Sentencia 2009-00316/49399 de junio 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 18001-23-31-003-2009-00316-01 (49399)

Actor: Mario Córdoba Becerra y Otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

Extractos: «II. Consideraciones.

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes ternas: 1) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) caso concreto; y 5) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite el debate versa sobre la privación de la libertad del señor José Concepción López Meza, tema respecto del que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación(15), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1º de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(16).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(17).

En el Presente caso, la parte demandante pretende que se le reparen los perjuicios causados con las decisiones a través de las cuales se restringió el derecho a la libertad del señor Luis Enrique Córdoba Becerra, proferidas dentro del proceso penal que se adelantó, en su contra por el delito de secuestro extorsivo, razón por la cual el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.

Pues bien, mediante providencia del 29 de agosto de 2006, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia revocó la sentencia condenatoria emitida en primera instancia en contra del señor Luis Enrique Córdoba Becerra y, en su lugar, lo absolvió de los cargos formulados, decisión que quedó ejecutoriada el 26 de septiembre del 2006, tal como consta en la certificación obrante a folio 41 del cuaderno 1.

De este modo, el término para demandar transcurrió entre el 27 de septiembre de 2006 y el 27 de septiembre de 2008, empero, según certificación obrante a folio 2 del cuaderno de pruebas 3, emitida por el Director Administrativo de la Coordinación Administrativa Florencia - Caquetá de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entre el 26 de septiembre de 2008 y el 16 de octubre de 2008 se adelantó una jornada de protesta por parte de uno de los sindicatos de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, por manera que el término para demandar se extendió hasta tanto se levantó el cesé de actividades, es decir, el 16 de octubre de 2008.

Ahora, Como la demanda se presentó el 16 de octubre de 2008(18), se impone concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se definió la situación penal del señor Luis Enrique Córdoba Becerra.

4. Caso concreto.

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, se encuentra acreditado que en contra del señor Luis Enrique Córdoba Becerra se adelantaron, simultáneamente, dos investigaciones penales, de una parte, el proceso 2013-00076, que terminó con condena ejecutoriada a 62 meses de prisión y, de otra, el proceso 2014-0048, que finalizó con sentencia absolutoria.

El último de los mencionados procesos corresponde al adelantado por el delito de secuestro extorsivo en concurso con concierto para delinquir y hurto agravado y calificado(19), rad. 2004-00148, del que resultan relevantes las siguientes actuaciones:

El 19 de octubre de 2003, previa autorización de la Fiscalía General de la Nación, Tropas del Ejército Nacional - Batallón de Infantería 36 “Cazadores” efectuaron un registro en la finca denominada “Villa Karla” ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán, en donde incautaron dos vehículos automotores, 3 revólveres y veintisiete proyectiles para los mismos y capturaron al señor Luis Enrique Córdoba Becerra, junto con otras personas, sindicados de ser miembros de la organización armada al margen de la ley denominada Autodefensas Unidas de Colombia.

Además, se les acusó de arribar a dicho inmueble el día anterior, prohibiéndoles la salida del poblado a los administradores de la finca, mientras no se hiciera presente el dueño del bien, habiendo separado y pesado varias cabezas de ganado, como mecanismo de presión para lograr dicho fin(20).

El 27 de octubre de 2003, la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica al señor Luis Enrique Córdoba Becerra y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario(21).

El 10 de Junio de 2004, la Fiscalía 1ª Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia profirió resolución de acusación, entre otros, en contra del señor Luis Enrique Córdoba Becerra, por el delito de secuestro extorsivo en concurso con los punibles de concierto para delinquir y hurto calificado, providencia confirmada por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, el 6 de diciembre de 2004(22).

El 12 de diciembre de 2005, el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Florencia condenó al señor Luis Enrique Córdoba Becerra a la pena principal de 12 años de prisión(23).

El 29 de agosto de 2006, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia revocó la sentencia proferida por el Juzgado 1º Especializado de Florencia y, en su lugar, absolvió al señor Luis Enrique Córdoba Becerra, fallo que quedó ejecutoriado el 26 de septiembre de 2006(24).

Por cuenta de este proceso, el señor Luis Enrique Córdoba Becerra estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario, entre el 19 de octubre de 2003 y el 7 de septiembre de 2006(25).

Ahora, en cuanto a la actuación penal adelantada por los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones(26), radicado 2003-00076, se encuentra acreditado lo siguiente:

El 17 de junio de 2003, en el municipio de Pitalito (Huila), el señor Luis Enrique Córdoba Becerra fue capturado por miembros de la Policía Nacional, sindicado del delito de hurto(27).

El 18 de junio de 2003, la Fiscalía 26 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pitalito dispuso la apertura de la instrucción en contra del señor Luis Enrique Córdoba Becerra, por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con el punible de tráfico, porte de armas o municiones(28).

El 25 de junio de 2003, la Fiscalía 26 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pitalito resolvió situación jurídica del señor Luis Enrique Córdoba Becerra y le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario(29).

El 8 de septiembre de 2003, la Fiscalía 26 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pitalito sustituyó la detención preventiva carcelaria del señor Luis Enrique Córdoba Becerra por detención domiciliaria(30).

El 11 de septiembre de 2003, previa suscripción de compromiso y de la constitución de una caución prendaria, se hizo efectiva la sustitución de la medida preventiva de detención carcelaria por la domiciliaria(31).

El 21 de octubre de 2003, la Fiscalía 26 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pitalito calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra del señor Luis Enrique Córdoba Becerra, por el delito de hurto calificado y agravado, en concurso con el de porte ilegal de armas de fuego y municiones; adicionalmente, dispuso mantenerle la detención preventiva domiciliaria(32).

El 4 de mayo del 2004, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pitalito revocó el beneficio de detención domiciliaria del señor Luis Enrique Córdoba Becerra y ordenó, de una parte, la emisión de orden de captura en su contra y, de otra, la compulsa de copias para que se le investigara por el delito de fuga de presos, en razón a que el implicado incumplió con los compromisos que lo habían hecho acreedor a dicho beneficio(33).

El 26 de mayo de 2004, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pitalito condenó al señor Luis Enrique Córdoba Becerra, entre otras, a la pena principal de 62 meses de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; como consecuencia de lo anterior, emitió orden de captura en su contra(34).

El 18 de octubre de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva confirmó la sentencia condenatoria proferida en contra del señor Luis Enrique Córdoba Becerra(35), decisión que quedó ejecutoriada el 19 de diciembre de 2005(36).

El 8 de septiembre de 2006, se dejó a disposición del Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva al señor Luis Enrique Córdoba Becerra, para que se vigilara el cumplimiento de la condena impuesta(37).

El 7 de noviembre de 2006, el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva resolvió una solicitud de libertad condicional, y para tal efecto tuvo en cuenta como cumplimiento de la condena que estaba vigilando, el tiempo de detención que el señor Luis Enrique Córdoba Becerra estuvo por el proceso en el que se le absolvió y por el que ahora se demanda en acción de reparación directa(38).

Adicionalmente, el 22 de octubre de 2012(39), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— expidió certificación respecto de las privaciones a la libertad del señor Luis Enrique Córdoba Becerra, en la que se relaciona la siguiente información (se trascribe literal, incluso con errores):

“03-12-97: Alta por secuestro extorsivo/Hurto agravado, a órdenes de la Fiscalía Primera Especializada. 04-12-97: Libertad por Boleta 191 por orden de Fiscalía 9 Seccional.

“07-04-99: Alta por lesiones personales a cargo de la Fiscalía 7 Local.

“09.04-99: Libertad con Boleta 39 por orden de la misma autoridad.

“29-08-00: Alta por inasistencia alimentaria según Boleta 49 emanada del Juzgado 2 Penal Municipal.

“31-08-00: Libertad con boleta 44 por órdenes del Juzgado Segundo Penal Municipal.

“22-10-03 Alta por secuestro extorsivo/Hurto Agravado y conexos(sic) paramilitares, a cargo del Juzgado 1º Especializado.

“05-05-06: Sale en remisión con destino al EPC Neiva.

“20-03-08: Alta por homicidio agravado, por disposición del Juzgado Promiscuo Municipal de Valparaíso con Función de Control de Garantías (2008-0004)

“12-06-10: Baja por traslado al EPMSC de Acacías, en donde se encuentra actualmente recluido purgando una condena de 20 años de prisión. (2008-00030)”

Así las cosas, las pruebas referenciadas, analizadas en integridad, permiten establecer, contrario a lo sostenido por el recurrente, que el señor Luis Enrique Córdoba Becerra fue vinculado a un proceso penal por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con los punibles de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, actuación penal en la que se le capturó y se le mantuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario, entre el 17 de junio de 2003 y el 7 de septiembre de 2003, oportunidad en la que la Fiscalía General de la Nación le sustituyó la medida de detención por la de prisión domiciliaria.

Además, dan cuenta de que siendo beneficiario de la prisión domiciliaria por cuenta del proceso adelantado por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con el de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, el señor Luis Enrique Córdoba Becerra fue capturado, en flagrancia, el 19 de octubre de 2003 y procesado por el delito de secuestro simple en concurso con los punibles de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado, actuación en la que fue condenado en primera instancia, el 12 de diciembre de 2005, y absuelto en segunda, el 29 de septiembre de 2006, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia.

Asimismo, que el período comprendido entre el 19 de octubre de 2003 y el 7 septiembre de 2006 —por el cual se demanda la reparación en el sub lite—, el señor Luis Enrique Córdoba Becerra estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario por cuenta del proceso penal en el que resultó absuelto en segunda instancia.

Lo anterior, correspondería a los supuestos que hacen procedente la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta; sin embargo, advierte la Sala que en el caso concreto concurren otras circunstancias que impiden acceder a las pretensiones de la demanda, la medida en que no existe un daño antijurídico que deba ser indemnizado, tal como pasa a explicarse:

Pues bien, a pesar de que se absolvió al señor Luis Enrique Córdoba Becerra de los cargos en virtud de los cuales estuvo detenido el lapso de tiempo por el que ahora se demanda en reparación directa, dicha privación no puede catalogarse como una carga que los demandantes no estaban en la obligación de soportar, dado que ese tiempo le fue tenido en cuenta al señor Córdoba Becerra, como cumplimento efectivo de una condena debidamente ejecutoriada.

En efecto, el 8 de septiembre de 2006, cuando se hizo efectiva la libertad con ocasión de la absolución del proceso penal objeto de esta litis, el señor Luis Enrique Córdoba Becerra fue dejado a disposición del Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, autoridad judicial encargada de verificar el cumplimiento de la condena por 62 meses de prisión impuesta por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pitalito, por los delitos de hurto agravado y calificado en concurso con tráfico o porte de armas de fuego o municiones, es decir, por la condena que le fue impuesta en el otro proceso penal (2013-00076).

Ante dicha autoridad judicial, el señor Luis Enrique Córdoba Becerra, con fundamento en el artículo 361 de la Ley 600 del 2000(40), pidió que se le tuviera en cuenta, para el cumplimiento de la condena impuesta por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pitalito, el período de detención con ocasión del proceso penal en el que fue absuelto, esto es, porque ahora demandó al Estado.

A la anterior petición, el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, mediante auto del 7 de noviembre de 2006, accedió en los siguientes términos (se transcribe literal, incluso con errores):

“Teniendo en cuenta la certificación expedida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia Caquetá, en la que se afirma que el sentenciado Córdoba Becerra, fue capturado el 19 de octubre del año 2003 y [procesado] por el punible de Secuestro Simple y otros, y condenado en primera instancia a la pena de 12 años de prisión, decisión que al ser objeto de apelación fue revocada y en su defecto Absolvió al penado con Sentencia del 29 de agosto del año 2006, ordenando su libertad, la que se hizo efectiva el 8 de septiembre cuando fue dejado a disposición de este Juzgado y por cuenta de este proceso, en atención a lo normado en el art. 361 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600/00), norma que ordena que en el evento en que una persona que se adelanten 2 procesos simultáneamente, se le computará como parte cumplida de la pena el tiempo que haya permanecido en el proceso en que se le hubiere absuelto o decrete cesación de procedimiento o preclusión de la investigación, dentro del proceso que resultare condenada.

“En ese orden de ideas, y en aplicación del precitado art. 361 del Código de Procedimiento Penal, es legal imputarle o reconocerle al ajusticiado los 34 meses y 17 días (desde el 19-10-03 hasta el 07-09-06), que permaneció detenido dentro del proceso antes referido, por lo tanto a este guarismo se le debe adicionar los 6 meses y 1 día, purgados dentro de este proceso, llevando en total privado de la libertad 40 meses y 19 días(...)”(41)

Así las cosas, el período de privación de libertad que los demandantes aducen como causante de los perjuicios que reclaman, le fue tenido en cuenta en su integridad al señor Luis Enrique Córdoba Becerra como cumplimiento de la condena, debidamente ejecutoriada, que le fue impuesta en el otro proceso que se adelantaba de manera simultánea sin que excediera al tiempo de detención allí ordenado.

Por lo anterior, no resulta de recibo que se alegue que los demandantes no estaban en el deber jurídico de soportar la privación de la libertad del señor Luis Enrique Córdoba Becerra, porque, se reitera, dicha privación se le tuvo como cumplimiento de una condena penal ejecutoriada en su contra.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que en el presente asunto los actores no sufrieron realmente un daño antijurídico en la medida en que el período de privación de la libertad del señor Luis Enrique Córdoba Becerra, respecto del que se demandó ahora en reparación, le fue tenido en cuenta como cumplimiento efectivo de una condena debidamente ejecutoriada en su contra.

Corolario de lo anterior la Sala confirmará decisión del a quo en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

5. Condena en costas.

En el presente caso, no se advierte una conducta que amerite y justifique la condena en costas de que trata el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, la Sala se abstendrá de imponerla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 29 de agosto de 2013.

2. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

15. Acuerdo 58 de 1999, modificado por los Acuerdos 55 de 2003, 148 de 2014 y 110 de 2015.

16. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

17. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena, Giraldo Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el Auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18. Folio 231, cuaderno 1.

19. Copia autenticada del proceso penal remitida por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Florencia, cuaderno 4 de pruebas, en virtud de lo ordenado en el Auto de 27 de agosto de 2010 (folios 94 y 95 cuaderno 1).

20. Según consta en los antecedentes fácticos narrados en las sentencias de primera y segunda instancia folios 86-99 y 222-264, cuaderno de pruebas 4.

21. Según lo consignado en la providencia de 29 de agosto de 2006 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, folio 223, cuaderno de pruebas 4.

22. Folios 150-175, cuaderno de pruebas 4.

23. Folios 86-99, cuaderno de pruebas 4.

24. Folios 222-236 y 264, cuaderno de pruebas 4.

25. Folio 93, cuaderno de pruebas 5.

26. Copia autenticada del proceso penal, remitida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pitalito, obrante en los cuadernos 5 y 6, en virtud de lo ordenado en Auto de 15 de mayo de 2013 (folio 148, cuaderno 1).

27. Folios 5 y 7, cuaderno de pruebas 6.

28. Folio 13, cuaderno de pruebas 6.

29. Folios 26-30, cuaderno de pruebas 6.

30. Folios 314-317, cuaderno de pruebas 6.

31. Folio 326, cuaderno de pruebas 6.

32. Folios 365-373, cuaderno de pruebas 6.

33. Folios 481-482, cuaderno de pruebas 6.

34. Folios 512-537, cuaderno de pruebas 6.

35. Folios 253-267, cuaderno de pruebas 5.

36. Folio 280, cuaderno de pruebas 5.

37. Folios 74-75, cuaderno de pruebas 5.

38. Folios 128-133, cuaderno de pruebas 5

39. Folios 110-111, cuaderno 1.

40 ART. 361.—Cómputo. El término de detención preventiva se computará desde el momento de la privación efectiva de la libertad.
Cuando simultáneamente se sigan dos (2) o más actuaciones penales contra una misma persona, el tiempo de detención preventiva cumplido en uno de ellos y en el que se le hubiere absuelto o decretado cesación de procedimiento o preclusión de la investigación, se tendrá como parte de la pena cumplida en el que se le condene a pena privativa de la libertad”.

41. Folios 128 a 133, cuaderno de pruebas 5.