos, si a usted le consta, son devueltos o no al consignatario que los realiza. Contesto: No conozco casos en particular que hayan tenido esta connotación (…)”.

2. Diligencia de recepción de interrogatorio del señor Sady Galvis Buitrago de fecha 1 de marzo de 2011(50), que en su calidad de accionante, fue cuestionado respecto de la presentación de la solicitud de un permiso ante la Secretaría de gobierno del municipio de San Jose de Cúcuta para la realización de un evento público, y en el que explicó cada uno de los pormenores que la rodearon, así:

“(…) Preguntado: Sírvase manifestar en que fecha usted realizó la solicitud ante la Secretaría de Gobierno para el permiso del evento. Y si junto con dicha petición allegó los requisitos exigidos. Contesto: Yo solicité el permiso el día 17 de diciembre de 2017 por escrito, los requisitos son llevados después porque allá le dan a uno una lista, un listado como es pago de hacienda, pago de IMRD, estampilla pro Hospital, Derechos de Autor, Cuerpo de Bomberos, visto bueno de Metro seguridad, contrato del Club y póliza de cumplimiento. Esos son los requisitos. Preguntado: Según el oficio No.6968 de fecha junio 3 de 2009, obrante al folio 15 del informativo, el entonces Secretario de Gobierno, da respuesta a su petición, haciendo énfasis en que su petición consta de 13 requisitos, cuando el Estatuto de Rentas establece 17 requisitos para otorgar dichos permisos. Dígale al Despacho si usted se allanó a cumplir con los requisitos que le hicieron falta, en caso contrario, cuál fue la razón? Contesto: Yo llené los requisitos que me solicitó la Secretaría de Gobierno. No sé cuántos eran. Preguntado: El estatuto de Rentas establece entre sus requisitos para el otorgamiento de permisos, que se le debe pagar a la Organización Sayco- Acinco (sic) los derechos de autor y de reproducción. Por qué razón no se le pagaron estos derechos a dicha organización. Contesto: Yo le pagué los derechos de autor a CAYCO, que es una organización que presta los mismos servicios o derechos que Sayco O Acinco (sic), y que allá reposa el recibo de dicha empresa por un valor de un millón de pesos que pagué, porque en ese entonces uno era libre de pagar el derecho de autor a cualquiera de las organizaciones. Preguntado: Teniendo usted previsto realizar el evento del día 23 de diciembre, porque esperó al 17 del mismo mes para hacer la solicitud del permiso. Contesto: Porque uno primero que todo contrata orquestas, sonidos, sitio en donde va a ser el evento, y luego hace la solicitud del permiso porque es lo último que se tramita. Preguntado: Desea agregar algo a la presente diligencia. Contesto: Que yo con este evento que la Secretaría de Gobierno no me autorizó, me dejaron quebrado completamente, perdí todos mis ahorros y quedé endeudado hasta la coronilla, y desde ese entonces no volví a hacer eventos porque me dejaron sin dinero y sin nada. No me explico porque el doctor Nestor Pacheco, Secretario de Gobierno en ese entonces, no me dio el permiso. El no me lo dio porque el me dijo que no pagara impuestos y que le diera la plata a él, y que él me daba el permiso, pero yo no acepté eso porque yo sé cómo son las organizaciones de eventos, porque yo tengo 15 años de estar haciendo eventos. Yo creo que esa fue una de las causas por las que no me dio el permiso. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y se firma por quienes en ella intervinieron, observándose lo de ley (…)”. Negrilla y subrayado fuera de texto.

3. Problema jurídico

El problema jurídico que se plantea la Sala consiste en determinar si el daño alegado por el actor realmente se configuró, si fue antijurídico y si finalmente resulta imputable a la entidad demandada.

4. Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración.”(51).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, el régimen común de la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

4.1. Noción del daño y del daño antijurídico.

Por daño ha de entenderse la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Daña que deberá ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica Mazeaud:

“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: “Donde no hay interés, no hay acción”. Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser “legítimo y jurídicamente protegido” (...)”(52).

Así, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual(53). Al efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto(54)-(55), esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:

“[…] tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia(56)”.

De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio.

Adicionalmente, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal (carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural), a la esfera de actividad de una persona jurídica (carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades), o a la esfera patrimonial (bienes e intereses), que no es soportable por quien lo padece.

Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.

En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(57).

5. El caso en concreto.

En el presente asunto, la defensa de la parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia negatoria de primera instancia, al considerar que en el expediente se encontraba completamente demostrada la omisión administrativa en que había incurrido la entidad demandada, al no haber dado respuesta a la solicitud realizada por su poderdante para efectos de conceder el permiso para la realización de un evento en el municipio de San José de Cúcuta, situación que le ocasionó perjuicios materiales, los cuales debían ser reparados.

Así las cosas, una vez analizado el material probatorio aportado, la Sala encuentra probado que el día 17 de diciembre de 2007(58) el señor Sady Galvis Buitrago efectivamente presentó escrito ante la Secretaría de Gobierno Municipal de San José de Cúcuta, en el que solicitó permiso para llevar a cabo “un bingo bailable” para el día 23 de diciembre en el Club Cazadores de dicha ciudad, “desde las 3:00 pm hasta las 3:00 am”.

Por su parte, el libelista afirmó que llegado el día del evento, esto es, el 23 de diciembre de 2007, su poderdante no pudo realizarlo por cuanto la Secretaría de Gobierno Municipal de la entidad demandada no se pronunció respecto de la solicitud de permiso presentada en días anteriores.

Entonces, analizadas las pruebas arrimadas al proceso a la luz de los fundamentos teóricos referidos en la parte considerativa de esta providencia y los argumentos esbozados por el accionante en la demanda y en el recurso de apelación, para la Sala es claro que el actor hizo consistir su daño en una omisión administrativa consistente en la no expedición de un acto administrativo que resolviera la solicitud de permiso para realizar un espectáculo, el cual se concretó cuando llegado el día del evento (23 y 24 de diciembre de 2007), este no se pudo realizar, con lo cual se le ocasionaron diferentes perjuicios de orden material.

De manera que, para efectos de establecer si el daño alegado por el demandante resulta antijurídico o no, es necesario traer a colación la normatividad que regulaba el procedimiento de otorgamiento de permisos para la realización de espectáculos públicos en el municipio de San José de Cúcuta, pues dependiendo de su observancia prima facie se podría afirmar si el accionante estaba llamado o no a soportar el daño alegado en su demanda; al respecto se analizó lo siguiente:

El Concejo Municipal de San José de Cúcuta en ejercicio de sus facultades legales(59), expidió el Acuerdo municipal 030 del 6 de septiembre de 2005(60) por medio del cual se adoptó el “estatuto tributario, régimen sancionatorio y régimen procedimental en materia tributaria”, el cual se encontraba vigente al momento de los hechos, y por ende, norma de especial aplicación para el caso sub lite.

Asimismo, el artículo 169 ibídem estableció el procedimiento y los requisitos por medio del cual el municipio concedería el permiso para la realización de un espectáculo público, y señaló además del contenido que debía tener la solicitud presentada por el interesado, los documentos que se debían anexar al momento de su presentación, así:

“(…) Artículo 169 Requisitos para presentar espectáculos. Toda persona natural o jurídica que promueva la presentación de un espectáculo público en San José de Cúcuta, deberá elevar ante la alcaldía municipal por conducto de la Secretaría de Gobierno, Solicitud de Permiso, en la cual se indicará:

• el sitio donde se ofrecerá el espectáculo,

• la clase del mismo,

• un cálculo aproximado del número de espectadores,

• indicación del valor de las entradas y

• fecha y hora de presentación.

A la solicitud deberán anexarse los siguientes documentos:

1. Póliza de cumplimiento del espectáculo cuya cuantía y término será fijada por el alcalde municipal.

2. Póliza de responsabilidad civil extra contractual, cuya cuantía y términos será fijada igualmente por el alcalde municipal, la cual podrá ser de carácter opcional a juicio del concedente del permiso.

3. Si la solicitud se hace a través de persona jurídica, deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante el certificado de la respectiva cámara de comercio o entidad que ejerza vigilancia o control.

4. Fotocopia auténtica del contrato de arrendamiento o certificación de autorización del propietario o administrador del inmueble donde se presentará el espectáculo

5. Paz y salvo de SAYCO Y ACINPRO, de conformidad con lo dispuesto por la ley 23 de 1982, si ejecuta música al público.

6. Pago de los derechos correspondientes al servicio de vigilancia expedido por el departamento de policía de norte de Santander, cuando a juicio de la administración lo requiera.

7. Constancia de la Secretaría del Tesoro, certificando la garantía del pago de los Impuestos o resolución de aprobación de pólizas o fianzas que cubran la obligación.

8. Paz y salvo de Coldeportes o la entidad que haga sus veces.

9. Breve escrito sobre el contenido del espectáculo público a presentar, responsable del mismo, con cédula, dirección y teléfono.

10. Indicar el valor unitario de la boleta, discriminado por cada clase de localidades.

11. Lista de precios de los productos a expender al público que debe ser autorizado por la secretaria de gobierno municipal de acuerdo al tipo de espectáculo (…)” Negrilla y subrayado fuera de texto.

Igualmente, el parágrafo 2º del mencionado artículo señaló:

“(…) PAR. 2º—una vez analizados los documentos de que trata el presente artículo y después de verificar que el espectáculo público cumple con todos los requisitos, la oficina competente antes de expedir el acto administrativo mediante el cual se autorice la presentación del espectáculo y proceder al sello de la boletería, deberá remitir el expediente a la secretaría de hacienda, para efectos de la liquidación del Impuesto correspondiente y la determinación del valor de las pólizas, si el tributo no se pagare anticipado (…)”.

Y finalmente, el parágrafo 3º estableció la consecuencia de cuando la solicitud no cumpliere con los requisitos señalados en el precedente artículo, así:

“(…) PAR. 3º.—si la solicitud para la presentación del espectáculo público no cumpliere con los requisitos señalados en el presente artículo, el funcionario competente se abstendrá de conceder el permiso correspondiente, hasta tanto los responsables de la presentación, cumplan plenamente con los mismos (…)”.

Ahora bien, la norma transcrita además de establecer el procedimiento para obtener un permiso para la realización de espectáculos públicos, facultó a la administración municipal para abstenerse de conceder el respectivo permiso, en aquellos casos en que el interesado no presente su solicitud con el lleno de los requisitos allí exigidos.

De conformidad con lo expuesto, para la Sala es evidente que en el presente asunto estamos frente a un típico caso de potestad reglada de la administración, razón por la cual la voluntad de la entidad pública está sujeta a la aplicación estricta de una atribución legal, a la existencia de una norma de competencia clara y específica, hecho que obliga a la dependencia y servidor estatal a actuar en la forma enunciada en dichas disposiciones sin que haya lugar de romper los marcos en ellas preceptuados para su ejecución.

En el caso sub examine, la administración estaba obligada a que si el solicitante cumplía los requisitos establecidos en el Acuerdo municipal Nº030 de 2005 (norma especial que regulaba la expedición de permisos para espectáculos públicos en el mencionado municipio) expediría el permiso correspondiente, pero dicha normatividad también le exigía a la Administración abstenerse de conceder permisos cuando no se cumplieran todos los requisitos establecidos en la norma referida.

Entendiendo por abstenerse, según la Real Academia Española -RAE como la acción y efecto de privarse de algo, no participar en algo a que se tiene derecho, ejercer la abstención, y contener o refrenar algo.

Con todo lo anterior, en el caso de autos la Sala encuentra que en el escrito presentado por el hoy accionante de fecha 17 de diciembre de 2007, por medio del cual solicitó a la Secretaría de Gobierno del municipio de San José de Cúcuta un permiso para la realización de un espectáculo público, no satisfizo lo requerido en la normatividad especial (Acuerdo 30 de 2005), pues si bien indicó el sitio donde se ofrecería el espectáculo, así como la clase del mismo, y la fecha y hora de su presentación, lo cierto es, que no expresó el número aproximado de espectadores que asistirían y el valor de las entradas al evento.

Cabe resaltar que, frente al cumplimiento de los demás requisitos, esto es, los documentos que debía anexar el interesado a su solicitud, en el expediente reposa oficio 06968 de fecha 3 de junio de 2009(61), suscrito por el Secretario de Despacho del Área de Dirección de Convivencia Ciudadana del municipio de San José de Cúcuta, señor Juan Antonio Villamizar Trujillo, quien además de relacionar los documentos que el señor Galvis Buitrago había aportado al proceso de solicitud de permiso, afirmó categóricamente que estos habían sido allegados desde el día 17 de diciembre de 2007, así:

“(…) En atención a lo solicitado en el derecho de petición del asunto, me permito relacionarle los documentos solicitados los cuales se conservan en el archivo de la Secretaría de Gobierno, desde el día 17 de diciembre de 2007, fecha en la cual usted los presentó a la administración Municipal, para tramitar permiso para llevar a cabo un Bingo Bailable.

La relación es la siguiente, previa la siguiente certificación: las fotocopias que se relacionan en el presente oficio, son fiel reproducción del original que reposa en los archivos de este Despacho, y se expiden a solicitud de la parte interesada. Igualmente se certifica que con fecha 19 de mayo de 2008, se le hizo idéntica expedición en atención de la solicitud del señor Sady Galvis Buitrago, radicado 7856 del 7 de mayo de 2008.

Relación de los documentos que se entregan:

• Memorial de solicitud de permiso para el Bingo Bailable (1 folio)

• Estampilla Erasmo Meoz $1.800.oo (1 folio)

• Contrato de alquiler del Club de Cazadores (3 folios)

• Otro si al contrato de alquiler del Club de Cazadores (1 folio)

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (2 folios)

• Recibo del Cuerpo de bomberos Voluntarios (1 folio)

• Informe técnico de logística y seguridad para eventos (1 folio)

• Plano logístico Club cazadores evento del 18 de agosto (1 folio)

• Certificación para eventos masivos Clopad Metro seguridad (1 folio)

• Paz y salvo de Derechos de Autor (1 folio)

• Oficio de la policía Nacional presento fotocopia (1 folio)

• Resolución 1161-7 que fija el impuesto Municipal (2 folios)

• Resolución 0237 del Instituto del deporte (2 folios)

Para un total de 18 fotocopias certificadas.

Atentamente,

Juan Antonio Villamizar Trujillo

Secretario de Despacho Área Dirección Convivencia Ciudadana.

Anexo 1 (18 folios)

Proyectó, y elaboró: VJMV/Asesor Jurídico (…)” Subrayado y negrilla fuera de texto.

Pese a lo certificado por el funcionario, la Sala encuentra que analizado en su integridad el referido documento con las demás pruebas que reposan en el plenario, así como hecha su confrontación con lo requerido en el Acuerdo municipal Nº030 de 2005, este documento no solo tiene una serie de imprecisiones en la información que allí se suministró, sino que además evidencia que al momento de la presentación de la solicitud del permiso por parte del hoy accionante, este no cumplía con los requisitos establecidos por la norma especial para este trámite, por las siguientes razones:

En primer lugar, varios de los documentos que fueron relacionados como anexos a la solicitud del 17 de diciembre de 2007, fueron expedidos con posterioridad a dicha fecha, situación que contraría lo afirmado por el señor Juan Antonio Villamizar Trujillo, funcionario que suscribió el citado oficio 06968 de fecha 3 de junio de 2009.

Entre los documentos referidos se encuentran, (i) la Resolución 1161-7 cuya expedición se realizó hasta el día 19 de diciembre de 2007, (ii) el paz y salvo de derechos de autor(62), (iii) la Resolución Nº 0237 de 2007(63), los cuales se expidieron únicamente hasta el 20 de diciembre de 2007, y (iv) la póliza de responsabilidad civil extracontractual(64), cuya expedición se realizó solo hasta el día 21 de diciembre de 2007, esto es, el último día hábil previo a la realización del evento.

Y en segundo lugar, frente al cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el artículo 169 ibídem, en el plenario brillan por su ausencia los siguientes documentos, que además de no estar relacionados en el referido oficio, no se encontraron en las demás pruebas del expediente: (i) Póliza de cumplimiento del espectáculo, (ii) Constancia de la Secretaría del Tesoro, certificando la garantía del pago de los impuestos o resolución de aprobación de pólizas o finanzas que cubran la obligación, (iii) escrito donde se indicara valor unitario de la boleta, discriminado por cada clase de localidades y (iv) lista de precios de los productos a expender al público que debe ser autorizado por la Secretaría de Gobierno Municipal de acuerdo al tipo de espectáculo.

La anterior apreciación, es ratificada con el testimonio del señor Víctor Montañez asesor jurídico del municipio de la época, recepcionado en diligencia del día 1 de marzo de 2011(65), quien al ser cuestionado acerca de los documentos relacionados en el oficio que proyectó, declaró que dicha respuesta no certificaba que el solicitante hubiera allegado los documentos completos, pues era simplemente la respuesta a un derecho de petición de expedición de copias.

En ese mismo sentido, en el expediente se decretó(66) el testimonio del señor Juan Antonio Villamizar, quien fue el funcionario de la época y quien suscribió el oficio bajo estudio; sin embargo, a pesar de haber sido citado(67) por el Tribunal de primera instancia este no se presentó a la diligencia programada, sin que a la fecha repose prueba sumaria que justifique su inasistencia.

De manera que, para la Sala la afirmación contenida en el oficio 06968 de fecha 3 de junio de 2009(68), no cuenta con mayor respaldo probatorio, dado que como se demostró en párrafos anteriores, que varios de estos documentos fueron expedidos con posterioridad a la fecha de radicación de la solicitud (17 de diciembre de 2007), lo que forzosamente lleva a esta Sala de Subsección a concluir que la información que allí se consignó por parte de los señores Víctor Montañez y Juan Antonio Villamizar Trujillo, personas que ostentaban los cargos de asesor jurídico y secretario de despacho del área de Dirección de Convivencia Ciudadana, respectivamente, en el municipio de San José de Cúcuta, no merece credibilidad, y por tanto, la Sala ordenará compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para que si así lo consideran inicien las investigaciones pertinentes en contra de los funcionarios que emitieron dicho oficio.

Así las cosas, para esta Subsección con lo visualizado en las pruebas analizadas, es claro que el señor Sady Galvis Buitrago no presentó de manera completa la solicitud de permiso para la realización de su evento que se llevaría a cabo los días 23 y 24 de diciembre de 2007 en el Club Cazadores en la ciudad de San José de Cúcuta, lo que en consecuencia llevaba a que la administración municipal se abstuviera de conceder el permiso correspondiente.

Mirado así el asunto, para esta Subsección es palmario que con la simple presentación del escrito el día 17 de diciembre de 2007, no se puede afirmar que el accionante haya padecido un daño antijurídico, pues la entidad demandada solo estaba obligado a abstener de conceder el permiso hasta tanto se cumplieran con los requerimientos exigidos por el acuerdo.

Resalta la Sala que el peticionario sabía o debía conocer desde el momento de la radicación de su solicitud de permiso que no había cumplido con las exigencias señaladas en el Acuerdo No. 030 de 2005, más aún cuando este refirió que era un empresario de eventos con mas de 15 años de trayectoria, entonces, no podía más que esperar una decisión desfavorable a sus intereses, que se concretó con la abstención de la Administración del otorgamiento del permiso requerido para la realización del evento navideño.

En otras palabras, ni siquiera el daño resultaría categóricamente antijurídico si se hubiera acreditado en el expediente por parte del interesado, el cumplimiento oportuno de todos los requisitos exigidos por el acuerdo municipal, pues la normativa que regula la concesión de estos permisos establece que analizados los documentos requeridos y después de verificar que el espectáculo público cumple con todos los requisitos, la oficina competente antes de expedir el acto administrativo mediante el cual se autorice la presentación del espectáculo y proceder al sello de la boletería, deberá remitir el expediente a la Secretaría de Hacienda, para efectos de la liquidación del Impuesto correspondiente, hecho que nunca ocurrió debido a que el peticionario no había cumplido con los requisitos de la solicitud ni con la presentación completa de los anexos.

Con todo lo anterior, la Sala no encuentra que el daño padecido por el hoy accionante reviste el carácter de antijurídico, pues su consecuencia no era irrazonable ni desproporcionada, dado que esta era la prevista en la ley por el no cumplimiento con los requisitos establecidos y por eso el daño alegado debía soportado dado su carácter jurídico y no antijurídico.

Finalmente, esta corporación no puede pasar por alto los señalamientos realizados por el señor Sady Galvis Buitrago en su declaración de parte en diligencia celebrada el día 1 de marzo de 2011(69), cuando afirmó bajo la gravedad de juramento que el señor Néstor Pacheco, Secretario de Gobierno de la época del municipio de San José de Cúcuta, le dijo que “no pagara impuestos y que le diera la plata a él”, y que en contraprestación, este le daba el permiso que necesitaba para la realización de su evento. Afirmación que en consideración de esta Sala por las implicaciones que puede tener amerita de ser trasladada a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual se ordenará compulsar copias a dicha entidad, para que si así lo considera, inicie las investigaciones pertinentes para esclarecer los señalamientos realizados por el hoy accionante en contra de aquel funcionario público.

En conclusión, ante la imposibilidad de acreditarse la existencia de la antijuridicidad del daño alegado, es decir, el primero de los elementos de la responsabilidad, no puede la Sala proceder a imputarle la misma a la entidad demandada, y en consecuencia, el accionante deberá soportar la negativa de sus pretensiones conforme a los argumentos antes expuestos, razón por la cual, se confirmará la no concesión de las pretensiones de la demanda y se compulsarán copias a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación.

6. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida por el la Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de octubre de 2010, bajo las consideraciones expuestas en esta providencia, la cual quedará así:

Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo: COMPULSAR copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad a lo expuesto en esta providencia.

Tercero: Sin condena en costas.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

1 Fls.3-14 del C.1

2 Fl.16 del C.1

3 Fls.118-127 del C.1

4 Fls.165 del C.1

5 Fl.194 del C.1

6 Fls.196-199 del C.1

7 Fls.210-225 del C.1.

8 Fls.224-225 del C.1.

9 Fls. 227-229 del C.1.

10 Fl.229 del C.1.

11 Fls.73-76 del C. Ppal

12 Fls.246-254 del C.Ppal.

13 Fl.256 del C. Ppal

14 Fl.261 del C. Ppal

15 Fl.263 del C.Ppal

16 Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.

17 ART. 21.—Suspension de la prescripcion o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente leyo hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (subrayado fuera de texto).

18 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

19 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

20 Fl.110 del C.1.

21 Los documentos aportados en copia simple, serán valorados bajo los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022.

22 Fl.63 del C.1.

23 Fl.64 del C.1.

24 Fls.59-60 del C.1.

25 Fl.61 del C.1.

26 Fl.65 del C.1.

27 Fl.66 del C.1.

28 Fl.56 del C.1.

29 Fl.57 del C.1.

30 Fls.38-39 del C.1.

31 Fl.54 del C.1.

32 Fl.55 del C.1.

33 Fls.35-36 del C.1.

34 Fl.37 del C.1.

35 Fl.42 del C.1.

36 Fl.25 del C.1.

37 Fl.29 del C.1.

38 Fls.33-34 del C.1.

39 Fls.19-21 del C.1.

40 Fls.23-24 del C.1.

41 Fl.67 del C.1.

42 Fl.28 del C.1.

43 Fl.22 del C.1.

44 Fl.17 del C.1.

45 Fl.26 del C.1.

46 Fl.53 del C.1.

47 Fl.15 del C.1.

48 Fls.184-185 del C.1.

49 Fl.15 del C.1.

50 Fls.187-188 del C.1.

51 Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

52 MAZEAUD. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p.510.

53 CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.507.

54 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998.

55 Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333.

56 Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021.

57 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p.168. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”.

58 Fls.35-36 del C.1.

59 En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el numeral 4º del artículo 313 de la constitución política, ley 14 de 1983, decreto ley 1333 de 1986, ley 44 de 1990, ley 136 de 1994, artículo 59 de la ley 788 de 2002, ley 863 del 2003, Ley 1066 de 2006, el Decreto 1339 del 27 de Junio de 1994, LA Ley 29 de 1963, la Ley 142 de 1937, el Acuerdo 061 del 13 de diciembre de 2004 y demás normas tributarias vigentes

60 La vigencia de dicho acuerdo se encuentra acreditada con la expedición del nuevo estatuto tributario del municipio de Cúcuta del 29 de diciembre de 2010 que en su artículo 642 al hablar de su vigencia y derogatorias se refiere al acuerdo 030 de 2005 de la siguiente manera:
“(…) ART. 642.—Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su Sanción y Publicación y deroga en todas sus partes, el Acuerdo 030 del 06 septiembre de 2005, y sus acuerdos modificatorios 0051 del 14 de diciembre de 2005, 0003 del 22 de marzo de 2006, 035 de 15 de diciembre de 2006, 0011 del 5 de junio de 2007, 0025 del 14 de diciembre de 2007, el Acuerdo 031 del 15 de Mayo de 2003, artículo 24 del Acuerdo 0014 del 5 de Junio de 2007, y todas las disposiciones que le sean contrarias en materia Sustantiva, Procedimental Republica de Colombia Departamento Norte de Santander Corporacion Concejo Municipal San José de Cucuta Acuerdo de 2010 ( ) “Por medio del cual se adopta el estatuto tributario para el Municipio de San José de Cúcuta” 394 y Sancionatoria de los tributos establecidos en el Municipio de San José de Cúcuta (...)”.
El actual estatuto tributario se encuentra publicado en la página oficial del municipio, y podrá consultarle a través del siguiente link: http://cucutanortedesantander.micolombiadigital.gov.co/sites/cucutanortedesantander/content/files/000068/3393_estatuto_trestatuto_tributario_a_o_2011_alcaldia.pdf

61 Fl.15 del C.1.

62 Fl.101 del C.1.

63 Fls.105-106 del C.1.

64 Fl.96 del C.1.

65 Fls.184-185 del C.1.

66 Fl.165 del C.1.

67 Fl.166 del C.1.

68 Fl.15 del C.1.

69 Fls.187-188 del C.1.