Sentencia 2009-00318/43192 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Proceso: 250002326000200900318 (43192)

Actora: Clínica Aman S.A.

Demandado: Nación - Ministerio de la Protección Social

Acción: Reparación Directa

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., ocho de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Presupuestos procesales

1.1. Jurisdicción y competencia.

1. Como la controversia involucra a una persona jurídica pública —la Nación— Ministerio de Salud y Protección Social (arts. 82 y 149 del CCA), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(2).

1.2. Acción procedente.

La Sala considera necesario, previo a analizar la procedencia de la acción, hacer un recuento de los hechos acreditados y que interesan al proceso, así:

1.2.1. El 29 de septiembre de 2000, Cajanal EPS y la Asociación Médica para la Atención del Niño Aman Ltda., celebraron contrato Nº 1299 de 2000, de prestación de servicios de salud en cuyo objeto el contratista se obligó, por el sistema de pago por capitación, a la prestación de los servicios de salud correspondientes a los niveles I, II y III del plan obligatorio de salud POS (fls. 5 a 22 c. 2).

1.2.2. El 1º de octubre de 2003, la Caja Nacional de Previsión Social y la Clínica Aman Ltda., suscribieron acta bilateral de liquidación del contrato Nº 1299 de 2000, donde la entidad contratante reconoció “que al contratista se le adeuda la suma de $ 516.030.620, según se desprende de los documentos que integran esta acta y, en consecuencia, su pago está sujeto al cumplimiento de los requisitos legales, fiscales y presupuestales” (fls. 23 a 30 c. 2).

1.2.3. Mediante oficio del 16 de octubre de 2003, la directora seccional (E) comunicó al jefe de la oficina jurídica de Cajanal EPS “para los fines pertinentes me permito remitir el original del acta final de liquidación contrato Nº 1299 del 29 de septiembre de 2000, celebrado entre Cajanal EPS y la IPS Clínica Aman Ltda.” (fl. 238 c. 2)

1.2.4. Mediante Decreto 4409 del 30 de diciembre de 2004, el Gobierno Nacional ordenó la disolución y liquidación de la sociedad Cajanal S.A. EPS(3). Para el efecto, fue designado como liquidador de la entidad Fiduagraria S.A. (art. 4º).

1.2.5. El liquidador de Cajanal S.A. EPS en liquidación expidió la Resolución 943 del 13 de diciembre de 2006, por la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Clínica Aman contra las resoluciones 291 del 8 de noviembre de 2005 y la Resolución 300 de 15 de noviembre de 2005(4). El recurrente se opuso a la glosa de las reclamaciones formuladas por la Clínica Aman, en tanto las sumas pretendidas fueron reconocidas por Cajanal S.A. EPS en el acta de liquidación bilateral del contrato 1299 de 2000, suscrita el 1º de octubre de 2003, documento que reposa en los archivos de la entidad, “lo cual impide que se exijan nuevamente y menos aún que sirva de fundamento esa exigencia para glosar una reclamación” (fl. 98 c. 2).

En respuesta al recurso de reposición, el liquidador modificó parcialmente y confirmó en todas sus demás partes los actos administrativos aludidos (fl. 198 c. 2). En lo atinente a las reclamaciones soportadas en el acta de liquidación del contrato 1299 de 2000, el liquidador consideró: “el acta de liquidación del contrato 1299 no fue tenida en cuenta por ser una fotocopia simple, para ser válido debe ser aportado en original o fotocopia autenticada, por ser hecho nuevo y glosa nueva se concede recurso de reposición (para aportar el documento original)” (fl. 173 c.2.)

1.2.6. La Resolución 943 de 2006 fue notificada el 19 de enero de 2007, al apoderado de la sociedad demandante el 19 de enero de 2007 (fl. 177 c. 2).

1.2.7. En escrito radicado el 26 de enero de 2007, el apoderado de la Clínica Aman S.A. instauró recurso de reposición en contra de lo decidido en la Resolución 943. El recurrente se opuso a la decisión del liquidador de no tener en cuenta como soporte de reclamación el acta de liquidación del contrato 1299, al estimar que el “valor documental de una copia así sea simple como prueba en cualquier tipo de proceso es indiscutible, salvo que el destinatario alegue su falsedad”; sin embargo señaló que ante la “nueva exigencia de la entidad en Liquidación, al presente escrito se anexa copia auténtica del acta de liquidación del contrato 1299, con lo cual se satisface la exigencia de Cajanal S.A. EPS en liquidación para efectos del reconocimiento y pago de la suma de $ 516.030.620”.

A su vez, el recurrente solicitó el decreto de las siguientes pruebas para el trámite del recurso de reposición:

Medios de prueba

Solicito se decreten y tengan como pruebas dentro del trámite del presente recurso de reposición

Documentales

1. Los documentos que se anexaron con la reclamación presentada y que se identificó con el número 1494 y con su respectivo recurso de reposición.

2. Copia auténtica del acta de liquidación del contrato 1299 de 2000 de fecha 1º de octubre de 2003.

Inspección ocular a los archivos papeles y documentos de Cajanal S.A. EPS.

Con el propósito de examinar los documentos relacionados con la reclamación de mi poderdante en torno a los aspectos indicados en el presente recurso de reposición, solicito se decrete la realización de una prueba de inspección ocular a los archivos de Cajanal S.A. EPS en liquidación la cual permitirá corroborar los supuestos de la reclamación y del presente recurso de reposición.

Declaración testimonial

Solicito se cite y recepcione el testimonio de la doctora María Nery Pacheco Hernández, quien se desempeñara como director seccional (E) de Cajanal EPS y quien suscribiera en representación de ésta entidad el acta de liquidación del contrato 1299 de 2000.

El testimonio tendrá por objeto precisar las circunstancias de la elaboración, su veracidad, bases jurídicas, médicas y técnicas utilizadas y firma de dicha acta y el trámite que se asignó a la misma, así como los demás aspectos relacionados con el presente recurso de reposición. (…) (fls. 181 a 183 c. 2).

1.2.8. El 28 de febrero de 2007, el liquidador de Cajanal S.A. EPS mediante Resolución 121 decidió el recurso de reposición interpuesto por Clínica Aman S.A.

Respecto a las obligaciones contenidas en el acta de liquidación del contrato 1299, objeto de reclamación consideró:

Frente a lo expresado por el recurrente referente al acta de liquidación del contrato 1299, se ratifica la glosa impuesta a la CTA SINC1F2084, pues contrario a lo que expone el reclamante, la copia que aporta en el recurso a recurso no es una copia autentica sino una fotocopia de una copia autenticada, como tampoco es cierto lo expresado por el apoderado de la Clínica Aman, Carlos Enrique Cortés Cortés, en el acta de inspección ocular 42, del 2 de febrero de 2007, en donde afirma que en los soportes de Cajanal en la bolsa RR 475, del folio 99 a 106 se encuentra el original firmado del acta de liquidación del contrato 1299, pues allí también se encuentra una fotocopia simple (fls. 204 a 227 c. 2).

1.2.9. La Resolución 121 de 2007 fue notificada el 12 de marzo de 2007 al apoderado de la sociedad demandante (fl. 237 c. 2).

La Sala recuerda que la sociedad demandante pretende la declaratoria de responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social por el extravío del original del acta de liquidación del contrato de prestación de servicios de salud por capitación Nº 1299 del 29 de septiembre de 2000, como quiera que por esta circunstancia no le fue posible hacer valer el crédito reconocido por la suma de $ 516.030.620, dentro del proceso liquidatorio de Cajanal EPS S.A.

A partir de la aludida pretensión la acción de reparación directa resulta procedente, en tanto se reclama la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por sus presuntas acciones y omisiones que a juicio de la actora determinaron los perjuicios cuya indemnización pretende(5).

Ahora bien, corresponde a la Sala pronunciarse frente a la procedencia de la acción de reparación directa con ocasión del argumento expuesto por el apelante, según el cual el hecho que da origen a la presente acción en este caso es complejo en cuanto no solamente se concreta en el extravío por parte de Cajanal del acta de liquidación del contrato Nº 1299 de 2000, sino en el efecto dañoso que se derivaba de esta circunstancia y que “solamente vendría a concretarse mediante la Resolución 121 del 28 de febrero de 2007 notificada el día 12 de marzo de 2007, por medio de la cual determinó no reconocer la suma de $ 516.030.620 por no haberse aportado el original del acta de liquidación del contrato 1299 de 2000”.

De aceptarse que la pérdida del acta de liquidación bilateral del contrato por sí sola no constituye el hecho dañoso, sino el efecto adverso que sobre la reclamación formulada por la sociedad Clínica Aman tuvo esta circunstancia, conocido a través de la Resolución 121 de 2007, en la cual el liquidador de Cajanal EPS no reconoció el crédito debido a la ausencia del documento original, conllevaría a entender que la fuente del daño cuya reparación pretende la actora son los actos administrativos que rechazaron sus reclamaciones.

Bajo esta consideración, si el daño se deriva de los actos administrativos proferidos en el proceso de liquidación de Cajanal EPS que negaron el pago reclamado por la sociedad demandante, corresponde concluir que era preciso formular pretensión de anulación de esos actos a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no la de reparación directa, para así tener la posibilidad de cuestionar y desvirtuar su legalidad, y abrir paso a la reparación del daño que considera le fue causado.

Vale resaltar que los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, son actos administrativos, susceptibles de control de legalidad por la jurisdicción de lo contencioso administrativo(6).

Conviene precisar que para la determinación de la acción y su procedibilidad, el legislador se valió de un criterio objetivo con el fin de establecer cuál de ellas es la llamada a permitir la solución de la controversia; en atención a dicho criterio se estructuran las particularidades de cada una. En efecto, tal como en forma pacífica lo ha considerado de tiempo atrás la jurisprudencia de la corporación, es la fuente del daño cuya reparación se pretende la que determina el mecanismo procesal idóneo para llevar ante el juez una específica controversia, elemento que resulta fundamental de cara a las competencias del juzgador frente al asunto puesto a su consideración(7).

Así, cuando un acto administrativo es la fuente del perjuicio porque crea, modifica o extingue una situación jurídica, no cabe duda de que la acción procedente ha de ser aquella que permite al juez realizar el juicio objetivo de legalidad sobre esa determinación y, de encontrarla ilegal, anularla, escenario en el que se abre la posibilidad de reparar los perjuicios.

Por ende, cuando media un acto administrativo, expreso o ficto, como fuente de la causación del daño, el juez de la responsabilidad está atado a la presunción de legalidad que lo reviste, salvo que mediante la acción procedente se cuestione también su legalidad y se le pida en forma expresa al juzgador pronunciarse sobre esta.

Tal obstáculo no se presenta cuando la fuente del daño es un hecho, operación u omisión administrativa o la ocupación de un inmueble, eventos en los que la fuente del daño no está contenida en un acto administrativo, pues no corresponden a una declaración unilateral de la administración con miras a producir efectos jurídicos, sino a circunstancias que acontecen en el ejercicio de actividad estatal y que se originan en una conducta activa u omisiva.

Con esa claridad, la Sala atenderá a la pretensión formulada inicialmente por la parte actora según la cual, la fuente del daño cuya reparación pretende surge de la pérdida del documento original del acta de liquidación del contrato Nº 1299 de 2000, suscrita el 1º de octubre de 2003, debido al manejo inapropiado de los archivos de la extinta Cajanal EPS.

1.3. La legitimación en la causa.

1.3.1. La parte demandante dirige sus pretensiones contra el Ministerio de Protección Social por ser el custodio y responsable del archivo físico de la extinta Cajanal, como también del archivo físico de los papeles y demás documentos manejados en la liquidación (fl. 2 c. ppal. 1).

La Sala tendrá legitimado en la causa por pasiva al Ministerio demandado en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 18 del Decreto 4409 de 2004, que asignó al Ministerio de la Protección Social, una vez culminada la liquidación de Cajanal S.A. EPS los procesos judiciales y reclamaciones en que fuera parte la entidad liquidada, al igual que las obligaciones derivadas de estos.

1.3.2. La sociedad Clínica Aman S.A. se encuentra legitimada en la causa por activa para reclamar la correspondiente reparación de perjuicios, por cuanto aduce haber sido afectada directa con la actuación de la entidad demandada.

1.4. La caducidad.

El término de caducidad de la acción de reparación directa puede computarse a partir del día siguiente a la producción del daño o, excepcionalmente, luego de que el interesado “debió tener conocimiento del daño o en otras palabras, que este se hubiera hecho advertible”(8).

En ese orden, para determinar si operó la caducidad respecto del daño reclamado —pérdida del documento original del acta de liquidación del contrato Nº 1299 de 2000—, es necesario precisar la fecha en la que el demandante debió tener conocimiento de este.

Sobre el particular, la Sala reitera conforme se expuso en el acápite de procedencia de la acción, que el 10 de octubre de 2003 Cajanal y la Clínica Aman Ltda., suscribieron acta bilateral de liquidación del contrato Nº 1299 de 2000, donde la entidad contratante reconoció “que al contratista se le adeuda la suma de $ 516.030.620” (fl. 23 a 30 c. 2).

Que con ocasión de la liquidación de Cajanal EPS S.A. dispuesta mediante Decreto 4409 de 2004, el liquidador de Cajanal S.A. EPS expidió la Resolución 943 del 13 de diciembre de 2006(9), donde no tuvo en cuenta el acta de liquidación del contrato aportada por el recurrente para reclamar el crédito contenido en ella, “por ser una fotocopia simple, para ser válido debe ser aportado en original o fotocopia autenticada”; sin embargo por tratarse de un hecho nuevo concedió recurso de reposición contra esta decisión para que la sociedad reclamante aportara el documento original (fl. 173 c.2.)

Contra la Resolución 943, la Clínica Aman formuló recurso de reposición y a su vez solicitó el decreto de las siguientes pruebas para el trámite del recurso de reposición: i) se valoraran los documentos aportados con la reclamación número 1494, ii) se tuviera en cuenta la copia auténtica del acta de liquidación del contrato 1299 de 2000 de fecha 1º de octubre de 2003, iii) se practicara inspección ocular a los archivos papeles y documentos de Cajanal S.A. EPS iv) el testimonio de la doctora María Nery Pacheco Hernández, quien se desempeñara como director seccional (E) de Cajanal EPS y suscribiera en representación de ésta entidad el acta de liquidación del contrato 1299 de 2000, para precisar las circunstancias de la elaboración, su veracidad, entre otros aspectos (fls. 181 a 183 c. 2).

Mediante Resolución 121 del 28 de febrero de 2007, notificada a la sociedad demandante el 12 de marzo de 2007, el liquidador de Cajanal S.A. EPS el recurso de reposición interpuesto por Clínica Aman S.A. el 26 de enero de 2007.

Respecto a las obligaciones contenidas en el acta de liquidación del contrato 1299, objeto de reclamación consideró:

Frente a lo expresado por el recurrente referente al acta de liquidación del contrato 1299, se ratifica la glosa impuesta a la CTA SINC1F2084, pues contrario a lo que expone el reclamante, la copia que aporta en el recurso a recurso no es una copia autentica sino una fotocopia de una copia autenticada, como tampoco es cierto lo expresado por el apoderado de la Clínica Aman, Carlos Enrique Cortés Cortés, en el acta de inspección ocular 42, del 2 de febrero de 2007, en donde afirma que en los soportes de Cajanal en la bolsa RR 475, del folio 99 a 106 se encuentra el original firmado del acta de liquidación del contrato 1299, pues allí también se encuentra una fotocopia simple. (fl. 204 a 227 c. 2).

Así, la Sala advierte que la reclamación del crédito contenido en el acta de liquidación bilateral del contrato 1299 de 2000 fue glosada por el liquidador de Cajanal EPS S.A. porque el documento aportado en la oportunidad que correspondía no cumplía con las exigencias legales para ser valorado como título base de pago, esto es, haber sido aportado en original o en copia auténtica.

Ahora bien, el hecho que para el demandante constituye la fuente de daño fue la pérdida del documento original del acta de liquidación bilateral el contrato 1299 de 2000, por un manejo indebido de los archivos de la extinta Cajanal EPS.

Los elementos de convicción aportados al plenario indican que a partir de la inspección ocular 42, del 2 de febrero de 2007, la parte demandante advirtió que en los archivos de la entidad no reposaba el documento original sino una copia simple del acta de liquidación del contrato 1299(10). Hecho que a su vez fue aceptado por la parte accionante en los supuestos fácticos invocados en la demanda cuando señaló que: “el dos (2) de febrero de 2007 se realizó inspección ocular de los archivos que reposaban en Cajanal S.A. EPS, en donde se encontró únicamente copia del acta de liquidación del contrato 1299 de 2000” (hecho décimo tercero de la demanda fl. c. ppal. 1).

De tal suerte puede concluirse que desde la fecha de la inspección ocular a los archivos de Cajanal, el 2 de febrero de 2007, el demandante conoció la pérdida del documento original y a partir de ahí es posible contar la caducidad.

Conviene precisar que en sustento del recurso de apelación contra la decisión del a quo de declarar la caducidad de la acción, el demandante señala que conoció el fundamento de la negativa de la reclamación presentada, con la notificación de la Resolución 121 del 28 de febrero de 2007, el día 12 de marzo de 2007; sin embargo, la razón expuesta por el liquidador de Cajanal en el acto administrativo aludido no es otra distinta al hecho ya conocido, de haberse aportado por el reclamante una copia simple, en lugar de copia autenticada o el original del acta de liquidación bilateral.

En consecuencia, desde el 2 de febrero de 2007, cuando se realizó inspección ocular a los archivos de Cajanal EPS, la parte demandante advirtió que no reposaba el documento original sino una copia simple del acta de liquidación del contrato 1299, por lo que a partir de esta fecha se predica su conocimiento del daño, pues lo razonable es que ante el hecho evidente de no contar con el original del título objeto de reclamación, adelantara las gestiones tendientes para cumplir las exigencias legales con el fin de obtener su pago en el proceso de liquidación de la entidad(11).

Reafirma lo anterior, la consideración expuesta en la Resolución 243 de 2006, del liquidador de Cajanal EPS, según la cual, la naturaleza del proceso de liquidación forzosa administrativa catalogado como “un proceso concursal y universal de carácter ejecutivo” exige que “sólo puede pronunciarse sobre reclamaciones que contengan obligaciones expresas, claras y exigibles que reúnan las condiciones establecidas para el título ejecutivo en el artículo 488 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC)”(12) (fl. 157 c. 2).

Así las cosas, la caducidad, como lo hizo el a quo, debe contabilizarse a partir del 2 de febrero de 2007 y como la demanda se presentó el 24 de junio de 2009 (fl. 10, c. ppal), fuerza concluir que lo fue por fuera del término prescrito en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(13), en consecuencia, lo procedente es confirmar la sentencia de primera instancia.

El apelante refiere que el tribunal de primera instancia no advirtió el contexto normativo del proceso de liquidación dispuesto por el Ministerio de Protección Social en relación con Cajanal S.A. EPS, por cuanto el hecho de haberse ordenado la liquidación de Cajanal por medio del Decreto 4409 de 2004, implicó expresamente la suspensión de los términos de prescripción y caducidad de las obligaciones a cargo de la concursada Cajanal.

Al respecto, la Sala debe señalar que el Decreto 4409 de 2004, no establece expresamente la suspensión de los términos de prescripción y caducidad de las obligaciones o reclamaciones que se formulen en el proceso de liquidación de la entidad. Contrario sensu, se encuentra acreditado que en la Resolución 243 de 2006, por la cual se resolvió el recurso de reposición formulado por la sociedad demandante ante la glosa de su reclamación, el liquidador de Cajanal EPS S.A. citó el marco normativo que en su momento le facultaba para rechazar las acreencias respecto de las cuales hubieren vencido los términos de prescripción y caducidad(14).

Con todo, es preciso señalar que de operar la suspensión del término de caducidad o de prescripción, lo sería en relación con las reclamaciones formuladas al interior del proceso de liquidación, no así, frente a la demanda de reparación directa instaurada por la parte accionante en la que pretende obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa del ministerio demandado.

Reitera la Sala que los argumentos relacionados con los efectos producidos por los actos administrativos que negaron la reclamación de pago presentada por la sociedad demandante en el trámite del proceso de liquidación de Cajanal EPS, incumben a su legalidad, cuyo análisis no corresponde en sede de reparación directa, sino a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, por cuanto se limitó al ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la Sentencia del 14 de octubre de 2011, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección C que declaró la caducidad de la acción, conforme lo expuesto en la parte motiva.

2. Sin condena en costas.

3. Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) La cuantía de este proceso determinada por la pretensión pecuniaria de la sociedad demandante corresponde a la suma de $ 516.030.620, monto que supera la cuantía prevista para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 2009 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación ($ 248.450.000), de conformidad con lo establecido en el artículo 132-6 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998.

(3) Decreto 4409 de 2004 publicado en el Diario Oficial 45.777 de 30 de diciembre de 2004.

(4) De acuerdo con el considerando quinto de la Resolución 943 de 2006, mediante Resolución 291 del 8 de noviembre de 2005 el liquidador decidió sobre las reclamaciones de créditos presentadas oportunamente contra Cajanal S.A. EPS en liquidación; los bienes que integran la masa de la liquidación y los que gozan del beneficio de exclusión de la masa a liquidar; las reclamaciones aceptadas como sumas de dinero excluidas de la masa de liquidación; los créditos aceptados con cargo a la masa de liquidación, el valor y las condiciones en que es reconocido cada uno de esos créditos; los privilegios y la prelación para los pagos de los créditos reconocidos; las objeciones presentadas y las causales de rechazo de los créditos no aceptados. A su vez, en la Resolución 300 del 15 de noviembre de 2005 se aclaró parcialmente el considerando 9.6. de la Resolución 291 del 8 de noviembre de 2005 (fl. 53 c. 2).

(5) El artículo 86 del Código Contencioso Administrativo dispone: La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.

(6) De conformidad con lo previsto en el artículo 6º del Decreto 4409 de 2004, “Por el cual se dispone la disolución y liquidación de la Sociedad Cajanal S.A., EPS”.

(7) Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia del 29 de agosto de 2016, exp. 39431, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(8) Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia del 5 de abril de 2013, exp. 24544, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(9) Ha de reiterarse que el considerando quinto de la Resolución 943 de 2006, precisó que en la Resolución 291 del 8 de noviembre de 2005 el liquidador decidió sobre las reclamaciones de créditos presentadas oportunamente contra Cajanal S.A. EPS en liquidación. En la Resolución 300 del 15 de noviembre de 2005 se aclaró parcialmente el considerando 9.6. de la Resolución 291 del 8 de noviembre de 2005 (fl. 53 c. 2).

(10) Conforme se extrae de las consideraciones vertidas por el liquidador de Cajanal EPS S.A. en la Resolución 121 del 28 de febrero de 2007 (fls. 204 a 227 c. 2).

(11) Para el caso de Cajanal S.A. EPS en liquidación, la Resolución 943 del 13 de diciembre de 2006, señaló que el proceso de liquidación de la entidad se regía por el Decreto 4409 de 2004 y el Decreto Ley 254 de 2000, y en lo no previsto por las normas aplicables a la liquidación forzosa administrativa de entidades financieras, entre las que se encuentran el Decreto Ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999 y el Decreto 2211 de 2004, así como el Código de Comercio en lo que sea compatible, de acuerdo a la naturaleza de la sociedad; sin perjuicio del artículo 68 de la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1015 de 2002 y el Decreto 736 de 2005, normas especiales aplicables por la naturaleza de EPS que ostentaba Cajanal S.A. EPS en liquidación (fl. 148 c. 2).

(12) Al tenor del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él.

(13) “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(14) En este punto el liquidador consideró: Conforme a las obligaciones del liquidador contenidas en el numeral 9 del artículo 295 del EOSF en especial en el literal a), el liquidador tiene el deber de impetrar las excepciones judiciales que permitan defender los bienes que conforman la mas de liquidación y los que están excluidos de la misma, excepciones legales entre las que se encuentran la de prescripción y caducidad de los créditos reclamados oportunamente al proceso liquidatorio de Cajanal S.A. EPS en liquidación (fl. 158 c. 2 Resolución 943 de 2006). En consonancia resaltó: Dado el carácter ejecutivo concursal y universal del proceso de liquidación forzosa administrativa, y en cumplimiento de todo el marco legal que regula este proceso (…) es un deber del liquidador rechazar las acreencias respecto de las cuales se hayan se hayan cumplido los términos de prescripción y caducidad (art. 29 D. 2211/2004) (fl. 158 c. 2).