SENTENCIA 2009-00226/0394-14 DE ABRIL 20 DE 2017

 

Sentencia 2009-00226 de abril 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUB SECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Radicación: 25000 23 25 000 2009 00226 01 (0394-14)

Actor: Vilma Leonor Angulo Bovea

Demandado: Nación, Ministerio de la Protección Social, Ese Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la actora, quien fue empleada pública de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación, tiene derecho al reconocimiento de los beneficios convencionales que ostentaba como trabajadora oficial antes de la escisión ocurrida en virtud del Decreto 1750 de 2003, de conformidad con la convención colectiva de trabajo suscrita entre SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el ISS para la vigencia 2001-2004.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Del acuerdo convencional.  

La demandante pretende el reconocimiento de la totalidad de los beneficios laborales emanados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato Sintraseguridadsocial, los cuales dejaron de aplicársele, en principio, a partir del 26 de junio de 2003 con la expedición del Decreto 1750 del mismo año. Está demostrado en el expediente que dicha convención se suscribió el 31 de octubre de 2001 y que su vigencia transcurrió del 1º de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004(4).

Al estudiar la Corte Constitucional la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 18 (parcial) del mencionado decreto declaró mediante Sentencia C-314(5) del 1º de abril de 2004 la exequibilidad de dichas normas, salvo la expresión «se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas» contenida al final del inciso 1º del artículo 18.

En esta providencia estudió la Corte la presunta afectación de los derechos adquiridos de quienes ostentaban la calidad de trabajadores oficiales del Seguro Social y, por ende, beneficiarios de la convención colectiva del trabajo al pasar a ser empleados públicos de empresas sociales del Estado, dadas las limitaciones que el derecho colectivo del trabajo ha impuesto para esta clase de servidores, en los siguientes términos:

De lo dicho se deduce entonces que los servidores públicos adscritos a las empresas sociales del Estado que adquirieron la categoría de empleados públicos y perdieron la de trabajadores oficiales, perdieron con ella el derecho a presentar pliegos de peticiones y a negociar convenciones colectivas de trabajo.

Pese a que, en principio, tal desventaja podría interpretarse como una afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores oficiales, es lo cierto que la imposibilidad de presentar convenciones colectivas de trabajo no se erige en quebrantamiento de tales garantías.

(...).

De hecho, no debe olvidarse que “los trabajadores y los empleados del Estado están subjetivamente en situaciones distintas, y corresponde al legislador definir, racional y proporcionalmente, cuándo un servidor público está cobijado por una u otra regulación”(6).

Ciertamente, es evidente que el tipo de vínculo jurídico laboral que el servidor público tiene con el Estado no es irrelevante a la hora de establecer cuándo se puede recurrir al mecanismo de la negociación colectiva. Cuando la relación es contractual, resulta fácil imaginar que las condiciones laborales pueden ser concertadas entre el sindicato y el empleador. La autonomía administrativa de la entidad Estatal y la manera en que sus servidores se vinculan a ella hace posible modificar el contrato en cada caso, a fin de satisfacer las demandas particulares de la negociación. No sucede lo mismo cuando el nexo del funcionario con el Estado proviene de una regulación genérica, establecida unilateralmente por éste mediante ley o reglamento(7).

Finalmente, si bien es cierto la Corte Constitucional en algunos eventos ha reconocido la extensión de los derechos de naturaleza convencional a trabajadores de las Empresas Sociales del Estado que se escindieron del ISS, también lo es que se trata de circunstancias especiales en las que los servidores requieren de la especial protección del Estado en los términos del artículo 12 de la Ley 790 de 2002(8) y la consecuente aplicación de la estabilidad laboral reforzada también denominada como «retén social», por estar próximos a pensionarse, ser madres cabeza de familia o discapacitados.

2.2.2. De los derechos adquiridos al cambiar de régimen(9) de trabajadores oficiales a empleados públicos.  

La distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales tuvo su origen legal en la Ley 4ª de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal) que definió a los primeros como «todos los individuos que desempeñan destinos creados o reconocidos por las leyes. Lo son igualmente los que desempeñan destinos creados por ordenanzas, decretos y acuerdos válidos».

Más adelante el Decreto 2127 de 1945, que reglamentó la Ley 6ª del mismo año, permitió la vinculación a la administración a través de un contrato de trabajo en las actividades de «construcción o sostenimiento de las obras públicas o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma».

Luego el Decreto Ley 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969 efectuaron la distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales, siendo parte ambas categorías de los denominados «empleados oficiales», hoy «servidores públicos» por virtud del artículo 123 de la Constitución Política. El aludido Decreto 1848 dispuso en el numeral 2º del artículo 7º lo siguiente:

Se aplicarán igualmente, con carácter de garantías mínimas, a los trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se establecen en los decretos mencionados, y sin perjuicio de lo que solamente para ellos establezcan las convenciones colectivas o laudos arbitrales, celebradas o proferidas de conformidad con las disposiciones legales que regulan en Derecho Colectivo del Trabajo (Se resalta).

Por su parte, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo señala:

Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga(10).

Como se observa de las normas transcritas los únicos servidores públicos que pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son los trabajadores oficiales.

En relación con el tema de si las cláusulas convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de los trabajadores oficiales se siguen aplicando aun cuando pasen a ser empleados públicos, la Corte Constitucional en la Sentencia C-314 de 2004 dispuso lo siguiente:

[e]n consecuencia, si la pertenencia de un servidor público a un determinado régimen laboral, llámese trabajador oficial o empleado público, no es un derecho adquirido, entonces la facultad de presentar convenciones colectivas, que es apenas una potestad derivada del tipo específico de régimen laboral, tampoco lo es. Jurídicamente, la Corte encuentra válido considerar que en este caso lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de modo que al no existir un derecho a ser empleado público o trabajador oficial, tampoco existe un derecho a presentar convenciones colectivas si el régimen laboral ha sido modificado.

El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos —los que antes han sido trabajadores oficiales— tendrían derecho a presentar convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de negociación colectiva la condiciones laborales de sus cargos.

Resulta claro, entonces, que el cambio de condición no conlleva automáticamente un derecho adquirido. Lo anterior no significa que los empleados públicos no tengan derecho a la negociación colectiva ya que con fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política pueden constituir sindicatos o asociaciones sin la intervención del Estado y sus representantes tienen derecho al fuero sindical y a las demás garantías para el cumplimiento de su gestión, derecho que es avalado en el ámbito internacional por el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo «sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública», aprobado por Colombia mediante la Ley 411 de 1997 que consagra disposiciones relativas a la protección del derecho de asociación sindical de los servidores del Estado.

Ahora bien, la Corte Constitucional también ha sido reiterativa en expresar que son los derechos adquiridos y no las meras expectativas los que no pueden ser modificados por el legislador(11); en el mismo sentido, la Sección Segunda(12) ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación con la aplicación de las convenciones colectivas a aquellos servidores sujetos a cambios en la naturaleza de su empleo de trabajadores oficiales a empleados públicos, en los siguientes términos:

La aludida convención colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (...) no es viable reconocerle (...) con fundamento en la convención colectiva reclamada, puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 416(13) del CST que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora.

De igual manera, no sobra advertir, que aun aceptándose el argumento de la “reincorporación al servicio de la actora”, ello no es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación, pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente lo contempla el artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución Política.

De igual forma en la Sentencia C-349 de 2004 el máximo tribunal constitucional al estudiar el alcance de las expresiones «automáticamente y sin solución de continuidad» en materia de derechos salariales, prestacionales y garantías convencionales contenidas en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, manifestó lo siguiente:

Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador – trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador - trabajador en principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la convención colectiva vigente. No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos adquiridos (resalta la Sala).

De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional se ha reiterado que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores Sintraseguridadsocial debieron extenderse solo hasta el 31 de octubre de 2004 fecha en que culminó su vigencia.

En efecto, al cambiar la naturaleza jurídica de los trabajadores a empleados públicos y pasar a ser parte de la planta de personal de una empresa social del Estado no le siguen siendo aplicables las disposiciones del derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 del CST que prevé que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis meses en seis meses; ni mucho menos pueden acudir a la denuncia de la convención por ser empleados públicos y estar vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención colectiva que pretende siga siendo aplicable(14).

2.3. Hechos probados

2.3.1. En relación con la vinculación laboral de la actora.

La señora Vilma Leonor Angulo Bovea laboró en el ISS desde el 6 de abril de 1995 (folios 249 y 250 cuaderno 2.°) y se desempeñaba como trabajadora oficial según (folio 277); posteriormente, en virtud de la escisión ordenada mediante Decreto 1750 de 2003, fue incorporada en forma automática a la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento como empleada pública, en donde laboró hasta el 3 de enero de 2008, fecha de su retiro por supresión del cargo (folios 117 ibidem).

2.3.2. Del reconocimiento prestacional e indemnización por supresión del cargo.

La entidad demandada expidió la Resolución 595 del 11 de febrero de 2008 «Por medio de la cual se establece el monto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización de un servidor público de la ESE Luis Carlos Galan Sarmiento en Liquidación» (resaltado y mayúsculas del texto) le reconoció a la señora Angulo Bovea las prestaciones sociales y la indemnización por supresión del cargo (folios 2 a 4 cuaderno principal). Esta y otras resoluciones de la misma naturaleza fueron aclaradas por medio de la Resolución 0804 del 3 de abril de 2008 (folios 6 y 7 ibidem).

El reconocimiento económico contenido en la citada resolución se realizó atendiendo los factores salariales y la tabla de indemnización contemplada en el artículo 14 del Decreto 3202 de agosto 24 de 2007 tal y como se lee en su parte considerativa.

Respecto de la naturaleza del cargo que la actora desempeñaba, la resolución dijo textualmente:

Que el artículo 17 del Decreto Ley 1750 de 2003, estableció, que los servidores públicos que a la entrada en vigencia del decreto se encontraban vinculados a la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, a las Clínicas y a los Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarían automáticamente incorporados, sin solución de continuidad en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado, creadas por este Decreto y que los servidores que sin ser directivos desempeñaran funciones de mantenimiento de la planta física y hospitalaria y de servicios generales conservarían la calidad de trabajadores oficiales sin solución de continuidad

Este acto de reconocimiento prestacional e indemnización le fue notificado a la demandante el 29 de febrero de 2008 informándole que contra él procedía el recurso de reposición (folio 5 ibidem).

2.3.3. De los actos acusados.

Los actos que se demandan son las Resoluciones 595 del 11 de febrero de 2008 por la cual se establece el monto de la liquidación de las prestaciones sociales definitivas e indemnización por supresión del cargo desempeñado por la actora en la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación y 0804 del 3 de abril de 2008 mediante la cual se hace una aclaración a la resolución anterior.

2.4. Análisis de la Sala

Como motivo de censura invoca la parte actora la extensión de los beneficios convencionales acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-314 y C-349 de 2004 y la vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social.

La Sala encuentra que la demandante a partir del 25 de junio de 2003 y con ocasión del Decreto 1750 de 2003 fue incorporada a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en calidad de empleada pública y que, como consecuencia de ello, le fueron reconocidas las prestaciones sociales e indemnización por supresión del cargo, valores que fueron liquidados atendiendo los factores salariales y la tabla de indemnización contemplada en el artículo 14 del Decreto 3202 de 24 de agosto de 2007 proferido por el Gobierno Nacional, por medio del cual se ordenó la supresión y liquidación de la ESE, tal y como se lee en su parte considerativa.

En criterio de la Sala las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar toda vez que la convención colectiva de trabajo, cuya prórroga invoca la demandante como fundamento de la pretensión de nulidad, estuvo vigente del 1º de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004, como se desprende del artículo 2º de la citada convención (folio 29 cuaderno principal) de suerte que no podía producir los efectos jurídicos que ella reclama, después de expirada su vigencia.

Debe resaltarse que la extensión de los beneficios convencionales a los nuevos empleados públicos con el fin de proteger los derechos que traían por su antigua condición de trabajadores oficiales no puede entenderse de manera indefinida y absoluta, pues es claro que la vigencia de las prerrogativas convencionales estaba limitada por la misma vigencia de la convención (31 de octubre de 2004).

Además, la prórroga automática de la convención colectiva, prevista en el artículo 478 del CST no cobijaba a la actora dado que en virtud de su nueva condición de empleada pública de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento no podía beneficiarse de las disposiciones del derecho colectivo del trabajo, por lo que se concluye que no le asiste la razón cuando asegura que se desconocen sus derechos laborales adquiridos.

Ahora bien, en cuanto a los efectos de las sentencias C-314 y C-349 de 2004 proferidas por la Corte Constitucional según las cuales «el cambio de naturaleza jurídica de los cargos, de quienes eran trabajadores oficiales y pasaron a ser empleados públicos, en razón de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, no justifica el desconocimiento de los derechos adquiridos en materia salarial y prestacional», dirá la Sala que comparte dicha postura jurisprudencial en el entendido de que la protección de los derechos adquiridos ordenada en las mencionadas sentencias abarca el periodo de vigencia de la convención colectiva, ya que una vez expirado dicho plazo (31 de octubre de 2004), no pueden hacerse extensivos los beneficios convencionales a quienes pasaron a ostentar la calidad de empleados públicos, pues es claro que, al tenor del artículo 150 de la Constitución Política, su régimen salarial y prestacional es de creación legal y reglamentaria y no convencional.

Finalmente se tiene que en el proceso no obra prueba de las diferencias salariales y prestacionales que la actora reclama producto de lo pactado en la convención colectiva de trabajo 2001-2004, siendo así, ella no logró demostrar que no se respetaron sus derechos adquiridos; no puede olvidar que le asiste la carga probatoria de demostrar el supuesto fáctico consagrado en una norma y de la cual pretende derivar las consecuencias jurídicas que de ellas persigue, como lo establece el artículo 167 del CGP.

2.5. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala no evidencia que se haya incurrido en infracción del ordenamiento jurídico superior ni en los vicios de desviación de poder y falsa motivación, en consecuencia, se mantiene incólume la presunción de legalidad que reviste al acto acusado procediendo la Sala a confirmar la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confirmar la sentencia proferida el 30 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Vilma Leonor Angulo Bovea.

Se acepta la renuncia del poder presentada por el abogado Orlando Zea Mora como apoderado de Fiduprevisora S.A. de conformidad con el memorial obrante a folio 370 ibidem.

No se acepta la renuncia presentada por la abogada Diana Carolina Figueredo Parra, apoderada de la parte demandante (folio 354) por cuanto no acompañó la comunicación exigida por el inciso 4º del artículo 76 del CGP.

Se reconoce personería a la abogada Lina Marcela Bustamante Arias como apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 367.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

4 Folios 16-60.

5 Magistrado Ponente, Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

6 Sentencia C-090 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

7 En Sentencia C-377 de 1998 la Corte estableció que las condiciones laborales de los empleados públicos son fijadas unilateralmente por el Estado, razón por la cual no era posible establecer un derecho de negociación plena a su favor. En este sentido afirmó: «...según la Constitución, el Congreso, por medio de una ley marco, fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y de los miembros del Congreso Nacional, mientras que el Presidente señala la funciones especiales de los empleados públicos y fija sus emolumentos (CP arts 150 ord 19 y 189 ord. 14). Este reparto de competencias se reproduce en el ámbito territorial, pues las asambleas y los concejos determinan las escalas de remuneración de los distintos empleos, mientras que los gobernadores y los alcaldes señalan sus funciones especiales y fijan sus emolumentos (C.P. arts 300 ord. 7.º, 305 ord. 7º, 313 ord. 6.º y 315 ord 7.º). Por ende, conforme a la Constitución, las condiciones de trabajo (funciones y remuneración) de los empleados públicos son determinadas unilateralmente por el Estado.

8 La Ley 790 de 2002 por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República, fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-880 de 1º de octubre de 2003, Magistrados Ponentes Dr. Alfredo Beltrán Sierra y Dr. Jaime Córdoba Triviño.

9 Marco normativo expuesto por esta Sección en la sentencia de 1º de octubre de 2009, Exp. 250002325000200510890 01(0212-2008). Demandante: Martha Catalina Vásquez Sagra y reiterado en la sentencia del 29 de noviembre de 2012, Radicación: 05001-23-31-000-2008-00-197-01 (0013-2012), actor: Gabriel Jaime Gallego Otálvaro, reiterado en la sentencia de 18 de octubre de 2012, Referencia: 250002325000200900216 01. Número interno Interno: 2134-2011, ambas con ponencia del M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

10 Aparte en negrilla declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Doctor Alfredo Beltrán Sierra, «bajo el entendido de que para hacer efectivo el derecho de negociación colectiva contemplado en el artículo 55 de la Constitución Política y de conformidad con los Convenios 151 y 154 de la OIT, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que al respecto formulen los sindicatos, mientras el Congreso de la República regula el procedimiento para el efecto».

11 Sentencia C-453 de 2002, magistrado ponente doctor Álvaro Tafur Galvis.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1º de julio de 2009, Consejero Ponente doctor Gerardo Arenas Monsalve. Radicado 2007-1355.

13 La citada norma establece: «Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga.» aparte declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1234 de 29 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

14 Véase la sentencia del 30 de agosto de 2012 Expediente 2662-11, Consejero Ponente doctor Víctor Alvarado Ardila.