Sentencia 2009-00252 de diciembre 6 de 2012

 

Sentencia 2009-00252 de diciembre 6 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 250002327000200900252 01

Rad.: 18625

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Rengifo Hijos & CIA SCA. en liquidación

Demandada: Bogotá Distrito Capital - Secretaría de Hacienda

Bogotá, D.C., diciembre seis de dos mil doce

Fallo

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de Septiembre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”. La sentencia dispuso:

“1. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

2. No se condena en costas por cuanto no aparecen probadas”.

I. Antecedentes

El jefe de la oficina de fiscalización de la subdirección de impuestos a la propiedad de la Dirección Distrital de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, Distrito Capital, profirió el requerimiento especial RE-2007EE 399102 del 15 de noviembre de 2007, proponiéndole al contribuyente, Sociedad Rengifo Hijos y CÍA SCA en liquidación, modificar la declaración privada del Impuesto Predial Unificado del inmueble de la carrera 19 140 88, CHIP: AAA0111EMAW de la vigencia 2006.

La citada sociedad mediante su representante legal contestó oportunamente el requerimiento el 15 de febrero de 2008 solicitando que se abstuvieran de practicar liquidación de revisión porque el predio se encontraba exento del pago del impuesto predial para el año 2006.

La administración expidió la liquidación oficial de revisión mediante la Resolución DDI-046455 del 31 de julio de 2008, modificando y liquidando la declaración del impuesto predial del inmueble de la carrera 19 140 88, CHIP: AAA0111EMAW de la vigencia 2006, estableciendo impuesto a cargo y sanción por inexactitud.

Contra la Resolución DDI-046455, la sociedad interpuso el recurso de reconsideración, el cual le fue resuelto mediante la Resolución D.D.I-119275 del 30 de junio de 2009, confirmándola.

II. Demanda.

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la sociedad Rengifo Hijos & CIA SCA. EN liquidación, solicitó:

“1.) LA NULIDAD del acto administrativo complejo proferido por la Dirección Distrital de IMPUESTOS de la Secretaría de Hacienda Municipal; materializado en la Resolución DDI-046455 del 31 de julio de 2008, notificada el 6 de agosto de 2008, por medio de la cual se modificó la declaración privada Nº. 2006101010001417761 del 21 de marzo de 2006 al contribuyente Rengifo Hijos y CÍA. SCA. EN liquidación por el año gravable 2006, estableciéndose un mayor valor a pagar por impuesto predial y sanción, de $ 144.201.000, más los intereses de mora al momento del pago, y la Resolución DDI. 119275 de junio 30 de 2009, notificada el 23 de Julio de 2009, donde se confirmó en todas sus partes la Resolución No. DDI-046455 del 31 de julio de 2008.

2) Declarada la nulidad de la actuación administrativa descrita, se restablezca el derecho de la sociedad contribuyente, ordenando dejar en firme la declaración privada 2006101010001417761 de marzo 21 de 2006 y ordenando archivar el proceso.

3) Declarada la nulidad de la actuación administrativa descrita, se restablezca el derecho de la sociedad contribuyente Rengifo Hijos y CIA SCA. en liquidación, declarando que la contribuyente no está obligada a pagar por concepto del impuesto predial correspondiente al periodo de 2006, valor superior al ya declarado en esa anualidad.

4) Declarada la nulidad de la actuación administrativa descrita, y de conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, solicito condenar en costas a la entidad demandada en virtud de su actuación, temeraria y de mala fe”.

Respecto de las normas violadas y el concepto de violación, dijo:

De acuerdo con lo dispuesto en el literal i) del artículo 24 del Decreto Distrital 400 de 1999 y el literal g) del artículo 28 del Decreto Distrital 352 de 2002, los parqueaderos públicos edificados entre el 21 de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 están exentos del impuesto predial unificado por un término de 10 años.

El parqueadero ubicado en la carrera 19 Nº 140-84 (sic) fue construido dentro del término establecido en la ley, el cual goza del permiso para funcionar como establecimiento de comercio y su destinación es de parqueadero público, con lo que se cumplió con los requisitos para gozar del beneficio.

Se están desconociendo las pruebas allegadas, pues no se realiza ninguna verificación para desvirtuar que la contribuyente construyó el parqueadero dentro del término establecido en la norma, que está en funcionamiento y es un parqueadero público.

El artículo 742 del estatuto tributario dispone que las decisiones de la administración deben fundarse en los hechos probados. La administración al establecer una obligación fiscal sin entrar a probar, siquiera sumariamente, que el contribuyente estaba amparado en una exención, violó el derecho al debido proceso.

Si la administración tenía duda alguna sobre los hechos, debió verificarlos o aplicar el artículo 745 del estatuto tributario que consagra que las dudas provenientes de los vacíos probatorios se resuelven a favor del contribuyente, y, por lo tanto, archivar el expediente.

Además, se infringieron los artículos 3º y 35 del Código Contencioso Administrativo, ya que se debieron tener en cuenta los argumentos y pruebas presentadas por el contribuyente, pues el desconocimiento de la exención se basa en que la información no está actualizada en los sistemas y no en las pruebas documentales aportadas al proceso.

Se vulneró el artículo 95 numeral 9º de la Constitución Política al poner al contribuyente en una situación inequitativa con los demás contribuyentes que al igual que él, realizaron la construcción de los parqueaderos entre el 21 de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, pero no pagan impuesto predial.

De igual forma se violaron los artículos 1º de la Ley 232 de 1995 y 28 literal g) del Decreto Distrital 352 de 2002, ya que la actuación administrativa establece requisitos adicionales no contemplados en la norma para que opere la exención.

Por último, manifestó que en el caso sub examine, se presentó lo que denominó “falta de previsibilidad de lo previsible” al permitir actuaciones que violaron el debido proceso, porque el agente oficial no actuó como debía hacerlo, acaeciendo una falla del ente estatal, como está secuencialmente señalado en los supuestos fácticos de la demanda.

III. Contestación de la demanda

Bogotá, Distrito Capital, mediante su apoderada se opuso a las pretensiones de la demanda, en resumen, con base en los siguientes argumentos:

De los requisitos para ser considerado parqueadero público, el predio ubicado en la Carrera 19 Nº 140-88 de la Ciudad de Bogotá solamente cumple con la licencia de construcción, luego la contribuyente no se hizo acreedora al beneficio establecido en el artículo 14 del Acuerdo 26 del 21 de diciembre de 1998.

La sociedad Rengifo Hijos y Cía SCA. no demostró que el parqueadero estuviese en operación y cumplía con los requisitos establecidos en el Acuerdo 26 de 1998 para tener derecho a la exención.

IV. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2010, denegó las súplicas de la demanda, en síntesis, por lo siguiente:

La exención prevista en el literal g) del artículo 28 del Decreto Distrital 352 de 2002, por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital y en las generadas por acuerdos del orden distrital, procede:

• Para las edificaciones nuevas que se construyan en el área urbana del Distrito Capital.

• Que se construya para uso de estacionamiento público, entre el 21 de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2001.

• La exención opera por 10 años contados a partir del año siguiente a la terminación de la construcción.

• Siempre y cuando las edificaciones cumplan las condiciones establecidas en la normativa legal vigente y que se expida para el Distrito Capital.

A su vez, el Decreto Distrital 321 de 1992, por el cual se dictan normas generales para los estacionamientos de servicio al público, tal como lo establece el literal b) del artículo 460 del Acuerdo 6 de 1990, definió qué se entiende por estacionamiento público, y consagra una serie de normas generales de orden urbanístico y arquitectónico para estacionamientos públicos desarrollados en predios privados.

Si bien es cierto la licencia de construcción 01-4-0875 de 27 de septiembre de 2001, se aprueba para obra nueva en el predio ubicado en la carrera 19 Nº 140-84, Urbanización Los Cedritos de la Alcaldía Local de Usaquén, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 50N. 703463, de estacionamientos para servicio público en superficie con 114 cupos, ello por si solo no demuestra que entre el 21 de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 se hubiera construido el estacionamiento para servicio público, y tampoco obra prueba del cumplimiento de las normas legales para tal fin, en especial, las que reglamentan la prestación del servicio de parqueaderos públicos, y que prevén los requisitos generales de orden procedimental, arquitectónico, paisajístico y funcional que deben cumplir las edificaciones excluidas, para el parqueo de vehículos en el Distrito Capital, dependiendo de la clase de parqueadero.

Además, en el boletín catastral del predio se indica que para la vigencia 01/01/2006 tiene un destino cat. 61 lotes/urbanizados No. destino S.H.D. 67 urbanizables no urbanizados; igualmente, obra certificado catastral expedido el 11 de junio de 2010, en el que se observa que el inmueble tenía un destino catastral 61, total área de construcción (m2) 0 uso, sin que constara anotación alguna en relación con el uso del inmueble como parqueadero público o sobre construcción alguna.

Concluye que el demandante no demostró los supuestos para que operara la exención, por lo que la actuación demandada se ajustó a la legalidad.

V. El recurso de apelación

El apoderado de la demandante apeló la sentencia de primera instancia, fundamentándose, en resumen, en las siguientes razones:

Se desconocieron las pruebas allegadas, y no se realizó ninguna verificación para desvirtuar que la sociedad construyó un parqueadero dentro del término establecido en la norma, y que el mismo estuvo en funcionamiento como parqueadero de uso público; parqueadero que fue construido y entró en funcionamiento mediante contrato de arrendamiento celebrado con la sociedad Red de Servicios Inmobiliarios Profesionales S.A. “Ripsa”, propietaria del establecimiento de comercio “Parqueaderos 140”, denominación que llevó el predio en mención por mucho tiempo.

La administración pudo realizar las inspecciones físicas al establecimiento de comercio para verificar su destinación, y solicitar a la curaduría 4 de Bogotá información sobre la fecha de terminación de la obra y los materiales que se utilizaron para la construcción del parqueadero. Si de las pruebas entregadas por el contribuyente le quedaban dudas sobre los hechos, la administración distrital tenía que entrar a hacer las verificaciones necesarias para eliminarlas o, en su defecto, dar aplicación al artículo 745 del estatuto tributario, que consagra que las dudas provenientes de los vacíos probatorios se resuelven a favor del contribuyente.

No es procedente que se rechace la exención con base en un registro catastral desactualizado y, que, además, fue borrado de los archivos.

VI. Alegatos de conclusión

La demandante reiteró los argumentos presentados en el recurso de apelación.

La demandada solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, reiterando lo expuesto en la contestación de la demanda.

El Ministerio Público no rindió concepto.

VII. Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 29 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”.

La controversia en la presente instancia se concreta en dilucidar si la demandada, en los actos administrativos acusados, no valoró las pruebas que reposan en el expediente mediante las cuales, asegura la accionante, demostró el cumplimiento de los requisitos para la exención de pago del impuesto predial unificado de su inmueble identificado KR 19 140 88 (sic), CHIP: AAA0111EMAW, por la vigencia 2006, predio destinado a estacionamientos públicos en la Ciudad de Bogotá,

El artículo 14 del Acuerdo 6 del 21 de diciembre de 1998 de Bogotá Distrito Capital, por el cual se adoptan medidas de simplificación tributaria en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, dispuso:

“Las edificaciones nuevas que se construyan en el área urbana del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá para estacionamientos públicos, entre la fecha de expedición de este acuerdo y el 31 de diciembre del año 2001, estarán exentas del pago de Impuesto Predial Unificado, por un término de diez (10) años contados a partir del año siguiente a la terminación de la construcción. En igual sentido estarán exentas del pago del impuesto de delineación urbana las obras correspondientes a los desarrollos arquitectónicos del parqueadero público a que se refiere el presente artículo.

La anterior exención será procedente siempre y cuando las edificaciones cumplan las condiciones establecidas en la normatividad legal vigente y que se expida para el Distrito Capital”(1).

Respecto de esta exención, que fue recogida en el Decreto Distrital 400 de 1999 (art. 24, literal i.) y luego en el Decreto Distrital 352 de 2002 (art. 28, literal g), se exige las siguientes condiciones para beneficiarse de ella:

1. Que la edificación sea nueva;

2. Que se construya en el área urbana del Distrito Capital;

3. Que el uso sea para estacionamientos públicos;

4. Que haya sido construida entre el 21 de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2001.

5. Que la edificación cumpla las condiciones establecidas en la normativa legal vigente, y la que se expida para el Distrito Capital.

La última condición remite a las normas legales y distritales que fijen los parámetros que deben reunir los estacionamientos públicos, como las contempladas en el Decreto Distrital 321 de 1992, por el cual se dictan normas generales para los estacionamientos de servicio al público, tal como lo establece el literal B del artículo 460 del Acuerdo 6 de 1990.

En el proceso están las siguientes pruebas relevantes para resolver el caso:

1. Certificado(2) de Tradición y Libertad expedido el 19 de diciembre de 2005 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Norte, del inmueble ubicado en la carrera 19 Nº 140-84, matrícula inmobiliaria 50N-703463, de propiedad de la sociedad Rengifo Hijos y Cía. SCA, según la escritura pública 1827 del 16 de noviembre de 1999 otorgada en la Notaría 44 del Círculo de Bogotá y registrada en el mencionado folio de matrícula inmobiliaria el 22 de diciembre de 1999.

2. Licencia(3) de construcción 01-4-0875 del 27 de septiembre de 2001 expedida por la curaduría urbana 4 de la Ciudad de Bogotá D.C., para obra nueva en el predio ubicado en la carrera 19 Nº 140 – 84, matrícula inmobiliaria Nº 50N-703463, consistente en construcción de estacionamientos para servicio público en superficie con 114 cupos para vehículos del grupo 2, según artículo 18 del Decreto 321 de 1992, titular de la licencia la sociedad Rengifo Hijos y Cía. SCA.

3. Solicitud(4) de visita higiénica sanitaria dirigida al Hospital de Usaquén para el establecimiento de comercio destinado a parqueadero ubicado en la carrera 19 Nº 140 – 84 / calle 141 Nº 17-15 de la Ciudad de Bogotá D.C., de fecha 26 de enero de 2006.

4. Declaración(5) bajo la gravedad del juramento de fecha 20 de enero de 2006 de la señora Edna Milena Morales Vargas en representación de la sociedad Rengifo Hijos y Cía. SCA., efectuada en la Organización Sayco - Acinpro, en la que dijo que el establecimiento de comercio denominado parqueadero 140 no utiliza música.

5. Oficio(6) Nº 2010EE15173 del Área Conservación de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, en el cual se informa que no es posible expedir el boletín catastral del predio en cuestión porque fue borrado de los archivos el 4 de enero de 2009 mediante Resolución 2008-117934, a través del proceso masivo de actualización vigencia 2009, aclarando que “de acuerdo con la anotación 4 folio 50N34351, que este fue cerrado por englobe mediante escritura pública 180 del 02 de diciembre de 1983 de la notaria 20 de Bogotá”.

6. Certificación(7) catastral del 11 de junio de 2010 a nombre de Camino de Belmira S.A., del predio identificado con carrera 11 140 36, CHIP AAA0192XREA, matrícula inmobiliaria 00703463, en el cual consta: Destino catastral 61, estrato 0, Total área de terreno (m2) 4555.8, Total área de construcción (m2) 0, Tipo de propiedad, particular.

Por no haber sido solicitados e incorporados al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello, según lo dispuesto en el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil(8) en la valoración probatoria la Sala no tendrá en cuenta los documentos allegados por la demandante con el escrito de sustentación del recurso de apelación.

Al apreciarse las pruebas conforme con las reglas de la sana crítica, se encuentra que no existe certeza de que en el predio identificado KR 19 140 88 (sic), CHIP: AAA0111EMAW, entre el 21 de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, se hayan construido los estacionamientos para servicio público en superficie, con 114 cupos para vehículos del grupo 2, según artículo 18 del Decreto 321 de 1992, aprobados mediante la licencia de construcción 01-4-0875 del 27 de septiembre de 2001, expedida por la Curaduría Urbana 4 de la Ciudad de Bogotá D.C.

Mediante el certificado de libertad y tradición se demuestra la propiedad del referido inmueble, y de la mencionada licencia de construcción se puede inferir que la autoridad de planeación (Curaduría Urbana 4 de Bogotá D.C.) autorizó la construcción de los estacionamientos públicos en el predio ubicado en la carrera 19 Nº 140-84, pero estas pruebas no son suficientes para demostrar que la obra civil efectivamente se haya ejecutado.

De la solicitud de visita higiénica sanitaria y la declaración rendida ante Sayco y Acinpro se puede colegir que el inmueble ubicado en la carrera 19 Nº 140-84 estaba o estaría dedicado a prestar el servicio de parqueadero público; sin embargo estas pruebas no dan certeza de que estuvieran construidos y funcionando los estacionamientos públicos conforme con la licencia de construcción otorgada, y de acuerdo con las demás condiciones previstas en el citado artículo 14 del Acuerdo 6 de 1998, para ser beneficiario el contribuyente de la exención del pago del impuesto predial unificado.

Así, la falta de pruebas que acrediten la construcción de los estacionamiento públicos en superficie con 114 cupos para vehículos del grupo 2, aprobados mediante la licencia de construcción 01-4-0875 del 27 de septiembre de 2001, expedida por la Curaduría Urbana Nº 4 de la Ciudad de Bogotá D.C. dentro del período comprendido entre el 21 de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, lleva a la Sala a concluir que la demandante no cumplió los requisitos previstos en el artículo 14 del Acuerdo 6 de 1998 para gozar de esa exención, pues, además, en el certificado catastral expedido el 11 de junio de 2010 se informa que no hay registrada construcción alguna en dicho predio.

De otra parte, si la accionante no se encontraba satisfecha con la información contenida en el registro catastral, respecto a que no existía construcción alguna destinada a los estacionamientos públicos aprobados en la mencionada licencia de construcción, debió realizar las peticiones de actualización a la Oficina de Catastro Distrital, con base en el derecho a su disposición establecido en el artículo 179 del Decreto 1333 de 1986(9).

Respecto de la carga de probar en asuntos tributarios, el Consejo de Estado ha considerado(10).

“En materia tributaria, al contribuyente que alegue a su favor un beneficio, le corresponde la carga de la prueba del cumplimiento de los requisitos para su procedencia, no solo porque es principio general que quien afirma tener un derecho debe probarlo, sino porque tratándose de un beneficio fiscal el derecho a acceder a él, se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos legales que lo fundamentan y originan , pues de no ser así, no se podría verificar si en realidad se está dando cumplimiento a los cometidos del legislador al establecer el incentivo”.

Por lo anterior, la accionante debió demostrar ante la Administración Distrital que el predio de su propiedad reunía las condiciones previstas en el artículo 14 del Acuerdo Distrital 6 de 1998, recogidas en el Decreto Distrital 400 de 1999 (art. 24, lit. i.) y luego en el Decreto Distrital 352 de 2002 (art. 28, lit. g) para ser beneficiaria de la exención de pago del impuesto predial unificado, por la vigencia 2006.

Establecida entonces la legalidad de los actos administrativos acusados, no prospera el recurso de apelación interpuesto por la demandante, por lo que la Sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 29 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”.

ACEPTÁSE la renuncia presentada por la abogada Liliana Andrea Forero Gómez al poder conferido por la demandada, y RECONÓCESE personería jurídica para actuar en nombre de la demandada al abogado Diego Alejandro Pérez Parra, de conformidad con el poder que obra en el folio 167 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Martha Teresa Briceño de Valencia—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez—William Giraldo Giraldo.

(1) Según nota que aparece al final del texto del acuerdo publicado en la página web de Bogotá Distrito Capital, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2026, este fue publicado el 29 de diciembre de 1998.

(2) Fls. 35 y 36 cuaderno antecedentes.

(3) Fl. 31 cuaderno antecedentes.

(4) Fl. 32 cuaderno antecedentes.

(5) Fl. 33 cuaderno antecedentes.

(6) Fl. 86 Expediente.

(7) Fl. 87 Expediente

(8) El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo dice que en los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

(9) El propietario o poseedor podrá obtener la revisión del avalúo en la oficina de catastro correspondiente, cuando demuestre que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio. Dicha revisión se hará dentro del proceso de conservación catastral y contra la decisión procederán por la vía gubernativa los recursos de reposición y apelación.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente, Juan Ángel Palacio Hincapié, sentencia del 6 de diciembre de 2006. Expediente 15191.