Sentencia 2009-00274/46059 de diciembre 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 63001-2331-000-2009-00274-01 (46059)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: Óscar Luis Martínez y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial

Referencia: Acción de reparación directa (01/84)

Bogotá D.C., cinco de diciembre de dos mil diecisiete

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2. Presupuestos procesales.

2.1. Competencia.

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(11).

2.2. Vigencia de la acción.

La acción de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues de conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se encuentra acreditado que la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado único Penal del Circuito de Calarcá, Quindío, quedó ejecutoriada el 11 de noviembre del 2008, debido a que no se presentaron recursos en su contra(12), y la demanda que fue presentada el 12 de noviembre del 2009, es decir dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.

2.3. Legitimación en la causa.

Los señores Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas se encuentran legitimados en la causa por activa, por ser los afectados directos con la privación de la libertad.

Adicionalmente, están legitimados quienes acudieron al proceso como afectados por el daño. En efecto, se demostró que el señor Óscar Luis Martínez es hijo de Martha Cecilia Martínez, padre de Linda Camila Martínez Salazar y Nicolás Martínez Alvarán, hermano de Angélica María Peláez y Michel Vanessa Idarraga Martínez y compañero permanente de Maryluz Alvarán Rubio, según se puede establecer con las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento y con los testimonios rendidos en el proceso, para el último caso(13).

Así mismo se demostró que el señor Hermilson Madrigal Cárdenas es hijo de Rosa Inés Cárdenas y Hermes Madrigal Bucurú, padre de Michel Dahianna Madrigal Romero, hermano de Carlos Arbey Madrigal Cárdenas, Carmen Rosa Madrigal Cárdenas y Jennifer Madrigal Cárdenas; y compañero permanente de Paola Andrea Romero Ávila, según se puede establecer con las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento y con los testimonios rendidos en el proceso, para el último caso(14).

Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(15); y es criterio reiterado y pacífico en esta Corporación que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, se concluye que la privación de la libertad que sufrió el demandante ha obrado como causa de un grave dolor en su familia, y que por tanto, se encuentran legitimados en la causa por activa.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a la Rama Judicial, de manera que la Nación se encuentra legitimada por pasiva en este asunto, pues, tanto aquella, como los órganos de la Rama Judicial que intervinieron en el asunto, forman parte de la persona jurídica Nación.

3. Hechos acreditados en el proceso.

La parte demandante alegó que el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la restricción a la libertad a la que fueron sometidos Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas, así como en la afectación moral y patrimonial que esto involucró, y el agravio que soportaron sus familiares, tanto material como inmaterialmente.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos mediante la copia de la grabación audiovisual de las audiencias adelantadas en el proceso penal seguido en contra de Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas, solicitada en la demanda y decretada por el tribunal, de las cuales se desprende los siguiente:

• El 22 de abril del 2008, Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas fueron detenidos como presuntos autores del delito de homicidio agravado(16).

• El 24 de abril del 2008, los detenidos ingresaron al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Calarcá, Quindío, en cumplimiento de la boleta de detención 012, emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal del control de garantías.

• El 18 de mayo del 2008, la Fiscalía Décima Seccional de Calarcá, Quindío, presentó escrito de acusación en contra de Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas como autores de la conducta punible de homicidio agravado, por la muerte del señor Óscar Alberto Rincón Montealegre, ocurrida el 2 de agosto del 2007.

• El 22 de agosto del 2008, el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá realizó la audiencia de juicio oral en el proceso penal seguido en contra de Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas, durante la cual el suscrito juez anunció la sentencia absolutoria, debido a que la Fiscalía, con los testimonios traídos al proceso, no logró demostrar la presencia de los acusados en el lugar de los hechos.

• El 11 de noviembre del 2008, el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá profirió sentencia absolutoria, que fue notificada en estrados y quedó en firme, puesto que las partes no interpusieron recursos(17).

• Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas estuvieron privados de su libertad, en virtud del proceso penal adelantado en su contra por el delito de homicidio agravado, desde el 22 de abril hasta el 22 de agosto del 2008.

4. Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas, por la privación de la libertad a la que fueron sometidos Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas, como consecuencia de su vinculación al proceso penal adelantado por el delito de homicidio agravado. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá los absolvió, debido a que no se demostró su participación en el hecho delictivo.

A continuación, si a ello hay lugar, deberá resolverse si la conducta de los sindicados constituyó, en términos civiles, un hecho determinante que quiebre el nexo de imputación de responsabilidad estatal.

5. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

De conformidad con los medios de pruebas aportados al proceso, la Sala encuentra acreditado el daño alegado en la demanda, como quiera que, mediante oficio emitido por el Instituto Nacional Penitenciario Inpec—(18), se demostró que Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas estuvieron privados de la libertad desde el 22 de abril hasta el 22 de agosto del 2008, en virtud del proceso penal adelantado en su contra por el delito de homicidio.

Demostrado el daño, la Sala procede a determinar si este es de carácter antijurídico y si es imputable a las entidades demandadas.

En el presente caso la Fiscalía solicitó la vinculación de los demandantes al proceso penal adelantado por el homicidio del señor Óscar Alberto Rincón Montealegre, debido a que la madre del occiso los señaló como autores del hecho en diligencia de reconocimiento fotográfico adelantada el 18 de marzo del 2008.

Posteriormente, el juez municipal con funciones de conocimiento profirió sentencia absolutoria, por cuanto no existían elementos probatorios suficientes para demostrar la participación de los acusados en el ilícito. Lo anterior teniendo en cuenta que la única prueba en su contra fue el reconocimiento que realizó la madre del occiso, quien no fue testigo directa de los hechos, siete meses después de su ocurrencia.

Para esta Subsección, la captura de Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas fue legalizada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Calarcá con función de control de garantías sin que se evidenciara ninguna vulneración de derechos por parte de la Fiscalía y no advierte ninguna irregularidad cometida durante la investigación, por lo que concluye que la privación de la libertad de los accionantes no obedeció a alguna falla en el servicio atribuible a la Fiscalía.

En lo que respecta a la rama judicial, la Sala advierte que es al juez a quien el ordenamiento jurídico le atribuye la posición de garante de los derechos fundamentales del indiciado, por lo que le es exigible un ejercicio de ponderación en la apreciación de la necesidad de la medida de detención en consideración a las pruebas que son exhibidas en el curso del proceso. Sin embargo, en el sub lite, la Sala no encuentra evidencia de una falla en el servicio en la que hubiera incurrido la Rama Judicial al imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

No obstante lo anterior, para la Sala es claro que la absolución de los procesados ocurrió debido a que no se demostró su participación en el hecho punible investigado.

En este punto, cabe precisar que antes de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que establecía:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

Para la fecha en que se profirió la preclusión, a saber, 26 de noviembre del 2009, se encontraba vigente el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “(…) quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios”.

Sobre el particular, la Sala ha considerado(19) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible.

Así las cosas, como está probado que los demandantes estuvieron privados de la libertad y que durante el proceso penal no se demostró que hubieran cometido el hecho punible, la Sala concluye que la detención que sufrieron constituye un daño antijurídico, puesto que Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas no tenían la carga de soportarla.

La responsabilidad por el daño, consistente en la privación de la libertad de Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas, es imputable a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial, en aplicación de un régimen de responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de un error cometido por la autoridad judicial. Al afectado le basta probar que le fue impuesta una medida privativa de su libertad durante el proceso penal que finalizó con la confirmación de su inocencia, para imputarle responsabilidad extracontractual en cabeza del Estado.

Ello obedece a la premisa que indica que cuando el Estado, en ejercicio de su potestad punitiva, no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, debe compensar económicamente el daño causado, en tanto los administrados no tienen la obligación de soportar la privación de la libertad, por cuanto esto constituye una carga que vulnera derechos esenciales al ser humano. Al respecto la jurisprudencia ha señalado:

“La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(20)”.

Por ende, teniendo en cuenta que Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas tuvieron que soportar la carga de ser privados de la libertad durante la investigación que adelantó el Estado, sobre su posible autoría o participación en una conducta punible, deben ser compensados por el hecho de haberse visto afectados por el quebramiento del principio de igualdad ante las cargas públicas.

En cuanto a las causales eximentes de responsabilidad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 estableció que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al Estado, así: “(…) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada manifestó:

“[E]ste artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible (…)”(21).

De acuerdo con el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder activo u omisivo de la propia víctima, al respecto ha dicho:

“[C]abe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. (…).

Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción (…).

Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)”(22).

En consideración a la carga probatoria, el Consejo de Estado ha reiterado que corresponde a la parte actora acreditar los elementos que configuran la responsabilidad, a saber: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, elementos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente con la prueba de la privación de la libertad y de la decisión de preclusión a favor del procesado.

En contraste, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada la causal de exoneración por el hecho exclusivo y determinante de la víctima.

En el presente caso, la Sala encuentra que la parte accionada no demostró en el proceso que Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas hubieran actuado de manera negligente o incumplido sus deberes de conducta civil, de tal manera que esta pudiera ser calificada como dolosa o gravemente culposa.

Si bien los señores Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas fueron reconocidos por la madre del occiso como autores del homicidio, en el proceso se demostró que ellos no se encontraban en el lugar de los hechos, al momento de la ocurrencia del hecho.

Por otra parte, la Sala tampoco encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, por la denuncia presentada en contra de los procesados, como lo afirmó la entidad demandada en su recurso de apelación. Lo anterior, debido a que la causa del daño no puede ser atribuida a un tercero que no tiene la capacidad de privar de la libertad a un ciudadano, en tanto la potestad punitiva se encuentra, de manera exclusiva, en cabeza del Estado.

Así las cosas, teniendo en cuenta que se vinculó a Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas a un proceso penal que finalizó con su absolución, debido a que no se demostró que hubieran cometido el delito que se les endilgó; y la parte demandada no demostró que la privación de la libertad hubiera ocurrido como consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima, pues no se observó una conducta determinante en la producción del daño, por parte de los procesados, la Sala concluye que en el presente caso se tienen los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad a la Nación.

Ahora bien, en consideración a que la posición mayoritaria de la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación indica que tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Rama Judicial influyen en distinto grado, con sus actuaciones, en la privación de la libertad, estas entidades son solidariamente responsables de los perjuicios causados a la parte actora, y por tanto la condena impuesta será pagada en la siguiente proporción: la Rama Judicial asumirá el setenta por ciento (70%) y la Fiscalía General de la Nación, el treinta por ciento (30%) restante.

No obstante, ambas entidades son responsables frente a los accionantes en el monto total de la condena, por lo que la parte actora podrá exigir el pago del total de la indemnización a una de las dos demandadas y la entidad que satisfaga la obligación podrá exigir a la otra la proporción de la condena que le corresponda de acuerdo con los porcentajes señalados.

Como el Tribunal Administrativo del Quindío accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la Sala procederá a revisar que la condena impuesta se encuentre ajustada a los criterios jurisprudenciales.

6. Análisis de la Sala sobre los perjuicios

6.1. De los perjuicios inmateriales

La Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso, en sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, las reglas para determinar el monto de los perjuicios morales causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad, tasados en salarios mínimos

mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

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 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del Porcentaje de la Víctima directa35% del Porcentaje de la Víctima directa25% del Porcentaje de la Víctima directa15% del Porcentaje de la Víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas estuvieron privados de la libertad por un lapso de tiempo de 4 meses, entre el 22 de abril y el 22 de agosto del 2008, por lo que la Sala debe establecer los montos de indemnización correspondientes así:

Le corresponde a Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas y a su núcleo familiar en primer grado de consanguinidad (padres, hijos y compñera), la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A sus hermanos, por encontrarse en el segundo nivel por ser parientes en segundo grado de consanguinidad, les corresponde la suma equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lo anterior teniendo en cuenta la afectación moral producida con el daño, que se prueba con la simple acreditación del parentesco, por lo que no se exige su demostración y se presume con base en las reglas de la experiencia.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
 Óscar Luis Martínez
(víctima de la privación injusta)
50 SMLMV
Maryluz Alvarán Rubio (compañera)50 SMLMV
Linda Camila Martínez Salazar (hija)50 SMLMV
Nicolás Martínez Alvarán (hijo)50 SMLMV
Martha Cecilia Martínez50 SMLMV
 (madre) 
Angélica María Peláez (hermana)25 SMLMV
Michel Vanessa Idarraga (hermana)25 SMLMV

NivelDemandanteIndemnización
 Hermilson Madrigal Cárdenas (víctima de la privación injusta)50 SMLMV
Paola Andrea Romero Ávila (compañera)50 SMLMV
Michel Dahianna Madrigal Romero (hija)50 SMLMV
Hermes Madrigal Bucurú (padre)50 SMLMV
Rosa Inés Cárdenas (madre)50 SMLMV
Carlos Arbey Madrigal Cárdenas (hermano)25 SMLMV
Darío de Jesús Grajales Restrepo (hermana)25 SMLMV
Carmen Rosa Madrigal Cárdenas (hermana)25 SMLMV
Jennifer Madrigal Cárdenas (hermana)25 SMLMV

Por otra parte, en la demanda se afirmó que a raíz de la privación injusta de Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas, estos y sus familiares sufrieron, además de un perjuicio moral, una afectación a la vida de relación.

Frente a este punto la Sala precisa que la afectación a la vida de relación (en otras ocasiones mencionada como la alteración a las condiciones de existencia) se estima correspondiente a la afectación derivada de un daño a la salud que impida el goce pleno de la actividad funcional del ser humano, de acuerdo con los criterios expuestos en Sentencia de Unificación del 14 de septiembre del 2011(23). Por tanto, se entiende que cuando se repara una afectación a la salud, esta comprende tanto la afectación sicofísica, como todos los aspectos relacionados con la esfera externa de dicha afectación se deriven.

En la mencionada sentencia de unificación, la clasificación de perjuicios inmateriales se resumió así:

“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera:

perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento”(24).

Ahora bien, el daño a la vida de relación invocado en la demanda, derivado de la privación de la libertad de Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas, se encuentra ubicado dentro de una nueva categoría de prejuicios inmateriales correspondiente a la vulneración a los bienes o derechos constitucionalmente protegidos, debido a que, de acuerdo con el escrito de la demanda, la mencionada afectación es independiente de los perjuicios inmateriales causados por la afectación moral.

Respecto de la categoría del daño a bienes o derechos constitucionalmente amparados se encuentran las vulneraciones a derechos contenidos en diversas fuentes normativas, que se materializan bajo presupuestos propios, independientes de los demás perjuicios inmateriales causados y, por tanto, merecen una acreditación fáctica particular de la situación que impide a la víctima disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales convencionales.

Igualmente, la jurisprudencia indica(25) que la vulneración a bienes o derechos constitucionalmente amparados, como regla general, se repara con medidas de carácter no pecuniario encaminadas a restablecer a la víctima al ejercicio pleno de sus derechos.

La Sala considera que en el presente caso no se acreditó la configuración de una vulneración a un bien o derecho constitucionalmente amparado en cabeza de Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas y su familia, pues no se demostró la existencia de una situación fáctica temporal o permanente que les impida disfrutar de sus derechos, por tanto, no representa una situación que pueda ser reparada mediante una medida tendiente a restituir la situación a un estado de pleno goce de sus derechos.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Lucro cesante.

La liquidación del lucro cesante se realizará con base en el salario mínimo legal mensual vigente, teniendo en cuenta que, para el momento de su detención, los señores Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas estaban en edad productiva y la Sala no cuenta con ninguna prueba que demuestre sus ingresos mensuales.

La fórmula aplicable para realizar la liquidación es:

S = Ra (1+ i) n -1

i

S=Es la indemnización a obtener

Ra = Es el ingreso mensual

I = Es el interés puso equivalente a: 0.004867

N = Es el periodo indemnizable en meses

Así las cosas, el periodo a indemnizar en este caso es igual a 4 meses de privación de la libertad.

No se reconocerá el periodo de 8,7 meses que la jurisprudencia ha establecido como aquel que tarda una persona en conseguir empleo, puesto que en el presente caso no se demostró que los accionantes se encontraran empleados en la época de la privación de la libertad.

Así las cosas, el total de perjuicios materiales por lucro cesante a favor de Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas es:

S= $ 737.717 (1 + .004867)4 - 1 = $2.972.481

0.004867

Le corresponde a Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas, por concepto de lucro cesante, la suma de dos millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un pesos M/cte ($2.972.481), para cada uno.

7. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia proferida el 7 de junio del 2012, por el Tribunal Administrativo del Quindío, la cual quedará así:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación- Rama Judicial y a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fueron sujetos Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas.

2. CONDENAR a la Nación-Rama Judicial y a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de los demandantes las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales:

NivelDemandanteIndemnización
 Óscar Luis Martínez
(víctima de la privación injusta)
50 SMLMV
Maryluz Alvarán Rubio (compañera)50 SMLMV
Linda Camila Martínez Salazar (hija)50 SMLMV
Nicolás Martínez Alvarán (hijo)50 SMLMV
Martha Cecilia Martínez (madre)50 SMLMV
Angélica María Peláez (hermana)25 SMLMV
Michel Vanessa Idarraga (hermana)25 SMLMV

NivelDemandanteIndemnización
 Hermilson Madrigal Cárdenas (víctima de la privación injusta)50 SMLMV
Paola Andrea Romero Ávila (compañera)50 SMLMV
Michel Dahianna Madrigal Romero (hija)50 SMLMV
Hermes Madrigal Bucurú (padre)50 SMLMV
Rosa Inés Cárdenas (madre)50 SMLMV
Carlos Arbey Madrigal Cárdenas (hermano)25 SMLMV
Darío de Jesús Grajales Restrepo (hermana)25 SMLMV
Carmen Rosa Madrigal Cárdenas (hermana)25 SMLMV
Jennifer Madrigal Cárdenas (hermana)25 SMLMV

3. CONDENAR a la Nación-Rama Judicial y a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a Óscar Luis Martínez y Hermilson Madrigal Cárdenas la suma de dos millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte ($ 2.972.481), para cada uno, como indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Aplicar lo establecido en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

11 La Ley 270 de 1996 -vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio- desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

12 Fl. 10, cdno. 2.

13 Fl. 34 - 39, cdno. 1 y fls. 32 - 35, cdno. 2.

14 Fls. 41 - 45, cdno. 1 y fls. 37 - 39, cdno. 2.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, expediente nº. 20750, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16 Fls. 40 y 46, cdno. 1.

17 Fls. 20 - 25, cdno. 2.

18 Fls. 40 y 46, cdno. 1.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, expediente: 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, exp. 24688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

21 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, exp. P.E.-008,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, exp. 13744, C.P. María Elena Giraldo, reiterada en las sentencias de 11 de abril de 2012, exp. 23513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 9 de octubre de 2013, exp. 33564, C.P. Hernán Andrade Rincón.

23 Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, expediente: 19031, C.P. Enrique Gil Botero.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, expediente: 32988, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

25 “[s]e privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, expediente: 32988, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.