Sentencia 2009-00333/41287 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 47001-23-31-000-2009-00333-01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Exp.: 41287

Actores: Mónica Rodríguez Rodríguez

Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Temas: Accidente de tránsito. Improcedencia de imputación del daño a la Policía Nacional por falla del servicio, no se acreditó que hubiere faltado a sus deberes de señalización vial ante la existencia de un obstáculo en la carretera. Prueba trasladada de un proceso penal. Valoración de la prueba testimonial. Valor probatorio de la fotografías. Valoración de la indagatoria.

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

9. Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

10. El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación, en razón del recurso incoado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia según la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, fijada por la sumatoria de la totalidad de las pretensiones(1), supera la exigida por la norma para tal efecto(2).

11. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto la producción o fuente del daño alegado se atribuye a las acciones u omisiones presuntamente cometidas por la Nación representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, que, según la actora, le provocaron perjuicios morales y materiales que deben ser indemnizados integralmente.

12. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se destaca que si bien es cierto que no se encuentra probado que la señora Mónica Rodríguez Rodríguez sea la propietaria inscrita(3) del tracto camión de placas UQO 024, marca “International”, color rojo, motor Nº 684555 RA, serie Nº 6288648 RA, modelo 1982, pues en la Licencia de Tránsito aportada figura como propietario el señor Gilberto Palomino (fl. 81, c.1), no lo es menos que la actora sí acreditó su condición de poseedora, ya que dentro de las pruebas aportadas aparecen elementos que así lo indican, tales como: (i) que dicho vehículo fue enajenado por Gilberto Palomino a favor de Gustavo Rodríguez Forero mediante documento privado del 7 de septiembre de 2001 (fl. 77 – 78, c.1) y este a su vez se lo vendió a la demandante, señora Mónica Rodríguez por documento del 3 de marzo de 2007 (fl. 79 – 80, c.1); (ii) medios de prueba que dan cuenta que la explotación del tracto camión estaba a cargo de la señora Rodríguez, verbigracia los múltiples “documentos únicos de transporte” expedidos por la empresa Sánchez Polo S.A. (fls. 85 – 171, c.1); (iii) y el reconocimiento que tal empresa hace a la actora como dueña del referido tracto camión en certificación expedida el 27 de agosto de 2007(4) (fl. 84, c.1).

12.1 Así, pese a que no puede aseverarse que para la época de los hechos la demandante fuera la propietaria del vehículo en cuestión, sí está comprobado que era su poseedora y en esa medida se encuentra legitimada en la causa por activa.

13. Sobre la legitimación en la causa por pasiva se observa que el daño alegado en la demanda se le atribuye al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de modo que la Nación, representada por esa entidad, se tendrá legitimada como parte demandada en este proceso contencioso.

14. Concerniente a la caducidad, el ordenamiento consagra esta figura como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tiene la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel pierde la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

14.1 En este orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

14.2. En el presente caso, se tiene que el hecho que constituyó el daño —el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el tracto camión de placas UQO 024— se produjo el 16 de septiembre de 2007(5), por lo que en principio la demanda podía interponerse hasta el 17 de septiembre de 2009. No obstante, por disposición del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, el referido término fue suspendido desde el 15 de septiembre de 2009, con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial radicada ante la Procuraduría Judicial Nº 43 de Santa Marta (fl. 23, c.1), hasta el 18 de noviembre de 2009, cuando se celebró la respectiva audiencia de conciliación y se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio (fl. 24, c.1). Así, dado que faltaban dos días para expirar el término de caducidad, el término se extendió hasta el 20 de noviembre de 2009 y comoquiera que la demanda se radicó el 19 de noviembre de 2009, esta se interpuso dentro del término legal de dos años que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

15. La Sala deberá determinar si el daño invocado en la demanda, es decir, la pérdida por daños del tracto camión de placas UQO 024 y los consecuenciales perjuicios materiales y morales sufridos por la señora Mónica Rodríguez Rodríguez, son imputables a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

III Validez de los medios de prueba

16. De las pruebas trasladadas. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo en atención a lo establecido en el artículo 267 del CCA, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse y serán apreciables sin mayores formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En consecuencia, las piezas procesales que hacen parte del proceso penal radicado bajo el Nº 57744 adelantado por la Fiscalía 26 Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación – Magdalena, con ocasión del fallecimiento del señor Jorge Enrique Bedoya Ramos en el accidente donde se vio involucrado el vehículo de la demandante, cuya copia fue decretada y aportada dentro de este proceso, serán valoradas por la Sala, dado que fueron surtidas con audiencia de la entidad demandada en este caso, pues se trata de una investigación que adelantó la Nación a través de la Fiscalía General de la Nación, persona jurídica de la que también hace parte la Policía Nacional(6).

16.1. Frente a las fotografías aportadas por la parte actora con la demanda (fl. 172 – 176, c.1), la Sala debe resaltar que el Consejo de Estado ha afirmado estas carecen de valor probatorio(7), cuando solo dan cuenta del registro de varias imágenes sobre las que resulta imposible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas o documentadas; igualmente cuando no son reconocidas ni ratificadas dentro del proceso, o no es posible cotejarlas con otros medios de prueba.

16.2. Así, para el caso concreto, le corresponderá a la Sala verificar el valor probatorio de las fotografías aportadas con la demanda al momento de analizar el caso concreto, para lo cual estudiará en su debido momento si estas en realidad cumplen los presupuestos exigidos para su apreciación, esto es, si se logra constatar que estas cumplen con los presupuestos de tiempo, modo y lugar que generen convicción respecto de lo que se pretende probar(8).

16.3. De la indagatoria. Frente a la valoración de la diligencia de indagatoria, se ha indicado, prima facie, que no es posible considerarla como medio de prueba para fines de estudiar la responsabilidad extracontractual del estado, porque no se practica bajo el apremio del juramento, requisito indispensable para para que pueda considerarse como testimonial, siendo deber del juez preservar la garantía constitucional de la no autoincriminación(9).

16.4. No obstante, como excepción a la anterior regla, la Sala ha sostenido que es posible valorar la indagatoria en el juicio de responsabilidad estatal, en los siguientes casos:

i) Cuando la indagatoria se equipara al testimonio al surtirse el trámite de la ratificación mediante juramento en el trámite contencioso administrativo(10); ii) cuando los indagados consientan hacer afirmaciones bajo la gravedad del juramento y se satisfagan los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia(11). Además, la Sala ha dicho que es posible valorar la indagatoria y otorgarle mérito probatorio siempre y cuando(12): i) se advierta que son indispensables para realizar un análisis integral del caso; ii) no se constituya en la única prueba que defina la responsabilidad administrativa y extracontractual del Estado; iii) coincidan con lo acreditado a través de otros medios de convicción; iv) hayan sido tenidas en cuenta como medios de prueba en procesos foráneos en los cuales fueron recaudadas y no hayan sido desestimadas por presiones indebidas o vulneraciones a derechos fundamentales, con el agregado que si la declaración es de quien es parte en el trámite contencioso administrativo, solo se acordará credibilidad probatoria en lo desfavorable, puesto que podría eventualmente verse beneficiada por la sentencia favorable que eventualmente se profiera como conclusión del presente litigio(13).

16.5. Así las cosas, dentro del presente proceso reposa la copia de la diligencia de indagatoria rendida por el señor Félix Ernesto Riveros (fls. 280 - 283, c.1), dentro del proceso penal Nº 57744, adelantado en su contra por el delito de homicidio culposo, misma que si bien se rindió libre de apremio y juramento, la Sala considera indispensable para el análisis integral del caso, no constituye la única prueba para predicar la posible responsabilidad de la Administración o su absolución, y concuerda con otros elementos de prueba aportados al expediente.

IV. Hechos probados

17. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

17.1. Según informe suscrito el 17 de septiembre de 2007 por el Patrullero Jorge Ignacio Marín López de la Dirección de Tránsito y Transporte – Grupo Unir Fundación, el 16 de septiembre de ese año, a las 12.20 horas, en cercanías del Municipio de Fundación, se produjo un accidente donde se vieron involucrados tres vehículos, así: el vehículo Nº 1, el tracto camión de marca “International”, modelo 1982, de placas UQO-024 (cuya poseedora es la actora), conducido por el señor Félix Ernesto Riveros y afiliado a la empresa Carbones del Cerrejón; el vehículo Nº 2, el tracto camión de marca “Chevrolet Súper Brigadier”, de placas SFD-495, conducido por el señor Leonidas Villamizar Rodríguez, afiliado a la empresa “Transportes la Flecha” y de propiedad de la señora Olfa Edilia Luengas Velandia; y el vehículo Nº 3, un tracto camión marca “Chevrolet Súper Brigadier”, de placas WSJ 724, conducido por José Benjamín Cabra, afiliado a la empresa Transportes Transmucar y de propiedad de la señora Olfa Edilia Luengas Velandia. En el referido informe el patrullero manifestó (fl. 240 – 241, c.1):

Siendo aproximadamente las 12:20 horas de (sic) día 16 de septiembre de 2007 se presentó accidente de tránsito a la altura de (sic) kilómetro 30+800 metros donde el vehículo Nº 1 colisionó bruscamente con el vehículo Nº 2 y este a su vez con el vehículo Nº 3. Los hechos ocurrieron en momentos en que el vehículo Nº 2 que se encontraba fuera de la vía porque el día anterior había sufrido volcamiento lateral. Se había iniciado las labores para iniciar la salida del vehículo antes mencionado con todas las medidas de seguridad de parte tanto de los propietarios del vehículo como del personal de la empresa Sánchez Polo y la policía de carreteras quienes estábamos en el lugar de los hechos realizando las respectivas señales para la movilización de los vehículos que transitaban por la vía, utilizando conos a más o menos 100 metro de distancia y donde también se encontraba el señor patrullero Gonzales Fuentes Fabián haciendo una señalización con una paleta de “pare y siga” utilizada para estos casos, del otro extremo nos encontrábamos el señor Rafael Martínez supervisor de Sánchez Polo y yo patrullero Marín Lopez Jorge haciendo utilización de los mismos elementos. En el momento en que procedimos a dar vía para que los vehículos que de Fundación se dirigen para el Copey más específicamente el vehículo 3 se escuchó un estruendo. La versión de las personas que se encontraban del otro lado es que el vehículo Nº 1 venía haciéndole señas con las manos al policial y a las personas que allí se encontraban al parecer porque se había quedado sin frenos. Al preguntársele al conductor del vehículo Nº 1 dijo que él vio las señales impartidas por el policía pero cuando intentó frenar sintió que una manguera de frenos se había roto.

17.1.2. En el mismo informe se puso de presente que a partir del accidente falleció el señor Jorge Enrique Bedoya Ramos y resultó herido Adalberto Enrique Feria.

17.2. La anterior prueba se complementa con el “Informe Policial de Accidentes” (“croquis”) de fecha 16 de septiembre de 2007, suscrito por el policial Jorge Ignacio Marín, donde se consideró como posible causa del accidente “fallas en los frenos y exceso de velocidad” del vehículo Nº 1. (fl. 266 – 269, c.1).

17.3. Comoquiera que en el referido accidente se produjo la muerte de una persona —del señor Jorge Enrique Bedoya Ramos— el 17 de septiembre de 2007 la Fiscalía 26 Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación – Magdalena dio inicio a una investigación en contra del señor Félix Ernesto Riveros, quien conducía el tracto camión de placas UQO-024, por el presunto delito de homicidio culposo (fl. 277, c.1).

17.4. En consecuencia, el 18 de septiembre de 2007, el señor Félix Ernesto Riveros rindió indagatoria ante la Fiscalía 26 Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación – Magdalena, así:

Contestó: Sí sé por qué estoy declarando aquí es por el accidente de una Mula de Placa UQO-024 venía de la Loma del Potrerillo hacia Santa Marta, cargada de Carbón, en la curva que se encuentra a la entrada de Fundación, estaba una Mula que la estaban sacando, estaba en L, el Trailer estaba atravesado en la carretera y la Cabina estaba a la orilla de la carretera, no había señalización de ninguna clase. Yo venía aproximadamente a unos cincuenta kilómetros por hora, y a unos cincuenta metros no pude sostener la Mula que conducía ya que traía una (sic) 36 y media toneladas de Carbón, le pegué a la otra Mula es decir la que estaba atravesada por el lado de la parte de atrás. Yo mandé un cambio pero no alcancé a parara (sic) porque me encontraba muy encima de la Mula, en esos momento (sic) se presentó un Policía de Carreteras y fue él que me dijo que había un muerto. Yo no lo vi y que era una persona que estaba cerca de la Mula que se encontraba atravesada, que era el conductor de la Grúa que estaba sacando a la Mula, eso es lo que yo sé, no más nada (…) Preguntado: Diga si usted se percató a qué velocidad venía la Mula que usted conduce y que según su decir colisionó con la parte trasera del vehículo que estaba atravesado, así mismo nos dirá por qué motivos cree usted que se haya producido este accidente. Contestó: Yo venía a unos cincuenta kilómetros por hora, pero cuando yo le pego ya venía a unos treinta kilómetros, y el accidente se produce por no haber señalización, y si no le quito la velocidad yo también me hubiera matado. Preguntado: Qué tiene que decir el indagado (…) del informe sin número calendado el 17 de los corrientes sin firma del patrullero Marín Lopez Jorge Ignacio (…) Contestó: Cuando pasó el accidente no había señales, allí estaba don Eduardo Perea, Orlando Muñoz, Miguel Bustamante, ellos pueden decir que no había señalización cuando hubo el impacto de la Mula que yo conduzco con la otra, ahí fue cuando yo paré, y como la Mula no respondió al cambio que le coloco (sic) para haber (sic) si se paraba, yo le dije a los agentes que se quitaran por no haber mucha distancia, háganse a un lado les dije, y fue cuando paré contra la otra mula, y lo de la manguera fue que el policía de carreteras me preguntó por una manguera y yo le dije que esta estaba ahí desde hace rato. Yo pensé que era que había quedado sin frenos pero no era eso (…) (Se resalta).

17.5. Dentro dicho proceso, también rindió testimonio el señor Adalberto Enrique Feria Pájaro, quien en declaración del 3 de diciembre de 2007 rendida ante la Fiscalía 26 Seccional de Fundación, expresó (fl. 336 – 338, c.1):

Contestó: Yo estuve presente en el hecho, eran como las doce y veinte del día, yo fui contratado por Adrián Quiroz para descargar una mula que se había volteado en el lugar donde se presentó el accidente, eso queda como a ochocientos metros después de la vial (sic). Entiendo que la mula se había volteado uno o dos días antes eso me informaron y llegamos como diez personas a descargar la mula del carbón (…) el accidente se presenta como a las doce y veinte, la policía empezó a controlar el tráfico, habían conos en la curva de la carretera color salmón, ya la policía tenía horas de estar controlando el tráfico, el señor de la grúa que e.p.d (sic) Jorge Bedoya Ramos a bordo de la grúa primero endereza la mula emparejándola (…) entonces el tráiler queda sobre la carretera y el cabezote fuera de la carretera, en esos momentos el señor Jorge Bedoya Ramos se baja de la grúa y pide un machete para limpiar el lugar (…) cuando me disponía a hacerlo sentí el impacto y fui lanzado hasta la cabina (…) Preguntado: Díganos qué tipo de señales observó usted en el lugar que indicaran que había un obstáculo en la carretera (…) Contestó: Habían conos en su señalización normal y cuatro policía (sic) que tenían tabletas de pare y siga, habían dos cerquita de nosotros controlando el tráfico y habían otros delante de la curva controlando el tráfico también. Preguntado: Cómo era el estado de la carretera en el lugar, las condiciones de visibilidad. Contestó: la carretera estaba buena, pero ese día había amanecido lloviendo y la carretera estaba húmeda, a la hora que se presentó el accidente no estaba lloviendo, el único obstáculo en la carretera era el tráiler que ocupaba parte de la vía, pero estaba controlada la situación por la policía (…)

17.6. En diligencia de reconstrucción realizada el 6 de mayo de 2008 en el lugar de los hechos, la Fiscalía 27 Seccional de Fundación Magdalena recibió la declaración juramentada del señor Alberto Castellanos Luengas, quien dijo ser testigo presencial de los hechos, manifestó (fl. 362 – 364, c.1):

(…) llegué al lugar de los hechos a las 9 aproximadamente de la (sic) a esa hora se encontrava (sic) el señor RAFEL (sic) de Sánchez Polo, con una cuadrilla de cotero (sic) terminando de sacar el carbón de la mula accidentada, en ese momento yo tomé lavor (sic) de foto esatas (sic) fotos fueron llegadas (sic) ha (sic) este despacho por el doctor Guillermo Arena eso (sic) de las 9:30 (…) llegaron los señores de la policía de carreteras, el señor Rafael prestó unos conos y los colocaron en la curva, se deja constancia se dispone (sic) que se levante un (ilegible) (…) de la carretera para que se señalice por parte del testigo el lugar donde se levantaron los conos, un policía se colocó al inicio de la curva que conduce de Copey a Fundación con una paleta que decía PARE – SIGA avía (sic) otro agente que estaba (sic) en el otro estremo (sic) con otra paleta igual a una media cuadra del inicio de la curva asia (sic) Fundación, se corrige del final de la curva asia (sic) Fundación (…) los agentes se encontraban agilizando los vehículo (sic) mientras que sacaban la mula y luego dieron vía por el carril que se encontraba libre para el paso vehicular, se prosiguió a parar el tráfico para ubicar la grúa la que se colocó donde se encontraba el policía, donde hay un árbol al lado izquierdo el sentido Copey - Fundación, el policía corrió los conos unos 50 mt (ilegile) el lado del Copey – Fundación carril izquierdo, para proseguir a sacar el cabezote de la mula que se encontraba en la cuneta, el policía que se encontraba en la curva restringió el paso para darle vía a los que iban de Fundación a Copey (…) uno de los vehículo (sic) UQO 024 Santa Marta INTERNATIONAL él (sic) omitió la señal de parad (sic) que el policía que se encontraba en el inicio de la curva sentido Copey – Fundación, el policía que se encontraba sentido Fundación – Copey tenía permiso para dar vía, en ese momento le dio vía a la tracto mula de placa (ilegible) U 724 de Quimbaya, en ese momento (…)el vehículo UQO 024 omitió la señal de pare sentido Copey Fundación y es cuando se estrella con el tráiler del vehículo volcado que ya se encontraba sobre la vía. Por lo cual arrastró al vehículo completo cabezote tráiler aproximadamente 2 metros y vino a parar contra la cabina del tráiler de la mula volcada (…) es de anotar que los policías de carretera se encontraban antes, en el momento y después del accidente, aclarando que el conductor de placas (sic) UQO 024 de Santa Marta les decía a los patrulleros de Sánchez Polo que no avían (sic) conos en el sentido de Copey – Fundación iniciando al curva y de igual forma no había ningún policía en ese lugar, luego le tomaron fotos a ese vehículo en el sistema de frenos y se encontraron unas mangueras reventadas del freno que van así las vonvonas (sic) argumentando con foto de igual manera que no muestra huellas de frenado (…) Se deja constancia que se levantó el respectivo croquis con las señalizaciones pedidas a más de la distancia desde el lugar que estaba ubicado el primer cono al sitio donde ocurre el accidente dejando constancia que esta es en curva en donde ese lugar (sic) no existía suficiente vicivilidad (sic) (ilegible) el sitio en el que encunetó la tractomula que se estaba sacando (…)

17.7. En la misma diligencia de reconstrucción de los hechos rindió testimonio el Patrullero Jorge Ignacio Marín, presente en la fecha en que ocurrió el accidente, quien reafirmó lo expresado en el informe suscrito el 17 de septiembre de 2007(14) (v. párr. 17.1) (fl. 366, c.1).

17.8. El señor Leónidas Villamizar Rodríguez, quien dijo encontrarse en el lugar del accidente por ser el conductor del tracto camión que se había volcado a un costado de la carretera, sobre los hechos manifestó (fl. 367, c.1):

Preguntado: Diga si observó usted el accidente. Contestó: no vi nada. Preguntado. Diga si usted sufrió lesiones y si estaba personal de la policía en el lugar de los hechos. Costo (sic): el volante me pegó en la parte derecha del abdomen debajo de la costilla, habían dos agentes de la policía controlando el tráfico, no vi nada (…) Preguntado: Díganos el día y la hora en que accidentó usted (sic) con el vehículo que estaba sacando con la grúa el día del accidente que se investiga en este momento. Contestó: Yo me accidenté el día 15 de septiembre de 2007 a las 3 pm (…)

17.9. Posteriormente, el 30 de julio de 2008, el señor Jorge Eduardo Perea, quien afirmó ser conductor de un tracto camión y había transitado por el lugar instantes antes del accidente, manifestó ante la Fiscalía 27 Seccional de Fundación – Magdalena (fl. 376 – 377, c.1):

(…) Hechos ocurridos en un accidente que se presentó delante del retén de la vial a la salida de la loma, yo me diría (sic) de el agua a Santa Marta en la tracto mula que yo conduzco de placas SYU 138 de propiedad de la señora Rosa Avellaneda de Castellanos, al llevar a la recta del retén de policía osa (sic) llegar a la curva como los carros bajan rápido no abía (sic) señalización de la curva sino muy cerca de donde se encontraba un accidente de una mula que se había volcado y en la vía estaba estacionada una grúa ocupando el carril izquierdo y un vehículo patrulla que pertenece a Sánchez Polo se encontrar (sic) obstaculizando el carril derecho solo había paso por el izquierdo por el cual me tocó frenar bruscamente por ser un carro nuevo logré sostenerlo mientas (sic) que subía el carro que viene por el izquierdo por lo cual yo me estacioné en el restaurante más adelante en la vial durando como una media hora más o menos cuando se sintió el estruendo de otra tracto mula que se accidentó en el paso malo (…) Preguntado: cuanto policía avían (sic) en el lugar de los hechos. ConteTO (sic): Solo vi uno y estaba en el accidente con un particular. Preguntado: Porque (sic) usted dice que no habían señales mientras que el señor Carlos Alberto Castellanos Luengas (…) manifiesta que llegaron los policía (sic) a las 9:30 AM, colocaron unos conos y unas (sic) señalización de pare y siga en la curva que va del Copey a fundación. Contestó: Sería después que yo pasé 11:40 de la mañana. Preguntado: diga si usted estaba hay (sic) cuando surgió el accidente. Contestó: No me encontraba hay (sic) yo estaba en la cafetería que está más adelante eso fue ante (sic) no había señalización (…) Contestó: Cuando yo pasé no había gentes (sic) de tránsito ni policía porque yo tenía que haber parado y me hubieran detenido (…) (Se resalta).

17.10. El 30 de octubre de 2008, rindió testimonio el señor Edwin José Quiróz Barros ante la Fiscalía 27 Seccional de Fundación – Magdalena, quien sobre los hechos expresó (fl. 382 – 384, c.1):

(…) estábamos ubicados en el punto de salida de arriba de la vía, en la curva, nos acababan de llevar el desayuno, yo estaba de espalda cuando sentí el impacto de una mula contra la que estaba volteada y tenía el carril ocupado, lado derecho de El Copey para Fundación, entonces de Fundación para el Copey iba otra tractomula ocupando el otro o sea el derecho, cuando el choque estábamos cerca y ahí voló tornillos por todos lados (…) la carretera estaba en buen estado, estaba seca yo alcancé a ver tres tractomulas accidentadas, ya habían llegado unos policial (sic) y pusieron dos conos viejos de una mula que avían (sic) ahí, pero no me di cuenta si estaban controlando la carretera. Preguntado: Observó usted alguna autoridad controlando el accidente de la mula volcada hace ya varios días. Contestó: Yo vi dos agentes de policía, cuando el primer accidente llegaron dos, y estaban realizando sus labores (…) (Se destaca)

17.11. En la misma fecha del testimonio antes descrito, declaró el señor Adrián Alberto Quiróz, quien afirmó ser ayudante de maquinaria y estar presente en los hechos, manifestó (fl. 385 – 387, c.1):

(…) estábamos en la curva de la VIAL, tratando de sacar un carbón de una mula que estaba volteada en la carretera en una cuneta, pero el tráiler invadió el carril derecho que de La Loma va para Fundición (sic), cuando la grúa estaba tratando de sacarla invadía el otro carril, o sea que la carretera toda estaba tapada por la mula y la grúa, cuando decidimos desayunar en ese momento vimos que otra mula venía de El Copey, chocándole con la tractomula que estaba invadiendo el carril, y en seguida otra mula que iba para el Copey, se tropezó con el tráiler, sacándole el cuerpo a la otra, y se chocó (…) Preguntado: Observó usted alguna autoridad controlando el accidente de la mula volcada hace ya varios días. Contestó: Yo vi dos agentes de policía, de ahí no me percaté más que hacina (sic) ellos porque tenía mucha hambre (…) Preguntado: Aparece en autos, que los agentes del orden llegaron al lugar por requerimiento del primer accidente, tomando las medidas del caso, colocando uniformados a ambos lados de la carretera con señalizaciones, que tiene que decir. Contestó: Ellos llegaron dos nada más, fue los que vi, no me di cuenta de más nada porque me puse a comerme al desayuno (…) Preguntado: Diga si tiene algo más que agregar. Contestó: Sí yo creo que el accidente fue por falta de señalización, yo lo que vi fueron dos conos sucios que a lo lejos no se veían y estaban cerca del vehículo que estaba invadiendo el carril derecho (…) (Se destaca)

17.12. Por su parte, el señor José Albeiro Romo Vizcaíno rindió testimonio ante la Fiscalía 27 Seccional Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Fundación, así:

(…) Yo estaba al pie de la carretera, enfrente donde ocurrió el accidente, yo estaba desayunando con otros compañeros, y esperaba una mula que traía carbón, para transportarlo a otra mula, y a eso de las 11.30 de la mañana, sentí un choque de dos vehículos, eran dos tracto mulas, una estaba parada en el lado izquierdo de la vía que conduce de la Loma para Fundación, pero estaba otra tractomula volcada como que hacía varios días, y la vi como que tenía invadido un carril, y vi que la carretera estaba cerrada por otros vehículos, creo que estaba una grúa, cuando quise levantar la cabeza escuché un totazo, y sent (sic) el choque de las dos tractomulas que venían andado, el sitio fue más adelante de la vial un retén de policial (sic), en una curva (…) Preguntado: Observó usted alguna autoridad controlando el accidente de la mula volcada hace ya varios días. Contestó: Solamente vi a un solo agente del orden, enfrente del accidente que pasó, pero había otro como a 20 o 30 metros el (sic) accidente, y creo que el choque ocurrió porque la policía que estaba ahí no pudo controlar el paso de los vehículos que pasaban, no vi que había señalización ni de pare ni de nada (…) Contestó: Yo vi creo que dos agentes de la policía, pero no vi que colocaron señales (…) (Se destaca)

7.13. El 30 de octubre de 2008, ante la Fiscalía 27 Seccional delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Fundación, declaró el señor Jorge Luís Lozano Polo, quien se encargó de recoger el carbón del tracto camión volcado, expresó (fl. 391 – 393, c.1):

A mis compañeros y a mí nos llamaron para un trabajo, que era recoger un carbón da una mula que se había volteado (…) los dos carriles estaban ocupados, y como eso era una curva la otra mula que venía no le dio tiempo de desviarse para un lado, y se le metió de frente a la mula que estaba accidentada, yo vi dos carros accidentados (…) Preguntado: Observó usted alguna autoridad controlando el accidente de la mula volcada. Contestó: Si habían dos policial (sic), ellos llegaron y estaban ahí, pero no sé qué hicieron (…) Contestó: Yo si vi dos policías, y estaban dos conos de este lado de la curva, eran conos viejos que casi no se veían (…) Contestó: Sí pienso que el accidente se produjo por falta de señales, y que ellos estaban de este lado de la curva y ahí no se veían (…) (Se destaca)

17.14. Igualmente, el señor Jader Rafael Lozano Torres en audiencia de testimonio celebrada el 30 de octubre de 2008 ante la Fiscalía 27 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Fundación, expresó (fl. 394 – 396, c.1):

Sí nosotros estábamos esperando que sacaran una mula que estaba volteada en la carretera, estaba mirando hi (sic) Fundación, y ya le habían sacado el vagón de atrás, cuando de pronto de Fundación para el Copey, viene una mula e invade el carril derecho, cuando sentí el taponazo de la otra mula que venía del Copey a Fundación, cuando ocurrió el accidente todo el mundo se volvió loco (…) había una mula que se voltió (sic) primero, la que venía de halla (sic) de El Copey para Fundación, y otra tractomula roja que de Fundación para el Copey, para mi concepto y por lo que vi, por la invadida del carril de la mula que iba de Fundación al Copey, fue que hubo el accidente (…) Contestó: Yo observé que no había autoridad, porque estábamos pendiente (sic) de desocupar la mula que estaba volteada cargada con carbón, ya a la mula le habían sacado la parte de atrás pero seguía volteada en la carretera, pero aún así observé que avian (sic) dos conos que usan los carros (…) Preguntado: Porque (sic) dice usted que no habían señales, si uno de los declarantes manifiesta que llegaron unos policías como a las 9 y 30 de la mañana y colocaron unos conos y unas señalizaciones. Contestó: Como yo estaba cargando la mula no me di cuenta, solamente vi dos conos en la carretera (…) (Se resalta)

17.15. El 12 de mayo de 2008, la Fiscalía 27 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Fundación calificó el mérito del sumario, en el sentido de precluir la investigación por el delito de homicidio culposo a favor del señor Félix Ernesto Riveros (conductor del vehículo de la demandante), con sustento en lo siguiente (fl. 405 – 418, c.1):

En tratándose de la investigación por el punible de homicidio en accidente de tránsito se descarta cualquier tipo de intencionalidad o forma de responsabilidad a título de dolo o de preterintención, pero se le hace obligatorio al despacho analizar la existencia de la culpa y de los factores generadores de la misma a efectos de determinar la responsabilidad (…)

(…) en el evento que ocupa la atención del despacho tenemos que es dable detenerse en tal análisis, las probaturas nos orientan a un destino, y como se trataría la teoría de la imprevisión del resultado, y la imprudencia para el caso, de estar la Mula de matrículas SFD-945, de estar en una carretera de amplia circulación, haciendo maniobras de descargue atravesada en la vía, sin mayores controles del tránsito y con dos conos viejos y este no es otro que la demostración de la existencia de la culpa y de los factores generadores de la misma en cabeza del infractor de las normas de circulación que para el caso no puede decirse que sea el sindicado, y aun cuando el informe esté edificado, sobre unas bases que el único infractor sea el conductor del tracto camión número uno que para el caso sería el conducido por el procesado RIVEROS, no es menos cierto que existen unos factores que deben tenerse en cuenta y que en su momento fueron determinantes para la producción del resultado dañoso, pero los factores que indefectiblemente debemos analizar son los que puedan incidir en la responsabilidad o lo exoneren de la misma (…)

(…) el hecho sí tuvo ocurrencia, se cometió, pero por falta de previsión que quienes realizaban la maniobra y estaban en el deber de controlar la situación, sobre determinaron el resultado dañoso, lo que hace que la conducta del procesado se ubique dentro del numeral 1º del artículo 32 del Digesto Penal (…) aún cuando el hecho tenga existencia y el procesado se vio involucrado en el mismo, no esté llamado a responder porque no le cabe responsabilidad, el actuar poco cauto de quien estaba en la obligación de controlar adecuadamente una situación y no lo hicieron, como los policiales, que para el caso, el mismo sindicado y el testigo Jorge Eduardo Perea, los controladores tenían la facultad por la hora de sacar de circulación a las tracto mulas y no lo hicieron y está acreditado la existencia del obstáculo (…)

17.16. Contra la anterior decisión, quien se constituyó en parte civil dentro del proceso penal, presentó recurso de apelación, sin que de las copias que de dicho expediente se aportaron apareciera qué se resolvió (fl. 419, c.1). Luego, dentro de este proceso no está acreditada la firmeza de la mencionada decisión que precluyó la investigación a favor del conductor del vehículo de la demandante.

V. Análisis de la Sala

18. En relación con el daño, la señora Mónica Rodríguez Rodríguez manifiesta que este radica en la pérdida total del tracto camión de placas UQO 024, marca “International”, color rojo, modelo 1982, del cual era poseedora legítima para la época de los hechos.

18.1. Para acreditar el desmedro alegado, la accionante aportó una serie de fotografías donde se observa un tracto camión averiado, en aparente abandono (fls. 171 – 176, c.1) y una certificación del 7 de noviembre de 2009, suscrita por la asesora comercial de “Kenworth de la Montaña”, donde se hace constar que el referido vehículo “aparece en el código de valores comerciales 03611001 de la guía Fasecolda 157 de 2009 con un valor comercial de $ 35.600.000”.

18.2. Frente a la primera prueba descrita, las fotografías, se reitera lo dicho en párrafos precedentes (v. párr. 16.1), y en ese sentido es preciso decir que no es posible determinar su origen ni el lugar donde fueron tomadas o documentadas. Y en gracia de discusión, se advierte que con la sola observancia de las fotografías, para esta Sala no sería materialmente posible establecer con precisión la extensión de los daños que pudo haber sufrido el automotor, pues ello requiere de ciertos conocimientos técnicos propios de un experto en el área de la mecánica automotriz, quien luego del correspondiente examen físico del tracto camión hubiera podido comprobar si en realidad este sufrió una pérdida total. Ni esa prueba técnica ni otra que permita estimar con certeza los daños fue aportada ni solicitada con la demanda, siendo claro que esa carga probatoria correspondía a la actora en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil de acuerdo con el cual “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

18.3. En cuanto a la segunda prueba, esto es, la certificación de la concesionaria, se advierte que esta solo refiere al valor comercial del automotor según los precios estimados para el 2009 por Fasecolda y que dicho documento no es más que una herramienta que utilizan las compañías que comercializan seguros de automóviles en el momento de la venta de un seguro y el pago de indemnizaciones. De esta forma, no se trata de un documento que dé cuenta de si en realidad el vehículo en cuestión sufrió una pérdida total, sino de lo que este en promedio costaba en el comercio para el año 2009.

18.4. No obstante la anterior deficiencia probatoria, existen elementos con sustento en los cuales es posible inferir que la parte demandada sí sufrió un daño, pues independientemente de su intensidad o cuantía, obran elementos como el correspondiente “Informe Policial de Accidentes” emitido el 16 de septiembre de 2007, que da cuenta de que el tracto camión de placas UQO – 024 se vio involucrado en un accidente de tránsito en el cual chocó con otros dos automotores (v. párr. 17.1), situación a partir de la cual, por reglas de la experiencia, es razonable deducir que el vehículo en cuestión sufrió averías producto de la colisión y en ese mismo sentido no puede afirmarse que no se produjo un daño para la accionante.

19. En cuanto a la imputación del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(15).

19.1. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez administrativo puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones de hecho y de derecho que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

20. En este caso particular, la demanda fue dirigida contra la Nación - Ministerio de Defensa Policía - Nacional, bajo el argumento, según el cual esta incurrió en una falla del servicio al no cumplir con su deber de señalizar y enviar el personal necesario para prevenir a los automotores de un accidente ocurrido en la carretera que del Municipio del Copey conduce a la localidad de Fundación – Magdalena, donde previamente se había volcado un tracto camión cargado de carbón.

20.1. Así, comoquiera que a la demandada le endilgan el incumplimiento de sus deberes funcionales, es preciso destacar que la Ley 769 de 2002, vigente para la época de los hechos, asignó a la Policía de Carreteras la calidad de autoridad de tránsito(16), al igual que el control de las normas correspondientes y la aplicación del Código Nacional de Tránsito en todas las carreteras nacionales(17).

20.2. En la referida calidad de autoridad de tránsito, le corresponde a la Policía Nacional velar por la seguridad y tranquilidad de los usuarios de la red vial nacional(18), y en esa medida también tiene la facultad para ordenar el cierre temporal de las vías, la colocación y retiro de señales, e impedir, limitar o restringir el tránsito(19).

20.3. Como complemento de lo anterior, se entiende por agente de tránsito todo funcionario investido de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, además de vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte(20).

20.4. Acorde con lo expuesto, no cabe duda de que en razón de las funciones específicas asignadas por el Código Nacional de Tránsito, le atañe a la Policía Nacional, a través del cuerpo especializado de Policía de Carreteras, el control del tráfico y el cumplimiento de sus disposiciones, mediante la participación de sus agentes para efectos de garantizar la seguridad vial e integridad de quienes transitan por la red vial nacional.

21. Dilucidado el deber funcional de la Policía Nacional, para el caso concreto está debidamente comprobado que desde el 15 de septiembre de 2007, a las 3 pm, a la altura del “kilómetro 30 + 800”, en cercanías del Municipio de Fundación – Magdalena, se produjo el volcamiento del tracto camión de placas SFD 495 que obstaculizaba la vía y solo permitía el paso de los vehículos por un solo carril (v. párr. 17.8).

21.1. Igualmente está demostrado que el 16 de septiembre de 2007, a las 12:20 p.m., en dicho lugar, se produjo un accidente de tránsito en el que el vehículo de carga con placas UQO 024 (cuya poseedora legítima es la demandante), colisionó contra el tracto camión que previamente se había volcado en el lugar (de placas SFD – 495) y este, a su vez, chocó con otra tracto mula que se dirigía en sentido contrario, la cual portaba las placas WSJ – 724 (v. párr. 17.1).

21.2. Visto lo anterior, y previo a determinar si el referido hecho dañoso es atribuible a la parte demandada, corresponde a la Sala dar respuesta a lo siguiente: (i) ¿Cumplió la Policía Nacional con su deber de acudir al lugar del accidente y señalizar la vía en aras de garantizar la seguridad de los particulares y evitar nuevos accidentes?; (iii) en caso de que la respuesta a la anterior pregunta se afirmativa se deberá dilucidar si ¿las medidas tomadas por los agentes de la policía tendientes a señalizar la vía eran idóneas para evitar la producción del hecho dañoso?; o (iii) ¿intervinieron en este factores externos tales como las condiciones mecánicas del automotor de placas UQO 024 o la actuación de su conductor?

21.3. Frente al primer interrogante, se tiene que el informe emitido el 17 de septiembre de 2007 por el Patrullero Jorge Ignacio Marín López (v. párr. 17.1.), el “Informe Policial de Accidentes” (croquis) (v. párr. 17.2), y los testimonios de Adalberto Enrique Feria (v. párr. 17.5), Alberto Castellanos Luengas (v. párr. 17.6), y Leónidas Villamizar (v. párr. 17.8), estos dos últimos rendidos en diligencia de reconstrucción de los hechos, son claros y contestes en ubicar al menos a dos agentes de policía en el lugar del siniestro en instantes previos a la causación del segundo accidente que provocó el choque del tracto camión de placas UQO 024.

21.4. Es más, dentro del proceso penal, y ante la pregunta que formuló en las diferentes audiencias de testimonio la Fiscalía 27 Seccional de Fundación de Magdalena, atinente a establecer si los testigos observaron alguna autoridad controlando el tráfico, los declarantes Edwin José Quiróz(21), Adrián Alberto Quiróz(22), José Alberto Romo Vizcaino(23) y Jorge Luís Lozano Polo(24), también aludieron a la presencia de dos miembros de la fuerza policial en el lugar de los hechos. Solamente el testigo Jorge Eduardo Perea manifestó ver a un solo agente de policía(25).

21.5. Por su parte, el señor Jader Rafael Lozano adujo “yo observé que no había autoridad en el lugar”, pero ello se debió a su falta de atención al entorno por cuanto estaba “pendiente de desocupar la mula que estaba volteada”, como finalmente lo reconoció (v. párr. 17.14), por lo que su dicho al respecto no genera credibilidad sobre lo efectivamente ocurrido.

21.6. Adicionalmente, se advierte que incluso el conductor del vehículo de placas UQO – 024, el señor Félix Ernesto Riveros, advirtió la presencia de miembros de la Policía Nacional, pues en la indagatoria relató que justo antes de la colisión “yo le dije a los agentes que se quitaran, háganse a un lado les dije” (v. párr.. 17.4).

21.7. Así las cosas, la primera conclusión a la que es posible llegar es que la Policía Nacional sí hizo presencia en el lugar donde se volcó el tracto camión de placas SFD – 495, en aras de controlar el tráfico y evitar más accidentes, así lo indica el análisis conjunto de las evidencias aportadas.

22. Ahora, en cuanto a qué tipo de señales se instalaron y si estas fueron las adecuadas, los informes de policía revelan que se apostaron conos y utilizaron paletas de “pare y siga” para regular el tráfico (v. párr. 17.1 y 17.2.); aseveraciones que dentro del proceso penal fueron ratificadas por los testigos Adalberto Enrique Feria Pájaro y Alberto Castellanos Luengas (v. párr. 17.5 y 17.6.).

22.1. Por su parte, el testigo Leónidas Villamizar Rodríguez expresó que la policía sí se encontraba controlando el tráfico, pero no aportó más detalles acerca de las señales que los agentes instalaron en el lugar (v. párr. 17.8).

22.2. En el caso de los testigos Edwin José Quiroz(26), Adrián Alberto Quiróz(27), Jorge Luis Lozano Polo(28) y Jader Rafael Lozano(29), todos coinciden en expresar que en el lugar había señales que indicaban la presencia de un obstáculo, esto es, la ubicación de unos conos en la carretera, aunque los tres primeros destacaron que se trataba de dos “conos viejos” poco visibles desde la distancia.

22.3. De otro lado, los señores José Albeiro Romo(30) y Felix Ernesto Riveros(31), este último conductor del tracto camión de la demandante, señalaron que sí había presencia de la policía, pero que no se había puesto en el lugar ninguna clase de señalización.

22.4. De esta manera, se tiene lo siguiente: (i) dos informes de policía y dos testimonios que sugieren que la Policía Nacional cumplió adecuadamente sus funciones al señalizar debidamente el obstáculo que se presentaba en la carretera, advirtiendo del mismo con la instalación de conos y señales de “pare y siga”; (ii) un testimonio que si bien no alude a las señales que se instalaron para controlar el tráfico, sí ratifica que la Policía estaba cumpliendo su función de garantizar la seguridad vial; (iii) cuatro testimonios que refieren a que en la carretera se instalaron dos conos para advertir el obstáculo, tres de los cuales aseguraron que eran conos viejos poco visibles desde lejos; y (iv) dos declaraciones en las que se manifiesta que no había ninguna clase de señalización.

22.5. De lo anterior se infiere que pese a la discrepancia que se presenta entre las declaraciones de los testigos, la gran mayoría coincide en que sí había señales que advirtieran del peligro, al tiempo que tales declaraciones sustentan el contenido de los informes sobre el accidente.

22.6. Ahora, es cierto que dos personas expresaron que no había señalización de ninguna clase, sin embargo: (i) en cuanto a lo afirmado por el señor José Albeiro Romo (v. párr. 22.3), es preciso recordar que dijo haber pasado por el lugar del accidente momentos antes del accidente y que cabía la posibilidad de que la señales de tránsito se hubieran instalado después y estar presentes cuando colisionó el tracto camión de placas UQO-024; (ii) respecto de lo dicho por Félix Ernesto Riveros, se trata del conductor del vehículo de placas UQO-024, quien fue investigado penalmente por el presunto delito de homicidio culposo, de manera que sobre el cae un manto de sospecha sobre su imparcialidad, dado el interés que le asistía en comprobar que no ejerció conducta alguna que comprometiera su responsabilidad penal, de ahí que es discutible que adujera que no había señalización alguna.

22.7. De tal manera, cobran mayor relevancia las evidencias que sostienen la existencia de la señalización, de suerte que la Sala, a modo de segunda conclusión, tomará dicha premisa como cierta, sin dejar de lado que algunos testigos consideraron que la señalización fue precaria, toda vez que no podía distinguirse desde la distancia y no era lo suficientemente idónea para prevenir más accidentes.

23. Dilucidado lo anterior, resta volver sobre lo expresado en los informes de policía y los testimonios rendidos dentro del proceso penal tramitado ante la Fiscalía 27 Seccional Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación, para establecer su mérito demostrativo y los hechos que de ellos pueden derivarse.

23.1 Acorde con el informe suscrito el 17 de septiembre de 2007, emitido por el Patrullero Jorge Ignacio Marín López, la causa probable del accidente fue una falla de los frenos del tracto camión de placas UQO – 024, dado que “el vehículo Nº 1 venía haciéndole señas con las manos al policial y a las personas que allí se encontraban al parecer porque se habían quedado sin frenos” (v. párr. 17,1). El documento mencionado se complementa con lo descrito en el “Informe Policial de Accidentes” (croquis) donde además de una falla de los frenos se consideró el exceso de velocidad como causa del accidente (v.párr. 17.2). Lo señalado en ambos documentos fue ratificado por el patrullero que los suscribió, en diligencia de reconstrucción de los hechos adelantada el 6 de mayo de 2008 por la Fiscalía 27 Seccional de Fundación Magdalena (v. párr.17.7).

23.2. Frente a dichas pruebas, en especial los informes, vale decir que pese a que se trata de documentos públicos que no fueron tachados de falsedad, por sí solos no arrojan certeza acerca de que la causa eficiente del sido un desperfecto mecánico del automotor.

23.2. No obstante, existen otros elementos de convicción que son consecuentes con lo afirmado por la Policía Nacional en sus informes, tal como lo es el dicho de Félix Ernesto Riveros, conductor del tracto camión de placas UQO – 024, quien de manera espontánea expresó en la indagatoria: “cuando hubo el impacto de la mula que yo conduzco con la otra ahí fue cuando yo paré, y como la mula no respondió al cambio que el coloco para haber (sic) si se paraba, yo le dije a los agentes que se quitaran por no haber mucha distancia, háganse a un lado les dije, y lo de la manguera fue que el policía de carreteras me preguntó por una manguera y yo le dije que esta estaba ahí desde hace rato. Yo pensé que era que había quedado sin frenos pero no era eso (…)” (se destaca).

23.3. A partir de tales aseveraciones, es posible establecer que lo insertado en los informes de la policía como posibles causas del accidente no son solo apreciaciones subjetivas de los agentes de tránsito, sino que se basan en hechos que realmente sucedieron y que observaron al momento del accidente. Nótese como los informes y la indagatoria del conductor del camión, del cual la actora asevera ser la poseedora legítima, coinciden en varios detalles, tales como; (i) el hecho de que el conductor le hizo señas a los policías para que se quitaran, previendo que el vehículo no alcanzaría a parar, corrobora, que efectivamente había un agente en la vía dando la señal de pare en el sentido en que provenía el tracto camión de la demandante, de lo contrario, no hubiera sido necesario que el agente se hiciera a un lado para evitar que el camión lo atropellara; (ii) lo descrito por el conductor agrega un elemento adicional, y consiste en que el obstáculo y la señal de pare que estaba dando la autoridad de carreteras fue visible para quien pilotaba el camión a cierta distancia, de lo contrario no hubiera tenido oportunidad alguna para maniobrar y advertirle al agente de policía que se hiciera a un lado a fin de evitar la embestida; (iii) el mismo conductor del tracto camión involucrado manifiesta “el policía de carreteras me preguntó por una manguera (…) yo pensé que había quedado sin frenos”, situación que afirma que una falla en los frenos pudo ser la causa eficiente del accidente y no la falta o indebida señalización.

23.4. Como apoyo de lo anterior, se tiene que el testigo Adalberto Enrique Feria Pájaro manifestó que, en efecto, el tráfico estaba debidamente controlado por la policía (v. párr.. 17.5) y el declarante Alberto Castellanos Luengas asevera con detalle que “el policía que se encontraba en la curva restringió el paso para darle vía a los que iban de Fundación al Copey (…) uno de los vehículos (sic) UQO 024 Santa Marta INTERNATIONAL él omitió la señal de parad (sic) que el policía que se encontraba en el inicio de la curva sentido Copey - Fundación, el policía que se encontraba sentido Fundación – Copey tenía permiso para dar vía en ese momento (…) luego le tomaron fotos a ese vehículo en el sistema de frenos y se encontraron unas mangueras reventadas del freno que van así las vonvonas (sic)” (v. párr. 17.6)

23.5. Este último testigo no solo confirma el hecho de que probablemente el vehículo de placas UQO-024 sufrió un desperfecto mecánico, sino que adicionalmente omitió la señal de pare que estaba dando el policía, pues en dicho momento se le había dado prelación a los automotores que venían en sentido contrario.

24. En contraste, los testimonios de Adrían Alberto Quiróz, José Albeiro Romo Vicaíno y Jorge Luis Lozano Polo, coinciden en que el accidente se produjo por falta de señales de tránsito o porque la policía no pudo controlar el paso de los vehículos. No obstante, para efectos de analizar la credibilidad de sus dichos y determinar que sus aseveraciones no constituyen más que apreciaciones personales es preciso analizar con detalle uno a uno.

24.2. Así, se advierte que Adrían Alberto Quiroz manifestó yo creo que el accidente fue por falta de señalización”, sin embargo se trata de una aseveración apresurada y de una inferencia personal del testigo, en cuanto a lo que pudo ser la causa del accidente, pues en la misma declaración afirmó “yo vi dos agentes de policía, de ahí no me percaté más que hacina (sic) ellos porque tenía mucha hambre (…) ellos llegaron dos nada más, fue los que vi, no me di cuenta de nada más porque me puso a comerme el desayuno (…)” (v. párr.. 17.9).

24.2.1. Se denota entonces que pese a que, de una parte el testigo afirma de manera tajante que el accidente se produjo por falta de señalización; de otra, expresa que solo vio a dos agentes de policía pero que no se percató de lo que estos hacían o de la forma como regulaban el tráfico, pues el declarante se encontraba desayunando, de manera que ante su falta de atención no es posible concluir que sus aseveraciones sean certeras al momento de emitir un juicio acerca de las causas del accidente.

24.3. Por su parte, el señor José Albeiro Romo Vizcaíno, manifestó que “el choque ocurrió porque la policía que estaba ahí no pudo controlar el paso de los vehículo”, pese a ello, y a que en su declaración dijo que se encontraba “enfrente donde ocurrió el accidente”, de manera confusa asevera “yo estaba desayunando con otros compañeros (…) y a eso de las 11:30 de la mañana, sentí el choque de dos vehículos (…) cuando quise levantar la cabeza escuché un totazo y sentí el choque de las dos tractomulas”, expresiones que dan cuenta de que el declarante no presenció u observó el momento en que el accidente ocurrió, pues solo “escuchó” el ruido que produjo el mismo, de ahí que sus conclusiones no estén soportadas en los hechos que él percibió directamente, sino en meras suposiciones (v. párr. 17.12).

24.4. Para el caso de Jorge Luis Lozano Polo, se advierte que en un aparte de su declaración dijo haber advertido la presencia de la policía y algunas señales, pues expresó: “yo vi dos policías, y estaban dos conos de este lado de la curva, eran conos viejos que casi no se veían” y más adelante concluye: “yo pienso que el accidente se produjo por falta de señales”, expresión a partir de la cual podría inferirse que en realidad el testigo estima que las señales, los “conos viejos”, no fueron idóneos o suficientes para controlar el tráfico. Sin embargo, también llama la atención de que no se percatara de las acciones que estaban desplegando los policías, pues igualmente expresó “sí habían dos policías y estaban ahí, pero no sé qué hicieron (…)” (v. párr. 17.13). Sin duda, su conclusión sobre la causa del accidente no es más que una conjetura sin soporte en lo percibido por él.

25. De otra parte, según el testimonio del señor Jader Rafael Lozano Torres, quien dijo que no había señales y que tampoco observó la presencia de la policía, no atribuyó la causa del accidente a tales circunstancias, sino a otra diferente, así: “para mi concepto y por lo que vi, por la invadida de carril de la mula que iba de Fundación al Copey, fue que hubo el accidente” (v. párr. 17.14), lo anterior implica, que en su parecer, el tracto camión que venía en sentido contrario al de la demandante, el de placas WSJ – 724, o el Nº 3 como fue descrito en el respectivo “croquis” (v. párr. 17.1), fue el causante del accidente.

26. Así las cosas, de una lado, se tiene un grupo de pruebas que descartan la existencia de una falla del servicio, pues son claras en cuanto a que la Policía Nacional cumplió con su deber de garantizar la seguridad vial al hacer presencia en el lugar y disponer de las señales necesarias para advertir la presencia de un obstáculo en la vía, elementos con base en las cuales es posible inferir que el accidente se ocasionó por circunstancias ajenas a la demandada y eventualmente a un desperfecto mecánico del tracto camión de placas UQO - 024, cuya poseedora es la señora Mónica Rodríguez; y de otro, tres testimonios que sugieren que el accidente en cuestión fue provocado por falta de señalización y ausencia de control del tráfico por parte de la Policía de Carreteras, lo que afirmaría una falla del servicio por parte de la entidad demandada.

26.1. No obstante, con ocasión de la crítica individualizada que antecede, la Sala alcanza un grado de convicción suficiente respecto de la existencia de señalización y presencia policial en la vía, al tiempo que cobra fuerza, con alto grado de probabilidad, la hipótesis de acuerdo con la cual el accidente pudo ocurrir por un desperfecto mecánico del tracto camión de la demandante, de placas UQO – 024. En efecto: (i) pese a que los testimonios en ciertos aspectos son contradictorios, la mayoría de ellos sugieren que la Policía Nacional se hizo presente en el lugar donde previamente se había volcado el tracto camión de placas SFD – 495, para efectos de controlar el tráfico y prevenir nuevos accidentes; (ii) Tanto los informes de policía como los testigos dejan entrever que en el lugar del accidente sí se instalaron señales de tránsito y que los agentes procedieron a regular el tráfico, esto, pese a que tres declarantes manifestaron que se instalaron unos conos viejos que, en su parecer, no se advertían desde la distancia; (iii) existe concordancia entre lo expresado en los informes de la policía, el conductor del camión siniestrado, de placas UQO – 024 y dos testimonios más que indican que dicho automotor presentó fallas en los frenos y omitió la señal de pare dada por uno de los agentes de policía, pruebas que por su coherencia, en su conjunto otorgan certeza de que el accidente no se produjo por falla atribuible a la Policía Nacional; y (iv) Si bien obran tres testimonios que aseguran que el accidente ocurrió por ausencia de señales o falta de control de la policía, estos contienen elementos que le restan credibilidad, pues se sustentaron en meras apreciaciones personales de los declarantes, ya que de sus propios dichos se infiere que estos, en algunos casos, en realidad no presenciaron el accidente de manera directa o se encontraban al tanto de otras ocupaciones que les impidieron poner total atención a lo sucedido.

27. Ahora, se tiene que en el recurso de apelación la parte actora manifestó que el a-quo no consideró que la Fiscalía Seccional 27 de Fundación había precluido la investigación penal a favor del señor Félix Ernesto Riveros, conductor del camión del placas UQO-024, quien fue investigado por el presunto delito de homicidio culposo de una persona que falleció en los hechos, autoridad que en providencia del 12 de mayo de 2008 consideró que el accidente fue provocado por falta de señalización y ausencia de controles de tránsito (v. párr. 17.15), decisión que hacía parte de la unidad probatoria y había hecho tránsito a cosa juzgada.

27.1. Al respecto, es del caso señalar que respecto de la incidencia que tienen las decisiones penales en los procesos contenciosos administrativos, el Consejo de Estado ha considerado:

(...) la jurisprudencia ha: i) diferenciado la decisión penal condenatoria de la absolutoria; ha dicho que la sentencia penal condenatoria no permitirá poner en duda en el proceso civil (o administrativo, se agrega) la existencia del hecho ni la responsabilidad del condenado (art. 28); y la absolutoria tendrá efectos de cosa juzgada sobre los siguientes extremos: que el hecho causante del perjuicio no se realizó, que el sindicado no lo cometió o que obró en cumplimiento de un deber o en legítima defensa (art. 30)’(32); ii) concluido que las decisiones penales absolutorias no inciden [en] el proceso de responsabilidad(33); iii) recalcado que puede darse responsabilidad administrativa sin que el agente sea condenado penalmente(34)-(35).

27.2. En jurisprudencia más reciente, esta corporación, expresó:

En la jurisprudencia del Consejo de Estado y, particularmente, en la de la Sección Tercera, se ha discutido si la sentencia penal tiene relevancia en la decisión que debe adoptarse en los procesos que se adelantan para establecer la responsabilidad del Estado por el hecho de su agente.

De acuerdo con la primera posición jurisprudencial, la valoración probatoria que realice el juez en la sentencia que se profiera contra el funcionario no puede ser desconocida en el proceso que se siga para reclamar la reparación de los perjuicios causados con el hecho cometido por ese funcionario y por lo tanto, si este fuere exonerado de responsabilidad delictual, no hay lugar a declarar la responsabilidad de la entidad a la cual pertenezca. ‘Basta leer las normas que en el Código de Procedimiento Penal hablan del valor de los fallos condenatorios y absolutorios para confirmar este aserto. En primer término, la sentencia penal condenatoria no permitirá poner en duda en el proceso civil (o administrativo, se agrega) la existencia del hecho, ni la responsabilidad del condenado (art. 28), y la absolutoria tendrá efecto de cosa juzgada sobre los siguientes extremos: que el hecho causante del perjuicio no se realizó, que el sindicado no lo cometió o que obró en cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa (art. 30) (...) De allí que v.gr. si la sentencia penal dice que el agente X no cometió la infracción que se le imputa, en el proceso administrativo no podría declararse la falla del servicio de la administración por esos mismos hechos calificados por el juez penal e imputados a dicho agente, y para la absolución de la entidad demandada bastaría la copia de la sentencia y no la ratificación de las pruebas que le sirvieron de fundamento. Igual cosa puede decirse de la sentencia condenatoria’(36).

En oposición, un segundo criterio jurisprudencial, que en este momento ha sido acogido unánimemente por la Sala, plantea que si bien la decisión de carácter penal no puede ser modificada por la jurisdicción contenciosa y que la misma hace tránsito a cosa juzgada, dicho efecto se predica de la situación jurídico penal del procesado, y en algunos eventos, en relación con la responsabilidad civil del funcionario sometido a juicio (art. 57 CPP), pero no con respecto a la decisión que deba tomarse cuando lo que se cuestiona es la responsabilidad del Estado(37). ‘Una es la responsabilidad que le puede tocar (sic) al funcionario oficial, como infractor de una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal y otra la civil o administrativa(38).

En sentencia del 18 de febrero de 1999, exp.: 10.517, se añadió que la solución de la controversia en tal sentido tenía respaldo en lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución, de acuerdo con el cual la responsabilidad de la administración no deviene de la culpa personal del agente que produce el daño sino de la antijuridicidad del perjuicio sufrido. Además, porque en materia penal y contencioso administrativa rigen normas, principios y objetivos diferentes, de tal manera que bien podría el juez penal declarar en un caso concreto, por ejemplo, que el hecho se justifica porque ocurrió en legítima defensa o absolver al proceso por el beneficio de la duda, y el juez de la acción patrimonial considerar en los mismos supuestos de hecho, que la agresión de la víctima no es suficiente para exonerar de responsabilidad a la entidad demandada porque a pesar de ello, a la producción del daño contribuyó una falla del servicio, o resolver la duda a favor de la parte actora, en especial en los eventos en los cuales se aplica el régimen de responsabilidad objetiva, donde la falla del servicio no tiene incidencia.

Por lo tanto, aunque en el proceso penal el funcionario haya sido absuelto por considerarse que actuó en legítima defensa, dicha decisión no puede ser desconocida en esta jurisdicción para juzgar su responsabilidad patrimonial, pero esto no es óbice para que se profiera una decisión condenatoria en contra de la entidad a la cual pertenecía el autor del hecho”(39).

27.3. Tal como lo explican las sentencia trascritas, una decisión penal absolutoria, como la de precluir la investigación a favor del sindicado, si bien no puede ser modificada por la jurisdicción contencioso administrativa y eventualmente pueda dar lugar a cosa juzgada, dicho efecto solo se predica de la situación penal o civil del procesado, pero no de la decisión que deba tomarse en relación con la responsabilidad extracontractual de la Administración(40).

27.4. En consecuencia, pese que la Fiscalía 27 Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Fundación precluyó la investigación penal seguida contra el señor Félix Ernesto Riveros, dicha decisión solo debe tenerse en cuenta respecto de su responsabilidad penal, así como evidencia documental que debe ser valorada de manera integral y en conjunto con las demás, pero no ata a la Sala para efectos de analizar la responsabilidad administrativa de manera independiente, con sustento en el insumo probatorio que en este caso llevó a concluir que el accidente ocurrió por causas diferentes a las consideradas por el juez penal.

27.8. (sic) En todo caso, tampoco es posible afirmar con certeza que la providencia del 12 de mayo de 2008 de la mencionada Fiscalía hubiera hecho tránsito a cosas juzgada, pues a partir de las copias de dicho proceso penal que fueron remitidas a este expediente, se advierte que tal decisión fue objeto de impugnación por parte de quien se constituyó en parte civil, sin que en este proceso sea posible determinar si la decisión de precluir la investigación fue confirmada o revocada por el superior, ya que no fue enviado el trámite subsiguiente a la presentación de la impugnación (fl. v. párr. 17.16).

28. Adicionalmente, vale decir que si bien es cierto que las pruebas dan cuenta de que la Policía Nacional no hizo presencia en el lugar donde se había volcado el tracto camión de placas SFD-495, sino hasta el día siguiente (v. párr. 17.8), situación que ciertamente es cuestionable y evidencia una tardanza en el tiempo de respuesta de la autoridad de carreteras, no lo es menos que para cuando el tracto camión de la demandada, de placas UQO – 024, se accidentó, los agentes de carreteras ya había hecho presencia en el lugar y se encontraban regulando el tráfico en la zona.

28.1. De esta forma, es importante destacar que referida omisión o irregularidad cometida por los agentes de carretera a la que alude la parte actora, no fue un aspecto relevante o que tuviera incidencia en la producción del daño alegado.

28.2. Paradójicamente, el hecho de que la Policía Nacional se hubiere tardado aproximadamente 20 horas en llegar hasta el lugar de los hechos, si bien puede evidenciar una falencia a ella atribuible, sirve igualmente para considerar que el obstáculo en la vía era visible, aún sin la instalación de señales que lo advirtieran, pues no aparece acreditado que antes del accidente por el que aquí se reclama otros vehículos hubieren colisionado por la existencia del obstáculo, es más, dentro de los testimonios recibidos por la fiscalía, se encuentra el de Jorge Eduardo Perea, conductor de otro camión que había pasado por el lugar instantes antes, y pese a que dicha persona aseveró que no habían señales, manifiesto que aunque con dificultad, logró sortear el obstáculo existente en la carretera (v. párr.17.9), lo que afirma la conclusión, según la cual, la señalización no fue el aspecto determinante para la producción del hecho dañoso.

29. Así las cosas, la Sala estima que le asistió razón al Tribunal Administrativo de Magdalena que en sentencia del 27 de abril de 2011 absolvió a la demandada y negó las pretensiones de la demanda, ya que no se demostró que los daños sufridos por el tracto camión de placas UQO – 024 cuya poseedora legítima es la demandante, señora Mónica Rodríguez Rodríguez, fueran causados por alguna falla del servicio atribuible a la Nación – Policía Nacional, y en ese sentido será confirmada la providencia impugnada.

VII. Costas

30. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente asunto, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes en el presente trámite, de manera que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 27 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

1 En vista de que el recurso de apelación se presentó en vigencia del artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, esto es, el 27 de abril de 2011, para efectos de la determinación de la cuantía se tiene en cuenta “el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”.

2 Acorde con la demanda radicada el 18 de noviembre de 2009, la cuantía total de las pretensiones se fijó en la suma de $ 994.111.670 (fl. 17 - 18, c.1). Y comoquiera que para la fecha de radicación del escrito inicial ya se encontraban en operación los juzgados administrativos, es preciso la aplicación del numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo que atribuía a los tribunales administrativos el conocimiento en primera instancia de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera de 500 salarios mínimos. Así, debido a que para la fecha de la presentación de la demanda, año 2009, 500 smlmv correspondían a $ 248.500.000, es claro que la primera instancia debía ser tramitada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y la segunda instancia por el Consejo de Estado.

3 Según lo ha considerado esta corporación, conforme a lo regulado por el Código de Tránsito, la propiedad de un vehículo automotor se prueba con la correspondiente licencia de tránsito (tarjeta de propiedad), dado que según el artículo 47 de dicho compendio normativo, para la tradición del dominio de dichos bienes, además de su entrega material, se requiere su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente. En otras palabras, en materia de automotores la transmisión de la propiedad (de manera similar a los inmuebles) operan las figuras del título y el modo, así lo ha expresó el Consejo de Estado en sentencia del 22 de enero de 2014, rad 28492, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero: “Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —artículos 43 y 44 del Decreto-Ley 1250 de 1970— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción, más allá de que el título o instrumento en cuestión solo surtirá efectos respecto de terceros —desde 1970, se insiste— después de efectuada la referida inscripción”.

4 En dicha certificación se expresó: “Transportes Sánchez Polo (…) certifica que Rodríguez Rodríguez Mónica, identificada con CC 1032401109 es propietaria del vehículo de plaza UQO024 que trabajó con nuestra empresa como trasportador contratista para el proyecto del Carbón en la ruta La Jagua ( Cesar) – Puerto Prodeco (Santa Marta) (…)” (fl 84, c.1).

5 Según se lee en el informe policial de accidentes de tránsito del 16 de septiembre de 2007, suscrito por el Patrullero Jorge Ignacio Marín, placa Nº 103270 (fl. 30 – 33, c.1). Igualmente, en escrito del 17 de septiembre de 2007, dirigido al Fiscal de Turno de Fundación, el mismo agente ratificó que el accidente ocurrió el 16 de septiembre de 2007 (fl. 35 – 36, c.1).

6 Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación de 11 de septiembre de 2013, exp. 20601. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

7 Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 5 de diciembre de 2006, rad. 28.459, M.P. Ruth Stella Correa; 28 de julio de 2005, rad. 14998, M.P. María Elena Giraldo; 3 de febrero de 2010, rad. 18034, M.P. Enrique Gil Botero; 14 de marzo de 2012, rad. 21848, M.P. Enrique Gil Botero.

8 Frente al tema, en Sentencia T-930 A de 2013, la Corte Constitucional afirmó: “En este orden de ideas, el valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición, lo que, como se indicó, obliga al juzgador a valerse de otros medios probatorios y a apreciar razonadamente el conjunto”.

9 “Sobre las indagatorias y versiones libres de los suboficiales Ever Augusto Méndez Velosa y Manuel de Jesús Carvajal Mendieta, que obran en el proceso penal adelantado en su contra, se aclara que no podrán ser valoradas, en vista de que la indagatoria es un medio de defensa del procesado y la veracidad de su contenido se encuentra, en general, influida por la necesidad de la exculpación. Adicionalmente, la indagatoria carece de las exigencias propias de la práctica de testimonios, a saber, la de rendirse bajo la gravedad del juramento”: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 9 de octubre de 2014, rad. 29033. M.P. Ramiro Pazos Guerrero, criterio reiterado en varias providencias: sentencias de 29 de mayo de 2014, rad. 24078; 9 de febrero de 2011, rad. 16934; 20 de febrero de 2014, rad. 30615; 29 de agosto de 2012, rad. 23686 y de 28 de abril de 2014, rad. 21896. Igualmente pueden consultarse: Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, rad. 12789; 25 de enero de 2001, rad. 12831; 3 de mayo de 2007, rad. 25020; 18 de octubre de 2007, rad. 15528, entre muchas otras.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, rad. 22597, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2014, rad. 24078, M.P. Ramiro Pazos Guerrero: “(…) En cuanto a las indagatorias. La indagatoria rendida por Miguel Rodríguez Orejuela, arrimada a este proceso, proveniente de la Dirección Nacional de Fiscalías, la cual contribuyó a desvirtuar que el demandante Enrique Mancera estaba relacionado con el “cartel de narcotráfico de Cali”, no pueden ser tenidas como medio de prueba, toda vez que se trata de una versión que se obtuvo sin el apremio del juramento y, por tanto, no reúne las características necesarias para que pueda considerársela como testimonio. Lo anterior no es impedimento para que en algunos casos se tengan en cuenta las afirmaciones que los indagados consientan en hacer bajo la gravedad del juramento, lo que se deduce de la aplicación a contrario sensu de la regla antes aludida”.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, rad. 36170 y del 25 de julio de 2016, rad. 37125, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de agosto de 2016, rad. 42376, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

14 En la referida diligencia de reconstrucción de los hechos, el Patrullero Jorge Ignacio Marín expresó: “(…) la actuación se realizó a solicitud del personal de Sánchez Polo por la necesidad de este servicio por el riesgo o posibilidad (…) de accidente del sector entre el Km 30 y 31 ubicándose el personal desde horas de la mañana con el fin de sacar el vehículo tracto mula SFD 495 tomándose las medidas de seguridad en la instalación de un puesto de control vehicular en ambos sentidos con el fin de regular el tránsito ubicando conos reflectivos y personal uniformado en ambos sentidos de la vía con paleta de señalización de PARE y SIGA como está estipulado, en el momento del accidente se encuentra presente el señor Gonzalez Fuentes Fabián en sentido Copey – Fundación y yo me encuentro ubicado en el sentido Fundación – Copey, el momento del accidente me encuentro dando vía aproximadamente a la altura d31 (sic) (ilegible) tracto camión de palcas WSJ 724 y en ese momento ocurre el siniestro donde el vehículo tracto mula de placas UQO 024 coliciona (sic) en la parte trasera del vehículo en mención en dando como resultado daños materiales a los tres vehículos, daños personales a uno de los ayudantes (…) y la muerte del señor Jorge Enrique Bedoya Ramos (…)”.

15 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

16 El artículo 3º de la Ley 769 de 2002, dispone: “Son autoridades de tránsito: “(…) La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras”.

17 Así se dispuso en el artículo 6º de la Ley 769 de 2002: “(…) PAR. 2º—Le corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación de este código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos”.

18 Tal como lo dispone el artículo 7º del Código Nacional de Tránsito: Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público (…) PAR. 1º—La Policía Nacional con los servicios especializados de Policía de Carreteras y Policía Urbana de Tránsito, contribuirá con la misión de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios de la Red Vial Nacional.

19 Así lo consagra el artículo 119 de Código Nacional de Tránsito y Transporte: “Jurisdicción y facultades. Solo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos”.

20 Conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley 769 de 2002: “Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (…) Agente de tránsito: Todo funcionario o persona civil identificada que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales”.

21 Quien dijo: “ya habían llegado unos policial (sic) y pusieron unos conos viejos (…)” (v. párr. 17.10)

22 Persona que afirmó: “yo vía dos agentes de policía (…)” (v. párr. 17.11)

23 El testigo dijo: “Solamente vi a un solo agente del orden en frente del accidente que pasó, pero había otro como a 20 o 30 metros del accidente (…)” (v. párr. 17.12)

24 Quien dijo: “Sí habían dos policía y estaban ahí (…)” (v. párr. 17.14).

25 Pues expresó: “Solo vi uno y estaba en el accidente con un particular (…)” (v. párr. 19.9)

26 El testigo dijo: “Ya habían llegado unos policías y pusieron dos conos viejos que habían ahí (…) yo vi dos agentes de policía, cuando el primer accidente llegaron dos, y estaban realizando sus labores” (v. párr. 17.10).

27 El declarante Adrían Alberto Quiroz afirmó: “yo lo que vi fueron dos conos sucios que a lo lejos no se veían y estaba cerca del vehículo que estaba invadiendo el carril” (v. párr. 17.11)

28 El señor José Luis Lozano Polo en declaración ante la Fiscalía, dijo “Yo si vi dos policías, y estaban dos conos de este lado de la curva, eran conos viejos que casi no se veían” (v. párr. 17.13.)

29 El señor Jader Rafael Lozano, en su declaración rendida dentro de la investigación penal, adujo: “Como yo estaba cargando la mula no me di cuenta, solamente vi dos conos en la carretera” (v. párr.. 17.14)

30 El testigo José Albeiro Romo, expresó: “no vi señalización de pare ni de nada (…) yo vi creo que dos agentes de la policía, pero no vi que colocaron señales” (v. párr. 17.12).

31 El señor Félix Ernesto Riveros, en diligencia de indagatoria, manifestó: “no había señalización de ninguna clase (…) cuando pasó el accidente no había señales (…)” (v. párr. 17.4).

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de mayo de 1987. C.P. Dr. Carlos Betancur. Exp. 4.955.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de octubre de 1985. C.P. Dr. Julio Cesar Uribe Acosta. Exp. 3.796.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de noviembre de 1985. C.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo Exp. 4.571.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2000, C.P.: Dra. María Elena Giraldo Gómez, exp. 11582.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de mayo de 1987, exp: 4955. En el mismo sentido, sentencia del 2 de noviembre de 1989, exp: 5625.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.517.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de noviembre de 1985, exp: 4571. En el mismo sentido, sentencia de la Sala Plena del 14 de marzo de 1984, exp: 10.768, y de la Sección Tercera del 24 de junio de 1992, exp: 7.114; 17 de marzo de 1994, exp: 8585; 8 de marzo de 1994, exp: 8262; 5 de mayo de 1994, exp: 8958; 18 de febrero de 1999, exp: 10.517; 21 de octubre de 1999, exp: 10.912; 26 de octubre de 2000, exp: 13.166 y del 25 de julio de 2002, exp: 05001-23-24-000-1993-3744-01, entre otras.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 2004, C.P: Dr. Ricardo Hoyos Duque, exp. 13108.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. Nº 18479.