Sentencia 2009-00353 de febrero 5 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Proyecto registrado: 28 de enero de 2014.

Aprobado según Acta 5 de la fecha

Rad.: 700011102000200900353 01

Bogotá D.C., cinco de febrero de dos mil catorce.

Objeto del pronunciamiento

Procede la Sala a pronunciase sobre el recurso de apelación interpuesto por el abogado Manuel Esteban Vergara Ruíz contra la sentencia proferida el 11 de octubre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre(1), mediante la cual lo sancionó con exclusión de la profesión por la comisión de la falta disciplinaria prevista en el artículo 33 numeral 11 de la ley 1123 de 2007.

Hechos y actuaciones procesales

Fueron resumidos en la sentencia de primera instancia así:

“2.1. La asesora jurídica de Salud Vida mediante escrito dirigido a la Sala Superior, quien por competencia lo envía a este seccional, pone en conocimiento el cobro irregular de un título judicial que pertenecía a la entidad para la que trabaja, dentro de un proceso ejecutivo con trámite en el juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo instaurado por el hospital local de San Onofre (Sucre) contra Saludvida S.A. EPS de radicación 2008-00390.

2.2. Afirma que el titulo judicial fue cobrado de manera irregular y hacía parte de los depósitos judiciales dentro del proceso ejecutivo del hospital local de San Onofre (Sucre) contra Saludvida SA EPS, de radicación 2008-000390.(sic).

2.3. Que dentro del proceso 2008-00390 inicialmente era apoderado especial de Saludvida S.A EPS el doctor Edinson Alberto Pedreros Buitrago, a quien el presidente y representante legal de la época doctor Juan Carlos López Aguilar le otorgó poder.

2.4. Que dicho proceso ejecutivo fue objeto de transacción parcial entre las partes el día 25 de noviembre de 2008.

2.5. Que el 17 de diciembre de 2008 la Junta Directiva de Saludvida EPS decidió revocar la representación legal al doctor Edinson Pedreros Buitrago.

2.6. Que el 15 de febrero de 2009 el señor Edinson Pedreros renunció al cargo que venía desempeñando en la empresa como secretario jurídico.

2.7. Que una vez nombrada como representante legal, decide nombrar al doctor Roberto Sierra Quiroz como apoderado especial de la entidad para que representara en el mismo proceso ejecutivo 2008-00390.

2.8. Que el nombrado apoderado judicial ejerciendo el poder conferido, radicó oficio en el juzgado solicitando seguir adelante con la ejecución, limitar el embargo a la suma justa y necesaria y efectuar la devolución de los remanentes.

2.9. Que el proceso ejecutivo en mención se dio terminado por transacción y fue publicado el auto que lo ordenó mediante estado de 2 de abril de 2009.

2.10. El doctor Roberto Quiroz presentó renuncia al poder conferido el 08 de mayo de 2009.

2.11. Que el 1º de junio de 2009 le informaron del cobro irregular de un título judicial perteneciente a la entidad, por parte del abogado Manuel Vergara Ruíz, quien manifiesta no conocer.

2.12. Expresa que igualmente fue informada de que el expediente del proceso ejecutivo 2008-00390 había sido adulterado, por cuanto todas las actuaciones desde la radicación del poder del abogado Roberto Sierra Quiroz, y había sido excluidos documentos que originalmente no se encontraban en el proceso. (sic)

2.13. Que el mismo día el abogado Pedreros Buitrago le hace entrega de algunas fotocopias como pruebas del supuesto cobro fraudulento del título. Relaciona las copias de los documentos entregados.

2.14.1. Que debe existir una presunta adulteración de documentos incorporados al expediente judicial, en el evento que no existieran los documentos al poder otorgado al abogado Sierra Quiroz y las actuaciones posteriores de éste, así como de los pronunciamientos posteriores del juez y del secretario.

2.14.2. Que de conformidad con los oficios de los juzgados 1º y 6º Civil Municipal, los que ordenaban el embargo y retención de los dineros que se llegaren a desembargar dentro del ejecutivo 2008-00390, el juzgado no podía disponer de los remanentes de los dineros sobrantes en dicho proceso, por lo que considera que la entrega de los $274.000.oo(sic) que supuestamente se llevó a cabo el 19 de mayo de 2009, había sido ilegal.

2.14.3. Que por lo anterior el juzgado habría omitido la orden de los otros juzgados por cuanto no se llevó a cabo el trámite normal de conversión de los depósitos judiciales a los procesos que cursaban en dichos juzgados.

2.15.4.(sic) Que la fecha de la providencia en que se ordena el pago de los depósitos judiciales al señor Manuel Esteban Vergara Ruíz es la misma del depósito, lo que implica que de haber existido efectivamente esa providencia, la misma no surtió el trámite legal de la ejecutoria, la notificación por estado y la oportunidad de oponerse al mismo.

2.14.5. Manifiesta que adicionalmente lo normal es que cuando se dicta una providencia que ordena el pagó de depósitos judiciales, el juez no tiene el soporte físico del depósito dentro del expediente, que esto es lo normal, y por lo tanto cuestiona cómo pudo el juez conocer que el mismo día se había constituido un título o realizado el depósito que estaba ordenando entregar.

2.14.6. Que la copia de la comunicación de la orden de pago de depósitos judiciales no contiene sello del juez ni de la secretaría, requisitos éstos que siempre son solicitados por el Banco Agrario, para llevar los pagos de depósitos judiciales, como parte de su protocolo de seguridad, y no obstante habría sido pagada con base en dicho documento la suma de $274.000.000. Que por lo anterior supone que los funcionarios del banco Agrario no habrían efectuado las confirmaciones de rigor para hacer el pago de una suma tan considerable, como la que se supone se pagó.

2.14.7. Que supuestamente el poder entregado al abogado Manuel Vergara Ruíz fue otorgado por el señor Edinson Alberto Pedreros Buitrago, el 23 de febrero de 2009, cuando éste último ya no era representante legal suplente, ni apoderado general ni especial, ni ocupaba ningún cargo dentro de Saludvida S.A. EPS, y por tanto no tenía facultades legales para emitir tal documento.

2.14.8. Que el poder que se le otorgó al abogado Manuel Vergara Ruíz ostenta sello de autenticación de la firma del supuesto poderdante, del notario(sic) 1º del Circuito de Sincelejo, del 23 de febrero de 2009, que el doctor Edinson Pedreros tiene residencia en Bogotá y para tal fecha no ejercía ningún cargo dentro de Saludvida EPS”.

De la condición de abogado: Se acreditó que el Dr. Manuel Esteban Vergara Ruíz, se identificada con cédula de ciudadanía 92.521.293, posee tarjeta profesional 109688 y a la fecha de la queja se encontraba vigente(2). No registra antecedentes disciplinarios(3).

Actuación procesal

Mediante auto del 13 de noviembre de 2009 se decretó la apertura del proceso disciplinario y se fijó el 28 de enero de 2010 para adelantar la audiencia de pruebas y calificación provisional, librándose las comunicaciones de ley(4).

Audiencia de pruebas y calificación provisional: Llevada a cabo en la fecha inicialmente programada, estando presente el disciplinado se procedió a escucharlo en versión libre, oportunidad procesal en la que refirió que para el mes de febrero de 2009 se presentó a su oficina el señor Antonio Arias Uribe manifestándole la necesidad de contratar sus servicios para interponer una demanda contra la EPS “Saludvida”, para lo cual le entregó una documentación consistente en unas facturas de la IPS “Medisocial” con sello de la EPS, un registro de cámara de comercio y una “serie de información” con lo cual procedió a elaborar el poder y a presentar posteriormente el 6 de mayo del 2009 la demanda, la misma que correspondió por reparto al juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo bajo el radicado 2009-00339.

Expuso que en la demanda solicitó como medidas cautelares el embargo de un depósito judicial que se encontraba como remanente dentro del proceso radicado 2008-390 seguido en el mismo despacho y contra la misma EPS, sin embargo, posterior hacerse efectiva la misma, el 13 de mayo (no refiere anualidad) su mandante le comentó que a título personal efectuó una transacción con el señor Edinson Alberto Pedrero Buitrago representante de “Saludvida”, acuerdo consistente en dar por terminado el proceso por pago total de la obligación y hacerle entrega a él como apoderado del demandante de un título judicial por la suma de $274.000.000.

Adujo el disciplinado haber cobrado el título el 19 de mayo del 2009 y el mismo día haberle hecho entrega a su mandante de lo acordado, evento del cual daba fe el recibo expedido por su cliente, sin embargo, el 29 de mayo de 2009, recibió una llamada desde Bogotá de alguien que se identificó como Juan Carlos López Aguilar presidente de la “empresa Saludvida” y el cual le acusó de haberle “robado” a la EPS $274.000.000, dentro de un proceso adelantado con falsedades.

Sostuvo finalmente que la Fiscalía General de la Nación hasta la fecha no había determinado ninguna falsedad dentro del asunto civil, y que él como abogado litigante actuó de buena fe amparado en las manifestaciones de su cliente.

— En diligencia del 21 de abril de 2010 el disciplinado refirió que en el despacho de la magistrada Olga Fanny Pacheco se estaba adelantando proceso radicado 2009-00403 por los mismos hechos aquí investigados, razón por la cual solicitó se integraran los dos procesos.

Continuación de la audiencia de pruebas y calificación provisional: Adelantada los días 13 de mayo, 17 de junio, 7 de septiembre, 1º de diciembre de 2010, 22 de febrero, 17 de marzo, 29 de marzo de 2011, 23 de enero, 8 y 16 de febrero y 4 de junio de 2012, se decretaron y practicaron pruebas, recaudándose las siguientes:

— Copia de la declaración rendida por el profesional dentro del proceso disciplinario No. 2009-00261 seguido en contra del Juez Tercero Civil del Circuito.

— Inspección judicial al proceso Penal 2009-01888 en donde se realizó pruebas grafológicas de los poderes otorgados al abogado para la representación en los procesos que adelantó a favor de la EPS “Saludvida” y la IPS “Medisocial”.

— Copia de los procesos ejecutivos 2008-390 y 2009-00339.

Calificación jurídica: En la última data referida, el Magistrado instructor posterior a un recuento procesal y de los hechos, consideró que existía suficiente mérito probatorio para elevar cargos en contra del abogado Manuel Esteban Vergara Ruíz por la presunta incursión en las faltas disciplinarias consagradas en el artículo 33 numerales 1º y 11 de la Ley 1123 de 2007 al haber vulnerado posiblemente los deberes de que tratan los numerales 13 y 16 del artículo 28 Ibídem, conducta calificada a título de dolo.

Lo anterior al elevar cuestionamiento por su conducta dentro del proceso ejecutivo seguido en contra de “Saludvida EPS” y en el cual él actuaba como apoderado de la parte demandante, la IPS “Medisalud”, al haber cobrado “el 2 de abril de 2009” un depósito judicial por la suma de $274.000.000, que según denuncia hecha por la señora Marcela Ramírez Sarmiento, representante de la demandada, se realizó con base a un proceso lleno de falsedades.

Audiencia de juzgamiento: Adelantada los días 28 de junio, 31 de julio, 5 23 de agosto y 5 de diciembre de 2012, 28 de enero y 11 de junio de 2013, se procedió a la práctica de pruebas.

Testimonios: Antonio Arias Uribe: Manifestó conocer al togado “a través de una persona que me recomendó para un trabajo en una IPS como representante legal, se hicieron los papeles, los firmé, pero resulta que esto era para otras cosas no para el manejo de una IPS, aseguró no haber buscado al abogado, tal y como este lo aseguró, todo lo contrario él fue buscado para firmar un “un documento de prestación de servicios”.

Refirió que la EPS “Saludvida” no tenía ninguna deuda con él y que está “detrás” de la Fiscalía para aceptar el cargo de “falsedad en documento público” pues admitió haber firmado unos papeles como “representante legal de una empresa” que resultó ser “de papel”, y aseguró que el togado como jurídico de la IPS lo requirió para que suscribiera un poder para cobrar unos dineros, sin embargo sostuvo desconocer qué tipos de deudas o con qué persona iba a tratar asegurando que la cuartada realizada fue haberle hecho firmar el poder para cobrar esos dineros.

Tras ser cuestionado por el magistrado, manifestó que se comunicaba con el togado, su hermano y con Roberto Sierra, quienes “hicieron el auto del fraude procesal”, y acusó al investigado de ser el “gestor” pues era él quien finalmente iba a cobrar los dineros y refirió que cuando estalló el escándalo recibió cinco millones de pesos para que se fuera de la ciudad.

Finalmente declaró que desconocía el motivo por el cual lo nombraron representante legal, lo supo después de consumado el hecho por un problema que se generó por una “mala repartición”.

Robiro Goez Barragán: Se deja constancia que dicha declaración no fue posible escucharla en atención a que el audio se encuentra totalmente defectuoso.

Roberto Sierra Quiroz:Manifestó conocer a la quejosa en atención a que era la representante legal de la EPS “Saludvida” para la época en la que él fue contratado como apoderado de esa institución y al abogado disciplinado por las lides judiciales en la ciudad, sin recordar expresamente algún proceso en el cual el togado hubiere actuado como contraparte de la EPS.

Alegatos de conclusión: En audiencia del 28 de agosto de 2013 el disciplinado rindió alegatos de conclusión, oportunidad en la cual manifestó que su actuación en el proceso civil fue de buena fe, en tanto previo a la presentación de la demanda, nunca tuvo conocimiento que los documentos fueran falsos, se limitó a realizar su labor, entregando resultados y recibiendo honorarios por ello.

Sostuvo que nunca negó haber recibido poder legítimamente para intervenir en el proceso, que de la declaración del señor Arias se desprende que él asumió toda la responsabilidad y los demás testimonios sólo refirieron su actuar de buena fe.

Finalmente refirió que en calidad de abogado le quedaba muy difícil verificar la veracidad de los documentos que le entregan, por lo tanto solicitó fuera absuelto dentro del proceso, pues demostró que fue engañado.

Decisión de primera instacia

En providencia del 11 de octubre de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, sancionó al abogado Manuel Esteban Vergara Ruíz con Exclusión de la profesión por hallarlo responsable de la comisión de la falta disciplinaria consagrada en el artículo “33 de numeral 11” de la Ley 1123 de 2007.

Dio por demostrado que el abogado a pesar de actuar en un primer estadio como defensor de la EPS “Saludvida” (dentro del proceso 2008-00390), decidió aceptar poder de una presunta IPS denominada “Medisocial” para demandar a su inicial representada, y al tiempo con la presentación de la demanda (Rad. 2009-00339) solicitó como medida cautelar el embargo del título judicial por valor de $274.000.000, que como remanente era parte del proceso 2008-00390 y que él como apoderado en ese asunto era conocedor que por orden del despacho debían ser devueltos a su representada.

Sostuvo la instancia que la deliberada incursión del profesional en el conflicto de intereses y su total ausencia de cumplimiento del deber dentro del proceso 2008-00390, no permitían inferir conclusión diferente a la de ser cierto, tal cual lo dijo el testigo, que el abogado era conocedor sobre la ausencia de verdad sobre los documentos y argumentos que soportaron el proceso 2009-00339 en el cual materializó el irregular cobro del título judicial, del cual además se derivó el pago de unos honorarios ($50.000.000) que bajo los parámetros de lo razonable podrían resultar exagerados, hecho considerado como un indicio más de la responsabilidad del investigado, en tanto “la experiencia determina la cancelación de honorarios profesionales en términos razonables, salvo ante eventualidades donde lo que se cobra es producto de actuaciones al margen de la ley”.

Agregó la instancia que el investigado no refutó las declaraciones del testigo en la cual se le señaló de ser uno de los gestores del montaje realizado para defraudar a la EPS, hecho que sumado a la circunstancia de haber utilizado pruebas falsas, como lo eran las facturas y los certificados de existencia y representación legal de la supuesta IPS “Medisocial” y haberlas hecho valer en actuación judicial, llevaron a concluir que de manera deliberada decidió participar en la estructura de un proceso ejecutivo haciendo parecer como ciertos, argumentos y documentos que no correspondían a la verdad, con el fin de apropiarse del remanente que existía a favor de la EPS “Saludvida”.

En relación a la tasación de la sanción, el a quo sostuvo que la impuesta, se determinó una vez valorados en conjunto los criterios generales y los especiales de agravación, ello teniendo en cuenta la modalidad de la conducta, el perjuicio causado, la gravísima trascendencia social que afecta la credibilidad de la sociedad en los profesionales del derecho y sobre todo el perjuicio causado no sólo al patrimonio de la EPS, también al hecho de considerar que los dineros eran recursos destinados a la atención y protección del derecho fundamental a la salud de los afiliados a la entidad, motivos por los cuales, la exclusión se tornaba en procedente y proporcional.

En lo atinente a la falta consagrada en el artículo 33 numeral 1º, la primera instancia no hizo relación alguna en el fallo dictado, a pesar de haber sido imputada en los cargos.

Recurso de apelación

El disciplinado allegó recurso de apelación, mediante el cual, en primer lugar y en relación a su actuar dentro del proceso 2008-00390 manifestó que cuando recibió el poder del señor Pedreros Buitrago, quien se presentó como representante legal de la EPS “Saludvida” no sabía que este ya no era el debidamente autorizado para representar a la EPS, además que el poder presuntamente otorgado fue directamente enviado al juzgado por su mandante y que la declaración del secretario del despacho quien hubiera corroborado su dicho, sin embargo la grabación de ese día se dañó y a pesar de haber sido ello percatado por el Magistrado no fue de nuevo recaudada.

Hizo igualmente referencia a la no posibilidad de recaudar el testimonio del abogado Edinson Pedreros Buitrago, lo que no permitió corroborar o desmentir su dicho.

En lo referente al proceso 2009-00339, reiteró que si bien era cierto dentro del mismo se realizó una transacción que incluyó el remanente del proceso 2008-0390, de las pruebas allegadas se logró establecer que el acuerdo no fue suscrito por él, pues el mismo fue realizado por el supuesto representante de la IPS y el presunto representante de la EPS, siendo el juzgado el legítimo autorizado para llevar cabo el control de legalidad del acuerdo, por lo tanto (el investigado) se limitó a cumplir su deber, cual era recibir y cobrar el título judicial, entregarlo de inmediato a su mandante, descontando lo de sus honorarios, los cuales refiere fueron menores a lo pactado.

Adujó que de la declaración del señor Arias Uribe lo único que se podía deducir es que “se encuentra desesperado y no sabe que decir ni a quien echarle la responsabilidad de su conducta y al primero que se acuerda lo nombra y lo involucra...”, lo cual sumado a sus contradicciones, no significó otra cosa que toda su declaración fue mentira, sin que tuviera peso el hecho de no haber controvertido al testigo en el momento de la audiencia, cuando se evidenció que era un testigo “mendaz y el sólo se cae por su propio peso...”.

Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto en el presente asunto contra la sentencia a quo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(5) y 59 de la Ley 1123 de 2007(6).

Si bien es cierto, la esencia del Decreto 196 de 1971 y de Ley 1123 de 2007 radica fundamentalmente en un precepto de orden constitucional, el cual en el artículo 26 consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”, también lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Por ello, teniendo en claro el alcance del ejercicio de la profesión, la Sala procede a estudiar el comportamiento del abogado Manuel Esteban Vergara Ruiz, a efecto de valorar si su conducta en el caso puesto en conocimiento de esta colegiatura se ajustó o no a estos parámetros.

De entrada, es importante recordar que para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

La falta disciplinaria atribuida al letrado investigado, se encuentra prevista en el artículo 33 numeral 11 de la Ley 1123 de 2007 en los siguientes términos:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...).

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas”.

Norma anterior que protege el deber de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia, y el cual debe ser observado por todos los abogados litigantes cuando asumen un mandato (art. 28 num. 6º).

Consideró la instancia que el togado incurrió en la falta citada, “porque sin ninguna justificación permitió y participó en un litigio fraudulento al haber aceptado poder para demandar en proceso ejecutivo a la EPS Saludvida a sabiendas que los documentos y argumentos expuestos para la iniciación del proceso no correspondían a la verdad...él de manera personal como lo declaró el testigo Antonio Arias Uribe fue gestor del montaje para defraudar el patrimonio económico de la EPS”.

En el asunto sub examine, no queda duda que el togado Vergara Ruiz, incurrió en la citada conducta, al desbordar los límites de lo permitido y ello por cuanto aprovechándose de los conocimientos profesionales adquiridos de las circunstancias resultantes del proceso 2008-00390 —como lo era la existencia de unos remanentes sin cobrar. en el cual él actuó como apoderado de la EPS “Saludvida”, decidió por voluntad propia aceptar poder para participar en un litigió fraudulento, con el único fin de hacerse a los dineros, que como se refirió, estaban a disposición de la entidad demandada dentro del proceso en el cual él había inicialmente actuado como representante judicial.

Lo anterior tiene sustento en las siguientes pruebas:

1. El 23 de febrero de 2009 el abogado Manuel Esteban Vergara Ruiz recibió sustitución de poder del togado Edison Alberto Pedreros Buitrago (presunto apoderado de la EPS) para que “represente a Saludvida S.A.” dentro del proceso que se adelantaba en el juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo Bajo el radicado 2008-00390.

2. Según declaración del propio investigado rendida dentro del proceso disciplinario 2009 00261, como apoderado de la EPS “hice una solicitud de unas devoluciones de unos depósitos judiciales, y se me hizo entrega de un depósito creo que 62 millones y pico... y yo le entregué la plata a los señores...”.

3. El día 23 de abril de 2009(7) el abogado investigado recibió poder de parte del señor Antonio Arias Uribe en calidad de representante legal de la “IPS Medisocial” para que “inicie y lleve hasta su culminación demanda ejecutiva singular de mayor cuantía contra Saludvida EPS... por las acreencias a mi adeudadas...”.

4. En virtud del citado poder, el profesional instauró el 6 de mayo siguiente demanda que correspondió por reparto al juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo y solicitó como medida cautelar “el embargo y retención del depósito judicial #.... por valor de $274.000.000 que se encuentran en el juzgado tercero civil del circuito de Sincelejo a favor de la ESE de San Onofre”, valga decir que se refirió al proceso en el cual inicialmente actuó como apoderado de la EPS.

5. El 7 de mayo de 2009 el juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago a favor de la IPS Medisocial y ordenó el embargo del título judicial ya referido.

6. A folio 23 del cuaderno de copias del proceso 2009-00339, obra un “Contrato de transacción total suscrito entre la IPS Medisocial y Saludvida S.A. EPS” y firmado por los señores Edison Alberto Pedreros y Antonio Arias Uribe, en el cual además se acordó expresamente que “los pagos aquí relacionados se efectúen a través de la expedición del depósito judicial existente en el Despacho con ocasión al presente proceso ejecutivo, producto del remanente por valor de $274.000.000”, el cual a su vez se dispuso, entregar al apoderado judicial del demandante.

7. Dicho acuerdo fue aprobado el 12 de mayo siguiente por el Despacho de conocimiento y en el mismo auto en que se dio por terminado el proceso se ordenó se entregara “al apoderado del demandante” el título judicial por valor de $274.000.000, el cual fue retirado el 18 de mayo de 2009.

8. Según copia obrante a folio 80 del cuaderno original, el 19 de mayo de 2009 el señor Antonio Arias Uribe recibió “de conformidad de manos del doctor Manuel Esteban Vergara Ruiz la totalidad de la suma de dinero producto del proceso ejecutivo singular, radicado 2009-0339 que curso(sic) en el tercero civil del circuito de Sincelejo, en mi calidad de demandante y representante legal de la IPS Medisocial, Proceso que se instauró contra la EPS salud vida(sic)”.

9. Una vez se entera la Gerente Nacional Jurídica de la empresa Saludvida S.A EPS, del cobro del título judicial, procedió a instaurar queja disciplinaria contra el Juez de conocimiento del asunto, escrito del cual además se derivó la presente actuación en contra del abogado ahora investigado.

10. Se recibió testimonio de quien fungió como representante legal de la IPS “Medisocial” quien en presencia del propio investigado lo acusó de ser conocedor e incluso gestor del fraude que terminó siendo un proceso judicial, y que tenía como finalidad apropiarse de los remanentes resultantes del proceso 2008-00390, en el cual, se recalca el investigado recibió poder para actuar.

En vista del anterior recuento, se desprende efectivamente una situación irregular que reviste importancia para el derecho disciplinario en cuanto al comportamiento del abogado se trata, y ello por cuanto tal y como la dijo la primera instancia, se constituiría el actuar del abogado en una simple falta de conflicto de intereses de no ser por tres pruebas fundamentales que llevan a la total certeza de la incursión del profesional en la falta imputada.

En primer lugar se cuenta con la queja interpuesta por la señora Marcela Ramírez Sarmiento en calidad de Gerente Nacional Jurídica de la EPS “Saludvida” en la cual denuncia el “el cobro irregular de un título judicial perteneciente a la entidad, por parte del abogado Manuel Esteban Vergara Ruiz... a quien manifiesto no conocer”, circunstancia que teniendo en cuenta la calidad ostentada por la quejosa, reviste credibilidad en la afirmación de la irregularidad con que se tramitó el asunto que a la postre conllevó al cobro de la elevada suma de dinero, aunado a las otras denuncias referentes a que al 23 de febrero de 2009, el abogado Edison Alberto Pedreros, quien en un principio sustituyó el poder al investigado para que actuara dentro del proceso 2008-00390 y se constituyó como representante jurídico de la EPS “Saludvida” en el proceso 2009-00339. ya no ostentaba “la condición de representante legal suplente, ni apoderado general, ni apoderado especial, ni ocupaba ningún cargo dentro de Saluvida S.A. EPS”.

Ahora y como prueba adicional para establecer la irregularidad en la forma como se intentó y finalmente se logró el cobró del título judicial, se tiene la denuncia penal instaurada por el Juez Tercero Civil del Circuito de Sincelejo por “fraude procesal, falsedad y estafa”, toda vez al parecer las “las facturas allegadas como título valor, las firmas estampadas por el doctor Pedrero en la transacción, el poder otorgado por el doctor Juan Carlos López Aguilar, así como las autenticaciones ante notarias” arrimadas al proceso 2009-00339 serían falsas.

En segundo lugar, y con especial valor probatorio, se cuenta con la declaración rendida por el señor Antonio Arias Uribe presunto representante legal de la IPS “Medisalud”, en la cual señaló sin reparo alguno al abogado aquí investigado, de no sólo ser conocedor, sino gestor del fraude para que por medio de una “IPS de papel” lograr apropiarse del remanente del proceso 2008-00390, en donde el abogado Vergara Ruiz, al parecer también de forma irregular aceptó poder para actuar.

Tal y como lo recalcó el a quo, la anterior declaración fue rendida en audiencia de juzgamiento en la cual estaba presente el investigado y éste, facultado para interrogar y contradecir las afirmaciones hechas por el testigo, optó por guardar silencio y nada decir en contra de las acusaciones hechas en su contra, contrario a ello, se limitó en la apelación a decir que dicho testimonio “se caía de su propio peso” en atención a sus contradicciones, alegaciones que debió haber hecho en el momento oportuno, o llegado el caso controvertir una a una las acusaciones hechas en su contra, pero nada de ello ocurrió, y si bien el testigo pudo haber realizado apreciaciones subjetivas intentando exculpar su actuar, lo cierto es que sumado a las demás pruebas, se tiene que efectivamente el abogado, como se verá más adelante aprovechó junto con el señor Alberto Pedreros los conocimientos que tenían de las circunstancias, en especial de los dineros que habían como remanentes dentro del proceso 2008-00390, para crear una ilusión jurídica y por medio de artimañas hacerse a ese dinero.

Como prueba se tiene además el hecho, como se vio, del togado haber aceptado ser de manera coincidente apoderado de la EPS “Saludvida” en el proceso en el cual quedó el remanente que fue finalmente cobrado mediante el ejecutivo dentro del cual el abogado actuó como demandante, es decir, ostentando la calidad de representante judicial de la prestadora de salud, decidió de manera libre y voluntaria aceptar un mandato —que además se sustentó según la declaración del poderdante en el proceso 2009-00339, en pruebas, documentos y argumentos falaces, para demandar, embargar y cobrar un título judicial que a su vez era remanente del proceso en el cual él representaba a la parte que ahora ejecutaba, lo cual desvirtúa su dicho de haber actuado de buena fe, pues de ser cierto, tal y como lo dijo la instancia “por un elemental deber de lealtad y responsabilidad para con su poderdante inicial de plano hubiese rechazado ser el representante judicial de la supuesta IPS “Medisocial”.

Por otro lado, se evidencia que una de las inconformidades planteadas por el investigado en la apelación, fue la no recepción del testimonio del abogado Edison Alberto Pedreros, sin embargo, ha de recordarse al recurrente que en la audiencia de juzgamiento que se llevó a cabo el 11 de junio de 2013, el magistrado una vez advertido que trascurrido más de dos años sin lograr su recaudo, le cuestionó sobre la insistencia en la misma, y el propio investigado dejó al arbitrio del a quo su práctica, por lo tanto no es momento de venir a echar de menos dicha prueba, cuando él mismo le restó importancia.

Finalmente, es de anotar que al disciplinado en el pliego de cargos se le imputó además la falta consagrada en el artículo 33 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, y que si bien la misma no fue considerada expresamente en la sentencia a quo, se debe establecer que se encuentra subsumida en la falta por la cual se sancionó finalmente al profesional, en tanto el hecho de haber utilizado pruebas, documentos y argumentos falaces en un proceso judicial también es una forma de emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos en aras de amañar la realidad fáctica a su favor, pues si la IPS no existía, todo lo que se supone de ella provenía era falso.

Así entonces ninguna de las exculpaciones expuestas por el togado tienen la calidad exculpatoria y quedó demostrado que el togado, por sus calidades de parte y contraparte en los diversos procesos, era conocedor de las falsedades en que se fundó el proceso 2009-00339 y aun así decidió ir en contra de los deberes que como abogado litigante debía observar, por lo tanto, es predicable la responsabilidad del togado al actuar de forma desleal con la justicia, vulnerando el deber de prevenir litigios fraudulentos y no colaborar así con la recta realización de la justicia, encuadrando su actuar en el tipo imputado.

Es que si fue apoderado de la EPS en el proceso donde quedó el remanente, mínimamente era conocedor de posibles perseguidores de su mandante, teniendo absoluta claridad de ese dinero allí depositado sin devolver aún a su titular, circunstancia aprovechada con pleno conocimiento para crear una situación irreal que le permitiera hacerse a ese peculio, sin que tenga poder de convicción su alegada buena fe, por cuanto, lo primero que hace un mandatario es establecer su mandante, por lo menos, la praxis enseña la exigencia que hace el Juez de la existencia legal de las personas jurídicas y, experto en esas lides, difícil es creer en su ignorancia en los documentos y empresa falsa, elementos estos redundantes en el establecimiento de su responsabilidad disciplinaria.

De la ilicitud. Si bien la Ley 1123 de 2007 pregona la antijuridicidad en artículo 4º podría entenderse por la redacción de la norma que se asimila a la antijuridicidad desarrollada en materia penal, no obstante está condicionada en el derecho disciplinario a la infracción de deberes aunque obedezca como en el penal al desarrollo del principio de lesividad. No en vano dicho precepto normativo condicionó que la falta es antijurídica cuando con la conducta se afecta sin justificación, alguno de los deberes previstos en este mismo código.

Obviamente que ilicitud es una acepción vinculada en forma directa al principio de lesividad, naturalmente cuando se refiere a la consagración expresa de ese principio en punto específico del deber profesional y la sujeción que al mismo deben los abogados en ejercicio de la profesión, como único bien jurídico cuya lesión o puesta en peligro es susceptible de reproche disciplinario.

Quiere decir que este principio de lesividad viene dado como una garantía adicional a favor del sujeto disciplinable, perfectamente diferenciable del principio de lesividad o su equivalente en materia penal como la antijuridicidad material, por cuanto, en disciplinario, el quebrantamiento de la norma solo merece reproche de esta naturaleza cuando la misma está concebida para preservar la ética de la abogacía y es vulnerada por la infracción, de donde deviene afirmar que la imputación disciplinaria no precisa de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o la producción de un resultado materialmente antijurídico.

Lo anterior, porque no sería afortunado desconocer que el injusto disciplinario se identifica de mejor forma con la norma subjetiva de determinación —diferente al penal que se estructura sobre normas objetivas de valoración—, ya que justamente el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta por vías de la consagración de deberes, cuyo reconocimiento comporta la comisión de falta disciplinaria.

Así las cosas, bien puede deducirse la ilicitud en este caso que va de la mano del principio de lesividad, pues el togado contrarió en forma grave el deber de prevenir litigios fraudulentos que según el artículo 28 numeral 13 de la Ley 1123 de 2007 tienen correlación directa con lo previsto en el artículo 33 numeral 11 de ese mismo código, sin que se hubiese demostrado la existencia de alguna causal de justificación, pues los argumentos esgrimidos no tienen la entidad jurídica y probatoria suficiente para desvirtuar los cargos por el cual el fallador de primera instancia lo sancionó.

Culpabilidad: Ahora bien, el profesional al actualizar los elementos constitutivos de la falta consagrada en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, confluyó con su actuar en una conducta contraria a la ética profesional realizada en forma dolosa, pues está claro que el profesional del derecho en su condición de tal y conforme a las circunstancias expuestas decidió de manera libre y voluntaria aceptar un mandato para en base de falsedades ideológicas y materiales hacerlas valer en un proceso judicial, logrando el cobro de un título judicial por una alta suma de dinero, que a su vez se constituía en remanente dentro de un proceso judicial en el cual el investigado actuó como defensor de la entidad que ejecutó irregularmente, circunstancia a partir de la cual, como se explicó en precedencia permite inferir a la Sala que fue su deseo contravenir la norma por la cual se le halló responsable.

Lo anterior sumado al hecho que el tipo disciplinario en mención, no admite modos culposos por su construcción y grados de culpabilidad, por ende, demostrada su incursión en el mismo tal y como se dijo en autos, su propósito siempre estuvo encaminado a activar una actuación judicial a fin de hacerse a unos dineros que previamente sabía de su existencia como remanentes.

Dosimetría de la sanción: Finalmente, en punto a la sanción de suspensión de exclusión del ejercicio de la profesión, atendiendo los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, establecidos en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007 y en atención a la discrecionalidad de la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción, se confirmará la impuesta por la instancia, teniendo en cuenta además los siguientes parámetros:

— La no existencia de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de antecedentes disciplinarios.

— Los criterios de graduación, siendo estos: La trascendencia social de la conducta, la modalidad de la misma, el perjuicio causado, las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta y los motivos determinantes del comportamiento.

I) Trascendencia social de la conducta, toda vez que acciones como la expuesta en el asunto estudiado con precedencia desprestigian la profesión y hacen que cada día la sociedad pierda confianza en los abogados, teniendo en cuenta además que los togados en el desarrollo de sus actividades deben “contribuir al buen desarrollo del orden jurídico y al afianzamiento del Estado Social de Derecho” bajo el intento de “atender, con especial énfasis, el interés general y la protección de los derechos de terceros, dado que la profesión “se orienta a concretar importantes fines constitucionales” y que su práctica inadecuada o irresponsable “pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe(8)

II) La modalidad dolosa de la conducta. Fue el desarrollo de un propósito debidamente planeado para hacerse a unos dineros de cuya existencia era conocedor y como abogado conoce y sabe de la rectitud que debe guiar su comportamiento, no obstante se determinó en forma consciente para actuar en contrario.

III) El perjuicio causado. Es necesario recalcar que el reproche no puede depender del actuar ilegal en sí mismo, sino del incumplimiento injustificado del deber. Así, es preciso señalar que de contera la afectada con el actuar del abogado no solo es la entidad prestadora de salud pues disminuye en gran medida su capital, sino que los perjuicios tal y como lo reseñó el a quo, se extiende a los afiliados de la EPS, en tanto los dineros a los que se hizo de forma irregular eran recursos destinados a la atención y procuración de servicios de salud.

— Y es que en todo caso se intenta preservar los fines en que fue inspirado el ejercicio de la profesión, con mayor razón, cuando los juristas deben proceder con lealtad ante la administración de justicia.

En consecuencia y atendiendo los anteriores argumentos la Sala procederá confirmar la impuesta por la primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de octubre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN de la profesión al abogado Manuel Esteban Vergara Ruiz, por la comisión de la falta disciplinaria prevista en el artículo 33 numeral 11 de la ley 1123 de 2007, de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

2. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma.

3. Notifíquese en forma personal la presente decisión al abogado disciplinado, para tal fin se comisiona por el término de 15 días al Consejo Seccional de origen, de no ser posible su comparecencia, efectúese el procedimiento establecido en la ley; líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes.

Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Mercedes López Mora, presidenta—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón De Gómez—Angelino Lizcano Rivera—Néstor Osuna—Wilson Ruiz Orejuela—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

(1) M.P. Emiro Eslava Mojica en Sala Dual con la magistrada Maritza Blanquicett López.

(2) Folio 52 Cuaderno original 1º, Según certificado 9478 Expedido el 29 de octubre de 2009 por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

(3) Folio 53 Cuaderno original 1º Según certificado 36641, expedido el 23 de octubre de 2009.

(4) Folio 57-62 Cuaderno original 1º.

(5) ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

(6) “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código...”.

(7) Folio 1 cuaderno de anexo.

(8) Sentencia C-290 de 2008.