Sentencia 2009-00358/1672-2015 de junio 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 15001-23-31-000-2009-00358-01(1672-15)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Actor: Jaime de Jesús Macías Lince

Demandado: municipio de Puerto Boyacá

Medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho

Asunto: contrato realidad/ requisitos / importancia de la prueba en la definición de un conflicto jurídico y su valoración para la resolución del litigio de servicios docentes / análisis probatorio.

Fallo de segunda instancia - Decreto 1 de 1984

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Planteamiento del problema jurídico.

45. De acuerdo a lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo los motivos de oposición aducidos por la parte demandante en calidad de apelante único, en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar si se encuentran debidamente probados los tiempos de servicios que alega el demandante contratista durante los lapsos comprendidos entre el año 1978 al 28 de agosto de 1997 y del 1º de marzo de 1999 al 30 de marzo de 2002 y los acreditados mediante declaración extra juicio; los primeros con vinculación directa con el municipio de Puerto Boyacá y los segundos, por intermedio de la Fundación Iberoamericana los Libertadores. Lo anterior para sustentar los 24 años de servicio ininterrumpidos alegados como presupuesto para la prosperidad total de las pretensiones de declaración de contrato realidad por los servicios prestados como docente y directivo docente al servicio del municipio de Puerto Boyacá.

46. Para efectos de resolver el asunto sometido a consideración, la Sala abordará los siguientes temas: i) formas de vinculación con el estado, ii) de la autonomía e independencia como elementos que tipifican el contrato de prestación de servicio, iii) el contrato de prestación de servicios en materia de docencia, iv) la importancia de la prueba en la definición de un conflicto jurídico y su valoración para la resolución del litigio, v) la prescripción de los derechos laborales en contrato realidad y, vi) el caso en concreto.

1.1.1. Formas de vinculación con el Estado.

47. El conjunto de competencias asignadas a cada uno de los órganos estatales, constituyen las funciones públicas que deben ser ejecutadas o desarrolladas por las personas naturales que se vinculen con el Estado, hecho que implica que la prestación de los servicios pueda darse a través de una pluralidad de vínculos jurídicos.

48. Sobre el tema, el artículo 122 de la Constitución Política dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.”.

(…).

49. Así, el empleo público existe una vez se cree en la planta de personal respectiva, se señalen sus específicas funciones y, se encuentran previstos sus emolumentos en el respectivo presupuesto. La titularidad para ejercerlo se adquirirá solo a partir de la posesión del mismo.

50. Ahora, el artículo 125 Constitucional determinó las formas en que procede la vinculación con la administración pública en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes (…).”.

51. De esta manera, se tiene que la Constitución prevé tres formas de vinculación con el Estado, a saber: (i) a través de una relación legal y reglamentaria, en el caso de los empleados públicos; (ii) mediante una relación contractual laboral, propia de los trabajadores oficiales y; (iii) por medio de una relación contractual de carácter estatal, a través de contratos de prestación de servicios.

52. De acuerdo con el referenciado artículo 125 de la Constitución Política, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, exceptuándose los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

53. De acuerdo a lo consagrado en la Carta Superior, para que una persona ostente la calidad de empleado público y pueda obtener los derechos que se derivan de su ejercicio, es necesario en principio que se cumplan algunos presupuestos de orden constitucional y legal, relacionados necesariamente con los empleos estatales.

54. En efecto, el ingreso al servicio público se verifica en la forma establecida en el respectivo régimen, vale decir, en tratándose de empleos de carrera administrativa, se proveerán con quien ocupe el primer lugar en el proceso de selección que se efectúe para la respectiva entidad y frente a los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley.

55. También pueden desempeñar empleos públicos los denominados trabajadores oficiales, quienes se vinculan a través de una relación contractual laboral pública.

56. Ahora, de acuerdo con el Decreto 2127 de 1945, norma expedida en desarrollo de la Ley 6ª de 1945, la vinculación laboral contractual oficial tiene relación con tres grupos de actividades:

a) Trabajo en construcción o sostenimiento de obras públicas de la administración;

b) Trabajo en empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro,

c) Trabajo en instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma.

57. Teniendo en cuenta lo antes señalado, es necesario precisar que la modalidad de vinculación con la administración pública mediante contratos de prestación de servicios no tiene el carácter laboral, de acuerdo a lo estatuido en el inciso 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en tanto que, los aludidos contratos se celebran para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, de manera temporal u ocasional.

58. No obstante ello, la presunción consagrada en el inciso 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 admite prueba en contrario, de tal manera que podrá ser discutida por la vía judicial competente para el reconocimiento de la existencia de la relación laboral y las consecuencias derivadas del contrato de prestación de servicio relacionadas con el pago de prestaciones sociales. En consecuencia, se deberá reconocer la existencia de la relación laboral en aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, si el contratista demuestra el cumplimiento material de la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración a cambio.

1.1.2. De la autonomía e independencia como elementos que tipifican el contrato de prestación de servicios.

59. El referido contrato de prestación de servicios, estatuido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados(8).

60. La prestación de servicios en esta modalidad contractual versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores u oficios a ejecutar.

61. El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Empero, la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

62. En ese orden, se tiene que la aludida modalidad contractual de prestación de servicio permanecerá inmutable, en la medida que el contratista goce plenamente de autonomía y liberalidad en la ejecución del objeto contractual, de tal suerte que el contrato de prestación de servicios podrá desnaturalizarse en los casos en que el contratista lleve a cabo las actividades contractuales de manera subordinada.

63. Y es que no puede perderse de vista que, conforme el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, existirá contrato de trabajo cuando concurran la totalidad de los elementos esenciales del mismo, entre los cuales, se encuentra precisamente, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato.

1.1.3. El contrato de prestación de servicios en materia de docencia.

64. Como se viene afirmando, según la Ley 80 de 1993(9), el contrato de prestación de servicios(10) es aquel que celebran las entidades estatales con personas naturales o jurídicas, con el fin de realizar actividades relacionadas con su objeto, cuando estas: (i) no se pueden llevar a cabo con el personal perteneciente a la misma o (ii) requieren de conocimientos especializados.

65. Así, en cada caso, es imperioso examinar en detalle las circunstancias particulares para dilucidar si, efectivamente, este se desarrolló de acuerdo a lo pactado o si, por el contrario, se terminó configurando una relación laboral. En aras de conservar su naturaleza, la ejecución del contrato deberá estar exento del elemento de la subordinación, es decir, que el contratista desarrollará la labor disponiendo de su horario y técnica propia, entre otros aspectos, para conservar la independencia implícita de esta modalidad.

66. Ahora bien, en lo atinente a la vinculación de docentes a través de contratos de prestación de servicios, el artículo 2º del Decreto-Ley 2277 de 1979(11) define como educadores a quienes ejercen “la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos que determine el reglamento ejecutivo.”.

67. El mismo cuerpo normativo(12), se señala que entre los deberes de los educadores se encuentran los siguientes:

a) Cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus superiores jerárquicos.

b) Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su cargo.

c) No abandonar o suspender sus labores injustificadamente o sin autorización previa.

68. En relación, la jurisprudencia de esta Sala ha acogido el criterio de que la labor del docente contratista no deviene en independiente, sino que es prestada de manera personal y subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la educación(13).

69. Lo anterior, por cuanto está supeditada a las instrucciones y directrices de los superiores del centro escolar, la secretaría de educación territorial y el Ministerio de Educación Nacional, por lo cual, se infiere que la subordinación y la dependencia se encuentran inmersas en dicha labor, esto es, son propias del ejercicio educativo sujeto a los reglamentos emanados del magisterio.

70. En general, la eventual vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el elemento de subordinación existente, en razón a que (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, careciendo de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajan.

71. No obstante, cada situación fáctica debe analizarse con sumo cuidado, ya que no toda persona que trabaje en una institución educativa o desarrolle labores de instrucción frente a estudiantes, ostenta la calidad de docente. Como se señaló, tales individuos deben cumplir la debida observancia de las órdenes acatadas, así como la jornada laboral impuesta y evitar abandonar o suspender sus labores injustificadamente o sin autorización, para que sean considerados educadores.

72. De lo contrario, se estaría frente a un contrato de prestación de servicios, que en nada configura el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y en consecuencia, no nace en algún modo una relación de carácter laboral.

73. Visto así, el reconocimiento de esta última en el campo de la docencia, procede cuando se demuestren de forma palmaria los elementos de la subordinación, para lo cual, reviste absoluta importancia el material probatorio allegado, ya que de allí se desprenderá la verdad material configurada, para así darle aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y desestimar aquellos acuerdos que de forma leonina pretendieron camuflar un verdadero vínculo laboral.

1.1.4. La importancia de la prueba en la definición de un conflicto jurídico y su valoración para la resolución del litigio.

74. La importancia de la prueba en todo procedimiento es evidente, pues solo a través de una vigorosa actividad probatoria, que incluye la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir las que obran en cada trámite, el funcionario judicial puede alcanzar un conocimiento mínimo de los hechos que dan lugar a la aplicación de las normas jurídicas pertinentes y dar respuesta a los asuntos de su competencia ciñéndose al derecho sustancial.

75. Es por ello que el legislador en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de la presentación de la demanda, hoy 164 del Código General del Proceso, consagró la obligación de que “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, lo que quiere decir que, los jueces al tomar decisiones al interior de un proceso judicial deberán necesariamente valorar el acervo probatorio recaudado, sobre el cual se edificará la providencia que desate o resuelva la controversia suscitada entre las partes.

76. Considera la Sala que conforme a la teoría cognoscitivista de la prueba(14), los hechos constitutivos son precisamente los que fundamentan la pretensión de la actora o si se quiere, los que constituyen el presupuesto del derecho que reclama, de tal suerte que, la prueba juega un rol trascendental en la resolución del conflicto, en la medida que a través de ella es posible hacer la fijación formal de los hechos, como quiera que el proceso gira alrededor de los supuestos fácticos sobre los cuales el juez toma la decisión basándose en ello, por lo que es necesario, que la prueba cumpla con el objetivo de determinar qué hechos pueden tomarse como fundamento de la decisión.

77. En este orden de ideas, la viabilidad de las pretensiones dirigidas a la declaración de una relación laboral debe encontrar un sustento claro y preciso en la actividad probatoria que la parte demandante dirija a desvirtuar la naturaleza contractual de la relación establecida, es decir, probando que el contratista careció de autonomía e independencia en desarrollo del objeto contractual.

78. De lo antes mencionado, se colige que los supuestos fácticos alegados por la actora en la demanda y de manera especial, en vía de la impugnación, relacionado con la existencia de una relación laboral, implica necesariamente que en el proceso existan los elementos probatorios que permitan al fallador obtener la certeza o fijación formal del supuesto de hecho argüido, de tal suerte que, la prueba cumpla con el objetivo de determinar que tal hecho se constituye en fundamento de la decisión, examen y valoración que la Sala llevará a cabo más adelante en el acápite del caso o resolución del asunto en concreto.

1.1.5. La prescripción del derecho reclamado.

79. Precisa la Sala que en los casos de contrato realidad los interesados tienen la obligación de hacer el reclamo ante la administración dentro de un plazo razonable, que no puede exceder la prescripción de los derechos prestacionales y salariales que demanda, de manera que una vez finalizada la relación contractual inicialmente pactada el interesado debe reclamar ante la administración la declaración de la existencia de la relación laboral, en un término no mayor de tres (3) años, so pena de que prescriban los derechos salariales y prestacionales derivados de la referida relación laboral.

80. En sentencia de unificación de esta corporación sobre el tema debatido, proferida el veinticinco (25) de agosto dos mil dieciséis (2016), referencia 23001233300020130026001, Consejero Ponente doctor Carmelo Perdomo Cuéter, se estableció lo siguiente:

“Para efectos de dar aplicación a la prescripción trienal de que tratan los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, según los cuales el término prescriptivo ha de contabilizarse a partir del momento en que el derecho sea exigible, resulta pertinente estudiar en las controversias conocidas bajo el rótulo de contrato realidad desde cuándo ha de entenderse que el derecho es exigible.

(…).

“Empero, en providencia de 11 de marzo de 2016, la Subsección B de esta sección se volvió a pronunciar sobre el asunto y explicó que “Una vez demostrada la relación reclamada y de la cual, se persigue el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, surgiría la oportunidad para que se examine la procedencia del fenómeno extintivo de la prescripción, valga decir, la verificación de si la reclamación se efectuó dentro de los tres (3) años contados a partir de la finalización de la relación contractual, so pena de que prescriban los derechos prestacionales que se puedan derivar de la relación laboral”.

(…).

Peroenaquelloscontratosdeprestacióndeservicios,pactadosporuninterregnodeterminadoyquelaejecuciónentreunoyotrotieneunlapsodeinterrupción,frenteacadaunodeelloshabrádeanalizarselaprescripciónapartirdesusfechasdefinalización,puestoqueunodelosfundamentosdelaexistenciadelcontratorealidadesprecisamentelavocacióndepermanenciaenelservicio,porconsiguiente,lecorresponderáaljuezverificarsiexistióonolacitadainterrupcióncontractual,queseráexcluidadereconocimientoyexaminadaendetalleencadacasoparticular,enarasdeprotegerlosderechosdelostrabajadores,quehansidoburladosporlaautoridadesadministrativasalencubrirunarelaciónlaboralbajocontratosdeprestacióndeservicios.

“Pese a lo expuesto, laSalaaclaraquelaprescripciónextintivanoesdableaplicarfrentealosaportesparapensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.

(…).

“En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la administración no puede sustraerse al pago de los respectivo aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ellos pueda repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y de acuerdo con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al estado mediante una relación de trabajo.””. (Se destaca).

81. En consecuencia, el análisis de la prescripción frente al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales debe realizarse en los términos anotados en la mencionada sentencia de unificación, en la que se estableció que: i) el fenómeno extintivo no procede frente a los aportes para la pensión y ii) la imprescriptibilidad anotada no opera frente a la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar) sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

82. Sobre el segundo punto, la Sala recalca que la administración debe determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

83. Para efectos de lo anterior, el interesado deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

1.1.6. Sobre el restablecimiento del derecho.

84. En la sentencia de unificación de veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016) que se ha venido referenciando por parte de la Sala, este Consejo de Estado unificó el precedente en los casos de litigios que tienen que ver con relaciones laborales o legales y reglamentarias encubiertas a través de contratos de prestación de servicios y, acogiendo el criterio más favorable para quienes acuden a la justicia contenciosa-administrativa, determinó que el restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, de manera que no resulta procedente condenar a las entidades demandadas al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista - trabajador a título de indemnización por reparación del daño, sino que este procede como restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que estas se reconocen como efecto de la anulación del acto que las negó.

2. Estudio del caso concreto.

85. La apoderada del demandante alega que la realidad procesal acredita que él prestó sus servicios a la administración por un tiempo total de 24 años laborados como docente - director de Escuela Nueva Esperanza, razón por la cual disiente de la decisión de primera instancia en cuanto no le dio valor a las pruebas allegadas que, en su criterio, sustentan la prosperidad de la totalidad de las pretensiones elevadas.

86. Al examinar el material probatorio, la Sala encuentra como pruebas orientadas a demostrar los elementos configurativos de la relación laboral y que tienen relación directa con el período comprendido entre los años 1978 a 1986 y del 1º de marzo de 1999 al 30 de marzo de 2002, es decir, el que no fue reconocido en la sentencia apelada, las que se relacionan a continuación:

— El secretario de Educación del Puerto Boyacá - Boyacá, a través de certificación de fecha 2 de agosto de 1994 hizo constar que el demandante venía prestando sus servicios docentes en la Escuela Mixta la Nueva Esperanza de esa municipalidad, sin especificar algún otro dato(15).

— El director de Núcleo Educativo del municipio de Puerto Boyacá, Licenciado Juan de Jesús González Rodríguez, mediante certificación de 28 de agosto de 1997, hizo constar que el demandante venía desempeñando funciones como director de la Concentración Nueva Esperanza desde 1978 a esa fecha(16).

— Declaración extra proceso rendida ante el Notario Único del Circulo de Puerto Boyacá, por el señor Juan de Jesús González Rodríguez de fecha 15 de abril de 2009, mediante la cual manifestó que: i) él ejerció como director de Núcleo Educativo del municipio de Puerto Boyacá desde el 1º de septiembre de 1990 hasta el 30 de noviembre de 1997, ii) conocía al demandante desde hacía 25 años, iii) el documento oficial que se le puso de presente era integralmente cierto, que le constaba lo certificado y, iv) la firma que aparecía allí era la que utilizaba en documentos oficiales cundo ejercía el referido empleo(17).

— Decreto 82 de 1º de septiembre de 1990, firmado por el alcalde y el secretario de gobierno municipal de Puerto Boyacá, por medio del cual encargaron al demandante para que ejerciera las funciones del empleo de director de Núcleo de Desarrollo Educativo. En el documento se especifica que el actor ocupaba el cargo de director de la Concentración Urbana Kennedy(18).

— Certificación de fecha 24 de enero de 2008, expedida por el secretario de desarrollo social del municipio de Puerto Boyacá, donde indicó que el demandante laboró como educador de ese municipio e hizo constar el salario básico que devengó en los años 1992 a 1998. Respecto del año 1999, indicó que él laboró en los meses de enero y febrero y que desde el 1º de marzo de 1999 hasta el 2002 la administración municipal no puede certificar las labores porque el municipio de Puerto Boyacá no contrató directamente con los docentes(19).

— Certificaciones de fechas 24 de enero de 2008 y 26 de marzo de 2012, expedidas por la auxiliar administrativa del área de archivo y la Archivista General del municipio de Puerto Boyacá en el que se hace constar que el señor Jaime de Jesús Macías Lince laboró al servicio de ese ente desde el año 1985. En el documento se relacionó lo siguiente(20):

Como obrero ocasional de valorización y obras públicas:

AñoMesRes Adm. NoFechaDíasValor
1985Febrero044Marzo 1/852812.997.60
 Abril111Abril 30/852812.997.60
 Mayo139Mayo 23/852812.997.60
 Julio187Julio 26/852812.997.60
 Septiembre215Sep. 27/852812.997.60
 Noviembre277Nov.26/853013.926.00
 Diciembre306Dic.26/853013.926.00
      
1986Enero012Enero 20/862815.866.66
 Febrero042Feb, 28/862815.866.66
 Marzo076Marzo 20/862815.866.66
 Mayo155mayo 29/862815.866.66
 Junio196Junio 30/862815.866.66
 Julio229Julio 25/862815.866.66
 AgostoOrden de trabajo 086-0692815.866.66
 Septiembre312Sep. 30/862815.866.66
 Octubre351Oct. 29/862815.866.66
 Noviembre379Nov.26/863017.000.00
 Diciembre394Dic.20/863017.000.00
      
1987Enero014Enero 30/873021.000.00
 Febrero059Feb. 26/872819.600.00
 Marzo106Marzo 27/872819.600.00
 Abril203Mayo 22/872819.600.00
 Mayo148Abril 30/872819.600.00
 Junio256Junio 18/872819.600.00
 Agosto397Agosto 25/872819.600.00
 Noviembre567Nov.26/873021.000.00
      
  Profesor ocasional   
1988Feb.070Feb. 23/882926.622.00
 Marzo125marzo 22/883027.540.00
 Abril176Abril 25/883027.540.00
 Mayo278Julio 2/883027.540.00
 Junio196Junio 30/882827.540.00
 JulioNo tiene resolución 3027.540.00
 Agosto320Agosto 22/883027.540.00
 Septiembre349Sep. 21/883027.540.00
 Octubre388Oct. 24/883027.540.00
 Noviembre431Nov.22/883027.540.00
      
1989NóminasDe pago sin resolución    
 Febrero  3041.400.00
 Marzo  3041.400.00
 Abril  3041.400.00
 Mayo  3041.400.00
 Junio  3041.400.00
 Julio  3041.400.00
 Agosto  3041.400.00
 Septiembre  3041.400.00
 Octubre  3041.400.00
 Noviembre  3041.400.00
      
1990 Contrato de prestación de servicios Nº 0019 por 10 Meses  
 Febrero  3051.140.00
 Marzo  3041.140.00
 Abril  3041.140.00
 Mayo  3041.140.00
 Junio  3041.140.00
 Julio  3041.140.00
 Agosto  3041.140.00
 Septiembre  3041.140.00
 Octubre  3041.140.00
 Noviembre  3041.140.00
1991 Contrato de prestación de serviciosNº 0024, como maestro por 10 meses  
 Febrero  3062.500.00
 Marzo  3062.500.00
 Abril  3062.500.00
 Mayo  3062.500.00
 Junio  3062.500.00
 Julio  3062.500.00
 Agosto  3062.500.00
 Septiembre  3062.500.00
 Octubre  3062.500.00
 Noviembre  3062.500.00
1992ContratoNº 020 de enero 30 de/92, como maestro por 10 meses  
 Febrero  3085.000.00
 Marzo  3085.000.00
 Abril  3085.000.00
 Mayo  3085.000.00
 Junio  3085.000.00
 Julio  3085.000.00
 Agosto  3085.000.00
 Septiembre  3085.000.00
 Octubre  3085.000.00
 Noviembre  3085.000.00

— Certificación de fecha 9 de junio de 1992, expedida por la secretaria de educación del municipio de Puerto Boyacá, donde indicó que el demandante labora como docente de la Escuela La Nueva Esperanza en los cursos primero, segundo y tercero de primaria, homologando su posesión según contrato Nº 20 de enero 30 de 1992(21).

— En los folios 82 a 84 del expediente aparecen copias de actas de entrega de muebles por parte del municipio de Puerto Boyacá a la Escuela La Esperanza, recibidos por el demandante de fechas 4 de agosto de 1999, 15 de septiembre de 1998 y 25 de octubre de 1999, respectivamente.

— En el folio 85 del expediente aparece copia del acta de entrega de fecha 29 de marzo de 1985 de algunos instrumentos pertenecientes a la banda marcial, realizada por el demandante, en condición de profesor, a la Secretaría de Educación de Puerto Boyacá.

— Oficio expedido por el asistente administrativo del Banco Popular Oficina Puerto Boyacá, por medio del cual anexa la documentación que da cuenta de los abonos realizados a la cuenta de ahorros 230-265-75278-2, correspondiente al demandante durante los años 2000, 2001 y 2002(22).

— En el folio 141 del expediente obra certificación expedida por el secretario general de desarrollo social del municipio de Puerto Boyacá donde se indicó que no se encontró acto administrativo a través del cual el demandante fuera vinculado como docente. Hizo constar que solo aparecen las nóminas desde los años 1992 a 1999 los meses de enero y febrero e indicó que del 1º de marzo de 1999 hasta el año 2002 la administración municipal no contrató directamente con los docentes.

87. Sobre los tiempos reclamados por el demandante, la Sala concluye de lo analizado, lo siguiente:

88. La prestación del servicio en los años 1978 a 1986 en calidad de docente no fue debidamente probada, pues para acreditar tal hecho solamente se allegó la certificación de 28 de agosto de 1997, expedida por el director de núcleo educativo del municipio de Puerto Boyacá, en la que hizo constar que el demandante venía desempeñando “las funciones como director de la Concentración Nueva Esperanza desde 1978 hasta la fecha(23), documento que no puede ser tenido como plena prueba de la labor en el servicio docente, pues pese a que también se aportó declaración extra procesal de quien expidió el mencionado documento, este no puede tenerse como ratificado, toda vez que el ente contra quien se aduce la prueba no fue convocado para su oposición, conforme lo exigía el artículo 301 del Código de Procedimiento Civil, ni aparecen claros o debidamente especificados sus extremos temporales.

89. Además, lo aseverado en el referido documento resulta parcialmente contradictorio con las certificaciones de fechas 24 de enero de 2008 y 26 de marzo de 2012, expedidas por la auxiliar administrativa del área de archivo y la Archivista General del municipio de Puerto Boyacá, donde se indicó que el demandante se desempeñó como obrero ocasional en los años 1985, 1986 y 1987.

90. Así las cosas, se tiene que por este último período se debió probar además de la prestación personal del servicio, la subordinación en cuanto el referido lapso no está certificado como tiempo docente, respecto del cual no obra prueba alguna que acredite tal elemento, de manera que el reproche aducido contra la sentencia de primera instancia por este motivo no sale avante.

91. El período comprendido entre y del 1º de marzo de 1999 al 30 de marzo de 2002 tampoco fue suficientemente acreditado. Al respecto, la Sala observa que para probar la prestación del servicio por este lapso también se recurrió a la referida certificación de 28 de agosto de 1997, donde aparece que el demandante venía desempeñando funciones como director de la Concentración Nueva Esperanza desde 1978 a esa fecha(24), documento que, como se indicó, no prueba por sí solo la prestación del servicio docente que se aduce en la demanda.

92. Ahora, si bien en la certificación de 24 de enero de 2008(25), se hicieron constar los salarios básicos mensuales que devengó el demandante como educador en los años 1992 hasta 1999, de tal documento no es posible deducir con total certeza que el accionante haya laborado por esos años porque ese aspecto no está indicado en el mencionado documento; en él, como se dijo, el secretario de desarrollo municipal de Puerto Boyacá se limitó a certificar la asignación básica percibida pero no determinó los extremos temporales de la relación laboral que se reclama.

93. El demandante adujo en la demanda que en el año 1999 pasó a ser contratista hasta el año 2002, laborando sin interrupción, sin cambio de labores como educador y en el mismo sitio, Escuela la Nueva Esperanza. Para ello allegó la certificación y las facturas de entrega de elementos por parte del municipio y que están fechados en los años 1992, 1995, 1998 y 1999; sin embargo, es carente el proceso de pruebas documentales que acrediten no solo la relación jurídica sustancial que la actora afirmó haber sostenido con la Fundación Iberoamericana Los Libertadores; sino también, la existencia de vínculo contractual entre el municipio demandado y la pluricitada fundación, de tal manera que, conforme lo estatuido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (vigente al momento de presentación de la demanda) y el artículo 167 del Código General del Proceso, le incumbía al señor Jaime de Jesús Macías Lince demostrar ambos supuestos como quiera que, sobre ellos edificó el presente asunto.

94. El demandante también aseveró que para los años 2000, 2001 y 2002 siguió percibiendo el mismo salario, teniendo la misma responsabilidad y que en este lapso la consignación del pago la hacía el municipio. Para probar su afirmación allegó copias parciales de los documentos titulados listado para pago de nómina que están tomados de manera parcial y resultan ilegibles en algunas partes, de los cuales podría deducirse únicamente lo siguiente:

— En el mes de marzo de 2000 con pago por valor ilegible(26).

— En el mes de abril de 2001 con pago por valor de $ 347.940(27).

— En el mes de octubre de 2001 por $ 347.940(28).

— En el mes de diciembre e incremento salarial para el año 2001 por valor de $ 644.555(29).

— En el mes de febrero de 2002 por valor de $ 379.924 y una consignación efectuada a nombre del demandante por la Fundación Libertadores por $ 3.311.358, realizada el 13 de febrero de 2002(30).

— Del 1º de octubre al 30 de noviembre de 2002, donde aparece acreditado un pago por $ 1.347.386 a nombre del demandante.

95. De lo expuesto, se tiene que los referidos documentos en los que se encuentra enlistado el demandante no prueban con suficiencia la prestación del servicio por el período reclamado.

96. En efecto, conforme lo establecía del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(31), vigente para la época de los hechos, los supuestos fácticos alegados por la parte actora en la demanda, relacionados con la existencia de una relación de orden laboral con el municipio de Puerto Boyacá por todo el tiempo que se reclama como docente y directivo docente en la Escuela Nueva Esperanza, implicaba necesariamente que al proceso se trajeran todos los elementos probatorios que le dieran certeza, de tal suerte que, al no cumplirse con la carga probatoria que le correspondía asumir a la parte apelante, forzoso es concluir que no se encuentran acreditados los supuestos que consolidan la existencia de una relación laboral por el período reclamado.

2.1. Sobre la prescripción.

97. La Sala observa que el a quo declaró la nulidad del acto acusado y dispuso el reconocimiento y pago a título de indemnización de cesantías e intereses por los períodos ya indicados, sin aplicar prescripción pues acogió la tesis según la cual el término prescriptivo debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia de la relación laboral.

98. Sobre este aspecto y atendiendo el criterio fijado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 5 de 2016, según el cual quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado debe hacerlo sin exceder de los tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, la Sala observa que en este caso debió declararse extinguido el derecho a solicitar las prestaciones, teniendo en cuenta que el vínculo del demandante con la administración finalizó el 31 de diciembre de 2002 y la petición que dio origen al acto ficto acusado se presentó el 26 de diciembre de 2007, observando la salvedad que se aplica frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional que los hace imprescriptibles; sin embargo, como el demandante fue apelante único, no es posible modificar lo dispuesto en la sentencia apelada.

99. En conclusión, el demandante señor Jaime de Jesús Macías Lince no acreditó la configuración de una relación laboral por los períodos reclamados como docente directivo docente de la escuela Nueva Esperanza, de manera que las inconformidades planteadas por el recurrente no encuentran asidero o respaldo probatorio en las pruebas que obran en el proceso, en consecuencia deberá confirmarse la sentencia apelada.

2.3. (sic) De la sucesión procesal.

100. En los procesos judiciales puede ocurrir un fenómeno de alteración de las personas que integran las partes y/o terceros en contienda, ya sea porque sucedan hechos propios de la naturaleza, como es la muerte de las personas naturales, o situaciones que afectan la existencia o identidad de las personas jurídicas, como sucede con la extinción, fusión o escisión de dichos entes morales, o finalmente ello puede tener ocurrencia por existir allí un negocio jurídico, como cuando se presenta una disposición del derecho litigioso y la contraparte no manifiesta su repudio a que el adquirente o nuevo titular llegue al proceso a reemplazar a quien fungió hasta el momento como titular del derecho en pleito(32).

101. Así, es claro que la sucesión procesal es, ante todo, una figura de raigambre esencialmente procedimental, de modo que su configuración no supone, de manera alguna, alteración de la relación jurídico-sustancial debatida en el proceso judicial. Tal cosa ha sido precisada por la jurisprudencia constitucional, como sigue: “se advierte que esta institución por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, por tanto, continúa igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado. Por eso, la sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso”(33).

102. En ese orden, se tiene que el Código Contencioso Administrativo no disponía de regulación jurídica que gobernara las condiciones bajo las cuales tiene lugar la aplicación la figura de la sucesión procesal, motivo por el cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 251A de dicho estatuto, debe acudirse por integración normativa a lo regulado en el vigente Código General del Proceso.

103. Al respecto, la Ley 1564 de 2012, en su artículo 68(34) da cuenta de la sucesión procesal en estos supuestos, agregando, en lo que hace relación a las personas naturales lo siguiente: “Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador”.

104. Conforme lo anterior, es claro que en tratándose de personas naturales, se tiene como circunstancia configuradora de sucesión procesal el fallecimiento del demandante, evento que implica que el proceso continúe con las personas indicadas en la norma.

105. En el sub lite para acreditar la sucesión procesal, se aportó copia del registro civil de defunción del demandante señor Jaime de Jesús Macías Lince ocurrido el 5 de junio de 2014 y poder otorgado por quien aduce ser hermano del demandante señor Henry Macías Lince; sin embargo del documento que se allegó a folio 296 del expediente no se establece con suficiencia la calidad que alega el memorilaista (sic). Tampoco se allegó documento alguno que acreditara cesión de derecho litigioso. Así las cosas, no es posible aceptarlo como sucesor procesal.

2.4. Decisión de segunda instancia.

106. Por las razones que anteceden, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 13 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Descongestión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Jaime de Jesús Macías Lince en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo contra el municipio de Puerto Boyacá.

107. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Descongestión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Jaime de Jesús Macías Lince contra el municipio de Puerto Boyacá, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.

2. Reconocer personería y aceptar la renuncia presentada por el abogado Héctor Julio Prieto Cely como apoderado del municipio de Puerto Boyacá, de conformidad con los documentos de folios 281 y 308 del expediente.

3. Reconocer personería al abogado Iván Mauricio Álvarez Ordúz como apoderado del municipio de Puerto Boyacá, de conformidad con el poder conferido, visible a folio 317 del expediente.

4. Reconocer personería al abogado Leonel Uribe Hernández, quien reasume como apoderado de la parte demandante, de conformidad con la sustitución visible a folio 319 del expediente y las facultades otorgadas a folio 90 del expediente.

5. Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”, por secretaría de la Sección Segunda, regresar el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

8 Ver Sentencia c-154-97.

9 “Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública.”.

10 Artículo 32 Ibídem.

11 “Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.”.

12 Artículo 44.

13 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente doctor Carmelo Perdomo Cuéter de 25 de agosto de 2016, Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) ce-suj2-005-16 actor: Lucinda María Cordero Causil, demandado: municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba).

14 Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Madrid: Trotta. 1997. pág. 67. Bajo esta concepción se parte de una relación directa entre prueba y teoría del conocimiento. Concibe que el juicio de la prueba en el proceso judicial incluye un problema de racionalidad fáctico-procesal que debe estar apoyado en un enfoque epistemológico de la realidad.

15 Fl. 81 del expediente

16 Fl. 18 del expediente.

17 Fl. 17 del expediente.

18 Fl. 15 del expediente.

19 Fls. 20 a 20 vuelto del expediente.

20 Fls. 31 y 168 del expediente.

21 Fl. 25 del expediente.

22 Fls. 26 a 78 del expediente.

23 Fl. 18 del expediente.

24 Fl. 18 del expediente.

25 Visible a fl. 20 del expediente.

26 Fls. 74 a 76.

27 Visible a fls. 60 y 61.

28 Ver fls. 44 a 543

29 Fls. 48 y 49

30 Ver fl. 46 del expediente.

31 Art. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

32 “La sucesión procesal no constituye una forma más de intervención de terceros sino un medio encaminado a permitir la alteración de las personas que integran la parte o, inclusive, de quienes tienen la calidad de terceros, en otras palabras, puede sustituirse a sujetos de derecho que actúen como partes o como terceros”. López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Bogotá, Dupré, 10º edición, 2009, pág. 365.

33 Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 2012.

34 Artículo 68. Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente.