Sentencia 2009-00360 de abril 8 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 520011102000200900360 01

Magistrado Ponente:

Dr. Néstor Iván Javier Osuna Patiño

Registro proyecto: 6 de abril de 2015

Aprobado según acta 26 del 8 de abril de 2015

Ref.: Apelación abogado

Denunciado: Liliana Rivas Muñoz

Denunciante: María Fernanda Durán Cardona, representante legal de Bancolombia

1ª instancia: Suspensión de 8 meses

Decisión: Confirma

Prescripción: Permanente

Bogotá, D.C., ocho de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta corporación tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de las decisiones emitidas por los consejos seccionales de la judicatura, de acuerdo con lo establecido por los artículos 112.4 de la Ley 270 de 1996 y 59.1 de la Ley 1123 de 2007. Dicha competencia, en casos de apelante único, como el presente, se constriñe al análisis de los argumentos señalados en el recurso de apelación y debe respetar el principio de prohibición de “reformatio in pejus”. Así lo ha señalado la Corte Constitucional(2).

2. Identidad del disciplinado.

Se procede en las presentes diligencias contra la abogada Liliana Rivas Muñoz, identificado con la cedula de ciudanía 30.732.334 portadora de la tarjeta profesional 68.392 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Durante los últimos cinco años, la abogada no registra antecedentes disciplinarios.

3. Solución del caso.

El presente asunto se originó a partir de la queja presentada por la representante legal de Bancolombia S.A., en contra de la abogada Liliana Rivas Muñoz, toda vez que en virtud de un contrato de prestación de servicios la abogada se comprometió a adelantar los procesos ejecutivos relacionados con el cobro de cartera morosa que determinara la entidad contratante.

En desarrollo de dicha gestión, la abogada logró el pago parcial de las obligaciones contraídas por los señores Olga del Socorro Araujo, Juan Edmundo Tovar, Luis Jairo Muñoz, Olga María Madroñero, María Fernanda Guerrero y Nabor Enríquez.

En virtud de lo anterior, la abogada solicitó a los juzgados de conocimiento de los procesos tramitados bajo los radicados 2003-0935, 2004-0926, 2003-0169, 2005-0387, 2004-0183 la entrega de los títulos de depósitos judiciales correspondientes y realizó el cobro de los dineros pagados a la entidad bancaria, por la suma de $ 7.184.522. No obstante, nunca realizó la entrega correspondiente a la entidad representada.

En ese orden de ideas, la Sala de primera instancia consideró que la abogada incurrió en la conducta descrita en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo y, en consecuencia, decidió sancionarla con 8 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

En su escrito de apelación, el abogado defensor solicitó que se revocara la decisión sancionatoria impuesta en contra de la abogada Liliana Rivas Muñoz, por cuanto la acción disciplinaria estaría prescrita, por cuanto el contrato suscrito entre la entidad y la disciplinada terminó en julio de 2007, por lo tanto, al momento de adoptar la sentencia de primera instancia había transcurrido más de cinco años desde esa terminación.

En ese sentido, el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007 señala que “[l]a acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas”.

En relación con la falta prevista en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala ha manifestado reiteradamente que se trata de una conducta de carácter permanente cuya prescripción solo comienza a contarse cuando el dinero ilegalmente retenido es entregado a quien corresponde.

Por lo anterior, el término de prescripción descrito en el artículo 24 en relación con la falta a la honradez imputada a la disciplinada debe contarse a partir de la devolución del dinero recibido en virtud de la gestión profesional. En ese orden de ideas, como en el presente asunto no se demostró que la abogada hubiese devuelto los dineros recibidos, no ha comenzado a contarse el término de prescripción referido.

Así las cosas, no asiste razón al defensor en cuanto a que en el presente asunto se configuró el fenómeno de la prescripción en lo relacionado con la falta descrita en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007.

Por lo tanto, esta Sala confirmará integralmente la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 8 meses a la abogada Liliana Rivas Muñoz, tras declararla responsable de la comisión de la falta prevista en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión disciplinaria adoptada el 27 de mayo de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 8 meses a la abogada Liliana Rivas Muñoz, tras declararla responsable de la comisión de la falta prevista en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

2. Devuélvase al expediente al consejo seccional de origen para que impartan el trámite pertinente.

Notifíquese y cúmplase.»

(2) C-968 de 2003.