Sentencia 2009-00309/47851 de febrero 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 68001 23 31 000 2009 00309 01 (47851)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: V.A.P. y otro

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Asunto: acción de reparación directa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Competencia y ejercicio oportuno de la acción

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia) y con el auto del 9 de septiembre de 2008, dictado por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(1), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

En cuanto a la oportunidad para formular la acción indemnizatoria, advierte la Sala que, según el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, el término de caducidad es de dos años y se cuenta al siguiente desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(2).

En el presente asunto, la providencia por medio de la cual se absolvió al señor V.A.P. quedó ejecutoriada el 30 de abril de 2007 (fl. 456 vto. c. 1)(3), lo cual supone que, en principio, el plazo de caducidad expiraba el 1º de mayo de 2009, sin embargo, como este último día era festivo, el plazo se extendió hasta el primer día hábil, esto es, hasta el 4 de los mismos mes y año.

Ahora, como quiera que el 23 de abril de este año —2009— se presentó la solicitud de conciliación prejudicial (faltando 11 días para que feneciera aquel plazo), tal circunstancia suspendió el término de caducidad hasta el 1º de junio de 2009, fecha en la cual se expidió la constancia de no conciliación por parte de la Procuraduría 16 Judicial de Bucaramanga (fls. 2 y 10, c. 1). Así las cosas, como quiera que faltaban 11 días para que operara la caducidad de la acción y dado que la demanda se presentó el 2 de junio de 2009, esto es, al segundo día de expedida la mencionada constancia, dable es concluir que la demanda se formuló en tiempo oportuno.

Prelación de fallo(4) 

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad del señor V.A.P., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

Análisis del caso concreto

En cuanto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —anterior Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

Bajo este escenario, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone la declaración de esta en todos los eventos en los cuales quien ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación en su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió o iii) la conducta era atípica.

De igual forma, la posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado contempla la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva en aquellos eventos en los cuales se aplica, dentro del proceso penal respectivo, el principio universal de in dubio pro reo(5).

Así, pues, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e, incluso, así se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si se da alguna de las causales recién mencionadas o se estructura una falla en el servicio se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados, siempre que quien demande no tenga el deber jurídico de soportarlos.

Con todo, la imputación en estos eventos (ya sea bajo un régimen de responsabilidad objetivo o subjetivo) de ninguna manera excluye la posibilidad de que se estudie y se decrete la ocurrencia de algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse, conforme lo ha aceptado la jurisprudencia, que se configuró alguna causal de exoneración de responsabilidad (fuerza mayor, hecho de un tercero o de la propia víctima).

La jurisprudencia de esta corporación ha definido los parámetros con base en los cuales se puede exonerar de responsabilidad al Estado y, en particular, en casos similares al presente asunto, ha declarado el hecho exclusivo de la víctima cuando su actuar —activo u omisivo— es determinante en la producción del daño; al respecto, esta corporación ha sostenido:

“(…) para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada (sic) además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto (sic) puede suceder en un caso determinado, (sic) que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; (sic) con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado (sic) porque (sic) aunque (sic) la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor (…), quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño”(6).

Ahora, para los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la Ley 270 de 1996 dispuso la misma causal de exoneración:

“ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo (…)”.

Así, pues, en los casos en que la conducta de la víctima esté provista de culpa grave o dolo procede la exoneración total de responsabilidad del Estado, por cuanto aquella (la conducta de la víctima) se torna determinante en la producción del daño. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido:

“Cabe recordar que la culpaexclusivadelavíctima,entendidacomolaviolación porpartede estadelasobligacionesalascualesestásujetoeladministrado, exoneraderesponsabilidadalEstadoenlaproduccióndeldaño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

‘(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debeestardemostrada (sic) ademásdelasimplecausalidadmaterialsegúnlacuallavíctimadirectaparticipóyfuecausaeficienteenlaproduccióndelresultadoodaño,elquedichaconductaprovinodelactuarimprudenteoculposodeella,queimplicóladesatenciónaobligacionesoreglasalasquedebíaestarsujeta(7).

Puestas así las cosas y dadas las particularidades del presente asunto, la Sala considera que se encuentra configurada la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que fue la conducta del señor V.A.P. la que dio lugar a la investigación penal que se adelantó en su contra y lo llevó a la privación de su derecho fundamental a la libertad. En efecto, está demostrado que la causa eficiente o determinante de la privación de la libertad del señor A.P. no fue otra que su propia conducta, toda vez que fue denunciado por su hijastra como responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (en condiciones de agravación punitiva) circunstancia que motivó su vinculación a la investigación penal adelantada por la Fiscalía (en cumplimiento de su deber constitucional de investigar las conductas que pudieran constituir delito(8)) y cuya responsabilidad o no en los hechos solo se podía esclarecer en el escenario de un proceso penal, como efectivamente sucedió; al respecto, en la denuncia del 25 de noviembre de 2003, la referida menor expresó (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

“(…) Desde que tenía cinco años de edad el señor V.A. que es mi padrastro cuando mi mamá me dejaba acostada y ella se iba a trabajar se ponía a monosearme los senos y las partes íntimas siempre hacia eso y mi mamá cada vez que lo veía lo peleaba pero no le hacía mayor cosa y ella sabía lo que me hacía y cuando cumplí los trece años mi padrastro abusó de mí y mi mamá me estaba metiendo por los ojos a él me decía que me fuera a vivir con él que nos vayamos para barranca o Venezuela y ella supo todo que me había violado y fue cuando empezó a decirme que me fuera a vivir con él porque ya había encontrado lo que quería (…) mi mamá vive con ese señor hace diez años y yo tenía cinco años cuando ella se fue a vivir con él (…)” (fl. 13 vto., c. 1).

En relación con el lugar donde ocurrieron los hechos, la misma denunciante indicó:

“(…) eso fue en una finca del Carmen de Chucurí donde mi padrastro administraba la finca (…)” (fl. 14, c. 1).

Acto seguido, la víctima expresó:

“(…) él [se refiere al señor V.A.P.] me decía que si no me acostaba con él maltrataba a mi mamá y no le daba nada [se refiere a los aportes económicos para la manutención del hogar] y por ver feliz a mi mamá me acosté con él” (fl. 14 ibídem).

Ante la pregunta de si buscó ayuda, la menor fue enfática en sostener:

“(…) Si busque (sic) ayuda con mi mamá pero ella no dijo nada (…) yo me quería venir para bucaramanga (sic) donde estaba mi hermano pero mi mamá no me dejaba por lo peligroso y me exigió que siguiera vivienda en la finca y el siguió abusando de mi (sic) cada semana o cada vez que queria (sic)” (fl. 14 ibídem).

La anterior denuncia mereció plena credibilidad para la Fiscalía, dada su coherencia, claridad y espontaneidad en cuanto a las circunstancias allí narradas, lo cual llevó a que se dictara orden de captura en contra del mencionado V.A.P., que se hizo efectiva el 8 de junio de 2006 (fl. 63, c. 1).

Con posterioridad, esto es, el 14 de los mimos mes y año, la Fiscalía Delegada ante el Juez Penal del Circuito de San Vicente de Chucurí (Santander) resolvió la situación jurídica del mencionado señor y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, con fundamento en las siguientes razones (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

“(…) En consonancia con lo antes esbozado, esta Delegada estima procedente de conformidad con lo establecido en el articulo 357 del Estatuto Adjetivo Penal Numeral 1, en concordancia con el artículo 313 numeral 2 de la Ley 906 de 2004, imponer en contra de V.A.P., medida de aseguramiento consistente en DETENCION PREVENTIVA como presunto autor y responsable del delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS, esto debido a que en su contra se aprecian testimonios e indicios que comprometen seriamente su responsabilidad. Por lo anterior se ordena la elaboración de la respectiva boleta de detención para ante el Director de la Cárcel Modelo de la ciudad de Bucaramanga. Así mismo envíense las correspondientes comunicaciones establecidas dentro del artículo 364 del C. de P. Penal.

“(…) el caso que nos ocupa reviste seria gravedad en el sentido de que el abuso fue perpetrado por el encartado en persona menor de catorce años, lo que necesariamente obliga a analizar el perjuicio en la psiquis de esta persona menor de edad, lo que en últimas repercutirá en todos los actos sexuales de su vida, pues este tipo de episodios cargados de gran dosis de depravación ha afectado su desarrollo sexual de manera normal, y atendiendo que el procesado es un persona que ha atentado con este delito contra la sexualidad de una niña, hija de la mujer con la que convivía para esa época, aprovechando la zona en que convivía, además de valerse de la inocencia de una infante, Io que le da un amplio margen de actividad con personas en edad escolar, quienes deben desplazarse desde sus hogares y hacia las diferentes escuelas que existen en el sector donde vive, lo cual en un momento dado le permitiría actuar sin testigos de ninguna naturaleza a fin de proceder a realizar esta conducta con otras personas de igual o menor edad constituyéndose así en un peligro para la comunidad (…)” (se resalta, fl. 70 c. 1).

La decisión anterior fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, en auto del 14 de noviembre de 2006, la cual consideró (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

“(…) se desprende que lo dicho por la menor resulta coherente y por tanto merece credibilidad, en cuanto se demuestra que efectivamente el sindicado vivió en la finca con la menor y así mismo que estuvo en Venezuela con ella cuando no había cumplido los catorce años de edad y en consecuencia, sí la accedió carnalmente, se aprovechó de la inmadurez de la menor, la indujo tempranamente a la vida sexual y en consecuencia lesionó el bien jurídico de la formación sexual. No se evidencia motivo alguno para no darle credibilidad a la menor y por tanto, sí se le cree lo por ella dicho, (…) que es requisito sustancial para acusar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 397 del C. de P.P.” (se resalta, fl. 139 c. 1).

Con anterioridad al auto acabado de citar, la Fiscalía Única Seccional de San Vicente de Chucurí (Santander) había proferido acusación en contra del señor A.P., mediante auto del 4 de octubre de 2006, en los siguientes términos (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

“(…) determinará esta Delegada lo referente a la existencia del reato, tal y como lo precisa la norma en comento. Siendo base de tal existencia la denuncia instaurada por la propia víctima, (…) quien es clara en relatar el abuso de que fuera objeto desde que tenía cinco años de edad, es decir, en el año de 1993 empezó a ser víctima de actos sexuales por parte de (…), quien era su padrastro y residían en la zona rural del Municipio de El Carmen de Chucurí, y de ahí que la prueba de cargos es consistente respecto de V.A., por ello, luego de analizar tales manifestaciones a la luz de la sana crítica, la persuasión racional, la lógica y el sentido común, esta Fiscalía estima procedente darle plena credibilidad, en la medida que la misma relata lo sucedido con tal seguridad y veracidad, que logran transmitirle a esta Delegada, los hechos relevantes para el derecho penal, no vislumbrándose en su dicho intención dañina tendiente a desviar la realidad captada con el ilícito, por ello su versión será tenida en cuenta dentro del desarrollo de la presente providencia.

“Desestimar el dicho de (…), cuando mencionada que V., a quien conoce porque convivió con su señora madre desde cuando ella tenía 5 años de edad en una finca del municipio de El Carmen, y quien aprovechaba que la menor quedaba sola cuando su mamá se iba a trabajar, para pasarse a su cama y comenzar a manosearla en sus partes nobles, prometiéndole regalos entre ellos un celular, actos que su misma madre observó en varias oportunidades por los que inicialmente le hiciera el reclamo a su compañero, pero que con posterioridad aceptó tácitamente esta situación, concibiéndose complicidad en esta madre que en lugar de ser garante del cuidado de su menor hija, va permitiendo esta situación debido a su entorno cultural en esta región, quienes conciben al hombre como el instrumento que proporciona el alimento y los gastos del hogar, y llegando al punto de que una vez este sujeto accediera a su hija a la corta de edad de 13 años, es decir, en el año 2001 la accedió carnalmente, cuando ya se encontraba en vigencia el Código Penal (L. 600/2000), su señora madre le dijo a su hija que se fuera a vivir con él a otra parte (…) lo del viaje a Venezuela confirma una vez más lo dicho por quien manifiesta desde un comienzo que su progenitora le decía que se fuera vivir con V. ya que la quería para él, y así lograría que se la llevara a vivir a Barrancabermeja o a Venezuela (…) no observa el Despacho con qué desinterés un hombre se lleva a una niña hacia el exterior, asumiendo todos sus gastos sin obtener nada a cambio, pues es evidente que no era por amor toda vez que esta jovencita tan pronto pudo salir de allí, al ver libre a su señora madre de la presunta amenaza cernida sobre ella por parte de este sujeto, se regresa para Colombia sin el consentimiento de este sujeto (…)” (fl. 113, c. 1).

Con todo y en la etapa de conocimiento, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí absolvió al señor A.P., pues la víctima no ratificó su denuncia dentro del proceso (pese a las diligencias realizadas por la Fiscalía para ubicarla) y no se realizó el examen sexológico, prueba con la cual se podía “(…) establecer con verdad científica si su himen [de la víctima] presentaba signos recientes o antiguos de desfloración —compatibles con penetración vaginal por miembro viril—(…)” (fl. 449, c. 1). Tales razones fueron suficientes para que dicho juzgado se abstuviera de dictar sentencia condenatoria, pues, a su juicio, las “(…) dudas (…)” debían “(…) ser tenidas en cuenta a favor del señor V.A.P.” (fl. 449 ibídem).

Como es de anotar, la absolución no se produjo por atipicidad de la conducta, inexistencia del hecho ni, mucho menos, porque el sindicado no lo haya cometido; por el contrario, es de resaltar que el mismo V.A.P., luego de haber negado en todo el proceso su participación en los hechos, admitió haber tenido relaciones sexuales con la menor para la época en que esta decidió denunciarlo; al respecto, en la indagatoria del 26 de marzo de 2007, el referido señor expresó (se transcribe conforme obra):

PREGUNTADO: ¿DÍGANOS SI USTED EN ALGUNA ÉPOCA TUVO RELACIONES SEXUALES CON (…) CONTESTO: SÍ, YO TUVE. PREGUNTADO: ¿ACORDE CON LA RESPUESTA ANTERIOR, DÍGANOS EN QUÉ AÑO SE PRESENTARON ESAS RELACIONES SEXUALES? CONTESTÓ: EN EL 2003. PREGUNTADO: ¿YA QUE DICE HABER TENIDO RELACIONES SEXUALES CON (…) DÍGANOS CUÁNTAS VECES SE PRESENTARON ESAS RELACIONES SEXUALES? CONTESTO: UNA VEZ EN EL CARMEN Y OTRA VEZ EN CÚCUTA. PREGUNTADO: ¿ACORDE CON LO ACABADO DE RESPONDER, SEÑÁLENOS LAS FECHAS O AÑOS EN LOS CUALES SE PRESENTARON ESAS RELACIONES? CONTESTO: EN EL CARMEN A ELLA LE FALTABAN COMO 3 MESES PARA CUMPLIR 15 AÑOS, EXACTAMENTE LA FECHA NO LA SE EXACTA” (fl. 184, c. 1).

A juicio de la Sala, el hecho de que el señor A.P. haya tenido relaciones sexuales con una menor de edad no es una simple conducta desprevenida o descuidada de él, sino, por el contrario, un comportamiento abiertamente irregular y desde todo punto de vista censurable, máxime si se tiene en cuenta que la menor estaba en una situación de vulnerabilidad y obró por miedo a que dicho señor desplegara medidas de represalia en contra de ella o de su madre. Tal situación era suficiente, en criterio de esta Sala, para que se adelantara la investigación penal en su contra.

Así, entonces, no existe vínculo causal (entendido desde la perspectiva de la “causalidad adecuada”) entre la medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el presente asunto, pues, se insiste, la privación de la libertad del señor A.P. no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la demandada (a pesar de ser la causa inmediata), sino en la conducta asumida por él mismo.

En esta línea de argumentación y ante la situación generada por el acá demandante, a la Fiscalía no le era exigible una conducta diferente que la de ordenar la medida restrictiva de la libertad y formular la correspondiente acusación, máxime cuando los indicios con los que se contaba en su momento sugerían la presunta participación del señor A.P. en el delito por el cual fue procesado (actos sexuales abusivos en menor de 14 años).

Bajo este escenario, la privación de la libertad era una carga que el demandante estaba llamado a soportar y, por consiguiente, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó las pretensiones de la demanda, ante lo cual resulta necesario recordar que nadie puede sacar provecho o ventaja de su propia culpa.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 26 de febrero de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander —descongestión—, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Expediente 2008 00009.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002 (13.622).

3 El proceso se archivó definitivamente el 11 de mayo del mismo año (fl. 457, c. 1).

4 De conformidad con el acta Nº 10 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 25 de abril de 2013.

5 Tesis que el suscrito ponente de esta providencia no comparte.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de abril de 2005, Radicado 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784), actor: Francisco Luis Vanegas Ospina y otros.

8 El texto original del artículo 250 de la Constitución Política, antes de la reforma introducida por el Acto Legislativo 6 de 2011 señalaba: “Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”.