Sentencia 2009-00370/48756 de febrero 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 25000-23-26-000-2009-00370-01 (48.756)

Actor: Hermelinda Cifuentes Rodríguez y otros

Demandado: Nación - Rama judicial - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Grado jurisdiccional de consulta - Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., primero de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala abordará el asunto en el siguiente orden: 1) prelación del fallo; 2) procedencia del grado jurisdiccional de consulta; 3) competencia; 4) problema jurídico; 5) ejercicio oportuno de la acción; 6) las pruebas aportadas al proceso; 7) caso concreto: responsabilidad la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Prisciliano Susa Mora, en aplicación de un régimen subjetivo de responsabilidad; 8) indemnización de perjuicios y 9) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

Así las cosas, de conformidad con lo normado tanto en el artículo 16 de la Ley 1285 y en las actas 40 del 9 de diciembre de 2004(15) y 10 del 25 de abril de 2013(16), la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada, toda vez que se está surtiendo el grado jurisdiccional de consulta en un caso de privación injusta de la libertad.

2. Procedencia del grado jurisdiccional de consulta respecto del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En relación con el grado jurisdiccional de consulta, el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo prevé:

“ART. 184.—Consulta. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas (...)”.

De la norma legal antes transcrita se desprenden los siguientes elementos para la procedencia de la mencionada figura:

2.1. Que el proceso tenga vocación de doble instancia, en razón de su cuantía;

2.2. Que la condena impuesta por el a quo en la sentencia, a cargo de una entidad pública, sea superior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales o que la sentencia se haya proferido en contra de una persona que hubiere sido representada en el proceso judicial por curador ad litem, y

2.3. Que la sentencia de primera instancia no hubiese sido apelada.

En ese sentido, ante la denegatoria del recurso de apelación de la Fiscalía General de la Nación, resulta procedente el grado jurisdiccional de consulta, dado que, primero, ha de entenderse por no apelada la sentencia del 29 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; segundo, se reúne la totalidad de los presupuestos previstos en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, para que proceda dicha figura —tal como se expondrá en el acápite siguiente— y, finalmente, no sobra agregar que la consulta fue instituida por el legislador como un mecanismo jurídico procesal a favor de la entidad pública condenada en sede de primera instancia, tal como ocurrió en este caso.

Como consecuencia, procederá la Sala a resolver el presente asunto en sede de consulta.

3. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en razón del grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, debido a que: 1) el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta corporación, en razón de su naturaleza(17); ii) la cuantía de la condena supera aquella exigida para el efecto —300 salarios mínimos legales mensuales vigentes—(18) y iii) el fallo no fue apelado por las partes.

4. Problema jurídico.

En el marco del grado jurisdiccional de consulta, corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, se probó la responsabilidad patrimonial imputada a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad de la cual habría sido víctima el señor Prisciliano Susa Mora.

En el evento en que se concluya la configuración de la responsabilidad del ente acusador, la Sala procederá a verificar que la condena que le fue impuesta en primera instancia sea adecuada.

5. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(19).

Pues bien, el juzgado diecinueve penal del circuito de Bogotá absolvió al señor Susa Molina por el delito de rebelión, a través de decisión proferida el 5 de abril de 2006(20), cuya ejecutoria, según la constancia obrante a folio 75 del cuaderno de primera instancia, tuvo lugar el 25 de abril de la misma anualidad(21).

Ahora, como la demanda se presentó el 25 de abril de 2008(22), cabe concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se definió la situación penal del hoy actor, lo cual, como antes se precisó, ocurrió el 25 de abril de 2006.

6. Las pruebas aportadas al proceso.

En el presente asunto, en relación con la actuación penal dentro de la cual se privó de la libertad al señor Prisciliano Susa Molina, se destacan las siguientes pruebas:

6.1. En cuanto a las pruebas relacionadas con la legitimación en la causa de los demandantes.

— Registros civiles de nacimiento de Niray Stefany Susa Cifuentes(23), Camilo Andrés Susa Cifuentes(24), Javier Anselmo Susa Cifuentes(25) y Edwin Susa Cifuentes(26), por medio de los cuales se acredita que son hijos del señor Prisciliano Susa Molina.

— Registro civil de nacimiento de Prisciliano Susa Molina, a través del cual se demuestra que el señor Prisciliano Susa es su padre y la señora Obdulia Molino su madre(27).

6.2. En lo atinente a las pruebas relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del señor Prisciliano Susa Mora.

— Informe del comando operativo y de acción integral del Ejército Nacional fechado el 22 de junio de 2004, por medio del cual se individualizó e identificó al aquí actor como perteneciente a la subversión (se transcribe literal, incluidos posibles errores):

“(...) n) Prisciliano Susa Molina (a. El narcotraficante): residente en la vereda La Unión del corregimiento de San Juan de Sumapaz de la localidad 20. Miliciano encargado de las finanzas del coordinador del Sumapaz de los frentes del páramo en cabeza del narcoterrorista Jairo González Mora (a. Bayron López), producto de las vacunas, extorsiones y chantaje, igualmente está encargado de realizar las citaciones con los terroristas, amedrentamiento a los pobladores e inteligencia delictiva”(28).

— Providencia calendada el 24 de noviembre de 2004, por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de apertura de instrucción en contra de varias personas, entre ellas, el señor Prisciliano Susa Molina, por la conducta punible de rebelión(29).

— Orden de captura 0370919 proferida el 24 de noviembre de 2004 en contra del señor Prisciliano Susa Mora(30).

— Acta de derechos del capturado del hoy demandante, calendada el 9 de diciembre de 2004(31).

— Proveído del 21 de diciembre de 2004, por medio del cual la Fiscalía de la unidad de delitos contra la libertad individual de Bogotá impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, en contra del hoy demandante(32) y libró boleta de encarcelamiento ante la Cárcel La Picota(33).

— Resolución del 21 de enero de 2005, en. virtud de la cual la Fiscalía 329 seccional de Bogotá confirmó la providencia que definió la situación jurídica del hoy demandante, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento en su contra(34).

Vale la pena aclarar que el ente investigador consideró que las pruebas recaudadas en la investigación eran suficientes para proferir una medida de aseguramiento en contra del señor Susa Molina, pues el testimonio que lo sindicó de prestar apoyo logístico y de inteligencia a las FARC era digno de credibilidad, aunado a la “propaganda subversiva de las FARC” que fue encontrada en el allanamiento realizado a su residencia.

— Decisión calendada el 21 de diciembre de 2004, mediante la cual la Fiscalía seccional 243 de la unidad de delitos contra la libertad individual de Bogotá calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra del señor Prisciliano Susa Molina(35).

— Oficio 66 del 13 de enero de 2006, por medio del cual se informó que el señor Susa Molina se encontraba recluido en la Penitenciaría Central La Picota, a disposición del juzgado diecinueve penal del circuito de Bogotá y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá(36).

— Sentencia calendada el 5 de abril de 2006, mediante la cual el juzgado diecinueve penal del circuito de Bogotá absolvió al actor del cargo por el cual se le acusó y, por tanto, ordenó su libertad inmediata(37). Para el efecto, el señor Susa Molina suscribió diligencia de compromiso y en garantía de las obligaciones a él impuestas prestó caución prendaria por valor de $ 50.000(38).

— Boleta de libertad del señor Prisciliano Susa Molina expedida el 7 de abril de 2006(39).

7. El caso concreto.

De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, se encuentra acreditado que el señor Prisciliano Susa Molina estuvo privado de su libertad con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra; no obstante, mediante sentencia del 5 de abril de 2006, proferida por el juzgado diecinueve penal del circuito de Bogotá, fue absuelto de responsabilidad por el delito de rebelión, con base en las siguientes consideraciones (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):

“Es así como precisa, el vehículo que posee lo destina más que todo para transporte de víveres en esa región del Sumapaz; resaltando que al igual que muchos otros residentes de ese sector ha sido víctima de enfrentamiento que durante muchos años viene sosteniendo la guerrilla con el gobierno y si no es las FARC la que los reprende por darle apoyo al Ejército es el contrario.

“Aunque en poder de Susa Molina se hayan incautado revistas ‘Resistencia’, a pesar de desconocer su procedencia, no implica que sea un colaborador de las FARC, por cuanto no hay prueba fehaciente permitiendo inferir que las estaba distribuyendo como apoyo para que sea desestabilizado el ordenamiento jurídico y político legalmente constituido; pudiendo ser más bien que se trate de simpatizante de la izquierda que por ese solo hecho es difícil y casi imposible deducírsele cargos por rebelión.

“Tampoco obra alguna prueba que comprometa a Prisciliano Susa Molina de haber recibido a alias la Romaña la no menos despreciable cantidad de cinco millones de dólares (US$ 5.000.000) y es así como al contrario sobre su vida personal y social declararon (...) al igual que (...) que toda su vida la ha dedicado al campo caracterizándose por su honorabilidad y colaboración con la comunidad.

“(...).

“En ese orden de ideas es de señalar, valga la redundancia, no está demostrado que los involucrados sean integrantes de las FARC por el hecho de comercializar con ellos sus productos; tratándose más bien de acontecimientos eventuales homogéneos donde dentro del proceso no obra ni la menor prueba desmintiendo sus exculpaciones cuando pregonan que no guardan alguna relación con esa organización insurgente. Sobre el particular nada se profundizó pues en la práctica de las labores de inteligencia llevadas a cabo en torno al aviso dado por informantes, poco ofrecen en la corroboración de sus dichos; cometiéndose ostensibles errores que culminaron en la captura de los procesados, y lo más salomónico hubiera sido efectuar un seguimiento más pormenorizado para establecer el enlace entre ellos y ese grupo armado; pues ninguna de las aprehensiones se produjo en flagrancia. No fueron suficientes las labores de inteligencia practicadas en ese sentido, una vez suministrada esa información y las tareas efectuadas en la fase instructiva lo que hacen es repetir la información ya contenida en el expediente, unas concienzudas pesquisas y no efectuarse diligencias apresuradas que a la postre resultaron fue creando cadena de confusiones y vacíos; brillando por su ausencia principios fundamentales que inspiran el procedimiento penal como lo es la investigación integral, suplida en tipificar la conducta punible con base en la síntesis o criterio jurídico inaplicable en ese asunto”.

“(...)

“RESUELVE:

1) Absolver a (...) Prisciliano Susa Molina, (...), de todos y cada uno de los cargos formulados por el delito de rebelión, con base en los razonamientos reseñados en la parte motiva” (se destaca)(40).

En este punto, conviene aclarar que el juez de conocimiento decidió exonerar de responsabilidad penal al señor Susa Molina con fundamento en que no habían elementos de prueba necesarios para tenerlo como autor del delito de rebelión, esto es, que en el proceso penal no pudo demostrarse que el aquí demandante hubiese cometido el mencionado ilícito, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —el sindicado no cometió el delito—.

Sin embargo, en cuanto, en casos como el sub lite, según lo ha sostenido en diversas oportunidades esta subsección(41), es posible recurrir a un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, ante la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre los actos de la administración(42), la Sala aplicará este último, toda vez que se advierte la configuración de un error jurisdiccional que impone la declaratoria de una falla del servicio.

El artículo 467 de Ley 599 del 2000 consagra el delito de rebelión, el cual comprende como objeto material del tipo penal “los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

La Fiscalía General de la Nación no contaba con razones suficientes para asumir que el señor Susa Molina prestaba apoyo logístico y de inteligencia a las FARC y que, en virtud de ello, debía proferirse una orden de captura en su contra; diferente, si en su lugar, la captura del aquí demandante se hubiese presentado en situación de flagrancia, en los términos dispuestos en el artículo 345 de la Ley 600 del 2000 —Código de Procedimiento Penal—, esto es, sorprendido al momento de cometer la conducta punible o aprehendido inmediatamente después de ejecutar el delito por persecución o voces de auxilio de quien presenció el hecho.

En suma, el juez penal, al examinar y cotejar todas las piezas procesales recaudadas, indicó lo siguiente (se transcribe literal, incluso con eventuales errores):

“(...) Sobre el particular nada se profundizó pues en la práctica de las labores de inteligencia llevadas a cabo en torno al aviso dado por informantes, poco ofrecen en la corroboración de sus dichos; cometiéndose ostensibles errores que culminaron en la captura de los procesados, y lo más salomónico hubiera sido efectuar un seguimiento más pormenorizado para establecer el enlace entre ellos y ese grupo armado; pues ninguna de las aprehensiones se produjo en flagrancia”(43) (se resalta).

Una vez capturado el señor Prisciliano Susa Molina el 9 de diciembre, el ente investigador lo mantuvo privado de la libertad, sin que existieran motivos para mantener tal determinación, según lo previsto en el artículo 341 de la Ley 600 de 2000(44), pues, se reitera, no se existían elementos que lo relacionaran con las FARC.

Asimismo, se advierte que el 21 de diciembre de 2004 se le impuso medida de aseguramiento al señor Susa Molina, actuación que terminó mediante el fallo absolutorio del 5 de abril de 2006, ante la evidencia de que los elementos de juicio allegados resultaban insuficientes para relacionarlo con el punible de rebelión.

La Sala estima que, la Fiscalía General de la Nación impuso la medida de aseguramiento, pese a que no se cumplían los requisitos establecidos para proceder de conformidad, según la Ley 600 del 2000, estatuto procesal aplicable al presente asunto en virtud del régimen de vigencia establecido en el artículo 530 de la Ley 906 de 2004(45).

Pues bien, de conformidad con los artículos 355 y 356 de la Ley 600 del 2000, para decretar las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario se requería, en primer lugar, de la configuración de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad en contra del implicado y, en segundo, de la necesidad de su imposición, bien con el fin de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa de la libertad, evitar la continuación de su actividad delictual o impedir el entorpecimiento de la actividad probatoria.

Ahora, según lo previsto en el artículo 284 ejusdem, todo indicio supone un hecho indicador, debidamente probado, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro, y es precisamente en este punto en el que se advierten inconsistencias, pues en el sub lite no se encontraba probado ningún hecho del cual fuera posible deducir indicios graves de responsabilidad en contra del señor Susa Molina.

Lo anterior, porque, como lo sostuvo el juez penal, en ningún momento se encontraron pruebas que comprometieran al implicado con el ilícito investigado, de ahí que la incautación de una revista denominada “Resistencia” no pueda tenerse como un indicio grave, porque ello solo demuestra, como lo señaló el juez, “que se trate de un simpatizante de la izquierda”.

De igual forma, “el hecho de comercializar con las FARC sus productos” no es un factor del que se pueda deducir la autoría o participación del demandante con el referido grupo al margen de la ley.

Así las cosas, lo que le correspondía a la Fiscalía General de la Nación era adelantar la actividad investigativa a fin de recaudar en debida forma las pruebas que permitieran esclarecer los hechos; empero, omitió proceder en tal sentido, pues, de acuerdo con lo expuesto en la providencia absolutoria, existieron irregularidades tales que cercenaron “principios fundamentales que inspiran el procedimiento penal, como lo es el de la investigación integral”.

En este orden de ideas, es claro que el ente acusador infringió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, porque, se insiste, no examinó con el debido rigor las piezas procesales obrantes en el expediente, para establecer la relación del aquí demandante con las FARC, lo que hubiese impedido su detención preventiva.

Esta subsección ha precisado que si la restricción de la libertad es consecuencia de una decisión judicial equivoca, la responsabilidad patrimonial del ente investigador surge bajo el título de imputación denominado error judicial y no por privación injusta de la libertad:

“3.3. Con fundamento en lo hasta ahora expuesto y traído a colación de la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los alcances de los títulos de imputación de error jurisdiccional y da privación injusta de la libertad, esta Sala considera que en aquellos eventos en los cuales los daños cuya reparación reclaman los ciudadanos tienen origen en un yerro contenido en la providencia judicial mediante la cual se ordenó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad del(los) sindicado(s), si bien es verdad que podría pensarse que el efecto al cual conduce la materialización de lo decidido en la providencia respectiva —la restricción de la libertad física de la persona— determina que ha de ser el de privación injusta de la libertad previsto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 el título de imputación a aplicar, lo cierto es que el encarcelamiento del individuo investigado no habría tenido lugar en caso de no haberse dictado, dentro del proceso penal respectivo, la decisión en la cual concurre la particularidad de resultar ‘contraria a la ley’, en los términos de lo normado en la última frase del artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

“Quiere lo anterior significar que, a juicio de la Sala, en aquellos eventos en los cuales se produce una falla en el servicio público de administración de justicia consistente en que se profirió una providencia judicial mediante la cual se decretó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad de un individuo y dicha providencia resulta contraria al ordenamiento jurídico, el título de imputación a aplicar ha de ser el de error judicial y no el de privación injusta de la libertad. En ese sentido, el primero de los títulos de imputación está acompañado del rasgo de la especialidad respecto del segundo, en la medida en que el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 no efectúa distinción de tipo alguno respecto del tipo de providencia en la cual debe presentarse la contrariedad entre lo en ella decidido y las normas en las cuales debe fundarse, para efectos de concluir en la aplicabilidad del título de imputación de error jurisdiccional.

“Así pues, por resultar encuadrables las providencias que en contravía del ordenamiento jurídico decretan medidas de aseguramiento dentro de los procesos penales, en la descripción que efectúa el artículo 66 en mención del error jurisdiccional como ‘aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley’, es dicho título de imputación el que debe aplicarse en los referidos supuestos y no el de privación injusta de la libertad, adicionalmente si se tiene en cuenta que este último como es bien sabido se describe en el artículo 68 del mismo conjunto normativo de un modo mucho más genérico e inespecífico”(46) (se destaca).

Ahora bien, en relación con el tiempo durante el cual el señor Susa Molina estuvo retenido injustamente de su libertad, ha de señalarse que fue privado de su libertad desde el 9 de diciembre de 2004(47) hasta el 7 de abril de 2006(48), por el delito rebelión.

Así las cosas, las circunstancias descritas evidencian que el señor Prisciliano Susa Molina fue privado de su derecho fundamental a la libertad por un período de 15 meses y 28 días, lo que configuró para él y también para su grupo familiar un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad, impuesta en razón de las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, circunstancia que, necesariamente, comprometió la responsabilidad de dicha entidad, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

Por otro lado, conviene precisar que el hecho de que la investigación adelantada en contra el señor Prisciliano Susa Molina se fundamentó en el informe presentado por el comando operativo y de acción integral del Ejército Nacional no configura la causal de exoneración de hecho de un tercero, pues, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos —Ley 600 de 2000—, en la fase de investigación, la acción penal le correspondía a la Fiscalía General de la Nación(49) y era esta la que, dentro de sus atribuciones legales, tenía la facultad de imponer medida de aseguramiento contra una persona, después de verificar que se cumplieran los requisitos señalados en la norma para tal fin(50).

Bajo ese entendido, como la Fiscalía era una entidad autónoma en sus providencias, no dependía del informe presentado por el Ejército Nacional para imponer la medida de aseguramiento contra el señor Susa Molina, causa determinante del daño aquí alegado, pues, este tipo de información, ni siquiera constituye medio probatorio(51), ya que su finalidad radica en servir como criterio orientador del funcionario judicial.

Al respecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-392 de 2000, expresó lo siguiente:

“La mencionada disposición [artículo 50 de la Ley 504 de 1999] se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extra procesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso.

“(...)

“En el presente caso la finalidad buscada por el legislador es legítima, pues tiene su fundamento en el artículo 29 de la Constitución que consagra la presunción de inocencia, la cual solamente puede ser destruida cuando se incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que el sindicado está en la posibilidad de controvertir.

“Los informes de la Policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba; pero en todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden verse afectados por ellos.

“El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal” (subrayas y negrilla fuera del original).

Ahora, en lo que concierne a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—, dispone que la culpa exclusiva de la víctima se configura “cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, mientras que el artículo 67 de la misma normativa prevé que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

En este orden de ideas, conviene aclarar que en el expediente no se probó que el aquí actor hubiese incurrido en una conducta dolosa o gravemente culposa, puesto que en el plenario no se acreditó que prestara alguna colaboración con los frentes 51 y 55 de las FARC, razón por la cual, la Sala concluye que el señor Prisciliano Susa Molina, con su comportamiento, no generó el daño por el que ahora demanda.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala confirmará, en este aspecto, la sentencia objeto de consulta, dado que se estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Prisciliano Susa Molina.

8. Indemnización de perjuicios.

Se advierte que no hay lugar a estudiar la procedencia de las peticiones patrimoniales que se elevaron en la demanda y que fueron negadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como tampoco a incrementar las indemnizaciones otorgadas en la sentencia consultada, habida cuenta de que el grado jurisdiccional de consulta se surte a favor de la entidad pública condenada(52).

Así las cosas, teniendo en cuenta que no resulta posible agravar la situación de la Fiscalía General de la Nación se procede a revisar, con base en las pruebas que obran en el expediente, las indemnizaciones que decretó el tribunal de la causa con el fin de determinar si hay lugar a confirmarlas o a disminuirlas.

8.1. Perjuicios morales.

La sentencia objeto de consulta ordenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes, los siguientes montos:

Prisciliano Susa Molina (víctima directa del daño)100 smlmv
Hermelinda Cifuentes Rodríguez (compañera permanente)80 smlmv
Edwin Susa Cifuentes (hijo)50 smlmv
Niray Stefany Susa Cifuentes (hija)50 smlmv
Javier Anselmo Susa Cifuentes (hijo)50 smlmv
Camilo Andrés Susa Cifuentes (hijo)50 smlmv
Obdulia Molina Ardila (madre)30 smlmv
Prisciliano Susa Octavio (padre)30 smlmv

Ahora, en primer lugar, al revisar el expediente, encuentra la Sala que los demandantes Edwin Susa Cifuentes, Niray Stefany Susa Cifuentes, Javier Anselmo Susa Cifuentes, Camilo Andrés Susa Cifuentes, Obdulia Molina Ardila y Prisciliano Susa Octavio acreditaron su relación de parentesco con la víctima directa del daño, por lo que se infiere que a todos ellos se les causó una afectación moral por la privación injusta de la libertad que padeció su padre e hijo, respectivamente.

Asimismo, advierte la Sala que la señora Hermelinda Cifuentes Rodríguez se encuentra legitimada para reclamar perjuicios morales, toda vez que, efectivamente, está probada su condición de compañera permanente en relación con el señor Prisciliano Susa Molina, lo cual se desprende de los testimonios(53) recaudados en este proceso.

Respecto de la tasación de la indemnización por concepto de perjuicios morales, la Sala la efectuará de acuerdo con las pautas trazadas por la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la sección tercera, en relación con la privación injusta de la libertad, toda vez que si bien el presente caso fue resuelto bajo la aplicación de una falla en el servicio por error judicial, lo cierto es que el perjuicio causado al señor Susa Molina devino de su privación de la libertad, motivo por el cual resulta procedente acoger los parámetros fijados por la referida unificación(54).

Así las cosas, la Sala entrará a verificar si la referida condena es ajustada al referido criterio jurisprudencial:

“Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la sección tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2° de consanguinidadParientes en el 3° de consanguinidadParientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2°Terceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 smlmvsmlmvsmlmvsmlmvsmlmv
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

“Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal derecho fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito”(55).

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que el directamente afectado estuvo privado de su libertad desde el 9 de diciembre de 2004 hasta el 7 de abril de 2006 por el delito de rebelión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció los siguientes montos a favor de la víctima directa del daño, de su compañera permanente y de sus parientes en el primer grado de consanguinidad:

i) A favor del señor Prisciliano Susa Molina, la suma de 100 smlmv.

ii) A favor de Edwin Susa Cifuentes, Niray Stefany Susa Cifuentes, Javier Anselmo Susa Cifuentes y Camilo Andrés Susa Cifuentes, el monto de 50 smlmv para cada uno de ellos, en calidad de hijos del aquí demandante;

iii) A favor de Hermelinda Cifuentes Rodríguez, la suma de 80 smlmv, en calidad de compañera permanente del señor Susa Molina;

iv) A favor de Obdulia Molina Ardila y Prisciliano Susa Octavio, el equivalente a 30 smlmv, en calidad de padres del aquí actor.

Así pues, atendiendo al período de privación de la libertad del que fue víctima el demandante, esto es, 15 meses y 28 días, se tiene que al ser superior a 12 meses e inferior a 8(sic) meses el monto que esta corporación le hubiese otorgado a cada uno de los demandantes sería el equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les reconoció a los demandantes Hermelinda Cifuentes Rodríguez —compañera permanente—, Edwin Susa Cifuentes, Niray Stefany Susa Cifuentes, Javier Anselmo Susa Cifuentes, Camilo Andrés Susa Cifuentes —hijos—, Obdulia Molina Ardila y Prisciliano Susa Octavio —padres— un monto inferior, aspecto que, se advierte, deberá confirmarse, toda vez que de conformidad con lo normado en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo(56), la consulta se entiende interpuesta en favor de la entidad condenada en primera instancia y, por tanto, no resulta viable hacer más gravosa su situación. En ese sentido, la Sala confirmará, en este punto, la sentencia consultada.

Lo anterior no sucede con la indemnización que se concedió a favor de la víctima directa del daño —100 smlmv—, pues resulta superior a la suma que esta corporación le hubiese otorgado —90 smlmv—. En este orden de ideas, la Sala reducirá el monto concedido a favor del señor Prisciliano Susa Molina, por concepto de perjuicios morales, a 90 salarios mínimos mensuales legales.

9. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia fechada el 29 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

“1. DECLARAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación responsable de los perjuicios que los demandantes sufrieron como consecuencia de las fallas en el servicio, que condujeron a la restricción irregular de la libertad del señor Prisciliano Susa Molina”.

“2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales:

Prisciliano Susa Molina (víctima directa del daño)90 smlmv
Hermelinda Cifuentes Rodríguez (compañera permanente)80 smlmv
Edwin Susa Cifuentes (hijo)50 smlmv
Niray Stefany Susa Cifuentes (hija)50 smlmv
Javier Anselmo Susa Cifuentes (hijo)50 smlmv
Camilo Andrés Susa Cifuentes (hijo)50 smlmv
Obdulia Molina Ardila (madre)30 smlmv
Prisciliano Susa Octavio (padre)30 smlmv

“3. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“4. Sin condena en costas.

“5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“6. EXPEDIR al apoderado de la parte actora que ha venido actuando las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil”.

2. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

15 Prelación en grado jurisdiccional de consulta.

16 Prelación en casos de privación injusta de la libertad.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 34.985.
En dicha providencia se consignó que de conformidad con lo normado en la Ley 270 de 1996, el Consejo de Estado conoce siempre en segunda instancia de los casos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, sin consideración a la cuantía de las pretensiones.

18 La condena proferida en contra de la Fiscalía General de la Nación supera la cuantía establecida en la norma, esto es, 300 smlmv, puesto que la indemnización que le impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por concepto de perjuicios morales asciende a 440 smlmv.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, sección tercera, subsección A, Exp. 37.410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Folios 46 a 107 del cuaderno 17.

21 Para el efecto, se aportó el edicto de la providencia absolutoria calendada el 5 de abril de 2006, el cual reza (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“EDICTO
“El suscrito secretario del juzgado diecinueve penal del circuito de Bogotá D.C.
“HACE SABER:
“Que dentro de la causa radicada bajo el Nº 410-05 (...) se emitió sentencia de primera instancia calendada abril cinco (5) del año dos mil seis (2006) donde sé absolvió a Marinela Hilarión Aparicio, Adonina Delgado Vergara, Pedro Ignacio Rico Chávez, Edwin Vladimir Cruz González, Víctor Manuel Beltrán Dimate, Prisciliano Susa Molina, Moisés Delgado y José Ricardo Chingate Salazar (...),
“Para que se surta notificación la anterior sentencia a los demás sujetos procesales que no lo hicieron personalmente (art. 323 CPC) se fija el presente edicto en un lugar público de la secretaría del juzgado, por el término legal de tres (3) días, a partir de hoy, dieciocho (18) de abril del año dos mil seis (2006)”.
“(...).
“Desfijación: abril 20 de 2006 hora 4:00 pm.
“Términos de ejecutoria:
“Empieza ejecutoria: abril 21 de 2006 hora 8:00 am.
“Vence ejecutoria: abril 25 de 2006 hora 4:00 pm” (se destaca).

22 Folio 10 del cuaderno de primera instancia.

23 Folio 66 del cuaderno de primera instancia.

24 Folio 67 del cuaderno de primera instancia.

25 Folio 68 del cuaderno de primera instancia.

26 Folio 69 del cuaderno de primera instancia.

27 Folio 70 del cuaderno de primera instancia.

28 Folios 4 a 9 del cuaderno 3.

29 Folios 171 a 172 del cuaderno 3.

30 Folio 178 del cuaderno 3.

31 Folio 210 del cuaderno 3.

32 Folios 60 a 78 del cuaderno 6.

33 Folios 60 a 78 del cuaderno 22.

34 Folios 259 a 262 del cuaderno 6.

35 Folios 58 a 73 del cuaderno 8.

36 Folio 102 del cuaderno 21.

37 Folios 46 a 107 del cuaderno 17.

38 Folio 265 del cuaderno 6.

39 Folio 131 del cuaderno 17.

40 Folio 265 del cuaderno 6.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, subsección A, sentencia del 30 de junio de 2016, Exp. 39808, reiterada en fallo del 24 de octubre de 2016, Exp. 37812, respectivamente, entre otros.

42 En este sentido la sección se pronunció en sentencia del 23 de agosto de 2010, Rad. 40060, M.P. Enrique Gil Botero, en los siguientes términos:
“No obstante, en aquellos eventos en que pese a configurarse la causal de absolución penal permitiera enmarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial bajo un régimen de carácter objetivo pero en el proceso contencioso administrativo quedó acreditada la existencia de una falla del servicio, se impone la declaratoria de la misma en aras de emitir un juicio de reproche y, de paso, permitir a la administración que, identificada la irregularidad cometida, analice la conveniencia de iniciar la acción de repetición contra los funcionarios que dieron origen a la condena pecuniaria.
“No significa lo anterior que la Sala esté fijando un régimen subjetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad sino que, se insiste, la perspectiva objetiva o subjetiva (culpabilística) dependerá en cada caso concreto de los motivos de absolución o preclusión criminal; sin embargo, cuando la falla del servicio sea evidente y palmaria en el proceso contencioso será imprescindible advertir su existencia y, por lo tanto, acoger la responsabilidad sin ambages por esa circunstancia (...)”.

43 Folios 46 a 107 del cuaderno 17.

44 “ART. 341.—Restricción a la libertad del indagado. Si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo.
“En el evento en que no se ordene inmediatamente la privación de la libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie citación ni orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras se resuelve la situación jurídica”.

45 “ART. 530.—Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema [penal acusatorio] se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.
“En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, lbagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.
“Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1º) de enero de 2008” (se resalta).

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014, Exp. 23.783, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014 proferida por la subsección A de la sección tercera de esta corporación, Exp. 27.903, M.P. Hernán Andrade Rincón (E), entre otras providencias.

47 De conformidad con el acta de derechos del capturado del hoy demandante, obrante a folio 210 del cuaderno 3.

48 De conformidad con la boleta de libertad del señor Prisciliano Susa Molina expedida el 7 de abril de 2006, obrante a folio 131 del cuaderno 17.

49 “ART. 26.—Titularidad. La acción penal corresponde al Estado y se ejerce por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los jueces competentes durante la etapa del juzgamiento; la Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación y el juzgamiento en los casos contemplados en la Constitución Política. El Congreso ejerce la acción penal excepcionalmente”.

50 “ART. 356.—Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad”.

51 “ART. 314.—Labores previas de verificación. La policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación”.

52 Este criterio fue expuesto por la Sala Plena de la sección tercera en sentencia de 7 de noviembre de 2012, Exp. 24.531, así como por esta subsección en sentencia de 23 de julio de 2014, Exp. 33.546.

53 Folios 19-20, cuaderno 1. Del testimonio del señor Rigoberto Susa Molina se colige lo siguiente (se transcribe literal, incluidos posibles errores):
“En esta captura le generaron un gran perjuicio a mi cuñada como esposa de él, a mis sobrinos, daño de forma psicológica, porque todos no sabían que hacer y qué era lo que estaba pasando, ya que son gente de muy buenas costumbres, muy nobles y que solamente se dedican a su trabajo familiar y comercial. Mi cuñada sufrió un ataque de nervios supremamente grave por la situación del encarcelamiento injusto de que fue víctima su esposo, es decir, mi hermano Prisciliano.
“(...).
“PREGUNTADO: En ese mimo sentido, su esposa, la señora Hermelinda, como manifestó su sufrimiento.
“CONTESTÓ: Fue un tiempo muy duro, porque a pesar de que ambos trabajan, ella nunca se imaginó quedar sola enfrentada a conseguir el sustento para sus hijos. Tener que venirse para Bogotá a hablar con los comerciantes en Abastos y en la 17 del centro de Bogotá, para que le fiaran las remesas de mercadito para llevar y suplir las necesidades en las comunidades como desarrollo de la actividad comercial que él ejecutaba. Le tocaba sacar plata prestada, pero era imposible que le prestaran ya que pues no veía como pagaría en el futuro, con la consecuencia del drama psicológico y del nerviosismo que fue objeto desde el momento de la captura irregular dentro de su lecho de dormitorio”.

54 Al respecto ver las siguientes providencias: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E) y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, sentencia del 30 de junio de 2016, Exp. 39.972.

55 Consejo de Estado, Sala Plena de la sección tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

56 Esto consagra el citado artículo: “Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.// Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior (...) La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem...”.