Sentencia 2009-00271/51518 de septiembre 28 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 19001-23-31-000-2009-00271-01 (51518)

Actor: ITRD y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dr. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) prelación del fallo; 3) oportunidad de la acción; 4) legitimación en la causa; 5) pruebas recaudadas en el proceso; 6) el caso concreto: a) el daño; b) culpa exclusiva de la víctima por descuidar la cadena de custodia de la sustancia incautada y puesta a su disposición como fiscal local de C; 7) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los tribunales administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto(8).

2. Prelación del fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor ITRD, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(9), con el fin de reiterar su jurisprudencia.

3. Oportunidad de la acción.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(10).

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el demandante ITRD, con ocasión de la privación de la libertad de la que dice haber sido víctima dentro de un proceso penal.

Se observa que el Auto del 25 de junio de 2007, por el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán declaró la prescripción de la acción penal en favor del actor, quedó debidamente ejecutoriado el 5 de julio de 2007, tal como se lee en la constancia suscrita por el secretario de esa corporación(11).

Así las cosas, el término para presentar la demanda vencía el 6 de julio de 2009 y la demanda se presentó el 28 de agosto de 2009, esto es, en principio, por fuera del plazo indicado en el artículo 136 numeral 8 del CCA; no obstante, la parte. actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 2 de junio de 2009, esto es, cuando restaban un mes y cuatro días para que venciera el plazo para ejercer la acción de reparación directa.

Sobre el particular el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 prevé que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, en cualquiera de los siguientes eventos: a) hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o; b) hasta que el acta de conciliación se hubiera registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o; c) hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º(12) de la misma ley o; d) hasta que se venza el término de tres meses contados desde la presentación de la solicitud(13), lo que ocurra primero. Dicha suspensión opera por una sola vez y es improrrogable.

La audiencia de conciliación extrajudicial se celebró 19 de agosto de 2009, la cual fue declarada fallida por la procuraduría cuarenta judicial II administrativa de Popayán según constancia expedida en la misma fecha(14), a partir de la cual se reanudó el término y, por tanto, la acción de reparación directa debía ejercerse hasta el 25 de septiembre de 2009(15) y la demanda fue instaurada el 28 de agosto de 2009, esto es, de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa.

El señor ITRD se encuentra legitimado para actuar, pues según el Auto del 25 de junio de 2007, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, se encontró privado de la libertad dentro del proceso que se le adelantó por el delito consagrado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986, luego tipificado como favorecimiento agravado por el artículo 446 de la Ley 599 de 2000(16).

En cuanto a sus hijas y a sus hermanos, estos se encuentran legitimados para actuar, según los registros civiles de nacimiento allegados al expediente(17).

Ahora bien, respecto de la legitimación en la causa por activa de la señora MHN, quien en el escrito de la demanda se presentó como “compañera sentimental” de la víctima y con quien tuvo dos hijas: ZYRN y CVRN(18), la Sala procede a verificar si en este caso se acreditó esa calidad.

Sobre el punto, vale resaltar que la Corte Suprema de Justicia define que son tres los requisitos que deben concurrir para la configuración de una unión material de hecho, a saber: i) la voluntad por parte de un hombre y una mujer —en el contexto de la Ley 54 de 1990(19)—, de querer conformar, el uno con el otro, una comunidad de vida, y, por ende, dar origen a una familia; ii) que dicho proyecto común se realice exclusivamente entre ellos, de tal manera que no existan otras uniones de alguno o de ambos con otras personas, que ostenten las mismas características o persigan .similares finalidades; y, iii) que tal designio y su concreción en la convivencia se prolonguen en el tiempo(20).

Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que la calidad de compañero permanente no se encuentra sujeta a formalismos, sino que basta con la intención, singularidad y compromiso de una persona para constituir una comunidad de vida permanente(21).

Lo anterior significa que, en efecto, no puede considerarse un imperativo normativo para demostrar la existencia de la unión marital de hecho la exigencia de la prueba de los dos años de convivencia presente en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, toda vez que esa interpretación restrictiva y literalvulneraría los preceptos constitucionales y legales vigentes que garantizan igualdad de condiciones para todos los miembros de la familia.

Dentro del material probatorio allegado, se encuentran las declaraciones de los señores FPV, LAV, MJLR y JAMB.

El primero de ellos declaró lo siguiente (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho si conoce al señor ITR, en caso afirmativo manifieste la razón y el tiempo de ese conocimiento. CONTESTÓ. Sí, lo conozco hace unos veinticinco años en razón a que fui trasladado al municipio de T a laborar en el juzgado Promiscuo Municipal y desde esa época conozco al doctor TRD como abogado. (...) PREGUNTADO. Manifieste al despacho si conoce a la familia del señor ITR, en caso afirmativo, informe cómo está compuesta y si conoce quién contribuía al sostenimiento de la misma. CONTESTÓ. A raíz de ese proceso él estaba casado y tenía tres hijas, él vivía en T con ellas y la madre de éste y una hermana que tiene un almacén en esa localidad, la que colaboraba para el sostenimiento de la familia por cuanto el doctor no podía laborar por encontrarse privado de su libertad, en razón de dicho problema su esposa se separó y se llevó a sus hijas. Igualmente, a raíz del problema su madre E falleció”(22).

Por su parte, el señor LAV señaló (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho si conoce al señor ITR, en caso afirmativo manifieste la razón y el tiempo de ese conocimiento. CONTESTÓ. Al señor ITR lo conozco desde la niñez porque estudiábamos juntos en la escuela GLV de T, o sea aproximadamente unos cuarenta y cinco años. (...) el señor doctor TR fue privado de la libertad por orden de la Fiscalía General de la Nación, el cual permaneció en su casa con privación domiciliaria, causando con esto múltiples perjuicios morales, económicos, sicológicos, tanto así que con la esposa se separaron y se fueron a vivir a C, quedando el señor doctor TR en situaciones precarias (...) PREGUNTADO. Manifieste al despacho si conoce a la familia del señor ITR, en caso afirmativo, informe cómo está compuesta y si conoce quién contribuía al sostenimiento de la misma. CONTESTÓ. La familia del señor TR como dije anteriormente se encuentra viviendo en C, compuesta por tres hijas, que por sus problemas obtenidos del padre se vieron obligadas a trabajar y a estudiar, la señora madre trabaja también en esas cosas de venta de bienes y con esas actividades se han solventado hasta la fecha de hoy. Ya cuando en este año le pagaron al señor TR 147 millones de los sueldos dejados de percibir, les compró un apartamento en C, eso es lo que sé al respecto”(23).

Igualmente, el señor MJLR manifestó lo siguiente (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho si conoce al señor ITR, en caso afirmativo manifieste la razón y el tiempo de ese conocimiento. CONTESTÓ. Lo conozco desde hace más de quince años, trabajamos en la Caja Agraria. (...) PREGUNTADO. Manifieste al despacho si conoce a la familia del señor ITR, en caso afirmativo, informe cómo está compuesta y si conoce quién contribuía al sostenimiento de la misma. CONTESTÓ. Sí los conozco, viven en T, conozco a la hermana y sé que ve por ella, porque ella trabaja en la casa en un almacencito y sé que vive con ella, eso de lo que yo conozco, de vista conocí a un hermano de él que vivía en C y sé que murió”(24).

Finalmente, el señor JAMB declaró lo siguiente (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho si conoce al señor ITR, en caso afirmativo manifieste la razón y el tiempo de ese conocimiento. CONTESTÓ. Sí, lo conozco desde muchachos, hace aproximadamente unos cuarenta y cinco años porque vivimos casi a una cuadra, hemos sido compañeros en actividades deportivas, sus padres eran muy allegados a mis papás, además de eso eran comerciantes. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si conoce a la familia del señor ITR, en caso afirmativo, informe cómo está compuesta y si conoce quién contribuía al sostenimiento de la misma. CONTESTÓ. Tengo conocimiento la esposa de él es t y de nombre AMA, no estoy seguro del apellido, tiene cuatro hijas de ese matrimonio, tiene una compañera sentimental con la que tiene dos niñas y sé que él es quien responde por el sostenimiento tanto de la familia de la esposa como de la compañera”(25).

De las pruebas testimoniales se desprende que para la época de la privación de la libertad del actor este se separó de su cónyuge AMEA y, al parecer, tuvo una relación sentimental con la señora MHN fruto de la cual tuvo dos hijas.

Sobre el particular, la Sala ya ha precisado que aunque no se demuestre la unión marital de hecho bajo los presupuestos de una comunidad de vida permanente y singular entre sus integrantes, sí se podría demostrar la afectación de quien aduce una relación sentimental estable que se vio truncada debido a la privación injusta de la libertad de uno de los miembros de la pareja(26).

No obstante, según los mismos testigos, el actor no tuvo vida en común con su “compañera sentimental” pese a su detención domiciliaria, pues convivía con su madre y una hermana que trabajaba en la misma residencia y le ayudaba con el sostenimiento del hogar mientras él estuvo privado en su domicilio. De hecho, solo uno de los testigos mencionó a la “compañera sentimental” pero sin indicar su nombre.

De ahí que no fue acreditado que el vínculo que hubieran sostenido el señor ITRD y la señora MHN, pese a haber procreado a dos hijas, fuera estable, pues nada consta en el plenario acerca de cómo fue su relación ni en qué consistió la afectación que sufrió la mencionada “compañera sentimental”.

Ahora, respecto de la cónyuge AMEA, cuya calidad fue acreditada con la copia del registro civil de matrimonio(27), todos los testigos coincidieron en que, precisamente, con ocasión de la investigación penal, ésta se separó del actor y se llevó a las hijas de ambos a C; es decir, dejó de convivir con el señor ITRD, se desconoce por cuánto tiempo, de lo que se advierte que no lo acompañó en la situación que según la demanda, padeció el demandante debido a la privación de su libertad.

De lo anterior se infiere que para la época de la privación de la libertad el actor no tuvo vida marital o relación sentimental estable con la señora MHN(28) ni con la señora AMEA, razón por la cual, se considera que, en este caso, no se encuentran legitimadas en la causa por activa y así se declarará de oficio por la Sala.

Por su parte, la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Nación - rama judicial se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y están debidamente representadas por el Fiscal General de la Nación y por .el director ejecutivo de administración judicial, respectivamente, de conformidad con los artículos 49 de la Ley 446 de 1998, 99 numeral 8, de la Ley 270 de 1996 y con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Sección(29).

5. Pruebas recaudadas en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

— Copia de la Resolución del 16 de febrero de 1998, por la cual la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor ITRD, sindicado de trasgredir el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 y ordenó la suspensión del actor en el cargo de fiscal delegado ante los juzgados penales municipales de C(32).

— Copia del oficio del 16 de febrero de 1998, por el cual el fiscal quinto delegado ante el Tribunal Superior de Popayán le informó al director seccional de fiscalías de Popayán la medida de aseguramiento y la suspensión del cargo decretadas en contra del señor ITRD(33).

— Copia del oficio del 16 de febrero de 1998, por el cual el fiscal quinto delegado ante el Tribunal Superior de Popayán le solicitó al CTI designar investigadores para vigilar que el actor no eludiera la acción de la justicia hasta que se produjera el acto administrativo de suspensión del cargo(34).

— Copia de la Resolución 0092 del 16 de febrero de 1998, por la cual la directora seccional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación seccional Popayán suspendió indefinidamente al señor ITRD en el cargo de fiscal delegado ante los juzgados penales municipales de C(35).

— Copia de la Resolución del 17 de febrero de 1998, por la cual la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán libró boleta de captura en contra del señor ITRD(36).

— Copia de la orden de captura en contra del señor ITRD, del 17 de febrero de 1998(37).

— Copia de la constancia del CTI de la Fiscalía de Popayán según la cual el 17 de febrero de 1998, el señor ITRD fue capturado por miembros de ese organismo de policía judicial(38).

— Copia del informe del 17 de febrero de 1998, por el cual el CTI puso a disposición de la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, al capturado ITRD(39).

— Copia de la Resolución del 19 de febrero de 1998, por la cual se sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva por detención domiciliaria al señor ITRD y se le impuso una caución por valor de $ 1.000.000(40).

— Copia de la consignación de $ 1.000.000 hecha por el señor ITRD a la cuenta de la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán(41).

— Copia de la diligencia de compromiso por caución prendaria suscrita por el señor ITRD, el 19 de febrero de 1998(42).

— Copia de la boleta de excarcelación del actor del 19 de febrero de 1998(43).

— Copia de la Resolución del 2 de marzo de 1998, por la cual la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán le negó al señor ITRD una solicitud para desplazarse a Cali a continuar su posgrado en criminología y prestar trabajo social en el área urbana de T(44).

— Copia de la Resolución del 23 de junio de 1998, por la cual la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán decretó la nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investigación y le concedió el beneficio de la libertad provisional al señor ITRD(45).

— Copia de la Resolución del 21 de abril de 1999, por medio de la cual la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán profirió acusación en contra del señor ITRD, por el delito consagrado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986, le revocó el beneficio de la libertad provisional y le ordenó retornar a la detención domiciliaria(46).

— Copia del Auto del 7 de junio de 2000, por el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán declaró la nulidad de la actuación penal a partir del cierre de la investigación(47).

— Copia del Auto del 21 de junio de 2000, por el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán ordenó la libertad provisional del señor ITRD, bajo la misma caución que ya había prestado y con suscripción de nueva diligencia de compromiso(48).

— Copia del Auto del 31 de mayo de 2001, por el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán le impuso la obligación de trabajo social al señor ITRD(49).

— Copia del Auto del 25 de junio de 2007, por el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán declaró la prescripción de la acción penal que se adelantaba en contra del señor ITRD, por el delito contemplado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 y, como consecuencia, ordenó el cese de todo procedimiento en su contra(50).

— Copia del escrito del 25 de julio de 2007, por el cual el señor ITRD solicitó la devolución de la caución prestada por valor de $ 1.000.000(51).

— Copia de los informes de visitas realizadas por agentes del CTI para la vigilancia de la detención domiciliaria del señor ITRD, el 19 de febrero, el 19 de marzo y el 13 de abril de 1998(52).

— Copia de la sentencia del 6 de junio de 2002, por la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca sancionó al señor ITRD con destitución de su cargo de fiscal local de C, por incumplimiento de los deberes contenidos en los artículos 153 numerales 1 y 2 y 154 numeral 3 de la Ley 270 de 1996 e incurrir en la falta gravísima prevista en el artículo 25, numeral 2, de la Ley 200 de 1995(53).

— Copia de la sentencia del 25 de septiembre de 2002, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por la cual modificó la providencia del 6 de junio de 2002 para absolver al señor ITRD de la sanción impuesta respecto del artículo 154 numeral 3 de la Ley 270 de 1996 y confirmó la sanción de destitución del cargo por la violación de los deberes consagrados en el artículo 153 numerales 1 y 2 de la misma ley y la falta gravísima tipificada en el artículo 25, numeral 2, de la Ley 200 de 1995(54).

— Copia de los registros del sistema de información de antecedentes SIAN del Palacio de Justicia de Popayán, según los cuales el señor ITRD registró una medida de aseguramiento de detención domiciliaria por orden de la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, por delitos de narcotráfico, artículo 39 de la Ley 30 de 1986, por decisión del 16 de febrero de 1998(55).

— Oficio del 26 de agosto de 2010, con el cual la analista de tesorería de la Fiscalía General de la Nación adjuntó una información financiera y contable sobe(sic) lo devengado y deducido por los funcionarios y ex funcionarios de esa entidad(56).

— Certificación del 15 de febrero de 2013, suscrita por el dragoneante de la oficina de dactiloscopia del Inpec, según la cual una vez consultado el servidor central de esa entidad no apareció ningún registro del señor ITRD(57).

6. El caso concreto.

a) El daño.

El daño, consistente en la privación de la libertad sufrida por el actor, se encuentra demostrado con los siguientes documentos:

— La Resolución del 16 de febrero de 1998, por la cual la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor ITRD.

— La constancia del CTI de la Fiscalía de Popayán sobre la captura del actor realizada el 17 de febrero de 1998.

— La Resolución del 19 de febrero de 1998, por la cual se sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva por detención domiciliaria.

— La Resolución del 23 de junio de 1998, por la cual la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán decretó la nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investigación y le concedió el beneficio de la libertad provisional al actor.

— La Resolución del 21 de abril de 1999, por medio de la cual la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán profirió resolución de acusación en contra del señor ITRD, por el delito consagrado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986, le revocó el beneficio de la libertad provisional y le ordenó retornar a la detención domiciliaria.

— El Auto del 21 de junio de 2000, por el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán ordenó nuevamente la libertad provisional del actor.

— El Auto del 25 de junio de 2007, por el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán declaró la prescripción de la acción penal en favor del actor.

— Los registros del sistema de información de antecedentes SIAN del Palacio de Justicia de Popayán, según los cuales el señor ITRD registró una medida de aseguramiento de detención domiciliaria por orden de la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, por delitos de narcotráfico, artículo 39 de la Ley 30 de 1986, por decisión del 16 de febrero de 1998.

De dichos documentos se deduce que el actor permaneció privado de la libertad bajo custodia del CTI entre el 17 y el 19 de febrero de 1998 y en detención domiciliaria entre el 19 de febrero y el 23 de junio de 1998 y entre el 21 de abril de 1999 y el 21 de junio de 2000.

b) Culpa exclusiva de la víctima por descuidar la cadena de custodia de la sustancia incautada y puesta a su disposición como fiscal local de C.

De los documentos relacionados se puede establecer que el señor ITRD estuvo privado de su libertad, acusado del delito consagrado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986.

Como se lee en la Resolución del 16 de febrero de 1998, la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán decretó medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor ITRD, sindicado de trasgredir el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 y ordenó la suspensión del mismo en el cargo de fiscal delegado ante los juzgados penales municipales de C, por los siguientes motivos (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“Cuenta la historia procesal que en las primeras horas del 8 de octubre de 1997 una patrulla del Ejército acantonada en la base militar de C, aproximadamente a las 1:30 horas de la mañana, retuvieron a cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas, transportando una de ellas (N...) cinco paquetes adheridos a su cuerpo y que al parecer contenían aproximadamente 1000 gramos de sustancia estupefaciente.

“(...)

“En la primera hora hábil del mismo 8 de octubre de 1997 el suboficial O fue encargado del traslado del alucinógeno a la Unidad de la Fiscalía local de C, labor que desarrolló en compañía del escuadrón a su mando.

“(...)

“Una vez entregadas las bolsas plásticas selladas con cinta de enmascarar al despacho investigador, el personal que en él presta su servicio comenzó a desarrollar las labores normales de legalización de captura de los cuatro retenidos y de reconocimiento empírico de la sustancia incautada. Al notar que era inolora la técnico judicial R (...) punzó una de las bolsas vertiendo en una cuchara una escasa cantidad de la sustancia para someterla al calor con una vela, obteniéndose una masa de color negro que se pegó totalmente a la cuchara a manera de pasta derretida, situación que la llevó rutinariamente a concluir que no se trataba de base de coca (bazuco), la cual, ante la ortodoxa experticia, reacciona de manera diferente.

“Ante la duda de la calidad de la sustancia esta fue probada por varios de los presentes quienes le sintieron un sabor supremamente ‘amargo’ acompañado de una sensación de adormecimiento en la lengua.

“Por insinuación del doctor TRD parte de la sustancia fue llevada al hospital local, con el fin de que la bacterióloga especificara la calidad, como ella no tenía reactivos la probó en compañía del director del centro hospitalario y de su esposo, quien maneja centro de rehabilitación de drogadictos y distingue algunas clasificaciones de estupefacientes, sintiendo todos ellos la sensación de extrema amargura y de adormecimiento de las mucosas.

“La experticia de campo para la identificación de la sustancia, pesaje, toma de muestras y destrucción de remanentes se practicó por parte de la Fiscalía local de C con asesoría de investigadores de la Policía Judicial adscritos a la Policía Nacional quienes sin reactivos determinaron el 15 de octubre de 1997, que las bolsas contenían ‘harina de trigo’.

“Ante la sorpresa por la calidad de lo inspeccionado, que era totalmente diferente a lo incautado ocho días antes por personal del Ejército, se pudo concluir que manos criminales habían intervenido al interior de la Fiscalía local de C para realizar el cambio de la supuesta droga alucinógena por simple e inofensiva harina de trigo.

“Por pedimento directo de la doctora G (...), fiscal delegada ante el circuito penal de C - C, a quien le correspondía el proceso por competencia, se inició una averiguación para establecer el manejo dado a la ‘cadena de custodia’ de la sustancia incautada determinando que era necesario informar del hecho a la dirección seccional de fiscalías, quien a su vez la remitió a este despacho por razón de competencia.

“(...)

“El Doctor RD es el titular del despacho y maneja el personal femenino que labora en la Unidad de la Fiscalía local de C. La misma dignidad de su cargo lo obliga a tener el máximo cuidado en el manejo de la cadena de custodia de las evidencias comprometedoras de los delitos, asignados por competencia legal provisional o definitivamente.

“Durante todo el período que permaneció el proceso en su poder, incluyendo la sustancia incautada (8 días), nada hizo por asegurar adecuadamente los vestigios básicos de la materialización del episodio criminoso imputado a los señores (...). Todo esto a pesar de que había sido informado de los no pocos intentos de corrupción (soborno), por parte de algunos sindicados y de sus familiares, tanto frente a los militares que adelantaron la captura como para el personal interno de su unidad.

“Al momento de colocársele los retenidos a su disposición trató de imprimirle celeridad al trámite de las indagatorias y del reconocimiento formal de la droga a través de peritos idóneos del Cuerpo Técnico de Investigación más cercano (PT) pero toda esa diligencia o velocidad se vio paralizada de manera intempestiva al día siguiente cuando el doctor RAPZ se interesó en la defensa de los cuatro sindicados (especialmente de la MR), momento en el cual modificó las horas de indagatoria después de varias conversaciones ‘sospechosas’ con el citado defensor. Se dicen sospechosas debido a que inexplicablemente cada que el doctor PZ arrimaba al despacho para conversar con el titular lo hacían secretamente, por fuera del recinto, para particularizar el manejo de lo debatido. Con esa malicia han interpretado el hecho sus mismas subalternas y algunos agentes del orden que permanecían prestando su servicio de vigilancia al puesto de Policía de Co, los cuales tenían acceso visual a la parte exterior del local de la Fiscalía”(58) (negrillas de la Sala).

Poco después, el 19 de febrero de 1999, a petición del señor ITRD, el mismo despacho le sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva por la de detención domiciliaria, para lo cual debió prestar una caución por valor de $ 1.000.000 y suscribir diligencia de compromiso con las obligaciones de observar un buen comportamiento, no incurrir en delitos, no cambiar de domicilio, no salir del país y presentarse al despacho cuando fuera requerido(59).

Posteriormente, el 23 de junio de 1998, la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del cierre de la investigación y ordenó la libertad provisional del actor, debido a que a ese momento no se cumplieron los plazos legales para la instrucción y, por tanto, “no debió esta delegada asumir el cierre de la investigación. Al hacerlo transgredió un ‘presupuesto procesal del cierre’ (artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 56 de la Ley 81 del 2 de noviembre de 1993), configurándose una irregularidad sustancial que socava el marco fundamental del debido proceso, que amerita la máxima consecuencia jurídica procesal como es el decreto oficioso de nulidad”(60).

El 21 de abril de 1999, esa misma Fiscalía acusó al hoy actor ITRD como supuesto responsable del delito consagrado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 (luego consagrado como favorecimiento agravado por la Ley 599 de 2000, artículo 446), para lo cual señaló (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“En primer lugar no es novedoso significar que el doctor TRD oficiaba para la época de ocurrencia de los hechos como titular de la fiscalía delegada ante los juzgados penales municipales de C, lugar en el cual se inició preventivamente la investigación por presunta trasgresión al estatuto nacional de estupefacientes. Dada su alta dignidad judicial estaba obligado a disponer lo conducente al manejo estricto de la cadena de custodia sobre todos los elementos que constituyen evidencias judiciales, con mayor razón cuando desde el mismo momento en el cual se recibió oficialmente el objeto delictual fue recepcionado en declaración jurada el sub oficia W (...) (ver folio 18 del cuaderno anexo) quien puso en evidencia las pretensiones sobornantes de los capturados y de sus familiares cercanos”.

“(...)

“d) Según se colige de las declaraciones juramentadas rendidas por las subalternas vinculadas a la Fiscalía de C, el fiscal RD maneja su horario de trabajo con mucha laxitud y desabrimiento; abandona el recinto antes del mediodía y retorna a sus labores después de las dos de la tarde. El día de los hechos fue el último en salir a almorzar y durante un período de tiempo, seguramente de minutos, se quedó solo en compañía del abogado PZ; también fue el primero que regresó a adelantar las labores de trabajo en la tarde, porque al llegar J (...) la oficina estaba abierta.

“Es claro que durante el corto período de tiempo que estuvieron en privado los indicados RD y PZ pudieron hacer el cambio de la droga, para ello no requerían mayores esfuerzos físicos e intelectuales porque se trataba de una cantidad no muy abundante y fácilmente ocultable, amén que para ese momento ya se tenían pre elaborados paquetes similares para la mutación (así lo aseveran el sub oficial O y la declarante C...).

“(...)

“e) El Fiscal ofreció mejores condiciones para el ejercicio de la defensa del doctor RAPZ. Cuando aceptó el conocimiento preventivo del proceso conminó a sus empleados para que practicaran las vinculaciones en indagatorias a más tardar en horas de la mañana del día siguiente 9 de octubre de 1997. El trámite debía adelantarse con rapidez para remitir el expediente a la Fiscalía competente, lugar en el cual debía decidirse la situación jurídica provisional. Toda esta presteza se vio interrumpida cuando el doctor PZ —su ex compañero— aceptó la defensa de los cuatro sindicados y en especial de la señora M (...). Las conversaciones privadas y visiblemente sospechosas que adelantaron por fuera del recinto generaron malicia en sus dependientes, máxime cuando de ipso facto se produjo la orden de aplazar las diligencias para las horas de la tarde, a pesar de la oposición manifiesta de las empleadas.

“Precisamente en horas de la tarde pusieron a disposición de los sindicados cinco bolsas, presuntamente constitutivas del objeto material del delito, pero que a la postre resultaron diferentes, lo que establece que el ‘cambiazo’ se produjo en horas del mediodía del jueves 9 de octubre de 1997.

“(...)

“No está por demás señalar que resulta extraño y suspicaz para este despacho el manejo que le dio el fiscal RD al expediente y a la sustancia que constituía el cuerpo del delito: cuando recibió la droga y avocó competencia intentó todo cuanto estuvo en sus manos para practicar la diligencia de inspección judicial para reconocimiento de la sustancia, peaje, toma de muestras y destrucción de remanentes en las primeras 24 horas contadas a partir de la recepción de lo incautado como lo ordena el artículo 79 de la Ley 30 de 1986. Pero una vez se surtieron las indagatorias olvidó sus compromisos legales omitiendo el llamado de los peritos adscritos a la Unidad del Cuerpo Técnico de Investigaciones de PT, que normalmente le prestan esa función. La asistente JJJE dice haberlo intentado telefónicamente en varias oportunidades y el fiscal tan siquiera le permitió dejar constancias del acto en el expediente. El titular del despacho en ocasiones asumía la labor de transportar las muestras de las evidencias de narcotráfico a los laboratorios químico-forenses de Cali, pero esta vez se demoró ocho (8) días en ejercitar una labor que la ley le reclama practicar en solo 24 horas.

“Al momento de practicarse la prueba de campo con personal inexperto que no contaba con los reactivos necesarios para establecer la calidad de la sustancia, el fiscal RD no se inmutó ante el hallazgo de que el alucinógeno se había transmutado en harina de trigo y omitió consignar constancia alguna sobre el particular (ver declaración de JE folio 42 última parte). Tampoco adelantó labor alguna ante sus superiores jerárquicos o funcionales para noticiarlos del hecho y solo se pudo conocer del acontecimiento irregular porque sus subalternas amparadas en un supuesto anónimo telefónico lo transmitieron al director seccional de fiscalías de la época (ver folio 6 del cuaderno principal y ampliación de declaración de RERM a folio 147). Ni siquiera fue por su autoridad que se remitió el expediente a la Fiscalía de conocimiento toda vez que este fue peticionado telefónicamente por la doctora GSAC, quien aprovechó un almuerzo de trabajo en la población de C y personalmente trasladó el expediente a su sede el 15 de octubre de 1997.

“El fiscal RD quiso guardar silencio sobre el grave impase ocurrido en su unidad y ante el apremio de sus colaboradoras, contra quienes también recaía el manto de la duda merced a los rumores públicos de la población, aceptó informar al director seccional siempre y cuando se pusieran de acuerdo sobre una tesis defensiva, propuesta que obviamente no fue de buen recibo por las inocentes empleadas. Este comportamiento constituye un indicio de manifestaciones posteriores (manipulación de pruebas) porque, como lo ha dicho la doctrina reiterativamente solo una persona que tenga nexos con un delito tiene interés en corromper a un testigo para torcer el rumbo de una investigación, para enervarla o hacerla inocua”(61) (negrillas de la Sala).

No obstante, el 7 de junio de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán declaró, nuevamente, la nulidad de todo lo actuado a partir del cierre de la investigación por considerar que en la acusación, el funcionario debía adecuar la conducta antijurídica en el tipo penal que la describía, lo que no hizo, y constituía una “comprobada irregularidad sustancial que invalida la actuación”(62).

El 21 de junio de 2000, a solicitud del entonces procesado ITRD, la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán le concedió la libertad provisional, al haber trascurrido más de seis meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere realizado la correspondiente audiencia pública, con fundamento en el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal(63).

Finalmente, el 25 de junio de 2007, la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán declaró la prescripción de la acción de la acción(sic) penal en favor del actor bajo las siguientes consideraciones (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“7. Conclusión. Tal como se advirtió, la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Popayán dictó resolución de acusación en contra del doctor TRD por infracción al artículo 39 de la Ley 30 de 1986, el 21 de abril de 1999 (fl. 609 c. 2).

“Contra esa determinación se interpuso el recurso ordinario de apelación y en providencia de mayo 12 de 1999 se declaró desierto, colocándose la constancia de ejecutoria el 26 de mayo de 1999.

“Eso quiere decir que a partir del 26 de mayo de 1999, fecha en la cual quedó ejecutoriada la Resolución de acusación, han pasado 8 años y 15 días, aproximadamente.

“Como han trascurrido más de ocho años, se debe declarar la prescripción de la acción penal adelantada en contra del doctor TRD, quien fuera llamado a juicio por el delito consagrado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 y que hoy constituye un ilícito de FAVORECIMIENTO AGRAVADO consagrado en el artículo 446 de la Ley 599 de 2000”(64).

Ahora, en casos como el analizado es posible recurrir a un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, lo cual procede siempre que resulte necesario efectuar un juicio de reproche sobre los actos de la administración.

En el sub judice sería del caso analizar las razones que dieron lugar a dos declaratorias de nulidad dentro del actuación penal que la Fiscalía adelantó en contra del actor, así como los motivos por los cuales, finalmente, se declaró la prescripción de la acción penal, instituto procesal que no permitió que se resolviera de fondo acerca de la responsabilidad penal del hoy demandante, pese a que trascurrieron más de ocho años desde que se le profirió resolución de acusación sin que hubiere sido llamado a juicio.

No obstante, el daño consistente en la privación de la libertad del actor fue provocado por la culpa exclusiva de la víctima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, por las siguientes razones:

Como se desprende las resoluciones del 16 de febrero de 1998 y del 21 de abril de 1999 por las cuales la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Popayán decretó la medida de aseguramiento y acusó al actor del delito consagrado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986, el actor fue vinculado a la actuación penal porque en su calidad de fiscal local de C tuvo bajo su custodia una sustancia incautada a cuatro personas detenidas por miembros del Ejército Nacional, la cual al momento de las capturas, en un primer análisis empírico y luego por parte de una bacterióloga del hospital Local de C respondía a las características de un alucinógeno y, ocho días después de estar bajo la responsabilidad del entonces funcionario, en una nueva inspección judicial, resultó que la sustancia era harina de trigo.

Dos son los hechos determinantes de la vinculación y posterior medida de aseguramiento en contra del hoy actor, entonces fiscal local de C: el primero, que el cambio de la sustancia ocurriera mientras esta se encontraba bajo su custodia y, segundo, que ante la inconsistencia presentada, este no expidiera copias para que se investigara la posible comisión de un delito por parte de sus empleados o solicitara que lo investigaran a él mismo, dado que la irregularidad ocurrió en un procedimiento a su cargo.

Respecto del primer hecho, como lo pudo establecer la Fiscalía con los testimonios recaudados en la instrucción, la sustancia incautada y puesta a disposición del entonces fiscal local de C junto con las cuatro personas capturadas, era una sustancia extremadamente amarga que producía adormecimiento de las mucosas, así lo indicaron tanto los empleados de ese despacho que la probaron como la bacterióloga y el director del Hospital Local de C.

Sin embargo, una semana después, al practicarse en el mismo despacho y a la misma sustancia una experticia para la identificación, pesaje y toma de muestras por parte de investigadores de la Policía Judicial, estos determinaron que se trataba de harina de trigo, de manera que aunque en el expediente penal no se aclaró con certeza que el material incautado inicialmente fuera un alucinógeno específico, el cambio sí se hizo evidente dado que cuando esta fue testeada se verificó su sabor amargo y su efecto en las mucosas, reacciones que no produce al gusto la prueba de la harina de trigo.

De ahí que se tratara o no de una sustancia estupefaciente, aquella que fue incautada y dejada en custodia del entonces fiscal local de C, lo cierto es que no era la misma sobre la que se hicieron pruebas ocho días después en el mismo despacho, lo cual constituyó una irregularidad en el procedimiento de cadena de custodia, contrario a lo dispuesto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época (D. 2700/91) que rezaba lo siguiente:

“ART. 256.—Aseguramiento de la prueba. El funcionario judicial deberá tomar las medidas necesarias para evitar que los elementos materiales de prueba sean alterados, ocultados o destruidos. Con tal fin podrá ordenar entre otras las siguientes medidas: Disponer vigilancia especial de las personas, de los muebles o inmuebles, el sellamiento de éstos, la retención de medios de transporte, la incautación de papeles, libros y otros documentos”.

Lo anterior, en concordancia con los artículos 310 numeral 2, 330, 333 y 334 de la misma codificación, según los cuales todos los servidores judiciales de la Fiscalía General de la Nación cumplían funciones permanentes de policía judicial, los fiscales contaban con amplias facultades para lograr el éxito de la instrucción y se encontraban en el deber de adelantar una investigación integral y de ordenar y practicar las pruebas conducentes al esclarecimiento de la verdad.

En adición a ello, de la actuación penal también se desprende que el hoy demandante en su condición de fiscal del caso y quien posiblemente tenía bajo su custodia un alucinógeno debió seguir el procedimiento indicado para ello en la Ley 30 de 1986(65) y enviar la sustancia decomisada a la Unidad del Departamento Administrativo de Seguridad, de la Policía Nacional, de la Dirección General de Aduanas o del Instituto Seccional de Medicina Legal más cercano que dispusiera del equipo técnico adecuado, no como ocurrió, pues se hizo una prueba empírica inicial por miembros de su despacho, luego en el hospital local y otra tan solo ocho días después en diligencia de inspección judicial con la asesoría de investigadores de la Policía Nacional, cuando ya el elemento analizado correspondía a harina de trigo.

En cuanto al segundo hecho, también se constató en la investigación penal que el hoy actor pese, a la irregularidad presentada con el cambio de la sustancia que estaba bajo su custodia, no reaccionó en modo alguno ni al interior de su despacho ni lo puso en conocimiento de su superior, como tampoco expidió copias para que se adelantara una nueva investigación penal por la posible alteración de la materia incautada, dado que fueron sus empleadas, quienes alertaron al director seccional de fiscalías y, posteriormente, fue la fiscal asignada al conocimiento del caso quien debió solicitar el expediente al despacho del actor para iniciar la investigación.

Ese comportamiento indiferente constituyó una violación al deber que tenía el actor como servidor público al conocer con inmediación la posible comisión de un delito, el cual, para la época, se encontraba consagrado en el artículo 25, inciso 2, del Decreto 2700 de 1991, que preveía que “el servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de un hecho punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

No obstante dicha previsión legal, el actor no adelantó gestión alguna para que se investigara qué había sucedido con la sustancia incautada y cuál había sido la razón de su alteración, más cuando la misma se encontraba bajo su custodia.

Tampoco puede soslayar la Sala que, precisamente, por el incumplimiento de sus deberes como servidor público en los mismos hechos motivo de investigación penal, el actor fue sancionado disciplinariamente con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de dos años, según sentencia de segunda instancia proferida el 25 de septiembre de 2002, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por la violación de los deberes consagrados en el artículo 153 numerales 1 y 2 de la Ley 270 de 1996(66) y la falta gravísima tipificada en el artículo 25 numeral 2 de la Ley 200 de 1995(67), bajo las siguientes consideraciones (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“Significa lo anterior entonces que el funcionario quiso desconfigurar una verdad, por lo cual debe responder y tal actitud contraría plenamente los deberes legalmente establecidos para los funcionarios judiciales, en cuanto con su conducta permitió el cambio del material al que se ha hecho referencia, lo cual indudablemente implicó el desconocimiento de las normas procedimentales que en materia penal existen respecto de la custodia de tales sustancias. Preceptos estos que como funcionario judicial estaba en la obligación de acatar y hacer cumplir, es decir, desatendió completamente el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes previsto en el numeral 1 del artículo 153 de la ley estatutaria de la administración de justicia.

“Así mismo, tan reprochable actuación dio al traste con aquellos principios estatutarios como el de eficiencia, consagrado en el artículo 4º de la Ley 270 de 1996, complementado en el artículo 153 numeral 2 que hace referencia a la honorabilidad, moralidad y lealtad que le debe al cargo que él desempeña como fiscal.

“No se puede pasar desapercibido que su conducta implicó frustración de un proceso criminal ya iniciado con la incautación por parte de miembros del Ejército de una sustancia prohibida y la rendición de las personas comprometidas en el ilícito.

“Pero a raíz de su permisión en el cambio de la sustancia, la funcionaria competente (doctora GA) no tuvo alternativa diferente que abstenerse de dictar medida de aseguramiento contra los implicados, al encontrar que el material puesto a su consideración no era de aquellos prohibidos por la ley. Es decir, el doctor RD cohonestó una conducta criminal que en lugar de haber llevado a la impunidad, como en efecto ocurrió, debió, en respeto a los principios y fines de la administración de justicia, asegurar un feliz desenlace a través del ejercicio por parte del Estado, del ius puniendi(68).

De ahí queda conducta del actor en su calidad de fiscal local de C, al no haber asegurado la prueba (sustancia incautada) de la posible comisión de un delito para evitar su alteración, y una vez presentada la irregularidad por el cambio de la sustancia no haber informado a su superior o a la autoridad competente para que se adelantara la correspondiente investigación por la mutación de la evidencia provocó la actuación pernal en su contra y con ello la medida de aseguramiento, pues los indicios de su responsabilidad se fundaban, precisamente, en que como titular de un despacho judicial y guardián de un elemento material probatorio, este sufrió modificaciones sin que el actor pudiera justificar lo sucedido.

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala considera que el daño sufrido por el actor no le es imputable a las demandadas, debido que este se produjo por su propia culpa, por consiguiente, se modificará la sentencia apelada.

7. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Descongestión, el 20 de marzo de 2014, para, en su lugar, disponer lo siguiente:

“1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de las señoras AMEA y MHN.

“2. Negar las pretensiones de la demanda”.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 10010326000200800009 00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9 De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta Nº 9.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, Exp. 37.410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11 FI. 179 c. 1.

12 “ART. 2º—Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo (...)”.

13 “ART. 20.—Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término (...)”.

14 Fl. 213 c. 2.

15 Los días 20 y 21 de septiembre de 2009 fueron días no hábiles, por ello el cómputo del término se extendió hasta el 25 de septiembre de 2009.

16 FIs. 163 a 171 c. 1.

17 Fls. 181, 186 a 188 y 199 c. 1 y 201 a 204 c. 2.

18 FI. 17 c. 1.

19 Sin embargo, advierte la Sala que el concepto de familia ha sido ampliado por la Corte Constitucional en sus más recientes pronunciamientos: Sentencia C-577 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sentencia C-700 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; Sentencia C-278 de 2014, M.P. Mauricio González y la Sentencia C-257 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, concepto que es acogido por esta corporación.

20 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 261 del 12 de diciembre de 2011, M.P. Arturo Solarte Rodríguez.

21 Corte Constitucional. Sentencia T-151 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

22 FIs. 373 y 374 c. 3.

23 FIs. 375 a 377 c. 3.

24 FIs. 378 y 379 c. 3.

25 FIs. 381 a 383 c. 3.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2017, Exp. 540012331000200501336 01 (41.431), C.P. Hernán Andrade Rincón: “...es procedente reconocerle indemnización como compañera sentimental estable de la víctima directa del daño, pues más allá de que no se acreditara en debida forma la existencia de unión marital de hecho entre la señora Carolina Cáceres Castrillón y el señor Hernando Casadiego Bautista en el presente proceso, según antes se expuso, sí se evidenció que entre ellos existía una relación sentimental estable, que con independencia de no haberse demostrado que se hallaba encuadrada en la categoría normativa de la unión marital de hecho —cuestión ésta ciertamente trascendente desde el punto de vista del derecho de familia, pero no en materia de derecho de daños para efectos de hacer depender de ella la existencia del daño y su entidad, si se tiene en cuenta que a efectos de establecer el deber de reparar el daño moral basta con la demostración del sufrimiento o de la aflicción efectiva que el hecho dañino trajo consigo para el afectado—, sí se demostró que era una relación sentimental estable, de la cual incluso derivó el nacimiento de un niño, vínculo al cual constitucionalmente debe dársele idéntico tratamiento que el dispensado a una familia constituida bajo la categoría jurídica del matrimonio o de la unión marital de hecho”.

27 FI. 205 c. 2.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2017. En esta sentencia en la cual se debatió un tema similar acerca de la legitimación en la causa de la compañera permanente la Sala consideró: “De los anteriores medios de prueba se concluye que de los testimonios practicados tan solo uno de ellos tangencialmente menciona a una señora Cindy, pero de manera alguna asegura que se trata de la aquí actora Cindy Lorena Montalvo Soto. Así mismo, aunque los testigos afirmaron que él convivía con una señora, lo cierto es que no la identificaron plenamente, pues manifestaron que no recordaban su nombre. (...) Dentro de este contexto y respecto de la señora Cindy Lorena Montalvo Soto, la Sala considera que no se encuentra prueba alguna con la que se acredite el vínculo con la cual afirmó comparecer al proceso —compañera permanente—, razón por la cual se presenta la falta de legitimación en la causa por activa frente a aquella demandante, máxime si se tiene en cuenta que en el expediente no obra medio de prueba que permita considerarla como tercera damnificada, en la forma prevista por la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado. Este aspecto se debe estudiar y decretar de oficio de conformidad con la sentencia de unificación 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060”.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Auto del 25 de septiembre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1997-05033-01 (20.420), C.P. Enrique Gil Botero.

32 Fls. 27 a 46 c. 1.

33 FI. 47 c. 1.

34 FI. 48 c. 1.

35 Fls. 50 y 51 c. 1.

36 FI. 52 c. 1.

37 FI. 32 c. 1.

38 FI. 54 c. 1.

39 FI. 55 c. 1.

40 FIs. 56 a 61 c. 1.

41 FI. 64 c. 1.

42 FI. 65 c. 1.

43 FI. 66 c. 1.

44 FIs. 67 a 70 c. 1.

45 FIs. 78 a 89 c. 1.

46 FIs. 92 a 121 c. 1.

47 FIs. 125 a 132 c. 1.

48 FIs. 148 a 151 y 154 c. 1.

49 FIs. 156 a 160 c. 1.

50 FIs. 163 a 171 c. 1.

51 FI. 178 c. 1.

52 FIs. 343 a 346 c. 2.

53 FIs. 26 a 47 c. 4.

54 FIs. 48 a 75 c. 4.

55 FIs. 14 a 16 c. 4.

56 Fls. 76 a 199 c. 4.

57 FI. 424 c. 3.

58 FIs. 27 a 46 c. 1.

59 FIs. 56 a 61 y 65 c. 1.

60 FIs. 78 a 89 c. 1.

61 FIs. 92 a 121 c. 1.

62 FIs. 125 a 132 c. 1.

63 FIs. 148 a 151 c. 1.

64 FIs. 163 a 170 c. 1.

65 “Ley 30 de 1986:
“ART. 79.—Dentro de los términos del artículo 290 del Código de Procedimiento Penal, el funcionario de Policía Judicial que hubiere practicado la diligencia a que se refiere el artículo anterior, enviará la actuación al juez instructor, quien al día siguiente de recibirla, practicará, con la presencia de un agente del Ministerio Público, una diligencia de inspección judicial.
Una vez hecha la inspección, el juez tomará una muestra de la droga decomisada y la enviará a la seccional más próxima del Instituto de Medicina Legal, a fin de que se haga una nueva peritación. Inmediatamente ordenará y presenciará la destrucción del remanente y sentará el acta respectiva, que suscriban el agente del Ministerio Público y las demás personas que hayan intervenido en la diligencia”.
“ART. 81.—Las autoridades de Policía Judicial a que se refiere el artículo 77 y siguientes de la presente ley, que decomisen droga que produzca dependencia y no cuenten con el equipo técnico necesario para practicar la identificación pericial prevista, enviarán la sustancia decomisada a la Unidad del Departamento Administrativo de Seguridad, de la Policía Nacional, de la Dirección General de Aduanas o del Instituto Seccional de Medicina Legal más cercano que disponga del equipo técnico adecuado”.

66 “Ley 270 de 1996, artículo 153. Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:
“1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.
“2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”.

67 “Ley 200 de 1995, artículo 25. Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas:
“2. Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccionales”.

68 Fls. 48 a 75 c. 4.