Sentencia 2009-00267/44194 de octubre 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2009-00267-01 (44.194)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Tatyana Montañez Aponte y otras

Demandado: Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Caducidad de la acción de reparación directa / El término de caducidad se suspende desde la fecha en que se presenta la solicitud de conciliación prejudicial hasta la expedición de la constancia de no acuerdo conciliatorio o hasta que venza el término de tres meses contados desde que se solicitó el inicio del trámite, lo que ocurra primero.

Bogotá D.C., cinco de octubre de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia de la Sala; 2) el ejercicio oportuno de la acción: se configuró la caducidad de la acción de reparación directa. La diligencia de conciliación prejudicial suspende el término de caducidad hasta la expedición de la constancia de no acuerdo conciliatorio o hasta que venza el término de tres meses contados desde la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero; 3) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(17).

Como en este caso se debate la responsabilidad del Estado por la privación injusta que habría soportado una ciudadana, la Sala es competente para conocerlo en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió el 27 de octubre de 2011.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo que primero ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, en virtud de una medida de aseguramiento de detención preventiva(18).

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido las demandantes con ocasión de la privación de la libertad que soportó la señora Tatyana Montañez Aponte dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

Reposa en el expediente la copia auténtica de la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, fechada el 25 de enero de 2007(19), por medio de la cual se confirmó la absolución de responsabilidad penal de la demandante decidida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de esa ciudad.

Según la certificación secretarial que obra en el proceso penal, la sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 8 de marzo de 2007. Así las cosas, los dos años del término de caducidad se hubieran agotado el 9 de marzo de 2009.

No obstante lo anterior, lo cierto es que, de conformidad con el expediente, la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 12 de febrero de 2009 y, posteriormente, el 6 de mayo de ese año, la Procuraduría 56 Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió la constancia de no acuerdo conciliatorio(20).

Respecto de la incidencia del trámite conciliatorio en el conteo del término de caducidad, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 estableció que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial lo suspendía hasta la expedición de la constancia de no acuerdo conciliatorio o hasta que venciera el término de tres meses contados desde la presentación de la solicitud, lo que ocurriera primero(21).

Como en este caso la constancia de no conciliación se expidió el 6 de mayo de 2009, es decir, antes de que transcurrieran los tres meses desde que se presentó la solicitud -los cuales se hubieran cumplido el 12 de ese mes y año- es aquella fecha el momento a partir del cual se reinició el conteo del término de caducidad.

Dado que para la fecha en que se presentó la solicitud de conciliación faltaban 26 días para que se completaran los dos años para que caducara el ejercicio de la acción, resulta necesario contabilizar en el calendario ese número de días, a partir del 6 de mayo de 2009, fecha en la que se reanudó el conteo del término de caducidad(22).

Puesto que 26 días calendario, a partir del 6 de mayo de 2009, contaban hasta el 31 de ese mes, día no hábil por ser domingo, la siguiente fecha hábil era el 1º de junio de 2009. Es decir, en esta última fecha se completaron los dos años del término de caducidad.

Sin embargo, según el sello de la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la demanda se presentó el 4 de junio de 2009 por lo que se hizo cuando ya había fenecido la oportunidad legal de ejercer el derecho de acción.

Por lo antes dicho, se debe declarar la caducidad de la acción de reparación directa interpuesta por las demandantes, sin que sea procedente estudiar de fondo las pretensiones.

3. Condena en costas.

En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 27 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:

“1. DECLARAR la caducidad de la acción de reparación directa interpuesta por las demandantes.

2. SIN condena en costas”.

Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

17 Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

18 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por esta subsección:
— Providencia del 26 de agosto de 2015, radicado 200301473 01 (38.649), actor: Ómar Fernando Ortiz y otros, consejero ponente Hernán Andrade Rincón (E).
— Providencia del 25 de junio de 2014, radicado 199900700 01 (32.283), actor: Wladimiro Garcés Machado y otros, consejero ponente Hernán Andrade Rincón (E).

19 Esta providencia obra entre los folios 276-294 del cuaderno de pruebas.

20 La constancia de no acuerdo conciliatorio obra en los folios 503-506 del cuaderno 2.

21 ART. 21 de la Ley 640 de 2001:
“Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

22 Como se indicó, los dos años del término de caducidad se cumplían inicialmente el 9 de marzo de 2009, pero como la solicitud de conciliación se presentó el 12 de febrero de ese año, se hizo cuando faltaban 26 días calendario antes de que ello ocurriera.