SENTENCIA 2009-00338/49113 DE MAYO 10 DE 2017

 

Sentencia 2009-00338/49113 de mayo 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Exp. 180012331000200900338 01 (49113)

Actor: Helber Hurtado Balanta y otros

Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

Tema: Privación injusta de la libertad / falso in dubio pro reo - sindicado no cometió la conducta - Reiteración jurisprudencial / Reparación integral.

Bogotá D.C. diez de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala.

2.1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada —Nación Fiscalía General de la Nación—, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 6 de septiembre de 2012, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación(28).

2.2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(29), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra(30)—.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor Helber Hurtado Balanta, presuntamente ocurrida entre el 25 de octubre de 2005 y el 13 de febrero de 2007, fecha en la que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala Única de Decisión lo absolvió y le concedió la libertad, providencia que cobró ejecutoria el 13 de marzo de 2007(31). Por lo tanto, comoquiera que la demanda se presentó el 19 de octubre de 2007(32), se impone concluir que se presentó dentro del término legal establecido para ese efecto.

2.3. En cuanto a la competencia funcional de esta Sala para conocer del presente asunto en segunda instancia, debe precisarse que la misma está circunscrita de forma exclusiva a los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación y la parte actora en sus respectivos recursos de apelación, razón por la cual, los demás aspectos que no fueron motivo de cuestionamiento quedaron fijados con la sentencia que profirió el tribunal a quo.

2.4. Los hechos probados.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

— Que, el día 8 de junio de 2001, el Ejército Nacional puso a disposición del Juzgado Promiscuo Municipal de Cartagena de Chairá, 11 kilos de Base de coca y a los señores Helber Hurtado Balanta y otros(33).

— Que, el día 8 de junio de 2001, el Juzgado Promiscuo de Cartagena de Chairá, avocó conocimiento y, previa suscripción de acta de compromiso consistente en comparecer ante la Fiscalía Especializada de Florencia para que se le resolviera su situación jurídica, ordenó su libertad. Finalmente remitió por competencia las diligencias a la Fiscalía Especializada de Florencia Caquetá(34).

— Que, el 13 de junio de 2001(35), la Fiscalía Tercera Especializada de Florencia, Caquetá libró orden de captura en contra del señor Helber Hurtado Balanta, posteriormente, mediante escrito presentado el 25 de septiembre de la misma anualidad ante la Fiscalía Tercera Especializada, él señor Helber Hurtado Balanta solicitó le fuera recibida la indagatoria, dado que hasta esa fecha le había sido imposible comparecer ante esa Unidad por no contar con los recursos económicos(36).

— Que, a raíz de la anterior petición, la Fiscalía Tercera Especializada comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de Cartagena de Chairá para realizar la diligencia de indagatoria del señor Helber Hurtado Balanta, sin embargo, al no ser posible su comparecencia para rendir indagatoria(37), el 23 de abril de 2002, la Fiscalía de conocimiento lo declaró persona ausente y le designó defensor de oficio(38).

— Que, mediante resolución proferida el 6 de agosto de 2002, la Fiscalía Tercera Especializada de Florencia resolvió la situación jurídica del señor Hurtado Balanta, en la cual le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación(39).

— Que, la Fiscalía Tercera Especializada de Florencia profirió resolución de acusación en contra del señor Helber Hurtado Balanta por el delito de tráfico de estupefacientes(40).

— Que, mediante certificación expedida por el Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Florencia Caquetá, se pudo corroborar que el señor Helber Hurtado Balanta ingresó a ese establecimiento el 25 de octubre de 2005 y quedó en libertad a raíz de la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior del Distrito JudiciaI(41) el 13 de febrero de 2007(42).

En dicha providencia el tribunal expuso (se transcribe textualmente):

“(…)

Las circunstancias de pereza y desgano y la falta de colaboración en bajar el bulto, que demostrar el implicado frente al retén militar, no es prueba que permita considerar el conocimiento frente al contenido del alijo, pues sencillamente son comportamientos que en nada inciden en este juicio de responsabilidad, quizá el rechazo se dirigía hacia los uniformados, que en muchas ocasiones les falta mayor cordialidad en el trato hacia los civiles y no todos los ciudadanos están prestos a atender sus reclamaciones.

Ahora el hecho que el conductor adujera que el hoy sentenciado no hubiera querido pagarle, no es razón tampoco fundamental para aducir al grado de certeza sobre el juicio de responsabilidad, a voces de las autoridades del ejército, éste se limitó al cobro del servicio de transporte, pero no aseguró que aquel fuera el propietario del alijo por aquellos decomisado.

El ejército nacional en su afán de legalizar las capturas que se originaron el 8 de junio de 2001, olvidó tomar datos incluido el nombre del conductor del vehículo, quien hubiera sido la persona idónea para determinar si el señor Helber Hurtado era el propietario del bulto que contenía la base de cocaína, si era cierto o no que el automotor venía con el cupo completo que obligó al procesado a ubicarse en la parte superior —parrilla— del vehículo.

Nótese que la misma Gloria Elena Medina Silva, dice que ella se movilizaba en el mismo automotor y pudo percatarse que Helber Hurtado abordó el mismo, llevando consigo un maletín; testimonio que fue desmeritado por el fallador de instancia, cuando considera que aquella posiblemente no viajaba al interior del vehículo, toda vez que no da explicaciones exactas del maletín que dice portaba el inculpado.

Encuentra la Sala, que se hace inviable sostener la medida de condena, por tanto se debe aplicar el principio universal del in dubio pro reo, norma contemplada en el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, que autoriza que la existencia de dudas se resuelven a favor del procesado, por cuanto para proferir sentencia condenatoria debe existir el convencimiento de la responsabilidad del acusado, más allá de toda duda.

No basta desechar pruebas, sino que deben ser sujetas a un juicio valorativo y confrontativo de las demás piezas procesales, en orden a buscar la certeza de la responsabilidad del acusado, siendo la única forma de establecer la verdad procesal, no puede privilegiar el valor de determinadas pruebas, dejando de lado otros aspectos que pudieron darse en el momento de la captura del Helber Balanta.

No es tampoco fundamentación lógica para concluir en sentencia de condena ell(sic) hecho que Helber Balanta se haya presentado ante el DAS con documentos falsos, para considerar que eludía la acción de la justicia, son suposiciones que hasta cierta etapa procesal tiene credibilidad, mas no son así para amparar o respaldar el juicio de reproche.

En este orden de ideas, ante la ausencia de pruebas que demuestren la certeza sobre la responsabilidad del acusado, se debe revocar el fallo y en su defecto Absolver al señor Helbert Hurtado de los cargos imputados en la respectiva resolución acusatoria. En consecuencia líbrese ante el Director de la cárcel judicial de la ciudad, siempre y cuando no sea requerido por autoridad competente.

(…)”.

— Finalmente, la sentencia absolutoria cobró ejecutoria el 13 de marzo de 2007(43).

2.5. Análisis de la Sala.

Las circunstancias descritas en el anterior acápite de esta sentencia evidencian que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el señor Helber Hurtado Balanta fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, privado de su libertad por disposición de la Fiscalía General de la Nación entre el 25 de octubre de 2005 y el 13 de febrero 2007, fecha en la que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, dictó fallo absolutorio en su favor, en aplicación al principio del in dubio pro reo.

Así pues, de conformidad con las consideraciones expuestas por el fallador penal, resulta claro que la decisión proferida en favor del demandante no tuvo como fundamento la aplicación del in dubio pro reo, sino la inexistencia de prueba sobre la conducta investigada —toda vez que las pruebas aportadas no desvirtuaron más allá de toda duda la presunción de inocencia—, con lo cual se configura una de las situaciones que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 contemplaba como presupuesto para la indemnización de los daños ocasionados con la privación injusta de la libertad.

Así las cosas, resulta evidente que la privación de la libertad del señor Helber Hurtado Balanta configuró para los actores un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación(44), todo lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la carta política.

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006(45), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado.

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que lo amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el señor Helber Hurtado Balanta debía padecer la limitación de su libertad hasta que se le absolvió de responsabilidad penal; en cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(46).

Con fundamento en lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la Fiscalía General de la Nación no tiene vocación de prosperidad, por lo que es del caso resolver sobre el recurso formulado por la parte demandante en cuanto a la tasación de la indemnización reconocida.

2.6. Indemnización de perjuicios.

2.6.1. Perjuicios morales.

Respecto de dicha indemnización, el tribunal reconoció la cantidad equivalente a 77 smlmv a favor del señor Helber Hurtado Balanta, 38.5 smlmv, para su madre y 19 smlmv para cada uno de sus hermanos(47). Por su parte, los demandantes en el escrito de apelación solicitaron que se les concedieran las sumas pedidas en la demanda, que resultan superiores a las reconocidas y, a su juicio, se encuentran plenamente justificadas.

En relación con el extremo que ahora se examina, ha de decirse que respecto a la indemnización de perjuicios morales en casos en los que un ciudadano hubiese sido privado injustamente de su libertad, esta corporación sugirió en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta corporación(48), que en los eventos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario hubiere sido superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 smlmv; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smlmv; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smlmv; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 smlmv; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 smlmv; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 smlmv, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

En esa misma línea la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por esposos o compañeros permanente, padres, hijos y hermanos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la carta política(49) y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

Para el caso sub lite, entiende la Sala que la privación de la libertad a la cual fue sometida el señor Helber Hurtado Balanta durante un (1) año, tres (3) meses y diecinueve (19) días en establecimiento carcelario produjo una afección moral que debe ser indemnizada en su favor.

Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Helber Hurtado Balanta le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque que es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad, experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensible a sus familiares, quienes igualmente resultaron afectados por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Helber Hurtado Balanta fue privado injustamente de la libertad durante un (1) año, tres (3) meses y diecinueve (19) días y que el padecimiento moral que dicha medida les produjo a él y a sus familiares debe ser resarcido, se les debe reconocer a la víctima directa y a sus familiares los siguientes montos:

Demandante(50)smlmv
Helber Hurtado Balanta90
Ana Polonia Balanta (madre)90
Ferney Hurtado Balanta (hermano)45
Edgar Hurtado Balanta (hermano)45
Ledy Hurtado Balanta (hermano)45

2.6.2. Perjuicios materiales.

— Lucro cesante.

Frente al reconocimiento de este perjuicio, el Tribunal Administrativo a quo sostuvo lo siguiente (se transcribe de forma literal):

“A Helber Hurtado Balanta, el equivalente a once millones cuatrocientos cincuenta y dos mil sesenta y seis pesos con sesenta y dos centavos ($11.452.066.62), suma que deberá ser actualizada a la fecha del pago efectivo de la condena conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (...)”.

Ahora bien, en el recurso de apelación, la parte demandante solicitó, frente a este concepto, se reconociera el lapso de 8.75 meses que tarda una persona en ubicarse laboralmente después de haber estado privado de la libertad.

Para laSala lo anterior resulta procedente, toda vez que, en anteriores oportunidades, ha reconocido también el lapso qué, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral.

En efecto, acerca del período a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses)(51)(52)”.

Por lo anterior y, una vez revisado el expediente, es posible acreditar la actividad que ejercía el señor Hurtado Balanta de la siguiente manera:

El señor Víctor Gómez Escarpeta manifestó en su declaración lo siguiente (se transcribe textualmente):

“(...) Preguntado: diga a qué actividad se dedicaba el señor Helber Hurtado Balanta, antes de ser detenido y posterior a salir en libertad? Contesto. Se dedicaba a actividades de finca, adecuar potreros. En la finca que él tenía trabajaba en lo de él. A veces trabajaba en mi finca. Viendo por la familia, el hogar, la mamá. Esa era la misión de él. Cuando salió en libertad ya no pudo ni volver allá. Ya los amigos y los vecinos lo miraban mal. Lo acusaban de algo que no era justificable que él hiciera. Tal vez lo acusaban de narcotraficante porque dizque lo cogieron por Ley 30 saliendo de Cartagena para acá (...)(53)”. (negrilla fuera de texto).

De otra parte, el señor Martín Sepúlveda manifestó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“(...) Preguntado: diga a qué actividad se dedicaba el señor Helber Hurtado Balanta, antes de ser detenido y posterior a salir en libertad? Contesto. Era trabajador, jornalero en la vereda. Cuando quedó en libertad le tocó venirse porque lo tildaban mal por motivo de la detención. Llegó a Florencia. Le ha tocado a despegues temporales porque es muy difícil a la gente del campo encontrar trabajo (...)”(54) (negrillas fuera de texto).

En consecuencia de lo anterior, se procederá a conceder este lapso, razón por lo que resulta necesario reliquidar la indemnización reconocida por este concepto en primera instancia, para lo cual se modificará únicamente el tiempo a liquidar y se mantendrán los demás valores fijados por el a quo. Finalmente, por razones de equidad, se actualizará el resultado obtenido.

La fórmula aplicable es la siguiente:

Fa
 

En dónde:

S: Suma a establecer;

Ra: Renta actual, es decir, el valor utilizado por el a quo como ingreso base de liquidación de la sentencia de primera instancia: $ 708.375,00.

i: Interés técnico legal: 0.004867.

n: Meses como período a indemnizar, es decir, el tiempo reconocido por el a quo (15,60 meses) más los 8,75 meses reconocidos en segunda instancia, para un total de: 24,35 meses.

Reemplazando tenemos:

F3
 

Ahora bien, por razones de equidad se procede a actualizar el presente monto, de la siguiente manera:

La fórmula aplicable es:

F4
 

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $ 18.265.534,1

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización (abril 2017): 137.40

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente al mes en que se profirió la sentencia de primera instancia (septiembre 2012): 111.69

Reemplazando tenemos:

F5
 

Total perjuicios materiales por lucro cesante: veintidos millones cuatroscientos setenta mil noventa pesos con tres centavos ($22.470.090,3) a favor del señor Helber Hurtado Balanta.

— Daño emergente.

Comoquiera que este concepto no fue objeto del recurso de apelación, no hay lugar a hacer pronunciamiento alguno al respecto.

2.6.3. Daños inmateriales derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

Frente a esta indemnización, en la demanda se solicitó por concepto de “daño a la vida de relación” la suma de equivalente a 100 smlmv para el afectado directo y los demás demandantes.

Ahora bien, el tribunal a quo, consideró lo siguiente:

“(...)

En consideración a que los testimonios obrantes a folios 11 a 16 Cdno. 2, dan cuenta que el señor Helber Hurtado Balanta, luego de quedar en libertad, debido a los señalamientos y actos discriminatorios, debió abandonar su parcela y desplazarse hacia otro domicilio, efectivamente sufrió graves alteraciones en sus condiciones de existencia, tanto personales, como económicas, este Tribunal le reconocerá una suma equivalente a setenta y siete (77) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

(...)”.

Por su parte, en el recurso de apelación, la parte actora solicitó se incrementara el monto reconocido en primera instancia y se reconociera este perjuicio a favor de los demás demandantes, dado que en el proceso se encontraba acreditada la afectación que la privación injusta del señor Hurtado Balanta les ocasionó.

Al respecto, cabe resaltar que mediante Sentencia proferida el 14 de septiembre de 2011, la Sección Tercera de esta corporación precisó la tipología de los perjuicios inmateriales en los siguientes términos:

“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación(55) (se destaca).

Así las cosas, a partir de dicho pronunciamiento jurisprudencial(56), se estableció una cláusula residual en relación con los perjuicios inmateriales frente a los cuales no es posible adecuarlos bajo el contenido y denominación de “daño moral” o “daño a la salud”, razón por la cual se les ha clasificado bajo la tipología de daños derivados de “vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados”.

En efecto quienes sufren una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea suficiente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa(57).

Respecto de dicha tipología la Sección Tercera se ha pronunciado sobre sus características en los siguientes términos:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales(58)”.

Así pues, la Sala ha considerado que cuando se trata de alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud(59)—, tal indemnización se reconocerá bajo la denominación antes mencionada, evento en el cual se podrá solicitar una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral(60).

Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucional convencionalmente protegido, no obstante debe advertirse que no cualquier modificación incomodidad podría llegar a configurar este perjuicio.

En estas condiciones, debe entenderse que la pretensión a que se refiere este acápite encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica corno parte de los bienes constitucionalmente protegidos, frente a los cuales, en el caso concreto, se estableció que dicha afectación consistió en el señalamiento que las personas cercanas le hicieron al señor Hurtado Balanta a raíz de la investigación penal adelantada en su contra, tanto así que se vio en la obligación de dejar su vivienda y desplazarse con su familia hacía Florencia, lugar donde debió atemperarse e iniciar una nueva vida. Dicha circunstancia se puede acreditar con los siguientes testimonios:

Obra en el expediente, la declaración del Señor Martín Sepúlveda (fl. 17 cdno. pbas. 2), en la cual dijo:

“(...) Preguntado: diga a que actividad se dedicaba el señor Helber Hurtado Balanta, antes de ser detenido y posterior a salir en libertad? Contestó. Era trabajador, jornalero en la vereda. Cuando quedó en libertad le tocó venirse porque lo tildaban mal por motivo de la detención (...)”.

A su vez, a folio 17 del cuaderno de pruebas # 2 obra la declaración del señor Víctor Gómez Escarpeta, quien manifestó:

“(...) Preguntado: diga a qué actividad se dedicaba el señor Helber Hurtado Balanta, antes de ser detenido y posterior a salir en libertad? Contestó. Se dedicaba a actividades de finca, adecuar potreros. En la finca que él tenía trabajaba en lo de él. A veces trabajaba en mi finca. Viendo por la familia, el hogar, la mamá. Esa era la misión de él. Cuando salió en libertad ya no pudo ni volver allá. Ya los amigos y los vecinos lo miraban mal. Lo acusaban de algo que no era justificable que él hiciera. Tal vez lo acusaban de narcotraficante porque dizque lo cogieron por Ley 30 saliendo de Cartagena para acá (...)”.

En mérito de lo expuesto, considera la Sala que la afectación que le ocasionó la privación injusta de la libertad al señor Helber Hurtado Balanta fue de tal magnitud que se vieron afectados sus derechos al buen nombre, la familia, la honra, la propiedad, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, razones suficientes para considerar tanto la medida no pecuniaria como la pecuniaria, esto con el fin de reparar de manera integral al afectado directo.

En consecuencia, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación la publicación de la presente providencia en un link destacado en su página web institucional, además de divulgar en un medio de comunicación de amplia circulación del Departamento donde se produjo la captura del señor Helber Hurtado Balanta, sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad del investigado y, con relación a la indemnización pecuniaria se confirmará el monto reconocido por esta corporación por este concepto, es decir 77 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Helber Hurtado Balanta.

2.7. Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1º de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el ordinal tercero, literal a, b y c, de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2012 en el proceso de la referencia, por el Tribunal Administrativo del Caquetá, de conformidad con los aspectos señalados en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán como sigue:

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar lo siguiente:

a) Por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero a favor de los siguientes demandantes:

Demandantesmlmv
Helber Hurtado Balanta90
Ana Polonia Balanta (madre)90
Ferney Hurtado Balanta (hermano)45
Edgar Hurtado Balanta (hermano)45
Ledy Hurtado Balanta (hermano)45

b) Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 22.470.090,3, a favor del señor Helber Hurtado Balanta.

c) Por concepto de indemnización por alteraciones graves en las condiciones de existencia se reconocerá lo siguiente:

i) Como medida no pecuniaria se ordenará a la Fiscalía General de la Nación la publicación de la presente providencia en un link destacado en su página web institucional, además de divulgar en un medio de comunicación de amplia circulación del departamento donde se produjo la captura del señor Helber Hurtado Balanta, sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad del investigado.

ii) Como medida pecuniaria la suma de setenta y siete (77) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Helber Hurtado Balanta.

2. CONFIRMASE en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(28) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor Luz Elena Muñoz y otros.

(29) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(30) Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622. C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en Sentencia de 11 de agosto de 2011, exp. 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, rad. 25000-23-26-000-2009-00236-01 (37410), C.P. (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(31) Obra a folio 37 del cuaderno de pruebas copia del informe secretarial en el que consta la fecha de ejecutoria de la sentencia penal.

(32) Tal como consta a folio 54 del cuaderno principal.

(33) A folios 215 y 219 del cuaderno de pruebas.

(34) A folios 220-221 del cuaderno de pruebas se encuentra el auto mediante el cual se avoca conocimiento y obra a folio 229 del mismo cuaderno, acta de compromiso.

(35) Folios 232 y 233 del cuaderno de pruebas.

(36) Folio 264 del cuaderno de pruebas.

(37) Folio 306 del cuaderno de pruebas.

(38) Folios 291 - 292 del cuaderno de pruebas.

(39) Folios 313 - 317 del cuaderno de pruebas.

(40) Folios 339 a 343 del cuaderno de pruebas.

(41) Constancia visible a folio 9 del cuaderno 2 de pruebas.

(42) La sentencia se encuentra visible a folios 41 a 51 del cuaderno principal.

(43) Folio 37 del cuaderno de pruebas.

(44) En este sentido debe recordarse que la Fiscalía General de la Nación le impuso al señor Hurtado Balanta, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

(45) Sentencia del 4 de diciembre de 2006. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 13168.

(46) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, exp. 18.284, entre otras.

(47) Dicho parentesco aparece acreditado de la siguiente manera: del señor Ferney Hurtado Balanta (hermano) obra registro civil de nacimiento a folio 22 del cuaderno principal, del señor Edgar Hurtado Balanta (hermano) obra registro civil de nacimiento a folio 23 del cuaderno principal, de Ledy Hurtado Balanta (hermana) obra registro civil de nacimiento a folio 24 ibídem, frente a la señora Ana Polonia Balanta obra a folio 25 del mismo cuaderno declaración del señor Julio César Hurtado, en la cual se manifiesta que la señora Ana Polonia Balanta es la madre del señor Helber Hurtado Balanta. Este último documento tiene sello de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el cual se establece que dicho documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la registraduría.

(48) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013; C.P. Enrique Gil Botero, exp. 25.022.

(49) “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformada. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

(50) Dicho parentesco aparece acreditado de la siguiente manera: del señor Ferney Hurtado Balanta (hermano) obra registro civil de nacimiento a folio 22 del cuaderno principal, del señor Edgar Hurtado Balanta (hermano) obra registro civil de nacimiento a folio 23 del cuaderno principal, de Ledy Hurtado Balanta (hermana) obra registro civil de nacimiento a folio 24 ibídem, frente a la señora Ana Polonia Balanta obra a folio 25 del mismo cuaderno declaración del señor Julio Cesar Hurtado, en la cual se manifiesta que la señora Ana Polonia Balanta es la madre del señor Helber Hurtado Balanta. Este último documento tiene sello de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el cual se establece que dicho documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la registraduría.

(51) Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22.

(52) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(53) Fls. 14 a 16 del cuaderno 2 de pruebas.

(54) Folios 11 a 13 del cuaderno de segunda instancia.

(55) Consejo de. Estado, Sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

(56) Para efectos de apreciar la línea de evolución de los perjuicios inmateriales, se destacan las siguientes providencias: En Sentencia del 25 de septiembre de 1997 - rad. 10421, M.P. Ricardo Hoyos Duque, la Sección Tercera cambió la expresión “perjuicio fisiológico” por el concepto de “perjuicio de placer”, asimilándolo al de “daño a la vida de relación”. Más tarde, en Sentencia del 19 de julio de 2000 - rad. 11842, M.P. Alier Hernández Enríquez, precisó que este de daño de orden inmaterial debía denominarse “daño a la vida de relación”, por cuanto se trata de un concepto más adecuado que el “perjuicio fisiológico”: “el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre”, afectación inmaterial que puede tener origen en una lesión física o corporal, como también, por ejemplo, en una acusación calumniosa o injuriosa, en la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona, en un sufrimiento muy intenso o, incluso, en un menoscabo al patrimonio o una pérdida económica. Posteriormente, en decisiones de 15 de agosto y 18 de octubre de 2007 —rad. 2002-00004-01 (AG) y 2001-00029-01 (AG)— la Sección Tercera cambió su denominación y lo denominó “alteración grave a las condiciones de existencia”, la cual se acredita respecto de las condiciones de existencia previas, con las características de ser graves, drásticas y extraordinarias: “[E]n esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política (...) El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”. Finalmente, las providencias de 14 de septiembre de 2011 —rad. 19.031 y 38.222, antes citadas, sistematizaron la tipología de los daños inmateriales, así: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), cuando se deriva de una lesión corporal y iii) daños a bienes constitucionales.

(57) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(58) Consejo de Estado, Sentencia unificación jurisprudencial de Sala de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(59) Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de marzo de 2012, exp. 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros. M.P. Enrique Gil Botero.

(60) Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de 1º de noviembre de 2007, exp. 16.407.