Sentencia 2009-00330/47745 de diciembre 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 50001-23-31-000-2009-00330-01 (47745)

Actor: JEPM

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Bogotá D.C., diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales.

jurisdicción y competencia.

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente.

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal o un acto administrativo(3), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 C.C.A.).

Demanda en tiempo.

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(4).

La demanda se interpuso en tiempo —13 de octubre de 2006— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 16 de noviembre de 2004, fecha en que quedó en firme la sentencia que lo absolvió [hecho probado 5.4].

Legitimación en la causa.

4. JEPM es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que es el sujeto pasivo de la investigación penal. La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva pues fue la entidad encargada de captura, investigación y medida de aseguramiento.

II. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la conducta de la víctima dio lugar a la privación de su libertad.

III. Análisis de la Sala.

Hechos probados.

5. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

5.1. El 29 de septiembre de 2003, la fiscalía seccional de La Ceja, Antioquia, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva contra JEPM, sindicado del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esa fecha (fls. 31 a 36, c. 1).

5.2. El 1º de octubre 2003, JEPM compareció a la fiscalía seccional de La Ceja, allí se hizo efectiva la medida de detención preventiva y fue capturado, según da cuenta la certificación emitida por el juzgado penal del circuito La Ceja, Antioquia (fls. 238 y 239, c.p.).

5.3. El 11 de noviembre de 2003, la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la medida de aseguramiento, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esa fecha (fls. 37 a 43, c. 1).

5.4. El 28 de octubre de 2004, el juzgado penal del circuito de La Ceja, Antioquia, absolvió por atipicidad de la conducta a JEPM y ordenó su libertad, según da cuenta copia auténtica de la sentencia de esa fecha (fls. 44 a 58, c. 1). La providencia quedó ejecutoriada el 16 de noviembre de 2004, según da cuenta la certificación de la secretaria del juzgado penal del circuito de La Ceja (fl. 243, c.p.).

5.5. El 10 de noviembre de 2004, JEPM recobró su libertad, según da cuenta copia auténtica de la boleta de libertad (fl. 242, c.p.).

Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad en eventos de privación de la libertad.

6. El daño está demostrado porque JEPM estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 1º de octubre de 2003 hasta el 10 de noviembre de 2004 [hechos probados 5.1, 5.2 y 5.5].

7. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(5) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo,(6) con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 CN(7).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(8).

8. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la non reformatio in peius.

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima(9). Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se acrediten deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado.

Frente al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que esta participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño.

9. En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debida a la culpa exclusiva de la víctima, cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo. A su turno, el artículo 67 de la misma ley establece que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

A partir de lo prescrito por el artículo 63 del Código Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio(10).

La Sala, con arreglo a estas disposiciones, ha exonerado de responsabilidad al Estado en aquellos eventos en los cuales personas, que han sido privadas de la libertad y luego absueltas, contribuyeron con su actuación dolosa o gravemente culposa en la producción del daño.

Así, ha reconocido que las actuaciones previas de la víctima pudieron justificar su vinculación al proceso penal y la imposición de una medida de aseguramiento en su contra. En el ámbito de la culpa grave sostuvo, por ejemplo, que “el desorden y el desgreño generalizado que caracterizaron”(11) la labor de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación motivaron la investigación en su contra.

10. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que JEPM desplegó varias conductas determinantes para que se le dictara medida de aseguramiento y se le adelantara la investigación penal.

En efecto, la fiscalía seccional de La Ceja, Antioquia, dictó medida de aseguramiento contra JEPM por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, con fundamento en la denuncia presentada por el padre del menor CAG [hechos probados 5.1 y 5.2], quien lo señaló de realizar actos abusivos con el menor de edad, cuando este iba a reclamar su tarjeta de identidad en la Registraduría Municipal del Estado Civil. Así lo puso de relieve la providencia al indicar:

[…] Ciertamente CA estuvo solo, en la oficina de la Registraduría del Estado Civil del Retiro en la tarde del cinco de noviembre tal y como él y el propio sindicado lo refirieron; allí respondió a cada una de las preguntas que le hizo el servidor público, pese a que desde el inicio le acarició la mejilla y el mentón; cuando el registrador fue mucho más allá, y lo abrazó y lo besó y empezó a suspirarle en el oído, CA huyó de la oficina y de inmediato le relató lo ocurrido a su madre.

[…]

Don CE no ha tenido enfrentamientos de ninguna clase con quien denunció y el propio sindicado no conoce al menor ni a sus padres, por lo que pensar que la denuncia formulada en contra del señor registrador, obedezca a rencillas del pasado o persecución de cualquier índole, carece de fundamento dentro de la actuación. La magnífica relación que CA posee con sus padres, de acuerdo a lo que el propio JA puede observar a sus escasos once años, nos limitan en cuanto a la posibilidad que haya querido el menor reclamar atención de sus padres de tal forma.

El testimonio de CA es claro y lo manifestado por su padre al denunciar es una fiel reproducción de lo que él expresó en esta fiscalía seccional. CA ha relatado los hechos que vivió de una manera desprevenida y libre de intenciones malignas recónditas, por lo que hemos considerado veraz su dicho y sea dicho de paso, el que se trate de un menor de edad (menor de doce años), siempre que el legislador ha permitido su convocatoria y su testimonio resiste el análisis fundado en la sana crítica, tiene plena validez y pude ser el sustento a una aceptada decisión judicial […] (fls. 31 al 36, c. 1).

Ahora, el juzgado penal del circuito de La Ceja, Antioquia, absolvió a JEPM por atipicidad de la conducta, porque si bien el registrador tuvo un proceder inapropiado con el menor, este no tuvo una connotación sexual, pues los tocamientos no fueron efectuados en las partes íntimas del menor de edad:

[…] Redondeando todas estas ideas, no es que el despacho justifique o aplauda la actitud asumida por el funcionario investigado, por el contrario, ya se dijo que su comportamiento con el menor fue totalmente inadecuado e impropio de su cargo, pero de ahí a considerar que estas conductas tuvieron un tinte evidentemente sexual hay una gran distancia, en primer término, porque como ya se dijo los tocamientos no fueron dirigidos a zonas erógenas del cuerpo del joven y en segundo lugar porque no existe ninguna prueba de que el mencionado funcionario hubiera realizado tales actos con dolo de satisfacer su libido o iniciar al mozuelo en asuntos sexuales […]. (fls. 44 a 58, c. 1).

En consecuencia, en el proceso se acreditó el comportamiento gravemente culposo del sindicado, pues en su calidad de registrador municipal del Estado Civil trató inadecuadamente a un menor de edad, proceder abusivo y reprochable que propició que se le vinculara a una investigación penal para establecer si agredió la integridad sexual del menor.

Ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador no le era exigible una conducta diferente que la de ordenar la medida restrictiva de la libertad e investigar al sindicado con fundamento en los indicios y pruebas recolectadas que sugerían su responsabilidad en el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado.

En tal virtud, la Sala declarará la configuración de una causa extraña que impide que el daño antijurídico sea imputado a la demandada.

11. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 21 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.2.2].

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 [fundamento jurídico 5] y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354 [fundamento jurídico 2.3.2].

7 El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 3].

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960 [fundamento jurídico 3.3].

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad. 5.693.

10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, Rad. 39.404 [fundamento jurídico 16].

11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.3.2 y 2.3.3]. Se trató de una almacenista de la Dirección seccional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación, que fue privada de la libertad por la presunta comisión del delito de peculado de apropiación a raíz del faltante que se detectó en el almacén que estaba a su cargo.