Sentencia 2009-00284 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

“SUBSECCIÓN B”

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., 8 de junio de 2017

Exp.: 39739

Rad.: 470012331000200900284 01

Actor: Javier Eusebio Bonilla Acosta y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia.

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, sin que resulte necesario realizar consideración alguna en relación con la cuantía del proceso(1).

7.1. Igualmente, conviene precisar que habida cuenta de que la parte demandante fue el único extremo del conflicto en apelar la decisión de primera instancia, la Sala se limitará, en un principio, a pronunciarse respecto del objeto de su medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(2) del Código de Procedimiento Civil.

7.2. En este punto, se debe aclarar que debido a que el asunto objeto de debate se alegó la privación de la libertad del señor Javier Eusebio Bonilla Acosta, el presente asunto puede resolverse sin sujeción estricta a su entrada para fallo, de conformidad con el criterio adoptado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sesión del 25 de abril de 2013(3).

II. Validez de los medios de prueba.

8. En relación con la totalidad de los medios probatorios obrantes en el plenario, conviene precisar lo siguiente:

8.1. Al momento de presentar la demanda, la parte actora aportó pruebas documentales que, a pesar de que fueron allegadas en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, serán valoradas libremente por la Sala.

8.1.1. Al respecto, conviene recordar que, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación, siempre y cuando no se hubieran tachado de falsas a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.//Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.  

(...) Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad(4).

8.2. De otro lado, en el plenario se cuenta con la declaración rendida ante el tribunal a quo por parte del señor Edilberto Bonilla Bolívar, quien al preguntársele por sus anotaciones personales, adujo ser tío del demandante Javier Eusebio Bonilla Acosta, de lo cual se infiere que sostiene esa misma clase de vínculo con algunos de los demás accionantes.

8.2.1. En consideración a la relación de parentesco entre dicho declarante y los integrantes de la parte demandante de la litis, sus dichos serán tenidos por sospechosos a la luz del artículo 217(5) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que su percepción sobre los sucesos objeto de la presente contienda podría estar parcializada. Sin embargo, se advierte que esa única circunstancia no es suficiente para descartar de plano sus versiones, sino que su valoración dependerá de la credibilidad que éstas puedan revelar al momento en que la Sala proceda a realizar el análisis conjunto de los elementos probatorios, y los correlativos hechos que a raíz de éstos se tengan por demostrados(6).

8.3. Por su parte, obra en el expediente un recorte de prensa del diario “El Informador” del jueves 10 de abril de 2003, en el que se evidencia una noticia titulada “Estos son los capturados por la Dijín”, medio probatorio con fundamento en el cual se pretendió demostrar la afectación del buen nombre del privado de la libertad Javier Eusebio Bonilla Acosta.

8.3.1. Al respecto, cabe señalar que la Sala Plena de la corporación(7) señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por lo tanto, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(8).

8.3.2. Sin perjuicio de lo anterior, en un pronunciamiento más reciente, la misma Sala amplió la señalada regla para indicar que tales medios de prueba tienen plena validez probatoria sin necesidad de que otro medio de prueba confirme su contenido, cuando (i) relaten aspectos relacionados con un hecho notorio, toda vez que éstos no requiere ser acreditados de conformidad con la normativa procesal civil de nuestro ordenamiento jurídico, y (ii) transcriben las declaraciones o comunicaciones de servidores públicos, en consideración a su investidura y posición, de modo que serán valoradas como pruebas documentales que podrán ser controvertidas, ampliación de la jurisprudencia de esta corporación que se da a la luz de aquella adoptada a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, se sostuvo:

En esta ocasión, la regla del valor probatorio de estos se ampliará para indicar que también se les reconoce este, cuando estemos en presencia de i) hechos notorios y/o públicos y ii) transcriban declaraciones o comunicaciones de servidores públicos.  

(...) Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia(9) y que en razón de su relevancia e importancia, serán acogidas por la Sala Plena de lo Contencioso a partir de esta decisión.

En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro. 

(...) En el primer caso, es decir, frente a los hechos públicos y/o notorios, no requieren ser probados en los términos de los artículos 176 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso, razón por la que el registro noticioso servirá simplemente como una constatación gráfica de lo que es conocido por la comunidad.

(...) El aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le permitirá al juez contar con mayores elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho requería de prueba, pues, se repite, su apreciación o cognición por una generalidad, hace innecesaria su prueba.

En el caso de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición en la sociedad, tendrán que ser desvirtuadas.  

En otros términos, estos serán valorados conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales. Por tanto, esas declaraciones o manifestaciones públicas, recogidas o registradas en diversos medios de comunicación darán fe de su contenido, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen(10).

8.3.3. Con observancia de lo expuesto, se acogerán los precedentes reseñados y en consecuencia, se apreciará la noticia aludida de conformidad con los lineamientos establecidos por ellos.

8.4. Finalmente, con el objeto de acreditar que el privado de la libertad y la demandante Karina Narváez Fontalvo convivían juntos, de manera que entre ellos existía una relación sentimental de compañeros permanentes, los demandantes allegaron al expediente la declaración extraproceso del 7 de junio de 2007, rendida por Belinda María Garzón Linero ante la Notaría Segunda del Círculo de Santa Marta.

8.4.1. En relación con dicho medio de convicción, la Nación-Fiscalía General de la Nación se opuso a su valoración de acuerdo con lo señalado por el artículo 229(11) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que argumentó que el mismo sólo podía ser apreciado en caso de que su contenido se ratificara al interior del presente asunto, razón por la cual concluyó que no era posible tener a la accionante señalada como compañera permanente de la víctima y en consecuencia, se imponía denegar la indemnización solicitada a su favor.

8.4.2. Al respecto, se debe precisar que si bien por un tiempo esta Subsección empleó el aducido criterio, varió parcialmente su sentido para colegir que la ratificación mencionada no es necesaria en relación con las declaraciones extrajudiciales de terceros que tiendan a acreditar la existencia del mencionado vínculo de compañeros permanentes.

8.4.3. En efecto, teniendo en cuenta que la finalidad del procedimiento de ratificación de las declaraciones extraprocesales consiste en propender por constituir esa clase de medios de convicción sumarios o sin contradicción en pruebas plenas que provean el suficiente convencimiento(12), no se puede perder de vista que al hacer una revisión del ordenamiento jurídico, las pruebas sumarias, en múltiples eventos, tienen la misma potencialidad que las pruebas plenas para generar credibilidad, sin necesidad de que respecto de ellas se realice una verificación adicional o se surta su contradicción, lo que la Sala estima que ocurre con las declaraciones rendidas por fuera del proceso, únicamente cuando su contenido tiene que ver con la acreditación de la relación de compañeros permanentes entre dos personas. Sobre este punto, la doctrina se ha pronunciado de la siguiente manera:

Si bien es cierto la regla general es que la decisión judicial debe estar basada en plenas pruebas, no son extraños los casos donde la ley permite que el juez tome ciertas determinaciones y las soporte en medios de prueba que no tienen las características propias de la plena prueba;  

(...) La prueba sumaria es aquella que lleva al juez la certeza del hecho que se quiere establecer, en idénticas condiciones de las que genera la plena prueba, pero a diferencia de ésta, no ha sido sometida al requisito de la contradicción de la parte contra quien se hace valer. Pone de presente lo anterior que la única diferencia que existe entre los dos conceptos es el no haber sido surtido el requisito de la contradicción, pero su poder de convicción es siempre igual y la prueba sumaria también debe llevar certeza al juez acerca del hecho que con ella se quiere establecer. Debido a lo anterior es que se debe desterrar la idea que la prueba sumaria es la deficiente, la incompleta, un principio de prueba, aquella que apenas insinúa la existencia de un hecho; en absoluto, la prueba sumaria convence con características idénticas a la de la plena prueba, la certeza que ella lleva al entendimiento del fallador es completa; en cuanto a su eficacia probatoria no existe ninguna diferencia entre las dos clases de pruebas(13).

8.4.4. De esta manera, la Sala advierte que en diferentes asuntos en los que la prueba de determinada relación constituye el derecho en discusión en sí, la ley establece la posibilidad de acudir a declaraciones sumarias de terceros como lo son las declaraciones extrajudiciales rendidas ante notarios, para acreditar la referida relación y así, la prerrogativa aludida.

8.4.5. A título de ejemplo, ello ocurría en el caso de personas que para ser consideradas beneficiarias del seguro obligatorio de vida que contemplaba el régimen laboral con ocasión del fallecimiento de un trabajador antes de la regulación integral sobre la materia hecha por la Ley 100 de 1993, debían acreditar una condición en específico o que sostenían una relación con el difunto, lo que les era factible a través de ese tipo de medios de prueba(14), incluso a pesar de que ello posteriormente fuese puesto a conocimiento de la jurisdicción ordinaria(15), cuyo máximo órgano judicial, debido a la desigualdad en la relación laboral y los derechos fundamentales y finalidades estatales que ésta implica, ulteriormente (i) ha aceptado la valoración de las declaraciones extraprocesales como documentos emanados de terceros, cuya ratificación no es necesaria a menos de que la parte contra la cual se pretende hacer valer la solicite expresamente —artículo 277(16) del CPC—, con lo cual ha excepcionado la aplicación del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, o (ii) ha decretado de oficio su ratificación para poder apreciar su contenido. Al respecto, la Corte Constitucional se ha expresado de la siguiente manera:

5.4 Debe considerarse además que, si bien las bases del derecho procesal son las mismas para toda clase de procesos, las diferencias radican en las especiales consideraciones constitucionales que permean el derecho sustantivo del trabajo y de la seguridad social. Así por ejemplo, son principios que caracterizan al procedimiento laboral y de la seguridad social, la desigualdad compensatoria (en sus tres elementos el indubio pro operario, la condición más beneficiosa y la norma más favorable), la búsqueda de la verdad real y la indisponibilidad de derechos.(17)

Dentro de las especificidades del derecho laboral y de la seguridad social el tema probatorio constituye una diferencia notable respecto a los demás procedimientos. En este sentido, en la práctica de pruebas, el juez laboral y de la seguridad social debe tener en cuenta la desigualdad objetiva de las partes y tomar todas las medidas para lograr el equilibrio necesario. Esta situación no constituye una parcialización del juez, pues tal postura se deriva de los principios constitucionales y los mandatos legales que regulan los ámbitos laboral y de la seguridad social.(18) 

En esta misma línea, una diferencia notoria respecto a otro tipo de procesos, radica en la postura marcada por parte del juez frente a la búsqueda de la verdad real, esto en tanto el juez debe orientarse por los fines del derecho laboral y de la seguridad social. En efecto, el juez debe procurar activamente la realización de los deberes del Estado, en este sentido el artículo 2° inciso 2º de la Constitución establece que “las autoridades de la República están instituidas para (...) asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. De lo cual se deriva que el objetivo de la Constitución y en consecuencia del procedimiento laboral es contribuir a la construcción de un orden social más equitativo. 

(...) 5.5 Ahora bien, específicamente respecto a las facultades del juez laboral como director del proceso, el artículo 7º de la ley 1149 que reformó el artículo 48 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, estableció que “el juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.”

Dicho mandato establece una concepción de la labor jurisdiccional en materia laboral y de la seguridad social que se sustenta en la protección de los derechos fundamentales.  

(...) En punto al requisito de ratificación de los testimonios extra juicio, la jurisprudencia, en particular de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Laboral), ha señalado ciertas pautas a los jueces para la valoración de dichas pruebas, así como las posibilidades de los jueces frente a la exigencia de dicho requisito en materia probatoria. En particular ha marcado los derroteros respecto a la posibilidad de valorar las declaraciones extra proceso que no hubieren sido ratificadas, dándoles el carácter de documentos declarativos de terceros, según lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil; a lo que ha adicionado la posibilidad de que los jueces ordenen de oficio la ratificación de los testimonios cuando en virtud del principio de sana crítica, lo considere necesario para su convicción y para garantizar los derechos de la parte contradictoria en el juicio.

(...) 6.1 De una parte, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema, ha aceptado la posibilidad de que las declaraciones extrajuicio recibidas para fines no judiciales puedan evaluarse como documentos declarativos de terceros, los cuales no requieren ratificación, salvo que la parte contraria así lo solicite, según lo dispone el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil. En esta vía, la Corte Suprema ha señalado que “las declaraciones extrajuicio recibidas para fines no judiciales, pueden tomarse ‘(...) como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil (Mod. art. 27, L. 794/2003), no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite’”. Lo anterior tiene justificación en tanto “se acompasa con la política legislativa que en materia probatoria se viene adoptando, en perspectiva de menguar el exceso de rigor formal que antaño campeaba en los códigos de procedimiento.”(19) Dicha postura ha sido reiterada en recientes pronunciamientos en los que la Corte Suprema ha recabado que las mencionadas declaraciones no ratificadas “deben tenerse como documentos declarativos provenientes de terceros”.(20)

6.2 Por otra parte, respecto a las declaraciones extra juicio, que regula el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, la máxima Corporación de la jurisdicción ordinaria ha señalado que los jueces laborales y de la seguridad social, en virtud de sus facultades como directores del proceso, tienen la potestad de ordenar la ratificación que ordena aquella norma, con el fin de valorar íntegramente la prueba y esclarecer los puntos que consideren pertinentes. En este tema, pese a que la jurisprudencia de la Corte Suprema inicialmente sostenía que las declaraciones extrajuicio debías ser ratificada para ser valoradas dentro del proceso laboral, en recientes pronunciamientos, ha venido señalando que el juez laboral puede acudir oficiosamente a ordenar la mencionada ratificación. 

(...) Sin embargo, en recientes fallos la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha señalado que la ratificación de los testimonios por vía de las facultades oficiosas que le confiere el ordenamiento jurídico al juez laboral y de la seguridad social, es un deber derivado de la dirección del proceso que este ostenta. En este sentido, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria al momento de estudiar un caso en el que se discutía la validez de la ratificación de los testimonios que establece el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil como prueba válida para determinar el tiempo de servicios y el salario de un trabajador que solicitaba una pensión de jubilación, expresó que el juez “conforme a sus facultades oficiosas que le confiere el artículo 83 del CPTSS, no solo podía, sino que era su obligación, como director del proceso, procurar que la prueba surtiera todos sus efectos, decretando su ratificación (...).”(21)

(...) De manera que la jurisprudencia autorizada en cuanto a la ratificación de testimonios y su valoración dentro del proceso, determina que frente a la ausencia de esta el juez bien puede: (i) darles el tratamiento de documentos declarativos provenientes de terceros —artículo 277 del CPC—; o bien, (ii) ordenar oficiosamente la ratificación que establece el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil al considerar que resulta necesario el esclarecimiento de elementos de juicio en el proceso y para garantizar los derechos de defensa y contradicción de la parte contraria, con lo cual se constituyen en testimonios válidos dentro del proceso. Ambas medidas se acompasan del respeto de los derechos y garantías de las partes. Su real distanciamiento surge de las particularidades de cada caso concreto, en virtud de las cuales el juez deberá determinar cuál es la medida idónea para valorar la prueba, en el marco de la sana crítica(22).

8.4.6. En igual sentido sucede actualmente para quien hubiese hecho vida marital y busque la sustitución pensional en relación con la pensión percibida por su pareja, para lo cual también basta la presentación de declaraciones extrajudiciales(23).

8.4.7. Con observancia de lo expuesto, esto es, de que en varios asuntos en los que la calidad de compañero permanente se configura en el punto de discusión que fundamentaría el reconocimiento de un derecho, el legislador ha establecido la posibilidad de darle credibilidad a las declaraciones extrajudiciales que se pronuncien en ese sentido no obstante se traten de pruebas sumarias respecto de las cuales no se produce contradicción, a la Sala le es plausible considerar que lo mismo debe suceder en materia de responsabilidad patrimonial, en el sentido de que no es necesario agotar esa formalidad cuando la prueba sumaria aludida verse sobre la relación de compañeros permanentes entre un demandante y la víctima.

8.4.8. En efecto, se estima que las declaraciones extraprocesales pueden ser valoradas sin necesidad del trámite previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, únicamente respecto de la relación de compañeros permanentes que aleguen los demandantes, puesto que el ordenamiento jurídico así lo ha considerado en otros escenarios donde de hecho, ese vínculo se constituye en el centro de la disputa. Sin embargo, se debe aclarar que la señalada apreciación expuesta por la Sala, no puede proceder frente a otros elementos de discusión que surjan en el proceso de responsabilidad, puesto que ello sí implicaría establecer una excepción al principio de contradicción que no tiene ninguna clase de previsión legal que la sustente.

8.4.9. Ahora bien, este hecho no significa que su admisión, estándar probatorio y valoración deba adelantarse bajo supuestos menos estrictos; por el contrario, se considera que en los eventos descritos, la declaraciones extraprocesales se les puede aplicar las exigencias establecidas para los documentos emanados de terceros, esto es, el cumplimiento de los requisitos para las pruebas documentales dispuestos en el capítulo VIII de la sección tercera del libro segundo del Código de Procedimiento Civil.

8.4.10. De esta manera, tras verificar la autenticidad de la prueba en comento —circunstancia que normalmente podrá determinarse con facilidad, siempre que la declaración se haya rendido ante notario— y después de haber sido decretada como prueba, debe correrse traslado de la declaración por un periodo de cinco días, durante el cual podrá ser tachada de falsa. En dicha oportunidad la parte contraria también podrá solicitar su ratificación, teniendo en cuenta que si no realiza tal petición, la prueba podrá ser valorada sin ninguna consideración adicional, como lo disponen el numeral segundo del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil y el numeral segundo del artículo 10(24) de la Ley 446 de 1998.

8.4.11. En consecuencia, no se puede perder de vista que a la parte contra la cual se pretenda hacer valer la declaración extraproceso no le basta con aseverar que la misma no se puede tener en cuenta debido a la falta de su ratificación, sino que expresamente tiene que pedirla, punto en el que no se debe olvidar que la finalidad de los medios de prueba consiste en brindarle al juez el suficiente convencimiento sobre la verdad de los hechos para efectos de que pueda adoptar una decisión justa, y el primer tipo de intervención no sólo no busca el cumplimiento de ese fin, sino que adicionalmente pretende constituirse en un óbice para fallar adecuadamente con fundamento en ciertas formalidades procedimentales establecidas por la ley y, en ese orden de ideas, en un obstáculo al debido acceso a la administración de justicia.

8.4.12. Adicionalmente, el juez al valorar los documentos contentivos de las declaraciones extrajuicio debe aplicar las reglas de la sana crítica de un modo aún más riguroso que si estuviera valorando la prueba testimonial respectiva, teniendo en cuenta que existe una menor inmediación entre el administrador de justicia y el medio de convicción. Por ello, debe realizar una lectura integral de todos los elementos contenidos en el escrito, verificar las condiciones personales del autor, así como la coherencia interna de sus dichos, la ciencia del conocimiento que tiene sobre los hechos y la coherencia externa del documento con los demás medios de prueba que obren en el plenario.

8.4.13. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la Sala no concuerda con la parte demandada al considerar que la prueba en análisis no puede ser valorada debido a su falta de ratificación, puesto que se insiste que bajo las circunstancias señaladas su apreciación es válida a pesar de que se trate de una prueba sumaria, máxime cuando la parte demandada únicamente propendió por excluirla del análisis de manera injustificada y sin buscar su ratificación o su práctica adecuada, cuando debió elevar las peticiones pertinentes para contradecirla. En consecuencia, se concluye que de conformidad con los derroteros estudiados, se apreciará la declaración sumaria de la señora Belinda María Garzón Linero, y se le asignará el mérito probatorio que pueda aportar al presente asunto.

III. Los hechos probados.

9. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. En el año 1996, aparecieron en el Departamento del Magdalena las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo que a comienzos del año 2002, debido a conflictos internos, decidió repartirse el control de sus territorios, lo que finalmente conllevó a que en la zona urbana de la ciudad de Santa Marta se presentara el cobro de “cuotas o vacunas en toda la ciudad, entre ellos al comercio, locales, supermercados, tiendas, control sobre los barrios residenciales, empresas de transporte urbano, taxis, colectivos, industria, mercado público, vendedores ambulantes, estacionarios (sic), sector hotelero y turístico en general, ejerciendo control absoluto mediante empresas fachada de vigilancia (...) amén del aumento de actos delictivos contra la población civil, representado en homicidios selectivos, lesiones personales, intimidaciones y amenazas de todo orden”, contexto delictivo con ocasión del cual se iniciaron las investigaciones pertinentes (copias auténticas de la resolución de acusación del 2 de abril de 2004, proferida por la fiscalía delegada perteneciente a la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario; fls. 94-196, cdno. 1).

9.2. En el marco de las anteriores pesquisas, el señor Javier Eusebio Bonilla Acosta fue capturado e ingresó al establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Marta el 10 de abril de 2003 (original del certificado del 20 de diciembre de 2006, expedido por el establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Marta; fl. 28, cdno. 1).

9.3. Mediante providencia del 2 de abril de 2004, la Fiscalía Delegada perteneciente a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario calificó el mérito del sumario adelantado —en el cual se encontraban vinculadas más de 60 personas—, y decidió elevar acusación en contra del señor Javier Eusebio Bonilla Acosta por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, en la medida en que consideró que éste, en sus labores de despachador ocasional de la empresa de transporte público Rodamar S.A., servía de intermediario para extorsionar a los conductores que laboraban con él a favor del grupo paramilitar que operaba en el distrito de Santa Marta. Al respecto, señaló (copias auténticas de la resolución de acusación del 2 de abril de 2004, proferida por la Fiscalía Delegada perteneciente a la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario; fls. 94-196, cdno. 1):

JAVIER EUSEBIO BONILLA ACOSTA: 

Compartimos el concepto de nuestro colaborador ministerial, en el sentido de que la situación de este sindicado, es prácticamente la misma que la del anterior. En efecto, se encuentra relacionado en el informe 504 de la DIJIN SIJIN fechado a abril 3 de 2003, solicitado como complementario del 488 (fl. 60, cdno. 4), donde se dice que BONILLA ACOSTA, como despachador de RODAMAR S.A:, en (sic) conocedor y participa de las extorsiones objeto de análisis.

Hijo del señor ÓSCAR BONILLA GONZÁLEZ, que al ser escuchado en injurada (165-8) dijo trabajar ocasionalmente en RODAMAR S.A., lo cual no desnaturaliza su participación en los hechos; dijo devengar 30 mil diarios cuando trabaja, y que sólo sabe de los 1500 pesos que pagan los conductores por parqueo y nada más, declarándose inocente. Sobre la cartulina que se utiliza y de que aquí se tiene noticia, manifiesta que vale 24 mil pesos y la vende ÓSCAR BONILLA. Es difícil suponer que cuando a una persona le endilgan la comisión de conducta punible (sic), no se tenga idea de ello; es o puede ser causal; pero en este caso, la situación nos parece bastante clara, conforme a lo que arrojan las pruebas.

Por lo que considera el señor Procurador, que más de las sindicaciones generales que se han dicho en contra de los señores despachadores de al (sic) empresa Rodamar, este señor está seriamente comprometido, y por ello se proferirá en su contra resolución de acusación.

9.4. Por medio de la decisión del 17 de abril de 2006, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta absolvió de responsabilidad penal al señor Bonilla Acosta, y ordenó que se le pusiera en libertad previo al pago de una caución prendaria.

9.4.1. En ese sentido, con observancia de lo señalado por el Ministerio Público y luego de la valoración de los medios de prueba que obraban en el plenario, los cuales adujo que en ocasiones fueron interpretados de manera excesiva por el órgano acusador, indicó que sólo hacía referencia al sindicado aludido un informe de inteligencia, única prueba en la que no se debió fundamentar la medida de aseguramiento que pesó en su contra, y en la que tampoco se podía erigir una sentencia condenatoria. Igualmente, destacó que no se tenían elementos para desvirtuar su dicho sobre la conexión ocasional que tenía con Rodamar S.A.

9.4.2. Por su parte, destacó que el declarante que contradijo su versión ante los medios de comunicación fue el señor Wilman Andelfo Coronado Chamorro, testimonio en el que no se basó la acusación en contra del señor Javier Eusebio Bonilla Acosta. De esta forma, señaló (copias auténticas de la sentencia del 17 de abril de 2006, proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta; fls. 197-362, cdno. 1):

HECHOS  

Pasado el enfrentamiento interno entre las Autodefensas Unidas de Colombia, liderada por Carlos Castaño Gil y las autodefensas al mando de Hernán Giraldo, a comienzos del año 2002, siguió la distribución geográfica del departamento, y el inicio de un plan de extorsiones en toda la ciudad de Santa Marta, dirigida por esta organización, cobrándole cuotas extorsivas a un amplio sector de esta ciudad, entre ellos, conductores de busetas, locales comerciales, tiendas, etc. 

Como reacción oficial, se dio comienzo a la judicialización de los cabecillas, mandos medios y base de esta organización que adelantaban el cobro de las vacunas extorsivas, se procesó igualmente a despachadores, propietarios y gerente de las empresas de transporte público. 

SINOPSIS DE LA ACUSACIÓN  

(...) La Fiscalía Delegada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario el 2 y 23 de abril de 2004, profiere resolución de acusación contra los antes indicados, a quienes se le imputan los punibles de CONCIERTO PARA DELINQUIR Y EXTORSIÓN (...), fundamentada en las pruebas obrantes en el proceso para cada uno de los procesados fueron diferentes atendiendo cada caso en particular a saber:

(...) JAVIER EUSEBIO BONILLA ACOSTA

Aduce la fiscalía guarda identidad con el asunto anterior, que éste como despachador de la empresa Rodamar, asociado (sic) con el cobro de las cuotas extorsivas, según informe No. 504 del 3 de abril de 2003, complementario del 488. Para la fiscalía aunque sea empleado ocasional de Rodamar no desnaturaliza los cargos.

(...) ALEGATOS DE LOS SUJETOS PROCESALES

(...) Ministerio Público

(...) JAVIER EUSEBIO BONILLA ACOSTA:

Sólo se encuentra relacionado en unos informes policivos donde se dice que él como despachador de Rodamar era conocedor y partícipe de las extorsiones a los conductores.

CONSIDERACIONES 

Urge adoptar las decisiones que a continuación se adoptarán de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 232 del Código Penal, lo que obliga a reflexionar de manera breve sobre algunos aspectos que se entienden de cierta relevancia en el proceso de marras. 

La adecuación típica compromete delitos de diferente índole, ellos son el delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de conformación de grupos armados al margen de la ley (paramilitarismo), delito que afecta la seguridad pública y el delito de extorsión, que atenta contra el patrimonio económico. 

(...) Observamos que las pruebas recopiladas a lo largo de la instrucción se complementaban con informes de policía judicial, los cuales no perdieron el carácter de informes de inteligencia, por ese motivo; testimonios que unos merecieron total credibilidad por provenir de empleados de esas mismas empresas de transporte que se convirtieron en víctimas de los atropellos, otros son producto de las declaraciones de los desmovilizados de las Autodefensas que operaban en esta zona, los cuales también merecieron credibilidad en la medida de que eran directos, otros, apenas, se insinuaban como atendibles, caso en que no merecían entera credibilidad.

Merece que nos detengamos en el testimonio de Wilman Andelfo Coronado Chamorro, testigo, que finalmente dio una entrevista en los medios de comunicación para retractarse y culpar de sus sindicaciones al propio fiscal que dirigió la investigación, por ello, este testigo como única prueba no puede ser objeto de nuestra entera confianza, no obstante, se verán casos en que aparece como una prueba acompañada de otras, lo que permitirá edificar un juicio de certeza. 

El despacho notó que algunos de estos testigos se referían a presuntos paramilitares que se dedicaban a extorsionar, pero, que nunca se dieron reconocimientos en rueda de personas o fotográficos en legal forma, quedando esbozados en informes de inteligencia su identificación, medio que no es confiable, por no provenir de las propias fuentes de conocimiento, en esos casos, se inclinó esta instancia, en absolver, en especial, sino se contaba con pruebas diferentes. 

Otros casos, son aquellos, donde la fiscalía le dio una valoración excesiva y por fuera de la percepción de los testigos, los cuales además de lo por ellos conocidos, hacían suposiciones, conjeturas, juicios de valor, sin ningún respaldo probatorio. 

(...) 46. Javier Eusebio Bonilla Acosta

Se comparte el criterio del señor procurador al solicitar la sentencia absolutoria. 

Lo sindica sólo un informe de policía que dice del procesado se dedicaba (sic) como despachador es conocedor y participa en el cobro de las cuotas extorsivas en la empresa Rodamar.

En concepto del procurador un solo informe de inteligencia no es suficiente para erigir una sentencia de condena. 

Agrega el despacho que ni siquiera era suficiente para dictar una medida de aseguramiento, a no ser que se cause un perjuicio a la libertad de las personas. 

La indagatoria de este procesado no permite edificar ningún indicio de mala justificación, al sostener que laboraba ocasionalmente en la empresa, devengando 30 mil pesos diarios cuando podía laborar.  

9.5. De conformidad con lo ordenado por la anterior providencia, el señor Javier Eusebio Bonilla Acosta recuperó su libertad al día siguiente de su expedición, esto es, el 18 de abril de 2006, momento en el que salió del establecimiento penitenciario y carcelario de santa Marta (original del certificado del 20 de diciembre de 2006, expedido por el establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Marta; fl. 28).

9.6. Con ocasión de los recursos de apelación presentados por otros de los sindicados que sí fueron condenados, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta expidió sentencia del 11 de julio de 2008, en la cual confirmó la sentencia de primera instancia en lo que respecta al ahora demandante. Para el 4 de diciembre de la misma anualidad, la providencia en comento ya se encontraba ejecutoriada de conformidad con la anotación impuesta en la misma por el secretario de la Sala Penal de la autoridad judicial reseñada (copia auténtica de la sentencia del 11 de julio de 2008, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta; fls. 363-434, cdno. 1).

IV. Problema jurídico.

10. Con observancia del contenido del libelo introductorio y del recurso de apelación interpuesto por los actores, la Sala debe examinar la detención impuesta al señor Javier Eusebio Bonilla Acosta, con el fin de determinar si ésta se constituyó en una privación injusta de la libertad y, en caso de ser así, establecer si la misma le resulta atribuible a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial, de manera que a las entidades demandadas les surja la obligación de indemnizar a los demandantes con ocasión de dicha detención injusta.

10.1. Para efectos de desarrollar el anterior estudio, se tendrá en cuenta que (i) al detenido se le absolvió de responsabilidad penal, toda vez que se concluyó que no incurrió en las conductas punibles investigadas al no contarse con las pruebas suficientes en su contra; (ii) la parte demandante no aportó la totalidad del expediente penal al presente juicio; (iii) no se demostró que el señor Bonilla Acosta hubiese impugnado la decisión mediante la cual se le impuso la medida de aseguramiento; (iv) tampoco se allegaron pruebas directas sobre su comportamiento de manera previa a su privación de la libertad, último aspecto respecto del cual se analizará si a partir de las providencias obrantes en el expediente es posible encontrar algún elemento que conlleve a denegar las pretensiones de la demanda, por juridicidad de la detención o porque la misma se derivó de su dolo o culpa grave, y (v) su vinculación a la investigación penal y la medida de aseguramiento que se decretó en su contra se fundamentó en un informe de policía y en las normas legales previstas para la época, razón por la cual se estudiará si las conductas de la Policía Nacional y de Nación-Congreso de la República intervinieron adecuada y exclusivamente en la privación injusta de la libertad que se demanda, de tal forma que se configure el hecho exclusivo de un tercero.

10.2. En el evento de que resulta viable declarar la responsabilidad del Estado con ocasión de la privación de la libertad aludida, la Sala determinará si una o ambas de las dependencias de la Nación deberá entrar a resarcir a los accionantes, y revisará cuáles de los perjuicios invocados en el libelo introductorio son susceptibles de ser indemnizados.

V. Análisis de la Sala.

11. Sobre la configuración del daño deprecado en el libelo introductorio, la Sala observa que la privación de la libertad que soportó el señor Javier Eusebio Bonilla Acosta se encuentra debidamente acreditada, con fundamento en las providencias judiciales que obran en el plenario y el certificado expedido por el establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Marta —ver párrafos 9.2 a 9.4.2—.

11.1. Ahora bien, en cuanto al momento de inicio de esa detención, los demandantes alegaron que la misma se dio desde el 8 de abril de 2003. Para efectos de acreditar la señalada aseveración, únicamente pidieron la declaración del señor Edilberto Bonilla Acosta, testigo sospechoso que rindió su versión de los hechos ante el tribunal a quo el 12 de marzo de 2010 —ver párrafos 8.2 y 8.2.1, y nota Nº 6—, es decir, más de 7 años después de la captura, pero se abstuvieron se aportar cualquier otro medio de convicción que soportara lo manifestado por éste.

11.2. Al respecto, la Sala advierte que si bien el aludido deponente, quien resultó ser el tío del señor Javier Eusebio Bonilla Acosta y por ende, familiar de los demás accionantes, confirmó de manera casi idéntica lo dicho en la demanda, puesto que indicó que éste fue arrestado en horas de la madrugada de la fecha referenciada en el lugar de habitación de sus padres(25), lo cierto es que su declaración sobre ese hecho en concreto no tiene la potencialidad de generarle convencimiento alguno a la Sala, toda vez que (i) como se aclaró, fue rendido por un testigo cuya imparcialidad para pronunciarse sobre lo sucedido pudo verse comprometida debido a las relaciones de parentesco que sostiene con todos los demandantes; (ii) no parece plausible que luego del transcurso de más de 7 años desde la captura, se encontrara en la posibilidad de dar con exactitud ese tipo de información, más aún cuando no refirió el motivo por el cual se acordaba de ello o si tuvo acceso a algún documento en el que basara su dicho, y (iii) a pesar de las deficiencias descritas y de que la parte demandante pudo traer al sub judice las providencias del proceso penal y el certificado expedido por el centro de reclusión en el cual estuvo privado de la libertad el señor Javier Eusebio Bonilla Acosta, omitió aportar otro elemento de prueba soportara la versión del testigo sospechoso en comento.

11.3. Ciertamente, teniendo en cuenta que las declaraciones vertidas por personas consideradas sospechosas por su conexión con alguna de las partes deben ser valoradas de manera detenida y cuidadosa, más aún cuando las mismas se rinden mucho tiempo después a la ocurrencia de los hechos que narran, para la Sala es claro que la declaración del familiar de los actores por sí misma no genera la suficiente credibilidad para tener por demostrado que el arresto del señor Acosta Bonilla se produjo el 8 de abril 2003, máxime cuando fácilmente pudo respaldar esa versión de los hechos con otros medios de prueba, puesto que para ello le bastaba con acudir al mismo expediente del proceso penal del cual sí extrajo los elementos de convicción que obran en el presente asunto contencioso administrativo, lo que no hizo.

11.4. En consecuencia, se observa que la mención del libelo introductorio sobre el momento exacto de inicio de la privación de la libertad carece de prueba que la fundamente y por consiguiente, no se puede tener como probada, puesto que la declaración practicada a solicitud de los demandantes no ofrece credibilidad alguna sobre ese punto, medio de prueba que no encuentra soporte en otros medios, de modo que los demandantes no cumplieron adecuadamente con su carga probatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177(26) del Código de Procedimiento Civil.

11.5. Teniendo en cuenta lo expuesto, se tendrá como término de la privación de la libertad el tiempo certificado por el centro carcelario de la ciudad de Santa Marta, desde el 10 de abril de 2003 hasta el 18 de abril de 2006 —día en el que salió de ese centro penitenciario debido a que se le absolvió de responsabilidad penal por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, en virtud de la sentencia del 17 de abril de la misma anualidad proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta—, esto es, por el lapso de 3 años y 8 días —ver párrafos 9.2 y 9.5—.

11.6. En este punto, la Sala estima que el análisis de la conducta del actor Bonilla Acosta para efectos de determinar si la misma tuvo una incidencia en la privación de su libertad, contrario a lo que dijo el tribunal a quo, no tiene que ver con la antijuridicidad del daño —lo que a título de ejemplo sí ocurre cuando una persona privada de la libertad se le condena penalmente en sentencia en firme, detención que en un principio se torna en una carga justa—(27), sino que se relaciona con la configuración de una de las causas extrañas que operan en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, esto es, la culpa exclusiva de la víctima(28), aspecto que será estudiado al momento de verificarse la imputación del daño aludido.

12. En cuanto a la imputación del daño señalado, se advierte que el régimen de responsabilidad aplicado a los casos de privación injusta de la libertad está generalmente constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual disponía:

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. 

12.1. En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de privación injusta de la libertad, es que cuando el proceso judicial culmina con una decisión favorable a la inocencia del detenido, porque se determinó que el hecho objeto de pesquisa no existió, éste no era un delito, o aquél no fue el autor de la conducta punible investigada, al damnificado con esa retención no le es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla del servicio, sino que le basta con acreditar que se le generó un daño derivado de la medida privativa de la libertad que soportó, eventos de responsabilidad patrimonial del Estado cuya imputación se analiza desde una perspectiva de carácter objetivo. De esta manera, se advirtió:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(29), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(30). 

12.2. Igualmente, se ha señalado que el anterior criterio de imputación objetiva de responsabilidad por los casos contemplados en la normativa procesal penal del año 1991, rige y es aplicable a pesar de que para el caso que se resuelva hubiese entrado en vigencia la Ley 270 de 1996 y la Ley 600 del 2000, cuyo artículo 535(31) derogó expresamente dicho código de procedimiento penal -normativas que efectivamente existían para el momento de ocurrencia de los hechos-(32).

12.3. Ciertamente, a pesar de que en el sub lite, el demandante Bonilla Acosta fue privado de la libertad una vez entró vigencia el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con el cual “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”, ello no es óbice para abordar la responsabilidad del Estado con fundamento en el criterio de responsabilidad objetivo expuesto. Al respecto, se debe tener en cuenta que al revisar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996(33), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (...). 

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible. 

12.4. No obstante de conformidad con la anterior interpretación, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló que dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución Política para derivar el derecho a la reparación en forma objetiva cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto éstos no tengan el deber jurídico de soportarlos, lo que evidentemente sucede en los casos en que las personas son privadas de la libertad a pesar de no haber cometido un hecho punible, situaciones que se equiparan a los eventos que refería el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(34).

12.5. En el mismo sentido, la jurisprudencia indicó que las hipótesis de responsabilidad objetiva establecidas en el Decreto 2700 de 1991, con independencia de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, no por una aplicación ultractiva de dicho precepto, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, puesto que, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión. Al respecto se indicó:

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación(35).  

En consecuencia, la Subsección no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma.  

Es decir, cuando se absuelve al procesado porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa.  

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso(36). 

12.6. Además de los tres eventos previstos en el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, consideró que también debía aplicarse un régimen de responsabilidad objetivo en los eventos en los que el sindicado es absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, es decir, cuando las pruebas dentro del proceso penal no generan en el juzgador una certeza más allá de toda duda razonable respecto de la configuración de la conducta típica, antijurídica y culpable. Al respecto se ha dicho:

15.3. Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en éstos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.

15.4. En suma, también se le habrá causado un daño especial a la persona privada de su libertad de forma preventiva y que posteriormente fue absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño fue con la finalidad de alcanzar un beneficio para la colectividad, interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la administración de justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias, y que con todo esto, únicamente se afectó de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, se ocasiona con esto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que indica que esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en armonía con el artículo 90 constitucional. Para llegar a tal afirmación, esta corporación, en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013(37), realizó el siguiente cuestionamiento: 

¿Podrá sostenerse entonces que ese individuo está en el deber jurídico de sacrificar su libertad o, lo que es lo mismo, de soportar la privación de su libertad, única y exclusivamente para que la sociedad pueda beneficiarse de la observancia y de la aplicación de las normas penales que regulan esa clase de procesos? ¿A qué quedaría entonces reducido el valor de la libertad, aquél que justifica y explica la existencia(38) misma de la Constitución Política y que a la vez constituye uno de sus principales cometidos y fines esenciales —como que la limitación al ejercicio del poder público sólo cobra sentido en función de asegurar la efectividad real de la libertad de los asociados—? ¿Acaso pasaría de constituir un propósito esencial —fin esencial— para convertirse en un simple medio que facilite la existencia de la sociedad y la convivencia en comunidad, de tal manera que los individuos tuvieren el deber de soportar su privación y su sacrificio en aras de facilitar la consecución de ese nuevo fin?(39).

12.7. De acuerdo con estos lineamientos y contrario a lo que sostuvo el tribunal de primera instancia, si el caso bajo estudio coincide con las circunstancias analizadas, podrá surgir la responsabilidad del Estado a pesar de que no se acredite la configuración de un incumplimiento en el contenido obligacional asignado a su cargo, incluso no obstante se hubiera (i) cumplido con las disposiciones legales que regían la materia; (ii) contado con los elementos probatorios que en un principio indicaran que el accionante participó en la comisión de los punibles objeto de la pesquisa, o (iii) aplicado el principio in dubio pro reo para su exoneración penal.

12.8. Lo anterior, siempre y cuando la privación de la libertad no se derive en su totalidad de una causa extraña, tal como ocurre cuando se configura la culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero(40).

12.9. En el caso concreto, la Sala advierte que si bien en el expediente no obra copia de la resolución mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento al señor Javier Eusebio Bonilla Acosta, se encuentra fehacientemente acreditado que estuvo detenido como presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir y extorsión, los cuales se investigaron con ocasión de las actividades que para la época llevaron a cabo miembros las Autodefensas Unidas de Colombia en la ciudad de Santa Marta.

12.10. Efectivamente, está probado que luego de su captura, la Fiscalía General de la Nación, el 2 de abril de 2004, profirió en su contra resolución de acusación por las conductas punibles descritas, en consideración a que a partir de un informe preparado por la Sijín y la Dijín, concluyó que aquel demandante, como despachador ocasional de la empresa de transporte público Rodamar S.A., conocía y participaba del cobro de vacunas que varios despachadores de dicha sociedad le hacían a sus mismos conductores -ver párrafos 9.1 a 9.3-.

12.11. Sin embargo, en la etapa de juicio y por medio de la sentencia del 17 de abril de 2006, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta absolvió al actor, comoquiera que encontró que el señalado medio de prueba era insuficiente para colegir su responsabilidad penal, e incluso, para haberlo detenido preventivamente, por lo que concordó con el Ministerio Público en esa instancia, al concluir que no existían pruebas para declarar su responsabilidad penal —ver párrafos 9.4 a 9.4.2—.

12.12. En este punto, conviene resaltar que en sentido opuesto a lo señalado por el tribunal de primera instancia, (i) no es cierto que un declarante que rindió una versión desfavorable del aludido accionante hubiese cambiado su dicho posteriormente, puesto ello sólo ocurrió en relación con un testigo cuya declaración nada tuvo que ver con el actor aludido, y (ii) a Javier Eusebio Bonilla Acosta no se le exoneró de responsabilidad penal por aplicación del principio in dubio pro reo —lo que ni siquiera se mencionó en la providencia—, comoquiera que dicha determinación en realidad se adoptó por carencia de pruebas en tanto que el informe policivo que obraba, era completamente insuficiente.

12.13. Así las cosas, se considera posible imputar la privación de la libertad del señor Javier Eusebio Bonilla Acosta al aparato estatal, toda vez que en este juicio de responsabilidad extracontractual del Estado, la ausencia de pruebas sobre la comisión del delito que se investiga se equipara a que el detenido no cometió la conducta típica, antijurídica y culpable por la que se le indagó, lo que coincide con uno de los eventos que en su tiempo fueron previstos por el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, y que actualmente se identifican con casos en los que procede la atribución objetiva de la privación injusta para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado.

12.14. Igualmente, es preciso señalar que la responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, pues fue en virtud de las actuaciones de este organismo que el afectado directo se vio privado de la libertad.

12.15. A pesar de que la Nación-Fiscalía General de la Nación argumentó que la privación de la libertad del señor Bonilla Acosta no le era atribuible, en tanto simplemente se limitó a cumplir con los deberes que constitucional y legalmente le fueron asignados, labores en las que no cometió irregularidad alguna que pueda ser reputada como una falla en la prestación del servicio, es evidente que debe radicarse en su cabeza la obligación de resarcir a la parte demandante, habida consideración de que dicha detención legalmente impuesta fue injusta.

12.16. En efecto, al proferirse la sentencia absolutoria a favor del accionante en comento, la cual quedó en firme, se demostró que éste no tenía el deber jurídico de soportar la grave restricción de sus derechos que comportó el haberse encontrado detenido por el término de un poco más de tres años, comoquiera que no cometió el delito investigado, circunstancia en la que se fundamenta la obligación de la entidad aludida de reparar de manera objetiva los daños ocasionados al privado de la libertad y a su familia.

12.17. Asimismo, teniendo en cuenta que en el presente asunto, la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad se configura desde una perspectiva objetiva, no se requiere analizar la conducta observada por las entidades demandadas o si se contaron con los indicios exigidos por la normativa de la época para que se pudiera dictar una medida de aseguramiento, de tal forma que no se encuentra llamada a prosperar el argumento de la Nación-Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que la ausencia de la totalidad del expediente penal en el plenario impide que se le condene, puesto que se reitera, el mismo no es necesario para que se constituye su responsabilidad patrimonial —ver párrafos 12 a 12.6—.

12.18. Por otra parte, si bien la Rama Judicial está legitimada en la causa, puesto que hace parte de la persona jurídica de la Nación y además tuvo participación directa en los hechos que alega el demandante, en la medida en que el sindicado estuvo durante un período de tiempo privado de la libertad por cuenta de esta entidad, lo cierto es que en opinión de la Sala no le cabe ninguna responsabilidad por los daños sufridos por la parte actora, puesto que fue ella la que declaró la inocencia del señor Bonilla Acosta al proferir la sentencia de primera instancia.

12.19. Al respecto, conviene señalar que sin perjuicio de que entre la acusación y la sentencia de primera instancia transcurrió un tiempo significativo, no se advierte la comisión de una falla por parte de dicha entidad, en la medida en que la mora en la que incurrió se explica por la complejidad del proceso, en el cual se le imputaron varios delitos por diversos hechos a más de 60 personas(41).

12.20. Finalmente, cabe tener en cuenta que el Tribunal de primera instancia consideró que la privación de la libertad del señor Bonilla Acosta se debió a su propio comportamiento, toda vez que al momento de acusársele se podía inferir que conocía de las conductas punibles desarrolladas en virtud del cargo que desempeñaba en Rodamar S.A., de las relaciones que mantenía con los trabajadores que finalmente fueron condenados por los mismos delitos que a él se le pretendieron imputar, y con ocasión de que obraban dos testimonios en su contra. Igualmente, coligió que procedía denegar las pretensiones de la demanda, en la medida en que no se probó que el señor Bonilla Acosta hubiera agotado los recursos que la ley le otorgaba para debatir la decisión que lo privó de la libertad.

12.21. Sobre la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima, esta corporación ha manifestado que aplica en los eventos en los cuales ha sido ésta la que con su conducta ha inducido a error a la administración, provocando que se iniciara la investigación penal y que se impusiera la medida de aseguramiento en su contra.

12.22. Cabe anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima, esto es, la actuación dolosa o gravemente culposa de la persona privada injustamente de su libertad, fue determinante para la producción de este daño, es decir, si fue o no su causa adecuada(42), se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad, pero de ningún modo implican un juicio sobre lo bien o mal fundado de la actuación de la autoridad que haya dispuesto la captura o la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

12.23. En efecto, al margen de que la actuación de la víctima fuera o no de aquéllas que dan lugar a la captura; o constituyera o no un indicio de responsabilidad que, de acuerdo con la normativa penal, habilitara proferir medida de aseguramiento -análisis propios del régimen de responsabilidad subjetivo, esto es, el fundado en la falla del servicio-, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al mismo tiempo, se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó correctamente o no a la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de ordenar la privación de la libertad.

12.24. En el sub judice, la Sala considera que no se configuró una culpa de la víctima, puesto que se reitera, el hecho de que en un momento se hubiese colegido que era viable acusar al actor Bonilla Acosta con fundamento en un informe policivo que finalmente se descartó, no tiene la potencialidad de dar por acreditado que su comportamiento fue la causa adecuada de su privación, máxime cuando no orbitan en el plenario tal informativo u otros medios de prueba que dieran cuenta de sus actuaciones en ese sentido, supuesto constitutivo de una excepción que le correspondía acreditar a las entidades demandadas y respecto del cual no arribaron medio probatorio alguno —ver párrafo 11.4 y nota 8—.

12.25. De otro lado, se debe tener en cuenta que el juzgador de primera instancia supone que por el hecho de trabajar ocasionalmente en una misma empresa, podía presumirse que el señor Bonilla Acosta conocía que varios de sus colaboradores se encontraban cometiendo los punibles de extorsión y concierto para delinquir, de modo que le son atribuibles a él las consecuencias de relacionarse con ellos.

12.26. No obstante, se encuentra que no existe ninguna regla de la experiencia que permita realizar tal presunción, teniendo en cuenta que por regla general dichas conductas, por ser punibles, son mantenidos en secreto y ocultados a la vista de las demás personas, de modo que no hay razones que permitan suponer que el simple hecho de que laborara con varias personas implicadas, significara que conociera que estaban envueltas en actividades por fuera de la ley en virtud de lo cual hubiese sido consciente de que a él también se le pudiera iniciar una investigación y resultar privado de la libertad.

12.27. En cualquier caso, lo cierto es que el hecho de que el señor Bonilla Acosta mantuviera relaciones laborales con personas sindicadas no constituye ninguna contravención a su deber de conducta, a título de dolo o culpa grave, que permita configurar una culpa o dolo de la víctima.

12.28. Efectivamente, dentro de un Estado social de derecho como el colombiano no se le puede criminalizar a una persona únicamente por cuenta de los crímenes cometidos por allegados suyos, toda vez que la responsabilidad penal es netamente individual. Por tanto, no puede sostenerse que el hecho de relacionarse con personas que incurrieron en los delitos de concierto para delinquir y extorsión obligaban al demandante a soportar el daño causado por la privación de la libertad de la que fue objeto, teniendo en cuenta que mediante sentencia definitiva fue exonerado de los delitos que se le imputaban.

12.29. Por otra parte, la Sala tampoco comparte lo considerado por el tribunal a quo en cuanto a que el señor Javier Eusebio Bonilla Acosta no se defendió adecuadamente ni agotó los recursos que la ley consagraba a su favor, por lo que se debían denegar sus pretensiones por incumplimiento de su carga probatoria.

12.30. Cabe señalar que en el expediente no está acreditada tal situación, comoquiera que de las pruebas obrantes no es posible advertir cuál fue la defensa que su abogado desplegó ni tampoco si interpuso recurso contra la decisión que decretó la medida de aseguramiento. Esa circunstancia, por sí sola, bastaría para denegar la excepción propuesta, teniendo en cuenta que demostrar dicho hecho no era carga de los demandantes sino de la entidad demandada, al tratarse de una excepción.

12.31. Pero con independencia de lo anterior, no puede perderse de vista que la jurisprudencia de esta corporación, desde hace más de una década, aclaró que cuando Ley 270 de 1996 desarrolló los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad e indebido funcionamiento de la administración de justicia, sólo puso como elemento necesario para la configuración de la responsabilidad el agotamiento de los recursos en el primer caso, es decir en materia de error judicial:

Cuando la Ley 270 de 1996 refiere a los presupuestos del error jurisdiccional y dispone que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial, y que la providencia contentiva del error esté en firme, no hace otra cosa que determinar los presupuestos del error jurisdiccional, es decir la materia sustantiva que debe dilucidar el juzgador al momento de fallar. Tanto es así que el artículo 70 ibídem al cual reenvía el artículo 67, cuando señala que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, quiere significar que si no los interpuso, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial, el daño se entenderá debido a culpa exclusiva de la víctima cuando, entre otros, “no haya interpuesto los recursos de ley”(43). 

12.32. De otro lado, se debe tener en cuenta que la Nación-Fiscalía General de la Nación propuso como excepción sendos hechos de terceros, pues fueron los informes rendidos por la Policía Nacional los que la motivaron a iniciar el proceso y a privar de la libertad al señor Javier Eusebio Bonilla Acosta, lo que adicionalmente tuvo lugar por la aplicación de la normativa legal de la época, por lo que también señaló que en el daño objeto de la demanda intervino de manera exclusiva el hecho del legislador.

12.33. No obstante, la Sala considera que no son de recibo los argumentos señalados, puesto que de una parte, es función del ente investigador calificar el mérito y el fundamento que pueden tener las pruebas aportadas para iniciar la correspondiente investigación(44).

12.34. De este modo, con independencia de quién hubiere allegado los informes con base en los cuales se inició la investigación, lo cierto es que la Fiscalía era quien tenía la función legal de valorar su contenido, con base en el principio de la sana crítica. Por ello, el daño sufrido por los actores, derivado de la privación de la libertad a la que estuvo sujeto el señor Bonilla, sólo es imputable a la Fiscalía General de la Nación, puesto que era ella la que tenía bajo su control las pruebas obrantes en el proceso y a quien le competía verificar la probidad de las mismas.

12.35. Por su parte, y teniendo en cuenta lo reseñado en relación con la Policía Nacional, la circunstancia de que existieran normas que le permitieran a la Fiscalía General de la Nación privar preventivamente de la libertad a los particulares, no puede constituirse en un causa del daño ajena a dicha entidad y proveniente exclusivamente de la Nación-Congreso de la República, puesto que era a esa autoridad a la que correspondía interpretar la normativa aludida para efectos de darle alcance y aplicabilidad en relación con el comportamiento del demandante Acosta Bonilla, sin que le fuera obligatorio iniciar la instrucción pertinente y mucho menos, decretarle medida de aseguramiento a una persona que finalmente se coligió que no se había comportado en forma ilícita.

12.36. En consecuencia, es evidente que de ninguna manera se podría señalar que en los eventos de privación injusta de libertad, el hecho del legislador al expedir una norma que posibilita pero que no le impone a la Fiscalía General de la Nación el decretar medidas de aseguramiento, se trate de una causa exclusiva, excluyente y extraña a dicha entidad, puesto que ésta mantiene la libertad que el mismo ordenamiento jurídico le asigna para adoptar ese tipo de decisiones, requisitos indispensables para que se pueda entender que se configura una causa extraña.

13. En consecuencia, debido a que el menoscabo demandado, consistente en la privación injusta de la libertad del señor Javier Eusebio Bonilla Acosta, le resulta plenamente imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, se impone revocar el sentido absolutorio de la sentencia proferida en primera instancia y en consecuencia, se procederá a verificar los perjuicios demandados que partir de ello se les hubiese ocasionado a los actores y sus correspondientes indemnizaciones.

VI. Liquidación de perjuicios.

14. En la demanda, los accionantes solicitaron como resarcimiento por sus perjuicios morales —objetivados y subjetivados— derivados de la privación de la libertad, el equivalente a 2000 smmlv a favor del señor Javier Eusebio Bonilla Acosta, la suma correspondiente a 1500 smmlv en beneficio de Brígida Isabel Bonilla Acosta, Diana María Bonilla Acosta y José Julián Bonilla Acosta, para cada uno, el valor equivalente a 1000 smmlv a favor de María de Jesús Acosta y Javier Orlando Bonilla Narváez, para cada uno, y el monto de 500 smmlv para Karina Narváez Fontalvo.

14.1. En cuanto a la prueba de los perjuicios morales, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que en casos de detención en establecimientos carcelarios, se deduce el dolor moral, la angustia y la aflicción de la víctima directa del daño por la privación de la libertad(45), de la misma manera que se infiere dicho dolor respecto de sus seres queridos, conforme a las reglas de la experiencia(46).

14.2. Igualmente, la Sala Plena de la Sección Tercera no obstante recordó que queda al prudente juicio del juez determinar el monto de la indemnización pertinente del perjuicio referido de conformidad con las circunstancias propias de cada caso(47), unificó los criterios de las subsecciones al concluir que el dolor de los padres, del cónyuge o compañero permanente, y de los hijos del privado de la libertad se equiparan al padecimiento que éste siente por tal situación, motivo por el cual el resarcimiento reconocido en principio debería ser igual o semejante, y a su vez sugirió ciertos parámetros fundamentados en el tiempo de reclusión, con el fin de establecer de manera objetiva —en la medida lo posible— un criterio que garantizara los principios de reparación integral, igualdad material y dignidad humana. En este sentido, señaló:

De otro lado, según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(48); en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(49), al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(50).  

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se unifica, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto.  

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (arts. 13 y 209, C.P.), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad. Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados(51). 

14.3. La anterior postura fue recientemente ratificada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en la que a su vez se incluyó el porcentaje de indemnización que en principio deberían recibir parientes más lejanos y allegados del privado injustamente de la libertad, en los siguientes términos:

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación: 

S2009-00284CE fig 1
 

Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal derecho fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la Justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito(52). 

14.4. Con observancia de que en el caso concreto está probado que el señor Javier Eusebio Bonilla Acosta estuvo privado de la libertad por 3 años y 8 días, entre el 10 de abril de 2003 y el 18 de abril de 2006, y de que es hijo de María de Jesús Acosta, hermano de Diana María Bonilla Acosta, de Brígida Isabel Bonilla Acosta y de José Julián Bonilla Acosta, y padre de Javier Orlando Bonilla Narváez (copias de los registros civiles de nacimiento respectivos; fls. 29, 30, 32-34, cdno. 1). Por lo tanto, se puede colegir que a todos se les causó el perjuicio en estudio y en consecuencia, a partir de los vínculos reseñados, se reconocerá a favor de Javier Eusebio Bonilla Acosta, María de Jesús Acosta y de Javier Orlando Bonilla Narváez, el equivalente a 100 smmlv, para cada uno, y a favor de Brígida Isabel Bonilla Acosta, Diana María Bonilla Acosta y José Julián Bonilla Acosta, el equivalente a 50 smmlv, para cada uno.

14.5. Por su parte, se encuentra probado que la señora Karina Narváez Fontalvo, para el momento de ocurrencia de la privación injusta de la libertad de Javier Eusebio Bonilla Acosta, era su compañera permanente, tal como se desprende de la declaración extraproceso rendida por la señora Belinda María Garzón Linero el 7 de julio de 2007 ante la Notaría del Círculo de Santa Marta(53), junto con el hecho de que es la madre de su hijo Javier Orlando Bonilla Narváez, quien para el momento de la captura tenía dos años de edad (registro civil de nacimiento de Javier Orlando Narváez; fl. 29, cdno. 1). Teniendo en cuenta lo expuesto, se indemnizará a la señalada demandante con el equivalente a 100 smmlv.

15. De otra parte, a pesar de que los demandantes no solicitaron una pretensión en concreto al respecto, invocaron la vulneración de un derecho constitucional y convencionalmente protegido, en consideración a que alegaron que la privación de la libertad del señor Javier Eusebio Bonilla Acosta menoscabó su buen nombre, daño que desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, consiste en un detrimento inmaterial relevante y autónomo, cuyo resarcimiento se da en principio a través de medidas no pecuniarias, pero en caso de estimarse que ello no repara integralmente a la víctima directa de esa afectación, es posible concederle únicamente a ella una indemnización pecuniaria de hasta 100 smmlv(54).

15.1. La Sala advierte que no se reconocerá indemnización alguna con ocasión de dicho detrimento, en consideración a que la parte demandante, en incumplimiento de sus cargas probatorias, no lo acreditó, toda vez que el único medio de prueba que milita al respecto es una noticia periodística denominada “Estos son los capturados por la Dijín” (fl. 73, cdno. 1), medio de convicción en el que en ningún aparte se menciona al señor Javier Eusebio Bonilla Acosta, ni siquiera se hace alusión a la empresa de transporte público Rodamar S.A. con la que trabajaba ocasionalmente, y si bien aparecen cuatro fotografías en el que se encuentran varios sujetos aprehendidos, en ninguna de ellas se les individualiza, de manera que además de que no resulta posible saber si alguno de ellos era el actor aludido, es evidente que su identidad no fue sometida a conocimiento del público para alegar la violación de dicho derecho.

15.2. En cualquier caso, se advierte que a partir del título de la noticia, es posible inferir que ésta y las imágenes se derivaron de la información que les otorgó la Policía Nacional a los medios, de modo que por ello no sería posible condenar a la entidad vinculada a la presente litis y encontrada como responsable, esto es, a la Fiscalía General de la Nación.

16. Finalmente, en lo que tiene que ver con los perjuicios materiales, se encuentra que en la demanda se advirtió que al señor Bonilla Acosta la empresa Rodamar Ltda., le continuó pagando su salario durante el tiempo en el que estuvo privado de la libertad y asumió el costo de su defensa técnica.

16.1. Con todo, se pidió a su favor que se le reconocieran los perjuicios irrogados por daño emergente, (...) atendiendo los principios de reparación integral y equidad tomando como base el salario mínimo legal desde su detención hasta la fecha que logró la libertad”, y por lucro cesante, correspondiente al interés comercial que la suma referida llegare a causar.

16.2. Al respecto, advierte la Sala que si bien la jurisprudencia ha establecido que es procedente indemnizar el lucro cesante causado a una persona que se vio impedida para trabajar con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometida, siempre que la misma se encuentra en una edad productiva, en este caso no hay lugar a reconocer ningún perjuicio por este concepto, comoquiera que el señor Bonilla Acosta continuó devengando las sumas que habría obtenido con su trabajo.

16.3. En efecto, la declaración realizada por el apoderado del actor en la demanda constituye una confesión judicial espontánea, en los términos de los artículos 194(55) y 197(56) del Código de Procedimiento Civil, a la cual la Sala le otorga plena credibilidad por no existir otro elemento de prueba que la controvierta.

16.4. A pesar de lo anterior, aduce el demandante que debe reconocérsele una suma por el salario que percibía por el período durante el cual estuvo privado de la libertad, con el objeto de que se cumpla con el principio de reparación integral. Sobre dicho principio, esta corporación se ha pronunciado en los siguientes términos(57):

(...) el principal objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la demanda —o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio por el juez— tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior a su producción. Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos negativos que el mismo desencadena(58).

Sobre el particular, la Corte Permanente de Justicia Internacional (ONU), acerca del concepto de reparación integral, puntualizó:  

“Constituye un principio del derecho internacional que la infracción de un compromiso entraña la obligación de reparación en forma debida. Por lo tanto, la reparación es el complemento indispensable del incumplimiento de una convención y no es necesario expresar esto en la propia convención. Las diferencias relativas a la reparación, que puedan obedecer al incumplimiento de una convención, son en consecuencia diferencias relativas a su aplicación.  

“(...) El principio esencial que consagra el concepto real de hecho ilícito (principio que parece establecido por la práctica internacional y en particular por los laudos de los tribunales arbitrales) es que la reparación debe, en toda la medida de lo posible, hacer desaparecer las consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad, habría existido de no haberse cometido el hecho”(59). 

16.5. El hecho de que en sede contenciosa administrativa pueda y deban reconocerse todos los perjuicios que se le causaron al demandante, de modo que se restablezca en lo posible su situación, no lo exime de precisarlos y, sobretodo, de acreditarlos, condiciones que no se presentan en el sub lite, en donde la parte actora se limitó a pedir una suma de dinero sin explicarla adecuadamente y probarla.

16.6. Así las cosas, teniendo en cuenta que al señor Bonilla Acosta no se le causaron perjuicios con la privación de la libertad por el hecho de verse impedido de adelantar su labor productiva, ni tampoco por tener que contratar un defensor de confianza para adelantar su defensa técnica, y sin que tampoco se hubiera acreditado la causación de un daño material diferente de los señalados, se denegarán las pretensiones de la demanda en lo que a este punto atañe(60).

17. Finalmente, en consideración a que en el proceso penal objeto del presente asunto se tramitó de manera conjunta la sindicación de varios sujetos, algunos de los cuales demandaron la reparación de los daños derivados de sus privaciones de la libertad -según lo que se puede determinar a partir del sistema de gestión de la corporación, expedientes identificados con los números internos 41985 y 45393, despacho del C.P. Conto Díaz del Castillo; 51985, 53124, despacho C.P. Velásquez Rico; 38950, 39127, 43117, despacho C.P. (e) Santofimio Gamboa; despacho C.P. 46022, 50108 C.P. Santofimio Gamboa, 51102 C.P. Andrade Rincón- es importante informar a los demás despachos que conforman la Sección Tercera del Consejo de Estado del precedente que constituye este fallo, sin que se pueda perder de vista que debido a que la situación fáctica de cada demandante puede variar en razón de su conexión con los delitos investigados y de los medios probatorios que obren en cada expediente, no en todos ellos se deberá adoptar una decisión igual o parecida a la de la presente sentencia.

VII. Costas.

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

19. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 25 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Javier Eusebio Bonilla Acosta.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a indemnizar a las siguientes personas, de la siguiente manera:

A favor de Javier Eusebio Bonilla Acosta, María de Jesús Acosta, Karina Narváez Fontalvo, y de Javier Orlando Bonilla Narváez, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Brígida Isabel Bonilla Acosta, Diana María Bonilla Acosta y José Julián Bonilla Acosta, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de perjuicios morales.

TERCERO: DENEGAR las restantes suplicas de la demanda.

CUARTO: Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

QUINTO: CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTO: EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

SÉPTIMO: INFORMAR del contenido de la presente providencia a los despachos de los consejeros de Estado Stella Conto Díaz del Castillo, Martha Nubia Velásquez Rico, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Jaime Orlando Santofimio Gamboa (e), y Hernán Andrade Rincón, para los asuntos denotados en la parte motiva de la presente providencia.

OCTAVO: En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala de Subsección—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz Del Castillo».

1 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. Sobre el alcance de la competencia del juez en segunda instancia frente a la motivación del recurso de apelación, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

3 Acta Nº 010 de la sesión celebrada el 25 de abril de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.

5 “Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

6 Sobre este tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil: “...el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano...sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”, en sentencia de 19 de septiembre de 2001, Exp. 6424. Consultar igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Exp. 17001-23-31-000-1997-09019-01 (20412), C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

8 Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza.// Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social.// Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social.// Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.

9 [67] CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, de 15 de marzo de 1989, párr. 145. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 25, Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco Vs. Estado Unidos Mexicanos. Igualmente, Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Exp. 11001-03-15-000-2014-00105-00(PI), C.P. Alberto Yepes Barreiro

11 “Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos://1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior.//2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.//Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.//Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

12 La doctrina jurídica colombiana ha manifestado que: “Ya se analizó que la contradicción de la prueba de interrogatorio de terceros se realiza permitiendo a la parte contraria que pueda formular las preguntas que estime pertinentes. Dado que existen eventos en los que el testimonio se surte sin que se presente esa posibilidad, el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil señala el trámite que se observará para cumplir con tan esencial requisito y es así como advierte que (...) si son testimonios extraproceso recibidos en la forma prevista en los artículos 298 y 299 del estatuto procesal se ratificarán en el proceso donde se quieren hacer valer. (...) Téngase presente que si el juez no estima necesario surtir la ratificación y las partes han prescindido de ella los testimonios objeto de la solicitud surtieron el requisito de la contradicción y de ameritarlo su contenido adquieren el carácter de pruebas plenas para demostrar lo que con ellos se pretende, obviamente bajo el supuesto de pertinencia y eficacia”. Hernán Fabio López Blanco, “Procedimiento civil. Pruebas”, Ed. Dupré Editores, Colombia, Bogotá, D.C., 2001, págs. 194, 195.

13 Ibídem, págs. 69, 70.

14 Artículo 294 del CST —derogado tácitamente—: “La demostración del carácter de beneficiario y el pago del seguro se harán en la siguiente forma://1. El carácter de beneficiario del seguro se acreditará mediante la presentación de las copias de las respectivas partidas eclesiásticas o de los registros civiles que acreditan el parentesco, o con las pruebas supletorias que admite la ley, más una información sumaria de testigos que demuestre quiénes son los únicos beneficiarios, declarándolos por su número y nombre y la razón de serlo.//2. Si se trata de beneficiarios designados libremente, se acreditará su carácter de tales con la designación que hubiere hecho al asegurado, según el artículo 299, y con una información sumaria de testigos que establezca la inexistencia de beneficiarios forzosos”.

15 Artículo 295 del CST —derogado tácitamente—: “Cuando durante el término del aviso o emplazamiento que la empresa debe efectuar para hacer el pago, según el artículo anterior, se suscitaren controversias acerca del derecho de los reclamantes, promovidas por personas que acrediten ser beneficiarios del seguro, la empresa sólo estará obligada a hacer el pago cuando se le presente en copia debidamente autenticada la sentencia judicial definitiva que haya decidido a quién corresponde el valor del seguro”.

16 “Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez.//1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de conformidad con el artículo 252.//2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación”.

17 [40] Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, “Dirección Judicial del Proceso”, Consejo Superior de la Judicatura, 2011, P. 230.

18 [41] En un sentido similar en la Sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) se advirtió respecto a la objeción de la posible parcialización del juez al usar las facultades oficiosas en el decreto de pruebas, que “desde el punto de vista de la Constitución Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un compromiso del juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del proceso.”

19 [51] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 2 de marzo de 2007, radicado 27593. Igualmente reiterada en la sentencia de 6 de marzo de 2012, M.P. Camilo Tarquino Gallego, Rad. 43422.

20 [52] Ibid.

21 [55] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 2 de octubre de 2012, Rad. 45135, M.P. Rigoberto Echeverry Bueno.

22 Corte Constitucional, Sentencia T-363 del 26 de junio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

23 Artículo 12 del Decreto 1160 de 1989: “Para efectos de la sustitución pensional, se admitirá la calidad de compañero o compañera permanente y haya hecho vida marital con el causante durante el año inmediatamente anterior al fallecimiento de éste o en el lapso establecido en regímenes especiales”.

Artículo 13 del Decreto 1160 de 1989: “Se acreditará la calidad de compañero o compañera permanente, con la inscripción efectuada por el causante en la respectiva entidad de previsión social o patronal. Igualmente se podrá establecer con dos (2) declaraciones de terceros rendidas ante cualquier autoridad política o judicial del lugar”.

24 “Para la solicitud, aportación y práctica de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones se dará aplicación a las siguientes reglas: (...) 2. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación”.

25 “Si tengo conocimiento, me consta que fue privado de la libertad en la madrugada del día 8 de abril de 2003, en la residencia de sus padres Orlando Bonilla Bolívar y María Acosta de Bonilla”. Testimonio obrante en los folios 517 y 518 del cuaderno 1.

26 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.//Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

27 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Exp. 25000-23-26-000-2005-02062-01(41821), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

28 Así lo entendió la Sala Plena de la Sección Tercera de la siguiente manera: “Como corolario de lo anterior, es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad —especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo—, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden —y deben— ser examinadas por el Juez Administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado. En la misma dirección de cuanto se acaba de sostener, la Sala estima oportuno destacar que ni la regulación legal de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia —contenida en la Ley 270 de 1996 y puntualmente en cuanto al extremo aquí en comento, en su artículo 70(...)—, ni el pronunciamiento de control previo de exequibilidad del proyecto de texto normativo que finalmente se convirtió en la mencionada disposición, proferido por la Corte Constitucional —Sentencia C-037 de 1996(...)—, se hizo referencia, alusión y menos análisis alguno respecto de la procedencia de la aplicabilidad, en supuestos en los cuales se examine la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho del juez, de eximentes de responsabilidad diversas del hecho exclusivo y determinante de la víctima, lo cual se estima acertado comoquiera que lo jurídicamente plausible y además conveniente es que tal suerte de valoraciones sean llevadas a cabo por el juez de lo contencioso administrativo atendido el contexto fáctico de cada caso específico y no en abstracto por el legislador o por el juez constitucional, los cuales ni restringieron ni podían o debían restringir el elenco de tales eximentes de responsabilidad, en este tipo de casos, solamente al hecho exclusivo de la víctima.//Dicho examen sobre la eventual configuración de los supuestos determinantes de la ocurrencia de una eximente de responsabilidad como el hecho de un tercero o la fuerza mayor, por lo demás, debe ser realizado por el Juez tanto a solicitud de parte como de manera oficiosa, no sólo en aplicación del principio iura novit curia sino en consideración a que tanto el Decreto Ley 01 de 1984 —artículo 164— como la Ley 1437 de 2011 —artículo 187— obligan al juez de lo contencioso administrativo a pronunciarse, en la sentencia definitiva, “sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

29 [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

31 “Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente”.

32 Artículo 210 de la Ley 270 de 1996: “La presente ley tiene vigencia a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 2652 de 1991”. Dicha norma fue publicada en el Diario Oficial 42745 del 15 de marzo de 1996
Artículo 536 de la Ley 600 del 2000: “Este Código entrará en vigencia un año después de su promulgación”. La ley señalada fue publicada en el Diario Oficial 44097 del 24 de julio del 2000.

33 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

35 [3] “Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de octubre 2011, Exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

37 [13] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 23346, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

38 [14] “En los regímenes absolutistas, no democráticos, en los cuales no existe —en el verdadero sentido de su expresión—, libertad para los individuos y en los cuales, por tanto, no existe propósito real de garantizarla de manera efectiva, tampoco existe una verdadera Constitución Política, por elemental sustracción de materia, en la medida en que carecería de sentido limitar el ejercicio del Poder, porque su abuso frente a los individuos no desencadenaría consecuencia alguna para el Estado y, por ello mismo, tampoco se requeriría una separación de poderes porque en esa misma línea dejaría de tener sentido un sistema de pesos y contrapesos que sólo se justifica y se explica en función de la protección de los derechos de los asociados, amén de que la consagración de una carta de derechos en esos escenarios no tendría más propósito que el de cumplir un papel puramente formal y teórico”.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 26 de junio de 2014, Exp. 2003-02376 (29890), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

40 Al respecto, se debe tener en cuenta que la Sala Plena de la Sección Tercera consideró que el hecho exclusivo de un tercero procede en responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad, en los siguientes términos: “Como corolario de lo anterior, es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad —especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo—, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden —y deben— ser examinadas por el juez administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado(...).//En la misma dirección de cuanto se acaba de sostener, la Sala estima oportuno destacar que ni la regulación legal de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la administración de justicia —contenida en la Ley 270 de 1996 y puntualmente en cuanto al extremo aquí en comento, en su artículo 70(...)—, ni el pronunciamiento de control previo de exequibilidad del proyecto de texto normativo que finalmente se convirtió en la mencionada disposición, proferido por la Corte Constitucional —Sentencia C-037 de 1996(...)—, se hizo referencia, alusión y menos análisis alguno respecto de la procedencia de la aplicabilidad, en supuestos en los cuales se examine la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho del juez, de eximentes de responsabilidad diversas del hecho exclusivo y determinante de la víctima, lo cual se estima acertado comoquiera que lo jurídicamente plausible y además conveniente es que tal suerte de valoraciones sean llevadas a cabo por el juez de lo contencioso administrativo atendido el contexto fáctico de cada caso específico y no en abstracto por el legislador o por el juez constitucional, los cuales ni restringieron ni podían o debían restringir el elenco de tales eximentes de responsabilidad, en este tipo de casos, solamente al hecho exclusivo de la víctima. Dicho examen sobre la eventual configuración de los supuestos determinantes de la ocurrencia de una eximente de responsabilidad como el hecho de un tercero o la fuerza mayor, por lo demás, debe ser realizado por el Juez tanto a solicitud de parte como de manera oficiosa, no sólo en aplicación del principio iura novit curia sino en consideración a que tanto el Decreto Ley 01 de 1984 —artículo 164— como la Ley 1437 de 2011 —artículo 187— obligan al Juez de lo Contencioso Administrativo a pronunciarse, en la sentencia definitiva, “sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 17 de octubre de 2013, Exp. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

41 Conviene advertir que la misma determinación en relación con la Nación-Rama Judicial, fue adoptada por esta Subsección en el caso de otro privado de la libertad que llegó a esta corporación en virtud del mismo proceso penal. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, Exp. 47001-23-31-000-2009-000287-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

42 La doctrina ha referido sobre la teoría de la causalidad adecuada, lo siguiente: “a) Gravitación de la teoría. La doctrina de la “causa adecuada” adquirió gran predicamento y se la considera en la actualidad la posición dominante en la doctrina comparada en materia de relación causal, tanto en el campo penal como en el civil. (...)// b) Su mecánica. La “prognosis póstuma”. Dicha teoría aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos id quos plerumque accidit.(...)// El concepto de causalidad adecuada implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, según la interpretación que comentamos, la acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (65). (...)// A fin de establecer la vinculación de causa efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia?(...)// Este juicio de idoneidad o cálculo de probabilidades tiene que plantearse en abstracto, o en general, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre; y no en concreto o en particular, es decir, como se han producido realmente las cosas.// La determinación del fenómeno causal constituye de este modo el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de “causa” del evento.(...)// d) Fractura del nexo causal. La operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los eslabones de la cadena sean adecuados, la regularidad debe existir en cada etapa del iter causal. Como bien lo señala ORGAZ “no basta establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o extraordinarios.//Precisamente, la concurrencia de esos eventos disociantes interfieren el curso ordinario del proceso, interrumpiéndolo; se produce entonces la fractura del nexo causal. En tales hipótesis queda excluida la imputatio facti entre el resultado final y el suceso desencadenante de la trama de acontecimientos (73).// Nos hallamos ante lo que se denomina “proceso atípico o inadecuado”: los efectos anormales no se atribuyen ya al agente, pues no se consideran causado por su acción, aunque en concreto ese obrar haya constituido una condictio sine qua non del desmedro resultante (74).(...)// En otras hipótesis el proceso puede verse alterado o desviado de su curso normal por circunstancias anteriores o concomitantes que concurren a la producción del efecto”. Isodoro Goldenberg. “La relación de causalidad en la Responsabilidad Civil”, segunda edición ampliada y con actualización jurisprudencial, editorial La Ley, Buenos Aires, 2000, págs. 22-27.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto del 2005, Exp. 28513, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de octubre del 2013, Exp. 28664, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de marzo de 2002, Exp. 12076, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2.008, Exp. 15980, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

47 Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, Exp. 12654, C.P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, Exp. 14950, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

48 [35] Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

49 [36] Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

50 [37] Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero.

51 Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. (e) Hernán Andrade Rincón.

53 “Que en su entero y cabal juicio hace las (sic) siguiente declaración que se inserta en este instrumento, las cuales rinde bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso. (...) Que conozco de trato (sic) vista y comunicación a el (sic) señor JAVIER EUSEBIO BONILLA ACOSTA (...) desde hace más de diez años. Que del conocimiento que me asiste de JAVIER EUSEBIO BONILLA ACOSTA, se y me consta que convive en unión libre y bajo el mismo techo con la señora KARINA NARVÁEZ (...) desde hace siete años en forma permanente, de esa unión han procreado un niño de nombre: JAVIER BONILLA NARVÁEZ, de seis años de edad (...)”. Medio probatorio obrante en el folio 27 del cuaderno 1.

54 “15.4.1. El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características://i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.//ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.//iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.//iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.//15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos: //i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. (...) ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia. //iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. //iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 smlmv, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.//v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.//vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

55 “Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.

56 “La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101”.

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 15 de abril de 2015, Exp. 2007-00427 (39099), C.P. Hernán Andrade Rincón.

58 [51] “En términos similares consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Exp. 18.960, M.P. Enrique Gil Botero”.

59 [52] “Corte Permanente de Justicia Internacional, caso Factory of Chorzów, Merits, 1928, Series A, Nº 17, pág. 47. Citada por CRAWFORD, James “Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional del Estado”, Ed. Dykinson, pág. 245”.

60 Se debe precisar que a la misma determinación se arribó en un caso similar conocido por la Subsección. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, Exp. 2003-02376 (29890), C.P. Danilo Rojas Betancourth.