CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-26-000-2009-00247-01 (38824)

Consejera Ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Ahylen Sofía Paloma de Villamil

Demandado: Nación - Rama Judicial y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Error jurisdiccional - requisitos para su configuración / Caducidad - acción de reparación directa derivada del error jurisdiccional / Daño antijurídico - no se configuró en el presente caso

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia de la Sala; 2) legitimación en la causa; 3) lo probado en el proceso; 4) caducidad de la acción impetrada; 5) el error jurisdiccional como título jurídico de imputación aplicable a daños ocasionados por la actividad jurisdiccional; 6) caso concreto - no se probó el daño antijurídico; 7) decisión sobre costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, puesto que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, independientemente de la cuantía del proceso(14).

2. Legitimación en la causa.

Con ocasión del daño que originó la presente acción, esto es, el pago de honorarios de un abogado para tramitar la demanda de tutela que dejó sin efectos una sentencia dentro de un proceso ejecutivo singular, concurrió al proceso mediante apoderado judicial la señora Ahylen Sofía Paloma de Villamil como directa afectada por la decisión proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Fosca, Cundinamarca, mediante sentencia del 24 de septiembre de 2004, tal como se desprende de la lectura de dicha providencia(15).

En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se presentó en contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial, la cual acudió representada a través de su apoderado judicial, en virtud del poder conferido por el director ejecutivo de administración judicial(16) y tiene interés en controvertir las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que es la persona jurídica sobre la cual repercutirían las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas del aludido error jurisdiccional al que se refiere el libelo.

3. Análisis de la Sala.

3.1. Cuestión previa: valor probatorio de las copias simples aportadas al proceso.

Sobre el particular, en la sentencia del 28 de agosto de 2013, la Sala Plena de esta Sección unificó el criterio jurisprudencial respecto del valor probatorio de las copias simples; se precisó que serían valorados los documentos aportados por las partes en copia simple que obraran a lo largo de la actuación sin ser tachados de falsos ni controvertidos por las partes.

En la misma se valoraron documentos aportados en copia simple en los siguientes términos:

“En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar - de modo significativo e injustificado el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

“(...)”.

“Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido.

“Por consiguiente, la Sala valorará los documentos allegados en copia simple contentivos de las actuaciones penales surtidas en el proceso adelantado contra Rubén Darío Silva Alzate”(17).

Dicha providencia, que se fundamentó en los principios de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y de acceso efectivo a la administración de justicia, precisó que el criterio unificado se aplicaba a todos los procesos contenciosos administrativos “salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”(18).

En el caso que se examina, se entiende que las piezas del proceso ejecutivo singular y la providencia acusada de error, proferida el 24 de septiembre de 2004, fueron allegadas en copia simple, dado que no contienen certificación alguna respecto de que hubieran sido autorizadas por el juzgado que conoció del referido proceso ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo anterior, dichos documentos allegados por la parte actora no fueron tachados de falsos por la contraparte, por tanto, serán valorados por la Sala para proferir la decisión de fondo, amén de que el presente asunto no recae sobre procesos ejecutivos en los cuales resulte indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo (original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, entre otros), sino que se trata de un proceso contencioso de reparación directa por un supuesto error judicial, de manera que la Sala no encuentra obstáculo alguno para la valoración de los documentos aportados por la parte actora.

Así las cosas, a partir de los hechos acreditados, la Sala determinará si la acción correspondiente se encuentra o no caducada y, posteriormente, analizará si se encuentran acreditados los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado respecto de los hechos narrados en la demanda.

3.2. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado, básicamente, lo siguiente:

— El 10 de noviembre de 2001, las señoras Marleny Jiménez Cortés y Ahylen Sofía Paloma de Villamil celebraron un contrato de arrendamiento sobre un local comercial ubicado en la calle 7 Nº 84-76 de Bogotá, por un período de seis meses, que se prorrogarían de forma sucesiva e indefinida(19).

— El 9 de diciembre de 2002, la señora Marleny Jiménez Cortés cedió el anterior contrato de arrendamiento a la señora Norby Isabel Tirado de Rey, el cual le fue notificado ese mismo día a la arrendataria, señora Ahylen Paloma de Villamil(20).

— El 13 de noviembre de 2002, la señora Norby Isabel Tirado de Rey formuló demanda ejecutiva singular en contra de la señora Ahylen Sofía Paloma de Villamil, con el fin de obtener mandamiento de pago por las siguientes sumas (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“— $ 10.320 contenidos en la factura de venta 91418794 expedida por la ETB, la cual canceló mi representada.

— $ 9.260 contenidos en la factura de venta 91429461 expedida por la ETB, la cual canceló mi representada.

— $ 812.280 contenidos en la factura de venta 91429408 expedida por la ETB, la cual canceló mi representada.

— $ 728. 770 contenidos en la factura de venta 91429481 expedida por la ETB, la cual canceló mi representada.

— $ 654.230 contenidos en la factura de venta 91426375 expedida por la ETB, la cual canceló mi representada”(21).

— Mediante proveído del 20 de marzo de 2003, el Juzgado 52 Municipal de Bogotá libró mandamiento ejecutivo por las referidas sumas de dinero, equivalentes a $ 2.214.860(22).

— En la contestación de la demanda ejecutiva, el apoderado judicial de la señora Ahylen Sofía Paloma de Villamil formuló la excepción perentoria, consistente en “pago parcial”, para cuyo efecto aportó un recibo por la suma de $ 500.000, fechado el 6 de diciembre de 2002, en el cual se hizo constar que ese valor correspondía al pago de las líneas telefónicas referidas en la demanda ejecutiva; asimismo, manifestó que había realizado otros dos abonos de $ 500.000 cada uno a favor de la señora Norby Isabel Tirado de Rey, los días 19 de diciembre de 2002 y 11 de febrero de 2003, respectivamente(23).

— El 24 de septiembre de 2004, el Juzgado Promiscuo Municipal de Fosca, en Descongestión, profirió sentencia ejecutiva(24) y ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito. En dicha providencia se declararon infundadas las excepciones formuladas por la parte ejecutada, específicamente, respecto de la excepción de pago parcial, se manifestó lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“La ejecutante nunca negó los abonos efectuados por los ejecutados y lo tuvo en cuenta al momento de formular la demanda, también demostró documentalmente, al descorrer el traslado de las excepciones, que dichas sumas se destinaron a cubrir las facturas subsiguientes a las que ahora se cobran.

“En cuanto a la suma incorporada en título judicial allegada a este proceso, le asiste razón a la parte actora cuando asegura que no puede tenerse propiamente como abono porque aún no ingresa al patrimonio y el juzgado de conocimiento postergó la entrega del título a liquidación del crédito.

“Así las cosas, la excepción es infundada”(25).

— El 22 de noviembre de 2004, el apoderado de la parte ejecutante presentó la liquidación del crédito por la suma de $3.146.430, la cual fue objetada por la parte ejecutada, por cuanto indicó que no se habían tenido en cuenta los abonos realizados por la suma de $ 1.500.000; sin embargo, a través de proveído fechado el 10 de diciembre de 2004, el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá declaró infundada la objeción presentada y, como consecuencia de ello, aprobó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante(26).

— El 15 de abril de 2005, la señora Ahylen Sofía Paloma de Villamil interpuso demanda de tutela en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Fosca, Cundinamarca, dada la supuesta vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, puesto que, según indicó, a pesar de haber demostrado dentro del trámite del proceso ejecutivo que realizó un pago parcial de la suma ejecutada, el referido despacho judicial no lo tuvo en cuenta, amén de que se trataba de un proceso de única instancia, en el cual no resultaba procedente el recurso de apelación(27).

— A través de providencia del 21 de abril de 2005, el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá decidió conceder la tutela a favor de Ayhlen Paloma de Villamil y, como consecuencia de ello, ordenó al Juzgado Promiscuo Municipal de Fosca que dictara una nueva sentencia en la que se tuviera en cuenta la referida excepción de pago parcial propuesta por la parte ejecutada(28).

— La anterior decisión fue acatada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Fosca, a través de proveído del 28 de abril de 2005, mediante la cual se decidió “declarar probada la excepción de pago parcial”, al tiempo que dispuso seguir adelante con la ejecución del crédito(29).

— Por último, se tiene que a folio 284 del cuaderno 2 obra “factura de venta 001” de fecha 13 de diciembre de 2005, expedida por el abogado Edgar Rafael González Bernal, en la cual se expresó que por concepto de “honorarios por elaboración de tutela contra Juzgado 52 Municipal que conoció el Juzgado 23 Civil del Circuito son: un millón quinientos mil pesos$ 1.500.000”(30); sin embargo, advierte la Sala que no se aportó prueba alguna al proceso respecto de que se hubiera pagado esa suma de dinero por la ahora demandante.

3.2. La caducidad de la acción impetrada.

Tal y como se dejó expuesto en los antecedentes de esta sentencia, la parte actora solicitó en la demanda una indemnización de perjuicios con ocasión de la supuesta expedición irregular de la providencia proferida el 24 de septiembre de 2004 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Fosca, Cundinamarca, a través de la cual se rechazó la excepción de pago parcial formulada por la parte ejecutada, decisión que, posteriormente, llevaría a que la ahora demandante formulara una demanda de tutela e incurriera en los gastos de honorarios del abogado que adelantó la acción.

Así pues, la Sala tomará el día de la expedición de la referida sentencia de tutela como fecha de inicio del cómputo del término de caducidad —abr. 21/2005—, puesto que a partir de esa fecha se evidenció el supuesto error jurisdiccional en que habría incurrido el Juzgado Promiscuo Municipal de Fosca, en la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2004, por manera que por haberse interpuesto la demanda el 15 de septiembre de 2006, se impone concluir que se formuló dentro de la oportunidad legal establecida para tal efecto.

3.3. Caso concreto.

Para el análisis del daño en el presente caso debe precisarse que, tratándose de la responsabilidad edificada en la ocurrencia de un error judicial, el análisis sobre la antijuridicidad del daño presenta una especial connotación, ya que en estos casos no es suficiente con establecer la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses del demandante, sino que se hace necesario revisar este primer elemento —el daño—, de manera que al no cumplirse con la acreditación de este elemento, resulta improcedente abordar el estudio de la imputación y de la consiguiente responsabilidad del Estado.

Como ya lo ha precisado esta Sala de Subsección respecto del daño, este debe ser cierto, es decir, “no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”(31). Así pues, “la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo”(32).

Lo anterior por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a la parte demandante probar los supuestos de hecho sobre los que fundamenta su pretensión de reparación, para lo cual esta debe demostrar la existencia del daño y su carácter de antijurídico.

Para el caso sub examine, advierte la Sala que la parte demandante no probó cuáles fueron los pagos que efectuó al apoderado judicial que tramitó la demanda de tutela a su favor, los que se traducirían en el daño antijurídico por la pérdida de dichos rubros, pues la tan aludida prueba, consistente en la factura por valor de $ 1.500.000, no demuestra per se que, efectivamente, la ahora demandante hubiera erogado dicha suma por el concepto que allí se mencionó.

Cabe reiterar en esta oportunidad que el primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad, toda vez que como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado. En este sentido la Sala ha discurrido así:

“... porque a términos del artículo 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.

“La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, eljuezseocupeinicialmentedeestablecerlaexistenciadeldañoindemnizablequehoyesobjetivamentecomprobableycuyainexistenciadeterminaelfracaso ineluctable de la pretensión”(33).

En época más reciente, sobre el mismo aspecto se señaló:

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

“En efecto, en sentencias proferidas (...) se ha señalado tal circunstancia precisándose (...) que ‘es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado...’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”(34).

Por consiguiente, como resulta imposible adelantar un análisis respecto del restante elemento para acreditar la responsabilidad —la imputación—, debido a que se está en presencia de una falta absoluta de la prueba del daño antijurídico que pudiere ser imputable al Estado, el juzgador se halla relevado de cualquier otro tipo de consideraciones y, por ende, se impone la necesidad de confirmar la sentencia impugnada, pero con fundamento en las razones que se dejan expuestas.

4. Costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B el 20 de enero de 2010, en cuanto denegó las súplicas de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de auto del 9 de septiembre de 2008. Exp. 110010326000200800009 00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(15) Fls. 73 a 78 y 248 a 255, cdno. 2.

(16) El artículo 149 del CCA —modificado por el art. 49 de la Ley 446 de 1998— establece al respecto: “Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados (...). En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, procurador o contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. // El presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación-Rama Judicial estará representada por el director ejecutivo de administración judicial...”.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de septiembre de 2014, Exp. 050012331000199600722 01(31364), C.P. Enrique Gil Botero.

(19) Fls. 18 a 20, cdno. 2.

(20) Fls. 21 a 22, cdno. 2.

(21) Fls. 30 a 33, cdno. 2.

(22) FI. 36, cdno. 2.

(23) FIs. 42 a 46, cdno. 2.

(24) Toda vez que el presente asunto se adelantó en vigencia del Decreto 2282 de 1989, dado que la reforma al mismo se produjo mediante la Ley 1395 de 2010 —art. 38—. El texto vigente para la época de los hechos es el siguiente: “ART. 555.—(...) 6. Si no se proponen excepciones y se hubiere practicado el embargo de los bienes perseguidos, se dictará sentencia que decrete la venta en pública subasta de dichos bienes y su avalúo, para que con el producto de ella se pague al demandante el crédito y las costas”.

(25) Fls. 73 a 78, cdno. 2.

(26) Fls. 95 a 100, cdno. 2.

(27) FIs. 179 a 187, cdno. 2.

(28) Fls. 110 a 117, cdno. 2.

(29) Fls. 119 a 127, cdno. 2.

(30) FI. 479, cdno. 3.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, Exp. 250002326000 2001 0249 01 (32.570), M.P. Hernán Andrade Rincón.

(32) Ibídem.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16.516, M.P. Enrique Gil Botero y del 6 de junio de 2012, Exp. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, Exp. 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón.