Sentencia 2009-00237/39258 de mayo 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-31-000-2009-00237-01 (39.258)

Actor: Jorge Eduardo Castro y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá D.C., doce de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer el recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia) y con el auto proferido por la Sala plena contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(2), de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2.2. Prelación de fallo.

En la actualidad, la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite fallar, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad de la que fue víctima Jorge Eduardo Castro, tema respecto del cual la sección tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el citado artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2.3. Oportunidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(3), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(4).

En cuanto a la oportunidad para formular la acción indemnizatoria, advierte la Sala que la demanda se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que, si bien no hay constancia de ejecutoria de la providencia que precluyó la instrucción a favor de Jorge Eduardo Castro, ésta fue proferida el 16 de agosto de 2005 y la demanda se formuló el 24 de noviembre de 2006.

2.4. El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido Jorge Eduardo Castro, lo cual ocurrió en vigencia de la Ley 270 de 1996(5), que establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(…)

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(6), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en Sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(7) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(8).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(9).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la sección tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(10).

Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(11).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa(12). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(13).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(14): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(15).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en Sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(16).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (C.P., art. 28) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”(17).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (C.P., art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(18).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(19).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(20).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del indubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda de que tal daño se torna antijurídico y debe ser reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

Así, pues aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e, incluso, así se hubiese proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si se da alguna de las causales recién mencionadas o se estructura una falla en el servicio se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados, siempre que quien demanda no tenga el deber jurídico de soportarlos.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los actores.

2.5. El caso concreto.

Con el material válidamente allegado se tiene que, el 8 de diciembre de 2004, la fiscalía 132 seccional, adscrita a la 3ª Brigada del Ejército Nacional, dio apertura de la instrucción en contra de Jorge Eduardo Castro y otros, con el fin de establecer si aquéllos infringieron la ley penal, las circunstancias de tiempo modo y lugar y lo demás previsto en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal, y manifestó que una vez capturados se dejaran a disposición de tal fiscalía para indagatoria (folios 10 y 11 del cuaderno uno).

El 9 de diciembre de 2004, la fiscalía 132 seccional, adscrita a la 3ª Brigada del Ejército Nacional suscribió misión de trabajo, dirigida al DAS del Valle del Cauca, con el objeto de realizar “labores tendientes a identificar e individualizar a los integrantes de las milicias Urbanas del Frente Gabriel Galvis de las FARC, que operan en los municipios (sic) de Florida y Pradera del departamento (sic) del Valle del Cauca… El investigador del DAS seccional Valle realizará labores investigativas y de inteligencia, de acuerdo con lo dado a conocer a éste (sic) despacho en el informe 155784-SECDAS.GOPE.P.J.2764 del 7 de diciembre (sic) del presente año, así mismo (sic) realizará las demás diligencias que se consideren pertinentes para fortalecer la investigación y establecer las direcciones de los inmuebles en donde habitan los integrantes de las milicias …” (folios 8 a 9 del cuaderno uno).

Según acta de diligencia de allanamiento y registro, firmada por el fiscal 132, Jorge Eduardo Castro, un funcionario de policía judicial y un técnico judicial, ella fue realizada el 12 de diciembre de 2004 al inmueble ubicado en la carrera 2B # 11-93 del municipio de Florida (Valle), oportunidad en que se hallaron y decomisaron un “camuflado completo, unos tenis verdes, una hamaca, dos toallas militares, 2 gorras, una camiseta verde, una sintelita y una tula” (folio 20 del cuaderno uno).

Según acta de derechos del capturado, Jorge Eduardo Castro fue capturado el 12 de diciembre de 2004 (folio 21 del cuaderno uno).

El 29 de diciembre de 2004, la fiscalía 136 seccional de la unidad seccional de fiscalías anuló lo actuado desde la apertura de la instrucción, ordenó la liberación inmediata de las personas aprehendidas y que se adelantara la investigación previa en busca de los objetivos trazados por el artículo 322 del Código de Procedimiento Penal (folios 26 a 33 del cuaderno uno).

El 29 de diciembre de 2004, el fiscal seccional 136 expidió boleta de libertad a favor de Jorge Eduardo Castro (folio 38 cuaderno uno).

El 16 de agosto de 2005, la Fiscalía General de la Nación, fiscal seccional 136, al definir la situación jurídica de Jorge Eduardo Castro y otros: i) se abstuvo de proferir medida de aseguramiento, por cuanto no se reunían los requisitos exigidos en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, ii) ordenó la cancelación de las órdenes de captura de los sindicados y iii) profirió resolución de preclusión de la instrucción a favor de Jorge Eduardo Castro y otros. La fiscalía adujo lo siguiente (se transcribe tal como aparece en el expediente):

“En cuanto a Jorge Eduardo Castro, las prendas militares halladas en su residencia pertenecían a su hijo quien para esas calendas prestaba el servicio militar en el Batallón de Ingenieros ‘Agustín Codazzi’ en la ciudad de Palmira y estuvo destacado en esta población donde las recibió y las dejó guardadas en su casa paterna, Por ese hecho tampoco podemos endilgarle cargos por almacenamiento de prensas militares pues ello no es suficiente probatoriamente. Sobre este sindicado el Reinsertado no concreta definitivamente cuales fueron sus actividades en el grupo subversivo, solo se refiere a que realizó hostigamientos a la tropa my participó en el secuestro de la dueña de la discoteca scorpio, sin determinar cuál fue el grado de participación… Afirmó también que Jorge Eduardo participó en 1996 en el hurto al Banco de Bogotá. Sin embargo, para estas calendas el Sindicado ya laboraba en el Ingenio María Luisa como aparece en la constancia laboral allegada al plenario. Sobre su conducta familiar, social y laboral se allegó abundante material probatorio que infirman los dichos del testigo.

“(…)

“Así las cosas consideramos que la declaración del señor Rubén Darío Valencia González para el caso de estos sindicados no ofrece serios motivos de credibilidad, por cuanto, como se ha anotado, existen varias inconsistencias en cuanto a la información por él suministrada, no es preciso en determinar los cargos y las actividades de los mismos y la que ha suministrado es absolutamente vaga e imprecisa como para elevar cargos provisionales en contra de los procesados. Sus dichos no resisten un debate probatorio positivo y menos en la etapa del juicio…

“Ahora bien, no existiendo mérito probatorio para imponer medida asegurativa en contra de los sindicados y habiéndose recaudado la prueba pertinente, consideramos que por economía procesal, para evitar el desgaste de la administración de justicia y para descongestionar los despachos fiscales, es la oportunidad para dar aplicación al artículo 39 del Código de Procedimiento Penal que autoriza al instructor, para precluir la investigación, en cualquier momento, cuando aparezca demostrado que la conducta no ha existido.

(…)

“Entonces, solo cuenta el despacho fiscal con el Indicio de señalamiento por parte de un tercero como elemento material de prueba, pero no existen otros elementos probatorios que nos permitan tener elementos de juicio razonables para establecer la responsabilidad penal de los sindicados en un delito de ‘rebelión’. Ese señalamiento insular es absolutamente débil probatoriamente. Por el contrario, se han allegado pruebas documentales y testificales que nos hablan de la conducta familiar, social y laboral de los encartados que controvierten lo afirmado por el reinsertado. De acuerdo a ello los contumaces han dedicado su vida a laborar para mantener a sus respectivas familias y tienen arraigo con la comunidad a la cual se dice han colocado en peligro con sus actividades subversivas. Lo cual sería absurdo. No puede el Estado invertir la carga de la prueba para que sean ellos quienes demuestren su ajenidad a esta clase de actividades. Es al Estado a través de sus órganos judiciales como en el presente caso la fiscalía a quien le corresponde respetar los derechos fundamentales de los asociados, entre ellos el de presunción de inocencia” (folios 39 a 50 del cuaderno uno).

Con el material relacionado se acreditó que el señor Jorge Eduardo Castro fue vinculado a una investigación y privado de la libertad; sin embargo, la fiscalía 136 precluyó la instrucción a su favor al encontrar que la conducta no existió.

Como se observa, la situación descrita, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, según la jurisprudencia de esta corporación,esto es, que el acusado no cometió la conducta por la que se le investigaba.

Entonces, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas señaladas, se impone concluir que el demandante, al haber sido privado de la libertad, sin que hubiera cometido delito alguno, no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la demandada de indemnizar o resarcir los perjuicios a él causados, pues, por otra parte, no está probado que la víctima directa del daño se expuso, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la captura que posteriormente fue revocada.

La Sala insiste en que, en casos como éste, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados, en el asunto sub júdice. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(21), las cuales no fueron acreditadas en el plenario.

Vistas así las cosas, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto declaró responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de Jorge Eduardo Castro.

2.6. Indemnización de perjuicios.

La Fiscalía General de la Nación tiene la calidad de apelante único y, por consiguiente, no puede agravarse su situación, únicamente puede mejorarse si las pruebas decretadas y practicadas en el proceso conducen a ello.

Es del caso señalar que, en los alegatos de conclusión allegados en esta instancia, la fiscalía manifestó su inconformidad con los perjuicios reconocidos por el a quo y solicitó su denegatoria.

Al respecto, la Sala advierte que la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación del recurso de apelación, conforme a lo dispuesto por el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, pues, si se analizan en esta instancia temas que no eran los esperados por las partes, porque no estaban comprendidos dentro del escrito del recurso, se viola el debido proceso de la otra parte, ya que ésta carecería así de oportunidad de defensa frente al nuevo argumento o pedimento; en consecuencia, como la Fiscalía en el recurso no se refirió a los perjuicios, la Sala no hará pronunciamiento sobre lo solicitado y se limitará a la actualización de las sumas liquidadas.

2.6.1. Perjuicio moral.

El a quo condenó al pago de 40 smlmv para Jorge Eduardo Castro, 20 smlmv para Edilma Visitación Erazo, 20 smlmv para Sandra Milena Castro Erazo, 20 smlmv para Wilmer Eduardo Castro Erazo y 20 smlmv para Aura María Castro Erazo. Dado que este aspecto no fue objeto de impugnación, la Sala lo confirmará.

2.6.2. Perjuicios materiales (lucro cesante).

Por este concepto, el tribunal condenó a pagar a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a favor de Jorge Eduardo Castro, $ 1.106.028. Esta condena tampoco fue objeto de recurso; por tanto, la Sala solo actualizará la suma liquidada.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 1.106.028), multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se profirió la respectiva sentencia.

RA1
 

III. Condena en costas

Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral 3 de la sentencia apelada, esto es la del 24 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

3. CÓNDENASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a Jorge Eduardo Castro, por concepto de perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante un millón trescientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro pesos ($ 1.389.334).

2. CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia apelada.

3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Consejo de Estado, Sala plena de lo contencioso administrativo, Auto de 9 de septiembre de 2008, exp. 2008 00009.

(3) Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

(4) Entre otros, sentencias del 14 de febrero de 2002 (exp. 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (exp. 21.801).

(5) La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

(6) “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(7) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(8) En este sentido, la sección tercera, subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, exp. 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma …”.

(9) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.

(10) Sección tercera, Sentencia de 1º de octubre de 1992, exp. 7058.

(11) Sección tercera, Sentencia de 25 de julio de 1.994, exp. 8666.

(12) Sección tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391.

(13) Sección tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10.056.

(14) RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”, Memorias del décimo encuentro de la jurisdicción contencioso administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

(15) Sección tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

(16) Sentencia de 20 de febrero de 2008, exp. 15.980.

(17) GARCÍA MORILLO, Joaquín: “Los derechos de libertad (I) la libertad personal”, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al. “Derecho Constitucional”, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 258.

(18) El tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la ley privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo tribunal, en Sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

(19) Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

(20) Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

(21) Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 8 de julio de 2009 (exp. 17.517), de 15 de abril de 2011 (exp. 18.284) y de 26 de mayo de 2001 (exp. 20.299), proferidas por la sección tercera del Consejo de Estado.