Sentencia 2009-00220 de octubre 6 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

SALA DUAL QUINTA DE DECISIÓN

Rad. 50001110200200900220 01

Magistrado ponente:

Dr. Jorge Armando Otálora Gómez

Aprobado según Acta 19 de la misma fecha

Asunto: apelación sentencia sancionatoria

Decisión: Decreta nulidad

Bogotá, D.C., seis de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala Dual Quinta de Decisión que forma parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer el presente asunto, en virtud a lo previsto por el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política, el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y el Acuerdo 075 del 28 de julio de 2011(11), función que se cumple en armonía con el artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

No obstante lo competencia aludida, al estudiar el caso que ocupa la atención de la Sala, se encuentra la existencia de una causal de nulidad que invalida lo actuado, la cual será declarada de oficio, previas las siguientes consideraciones de la naturaleza fáctica, jurídica y probatoria:

Tenemos que los cargos por los cuales fue sancionado el profesional investigado se encuentran definidos en los artículos 35.1 y 37.1 de la Ley 1123 de 2007, así:

“... ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos ...”.

“... ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas ...”.

Para efectos de esclarecer los hechos objeto de la denuncia disciplinaria, entra la Sala a realizar unas consideraciones previas a esgrimir las razones por las cuales habrá de decretarse la nulidad de lo actuado.

De los medios de convicción allegados al proceso, se tiene que el doctor Hernán Bacca Calderón fue contratado por el Conjunto Multifamiliar Centauros con el propósito de “... recuperar cartera morosa, correspondiente a cuotas de administración y demás expensas dejadas de cancelar por los copropietarios ...”.

Con ocasión de esa gestión encomendada, según se plasmó dentro de la sentencia de primera instancia, “...el abogado recibió un listado de los morosos, quienes adeudaban un valor de $ 105.970.250 y pasó cuentas de cobro el 11 de agosto de 2008 por las sumas de $ 6.602.300, $ 3.000.000 y $ 16.139.200, en la cuales se incluyeron “... los apartamentos que no se encontraban en mora con la administración ...”, con lo cual, a juicio del seccional de instancia, incurrió en la falta disciplinaria prevista en el artículo 35.1 de la Ley 1123 de 2007.

Además, consideró el a quo que dicho “... profesional del derecho descuidó la gestión encomendada, la cual estaba dirigida, particularmente, a promover demandas ejecutivas con quienes no había prosperado el cobro prejurídico ... cargo que no desvirtuó el inculpado dentro de la presente actuación, quien únicamente aportó para su defensa la declaración rendida por la señora Zuley Viviana Ramírez Algarra, la cual no pudo ser corroborada por el otro testigo señor Edgar López ...”.

No obstante, dentro del pliego de cargos no se había hecho una valoración suficiente sobre los supuestos fácticos que sustentaron la imputación, sumado a que, como lo advirtió el inculpado en su apelación, por estos mismos hechos fue absuelto dentro del disciplinario radicado bajo el número 2009-00224.

En efecto, si bien dentro de dicho proceso disciplinario mencionado por el inculpado solo se investigó y decidió la posible responsabilidad del abogado en relación con uno (1) de los cobros ejecutivos promovidos, del recuento procesal realizado, se puede advertir claramente que el seccional de instancia irrogó cargos disciplinarios al encartado por las conductas descritas en los artículos 35.1 y 37.1 de la Ley 1123 de 2007.

Sin embargo, al motivar fácticamente su decisión, limitó fácticamente los hechos a (i) el cobro excesivo de honorarios por presentar unas cuentas sin que hubiera logrado obtener el ingreso material del dinero a las arcas de su cliente, y (ii) la indiligencia por dejar de ejercitar oportunamente las acciones ejecutivas encomendadas; es decir, omitió señalar cuál o cuáles eran las cuentas de cobro específicas que presentó el togado, el monto determinado, así como precisar en qué casos omitió la formulación de demanda, si tenía poder para ello, por qué monto debía promover el cobro, entre otras cosas, circunstancias que tenían que ser definidas con claridad, a efectos de adecuar típicamente el comportamiento del togado a las normas antes señaladas.

Nótese que si bien el magistrado sustanciador efectuó un relato de la situación que consideró irregular, su motivación no fue suficiente de cara al objeto del proceso, ya que omitió dotar de sustento concreto las faltas irrogadas, lo cual dentro del proceso disciplinario es requisito indispensable para la validez de la actuación.

Súmese a lo anterior que si bien el seccional de instancia dijo por cuál de los varios verbos rectores descritos en las normas irrogadas se investigaba al togado, en concreto, no precisó las circunstancias que permitían adecuar típicamente los hechos a las faltas, pues indistintamente señaló que el disciplinado presentó unas cuentas de cobro, sin definir el monto, y dejó de presentar las demandas ejecutivas, sin especificar en qué casos, respecto de qué deudor, por cuál monto y/o si tenía poder para ello. Así mismo manifestó que dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la gestión profesional y que descuidó la misma, sin indicar que gestiones omitió el profesional y cuáles descuidó, verbos rectores que traen consecuencias jurídicas diferentes.

Así las cosas, en este punto resulta importante destacar que constituye un elemento objetivo esencial del proceso disciplinario, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 1123 de 2007, que la decisión por medio de la cual se le formulan cargos a un abogado contenga una motivación clara y precisa, esto es, que el operador jurídico considere una o varias situaciones fácticas, indicadas con suficiencia, como adecuadas típicamente a una o varias normas específicas.

De lo contrario, como ocurre en el sub lite, existirá una irregularidad sustancial que afecta el derecho de defensa, por indebida motivación del auto de cargos, ya que si bien se indicaron cuales eran las normas supuestamente infringidas, se omitió señalar, con la precisión y claridad exigida, por cuál o cuáles hechos se había incurrido en las faltas señaladas, es decir, no se dijo cuáles hechos se adecuaban típicamente a cada uno de los numerales de los artículos 35 y 37 de la Ley 1123 de 2007, así como los extremos temporales de las mismas.

Por lo tanto, nótese que la circunstancia referida, desnaturaliza totalmente la investigación disciplinaria, pues insístase no encuentra esta corporación, cuáles son los sustentos concretos que motivaron la decisión de cargos en contra del abogado.

Cuando la calificación es incompleta, imprecisa, anfibológica, dilógica o ambigua, bien en cuanto al supuesto de hecho o a la consecuencia jurídica, constituye irregularidad sustancial, en tanto vuelve impreciso el cargo formulado y dificulta el debate en la fase del juzgamiento. Por lo tanto, se hace imperioso declarar la nulidad de lo actuado, por cuanto el operador disciplinario de primera instancia efectuó un pronunciamiento sobre los hechos investigados, pero de su argumentación no se deduce claramente cual es el exacto sentido y alcance de la decisión.

Entonces, como cualquier actividad sancionatoria en un Estado social de derecho se erige sobre el principio de legalidad, como parte constitutiva de la garantía de seguridad jurídica, subsiste para el operador judicial el deber de precisar en forma concreta y clara el cargo que se hace al disciplinable, adecuando la conducta al tipo específico, que habrá de aplicarse, por lo que la indebida adecuación típica surgida de la incorrecta motivación del auto de cargos, vulnera la garantía al debido proceso y al derecho de defensa, que enmarcan no sólo aspectos de ritualidad y formalidad, sino verdaderas categorías sustanciales, pues no se está adelantando el juzgamiento con base en unos cargos claros y concretos, configurándose una irregularidad sustancial que deviene necesariamente en el decreto de nulidad, la cual aquí será declarada, desde el momento en que se realizó la formulación de cargos, inclusive.

Igualmente en la audiencia que se realizará con el propósito de adecuar correctamente la conducta del profesional en la norma disciplinaria, dejando a salvo las pruebas practicadas, y procediendo a exponerle al disciplinado los beneficios contemplados en la norma en caso de que confiese su responsabilidad en la falta que le sea endilgada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Dual Quinta de Decisión del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado, desde el pliego de cargos formulado en audiencia del 13 de octubre de 2010, inclusive, dejando a salvo las pruebas practicadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Remítase el expediente a la colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase».

(11) En efecto, de conformidad con lo preceptuado por el literal a) del artículo 26 del citado acuerdo, es función de la Sala Dual de Decisión: “... Conocer de los recursos de apelación y de queja, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura ...”.