Sentencia 2009-00252/19228 de julio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 23001-23-31-000-2009-00252 02 [19228]

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Actor: Hugo Nicolás Vásquez Colón

Demandado: Municipio San Jerónimo de Montería.

Acción de nulidad – contribución de valorización

Bogotá, D.C., trece de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala decidir sobre la nulidad de los acuerdos 7 del 14 de julio de 2008(11) y 10 del 3 de noviembre de 2008(12), expedidos por el Concejo Municipal de Montería.

Acuerdo 7 de 2008

• En Colombia, la contribución de valorización por beneficio general no existe. Según el apelante, el cobro del gravamen por beneficio general no está definido por las normas que regulan el sistema de valorización y esta debe cobrarse sobre el beneficio individual que reciben los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles que se beneficien con la realización de la obra pública y que se encuentren dentro de la zona de influencia.

Al respecto, la Sala precisa lo siguiente(13):

El numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política indicó que corresponde al Congreso “Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”, lo cual indica que es al legislador a quien corresponde crear los tributos y las condiciones generales para su implementación por parte de las entidades territoriales.

Por su parte, los artículos 287(14) y 313(15) ibídem, facultaron a los concejos municipales para administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando la determinación de los mismos corresponda al marco previamente determinado por el legislador, en desarrollo del principio de legalidad tributaria.

Para el caso de la contribución por valorización, el artículo 317 de la Constitución Política estableció que “Solo los Municipios podrán gravar la propiedad inmueble (…)”, potestad que al ser armonizada con la normativa constitucional señalada, debe informarse en las leyes que crean el tributo, pues su ejercicio, en el caso de la contribución por valorización, corresponde a una competencia compartida entre el Congreso y los concejos municipales. Para tal efecto, el gravamen en mención fue objeto de regulación por las leyes 25 de 1921, 195 de 1936, 113 de 1937, 1ª de 1943, 25 de 1959 y por los decretos 868 de 1956, 1604 de 1966 y 1394 de 1970.

Acorde con lo anterior, el artículo 3º de la Ley 25 de 1921(16) estableció el impuesto directo de valorización como una contribución sobre las propiedades raíces que se benefician con la ejecución de obras de interés público local, gravamen que, a pesar de su calificación de “impuesto” contaba con una destinación específica, pues se dirigía a la atención de los gastos que demandaban dichas obras y se tasaba en proporción al valor de las mismas según el beneficio que reportaran(17).

El Decreto Legislativo 868 de 1956, adoptado como ley de carácter permanente mediante la Ley 141 de 1961, reguló el gravamen de valorización como un sistema fiscal especial para la financiación de ciertos planes de obras, dentro del concepto de beneficio general, para lo cual, en el artículo 2º indicó: “El Impuesto de valorización podrá distribuirse en la totalidad del área urbana y de la rural o en una parte cualquiera de esta y aquella o aisladamente en una u otra (…)”. Esta norma mantuvo su vigencia al expedirse el Decreto 1604 de 1966.

Para esto, la norma estableció que la liquidación y distribución del gravamen se podía realizar con base en la capacidad económica de la tierra(18), establecida por coeficientes iguales para zonas de un mismo nivel o valor económico, lo que amplió el concepto del beneficio económico particular del predio afectado con la realización de la obra, o plan de obras, e implementó el concepto de beneficio general, dentro del que se debe precisar, según los coeficientes mencionados, la capacidad de la tierra en cada zona específicamente considerada.

Posteriormente, el artículo 1º del Decreto Legislativo 1604 de 1966(19), que con la expedición de la Ley 48 de 1968 pasó a formar parte de la legislación permanente, amplió la cobertura del gravamen a toda clase de obras de interés público que ejecuten la Nación, los departamentos, los municipios, los distritos o cualquier entidad de derecho público y que beneficien en menor o mayor medida a los predios.

Así mismo, el artículo señalado cambió el concepto de impuesto por el de contribución de valorización, circunstancia acorde con la naturaleza del tributo, pues grava el beneficio que obtiene un predio por la ejecución de una obra pública, lo cual indica que no se impone por vía general a toda la colectividad, sino a los propietarios y poseedores de tales inmuebles; además, cuenta con una destinación específica, cual es sufragar las inversiones que dicha obra requiera. Cabe anotar que el contenido del artículo 1º del Decreto Legislativo 1604 de 1966 fue reiterado por el artículo 234 del Decreto 1333 de 1986.

Según el artículo 9º del citado Decreto 1604 de 1966, la base impositiva de la contribución de valorización corresponde al costo de la obra dentro de los límites del beneficio que la misma produzca, e incluye las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje de imprevistos y hasta un 30% más para gastos de distribución o recaudación(20).

De lo anterior se extrae que la contribución por valorización es un gravamen real que se funda en el beneficio que recibe un predio por la ejecución de una obra pública y la condición de que el mismo sea directo o general depende del impacto que la obra o conjunto de obras tenga sobre la propiedad inmueble, pues con la expedición del Decreto 1604 de 1966, al ampliarse el espectro de las obras de interés público, recuperables por vía de la contribución, se aumentó el número de predios que obtenían beneficios, los que necesariamente no se ven reflejados en el incremento de su valor, sino en la mejora de otros aspectos como pueden ser la movilidad, el acceso, la seguridad, entre otros, tema sobre el que la norma no hizo ninguna distinción.

Se reitera, además, que la facultad de distribuir la participación del beneficio por la realización de las obras, mediante la determinación del método y del sistema, se ejerce como una competencia compartida entre el Congreso, que expide la ley que crea el tributo y determina los parámetros generales de su aplicación, y los concejos municipales que la adaptan a sus precisas circunstancias particulares mediante la expedición del acuerdo respectivo.

Observa la Sala que mediante el Acuerdo 7 del 14 de julio de 2008 el Concejo Municipal de Montería modificó y adicionó el Acuerdo 32 de 2005(21), en el siguiente sentido:

“ART. 1º—Modifíquese el nombre del capítulo II del título II contribuciones, del Acuerdo 32 de 2005, “por el cual se adopta el estatuto tributario del municipio de San Jerónimo de Montería”, el cual quedará así: “Capítulo II contribución de valorización por beneficio local”.

“ART. 2º—Adiciónese un nuevo capítulo al título II contribuciones, del Acuerdo 32 de 2005, “por el cual se adopta el estatuto tributario del municipio de San Jerónimo de Montería”, el cual tendrá en siguiente articulado.

En consecuencia, los artículos nuevos adicionan a la reglamentación establecida en el Estatuto Tributario de Montería respecto a la contribución de valorización por beneficio general.

El artículo 210 del Acuerdo 32 de 2005 definió el hecho generador de la contribución de valorización de la siguiente forma: “ART. 210.—Hecho Generador Constituye hecho generador de la contribución de valorización, la participación en los beneficios que reciban los bienes inmuebles como consecuencia de la ejecución de obras de interés público, realizadas por el municipio o cualquier otra administración municipal delegada por estos”.

El primer “artículo nuevo” del Acuerdo 7 de 2008 precisó que: “la contribución de valorización por beneficio general, es un gravamen real sobre las propiedades inmuebles, destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de beneficio común e interés público realizadas por el Municipio”.

De la anterior disposición se extrae que la connotación de beneficio directo o de beneficio general, está dada por la clase de obras a ejecutar y por la afectación que tengan en los predios ubicados en la jurisdicción del municipio.

A partir de las anteriores consideraciones, en la exposición de motivos del Acuerdo 7 de 2008, se precisó lo siguiente(22):

“(…) la adopción de mecanismos optativos por vía de inclusión en el artículo 244 del Código de Régimen Municipal, contenido en el Decreto-Ley 1333 de 1986, de tal regulación, en cabeza de los municipios, fue el paso necesario para ampliar el enfoque tradicional del cobro de valorización, que siendo hasta ese momento solo liquidado en consideración al beneficio económico individual del precio que resultare favorecido con la obra pública financiada, fue incrementado a partir de entonces; en efecto surgió el concepto de beneficio general para planes de obras de gran magnitud, cuyo propósito fuere generar evidente mejoramiento urbanístico en la totalidad o en gran parte del perímetro municipal”.

“(…)

“(…) determinado el escenario legal aplicable al propósito del presente proyecto, aparejado con la obligación del Estado de satisfacer las necesidades públicas de la generalidad, encontramos que en el mismo está incluida la ejecución de grandes obras que reporten bienestar a la comunidad y que implican beneficio permanente para todos los ciudadanos; por ello se hace necesario acudir al concurso indispensable de todos los monterianos, fijándoles el deber de contribuir de forma especial, pues es con esta participación esencial que será posible la materialización de los logros propuestos, y que de otra manera no podrían llevarse a cabo en razón de los enormes costos de tales obras que a las claras hacen imposible su financiación a través del sistema tradicional de valorización por beneficio local.

“(…)

Así, las obras en cuestión resultan ser:

1. Construcción de la solución vial en la intersección de la Av. Circunvalar con las Calles 29 y 30 (que se denominará “Puente de las Golondrinas”).

2. Ampliación de la Rotonda del Sinú.

3. Reconstrucción, ampliación y mejoramiento de la Calle 24 entre la Av. Circunvalar y la Carrera 1ª.

4. Reconstrucción, ampliación y mejoramiento de la Calle 27 entre la Av. Circunvalar y la Carrera 1ª.

5. Reconstrucción, ampliación y mejoramiento de la Carrera 2 entre Calles 41 y 24 (paseo comercial de la 2ª).

6. Reconstrucción y mejoramiento del perímetro de la zona institucional entre la Calle 26 a la Calle 29 y entre la Carrera 1ª y la Carrera 5ª.

7. Adecuación, mejoramiento y recuperación de la vía, andenes y separador de la Calle 41 entre la Av. Circunvalar y la Carrera 1ª.

8. Construcción de un Parque lineal desde el barrio el Prado hasta el barrio Mogambo (paralelo a la diagonal 2D, contiguo al canal del sur).

9. Construcción de un Parque lineal entre los barrios Cantaclaro y la Pradera.

10. Mejoramiento del Canal de Mocarí.

11. Construcción de un Parque Recreativo en el Sur.

12. Construcción de un Parque Recreativo en la margen izquierda del Rio Sinú.

13. Construcción de un Parque en el Norte de la ciudad (actual asilo de ancianos)”.

Para la Sala es claro que el beneficio que se deriva de la ejecución de las obras aludidas repercute en la totalidad de los predios ubicados en la jurisdicción territorial del municipio y, por ende, al concejo municipal le correspondía, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas, fijar la forma de distribuir el costo y el beneficio generado por el plan de obras a realizarse mediante la contribución de valorización.

Por lo mismo, la determinación del “beneficio general”, cuestionada por la parte actora, la cual tiene fundamento legal en las normas antes referidas, no puede entenderse como una desnaturalización de la contribución por valorización, pues en razón de la trascendencia de las obras se ven beneficiados todos los predios del municipio y, por tanto, son susceptibles del gravamen, razón por la cual se liquida el tributo de manera individual, con una destinación específica que, como se dijo, no es otra que atender los gastos que tales obras demanden, sin que dicho beneficio se represente necesariamente en un incremento del valor económico del predio, sino de otro tipo de beneficios que impactan en el bienestar de la comunidad en general.

• El Acuerdo 7 de 2008 es nulo por no precisar las facultades o atribuciones constitucionales y legales en que se fundamentó el Concejo Municipal para proferir el acuerdo.

Al respecto la Sala observa que la falta de invocación de las normas en que se fundamentó el acto demandado, no es causal de ilegalidad per se, pues como se vio, la contribución de valorización tiene sustento legal y constitucional. Igualmente, en la exposición de motivos que hace parte integral del acuerdo(23), se precisaron las siguientes normas: Artículo 317 de la Constitución Política, Ley 25 de 1921, Decreto 1604 de 1966 y Decreto-Ley 1333 de 1986, razón por la que se entiende que el acto acusado está debidamente fundamentado y fue proferido dentro de las competencias constitucionales y legales asignadas al Concejo.

• El Acuerdo 7 de 2008 es nulo por carecer de numeración

Observa la Sala que el artículo primero del mismo se limitó a modificar el nombre del capítulo II del título II “contribuciones” del Acuerdo 32 de 2005, por el: “capítulo ii contribución de valorización por beneficio local”.

El artículo segundo del Acuerdo 7 de 2008 adicionó un nuevo Capítulo al Título II “contribuciones” del Acuerdo 32 de 2005, relativo a la “Contribución de Valorización por Beneficio General”, toda vez que no modificó ningún artículo, sino que incluyó un capítulo nuevo que se integra al acuerdo, dicha modificación no hace incomprensible el acuerdo modificado, en la medida que lo que hace es integrar un tema específico relativo a la contribución de valorización por beneficio general.

Adicionalmente, si bien el Acuerdo 7 de 2008 denomina a la mayoría de sus artículos “artículo nuevo” sin enumerarlos, tal irregularidad no afecta ni la legalidad ni la finalidad del acto.

• El artículo 1º del Acuerdo 7 de 2008(24) creó un impuesto que grava la propiedad inmueble como el predial unificado.

Observa la Sala que la contribución de valorización no es un impuesto, es una contribución que se cobra sobre un plan de obras determinado. Por otra parte, el impuesto predial es un impuesto que se cobra para recaudar dinero que será invertido en el sostenimiento de la ciudad.

Debe advertirse que frente a un planteamiento similar pero referido al Acuerdo 10 de 2008 expedido por el Concejo Municipal de Montería, la Sala se pronunció en la sentencia del 10 de abril de 2014, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, así:

«4.3. A diferencia de lo que ocurre con el impuesto predial, la contribución de valorización no es un impuesto porque no grava por vía general a todas las personas, sino al sector de la población que se beneficia, en mayor o menor grado, con la ejecución de la obra pública. Además, tiene una destinación específica —financiación de las obras públicas—, aspecto que no solo la identifica y caracteriza, sino que representa un elemento esencial de su existencia, contrario a lo que ocurre con el impuesto predial cuya destinación la determinan los entes territoriales.

Según lo disponen los artículos 317 de la Constitución, 3º de la Ley 25 de 1921 y 1º del Decreto-Ley 1604 de 1966, la contribución de valorización se causa sobre los bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de derecho público.

Así pues, el hecho gravable lo constituye la ejecución propiamente dicha de las obras públicas, mientras que los sujetos pasivos son los propietarios, poseedores y concesionarios de los bienes inmuebles beneficiados con las obras.

De otro lado, conforme lo dispone el artículo 9º del Decreto-Ley 1604 de 1966, se tiene como base gravable de la contribución de valorización “el costo de la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y recaudación de las contribuciones”.

4.4. Por su parte, el impuesto predial unificado se encuentra a cargo de todos los propietarios, poseedores, tenedores y usufructuarios de bienes inmuebles y a favor de los municipios o distritos, quienes son los únicos que pueden establecer este impuesto en virtud del artículo 317 de la Constitución.

(…)

4.5. En ese orden de ideas, no puede sostenerse, como lo hacen los demandantes, que existe una doble tributación pues, como se explicó, los elementos de la contribución de valorización son muy diferentes al del impuesto predial unificado, así como la destinación de los dineros recaudados por ambas vías».

Por consiguiente, si bien la contribución de valorización como el impuesto predial unificado son gravámenes reales, no tienen el mismo hecho generador, ya que el impuesto predial grava la propiedad o posesión de los inmuebles ubicados en las áreas urbanas, suburbanas y rurales del municipio, mientras que la contribución de valorización por beneficio general grava los inmuebles beneficiados por la realización de una obra o conjunto de obras determinadas.

• El tercer “artículo nuevo” crea un impuesto de obras públicas que no existe en la ley.

Como lo indicó el a quo, el actor acude a la literalidad de la norma para derivar la creación de un impuesto, sin embargo, dentro del contexto de la regulación que comprende los demás artículos, se advierte que únicamente se refiere al objeto mismo de la contribución de valorización consistente en financiar obras que benefician a la comunidad en general.

• Los “artículos nuevos” cuarto y sexto son contradictorios al establecer, por una parte, un “beneficio general” pero, por otra, ordenar la liquidación del tributo a cada propietario o poseedor del inmueble.

La Sala advierte que los argumentos del actor frente a los mencionados artículos, giran en torno a una interpretación que hace el demandante en relación con la existencia o no de la contribución por beneficio general, aspecto que ya fue dilucidado, al analizar las normas que sirven de fundamento a los entes territoriales y que implementaron el concepto de beneficio general, el cual ya no solo incluye el mayor valor del inmueble recibido por la obra sino la obtención de otro tipo de beneficios.

Entonces, para resolver los cargos propuestos por el demandante frente a este grupo de artículos, la Sala insiste en que el hecho que la contribución se calcule respecto de cada propietario o poseedor de los inmuebles beneficiados con la obra, no desdibuja el carácter de beneficio general, sino que es la forma en que debe hacerse el reparto de la contribución, de acuerdo con los sistemas y métodos previstos.

• El decimotercero “artículo nuevo” desconoce el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006 al señalar tasas de interés moratorios diferentes a los que contempla la ley.

La mora en materia de obligaciones tributarias de las entidades territoriales está regulada en el artículo 88 de la Ley 14 de 1983(25), el artículo 260 del Decreto 1333 de 1986(26) y específicamente para las contribuciones como en el caso concreto, el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006(27), señaló: “A partir de la vigencia de la presente ley, los contribuyentes o responsables de las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que no las cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario”.

A su vez, el artículo 12 de la Ley 1066 de 2006 modificó el artículo 635 del Estatuto Tributario, así:

“ART. 635.—Determinación de la tasa de interés moratorio. Para efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea a partir del 1º de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora.

Las obligaciones con vencimiento anterior al 1o de enero de 2006 y que se encuentren pendientes de pago a 31 de diciembre de 2005, deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa vigente el 31 de diciembre de 2005 por el tiempo de mora trascurrido hasta este día, sin perjuicio de los intereses que se generen a partir de esa fecha a la tasa y condiciones establecidas en el inciso anterior.

PAR.—Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales”.

El artículo 13 “artículo nuevo” acusado, del Acuerdo 7 del 14 de julio de 2008 señala: “El interés por mora se liquidará sobre el saldo insoluto de contribución si han expirado los plazos, o sobre las cuotas causadas y no pagadas si el plazo se encuentra vigente, a la tasa del uno y medio por ciento (1.5%) mensual durante el primer año de mora y del dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante”.

De esta forma se observa que mientras la Ley 1066 de 2006, ordena la determinación de intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario, fijada por la misma ley como la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora, el artículo 13 “artículo nuevo” acusado, del Acuerdo 7 del 14 de julio de 2008 la determina en el 1.5% mensual durante el primer año de mora y del dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante,lo que evidencia que se aparta de los parámetros fijados por la norma superior.

En esas condiciones, la Sala anulará el aparte del artículo (13) nuevo del Acuerdo 7 de 2008 que prevé «a la tasa del uno y medio por ciento (1.5%) mensual durante el primer año de mora y del dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante», por cuanto, como se estableció los intereses aplicables son los previstos en la Ley 1066 de 2006, norma que remite al Estatuto Tributario y, para efectos de la tasa, corresponde a la establecida en el artículo 635 E.T.

• El 21 “artículo nuevo” viola el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, porque el proceso de discusión contra la resolución que liquida la contribución debe seguirse de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo y no conforme al Estatuto Tributario Nacional, como lo ordena el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

Según el artículo 21 “nuevo” del Acuerdo 7 del 14 de julio de 2008: “Contra la resolución que liquida la respectiva contribución de valorización por beneficio general, proceden los recursos ante la autoridad que la expidió, de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo. Para la exigibilidad del gravamen de valorización y para la interposición de recursos, la liquidación correspondiente a cada propiedad se entenderá como un acto independiente aunque se dicte una sola resolución para asignar varias contribuciones”.

Observa la Sala que los argumentos de la demanda se encaminan a respaldar la legalidad del acto acusado, toda vez que señala que «el proceso de discusión contra la resolución que liquida la contribución debe seguirse de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo y no conforme con el Estatuto Tributario Nacional»(28), circunstancia que es la establecida en el acto acusado.

Entonces, como el actor no expresó argumentos de oposición en contra de la norma acusada, no procede su nulidad.

Acuerdo 10 de 2008

Según el apelante, el artículo 1º del Acuerdo 10 de 2008 viola el artículo 1º de la Ley 44 de 1990(29), por cuanto el plan de obras incluye seis parques, financiados mediante la contribución de valorización por beneficio general y a su juicio, de esta forma se revive el extinguido impuesto de parques.

La Sala precisa que en sentencia del 10 de abril de 2014, exp. 18730 (Acumulado), M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez, se pronunció sobre la legalidad del Acuerdo 10 de 2008, oportunidad en la cual, se analizó un cargo diferente al ahora expuesto, pues los actores sostenían que el artículo 1º demandado generaba una doble tributación, porque el impuesto predial está previsto para dichos efectos.

La Sala precisa que la fusión en un solo impuesto denominado impuesto predial unificado del impuesto de parques y arborización, entre otros, no permite sostener que haya desaparecido y, por ende, concluir que el cobro de la valorización por la construcción de parques reviva dicho impuesto. Como lo precisó la Sala en la sentencia antes indicada, «[s]i bien la regulación del impuesto predial unificó dicho tributo con el impuesto de parques y arborización, que se destinaba a la construcción y embellecimiento de parques, actualmente el impuesto predial unificado no tiene una destinación específica, sino que, en virtud de la autonomía territorial, los municipios y distritos tienen la facultad de establecer su destinación, conforme a las necesidades de cada ente territorial»(30).

En ese contexto, el hecho que genera la contribución es la construcción de los parques por un beneficio general, por tanto, su financiación se debe efectuar a través de la contribución por valorización.

En cuanto a lo planteado por el demandante contra los artículos 2º, 4º y 6º del Acuerdo 10 de 2000, se advierte que si bien la Sala en la sentencia del 10 de abril de 2014, antes referida, se pronunció sobre la legalidad de dichas normas con argumentos que, de manera general cuestionaban también la falta de claridad sobre la base gravable, el método aplicable para determinar el grado de beneficio y la forma de hacer el reparto, en esta oportunidad los planteamientos contienen algunos aspectos diferentes que la Sala procede a analizar, sin dejar de lado el criterio que ya fue sentado.

Precisado lo anterior, el apelante sostiene que el artículo segundo del acuerdo fijó el monto distribuible sin ningún criterio técnico ni económico. Que no existe en la exposición de motivos del acuerdo citado ni en anexo alguno, la forma como se determinó la cuantía que se proyecta distribuir por $ 70.000.000.000. Estimó que la base de la contribución no se encuentra debidamente determinada, ya que no se puede establecer de forma arbitraria sobre un valor estimado que no fue justificado por la Alcaldía ante el Concejo de Montería, como tampoco se justificó el porcentaje del 20% de gastos de administración ($ 14.000.000.000) que es manifiestamente exagerado.

El Tribunal declaró la nulidad del artículo 2º del Acuerdo 10 del 13 de noviembre de 2008, por estimar el a quo que: “al no obrar en el expediente un estudio o documento donde conste la forma como se fijó el costo estimado de las obras, el artículo segundo del Acuerdo 10 de 2008 es nulo por no atender la previsión normativa contenida en el artículo 9º del Decreto 1604 de 1966(31)”.

Según el ente demandado en el recurso de apelación, el monto distribuible obedeció en un principio, al costo total de las obras y gastos de administración e imprevistos, y tal cifra, de manera preliminar surge del presupuesto del plan de obras, presupuesto realizado en su momento por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería y presentado al alcalde a través de oficio del 22 de agosto de 2008, así:

ObraValor estimado
1Construcción de la solución vial en la intersección de la Av. Circunvalar con las calles 29 y 30 (que se denominará “Puente de las Golondrinas”).$ 7.450.000.000
2Ampliación de la Rotonda del Sinú hacia el sur y la margen izquierda del rio Sinú7.300.000.000
3Reconstrucción, ampliación y mejoramiento de la Calle 24 entre la Av. Circunvalar y la Carrera 1ª.5.000.000.000
4Reconstrucción, ampliación y mejoramiento de la Calle 27 entre la Av. Circunvalar y la Carrera 1ª.6.000.000.000
5Reconstrucción, ampliación y mejoramiento de la Carrera 2 entre Calles 41 y 24 (paseo comercial de la 2ª).5.500.000.000
6Reconstrucción y mejoramiento del perímetro de la zona institucional entre la Calle 26 a la Calle 29 y entre la Carrera 1ª y la Carrera 5ª.5.800.000.000
7Adecuación, mejoramiento y recuperación de la vía, andenes y separador de la Calle 41 entre la Av. Circunvalar y la Carrera 1ª3.400.000.000
8Construcción de un Parque lineal desde el barrio el Prado hasta el barrio Mogambo (paralelo a la diagonal 2D, contiguo al canal del sur).3.250.000.000
9Construcción de un Parque lineal entre los barrios Cantaclaro y la Pradera.2.400.000.000
10Mejoramiento del Canal de Mocarí.2.500.000.000
11Construcción de un Parque Recreativo en el Sur1.500.000.000
12Construcción de un Parque Recreativo en la margen izquierda del Rio Sinú.2.000.000.000
13Construcción de un Parque en el Norte de la ciudad (actual asilo de ancianos).2.500.000.000
 Total obras54.600.000.000
 Interventorías 7%3.822.000.000
 Total obras + Interventorías58.422.000.000

Con fundamento en dicho presupuesto, el Presidente del Concejo Municipal en la exposición de motivos del acuerdo acusado precisó que el monto distribuible debía ser de $ 70.000.000.000, pues se tomó como base $ 58.422.000.000 y a esta cifra se adicionó un porcentaje que no supera el 20% destinado para gastos de administración y otro tanto para imprevistos.

Observa la Sala que como quedó anotado anteriormente, dentro de los antecedentes administrativos figura copia del oficio del 22 de agosto de 2008, por medio del cual el Secretario de Infraestructura Municipal informó al Alcalde de Montería el valor de las obras que se proponen para el proyecto de valorización(32), el cual se apoyó en un estudio socioeconómico presentado en junio de 2010 por la Unión Temporal Valorización Montería, que se fundamentó en la estratificación y uso de los predios, así como en los ingresos de los habitantes del municipio y que obra en el cuaderno anexo, en el que concluye que «recomienda que se distribuya un monto equivalente al 65% por ciento de la misma, que significa un monto que, sin afectar sensiblemente la relación ingresos-gastos de la comunidad monteriana, se encuentra dentro de las posibilidades de pago»(33).

Con fundamento en lo anterior, el artículo 2º del Acuerdo 10 de 2008 fijó en $ 70.000.000.000 el monto distribuible de la valorización(34) y en la exposición de motivos del citado acuerdo se precisaron las obras que se ejecutarían y a las cuales ya se ha hecho referencia(35), sin que el demandante haya aportado pruebas para controvertir dicha cifra que, como se indicó, se sustentó en un estudio técnico.

En esas condiciones, la Sala revocará el numeral primero de la sentencia apelada en cuanto anuló el artículo 2º del Acuerdo 10 de 2008.

Respecto del argumento del apelante, según el cual, no procede la nulidad del literal c) del artículo 3º del Acuerdo 10 de 2008(36), porque la norma contempla un beneficio en, primer término, a los inmuebles gravados, y más allá de esto, un mejoramiento en la calidad de vida de toda la población en su área de influencia.

El Tribunal fundamentó su decisión de anular el literal c) del artículo 3º del Acuerdo 10 de 2008, en que el beneficio por la contribución de valorización recae sobre el mejoramiento de la calidad de vida y no sobre la propiedad inmueble, como lo prevén la Ley 25 de 1921 y el Decreto 1604 de 1966.

Al respecto, observa la Sala lo siguiente:

El artículo 4º del Acuerdo 10 de 2008 señala:

“ART. 4º—Fijación del método. Para obtener los resultados cuantitativos en la distribución, liquidación y asignación individual de la Contribución de Valorización, por el Sistema de Beneficio General, al tenor del artículo precedente, se adopta el método que integra matemáticamente los siguientes factores de beneficio:

— El impacto de las obras sobre la totalidad de las áreas urbana, de expansión y suburbana del Municipio.

— La estructura y distribución de usos del suelo conforme al Plan de Ordenamiento Territorial

— Los topes de absorción previstos para cada uso del suelo y cada estrato socioeconómico.

— Área del terreno. El área objeto de la contribución de Valorización, será aquella que resulte ser la mayor extensión entre el tamaño del lote y el área construida.

— Las exenciones previstas por la ley o los Acuerdos Municipales.

El artículo quinto del mismo acuerdo señaló que acorde con los anteriores parámetros, le corresponde al Alcalde Municipal consolidar los factores de beneficio anunciados, en una formulación matemática que permita obtener los resultados cuantitativos previstos, conforme al gravamen individual que le corresponda a cada contribuyente, respetando los principios de justicia y equidad en la distribución.

En consecuencia, se establece la obligación del municipio de Montería de tener en cuenta diferentes factores para precisar el monto de la contribución que corresponde a cada predio, atendiendo a los diferentes factores que allí se prevén. En esas condiciones, la lectura de la norma demandada no debe ser literal sino entendida dentro de todo un conjunto de reglas dispuestas en el mismo Acuerdo 10 de 2008 que permiten concluir que el beneficio se genera respecto de los bienes inmuebles.

El interés público es la razón misma de existir del Estado, el cual debe buscar siempre la satisfacción de las necesidades comunes de los asociados, con base en el principio de la solidaridad social, todo lo cual justifica la autoridad del Estado, el cual define cuando se trata de una obra de beneficio general o público, porque beneficia a toda la comunidad, independientemente del mayor valor económico que genere a los diferentes predios que puedan resultar afectados.

Y es que el beneficio esperado por la ejecución de las obras no corresponde al arbitrio del órgano de representación popular del municipio, pues en la exposición de motivos del Acuerdo 10 de 2008(37) se evaluaron los beneficios esperados con la construcción de las obras(38), lo que a la larga también conlleva un incremento en el valor de los inmuebles.

En esas condiciones, la Sala revocará el numeral segundo de la sentencia apelada, en cuanto anuló el literal c) del artículo 3º del Acuerdo 10 de 2008.

El demandante sostiene que el artículo cuarto del Acuerdo 10 de 2008 establece que el método integra matemáticamente factores de beneficio y los relaciona, pero no dice cuál es el método para determinar los costos y beneficios de la obra ni la forma de hacer la distribución.

Al respecto se advierte que el artículo 5º del Acuerdo 10 de 2008, precisó lo siguiente: “Consolidación del método. El Alcalde Municipal ajustándose a los parámetros del método que aquí se fija, mediante decreto motivado consolidará los distintos factores de beneficio enunciados, en una formulación matemática que permita obtener los resultados cuantitativos previstos, conforme al gravamen individual que le corresponda a cada contribuyente, respetando los principios de justicia y equidad en la distribución”.

De esta forma, el Concejo de Montería determinó de manera clara el método a aplicar, esto es, el de factores de beneficio, y definió los factores que deberán ser tenidos en cuenta por el Alcalde, así como los topes de absorción, para la liquidación de la contribución. Así mismo, estableció la obligación de asignarle a cada factor un coeficiente numérico para efectos de definir la tarifa aplicable y determinar el valor de la contribución de valorización para cada predio.

Igualmente, de la lectura del Acuerdo 10 de 2008 se extraen las reglas y directrices generales fijadas por el Concejo para determinar los costos y beneficios de las obras y la forma de hacer su distribución, recaudación y cobro, por lo que la Sección lo encuentra ajustado a derecho(39).

En cuanto al argumento del apelante, según el cual, la forma de hacer el reparto de la contribución de valorización no es clara por cuanto el artículo sexto del acuerdo acusado fija la forma de hacer la distribución de la contribución, a través de unos topes de absorción en forma de intervalos para todos los propietarios de bienes inmuebles sin ningún tipo de criterio técnico ni económico, observa la Sala lo siguiente:

El artículo 6º establece unos topes en función del uso del suelo y de la estatificación socioeconómica, lo cual, contrario a lo sostenido por el demandante, se fundamentó en el estudio socioeconómico presentado en junio de 2010 por la Unión Temporal Valorización Montería, el cual obra en el cuaderno anexo y que precisamente realizó una revisión y análisis de la estratificación económica y usos del suelo por constituirse en una variable en la determinación del monto del gravamen, para lo cual basta revisar que se hicieron ajustes de datos catastrales se discriminaron los predios, etc., todo lo cual fue tenido en cuenta como antecedente para la expedición de la norma demandada.

En cuanto al argumento del apelante según el cual el artículo 8º del Acuerdo 10 de 2008(40) viola el artículo 59 de la Ley 788 de 2002(41) porque dispone que el Alcalde mediante decreto fijará los procedimientos para la notificación, liquidación y cobro de la contribución de valorización, observa la Sala que el argumento expuesto por el actor no es claro en su motivación pues no se puede deducir si su inconformidad apunta a la delegación de la función o al tipo de normativa , sin embargo, de la lectura del cargo, la norma acusada se limita a facultar al Alcalde para que mediante decreto determine los procedimientos para la notificación, liquidación, asignación, facturación, cobro y recaudo de la contribución de valorización, acto administrativo que no es objeto de control y, por tanto, no podría concluirse si la normativa expedida en ejercicio de esta facultad, viola el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

En cuanto al argumento según el cual el artículo 10(42) del Acuerdo 10 de 2008 al autorizar a la Administración Municipal para establecer los montos que podrá cobrar por la expedición de estados de cuenta por concepto de la contribución de valorización, viola el artículo 16 de la Ley 962 de 2005(43), por cuanto se trata de un cobro que no está legalmente autorizado, observa la Sala lo siguiente:

La tasa por el cobro de fotocopias, constancias, certificaciones y paz y salvos fue creada por la Ley 57 de 1985 por las siguientes razones:

El artículo 320(44) de la Ley 4ª de 1913, estableció que todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos que existan en las secretarías y en los archivos de las oficinas del orden administrativo, siempre que no tengan carácter de reserva; que el que solicite la copia deberá suministrar el papel que debe emplearse y pagar al amanuense, y que las copias puedan sacarse bajo la inspección de un empleado de la Oficina y sin dificultar los trabajos de esta. Dicha disposición fue reiterada por el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo(45), subrogado por la Ley 57 de 1985(46), en los artículos 17 y 24.

El artículo 17 de la referida ley, señala:

“ART. 17.—La expedición de copias dará lugar al pago de las mismas cuando la cantidad solicitada lo justifique.

El pago se hará a la tesorería de la entidad o en estampillas de timbre nacional que se anularán, conforme a la tarifa que adopte el funcionario encargado de autorizar la expedición.

En ningún caso el precio fijado podrá exceder al costo de la reproducción” (resalta la Sala).

A su vez, el artículo 24 ordena:

“ART. 24.—Las normas consignadas en los artículos anteriores serán aplicables a las solicitudes que formulen los particulares para que se les expidan certificaciones sobre documentos que reposen en las oficinas públicas o sobre hechos de que estas mismas tengan conocimientos”.

De conformidad con lo anterior, la Ley 57 de 1985 autorizó el cobro de copias, certificaciones y constancias que expidan la Nación, los departamentos y los municipios(47) y dispuso que dicho cobro estuviera sujeto a la cantidad de copias solicitadas, según la tarifa que fije el funcionario competente, sin exceder, en todo caso, el costo de la reproducción.

Ahora bien, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-099 del 31 de enero de 2001(48) con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 17 de la Ley 57 de 1985, declaró exequible la norma acusada y para el efecto precisó:

“En síntesis, como el legislador en la Ley 57 de 1985 , art. 17 , subrogó el art. 24 del Decreto 1º de 1984, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 338 en concordancia con los artículos 150-12, 300-4 y 313-4 superiores pues el Congreso de la República ejerció una función propia de su ámbito constitucional al establecer una modalidad de tasa a favor de una entidad pública cuando autorizó el cobro de las copias, cuando la cantidad así lo justifique, tendientes a la recuperación de los costos de la producción de la publicaciones por parte de los organismos públicos; en virtud del derecho de petición de un ciudadano, todo lo cual, en criterio de esta corporación procura una finalidad protegida constitucionalmente, pues, la disposición cuestionada contiene un elemento de discrecionalidad que le otorga al servidor público que autoriza la expedición de las copias determinar si la cantidad solicitada justifica el cobro de las mismas, tarifa que además no podrá exceder el costo económico material de la reproducción, lo que torna justo, razonable y proporcional la disposición cuestionada, pues la norma acusada contiene un criterio equitativo, repárese que los gastos del Estado deben estar fundamentados en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad y equidad” (subraya la Sala).

De esta forma, la Corte Constitucional señaló que la tasa por expedición de copias y certificados está ajustada a la Constitución y precisó que conforme a la ley, los municipios están autorizados para determinar la tarifa correspondiente, siempre y cuando no exceda el costo de la reproducción.

En consecuencia, toda vez que el estado de cuenta de la contribución se enmarca dentro de las certificaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 57 de 1985, por tratarse de “solicitudes que formulen los particulares para que se les expidan certificaciones sobre documentos que reposen en las oficinas públicas o sobre hechos de que estas mismas tengan conocimientos”, encuentra la Sala que su cobro se encuentra legalmente autorizado(49).

En cuanto al argumento del demandante según el cual el Concejo Municipal de Montería no dio el segundo debate para la aprobación de los acuerdos demandados, por cuanto las respectivas sesiones se limitaron a discutir la forma como se votaba, razón por la que a su juicio se violó el artículo 73 de la Ley 136 de 1994(50), observa la Sala lo siguiente:

En los folios 112 a 118 del cuaderno principal figura el Acta 115 del 9 de julio de 2008 en la que se discutió y aprobó en segundo debate el Acuerdo 7 de 2008, y en los folios 57 a 62 principal figura el Acta 158 del 1º de noviembre de 2008 en la que se discutió y aprobó en segundo debate el Acuerdo 10 de 2008.

Se observa en ambas actas que la Presidencia del Consejo abrió el debate para la respectiva discusión y los concejales intervinieron en defensa o en oposición del respectivo proyecto de acuerdo, el hecho de que según el actor, no se haya generado controversia, no implica que los debates surtidos carecen de validez. No prospera el cargo.

Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se anulará parcialmente el artículo 13 “artículo nuevo” del Acuerdo 7 del 14 de julio de 2008 y se negarán las demás súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 22 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. En su lugar, dispone:

2. DECLÁRASE la nulidad del aparte del artículo (13) “artículo nuevo” del Acuerdo 7 de 2008 proferido por el Concejo Municipal de Montería, que prevé «a la tasa del uno y medio por ciento (1.5%) mensual durante el primer año de mora y del dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante», por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

11 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 32 de 2005, por el cual se adopta el Estatuto Tributario del Municipio de San Jerónimo de Montería”.

12 “Por medio del cual se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio general para la construcción de un plan de obras y se dictan otras disposiciones”.

13 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 21 de agosto de 2014, exp. 19465, M.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

14 C.P. ART. 287.—“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: (…) 3.- Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

15 C.P. ART. 313.—“Corresponde a los concejos: (…) 4.- Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales”.

16 “ART. 3º—Establécese el impuesto directo de valorización, consistente en una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local, como limpia y canalización de ríos, construcción de diques para evitar inundaciones, desecación de lagos, pantanos y tierras anegadizas, regadíos y otras análogas, contribución destinada exclusivamente a atender los gastos que demanden dichas obras”.

17 El artículo 4º ibídem señaló La tasación de este impuesto se hará sobre catastros especiales de las propiedades que han de beneficiarse con la obra y obras que se proyecten y en proporción al valor de ellas, al beneficiarse con la obra y obras que se proyecten y en proporción al valor de ellas, al beneficio que reporten de las susodichas obras y al presupuesto y costo de estas”.

18 El artículo 1º del Decreto 868 de 1956, señaló: “Autorízase a los Municipios que tengan rentas anuales propias superiores a dos millones de pesos, para establecer, reglamentar, distribuir y recaudar el impuesto de valorización de que trata la Ley 1ª de 1943, con fundamento en la capacidad económica de la tierra, calificada por medio de coeficientes iguales para zonas de un mismo nivel o valor económico (se subraya).

19 “ART. 1º—El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3º de la Ley 25 de 1921 como una “contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local”, se hace extensivo a todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de Derecho Público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará exclusivamente contribución de valorización”.

20 “ART. 9º—Para liquidar la contribución de valorización se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y recaudación de las contribuciones”.

21 Por el cual se adopta el Estatuto Tributario del Municipio de San Jerónimo de Montería.

22 Folios 3 a 17 c.a. 1.

23 Folios 3 a 17 c.a. 1.

24 “ART. NUEVO.—La contribución de valorización por beneficio general, es un gravamen real sobre las propiedades inmuebles, destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de beneficio común e interés público realizadas por el Municipio”.

25 ART. 88.—En caso de mora en el pago de los impuestos de que trata la presente ley, se aplicarán las sanciones que para el mismo efecto están establecidas respecto del impuesto de renta y complementarios.

26 ART. 260.—En caso de mora en el pago de los impuesto predial, de industria y comercio al sector financiero y de circulación y tránsito de vehículos automotores se aplicarán las sanciones que para el mismo efecto están establecidas respecto del impuesto de renta y complementarios.

27 ART. 3º—Intereses moratorios sobre obligaciones. A partir de la vigencia de la presente ley, los contribuyentes o responsables de las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que no las cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario.
Igualmente, cuando las entidades autorizadas para recaudar los aportes parafiscales no efectúen la consignación a las entidades beneficiarias dentro de los términos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite previo alguno, intereses moratorios al momento del pago, a la tasa indicada en el inciso anterior y con cargo a sus propios recursos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

28 Fl. 30.

29 ART. 1º—Impuesto Predial Unificado. A partir del año de 1990, fusiónanse en un solo impuesto denominado “Impuesto Predial Unificado”, los siguientes gravámenes:
El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, especialmente las leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986;
El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986; El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9ª de 1989; La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989.

30 Al respecto, puede consultarse la Sentencia C-495 de 1998, por la cual se declaró inconstitucional el artículo 7º de la Ley 44 de 1990 que imponía una destinación específica (fondo de habilitación de vivienda para el estrato bajo de la población) a una parte del dinero recaudado con el impuesto predial unificado.

31 “ART. 9º—Para liquidar la contribución de valorización se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y recaudación de las contribuciones.
El Consejo Nacional de Valorización, teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con los contribuciones, podrá disponer, en determinados casos y por razones de equidad, que solo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del costo de la obra”.

32 Folio 2 c.a. 1

33 Fl. 33 c. a.

34 ART. 2º—Monto distribuible. Fíjese en la suma de setenta mil millones de pesos ($ 70.000.000.000) a pesos de octubre de 2008, el monto distribuible de la Valorización por Beneficio General en el Municipio de Montería, para desarrollar el Plan de Obras de que trata el artículo primero del presente acuerdo.
PAR. 1º—El valor estimado del Plan de Obras cuya construcción se decreta por el sistema y método de contribución adoptado en el presente acuerdo, tendrá en cuenta el costo total del Plan de Obras, entendiéndose por costo todas las inversiones que se requieran, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un veinte por ciento (20%) más, destinado a gastos de administración”.

35 Folios 3 a 17 c.a. 1

36 “y c) el beneficio que se genera por la construcción de las obras de interés público, consiste en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en toda su área de influencia, más allá del mayor valor individual, de los predios beneficiados”.

37 Folio 7 c.a. 1

38 Entre otros beneficios se contemplaron los siguientes:
— Facilitar la movilización hacia los centros de comercio y servicios, tanto los existentes como aquellos que se construyan, mejorando su accesibilidad.
— Integración de los diferentes sistemas de transporte existentes en la ciudad con los programas y proyectos de infraestructura que involucra el presente proyecto.
— Adoptar, para el ingreso al casco urbano de materias primas, insumos industriales y para la distribución de mercancías en el ámbito municipal, mecanismos de ordenamiento y regulación, acordes con el funcionamiento integral de un sistema de movilización urbana, que facilite accesos y salidas de la ciudad hacia y desde las rutas intermunicipales, interdepartamentales y, por supuesto, nacionales.
— Aumentar la dotación de espacio público de la ciudad, asimilando la realidad de interacción del ente territorial en los niveles nacional, regional y urbano propiamente dicho, consultando las necesidades de su creciente tamaño poblacional.

39 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 10 de abril de 2014, exp. 18730 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

40 ART. 8º—Políticas de recaudo. El Alcalde Municipal fijará mediante decreto, los procedimientos para la notificación, liquidación, asignación, facturación, cobro y recaudo de la contribución de valorización ordenada por el presente acuerdo. También podrá ofrecer descuentos por pronto pago, fijar los plazos para el pago de contado y por cuotas, celebrar acuerdos de pago que permitan mejorar la eficiencia de la gestión de recaudo. Así mismo, establecerá los intereses corrientes y de mora con arreglo a la normatividad vigente.

41 ART. 59.—Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.

42 ART. 10.—Se autoriza a la Administración Municipal, a establecer mediante acto administrativo motivado, los costos de expedición de los estados de cuenta con fines notariales por concepto de la Contribución de Valorización por Beneficio General.

43 ART. 16.—Cobros no autorizados. Ningún organismo o entidad de la Administración Pública Nacional podrá cobrar, por la realización de sus funciones, valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, formularios o precio de servicios que no estén expresamente autorizados mediante norma con fuerza de ley o mediante norma expedida por autoridad competente, que determine los recursos con los cuales contará la entidad u organismo para cumplir su objeto.

44 ART. 320.—Todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos que existan en las secretarías y en los archivos de las oficinas del orden administrativo, siempre que no tengan carácter de reserva; que el que solicite la copia suministre el papel que debe emplearse pague el amanuense, y que las copias puedan sacarse bajo la inspección de un empleado de la Oficina y sin embarazar los trabajos de esta.
Ningún empleado podrá dar copia de documentos que según la Constitución o la ley tengan carácter de reservados, ni copia de cualesquiera otros documentos, sin orden del jefe de la Oficina de quien dependa.

45 ART. 24.—Costo de las copias. Para atender las peticiones de que trata este Capítulo, los reglamentos internos a que se refiere el artículo 1º, de la Ley 58 de 1982 señalarán la tarifa que deba pagarse por las copias, pero las autoridades no podrán, en ningún caso, cobrar valores superiores al costo de tales copias.

46 Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.

47 ART. 27.—Para los efectos de la presente ley, también son oficinas públicas las de las corporaciones de elección popular.

48 M.P. Fabio Morón Díaz.

49 En similar sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 2 de febrero de 2017, Exp. 20007, M.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.

50 ART. 73.—Debates. Para que un proyecto sea acuerdo, debe aprobarse en dos debates celebrados en distintos días. El proyecto será presentado en la Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se surtirá el primer debate. La Presidencia del Concejo designará un ponente para primero y segundo debate. El segundo debate le corresponderá a la sesión plenaria.
Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva.
El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular. Será archivado el proyecto que no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción.