Sentencia 2009-00300 de abril 19 de 2013

 

Sentencia 2009-00300 de abril 19 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad.: 15001-23-31-000-2009-00300-02 (1880-11)

Conjuez Ponente:

Dr. Gabriel de Vega Pinzón

Referencia: apelación

Actor: Jorge Eliecer Fandiño Gallo

Demandado: Nación - rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Bogotá, D.C., diecinueve de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Le compete al Consejo de Estado, en virtud de su calidad como superior funcional, resolver los recursos de apelación contra las sentencias emitidas en primera instancia por los tribunales contenciosos administrativos.

Es importante precisar que, una vez llegado el expediente en cuestión al Consejo de Estado y habiendo ingresado al despacho para que se profiriera una decisión, los consejeros de la Sección Segunda se declararon impedidos en virtud del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil en su numeral primero, aplicable por remisión del artículo 160 del Código Contencioso Administrativo. La Sección Tercera, en auto del 14 de diciembre de 2011, aceptó el impedimento y ordenó el sorteo de conjueces.

El 6 de febrero de 2012, por auto de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se efectuó el sorteo de conjueces ordenado por el presidente de dicha sección. asumida la competencia y con la existencia de quórum deliberatorio, se continuará con el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Análisis de la Sala

El doctor Jorge Eliecer Fandiño Gallo, identificado con la C.C 72.127.531 de Barranquilla, obrando a través de apoderado judicial, presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la dirección ejecutiva de administración judicial, buscando la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DEAJ09-2425 de febrero 18 de 2009, proferido por la dirección ejecutiva de administración judicial, por medio del cual desconoció las diferencias salariales y prestacionales del (80%) de lo que por todo concepto devenguen mensualmente los magistrados de las altas cortes, a partir del 1º de noviembre de 2007, de acuerdo a lo dispuesto al Decreto 610 de 1998.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá declaró nulo el acto administrativo contenido en el oficio DEAJ09-2425 del 18 de febrero de 2009. La dirección ejecutiva de administración judicial, interpuso recurso de apelación contra dicha providencia, dentro del término establecido por la ley.

Procede ahora la Sala a dictar sentencia, siguiendo para ello la línea jurisprudencial que en este tema ha adoptado la Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, quien se ha ocupado en diferentes sentencias(1)(2)(3)(4) de los reclamos derivados de la “Bonificación por compensación” que instauró el Decreto 610 de 1998, el cual, como se verá, sigue vigente en la actualidad.

En esencia, la cronología de esta disposición legal ha sido la siguiente:

La Ley 4ª de 1992, mediante la cual se establecen las normas, objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, así como para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, de conformidad con el artículo 150, numeral 19, literales e y f de la Constitución Política Colombiana, constituyó la base para que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 610 de 1998, adicionado por el 1239 del mismo año, creara una prestación denominada “Bonificación por Compensación” a partir de 1999, la cual, con carácter permanente, se adicionaría al salario mensual y demás ingresos laborales de los funcionarios de la rama judicial.

Dicha “Bonificación por compensación” se creó en favor de los siguientes funcionarios, a saber:

1. Los Magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, nacional y Superior Militar.

2. Los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia.

3. Los magistrados auxiliares de la Corte Constitucional.

4. Los magistrados auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura.

5. Los abogados auxiliares del Consejo de Estado.

6. Los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional.

7. Los fiscales del Tribunal Superior Militar.

8. Los fiscales ante el Tribunal Superior del Distrito.

9. Los jefes de unidad de fiscalía ante Tribunal de Distrito.

Así mismo se estableció, que dicha suma solo constituiría “factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los magistrados de las altas cortes”. De igual manera, se determinó que el pago de dicha bonificación por compensación” se efectuaría mensualmente, otorgándole efectos fiscales a partir del primer día del mes de enero del año de 1999.

El Decreto 610 en su parte considerativa, estipuló que para el año correspondiente a la primera apropiación presupuestal, una vez que esta misma se apruebe, es decir para el año 1999, se aplicara un ajuste a los ingresos que iguale al 60% de aquello que devenguen por todo concepto los magistrados de las altas cortes; para la vigencia fiscal siguiente, es decir para el año 2000, el ajuste igualaría al 70% y , por último, a partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, es decir el año 2001, ese porcentaje se elevaría al 80%.

En el mismo año 1998, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1239 adicionó el Decreto 610, extendiendo la aplicación del mismo a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y al secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

Por consiguiente, se observa que la voluntad del Gobierno Nacional en dicha época no fue otra distinta que la de crear la denominada “Bonificación por compensación” como una prestación que, progresivamente, condujera en el interior de un contexto de igualdad, a brindar a los servidores de la rama judicial un reconocimiento especial por su labor.

Corriendo aún el año 1998, el Gobierno Nacional derogó los decretos 610 y 1239 de 1998 mediante el Decreto 2668 de 31 de octubre de 1998. Atacado por vía judicial ante el Consejo de Estado, este decreto fue declarado nulo por falsa motivación, mediante sentencia del veinticinco (25) de septiembre de dos mil uno (2001(5)).

En virtud de la nulidad del Decreto 2668 de 1998, varios funcionarios acudieron ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para reclamar los pagos de las prestaciones derivadas de los decretos 610 y 1239 de 1998 referidas a la “Bonificación por compensación”.

En sus sentencias, el Consejo de Estado ha reiterado con claridad los efectos ex tunc que producen sus decisiones cuando de actos administrativos se trata. En el caso de la nulidad que afectó el Decreto 2668 de 1998, tal circunstancia se manifiesta en la vigencia que a partir de allí retoman los decretos 610 y 1239 de 1998, los cuales se aplicarán en la forma en que venía haciéndose justo antes de la expedición del acto declarado nulo.

En dichos decretos se estableció que la “Bonificación por compensación” equivaldría al 60% de lo que devengan los magistrados de las altas cortes y debía hacerse efectiva durante toda la vigencia fiscal siguiente, sin restricción alguna, según lo preceptuado en los considerandos de tal disposición.

Preveía así mismo el decreto que tal bonificación, durante las vigencias fiscales 2000 y 2001, debía incrementarse en el 70% y 80% respectivamente y sucesivamente, con el objetivo de llegar a la igualdad económica producto de la concertación entre el Gobierno Nacional y los funcionarios de la rama judicial, cuyo origen se aprecia en las leyes 10 de 1987 y 63 de 1988.

Bajo esta lógica, el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá interpretó acertadamente que el Decreto 610 de 1998, y con ello la “Bonificación por compensación” que allí se contempla, reconociendo que estamos frente a un decreto vigente que instituye un derecho para el doctor Jorge Eliecer Fandiño Gallo.

Hacia el año 2004, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040, creando una nueva bonificación denominada “Bonificación de gestión judicial”. Dicha nueva bonificación equivalía al 70% de lo devengado por todo concepto por los magistrados de las altas cortes y podían acceder a ella quienes suscribiesen transacción, conciliación o desistieran con sus respectivos empleadores de los petitorios y las demandas en donde reclamasen la “Bonificación por compensación”.

Siendo así, coexistieron dos regímenes salariales distintos aplicables a algunos funcionarios de la rama judicial; el Decreto 610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004(6). Dichas prestaciones establecidas en los dos decretos son incompatibles y surtieron decisiones en ciertas situaciones en donde se negó la aplicación del Decreto 610.

El Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo en su totalidad por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado mediante sentencia de 14 de diciembre de 2011(7). La Sala de Conjueces consideró que el reconocimiento de la prestación de “Bonificación de gestión judicial” se condicionaba a que los funcionarios renunciaran totalmente a su solicitud de “Bonificación por compensación”.

Según la sentencia, este decreto también vulneraba el derecho a la igualdad, disminuía considerablemente la remuneración mensual de los funcionarios y conminaba a que los mismos realizaran contratos de transacción o conciliaran sus derechos. Señaló la sala de conjueces que el decreto afectaba principios constitucionales de carácter laboral y, por consiguiente, que el decreto violaba directamente derechos fundamentales como el trabajo.

Como ya se mencionó, el decaimiento de un acto administrativo produce efectos ex tunc. Por consiguiente, al declararse nulo el Decreto 4040 de 2004 vuelve a nacer idénticamente a la vida jurídica el Decreto 610 de 1998. Siendo así, la “Bonificación por compensación” contenida en el Decreto 610 de 1998 se considera como un derecho vigente, adquirido y cierto para el actor.

La sentencia a que se hace referencia, proferida en el año 2011 por esta corporación, no hace otra cosa que ratificar los argumentos que en su momento tuvo el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, para declarar la inaplicabilidad del Decreto 4040 de 2004, según lo consignó el fallo objeto de este recurso, con lo cual no resulta ahora procedente profundizar mucho más en estos temas que fueron tratados al desatar el Consejo de Estado la acción de simple nulidad que derivó en la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004.

No son entonces procedentes los argumentos presentados en la sustentación del recurso de apelación, pues el Decreto 610 de 1998 contiene una prestación de carácter progresivo en la búsqueda de alcanzar el 80% del salario de los magistrados de las altas cortes para el año 2001, y el Decreto 4040 de 2004 resulta inaplicable para este caso en particular por las razones ya expuestas, lo que habrá de reflejarse en el sentido de este fallo.

Los argumentos hasta aquí expuestos, llevarán a esta sala de conjueces a desestimar las razones del recurso de alzada y a confirmar el fallo proferido por el tribunal a quo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces de la Sala Plena del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

Confírmese la sentencia proferida por la sala de conjueces del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá del 11 de mayo de 2011, en el proceso radicado bajo el número 150012331000020090030002, de acuerdo con las consideraciones del presente fallo.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, referencia 0501-2008, actor: Rubiela Peláez de Giraldo. Demandada: rama judicial. Sentencia de 2010, C.P. Ernesto Forero Vargas.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Expediente 25000232500019990398101, actor: Luz Elena Calá Arenas. Demandado: Nación - Gobierno Nacional - Ministerio Público. Sentencia de 2010, C.P. José Fernando Torres Fernández de Castro.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Expediente 680012315000200400484-01, actor: Vidal Manosalva González. Demandado: autoridades nacionales. Sentencia de 2011, C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Expediente 73001233100020080017802, actor: Mavel Montealegre Barón. Demandado: autoridades nacionales. Sentencia de 2011, C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, radicado 395-99, sentencia de 25 de septiembre de 2001, C.P. Álvaro Lecompte Luna.

(6) Esto lo determinó la Corte constitucional en la Sentencia de unificación SU- 037 de 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar G.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005), sentencia de 14 de diciembre de 2011, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.