Sentencia 2009-00325 de octubre 14 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Proceso Nº 20001233100020090032501

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Demandante: Beder Luis Maestre Suárez

Demandado: Carlos Arturo García Aragón

Referencia: Electoral - apelación

Bogotá, D.C., catorce de octubre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 de la Sala Plena de la corporación, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2.2. Objeto de la apelación.

La apelación se centra en atacar la sentencia dictada el 24 de junio de 2010 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en cuanto negó la pretensión de nulidad del acto administrativo de nombramiento del señor Carlos García Aragón como “alcalde interino del municipio de Valledupar”, contenido en el Decreto 000245 del 4 de agosto de 2009.

El problema por resolver estriba entonces en determinar si para el nombramiento del “alcalde interino de Valledupar” mientras se cumplía la elección para el resto del periodo, el gobernador del Cesar debió tener en cuenta la terna que para el efecto pusiera a su consideración la agrupación política que inscribió al señor Rubén Alfredo Carvajal, cuya elección fue anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Así las cosas, el tema de controversia y estudio es el interín cuando hay falta absoluta causada por la declaratoria de nulidad del acto de elección, muerte, renuncia aceptada, incapacidad física permanente, interdicción judicial, destitución, revocatoria del mandato e incapacidad por enfermedad superior a 180 días(2), faltan más de 18 meses para la terminación del periodo y se requiere del gobernador la designación de un alcalde, presupuesto que descarta las faltas temporales distintas a la suspensión, como licencias, permisos, vacaciones, incapacidad física transitoria, etc., en que el alcalde encargará a uno de los secretarios.

Para ello es necesario establecer si el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 es inaplicable por inconstitucionalidad al contrariar el artículo 314 inciso segundo de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2002, como lo consideró el a quo.

2.3. Marco jurídico del asunto.

2.3.1. El artículo 314 de la Constitución antes de la expedición del Acto Legislativo 02 de 2002.

La Constitución en su redacción original establecía:

“En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para periodos de tres años, no reelegible para el periodo siguiente.

El Presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes.

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esa atribución”.

Como se aprecia, nada dispuso en relación con el nombramiento de alcaldes interinos cuando se producía una falta absoluta, tema que se reguló en la Ley 136 de 1994.

2.3.2. Circunstancias de la expedición del artículo 106 de la Ley 136 de 1994.

El texto de la norma es el siguiente:

“El Presidente de la República, en relación con el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y los gobernadores con respecto a los demás municipios, para los casos de falta absoluta o suspensión, designarán alcalde del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que para el efecto presente el movimiento al cual pertenezca en el momento de la elección.

Si la falta fuere temporal, excepto la suspensión, el alcalde encargará de sus funciones a uno de los secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere hacerlo, el secretario de gobierno o único del lugar asumirá las funciones mientras el titular se reintegra o encarga a uno de sus secretarios.

El alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del voto programático”.

Para su interpretación deben tenerse en cuenta las circunstancias vigentes cuando fue expedida esta norma.

Antes de la vigencia del Acto Legislativo 02 de 2002, según la norma transcrita y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los mandatarios municipales siempre eran elegidos popularmente y el nombramiento solo se preveía para evitar que la administración quedara acéfala mientras el nuevo elegido asumía el cargo.

En la Sentencia C-011 de 1994, mediante la cual se cumplió el estudio de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria “por el cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones”, identificado con los números 163 de 1992 en el Senado de la República y 254 de 1993 en la Cámara de Representantes, el tribunal constitucional señaló:

“Cosa distinta es que estos funcionarios puedan ser nombrados interinamente por el Presidente de la República, o por el respectivo gobernador, según el caso, en los términos del artículo 14 del proyecto. Es claro que se trata con ello de evitar el vacío de poder que pudiera presentarse en el respectivo departamento o municipio, una vez producida la falta del mandatario, y mientras se procede a la elección de quien haya de reemplazarlo, con los traumatismos que de tal situación lógicamente se derivarían. Pero de ahí a facultar al Presidente de la República, o a los gobernadores, para designar en propiedad, hasta el término del periodo, a gobernadores o alcaldes, hay una gran distancia. Con el cambio de régimen que en esta materia se produjo primero en la reforma constitucional de 1986, y luego en la nueva Constitución, lo que se ha querido es que la provisión de los cargos de alcalde o de gobernador por nombramiento por parte de una autoridad ejecutiva de mayor jerarquía, sea tan solo un hecho excepcional. La disposición contenida en el artículo 15 sub examine, va en contravía de tan manifiesta intención, y, por ende, resulta violatoria de la Constitución.

La consecuencia lógica de esta inconstitucionalidad es, naturalmente, la de que también en la eventualidad prevista en el artículo 15, deben realizarse elecciones en el respectivo departamento o municipio, para reemplazar al gobernador o alcalde cuyo mandato hubiere sido revocado, aun cuando hubieren transcurrido dos años desde su fecha de posesión. Ello sin perjuicio, claro, de que en el interín, la autoridad correspondiente pueda nombrar, con carácter provisional, al gobernador o alcalde encargados, mientras se efectúa, dentro de los términos legales, la nueva elección. Dicho nombramiento debe ceñirse, por lo demás, a la condición fijada para el efecto por la ley, es decir, que para él se tenga en cuenta el grupo, movimiento, sector o partido político del mandatario revocado”.

En este pronunciamiento la Corte Constitucional aclaró que siempre que se producía falta absoluta de los gobernadores o alcaldes, su reemplazo era elegido popularmente y que el nombramiento solamente se efectuaba de manera interina.

En la Sentencia C-448 de 1997, a propósito de una acción pública de inconstitucionalidad contra algunas expresiones de los artículos 36 y 48 del Decreto 1421 de 1993 y, apartes de los artículos 85 y 107 de la Ley 136 de 1994, la Corte Constitucional consideró:

“14. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que en todos los casos de vacancia absoluta, los alcaldes deben ser elegidos por voto popular, no solo como consecuencia de las claras reglas establecidas por los artículos 260 y 365 de la Carta sino también como lógica expresión de la soberanía popular y la democracia participativa, principios constitutivos de nuestro ordenamiento constitucional (C.P., arts. 1º y 3º) (…).

(…).

16. Como es obvio, estas consideraciones no significan que, con el fin de evitar vacíos de autoridad, la ley no pueda regular nombramientos provisionales de los alcaldes, mientras se adelantan todos los pasos necesarios para realizar la nueva elección del mandatario local. En este caso encuentra plena aplicación el citado artículo 293 superior, puesto que la Constitución no establece una regla específica sobre la forma de llenar temporalmente las vacancias absolutas. Por ello esta corporación ya había mostrado la diferencia entre los nombramientos provisionales en estos casos, cuya regulación corresponde a la ley (C.P., art. 293), y la designación en propiedad, que constitucionalmente solo puede tener origen popular (C.P., arts. 260 y 314)”.

Esta providencia ratifica la tesis esbozada en la sentencia antes citada y agrega que la ley regulará lo atinente a los nombramientos en interinidad.

Así las cosas, y comoquiera que ante cualquier evento que configurara falta absoluta —en ese entonces— se convocaba a elección de alcaldes, la aplicación del artículo 106 de la Ley 136 de 1994 solo obedecía a la designación de manera interina para evitar vacío de poder mientras tomaban posesión los elegidos popularmente.

2.3.3. Antecedentes del artículo 314 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 02 de 2002.

Con la modificación efectuada por el Acto Legislativo 02 de 2002, el texto del artículo 314 de la Constitución es el siguiente:

“En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para periodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente.

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del periodo, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde para lo que reste del periodo, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

El Presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes.

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución”.

La citada reforma tuvo origen en el proyecto de acto legislativo número 91 de 2001- Cámara, que tuvo como una de sus motivaciones la necesidad “de establecer periodos institucionales de cuatro años para gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles” porque “de no ser así, no estará lejos el día en que el país tenga elecciones diariamente para elegir los 1.170 alcaldes de igual número de municipios, lo cual desarticula el sistema electoral como viene sucediendo”(3).

En el informe de ponencia para primer debate en el Senado de la República al proyecto de acto legislativo 09 de 2001 Senado, 091 de 2001 Cámara, el senador Héctor Helí Rojas manifestó:

“Nos parece que no requiere mayor argumentación respaldar la necesidad de señalar constitucionalmente que los periodos de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, deben ser institucionales y no personales. Razones de orden económico y graves controversias jurídicas en la jurisprudencia de las altas cortes exigen un pronunciamiento del Congreso al respecto. No parece lógico que una administración nacional que requiere actuar conforme a los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia en los órdenes nacional, departamental y municipal, no se estructure con el criterio de que todos los funcionarios de esos niveles deben tener periodos que coincidan al menos en la época, sino en el día exacto, en su iniciación y terminación para poder armonizar las políticas, los programas y la actividad al servicio de la comunidad”(4).

En el informe de ponencia para segundo debate en segunda vuelta, los representantes Joaquín José Vives, Gustavo Moreno Porras, Reginaldo Montes, Iván Díaz Mateus, William Vélez Mesa y Luis Fernando Velasco expresaron:

“Busca la iniciativa poner fin a la controversia generada por los reiterados fallos de la Corte Constitucional (C-11/94, C-107/95, C-194-97, C-586/95, C-457/98, SU-168/99, SU-172/00, C-844/00, T-441/01) en virtud de los cuales se interpreta que los periodos de los gobernadores y alcaldes son de carácter personal, de manera que ante la falta absoluta de ellos, cualquiera sea el tiempo transcurrido, deberá convocarse a elección para iniciar un nuevo periodo.

Este entendimiento ha hecho nugatorio el valor del voto programático que compromete más allá de las personas, a la administración departamental, distrital y municipal con un programa de gobierno estable. Desbarata entonces, la decisión popular de trabajar bajo determinada brújula ideológica por la sola desaparición del gobernante, sometiendo el destino de la población a la ineficacia sempiterna de las políticas cambiantes.

(…).

La necesidad de garantizar el desarrollo del compromiso que genera el voto programático con la comunidad, de ahorrar costos a la Organización Electoral y de recuperar la seguridad jurídica, nos llevan nuevamente a impulsar la idea de institucionalizar los períodos de los gobernadores y alcaldes”.

A esta altura del trámite, se dio la siguiente discusión:

“Intervención del Representante Luis Fernando Velasco:

Cuando se produzca una falta de autoridad local, o de gobernador, en una fecha muy cercana, 12 meses, 11 meses, 5 meses, al 31 de diciembre de 2007, consideramos nosotros que no se justifica generar una nueva elección y se autoriza en ese caso, como hoy sucede al gobernador o al Presidente, para tomar la decisión, claro, respetando unos criterios de partido, etc., de el (sic) grupo al cual se haya inscrito.

Intervención del honorable Representante Gustavo de Jesús López Cortés:

Señor Presidente y distinguidos colegas de la Cámara, he venido escuchando con mucha atención el análisis de estos dos artículos y me preocupa una circunstancia que la quiero colocar a análisis de la honorable Cámara y que consiste, cuando se trata de nombrar por el Presidente al gobernador, o por el gobernador al alcalde cuando el periodo es menor de 18 meses, allí no dice, que se nombrará del mismo partido o movimiento político y esa fue una gran lucha que se dio en la Constitución de 1991, de manera que si se deja allí sin esa manifestación expresa, el Presidente que esté en el momento, o el gobernador que esté en el momento cuando le corresponda hacer ese nombramiento para gobernador o para alcalde en su caso correspondiente, pues lo nombrará de acuerdo a su circunstancia y no atendiendo un mandato constitucional que sería dando esa directriz del mismo partido o movimiento político. Me parece que se deberá dejar expresa esa manifestación señor Presidente, y distinguidos colegas.

Intervención del honorable representante Joaquín José Vives Pérez:

Gracias Presidente, representante López, el tema que a usted le preocupa es de regulación estrictamente legal. Hoy está regulado en la ley, ese tema no está regulado constitucionalmente e igualmente la propuesta de acto legislativo pretende que sea la ley quien lo regule; por demás para nosotros sin querer a entrar a regular esta situación es obvio que quien entre a terminar un periodo tiene que hacerlo para cumplir un programa de gobierno, derivado del voto programático no por lo tanto tiene que reflejar la misma orientación política de quienes lo propusieron y de quienes ganaron; pero a nuestro juicio ese es un tema estrictamente legal, es más le diría, automáticamente en el tema del alcalde la regulación legal actual se aplicaría, automáticamente habría que hacerla para el tema de los gobernadores que no existe”(5).

Los senadores José Renán Trujillo García y Héctor Helí Rojas Jiménez en su informe de ponencia para segundo debate en la segunda vuelta en el Senado de la República sostuvieron:

“Como se ha insistido, en los siete debates anteriores, resulta conveniente para el buen funcionamiento de la administración territorial que el periodo de los alcaldes y gobernadores, sea institucional y no personal. Infortunados y contradictorios fallos de nuestras altas cortes han llevado al caos en materia de elección de mandatarios seccionales: con impresionantes costos logísticos y de seguridad, casi cada semana se elige un alcalde en algún municipio del país, para un periodo personal de tres años, sin mirar ni el nivel departamental, ni el nacional, ni la coordinación y concurrencia que con ellos debe operar ni mucho menos la articulación de las entidades territoriales con las políticas nacionales.

Lo conducente es institucionalizar los periodos, para que en un solo día, en todo el país, se elijan mandatarios seccionales y locales”(6).

Del proceso para la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2002 se pueden extraer entonces las siguientes conclusiones acerca de sus finalidades:

• Institucionalizar los periodos de los gobernadores y alcaldes, en lugar de los periodos personales.

• Evitar las elecciones frecuentes en aras de evitar la “desarticulación del sistema electoral”.

• Hacer coincidir los periodos de los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales para garantizar la coordinación, subsidiariedad y concurrencia en los órdenes nacional, departamental y municipal.

• Garantizar el desarrollo del compromiso que genera el voto programático con la comunidad.

• Asegurar que cuando ocurra una falta absoluta y no se deba efectuar elección para reemplazar al gobernador o el alcalde, se respeten “criterios de partido” para la designación.

• No consta nada en relación con los nombramientos en interinidad de gobernadores y alcaldes en el lapso comprendido entre la falta absoluta y la elección del reemplazo.

2.3.4. Conclusión respecto del marco jurídico.

De lo hasta aquí explicado se concluye que la solución contemplada por el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 sigue siendo igualmente válida después de la vigencia del Acto Legislativo 02 de 2002 cuando se presente falta absoluta que deba suplirse con una nueva elección, es decir cuando la falta se presente “a más de dieciocho 18 meses de la terminación del periodo” y haya necesidad de nombrar un alcalde interino mientras se llena la vacancia por elección popular.

En consecuencia, deben los gobernadores designar como encargado un alcalde del mismo movimiento y filiación política del que se reemplaza, de terna que para el efecto presente el movimiento al cual pertenecía en el momento de la elección.

Además el alcalde designado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del voto programático.

2.4. De la inconstitucionalidad observada por el a quo.

El Tribunal Administrativo del Cesar concluyó que la disposición aplicable es la contenida en el artículo 314 superior, toda vez que la norma legal es inconstitucional porque “contiene una regla de procedimiento que, a pesar de inspirarse en el respeto al movimiento o filiación política del titular, difiere en gran medida de la finalidad y del contenido normativo de la reforma constitucional introducida mediante el Acto Legislativo 002 de 2002, consistente en la diferenciación de los dos postulados a presentarse en caso de que sobrevenga una falta absoluta y la escogencia por parte del gobernador del nuevo alcalde, cual es la de que si falta más de 18 meses para el vencimiento del periodo, el gobernador no está en la obligación de nombrar a un alcalde como consecuencia de esa falta absoluta, respetando el partido o movimiento político del alcalde saliente, como sí lo debe hacer si el periodo faltante es inferior a los 18 meses”.

Para llegar a tal conclusión se amparó en la sentencia de tutela de la Corte Constitucional T-116 del 12 de febrero de 2004, dictada en el expediente T-789355 —que se refiere a la designación del alcalde de Tumaco por parte del gobernador de Nariño— sobre lo cual es preciso anotar que la Sección Quinta en reiterados pronunciamientos sobre los fallos de tutela como precedente judicial en procesos electorales, ha dicho:

“Al respecto, basta con señalar que el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de administración de justicia, precisa que las sentencias dictadas en los procesos de tutela “… tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación solo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”. Por tanto, lo dispuesto y discurrido en aquel fallo solo opera frente al caso particular y concreto allá definido, no respecto de la legalidad del acto aquí demandado. En este sentido, la petición es jurídicamente inadmisible”(7).

El a quo también citó como antecedente el fallo de la Sección Quinta del 17 de marzo de 2005, con radicación 2003-00481, sobre el que la Sala advierte que se refiere a una situación fáctica diferente a la que se analiza en esta providencia, toda vez que el pronunciamiento recayó sobre el acto administrativo de “designación del señor Víctor Aguirre Albán como alcalde del municipio de Tumaco, por lo que restaba del periodo” (es decir cuando faltaba menos de 18 meses) y no sobre el nombramiento de mandatarios municipales mientras toma posesión el elegido popularmente, razón por la que no constituye un precedente para la litis.

Contrario a la posición adoptada por el tribunal, la Sala destaca la sentencia del 6 de julio del 2006 dictada por esta sección, a pesar de que se refiere al nombramiento en interinidad de un gobernador, dada su similitud fáctica:

“… el propósito del constituyente, a través de la reforma política, como se dijo, fue el de fortalecer los partidos o movimientos políticos a través del cumplido desarrollo y correcta ejecución de sus propios programas inscritos, para el certamen electoral, con sus respectivos candidatos, puestos a consideración de sus conciudadanos, para ser refrendados en las urnas por el voto popular, cuya continuidad en su desarrollo y ejecución implica la permanencia en el poder, del movimiento o partido político que ganó las elecciones con su respectivo candidato y su propio programa, para garantizar su cumplimiento hasta su terminación; lo cual se distorsionaría si persona ajena a su pensamiento y orientación llegara a la gobernación, así fuera por un periodo muy corto.

La teleología entonces, de la norma constitucional no puede ser distinta y, en consecuencia, la solución debe ser la misma.

De esta manera entiende la Sala que en estos casos, como en los demás de su estirpe, el señor Presidente de la República o quien como delegatario de funciones presidenciales, debe hacer la designación de gobernador en interinidad, mientras se elige nuevo mandatario departamental, está obligado a respetar el programa que el pueblo impuso al candidato elegido y a garantizar su cumplimiento, para lo cual deberá designar como tal a un miembro del partido, movimiento político o coalición que llevó a la gobernación al candidato cuya elección fue anulada por decisión judicial, dando cumplida aplicación al sentido teleológico que contiene el artículo 1º in fine del Acto Legislativo 2 de 2002, reformatorio del 303 de la Carta Política. 

4. En estas condiciones, estima la Sala que la aplicación de esta hermenéutica jurídica, es la más acorde con su pensamiento y orientación y con la situación misma, en tanto no solo armoniza con el principio democrático sino que garantiza el respeto por la decisión mayoritaria tomada por los ciudadanos en las urnas durante las justas electorales y protege la autonomía de los entes territoriales, una de cuyas manifestaciones, es precisamente el derecho a escoger sus propios gobernantes en ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos y de hacerse representar políticamente a través de su propia agrupación, movimiento o partido político, lo mismo que sus intereses de permanencia y de representación popular expresada en las urnas”(8) (destacado fuera del texto).

Ahora bien, sobre la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional ha precisado:

“(…) la Corte ha sostenido que para que surja en el operador jurídico la facultad de aplicar la figura de la excepción de inconstitucionalidad es menester que la incompatibilidad de la norma inaplicada con la Constitución Política sea evidente. Es decir, es necesario que de una primera revisión surja para el intérprete la inequívoca conclusión de que la norma revisada se encuentra en contravía de los principios y mandatos superiores”(9).

En consecuencia, una norma legal solamente podrá considerarse como insubsistente siempre que sea claramente contraria a la letra o el espíritu de la Constitución.

Entonces, debe la sala establecer en primer lugar si efectivamente existe una incompatibilidad o contrariedad del artículo 106 ibídem con el artículo 314 de la Constitución modificado por el Acto Legislativo 02 de 2002.

Para ello, es necesario advertir que la norma constitucional sobre la manera de suplir las vacantes absolutas de los alcaldes regula dos posibilidades:

• Cuando se presenta a más de 18 meses de la terminación del periodo, caso en el cual se elegirá alcalde para el tiempo que reste.

• Cuando ocurre y faltan menos de 18 meses para la terminación del periodo, evento en el cual el gobernador designará un alcalde para lo que resta del periodo, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

Como se observa, la Constitución no se detiene en el nombramiento del alcalde en interinidad mientras toma posesión el elegido popularmente, que es precisamente el caso sub examine.

Por otro lado, el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 refuerza el papel de los partidos y el voto programático al disponer expresamente que el “designado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del alcalde elegido por voto popular” lo que es precisamente una de las finalidades de la reforma introducida por el Acto Legislativo 02 de 2002, según se desprende de la historia de su aprobación ya reseñada.

Así las cosas, no se puede concluir que exista una contradicción entre el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 314 de la Constitución Política que justifique su inaplicación.

2.5. El caso concreto.

Se encuentra probado que el gobernador del Cesar expidió el Decreto 000245 del 4 de agosto de 2009 mediante el cual: i) declaró la vacancia del cargo de alcalde de Valledupar con ocasión de la sentencia del Consejo de Estado que confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar que declaró la nulidad de la elección del señor Rubén Alfredo Carvajal, ii) designó como alcalde interino de Valledupar al señor Carlos Arturo Aragón sin tener en cuenta lo previsto por el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 al considerar que “no es la situación que corresponde al caso que nos ocupa”, y iii) dispuso coordinar con las autoridades electorales los aspectos logísticos para establecer la fecha de las elecciones correspondientes.

Por lo tanto, esta Sala, con base en el decreto, precisa que el gobernador del Cesar no tuvo en cuenta lo previsto por el artículo 106 de la Ley 136 de 1994 que impone que “El Presidente de la República, en relación con el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y los gobernadores con respecto a los demás municipios, para los casos de falta absoluta o suspensión, designarán alcalde del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que para el efecto presente el movimiento al cual pertenezca en el momento de la elección”.

En consecuencia, se revocará la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar y declarará la nulidad del artículo segundo del Decreto 000245 del 4 de agosto de 2009 expedido por el gobernador del Cesar, por lo que la Sala se encuentra relevada de analizar el cargo de falta de la publicación del acto, que según el actor no fue estudiado por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia dictada el por el Tribunal Administrativo del Cesar el 24 de junio de 2010 que negó las súplicas de la demanda y en su lugar, DECLÁRASE la nulidad del artículo segundo del Decreto 000245 del 4 de agosto de 2009 expedido por el gobernador del Cesar “Por el cual se declara la vacancia del cargo de alcalde en el municipio de Valledupar, se hace una designación y se dictan otras disposiciones”.

2. COMUNÍQUESE esta decisión al gobernador del departamento del Cesar para lo de su competencia.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Causales de falta absoluta establecidas en el artículo 98 de la Ley 136 de 1994.

(3) Gaceta del Congreso 511 de 2001.

(4) Gaceta del Congreso 632 de 2001.

(5) Gaceta del Congreso 267 de 2002.

(6) Gaceta del Congreso 232 de 2002.

(7) Ver entre otras, la sentencia del 17 de junio de 2010, radicado 2009-0027.

(8) Radicación 11001-03-28-000-2005-00022-01(3883).

(9) Corte Constitucional. Sentencia T-221 del 23 de marzo de 2006.