Sentencia 2009-00252/42777 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 7600-12-33-1000-200900252-01 (42.777)

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Fiscalía General de la Nación

Demandado: Roger Antonio Gaviria Burbano

Ref.: Repetición

Bogotá D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete

Extractos «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) mérito probatorio de los documentos allegados en copia simple; 2) competencia: el criterio de conexidad determina la competencia cuando se trata de repetir el pago de una condena impuesta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) generalidades de la acción de repetición: se debe acudir al Código Civil para determinar la culpa grave o el dolo si la conducta que habría dado lugar a la condena ocurrió antes de que entrara en vigencia la Ley 678 de 2001. Como en este caso lo que se le reprocha al demandado sucedió bajo esta última, se acudirá a las presunciones invocadas en la demanda para efectos de calificar la actuación de aquel; 5) verificación de los presupuestos de prosperidad de la acción de repetición que interpuso la Fiscalía: se configuró la presunción de culpa grave prevista por el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001; 6) liquidación de la condena: Se debe deducir el valor de los intereses de mora que pagó la entidad pública, toda vez que no son imputables al demandado; 7) Plazo para cumplir esta sentencia: 6 meses para el pago de la condena.

1. Eficacia probatoria de las pruebas documentales allegadas en copia simple.

Según el Tribunal de primera instancia, no se demostró en el proceso la existencia del acuerdo conciliatorio que contiene la obligación económica —cuyo cumplimiento demandó en repetición la Fiscalía—, por cuanto el acta que lo contiene se arrimó en copia simple.

Tras revisar el expediente, se encontró que, en efecto, la parte actora aportó la copia simple del acta que contiene el acuerdo conciliatorio celebrado en presencia de la Procuraduría Judicial 18 Delegada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 25 de enero de 2005, y en el cual se comprometió a pagar unas sumas de dinero a título de indemnización de perjuicios y que constituyen el objeto de esta acción de repetición. La conciliación se celebró como consecuencia de una privación de la libertad que soportó un ciudadano, tras la imposición de una medida de aseguramiento que decretó el demandado.

A pesar de que dicho documento obra en copia simple, lo cierto es que en atención a la sentencia de unificación que profirió la Sección Tercera de esta Corporación, con fecha del 28 de agosto de 2013(11), se le puede otorgar valor probatorio.

En aplicación del precedente jurisprudencial en cita, la Sala valorará el contenido del acta de audiencia de conciliación, aprobada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto fechado el 25 de febrero de 2005.

2. Competencia.

En relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se ha pronunciado de la siguiente manera(12):

“... conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, la Ley 678 [7-1] establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta Jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial(13).

“Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudiren formaexclusivaal principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7º [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma ley ([7] [pár. 1]) y sin que serequieraestablecerlacuantíadelademanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del C.C.A., antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad(14)”(negrillas y subrayas de la Subsección).

De igual manera, el inciso tercero del artículo 7º de la Ley 678 de 2001 estableció:

“Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto” (se destaca).

De conformidad con lo anteriormente expuesto, resultó correcto que esta acción de repetición se interpusiera en primera instancia ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues fue la corporación judicial que aprobó —a través de auto fechado el 25 de febrero de 2005(15)—, el acuerdo conciliatorio extrajudicial celebrado el 25 de enero de 2005, en presencia de la Procuraduría Judicial 18(16).

Recuérdese que dicho acuerdo conciliatorio lo celebró la Fiscalía con el objeto de resarcir los perjuicios que un ciudadano soportó, tras resultar privado de la libertad por una medida de aseguramiento que decretó el demandado.

La instrucción penal en virtud de la cual el demandado profirió la medida de aseguramiento culminó a favor del sindicado por preclusión de la investigación. Esta decisión la profirió la Fiscalía Seccional 87 de Cali, mediante Resolución 121, fechada el 28 de junio de 2004, por cuanto se demostró que no cometió el delito de receptación(17).

Ahora bien, la competencia para que esta Sala conozca en segunda instancia de este proceso deviene del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta disposición normativa previó lo siguiente:

“Competencia del consejo de estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

“(...)” (se destaca).

En suma, se tiene competencia para conocer de este asunto porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo.

3. El ejercicio oportuno de la acción.

En relación con el término de caducidad de las acciones de repetición que se iniciaron en vigencia del Código Contencioso Administrativo, así se ha pronunciado esta Subsección:

“En conclusión, el término para intentar la acción, de acuerdo con la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional de las normas que lo establecieron —Nº 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y artículo 11 de la Ley 678 de 2001—, empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo.

“(...).

“En vista de todo lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo sin que se haya realizado el pago de tal suma, como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción”(18) (negrilla por la Sala).

En este caso, el término de caducidad se contabilizará a partir del día siguiente al pago de la suma de dinero derivada de la conciliación extrajudicial, toda vez que ocurrió antes de que se completaran los 18 meses previstos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tras la ejecutoria de la providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio, es decir, la fechada el 25 de febrero de 2005.

De acuerdo con la constancia de ejecutoria de dicha providencia, su firmeza sucedió el 4 de marzo de 2005(19), por lo que 18 meses desde el día siguiente se completaron el 5 de septiembre de 2006. El pago de la conciliación ocurrió el 13 de enero de 2006 —en un acápite posterior se explicará porqué se concluyó esta fecha—.

Los dos años con los cuales contaba la Fiscalía para interponer la acción de repetición vencían el 14 de enero de 2008. Como la demanda se interpuso el 18 de diciembre de 2007, se concluye que se hizo de manera oportuna.

4. La acción de repetición. Consideraciones generales. Reiteración jurisprudencial.20

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

En tal sentido, la acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo —declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2000— como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

Esa posibilidad también la contempló el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, según el cual “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. La Sala precisa que esta disposición normativa se refiere únicamente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo establecido por el Código Contencioso Administrativo.

De igual manera, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

Dicha ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, que a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa den lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso.

En relación con los aspectos procesales de la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y a la competencia, a la legitimación, al desistimiento, al procedimiento, al término de caducidad, a la oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, a la cuantificación de la condena y a su ejecución, lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y a las medidas cautelares.

Ahora bien, para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban la acción de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.

De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, como ocurrió en este caso, son sus disposiciones las que sirven para establecer el dolo o la culpa grave del demandado, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6º, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).

Si bien no es el único referente, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la acción de repetición acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil en lo atinente a ese tema.

En cuanto al aspecto procesal de la acción de repetición, se deben aplicar los preceptos de la Ley 678 de 2001, inclusive a aquellos procesos que se encontraban en curso para el momento en que entró en vigencia, pues según lo estableció el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las normas procesales son de orden público y, por ello, tienen efectos inmediatos con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”(21).

Como en este caso la conducta que se acusó de gravemente culposa ocurrió en vigencia de la Ley 678 de 2001, será su contenido la que permitirá juzgar al demandado y decidir si puede o no calificarse de esa manera. Concretamente, se analizará si se subsume en las presunciones de culpa grave previstas en los numerales 1º y 4º del artículo 6º, pues fueron las que se invocaron en la demanda.

También se examinará si la conducta que se le reprochó al demandado se subsume o no en el numeral 2º del artículo 71 de la Ley 270 de 1996, como otra presunción de culpa grave en la que se pretendió encauzar las irregularidades de la instrucción penal.

5. Presupuestos de prosperidad de la acción de repetición.

La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; b) su pago efectivo; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; d) la culpa grave o el dolo en relación con las conductas que se le reprochan al demandado.

La Subsección analizará si en el presente caso están reunidos o no los presupuestos para acceder a las pretensiones de la acción de repetición que formuló la Fiscalía.

Se precisa que en caso de que alguno de los anteriores requisitos no se encuentre satisfecho, resultaría innecesario estudiar los demás.

a) La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la Fiscalía General de la Nación la obligación de pagar una suma de dinero.

Se encuentra demostrado en el expediente que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto fechado el 25 de febrero de 2005(22), aprobó un acuerdo conciliatorio en el que la Fiscalía se obligó a pagar unas indemnizaciones, como consecuencia de la privación de la libertad que soportó un ciudadano, tras soportar una medida de aseguramiento impuesta por el ahora demandado en desarrollo de una investigación que terminó por preclusión. Aclárese que no se trató de un arreglo que se produjo con ocasión de una acción de reparación directa, fue una conciliación extrajudicial.

Por lo antes dicho, se encuentra demostrada en el expediente la existencia del acuerdo conciliatorio que impuso a la Fiscalía el pago de una suma de dinero, objeto de este proceso de repetición.

Esta prueba documental se incorporó al proceso porque la Fiscalía la aportó como anexo de la demanda.

b) El pago de la indemnización por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Como prueba para demostrar el pago de la indemnización acordada en la conciliación, la Fiscalía arrimó al proceso la copia auténtica de la Resolución 000432, fechada el 12 de diciembre de 2005, por medio de la cual liquidó sus valores y ordenó pagar la suma de $ 25.717.842. Según este acto administrativo, el dinero debía consignarse en la cuenta de ahorros Nº 016300140965 del Banco Davivienda, cuyo titular era el apoderado del beneficiario(23).

De hecho, en el expediente obra el poder que este último otorgó a un abogado para que recibiera el dinero, cuya identificación coincide con la indicada en la Resolución 000432, como la persona a quien se le debía consignar el dinero en el Banco Davivienda(24).

Además de lo anterior, la Fiscalía allegó un documento en copia auténtica en el que se señaló que la retención en la fuente era de $ 1.800.249, por lo que el valor final que recibiría el acreedor era de $ 23.917.593(25).

Así mismo, se incorporó al proceso la copia auténtica de un comprobante de consignación del Banco Davivienda, efectuada por la Fiscalía, por valor de $ 23.917.593, con destino a la cuenta de ahorros Nº 016300140965, la misma que se indicó en la Resolución 000432.

Se precisa que el comprobante de consignación tiene un sello del banco que dice “Davivienda Procesado 13 ENE 2006”(26).

Así las cosas, se cuenta con la prueba fehaciente de que se pagó el valor de la conciliación y que ahora se pretende recuperar: $ 25.717.842.

Todos los documentos aquí analizados acerca del pago de la condena se allegaron al proceso como anexos de la demanda.

c) La condición de ex agente del Estado del demandado.

Obra en el expediente la copia auténtica de la decisión fechada el 7 de abril de 2004, suscrita por el hoy demandado como fiscal del municipio de Dagua (Valle del Cauca), a través de la cual resolvió la situación jurídica de un ciudadano —el mismo que posteriormente llegó al acuerdo conciliatorio del que subyace este proceso—, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva, sin el beneficio de la libertad condicional, por su posible responsabilidad en el delito de receptación de una moto(27).

El hecho de que el demandado hubiere suscrito la referida decisión es demostrativo de que ostentaba la calidad con que la profirió: de fiscal.

Por lo antes dicho, se concluye que el aquí demandado se desempeñaba como servidor público de la Fiscalía cuando tomó la decisión que ahora se le acusa de gravemente culposa.

La copia auténtica de la resolución que resolvió la situación jurídica y que impuso la medida de aseguramiento se aportó al expediente como anexo de la demanda.

d) La culpa grave o el dolo en el demandado.

Consideraciones generales acerca de las presunciones de dolo o culpa grave previstas por los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001

En relación con la noción de dolo, el artículo 5º de la Ley 678 de 2001 señaló que “la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado”.

Así mismo, el artículo 5º Ley 678 de 2001 contempló cinco conductas en las cuales se presume el dolo en la actuación del agente estatal:

“Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

“1. Obrar con desviación de poder.

“2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

“3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

“4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

“5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial”.

Respecto de la culpa grave, el artículo 6º de la misma ley estableció que “la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones”.

Adicionalmente, el artículo 6º contempló cuatro conductas en las que se presume la culpa grave, en los siguientes términos:

“Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

“1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

“2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

“3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

“4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal”.

Conviene señalar que las presunciones establecidas por tales artículos deben entenderse como un juicio que la ley se forma sobre la verdad de algo, por la lógica relación que muestra con otro hecho diferente y conocido como cierto(28).

En otros términos, la presunción se funda en lo que regular y ordinariamente sucede. El recto sentido de esta figura, según enseña el profesor Rocha, es el que da su etimología: “prae y sumere, o el infinitivo del verbo praesumere, presentir, tomar de antemano, porque por la presunción se toma una cosa como verdadera (sumitur pro vero) antes de que conste de otro modo, (...) de lo que comúnmente sucede, dada la constancia de las leyes naturales, físicas, químicas, económicas, sociales, ex eo quod plerumque fit (de aquello que sucede generalmente) (...) unas mismas consecuencias de unos mismos hechos, procederes o actitudes semejantes de iguales situaciones'(29).

Así mismo, el artículo 66 del Código Civil estableció la siguiente noción acerca de las presunciones:

“ART. 66—Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.

“Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias.

“Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias”.

A su turno, tanto el Código de Procedimiento Civil —artículo 176—, como el Código General del Proceso —artículo 166—, cuya redacción es idéntica, señalaron lo siguiente:

“Presunciones establecidas por la ley. Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en que sefunden estén debidamente probados.

“El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice” (negrilla y subraya por la Sala).

Lo que se concluye de lo expuesto hasta este punto, puede condensarse en los siguientes aspectos:

i) La presunción es un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de otro debidamente probado.

De tal manera que cuando un hecho se presume, se entiende que está exento de prueba, pues, precisamente, el objeto de la presunción es excluirlo del tema probatorio(30) para tenerlo como realizado y verídico dentro del proceso a partir de las deducciones señaladas por la ley.

ii) Las presunciones pueden ser legales o de derecho:

Las legales admiten prueba en contrario, mientras que las de derecho dan certeza plena y absoluta del hecho y no admiten prueba en contra, pues se fundan en el orden público.

iii) Las presunciones de culpa grave y de dolo contenidas en la Ley 678 de 2001 son legales. Esto se debe a que así lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-374 de 2001 al decidir acerca de la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de esa normativa. De esta manera se expresó dicho tribunal:

“En efecto, con estas presunciones legales de dolo y culpa grave el legislador busca hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá probar solamente el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que esta opere, correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, con lo cual no sólo se garantiza su derecho de defensa sino que se logra un equilibrio en el debate probatorio que debe surtirse en esta clase de actuaciones, sin que pueda pensarse que por esta circunstancia se vulnera el debido proceso.

“(...).

“Conviene recordar que la existencia de presunciones legales no comprometen el derecho al debido proceso ni el derecho de defensa, pues si bien es cierto que por regla general los sujetos procesales están obligados a demostrar los hechos que alegan como fundamento de su pretensión -onus probandi incumbi actori, también lo es que con el fin de promover la equidad en las relaciones procesales que surgen a raíz de la acción de repetición, así como de propender por la protección y efectividad de bienes jurídicos relevantes como la moralidad y la defensa del patrimonio público, el legislador bien podía relevar al Estado de la carga de la prueba cuando al ejercer dicha acción alega en su favor presunción de dolo o culpa grave, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuarla mediante prueba en contrario.

“Por lo anterior, cree la Corte que de no haber apelado el legislador a la figura de las presunciones de dolo y culpa grave que consagran las normas acusadas, realmente muy difícil sería la tarea de adelantar con éxito un proceso de repetición contra el agente estatal que con su conducta dolosa o gravemente culposa ha dado lugar a una condena de reparación patrimonial en contra del Estado, y también se harían nugatorios los propósitos trazados por el legislador con la expedición de la Ley 678 de 2001, de promover la efectividad de los principios constitucionales de la moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la función pública”(31) (se destaca).

Concluyó la Corte Constitucional que las presunciones que contempla la Ley 678 de 2001 son legales, pues de haberlas calificado de derecho la acción de repetición carecería de sentido.

Si se tratara de presunciones de derecho, el demandado en una acción de repetición no tendría la oportunidad de demostrar que la conducta que se le reprocha no ocurrió a título de culpa grave o dolo. Simplemente se encontraría en una posición en la cual no podría ejercer su derecho de defensa, lo que implicaría la violación del artículo 29, según el cual toda persona tiene derecho a “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”(32).

En ese escenario la actividad probatoria recaería únicamente en la entidad pública demandante, a quien solo le bastaría demostrar los supuestos de hecho de una presunción de derecho, para que el juez califique la conducta como gravemente culposa o dolosa.

Es decir, la suerte del demandado estaría sujeta a la efectividad del despliegue probatorio de la parte actora, toda vez que no sería posible que desvirtuara la consecuencia que la ley otorga a la demostración de los supuestos de hecho en que se funda una presunción de derecho.

De tal manera que se comparten las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional acerca de que la Ley 678 de 2001 incorporó presunciones legales, toda vez que de esta manera se garantiza el ejercicio del derecho de defensa, como vía para hacer valer la presunción de inocencia en desarrollo de una demanda de repetición, escenario judicial que se instauró precisamente para definir la responsabilidad o no del servidor o ex servidor del Estado.

iv) Los hechos en que se apoya una presunción legal que se invoca en una demanda de repetición se deben probar y, por tanto, opera a favor de quien la propuso, relevándola de la demonstración del hecho inferido en la disposición que la contempla, a menos que la otra parte desvirtúe la conclusión que se presume.

v) La exención de la prueba mediante la aplicación de una presunción es solo en parte, porque siempre el que la invoca está obligado a demostrar el hecho en que la misma se funda o del cual la ley deduce la consecuencia. De ahí que el profesor Rocha afirmara que “la dispensa de la carga de la prueba para el favorecido con una presunción es, pues, apenas parcial y respecto del hecho deducido, que es, el que indudablemente interesa demostrar. Pero no resulta favorecido sino probando otros hechos, aquellos que siendo ciertos, hacen creíble el segundo hecho”(33) (se destaca).

vi) La presunción legal se funda en la más alta probabilidad de certeza, pero no excluye la posibilidad de error en el razonamiento del hecho cierto del cual se parte para obtener una deducción y tampoco sobre la base conocida cuando la misma termina resultando falsa o inexacta.

Por lo anterior, se otorga a la parte contra quien se hace valer una presunción legal la posibilidad de probar la inexistencia del hecho que legalmente se supone, aun cuando fueren ciertos los antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley.

vii) En definitiva, quien desee beneficiarse de una presunción contenida en la Ley 678 de 2001 debe invocarla en la demanda de repetición y demostrar el hecho conocido, pero cabe la posibilidad de que la parte contra quien se aduce pueda desvirtuarla.

De todos modos, se debe precisar que las denominadas presunciones son solo algunas de las hipótesis o eventos de responsabilidad del agente público que pueden invocarse y, por ende, demostrar en las demandas de repetición, pues pueden presentarse muchos más casos que, pese a que no se encuentran consagrados en los citados artículos de la Ley 678 de 2001, originan que el Estado repita contra el agente por haber obrado con dolo o culpa grave en una actuación que produjo un daño antijurídico a un tercero por el cual se haya visto en la necesidad de indemnizar.

La imputabilidad de la responsabilidad

Con la demanda se allegó como prueba documental la copia de la sentencia de tutela que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 11 de mayo de 2004(34).

Dicha sentencia concluyó que el demandado —en su condición de fiscal— incurrió en unas irregularidades, constitutivas de una violación del debido proceso, mientras un sindicado permanecía detenido, en cumplimiento de una medida de aseguramiento.

Así lo concluyó el juez de tutela (se transcribe literal, inclusive los posibles errores):

“Igualmente se tiene que mediante escrito de 16 de abril de 2004, el doctor (...) renunció al recurso de apelación interpuesto contra la resolución por medio de la cual se resolvió la situación jurídica del procesado y reiteró las solicitudes de revocatoria de la medida de aseguramiento y práctica de pruebas varias veces efectuadas.

“Sin embargo, el funcionario demandado, mediante proveído de sustanciación de 19 de abril de 2004, resolvió no dar trámite al desistimiento del recurso de alzada y, por ende, a las solicitudes realizadas, fundamentado en el hecho de que el defensor no había presentado personalmente el referido escrito, desconociendo de esta manera la norma procedimental que al consagrar los deberes de los servidores judiciales, en el numeral 10 del art. 142, [Ley 600 de 2000] le ordena 'recibir los memoriales dirigidos por los abogados que hayan sido reconocidos dentro del proceso, sin requerir presentación personal' y de paso llevándose a la calle las disposiciones que establecen los términos para dar trámite a las solicitudes de pruebas y de control de la medida de aseguramiento.

“No obstante lo anterior, vale decir, las irregularidades advertidas en el trámite de las solicitudes formuladas por el defensor del señor (...), las que originaron una tardanza en su decisión, lo cierto es que en este momento las mismas fueron subsanadas ante la instauración de la acción de tutela por el fiscal accionado, quien mediante determinaciones de 24 y 30 de abril del año avante, finalmente dispuso la práctica de pruebas, cuya práctica se había solicitado en múltiples oportunidades y negó la revocatoria de la medida de aseguramiento.

“Resuelve

“(...).

“Exhortar al fiscal seccional 155 de Dagua-Valle, para que en los sucesivo se abstenga de incurrir en irregularidades como las generadas en el proceso penal adelantado en contra del señor Ancizar Molina Mañosca” (se destaca).

Expuesto lo anterior, debe hacerse alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el alcance probatorio de las sentencias proferidas dentro de otros procesos judiciales:

“Se equivoca el a qua al deducir la responsabilidad del demandado, teniendo como prueba de la misma, la valoración probatoria que realizó el Tribunal Administrativo del Norte de Santander en la sentencia que declaró la nulidad de la resolución de insubsistencia; y aunque en el mencionado proceso de nulidad se demostró la desviación de poder y por tal razón se anuló el acto, las pruebas aportadas en ese proceso no pueden ser valoradas en este, toda vez que su traslado no fue solicitado por las partes.

“Sobre el valor probatorio de las providencias judiciales se ha afirmado lo siguiente:

'... aunque entre tales documentos se encuentra también la copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en esta ciudad... no puede perderse de vista que la copia de una decisión jurisdiccional de tal naturaleza, como lo ha reiterado la Corte, acredita su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de una sentencia desestimatoria de la pretensión..., proferida por dicha Corporación, en la fecha mencionada, mas nosirveparalademostracióndeloshechosquefundamentarontal resolución... pues como lo ha reiterado la Salatenercomoplenamente acreditados los hechos tenidos como ciertos enlamotivacióndeuna sentenciaproferidaenotroproceso,podríasuscitar eventos '... incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entoncesno sería el juez de la causa a quien correspondería valorizar y analizar laspruebas para formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos,desde luego estaría obligadoa aceptar el juicioque sobre los mismos se formó otro juez,y las partesen el nuevo litigio no podríancontradecir la pruebaniintervenirensuproducción... (Negrilla fuera del texto). Sentencia S-011 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del seis de abril de 1999).(35) (Se deja estacado en negrillas y en subrayas).

“En línea con lo anterior, la Sala ha expuesto:

'(...) la motivación de la sentencia judicial que imponga un condena patrimonial a cargo de una entidad pública y el pago de la misma no son pruebas idóneas para establecer per se la responsabilidad del demandado en acción de repetición. En efecto, en aquellos casos en los cuales la acción de repetición se fundamenta únicamente en las consideraciones que dieron lugar a la imposición de una condena, la Sala ha sostenido que estas no son suficientes para comprometer al demandado ni para concluir que su actuación hubiere sido dolosa o gravemente culposa, dado que la conducta imputada debe ser demostrada en el proceso de repetición en aras ele garantizar a favor del demandado el debido proceso, puesto que la acción de repetición es autónoma e independiente respecto del proceso que dio origen a la misma. (Negrillas del original)(36)(37)

Ahora bien, acorde con la cita jurisprudencial puesta de presente, el alcance probatorio de la sentencia de tutela fechada el 11 de mayo de 2004 es solo en relación con “su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte”.

En ese sentido, para este caso, la mencionada providencia constituye prueba de que, el 11 de mayo de 2004, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió una sentencia de tutela en la que se concluyó acerca de unas irregularidades procesales cometidas por el ahora demandado, dentro un proceso penal que derivó en una conciliación extrajudicial por privación injusta de la libertad, cuyo cumplimiento dio lugar a esta acción de repetición.

Dicho lo anterior, debe señalarse que en la demanda se invocó, entre otras, la presunción de culpa grave prevista en el numeral 4º del artículo 6º, de la Ley 678 de 2001, que dice así:

“Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

“(...).

“4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal” (se destaca).

La anterior presunción fue objeto de un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-455 de 2002, por medio de la cual se declaró la inconstitucionalidad de los términos “manifiesta e inexcusablemente” que originalmente traía su redacción(38), así:

“Aunque bien podría decirse, como se dijo a propósito del artículo 5-5 [se refiere a la Ley 678 de 2001] que solo el error manifiesto e inexcusable permitiría calificar como grave la conducta del agente estatal, tales consideraciones no operan para la causal 4ª del artículo 6º.

“Si se remite al texto de la norma se verá que su sentido es el de proteger a las personas privadas de la libertad de las conductas de los servidores públicos que incumplan los términos procesales. De esta manera, la norma busca evitar retenciones o privaciones de la libertad que vayan más allá de los estrictos términos previstos por la ley. Se intenta que nadie permanezca retenido más tiempo del estrictamente necesario, en un esfuerzo por reconocerle al derecho a la libertad, la primacía que le otorga el régimen constitucional colombiano en su capítulo primero.

“Así entendido, no cabe duda que las limitantes impuestas por la presunción demandada, en el sentido en que solo constituirá culpa grave el error manifiesto e inexcusable en el cumplimiento de dichos términos, implican una reducción inconstitucional del alcance de las presunciones estatutarias incluidas en el artículo 71 de la LEAJ.

“De igual manera, dichas restricciones reducen el ámbito de protección del derecho a la libertad personal, fijado por los artículos 28 y 29 de la Constitución Política, pues tales disposiciones prohíben que alguien sea reducido a prisión o arresto, o detenido, si no es con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley; consagran el habeas corpus para que el juez decida sobre la situación personal del detenido en el término de 36 horas, y establecen la necesidad de respetar el debido proceso y de que toda decisión judicial respete los derechos de los retenidos, uno de los cuales es el de recibir un tratamiento judicial sin dilaciones injustificadas.

“La condición de 'manifiesto e inexcusable' no fue entonces considerada por el constituyente y mal podría el legislador incluirla para calificar la culpa del funcionario judicial como grave. Es indiscutible que la retención indebida de una persona produce graves perjuicios materiales y morales al procesado, por lo que, si son reclamados ante el Estado mediante un proceso judicial, es razonable que este repita contra el agente suyo que los infligió.

“Dada la importancia que reviste para el régimen constitucional la preservación del derecho a la libertad personal, no podría entonces justificarse, desde ningún punto de vista, que el único error constitutivo de culpa grave fuese el error manifiesto e inexcusable. En punto a la defensa de este derecho fundamental, cualquier error que implique el desconocimiento de los términos procesales, de los cuales depende la libertad del procesado, debe ser considerado grave.

“Es esa la razón por la cual esta Sala estima que la expresión 'manifiesta e inexcusablemente', incluida en la norma acusada, debe ser retirada del ordenamiento jurídico. La ley ordinaria, aunque está autorizada para complementar y precisar los alcances de la estatutaria, no puede, sin quebrantar el ordenamiento constitucional, disminuir las decisiones o reducir las garantías fijadas por esta. En el caso concreto del numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, las expresiones señaladas han reducido el alcance de protección que pretendía conferir la LEAJ al derecho a la libertad y por ello serán declaradas inexequibles'(39).

En el presente caso, considera la Sala que la entidad pública demandante demostró el supuesto de hecho sobre el cual descansa la presunción prevista en el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, esto es, que el aquí demandado, dentro del proceso penal que luego dio lugar a la condena patrimonial por la que ahora se repite, incurrió en una violación del debido proceso mientras un sindicado permanecía privado de la libertad.

Así las cosas, se impone aplicar la referida presunción legal, en virtud de la cual se concluye que el demandado actuó con culpa grave.

Al constatarse en el expediente que la parte actora demostró el aspecto fáctico para aplicar dicha presunción, debe indagarse acerca de la defensa del demandado, toda vez que tenía posibilidad de aportar pruebas para desvirtuar la consecuencia por ella prevista, en consideración a que ostenta el carácter de legal y no de derecho.

No obstante lo anterior, el demandado no intervino en el proceso y, por ende, no ejerció su derecho de defensa para impedir la aplicación de la presunción de culpa grave prevista por el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001.

En definitiva, el demandado se declarará responsable a título de culpa grave, por violar el debido proceso de un sindicado mientras este permanecía privado de la libertad, circunstancia por la cual la Fiscalía pagó una indemnización por cuenta de una conciliación extrajudicial que se celebró, precisamente, por la actuación judicial del aquí demandado.

Dado que prosperó la mencionada presunción, no resulta necesario estudiar las demás que se invocaron en la demanda.

Se procede a liquidar la condena que debe imponerse al demandado.

6. Liquidación de la condena a cargo del demandado.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, el monto de la condena se cuantificará “atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño”.

En este caso la Fiscalía demostró en el proceso que la privación de la libertad, en virtud de la cual pagó una indemnización, la impuso el demandado en desarrollo de una conducta gravemente culposa. Al mismo tiempo, se tiene que este no intervino en el proceso para desvirtuar la conclusión que se obtuvo luego de que dicha entidad sacara avante una presunción de culpa grave.

Por consiguiente, la realidad procesal es que la Fiscalía logró establecer que la indemnización que pagó estuvo precedida por una conducta atribuible al demandado, de ahí que este deberá reintegrar el 100% de su valor.

La Fiscalía solicitó que se condenara el demandado a pagarle la suma de $ 25.717.842, cantidad que pagó en virtud del acuerdo conciliatorio. Sin embargo, a este valor debe descontarse los intereses moratorias, pues su causación no resultaba atribuible al demandado.

De conformidad con la Resolución 000432, fechada el 12 de diciembre de 2005 y que obra en el expediente, por la cual se dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio, el valor del capital representado en las indemnizaciones acordadas en la conciliación ascendía a $ 25.692.500, mientras que los intereses moratorias a $ 25.342.

Por tanto, la suma de dinero que le corresponde pagar al demandado asciende a $ 25.692.500. Esta cantidad debe actualizarse con base en la siguiente operación matemática:

a) Ca = Ch xíndice final
 Índice inicial

En donde:

— Ca: Capital actualizado a establecer.

— Ch: Capital histórico a traer a valor presente.

— Índice final: IPC vigente a la fecha de esta sentencia: junio de 2017: 137,87

— Índice inicial: IPC vigente a la fecha en que ocurrió el pago: enero de 2006: 84,56.

Ca = $ 25.692.500 x137,87
 84,56

Ca = $ 41.890.077

7. Término para el cumplimiento de esta sentencia.

El artículo 15 de la Ley 678 de 2001 estableció lo siguiente:

“Ejecución en caso de condenas o conciliaciones judiciales

En acción de repetición. En la sentencia de condena en materia de acción de repetición la autoridad respectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un plazo para el cumplimiento de la obligación.

“Una vez vencido el término sin que el repetido haya cancelado totalmente la obligación, la jurisdicción que conoció del proceso de repetición continuará conociendo del proceso de ejecución sin levantar las medidas cautelares, de conformidad con las normas que regulan el proceso ejecutivo ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil.

“El mismo procedimiento se seguirá en aquellos casos en que en la conciliación judicial dentro del proceso de acción de repetición se establezcan plazos para el cumplimiento de la obligación” (se destaca).

Según el inciso primero del anterior enunciado normativo, el juez de repetición puede, de oficio, establecer el plazo para que el demandado cumpla con la obligación de pagar la condena impuesta. Esta facultad otorgada por la ley la analizó la Corte Constitucional para concluir acerca de su constitucionalidad, así:

“10. Constitucionalidad de los apartes demandados del artículo 15 de la Ley 678 de 2001

“Al inciso primero de la norma que se cuestiona se le acusa de inconstitucionalidad por la posibilidad que en él se establece para fijar un plazo para el cumplimiento de la obligación que se imponga al servidor público condenado en ejercicio de la acción de repetición; y, al inciso segundo de esa norma, se le considera inconstitucional en cuanto en él se dispone que si el servidor público condenado a reembolsar lo pagado por el Estado no lo cancela totalmente en ese término, quien conoció del proceso de repetición continuará conociendo de la ejecución correspondiente.

“Que para el pago de una obligación impuesta en una condena se conceda un plazo por el juez, no quebranta la Constitución pues ella no establece en ninguna de sus normas que las obligaciones de suyo deban ser siempre puras y simples, y exigibles de manera inmediata. Al contrario, en ese punto es clara la libertad de configuración por parte del legislador que bien puede disponer que las obligaciones se encuentren sujetas a modalidades, una de las cuales es el plazo, con el objeto, en este caso concreto, de obtener el reembolso de lo pagado inicialmente por el Estado, dándole la oportunidad al servidor público de cancelar la obligación toda, íntegra, aunque no sea en un instante único, lo que, como se ve no vulnera el precepto constitucional del artículo 90 de la Carta, sino que sencillamente es una manera autorizada por el legislador para que la obligación se extinga, lo que es distinto a condonarla.

“Así las cosas, el inciso primero del artículo 15 lejos de lesionar la Constitución se aviene a ella.

“Y; en cuanto hace a la parte acusada del inciso segundo del mismo artículo 15 de la Ley 678 de 2001, resulta plenamente en armonía con la Constitución que si la obligación no se paga dentro del plazo que fue concedido para el efecto, el servidor público ahora deudor del Estado pueda ser ejecutado, pues como es conocido si las obligaciones no se cumplen de manera voluntaria puede acudirse entonces a la ejecución forzosa” (se destaca).

En suma, le corresponde a la Sala establecer el plazo para que el demando pague la condena impuesta en su contra. Se considera entonces razonable, en virtud del principio de igualdad, acoger el término de 6 meses, el cual ya ha sido utilizado —recientemente— por esta Corporación, concretamente por la Subsección C de la Sección Tercera al decidir varias acciones de repetición en vigencia de la Ley 678 de 2001(40).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

De conformidad con lo expuesto en esta providencia, Revocar la sentencia proferida el 22 de julio de 2011, por el Tribunal Administrativo deI Valle del Cauca. En su lugar se dispone:

1. Declarar, a título de culpa grave, responsable al señor Roger Antonio Gaviria Burbano, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.526.346, por haber privado de la libertad a un ciudadano con violación del debido proceso, hechos por los cuales la Fiscalía pagó una indemnización.

2. Condenar al señor Roger Antonio Gaviria Burbano a pagar a la Fiscalía General de la Nación, por la suma de cuarenta y un millones ochocientos noventa mil setenta y siete pesos ($ 41.890.077).

La mencionada suma de dinero deberá pagarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

3. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse, con destino a las partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

4. Sin condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(11) Sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, calendada el 28 de agosto de 2013, Expediente 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

(12) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 18 de agosto de 2009, Expediente 11001-03-15-000-2008-00422-00(C); M.P. Héctor Romero Díaz, reiterada por esta Subsección, a través de fallo de 13 de abril de 2016, Expediente 42.354, entre muchas otras providencias.

(13) Original de la cita: “Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, Expediente 2007 00433 00, C.P. Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, Expediente 2001 02061 01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

(14) Original de la cita: “Cfr. autos citados”.

(15) La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que aprobó el acuerdo conciliatorio obra en los folios 15-19 del cuaderno principal.

(16) El acta de conciliación obra en los folios 11-14 del cuaderno principal.

(17) La copia auténtica de esta resolución obra entre los folios 67-71 de cuaderno principal.

(18) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia con fecha de 10 de agosto de 2016. Proceso 23001 23 31 000 2006 00637 01 (37.265).

(19) Folio 19 del cuaderno principal.

(20) Se reiteran en este acápite las consideraciones expuestas por la Sala en sentencia fechada el 16 de julio de 2008, Expediente 29.291, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias.

(21) Artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

(22) Esta providencia obra en los folios 15-18 del cuaderno principal.

(23) Este acto administrativo obra en los folios 24-30 del cuaderno principal.

(24) Folio 20 del cuaderno principal.

(25) Folio 31 del cuaderno principal.

(26) Folios 32 y 33 del cuaderno principal.

(27) Esta providencia obra en los folios 52-55 del cuaderno principal.

(28) Rocha, Alvira Antonio, de la Prueba en Derecho, Tomo I, Ediciones Lerner, Quinta Edición, Bogotá, 1967, págs. 554 y 560.

(29) lbíd.

(30) Devis, Echandía, Hernando, Tratado de Derecho Procesal Civil, Parte General, Tomo V, De la Prueba, Editorial Temis, Bogotá, 1967, Pág. 287.

(31) Corte Constitucional, Sentencia C-374 de 2002, criterio reiterado en términos generales en Sentencia C-778 de 11 de septiembre de 2003.

(32) El inciso 4º del artículo 29 constitucional señala:

“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra: a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

(33) Rocha, Alvira, Antonio, Op. Cit., pág. 558.

(34) Folios 90-100 de cuaderno principal.

(35) Original de la cita: “Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2008, Radicación 54001-23-31-000-1998-00869-01 (19.307), con ponencia del señor Consejero Enrique Gil Botero”.

(36) Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, Expediente 27.779, entre muchas otras providencias”.

(37) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia fechada el 27 de marzo de 2014. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Proceso 110010326000201000018 00 (38.455).

(38) La redacción original del numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001 decía:

“4. Violar [manifiesta e inexcusablemente] el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal”.

(39) Corte Constitucional. Sentencia C-455 de 2002. Expediente D-3826. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(40) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencias:

— De 9 de septiembre de 2016. Expediente Radicación 11001-03-26-000-2012 -00051-00(44845).

— De 9 de septiembre de 2016. Expediente Radicación 63001-23-31-000-2010-00240-01(54391).

— De 9 de septiembre de 2016. Expediente Radicación 54001-23-33-000-2012-00002-02(54589).

— De 12 de septiembre de 2016. Expediente Radicación 40001-23-31-000-2010-00311-01(51946).