Sentencia 2009-00270 de septiembre 1 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002325000 2009 00270 01 (0025-2012)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Jaime Humberto Sánchez Gaitán

Demandado: Caja Nacional De Previsión E.I.C.E. en liquidación

Consulta sentencia - Autoridades nacionales

Bogotá, D. C., primero de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

El problema jurídico por resolver es si las resoluciones 58235 de 19 de diciembre de 2007 y 60529 de 15 de diciembre de 2008, expedidas por el gerente general de la Caja Nacional de Previsión E.I.C.E. mediante la cual el ente estatal reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de por vejez a favor del Dr. Jaime Humberto Sánchez Gaitán, y confirma esta decisión resultan ajustadas a derecho.

1. Cuestión previa:

Con relación a las excepciones de inepta demanda por falta de requisitos formales en razón de la falta de razonabilidad de la cuantía, e inexistencia de la obligación y prescripción de las mesadas(9) se dirá lo siguiente:

Respecto a la inepta demanda por falta de requisitos formales en razón de la falta de razonabilidad de la cuantía se dirá que ha sido reiterada por esta corporación, el criterio según el cual la cuantía del proceso es un factor objetivo, que se analiza al momento de interposición de la demanda, sin que ello implique el desconocimiento de las variaciones que introduzca el legislador en el curso del proceso, en materia de competencias, que por ser normas referentes a la ritualidad del proceso, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887(10), tienen aplicación inmediata.

Por tanto, la cuantía que va a determinar la competencia funcional del juez, va a ser siempre la que de manera razonada exponga el actor en el escrito de la demanda. La misma, de ser aceptada, hay que decirlo, con los pocos elementos de juicio con los que cuenta el juez al momento de admitir la demanda, es el único factor determinante de su competencia.

Por supuesto, no se trata de la suma que arbitrariamente fije el demandante, sino de aquel valor que se ve respaldado con una acuciosa operación matemática, que en últimas refleje fielmente lo pretendido con la acción que se instaura. Es este el verdadero alcance de la expresión contenida en el artículo 134-E y el numeral 6º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, cuando se refieren a la estimación razonada de la cuantía, pues de no hallarse plenamente satisfecho este requisito en la demanda, el juez se verá obligado a disponer su inadmisión para que el defecto sea subsanado.

Por este motivo, se insiste, el valor enunciado en la demanda o en su corrección dentro del término legal, de forma razonada y aceptado por el juez al momento de admitir la respectiva acción, es el único factor que debe ser tenido en cuenta para determinar la naturaleza del proceso y la competencia funcional del ente jurisdiccional.

La Sala, en sentencias de 9 de junio de 2004(11) y 23 de agosto de 2007(12) consideró que la estimación de la cuantía solo es forzosa cuando de esta dependa la competencia, pero que su omisión no incide sobre el fondo de la controversia, como si incidirían la caducidad de la acción o la falta de agotamiento de la vía gubernativa, presupuestos de procedibilidad cuya omisión conduce a un fallo inhibitorio.

Sin embargo en este caso, en la demanda(13) se hace una estimación y un razonamiento a partir de lo que la entidad ha venido cancelando desde el mes de enero de 2009, y el monto de la pensión a recibir en cuantía de doce millones quinientos mil, la diferencia desde el mes de enero de 2009 hasta la fecha de presentación de la demanda equivale al valor aproximado de cincuenta y cinco millones novecientos sesenta y cinco mil pesos, con el agregado del interés respectivo, estimación que el juez de instancia encontró ajustada a derecho para tramitar la demanda.

Amén de lo anterior, no es esta la instancia procesal para debatir este tipo de argumentos, sino como recurso frente al auto de admisorio de la demanda, dado que si no se impugna esta providencia, y una vez agotado el trámite de admisión, sin objeción alguna, surtido el control de legalidad agotada cada instancia que debe cumplir el Juez, el tema queda saneado. Por lo anterior, la excepción no prospera.

Respecto de la restante excepción propuesta: inexistencia de la obligación, se trata de un mero argumento defensivo razón por la que serán estudiados con el fondo del asunto al tenor de lo dispuesto en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

Finalmente en lo atinente a la prescripción de mesadas, habrá de ser estudiada una vez verificada la prosperidad de la pretensión.

2. Fondo del asunto.

Para llegar a una decisión respecto del problema planteado, esta corporación realizara las siguientes precisiones:

Para este caso a través de las resoluciones demandadas 58235 de 19 de diciembre de 2007(14), y 60529 de 15 de diciembre de 2008(15), proferidas por el gerente general de la Caja Nacional de Previsión Social se reconoció y ordeno el pago de una pensión mensual vitalicia de vejez solicitada por el actor efectiva a partir del 1º de agosto de 2007 con base en que (i) el actor fue incorporado el régimen de seguridad social por el artículo 1º del Decreto 691 de 1994; ii) el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que le faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo que este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor según certificado expedido por el Dane y (iii) que en aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respetó tres requisitos como son el tiempo de servicio, la edad y el monto del régimen anterior vigente; por lo que en el asunto se aplica el Decreto 546 de 1971 para estos requisitos y la liquidación se efectúa con el 75% de la media de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, conforme el referido artículo y Sentencia C-168 de 1995 de la Corte Constitucional, entre el 01 de agosto de 1997 y el 30 de julio de 2007.

El actor señala, con base en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que por pertenecer al régimen de transición establecido en la norma para el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, respecto a los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del valor mensual de la misma, al haber laborado en la Rama Judicial por un tiempo superior a 28 años, al (sic) corresponde la liquidación y determinación del monto mensual de la misma, con el equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada.

La entidad demandada por su parte, señala que al 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, el demandante no había adquirido ningún derecho pensional, solamente contaba con unas expectativas hacia el futuro, porque tenía 33 años de edad y 19 años de servicio, razón por la cual quedó amparado por el régimen de transición de que trata el referido artículo 36, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto para el reconocimiento de la pensión de vejez se debe aplicar el régimen anterior, Decreto 546 de 1971 en cuanto a edad, tiempo y monto, y para la liquidación de la mesada pensional se regirá por las disposiciones de la Ley 100 y el Decreto 1158 de 1994.

Para resolver este aserto establecer que factores salariales hacen parte de la liquidación como régimen especial y si de ellos es factible ordenar descuentos con destino a salud.

Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado la Sala encuentra probado los siguientes hechos:

— El demandante nació el 1º de febrero de 1951(16).

— Laboró en la Rama Judicial así:

Desde el 24 de febrero de 1975 al 8 de octubre de 1975, del 1º de abril de 1976 al 10 de abril de 1980, del 1º de octubre de 1982 al 30 de septiembre de 1986, del 16 de octubre de 1986 al 30 de enero de 1995, y del 1º de noviembre de 1995 al 30 de julio de 2007(17).

— El 9 de agosto de 2007 en ejercicio de derecho de petición suscrito por el actor, impetra a la Caja Nacional de Previsión reconocimiento de su pensión de vejez solicitando aplicación del régimen anterior de la Ley 100 que lo es el Decreto 546 de 1971 artículo 6º. Al momento de entrar en vigencia la Ley 100 fue amparado por el régimen de transición, razón por la que señala tener derecho a ser liquidado conforme lo prevé el Decreto 546 de 1971 porque tenía más de 43 años de edad y más de 20 años de servicios todos ellos en la Rama Judicial del Poder Público(18).

Agregar que la liquidación debe ser efectuada con las doceavas partes de las primas de Navidad, semestral o de servicios, vacaciones, bonificaciones, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional(19).

— Por Resolución 58235 de fecha 19 de diciembre de 2007 el gerente general de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. reconoce y ordena el pago a favor del señor Jaime Humberto Sánchez Gaitán, de una pensión mensual vitalicia de vejez, en cuantía de cuatro millones doscientos setenta y dos mil trecientos sesenta y tres pesos con 92/100 mcte. ($ 4´272.363.92), efectiva a partir del 1º de agosto de 2007, para cuyo disfrute debe acreditar retiro del servicio(20).

— El 25 de febrero de 2008 se interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, bajo el argumento que se tenía que liquidar su pensión como lo establece el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, por encontrarse en el régimen de transición, debido a que estima se le debe tener en cuenta los factores salariales como son primas de Navidad, de servicios, de vacaciones, bonificación anual de servicios, y se le reconozca el incremento previsto en el Decreto 1835 de 1994, ya que ejerció una actividad de alto riesgo, por constituir todos los factores salariales(21).

— Mediante Resolución 60527 de 15 de diciembre de 2008 el gerente general de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. resuelve confirmar la Resolución 58235 del 19 de diciembre de 2007, concluyendo que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Oficio del 6 de enero de 2006 ratifica la posición de aplicar el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para liquidar las pensiones de los regímenes especiales y los factores salariales tenidos en cuenta son los taxativamente señalados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994(22).

— Por Resolución 2-3204 de 26 de diciembre de 2008, se aceptó la renuncia a partir de 1º de enero de 2009 al demandante, del cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Especializados de la Unidad Nacional de Fiscalía Antinarcóticos y de Interdicción Marítima(23).

— En este último destino estuvo nombrado, en cargo, desde el 12 de agosto de 2008 hasta el 10 de noviembre del mismo año 2008(24).

— Como sumas devengadas durante el último año de servicios que se acreditaron sueldo, sueldo de vacaciones, gastos de representación, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por servicios, bonificación por actividad judicial(25).

— En acción de tutela interpuesta contra la entidad(26) la que fue resuelta por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, el 16 de febrero de 2009, dispuso proteger en forma transitoria los derechos fundamentales al debido proceso, y mínimo vital invocados por el actor, hasta tanto se emita un pronunciamiento de fondo por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que dentro del término de cinco días se proceda a reliquidación de la pensión mensual vitalicia de vejez reconocida al accionante mediante Resolución 58235 de 19 de diciembre de 2007, ciñéndose estrictamente a los parámetros del artículo 6º del Decreto 546 de 1971(27).

— En cumplimiento del fallo de tutela, la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. profirió la Resolución 18820 de 19 de mayo de 2009, en el que en consecuencia reliquida una pensión de vejez a favor del señor Jaime Humberto Sánchez Gaitán elevando la cuantía a cinco millones doscientos cincuenta mil seiscientos noventa y seis con 69/100 mcte. ($ 5.250.696.69), efectiva a partir del 1º de agosto de 2007, condicionada a demostrar retiro definitivo del servicio pero por un lapso de cuatro meses contados a partir de la notificación de la referida resolución siempre y cuando el interesado aporte constancia de haber iniciado durante este término acción contenciosa, de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento(28).

— En la Resolución 18820 de 19 de mayo de 2009 la pensión se reliquidó con base en el 75% de la asignación más alta devengada en el último año de servicios incluyendo la totalidad de todos los factores salariales debidamente certificados dentro del periodo comprendido entre 1º de agosto de 2006 y el 30 de julio de 2007, siendo los factores tenidos en cuenta: asignación básica, gastos de representación, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por servicios bonificación por actividad judicial, y prima de Navidad(29).

Finalmente observa la Sala que dentro del proceso se encuentra acreditado que el actor laboró al servicio de la Rama Judicial por espacio de más de 30 años; que nació el 2 de febrero de 1951 por lo que cuenta con más de 50 años de edad; que el último cargo que desempeñó fue el de Fiscal Delegado ante los Jueces Especializados de la Unidad Nacional de Fiscalía Antinarcóticos y de Interdicción Marítima y que obtuvo el status jurídico el día 1º de agosto de 2007.

Se trata entonces, de un funcionario de la Rama Judicial que adquirió el derecho a la pensión de jubilación en vigencia del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993.

3. Marco jurídico.

No se discute en el proceso que al actor lo amparaba el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, que su pensión de jubilación se regulaba por la normatividad anterior a dicha ley.

Para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante se hallaba dentro del régimen de transición, pues reunía los dos presupuestos exigidos en la norma legal y por tanto debió aplicársele el régimen anterior, ya que había cumplido, para esa fecha, más de 15 años de servicios al Estado y más de 35 años de edad.

La Ley 33 de 1985, aplicable al caso concreto, dispuso en su artículo 1º, que el empleado oficial tendrá derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio base para los aportes durante el último año de servicio, siempre que preste o haya prestado 20 años continuos o discontinuos de servicios y tenga 55 años de edad; esta norma derogó el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, que disponía que la pensión sería equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios.

Señaló, además, los factores que deben servir para determinar la base de liquidación de los aportes(30).

Esta disposición fue modificada por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que, a su vez, derogó el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, y en cuanto a factores salariales para el reconocimiento de la pensión de jubilación estableció:

“ART. 1º—Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya que la remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

En todo caso las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

Empero, la Ley 33 de 1985, artículo 1º, dispuso que la regulación general no se aplicará a los empleados oficiales que desarrollan actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni a aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

El Decreto 546 de 1971, por el cual se estableció un régimen especial a favor de los funcionarios y empleados de la rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, dispuso que la liquidación de la pensión de jubilación se haría en la forma ordinaria establecida para los empleados de la Rama Administrativa del Poder Público, salvo que hubieren prestado sus servicios por lo menos 10 años en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público o en ambas.

En efecto el artículo 6º estableció:

“ART. 6º—Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres, y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas”.

Así, por mandato expreso de la Ley 33 de 1985, los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público tienen derecho a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, a menos que por un lapso de 10 años hubieren laborado en la Rama Jurisdiccional y/o en el Ministerio Público pues, teniendo estos un régimen especial, continúan con el derecho a disfrutar de una pensión igual al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios.

El artículo 12 del Decreto 717 de 1978, fijó los factores que constituyen salario, así:

“ART. 12.—De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

a) Los gastos de representación.

b) La prima de antigüedad.

c) El auxilio de transporte.

d) La prima de capacitación.

e) La prima ascensional.

f) La prima semestral.

g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio”.

Esta sección(31) ha hecho la distinción de los conceptos devengar y salario, en tanto no son idénticos, y por ello no se pueden confundir. Devengar, es adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título; mientras que el salario es la retribución por el servicio prestado y en este sentido, es uno de los posibles objetos del verbo devengar; de donde no todo lo devengado es salario, así como el salario no puede considerarse devengado para todos los efectos, en la medida en que pueden devengarse (causarse) rentas o ingresos a títulos diferentes.

Así las cosas, cuando la ley se refiere expresamente al salario como unidad de medida, todo pago que tenga un propósito retributivo, constituya un ingreso personal del funcionario y sea habitual, tiene naturaleza salarial y debe incluirse en la base de liquidación del derecho pretendido.

No sucede igual cuando la ley, para efectos de la liquidación de un determinado derecho laboral, estipula una unidad de medida diferente al salario; caso en el cual la ley puede incluir en la base de liquidación a ingresos devengados por el trabajador que no tiene naturaleza salarial, o excluir de dicha base de liquidación, ingresos que por naturaleza tiene carácter salarial.

En ese orden de ideas, cuando la ley estipula que lo devengado por un funcionario es la unidad de medida de un derecho, la misma ley será la que defina qué ingresos percibidos deben ser imputados en la liquidación del mismo. Igualmente, cuando se refiera al salario debe entenderse que todo pago con carácter retributivo, que constituya un ingreso personal para el trabajador y que sea habitual, tiene tal naturaleza o característica.

En tal sentido, se tiene que la norma que regula al demandante en materia pensional es el Decreto 546 de 1971 que señala un régimen especial para funcionarios de la rama Jurisdiccional y del Ministerio Público.

Estas normas definen de forma clara los ingresos que deben tenerse en cuenta en la base de liquidación de la pensión de jubilación del actor, cuando señalan que se liquidará con el 75% de la “asignación mensual más alta”, concepto que se refiere al salario y que se debe integrar con los pagos que el Decreto 717 de 1978, incluye como devengados para tal fin: todos los pagos que “[…] habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios […]“(primas de Navidad, servicios y vacaciones); y además los pagos que los literales a) a g) mencionados en el decreto, a pesar de que no tuviesen naturaleza salarial o carácter retributivo (v. gr. gastos de representación, auxilio de transporte, parte de los viáticos etc.).

Por lo tanto, la pensión de régimen especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público no debe liquidarse sobre los factores salariales señalados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985. Pero además, la precisión final de dicho artículo respecto a que “en todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes” significa que aun cuando se trate de una pensión de régimen especial, el empleado está obligado a pagar los respectivos aportes sobre todos los factores que según la ley deben tenerse en cuenta para la determinación de la base, obligación que por lo demás, si no se cumple por cualquier motivo, no da lugar a que se niegue la inclusión del determinado factor, sino que al momento del reconocimiento la entidad de previsión haga los descuentos correspondientes, descuentos que deben ser actualizados a partir de la fecha en que debió hacerse a la fecha en que se efectúa.

No resultan de recibo para Sala los argumentos de la entidad demandada, en cuanto señala que para establecer la base de liquidación de la pensión de jubilación del demandante, debe acudirse a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 junto con sus Decretos Reglamentarios 691 y 1158 de 1994, pues de aceptar tal argumentación, se desvirtuaría la especialidad del régimen que en todo caso debe interpretarse en el contexto de las normas constitucionales que dan fundamento a la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

3.1. La sostenibilidad financiera del sistema pensional, cotización suficiente.

La obligación de ordenar los descuentos con destino a aportes, fue inicialmente de origen legal y resulta plenamente aplicable al régimen especial de pensiones previsto en el Decreto 546 de 1971. En efecto en el inciso final del artículo 1º de la Ley 62 de 1985 se señala que “en todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

La Constitución de 1991 en su artículo 48, señaló la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Además lo consignó como un derecho irrenunciable.

El Acto Legislativo 1 de 2005 introdujo un principio del régimen de seguridad social, cual es el de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Se entiende por sostenibilidad financiera del sistema pensional la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública del sistema.

Agrega el citado acto legislativo que se “respetarán los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.”

La sostenibilidad financiera del sistema pensional, consagrada constitucionalmente, es base para garantizar el cumplimiento de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, bases del sistema, tendientes a dar garantía de bienestar a los beneficiarios, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más prospera, justa y solidaria.

La salvaguardia de la sostenibilidad financiera del sistema pensional es un instrumento indispensable para lograr este objetivo, tanto para garantizar la financiación adecuada del sistema y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar, como para ofrecer seguridad a los actuales y futuros usuarios del sistema pensional.

Los tres objetivos de la norma son: sostenibilidad financiera de todo sistema pensional; fortalecer la confianza legítima en la estabilidad y permanencia de la sostenibilidad financiera del sistema pensional; y reforzar el compromiso y la solidaridad de las personas que integran nuestro Estado Social de Derecho como principio fundante del mismo.

Dentro de este contexto vale también recordar que nuestro Estado Social de Derecho se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y la prevalencia del interés general.

La misma norma constitucional(32)señala que para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia, agrega además que en materia pensional se respetarán los derechos adquiridos.

Lo que implica que todos los regímenes pensionales en desarrollo del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, están en la obligación constitucional de concurrir con los aportes respectivos de manera suficiente con destino a financiar la sostenibilidad del sistema pensional, luego pensar que la especialidad del régimen exime de tal obligación al amparo jurídico del mismo, sería ni más que una inconstitucionalidad sobreviniente. Esto lleva a la conclusión que el régimen especial resulta amparado y es susceptible de protección, en la medida en que se articule el principio de sostenibilidad financiera cumpliendo la obligación de aportar de manera suficiente y razonable el tiempo laborado en el último cargo desempeñado, vale decir que no habrá cotización suficiente y razonable si se labora por ejemplo en encargo un mes o dos, como en este caso que lo fue por ochenta y ocho días de 12 de agosto de 2008 al 10 de noviembre de 2008(33).

Casos como estos son los que dieron lugar al denominado y cuestionado carrusel de pensiones, que no es otra cosa que mejorar las condiciones de jubilación del servidor público judicial y aumentar sus ingresos de manera irregular con quebranto el ordenamiento jurídico dada la ausencia de cotización proporcional al monto pensional reconocido, lo que resulta a todas luces reprochable, dado que se vulneraría el principio de igualdad, en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas que no solo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecer a un sector de la población que puede acceder a la pensión al amparo de un régimen que por la ausencia de cotización suficiente, crea un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social, en detrimento del interés general y del grueso de la población pensional.

3.2. Los descuentos para seguridad social en pensiones, de aquellos factores que se ordena incluir para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión del actor, respecto de los cuales —en su momento— no se realizaron cotizaciones.

La doctrina sentada de antaño por esta corporación, señala que cuando se dispone para la liquidación de una pensión incluir todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicio, la entidad que debe reconocer y pagar la prestación pensional debe proceder a hacer las deducciones y/o descuentos de ley, con destino a la seguridad social en pensiones, de aquellos factores respecto de los cuales no se hubieran hecho cotización.

Ahora, el Acto Legislativo 1 de 2005, que modifica el artículo 48 de la Carta Política, dentro de las vías que introdujo para mantener la sostenibilidad financiera del sistema pensional, señaló que “[P]ara la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.

Por ello, siendo consecuentes con el anterior propósito, para esta Sala resulta necesario que los valores a retener y/o deducir, de aquellos factores sobre los que no se cotizó y que se tendrán en cuenta para reliquidar la pensión del accionante, deben ser actualizados a valor presente a través del ejercicio que realice un actuario, de suerte que se tenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar al actor y a su empleador, de lo contrario se trataría de sumas despreciadas, que en vez de coadyuvar a la sostenibilidad fiscal en materia pensional, ahondarían la problemática.

De otra manera, aceptar los regímenes especiales como exentos de aportes implicaría resquebrajar la sostenibilidad el sistema.

De hecho el mismo Constituyente en el acto legislativo en cita refirió que las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas, lo que no excluye las normas vigentes anteriores al mismo en razón del fenómeno jurídico de la inconstitucionalidad sobreviniente, que no se excusa con el amparo del derecho adquirido, porque este derecho es de carácter subjetivo, en tanto el principio de sostenibilidad cuenta con el respaldo del interés general.

La preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde antes de la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Desde la Ley 4ª de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un valor máximo de 22 SMMLV. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 SMMLV y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 SMMLV para los afiliados al régimen de prima media. Más recientemente, el artículo 5º de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 SMMLV; ese mismo criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 1 de 2005(34).

El último cuerpo normativo citado, la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales”, señaló que el sistema general de pensiones consagrado en la referida ley, se aplica a todos los habitantes del territorio nacional conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de prima media y del sector privado en general.

En su artículo 17(35)ibídem reiteró la obligación de efectuar cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afilados, los empleadores con base en el salario o ingreso por prestación de servicios de servicios que aquellos devenguen, obligación que cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez a anticipadamente.

Lo que quiere decir que aunque se esté cobijado por un régimen especial de pensiones, la especialidad no excluye a dicho régimen del sistema general de pensiones, ni exonera del deber de efectuar las cotizaciones de acuerdo al monto y factores percibidos.

El principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional resulta robustecido por otra regla constitucional señalada en la misma norma, según la cual, en el tema de cotizaciones o aportes consigna expresamente la obligación de aportar, de tal suerte que: “para la liquidación de las pensiones solo tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.

Significa lo anterior, que aun cuando se trate de una pensión de régimen especial, el empleado está obligado a pagar los respectivos aportes sobre todos los factores que según la ley deben tenerse en cuenta para la determinación de la base, obligación que por lo demás, si no se cumple por cualquier motivo, no da lugar a que se niegue la inclusión del determinado factor, sino que al momento del reconocimiento la entidad de previsión haga los descuentos correspondientes, que de resultar excesivamente onerosos dado el tiempo no cotizado puede implicar un acuerdo de pago entre la entidad y el futuro beneficiario de la pensión.

En términos del artículo 95 superior(36) el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades. La mencionada norma constitucional acuña la obligación de toda persona de cumplir la Constitución y las leyes, y señala como deberes de la persona y del ciudadano “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, […]”. En consonancia con esta norma, el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005 defirió a la ley establecer un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados.

Luego aquellas pensiones de régimen especial que quebranten las previsiones de esta normativa constitucional, bien porque no cotizaron, o lo hicieron sobre un salario muy inferior al del último año o por un periodo breve respecto de la asignación mensual más elevada devengada, obteniendo en todo caso una mesada muy superior al monto tradicionalmente devengado incurren en un abuso del derecho en tanto la causa que los origina no resulta coherente con el resultado pensional obtenido y ello hace posible el control judicial ante el juez de la administración de este tipo de actos que reconocen pensiones que quebranten el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y el de proporcionalidad dado el conflicto que se presenta entre el derecho fundamental a la seguridad social y el interés general que se concreta en equilibrio financiero del sistema, que hace posible que otros beneficiarios del mismo pueden acceder a él o tan siquiera puedan seguir percibiendo su mesada pensional, principios ambos protegidos por la Constitución y cuya tensión debe ser decidida por el Juez de la administración dentro del contexto del control de legalidad que le asiste atendiendo proporcionalidad de los hechos que le sirven de causa.

4. El caso concreto.

Como ha quedado expuesto, la norma jurídica anterior a la Ley 100 de 1993 aplicable en el sub júdice, para establecer el monto del derecho pensional del Dr. Jaime Humberto Sánchez Gaitán, es la contenida en la parte final del precitado artículo 6º del Decreto 546 de 1971, según la cual, la pensión vitalicia de jubilación, debe ser “equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual más elevada más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios […].”.

Se observa, entonces que la anterior disposición sujetó la base de liquidación pensional a lo “devengado” por el funcionario, por lo cual, para efectos de determinar el monto de la pensión a que tiene derecho el accionante, es preciso recurrir al artículo 12 del Decreto 717 de 1978, que reguló, entre otros aspectos, la escala de remuneración correspondiente a los cargos para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público y fijó los factores que constituyen salario(37).

La especialidad del régimen se traduce en que la pensión se liquida con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, siempre y cuando el funcionario cumpla por lo menos diez (10) años en las citadas entidades, aspecto que este proceso no se discute.

En reiterados pronunciamientos la Sala ha expresado que el concepto asignación o salario para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial a quienes los cobijan de previsiones del Decreto-Ley 546 de 1971, lo constituyen los factores consignados en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en los términos precisados por el juzgador de primera instancia.

El mencionado decreto señala algunos factores de salario, no obstante, debe tenerse en cuenta que también consagra una regla general: además de la asignación mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado como retribución de sus servicios.

Sobre este particular debe decirse que, no le asiste la razón a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) cuando entiende que el régimen de transición no hace excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidar la misma, toda vez que como lo dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el monto de la pensión para sus beneficiarios es el establecido en las normas anteriores a su entrada en vigencia, entendiendo por monto no solo el porcentaje de la pensión, sino la base de dicho porcentaje.

Al respecto, vale la pena traer a colación los argumentos que, de manera reiterada, ha expuesto la Sección Segunda para explicar dicha conclusión.

“Ahora bien, según la norma transcrita, el actor tiene derecho a jubilarse con 55 años de edad, con 20 años de servicio y con el monto de la pensión, establecidos en el régimen anterior a la vigencia de la Ley 100.

Monto, según el diccionario de la lengua, significa ‘Suma de varias partidas, monta’. Y monta es ‘Suma de varias partidas’. (Diccionario de la Lengua Española, Espasa-Calpe S.A., Madrid 1992, tomo II, páginas 1399-1396 (sic)).

“Advierte la Sala, conforme a la acepción de la palabra ‘monto’ que cuando la ley la empleó no fue para que fuera el tanto por ciento de una cantidad, como decir el 75% de alguna cifra, pues el porcentaje de la cuantía de una pensión, es solo un número abstracto, que no se aproxima siquiera a la idea que sugiere la palabra monto, de ser el resultado de la suma de varias partidas, sino la liquidación aritmética del derecho, que precisamente se realiza con la suma del respectivo promedio de los factores que deben tenerse en cuenta y que debe hacerse, según el referido artículo 36, con apoyo en las normas anteriores a la Ley 100. (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A. C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, 21 de septiembre de 2000. Rad. 470-99. Resaltado de la sala).

En este mismo sentido, la Sala en sentencia de 21 de junio de 2007, radicado 0950 de 2006, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, manifestó:

“El artículo 1º de la Ley 33 de 1985 hizo dos remisiones hacia las normas del pasado, o dos transiciones: La primera y obvia, contenida en el parágrafo tercero, en el sentido de que quienes ya tuvieran el status pensional, debían pensionarse según las normas anteriores que les fueran aplicables y, segunda, la contenida en el parágrafo segundo, referida a aquellos que al entrar en vigencia la citada ley tuvieran 15 años de servicio, a quienes que se les aplicaría el régimen anterior correspondiente —solamente en cuanto al requisito de edad para adquirir el status pensional—.

De lo anterior deviene, necesariamente como se dijo, que respecto del monto, al actor la cobijada el citado primer inciso del artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Resulta inocuo considerar en el caso que el actor haya cumplido el status pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues, por la transición que contempla el artículo 36 de dicha Ley 100, la Ley 33 de 1985 mantenía su vigencia en materia del monto y de los factores sobre los cuales debía reconocerse y liquidarse la pensión de jubilación del señor Ispin Ramírez”.

El artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6º del Decreto 691 del mismo año, enuncia los factores que se consideran salario para los fines de la cotización, es decir, el salario base para calcular las cotizaciones que mensualmente deben efectuar los servidores públicos al sistema de seguridad social en pensiones, o sea, el ingreso base de cotización (IBC). A diferencia del ingreso base de liquidación (IBL), que se conforma con el promedio de lo devengado en la forma prevista en las normas anteriores al primero de abril de 1994 que resulten aplicables al beneficiario del régimen de transición.

Así las cosas, de la confrontación de los factores percibidos por el actor los tenidos en cuenta por la entidad demandada la Sala observa que la entidad omitió incluir las primas de servicios, de vacaciones y Navidad, por lo que tiene derecho a la reliquidación de su pensión incluyendo los citados factores salariales devengados durante el último año de servicio, comprendido entre el 1º de agosto de 2006 y el 30 de julio de 2007.

No obstante lo anterior, la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, podrá descontarle los aportes correspondientes a los factores sobre los cuales no haya efectuado la deducción legal.

En cuanto a la bonificación por actividad judicial, esta fue creada por el Decreto 4040 de 2004, que fue declarado nulo por esta corporación(38), se debe en este caso mantener la inclusión en la base de liquidación de la pensión del actor, teniendo en cuenta que en la sentencia que declaro la nulidad de la mencionada norma, si bien no precisó que dicho porcentaje hacía parte del salario y como tal debía incluirse en la base liquidatoria, en este caso se trata de una situación consolidada y por tanto no puede ser desmejorado el reconocimiento pensional ya efectuado, razón por la que ha de seguir formando parte de la base liquidatoria.

No hay lugar a declarar prescripción alguna dado que el actor presentó solicitud de reliquidación el 9 de agosto de 2007 y se retiró del servicio el 1º de enero de 2009, luego es el simple reclamo escrito a la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, el que interrumpe la prescripción por un lapso igual. En este caso no operó el fenómeno de la prescripción por lo tanto no hay lugar a su declaración.

Resultan suficientes estas argumentaciones para confirmar la sentencia consultada, con la modificación respecto de la bonificación por actividad judicial que se ha señalado y condicionado en todo caso a que se realice un expertico actuarial para actualizar a valor presente el monto de la cotización que debe hacer el actor, de suerte que se tenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar al actor y a su empleador por cuenta de la pensión aquí reconocida de tal suerte que cubra la cotización de manera suficiente el monto de la prestación reconocida, que en todo caso deberá ser descontado por la entidad al momento de efectuar su pago y durante el tiempo necesario para cubrir el monto de la cotización teniendo presente que la base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo 18 de la Ley 797, será el salario mensual, para el caso los factores devengados y percibidos mensualmente y sobre los que se aspira se liquide la pensión.

Finalmente se presenta memorial que anexa copia de la escritura 2641 de la Notaría Trece de esta ciudad mediante la que se revoca el poder referido al abogado de la entidad demandada por vencimiento del término de liquidación, por lo que habrá de aceptarse dicha revocatoria.

Igualmente se allega copia de la escritura 1842 de 8 de julio de 2011 por medio del cual se confiere poder generar a la Dra. Alejandra Ignacia Avella Peña, Directora Jurídica de la Unidad Administrativa especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales y de la Protección Social – UGPP, en virtud del cual confirió poder al Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora para que represente a la entidad. Este a su vez sustituye el poder al Dr. Diego Fernando Londoño Cabrera en los mismos términos del memorial poder otorgado inicialmente (fl. 36).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley.

FALLA:

1: CONFÍRMASE la sentencia de 6 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección E –Sala de Descongestión, que declaró la nulidad parcial de las resoluciones 58235 del 19 de diciembre de 2007, y 60529 de 15 de diciembre de 2008, expedidas por el entonces gerente general de la Caja Nacional de Previsión Social —Cajanal EICE— mediante la cual le fue reconocida la pensión al demandante y se le confirmo decisión, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento interpuesta por Jaime Humberto Sánchez Gaitán en contra de la Caja Nacional de Previsión Social – E.I.C.E. en liquidación, condicionada en todo caso a que se realice un experticio actuarial para actualizar a valor presente el monto de la cotización que debe hacer el actor, de manera que se tenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar a él y a su empleador por cuenta de la pensión aquí reconocida de modo que cubra la cotización de manera suficiente el monto de la prestación reconocida, conforme lo expuesto en la motiva.

2: ACÉPTASE la revocatoria de poder que efectúa la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE en liquidación, al Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

3: RECONÓCESE personería al Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, según poder conferido por la Directora jurídica de dicha entidad, que se anexa. La UGPP es sucesora procesal de Cajanal EICE en liquidación.

4: RECONÓCESE a la Dra. Ana Carolina Guevara Jimenez como apoderada sustituta del Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, en los mismos términos y para los efectos del memorial de sustitución que se allega.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(9) Fls. 114-127.

(10) “ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

(11) Expediente: 2001-424. Actora: Unidad Renal del Tolima Ltda. M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(12) Expediente: 2001-384. Actora: Renalmedica Ltda. M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(13) Fl. 87 cdno. uno.

(14) Ver folios 19-24 del cuaderno principal.

(15) Visible a folio 31-36 del cuaderno principal.

(16) Fl. 3-4.

(17) Fl. 72-115 cdno. dos anexo.

(18) Fls. 72-80.

(19) Fl. 30.

(20) Fls. 139-143.

(21) Fl. 146-151 cdno. anexo dos.

(22) Fls. 175-180.

(23) Fl. 37.

(24) Fl. 414 cdno. 5 anexo.

(25) Fl. 123 cdno. anexo tres.

(26) Fls. 188-224 cdno. anexo 3.

(27) Fls. 299-308 cdno. anexo 3.

(28) Fls. 310-313 cdno. anexo 3.

(29) Fls. 76-81.

(30) “ART. 3º—Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos provistos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

(31) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. C.P. Gustavo Eduardo Gomez Aranguren. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011). Rad.: 50001-23-31-000-2006-00945-01(1854-09). Actor: Carlos José Alfonso Gómez. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.

(32) Artículo 48 modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005.

(33) Fl. 414 cdno. tres.

(34) Corte Constitucional Sentencia C-258 de 2013.

(35) “ART. 17.—Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos prestación de servicios que aquellos devenguen.

La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.

Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes”.

(36) “ART. 95.—La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; […]”.

(37) “ART. 12.—De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.

Son factores:

a) Los gastos de representación.

b) La prima de antigüedad.

c) El auxilio de transporte.

d) La prima de capacitación.

e) La prima ascensional.

f) La prima semestral.

g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio.”.

(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sala de Conjueces. C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. Bogotá, D.C., diciembre catorce (14) de dos mil once (2011). Rad.: 11001-03-25-000-2005-00244-01(10067-05). Actor: Jairo Hernán Valcárcel y otro. Demandado: Gobierno Nacional.