Sentencia 2009-00258 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 25000 23 25 000 2009 00258 01 (2095-12)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

Actor: Aura Marina Castro de Ramírez.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social en liquidación (hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social —UGPP—)

Apelación sentencia - autoridades nacionales.

Bogotá D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala.

Cuestión previa.

Se encuentra al folio 156 del expediente, solicitud del apoderado de la accionada, para que se vincule y admita como sucesor procesal de la Caja Nacional de Previsión Social-Cajanal EICE en Liquidación, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social-UGPP, en virtud de la revocatoria del poder que obra en la Escritura Pública Nº 2641 de 22 de mayo de 2013, debido a que durante el trámite del proceso se extinguió la persona jurídica demandada mediante Decreto 877 de 30 de abril de 2013.

Ante esta situación procesal sobreviniente, dado que la finalización del ente demandado se produjo en el trámite del proceso y antes de la sentencia de segunda instancia, se procederá a la sucesión procesal solicitada como así se hará saber en la parte resolutiva de la decisión.

La sucesión procesal es una figura contemplada en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil(1) aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, que permite la alteración de las personas que integran la parte, trátese de una persona natural o jurídica. La consecuencia del mismo, es permitir que otros sujetos procesales sustituyan a la persona fallecida o la entidad jurídicamente inexistente. La doctrina no la ha considerado como una intervención de terceros; Azula Camacho, la describe como una crisis, que consiste exclusivamente en el cambio de personas que integran cualquiera de las partes y, por tanto, es factible que afecte al demandante o al demandado o, incluso, a un tercero interviniente. El sucesor queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. La sucesión procesal entonces, no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso. Por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, que, por tanto, continua igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado.

En ese orden de ideas, al demostrarse la inexistencia jurídica de la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación y radicarse sus obligaciones en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social-UGPP, según el artículo 64 del Decreto 4107 de 2011, la decisión de esta instancia, se producirá respecto de esa entidad.

1. El problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si la actora es o no beneficiaria, de conformidad con las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, al reconocimiento de la pensión "gracia".

2. Marco jurídico de la pensión gracia.

La Ley 114 de 1913, otorga a los maestros de escuelas primarias oficiales que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4º, una pensión nacional por servicios prestados a los departamentos y a los municipios, siempre que comprueben “que no reciben actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

En consecuencia, un maestro de primaria puede recibir simultáneamente pensión de jubilación departamental y nacional con base en la Ley 114 de 1913, pero en ningún caso dos pensiones de índole Nacional.

Posteriormente, con la expedición de las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 se hizo extensiva esta prerrogativa a otros empleos docentes, al consagrar la posibilidad de computar para tal efecto los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, pero en colegios departamentales o municipales, interpretación que surge de la prohibición de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la Ley 116 citada, en su artículo 6º señaló que tal beneficio se concretaría “… en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan …”, lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta ley.

Sobre los alcances de la Ley 37 de 1933, ha sido reiterada la jurisprudencia de la corporación(2) al precisar que la referida ley lo que hizo simplemente fue extender a los maestros de establecimientos de enseñanza secundaria la pensión aludida, sin cambio alguno de requisitos.

La Ley 91 de 1989, en el artículo 15 numeral segundo literal “A”, estableció la vigencia de la pensión gracia, no obstante que sobre la interpretación de dicha ley se presentaron algunas discrepancias en la jurisprudencia. La Sala Plena Contenciosa, en sentencia del 27 de agosto de 1997(3), definió con claridad el ámbito de aplicación de esta norma frente a las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1993.

Dijo la Sala Plena en la citada sentencia:

“3. El artículo 15 Nº 2, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “... otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (lit. B, Nº 2, art. 15 ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia...siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley”.

Lo anterior para precisar la conclusión de dicho beneficio para los docentes vinculados a partir del 31 de diciembre de 1980, como también que la excepción en cuanto a la pensión gracia permite la compatibilidad en el pago de dos pensiones de carácter nacional (pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación) en virtud de la Ley 91 de 1989, es limitada a aquellos docentes departamentales y municipales que a la fecha señalada en tal disposición, quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975, quienes deberán reunir los demás contemplados en la Ley 114 de 1913.

Esta Sala ha dicho en anteriores pronunciamientos que el carácter territorial o nacional de los nombramientos docentes, no lo determina la ubicación del Plantel Educativo en donde se presten los servicios, sino el Ente gubernativo que en efecto profiere dicho acto, lo que a su vez define la planta de personal a la que pertenecen y el presupuesto de donde proceden las pagos laborales respectivos. Asimismo, al determinar la calidad de un nombramiento docente en aras de la concesión del derecho a la pensión gracia, no pueden ignorarse los diferentes procesos de administración de personal que se han suscitado en el manejo del cuerpo docente oficial, pues durante largos periodos y especialmente con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, —momento a partir del cual la financiación de la Educación fue asumida totalmente por la Nación—, la función nominadora fue delegada y desconcentrada en cabeza de las Entidades Territoriales, por lo que debe desentrañarse con observancia de ello, la verdadera naturaleza de la vinculación aducida en cada caso(4).

3. Caso concreto.

Para resolver si la demandante tiene derecho de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 al reconocimiento de la pensión "gracia", se discurre de la siguiente manera:

Da cuenta el plenario que la peticionaria cumplió 50 años de edad el día 18 de junio de 2003 (fl. 36). Conforme a la certificación de la Secretaría de Educación de Cundinamarca y los certificados de la Secretaría de Educación de Bogotá visibles a folios 15 al 17, se evidencia que la accionante prestó sus servicios al Estado del 30 de abril de 1974 al 31 de julio de 1979 como docente Nacionalizado y del 23 de septiembre de 1980 al 17 de mayo de 2005 como docente de primaria cuya vinculación fue de carácter Nacional, prestando sus servicios en un establecimiento educativo distrital, motivo por el cual no es posible convalidar el tiempo ostentado bajo esta calidad por la actora para computar el requerido legalmente para hacerse acreedora de la pensión gracia solicitada.

Significa lo anterior, que en el presente caso la actora no reunió los requisitos establecidos legalmente para beneficiarse de la pensión gracia, lo que sin duda alguna impone para la Sala la confirmación del fallo apelado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A” administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 12 de julio de 2012 en el proceso instaurado por Aura Marina Castro de Ramírez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscal de la Seguridad Social —UGPP—).

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

 

(1) ART. 60.—Sucesión procesal. <Artículo modificado por el artículo I. numeral 22 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobrevienen la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

(2) (sic)Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005). Radicación 50001-23-31-000-1995-04849-01(16346). Actor: Milciades Olaya Orjuela y otros. Demandado: Nación - Mindefensa - Policía Nacional. Referencia: Apelación sentencia - Acción reparación directa.

(2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejera Ponente: Clara Forero De Castro. Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) Radicación 10655.

(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero Ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda. Radicación S-699. Actor: Wilberto Therán Mogollón.

(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda - Subsección “A”. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010). Radicación 25000 2325 000 2006 07030 01 (2093-2008). Actor: Gladis Aliria Morales de Pardo. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.