Sentencia 2009-00371 de diciembre 4 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 05001233100020090037101 [20505]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Londoño Tovar & CIA. S. EN C. (En liquidación) (NIT. 890.917.391)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil catorce

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación interpuesta por la demandada, la Sala precisa si prescribió la acción de cobro de las obligaciones por IVA y retenciones por los periodos especificados en el mandamiento de pago 304900-638 de 18 de junio de 2008, que la DIAN libró contra la actora, en calidad de deudora solidaria de Fivres Ltda en Liquidación. Las citadas obligaciones, derivadas de las declaraciones privadas de IVA y retenciones, fueron las siguientes:

TítuloTipoFechaConceptoAño/periodoImpuestoPorcentaje
2063002050257L.P24/05/96Ventas1996-2$5.890.41133.33%
0616944053457L.P25/07/96Ventas1996-319.292.73733.33%
0616944054151L.P27/01/97Ventas1996-412.880.37833.33%
0616944053937L.P27/11/96Ventas1996-521.336.86633.33%
0615844056327L.P24/01/97Ventas1996-64.177.24833.33%
0602944056996L.P20/03/97Ventas1997-117.339.93233.33%
0602944053056L.P23/05/96Retenciones1996-47.500.58333.33%
0219203050537L.P25/06/96Retenciones1996-510.777.58833.33%
0616944053423L.P23/07/96Retenciones1996-68.080.85833.33%
0602944055465L.P23/08/96Retenciones1996-75.600.43933.33%
0617844055317L.P20/09/96Retenciones1996-85.193.14733.33%
0616944053783L.P23/10/96Retenciones1996-94.753.52433.33%
0616944053899L.P22/11/96Retenciones1996-105.394.46033.33%
0616944054008L.P19/12/96Retenciones1996-1114.942.83833.33
0615844056326L.P24/01/97Retenciones1996-124.266.24033.33%
0616944054405L.P29/04/97Retenciones1997-13.682.96533.33%
5138505000034L.P23/05/97Retenciones1997-27.202.94633.33%
0365502051750L.P24/07/97Retenciones1997-35.190.14733.33%
5138505000034L.P 923/05/97Ventas1997-24.669.53233.33%
0365502051750L.P24/07/97Ventas1997-328.526.14733.33%
0700325057517L.P25/09/97Ventas1997-429.925.00733.33%
5138505000216L.P27/11/97Ventas1997-519.506.04933.33%
0527302054186L.P01/27/98Ventas1997-621.526.84733.33%
0218302051308L.P20/03/98Ventas1998-121.811.48533.33%
5138505000352L.P22/05/98Ventas1998-235.383.46133.33%
0529501050005L.P23/07/98Ventas1998-317.266.27333.33%
0529502050000L.P24/09/98Ventas1998-49.847.34833.33%
0529502050018L.P25/11/98Ventas1998-511.294.20333.33%
0700225081519L.P27/01/99Ventas1998-616.221.04433.33%
5138505000709L.P19/03/99Ventas1999-15.983.06833.33%
616044072590L.P21/05/99Ventas1999-213.744.62533.33%
1410199054352L.P22/07/99Ventas1999-39.125.42033.33%
616044073757L.P21/09/99Ventas1999-410.883.91133.33%
0616944054531L.P22/05/97Retenciones1997-46.590.67433.33%
0702725063584L.P22/01/98Retenciones1997-127.320.26733.33%
02200301051164L.P25/02/98Retenciones1998-17.173.61533.33%
0218302051309L.P20/03/98Retenciones1998-26.678.66533.33%
3002602000034L.P23/04/98Retenciones1998-38.760.12333.33%
5138505000353L.P22/05/98Retenciones1998-47.119.62133.33%
0143401052303L.P25/06/98Retenciones1998-57.976.53533.33%
3002002000473L.P28/07/98Retenciones1998-66.267.70633.33%
3002602000197L.P26/08/98Retenciones1998-75.597.10633.33%
0529502050001L.P24/09/98Retenciones1998-85.006.49933.33%
0143402054739L.P27/10/98Retenciones1998-94.872.17933.33%
0529502050019L.P25/11/98Retenciones1998-105.235.14333.33%
0701525058109L.P22/12/98Retenciones1998-115.222.47733.33%
0702125068986L.P22/01/99Retenciones1998-124.417.55833.33%
1335009050472L.P19/02/99Retenciones1999-13.991.93433.33%
5138505000710L.P19/03/99Retenciones1999-22.383.76133.33%
5505325000504L.P21/04/99Retenciones1999-33.122.68733.33%
0616044072591L.P21/05/99Retenciones1999-42.056.79433.33%
5138505000883L.P21/06/99Retenciones1999-52.270.43933.33%
1410199054351L.P22/07/99Retenciones1999-6952.23833.33%
0616044073758L.P21/09/99Retenciones1999-81.945.13833.33%
5500125001324L.P19/11/99Ventas1999-53.684.63133.33%
1331301051571L.P21/01/00Ventas1999-63.158.68433.33%
1410199054905L.P22/10/99Retenciones1999-9845.24833.33%
0529501050303L.P23/11/99Retenciones1999-10689.93133.33%
1331301051550L.P20/01/00Retenciones1999-12261.64033.33%
615344104440L.P08/03/04Retenciones2004-214.99833.33%
1917302052524L.P09/11/04Retenciones2004-10105.32233.33%
700537000351L.P09/02/05Retenciones2005-1116.98833.33%
529502053445L.P11/03/05Retenciones2005-2110.98833.33%
5460401001748L.P11/05/05Retenciones2005-4110.99833.33%
700526011543L.P11/01/06Retenciones2005-12103.65633.33%
616044089921L.P09/02/06Retenciones2006-186.32433.33%
5136205009197L.P14/03/06Retenciones2006-281.65833.33%
1917305054181L.P18/04/06Retenciones2006-362.32733.33%
3615802010433L.P09/05/06Retenciones2006-444.99533.33%
700527005781L.P13/06/06Retenciones2006-541.66233.33%
1986601000006L.P09/08/06Retenciones2006-7290.63733.33%

 

Para determinar si prescribió o no la acción de cobro respecto a las obligaciones anteriores, la Sala precisa si, de acuerdo con los artículos 102 de la Ley 222 de 1995 y 818 del estatuto tributario, la liquidación obligatoria interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro.

En el caso en estudio se encuentran probados los siguientes hechos:

El 8 de abril de 1997, la DIAN libró mandamiento de pago contra Fivres Limitada, para el cobro de las obligaciones derivadas de las declaraciones de IVA del bimestre 3 de 1992 y varios bimestres de 1996 y de retenciones del periodo 6 de 1993, varios periodos de 1996 y primero de 1997.

El 23 de abril de 1997, la Superintendencia de Sociedades admitió a Fivres Ltda a trámite de concordato, dentro del cual se hizo parte la DIAN, y el 22 de julio de 1999, la Superintendencia lo declaró terminado, por dificultades económicas de la sociedad para cumplir sus compromisos concordatarios.

El 25 de agosto de 1999, la Superintendencia decretó el trámite de liquidación obligatoria de Fivres Ltda por haberse incumplido el concordato. La DIAN se hizo parte en la liquidación con créditos fiscales de plazo vencido, que incluían créditos concordatarios, posconcordatarios y gastos de administración.

El 17 de noviembre de 2006 la Superintendencia de Sociedades dio por terminada la liquidación y los activos de la liquidación no alcanzaron para pagar el crédito a favor de la DIAN.

El 18 de junio de 2008, la DIAN profirió el mandamiento de pago 304900-638 contra Londoño Tovar y Cia. S. En C. En Liquidación, en calidad de deudora solidaria de Fivres Ltda. Las partes no discuten que el mandamiento se notificó el 21 de junio de 2008.

Interrupción de la prescripción de la acción de cobro

El artículo 817 del estatuto tributario, vigente para la época de la presentación de las declaraciones tributarias de Fivres Ltda por los años 1996 a 2000, disponía lo siguiente:

“ART. 817.—Término de la prescripción. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria.

La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor”. (Destaca la Sala).

Según la norma transcrita, para las declaraciones privadas el término de prescripción de la acción de cobro comienza a contarse a partir de la fecha en que las obligaciones fiscales se hicieron exigibles, esto es, desde el momento en que venció el plazo fijado para pagar el impuesto. Tal previsión está en concordancia con el artículo 828 numeral 1º del estatuto tributario, conforme con el cual constituyen título ejecutivo “las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación”.

Por su parte, frente a las declaraciones tributarias correspondientes a los años 2004 a 2006, el artículo 817 del estatuto tributario, modificado por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

“ART. 817.—Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

(…)” (Se destaca).

De acuerdo con esta disposición, para las obligaciones tributarias que consten en declaraciones privadas, el término de prescripción de la acción de cobro empieza a correr desde el día en que vence el plazo para declarar, si la declaración se presentó en tiempo, o desde la fecha en que se presentó la declaración, si esta fue extemporánea.

Comoquiera que en el caso en estudio no se discute la fecha de exigiblidad de las obligaciones ni la oportunidad en la presentación de las declaraciones, para contar el término de prescripción la Sala habrá de tomar como fecha de inicio del término de prescripción, la de las declaraciones correspondientes, que figuran en el mandamiento de pago que se libró contra la actora, pues, respecto a tales fechas nada cuestionan las partes.

En relación con la interrupción del término de prescripción, el artículo 818 del estatuto tributario dispone lo siguiente:

“ART. 818.—Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo 81. Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa.

Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa.

(…)” (Destaca la Sala).

De acuerdo con la norma anterior, el término de prescripción de cinco (5) años se interrumpe, entre otros eventos, por la admisión de la solicitud del concordato, desde el día en que se admite dicha solicitud del deudor hasta cuando termina el concordato. Una vez interrumpido el término prescriptivo este empieza a correr de nuevo desde el día siguiente a la terminación del concordato.

Es de anotar que el Título II de la Ley 222 de 1995(3) unificó el régimen concursal, por lo cual desaparecieron la quiebra del Código de Comercio (art. 1937 a 2010) y la clasificación de los concordatos que traía el Decreto 350 de 1989. Así, el artículo 89 de la Ley 222 de 1995 dispuso que el proceso concursal puede consistir en (i) un concurso o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor o (ii) un concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman el patrimonio del deudor(4).

El artículo 94 de la Ley 222 de 1995 señala que el acuerdo de recuperación de negocios o concordato tiene “por objeto la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, así como la protección adecuada del crédito”.

Por su parte, el artículo 95 ibídem dispone que “mediante la liquidación obligatoria se realizarán los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo”. Es decir, ya no se busca recuperar o conservar la empresa sino liquidarla para que con la venta de los activos puedan pagarse ordenadamente las deudas del empresario.

De acuerdo con el artículo 150 de la Ley 222 de 1995, una de las causales para abrir a trámite de liquidación obligatoria es la terminación del concordato por falta de acuerdo o por incumplimiento de este.

Es de anotar que cada proceso concursal - concordato y liquidación obligatoria- está establecido para cumplir una finalidad diferente: (i) el concordato tiene como objetivo alcanzar un acuerdo entre el deudor y sus acreedores para lograr la recuperación de los negocios de aquel, a través de la reestructuración de los pasivos, a fin de preservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo; (ii)la liquidación obligatoria persigue la protección adecuada del crédito, con el pago ordenado de las acreencias(5).

Ahora bien, el artículo 102 de la Ley 222 de 1995, que guarda coherencia con el artículo 818 del estatuto tributario, prevé lo siguiente:

“ART. 102.—Interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad. “Título II derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, a partir del 28 de junio de 2007” Desde la apertura del concordato y hasta la terminación del mismo o la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo concordatario, se interrumpe el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren perfeccionado o hechos exigibles antes de la iniciación del concordato”.

La citada norma, que hace parte de las disposiciones sobre el concordato de la Ley 222 de 1995, dispone que se interrumpe el término de prescripción desde la apertura del concordato hasta la terminación o declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de este. Nada dice sobre la liquidación obligatoria.

Sin embargo, en Sentencia C-263 de 2002, al analizar la exequibilidad de los artículos 124 y 222 de la Ley 222 de 1995(6), la Corte Constitucional precisó que ” (aunque tienen objetivos distintos) los procesos concursales, ya sean acuerdos de pago o liquidaciones patrimoniales participan de una misma estructura conceptual, así se destinen a la conservación y recuperación de la empresa o a la satisfacción ordenada del crédito por cuanto i) son asuntos de interés general, ii) convocan a todos los acreedores, iii) vinculan la totalidad de los bienes del deudor, y iv) han de dejar zanjadas las diferencias surgidas entre el deudor y sus acreedores, a causa del incumplimiento del primero”(Se destaca)(7).

También precisó que “la terminación del trámite concursal permite continuar las ejecuciones individuales que por razón de su iniciación debieron suspenderse, e instaurar las acciones que por la misma causa no pudieron iniciarse.(…) Posibilidad que de inmediato restablece el cómputo para que opere la prescripción liberatoria, como se deduce del artículo 102 de la Ley 222, porque el acreedor no puede ser sancionado por la demora en la ejecución de la obligación, cuando es la misma ley la que le está impidiendo hacerlo, pero si puede ser compelido a actuar tan pronto como desaparece tal impedimento”.

Y advirtió que aunque el artículo 102 de la Ley 222 de 2005 solo prevé el trámite concordatario como causal de interrupción del término de prescripción de las acciones, dicha norma también resulta aplicable al trámite de liquidación obligatoria, pues las “obligaciones que el liquidador no logra satisfacer continúan siendo exigibles y, en consecuencia, deben ser cubiertas por el deudor persona natural, directamente, y por los asociados, cooperados, socios o accionistas–, según la responsabilidad asumida por éstos en la conformación del ente social, su responsabilidad en el resultado– y la naturaleza de las obligaciones pendientes de satisfacer -artículos 573, 793, 794 y 798 E.T., artículo 36 Código Sustantivo del Trabajo artículos 206 y 207 Ley 222”(8).

Por ende, “culminado el proceso liquidatorio, y por tanto desaparecida la causa que dio origen a la interrupción de la prescripción, al acreedor insatisfecho le corresponde tener presente el advenimiento de la prescripción, y al deudor estar atento a la ejecución emprendida por fuera del término legal, para oponerse a ella, como se lo permite el artículo 360 (sic) del estatuto procesal”(9). (Se destaca).

De acuerdo con las anteriores precisiones jurisprudenciales, que la Sala acoge, en vigencia de la Ley 222 de 1995, la prescripción de la acción de cobro se interrumpe tanto durante el trámite concordatario como durante el trámite liquidatorio obligatorio, como se concluye del artículo 102 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con las normas que regulan los dos trámites en mención, y el artículo 818 del estatuto tributario.

En el caso concreto, a pesar de que la DIAN se hizo parte en el trámite concordatario de Fivres Ltda., cuya apertura se hizo el 23 de abril de 1997, el 22 de julio de 1999, la Superintendencia lo declaró terminado por dificultades económicas de la sociedad para cumplir sus compromisos concordatarios. Y días después, el 25 de agosto de 1999, como consecuencia del incumplimiento del concordato, la Superintendencia decretó el trámite de liquidación obligatoria, dentro del cual también se hizo parte la DIAN. La liquidación obligatoria terminó el 17 de noviembre de 2006 sin que las acreencias de la DIAN pudieran ser satisfechas.

Por lo anterior, la DIAN estaba legitimada para exigir a la actora como deudora solidaria de Fivres Ltda., el pago de las deudas por impuestos a cargo de esta, dentro de las cuales estaban las obligaciones concordatarias, las posconcordatarias y los causadas por dicha sociedad durante el trámite liquidatorio, independientemente de que la demandante no tuviera la administración de la sociedad, pues esa circunstancia no elimina la solidaridad por el pago de los impuestos fijada en la ley(10).

Ahora bien, con la apertura del trámite concordatario, mediante auto de 23 de abril de 1997, se interrumpió la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones incluidas en el mandamiento de pago 970465 de 7 de abril de 1997, notificado a Fivres Ltda el 24 del mismo mes(11). La interrupción operó hasta el 22 de julio de 1999, fecha en la cual la Superintendencia de Sociedades declaró terminado el concordato por incumplimiento de los compromisos de este. En consecuencia, a partir del 23 de julio de 1999 empezó a correr de nuevo el término de prescripción de la acción de cobro.

Sin embargo, como consecuencia del incumplimiento del concordato, el 25 de agosto de 1999 la Superintendencia decretó la apertura del trámite de liquidación obligatoria, que terminó el 17 de noviembre de 2006, por lo cual a partir del 18 de noviembre de 2006 empezó a correr otra vez el término de prescripción de la acción de cobro.

Cabe reiterar que dentro del trámite concordatorio la DIAN no obtuvo el pago de las deudas a cargo de Fivres Ltda., por lo cual se hizo parte dentro del proceso de liquidación obligatoria de dicha sociedad, en el cual tampoco obtuvo la satisfacción de sus acreencias. Por lo tanto, el mandamiento de pago 304900-638 de 18 de junio de 2008 que la DIAN libró contra la actora, como deudora solidaria de Fivres Ltda., incluyó tanto las obligaciones concordatarias como las posconcordatarias y las que se causaron a cargo de Fivres durante el trámite liquidatorio.

De acuerdo con lo anterior, tanto para Fivres Ltda como para la actora la prescripción de la acción de cobro por todas las obligaciones ya citadas, previstas en el mandamiento de pago 304900-638 de 18 de junio de 2008, se interrumpió, en términos generales, entre el 23 de abril de 1997 y el 17 de noviembre de 2006. A dicho lapso, sin embargo, deben restarse el mes y dos días que transcurrieron desde el día siguiente a la fecha en que se declaró terminado el concordato, esto es, desde el 23 de julio de 1999 hasta el 25 de agosto de 1999, cuando se inició el trámite liquidatorio. Por lo tanto, la acción de cobro se interrumpió por un término de nueve años, cinco meses y 22 días.

Ahora bien, según el artículo 817 del estatuto tributario, la acción de cobro prescribe en el término de cinco años, que, como se precisó, en este caso se cuentan desde la fecha de las declaraciones privadas que se cobraron en el mandamiento de pago de 18 de junio de 2008(12), siendo la primera, la de IVA bimestre 2 de 1996, presentada el 24 de mayo de 1996 y la última, la de retenciones por el mes 7 de 2006, presentada el 9 de agosto de 2006.

Sin embargo, en este caso el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpió a partir del 23 de abril de 1997, por nueve años, cinco meses y 22 días. Por ende, el mandamiento de pago notificado a la actora el 21 de julio de 2008(13) fue oportuno, pues, como consecuencia de la interrupción por el término ya precisado, respecto de la declaración más antigua que se cobró en el citado mandamiento, esto es, la presentada el 24 de mayo de 1996, dicho mandamiento debía notificarse hasta el 16 de noviembre de 2010, fecha para la cual ya se había notificado. Por lo mismo, las obligaciones posteriores, fijadas en el mandamiento de pago de 18 de junio de 2008, tampoco habían prescrito.

De otra parte, no prospera la excepción de indebida vinculación del deudor solidario por falta de título ejecutivo que propuso la actora, pues de acuerdo con el artículo 828-1 del estatuto tributario, para el cobro de las obligaciones como deudor solidario no es necesaria la expedición de títulos ejecutivos adicionales a cargo de este(14). Así lo precisó la Sala en sentencia de rectificación de 31 de julio de 2009(15), en la que sostuvo lo siguiente:

“En los términos analizados se modifica la jurisprudencia de la Sección, en el sentido de aclarar que a partir de la expedición de la Ley 6 de 1992, el documento por medio del cual se vincula a los deudores solidarios al proceso de cobro coactivo es el mandamiento de pago expedido a su nombre y debidamente notificado, sin que se requiera para esto acto administrativo adicional anterior ni posterior y en ningún caso se hará mediante el título ejecutivo que es el documento preexistente a la iniciación del citado proceso y que da origen al mismo.

Existe respaldo a lo hasta aquí plasmado, por parte de la Corte Constitucional en el texto de las Sentencias C-210 de marzo 1º de 2000, por la cual se declaró la exequibilidad del artículo 794 y su parágrafo del estatuto tributario, así como la C-1201 de diciembre 9 de 2003 que consideró ajustado a la Constitución Política el artículo 828-1 ibídem como fue adicionado por los artículos 83 de la Ley 6ª de 1992 y 9º de la Ley 788 de 2002. Expone la primera de ellas en relación con la solidaridad en materia tributaria:

“La figura de la solidaridad es de creación legal y también el establecimiento de sus excepciones. Por lo tanto bien puede el legislador introducir la responsabilidad solidaria como un mecanismo tendiente a impedir la práctica de la evasión tributaria”.

“La responsabilidad nace de la condición simple y voluntaria de ser socio, independientemente de si se tiene o no la representación o administración del ente social. El hecho del reconocimiento del ente social como una persona distinta de sus socios o miembros, no es obstáculo para que el legislador establezca un tipo especial de responsabilidad fiscal”.

Y concluye: “El legislador en virtud de su libertad de configuración puede señalar los elementos de la obligación tributaria, estableciendo una pluralidad de sujetos que se encuentran comprometidos en la satisfacción de una misma prestación, uno al lado del otro, es decir, los socios al lado de la sociedad y no en lugar de ésta”.

Es claro de lo anterior, que la solidaridad de los socios por las deudas de la sociedad se genera per se, por el solo hecho de pertenecer a ella, luego para hacerlos responsables de las mismas no se requiere pronunciamiento adicional alguno.

La segunda de las sentencias citadas aclara que “No puede confundirse el acto procesal de notificación del mandamiento de pago, con el título ejecutivo, ya que el primero es el medio a través del cual es posible la vinculación del deudor solidario al proceso de cobro, y el segundo la causa material que justifica tal vinculación, es decir el acto contentivo de la obligación clara, expresa y exigible cuyo cobro se pretende”.

Y continúa: “Sobre este supuesto, es decir previa comunicación de la actuación administrativa al deudor solidario, no se hace necesario que se profiera un título ejecutivo independiente y adicional contra él, sino que el título ejecutivo contra el deudor principal lo será igualmente contra el deudor solidario como lo propone el inciso segundo del artículo 828-1”.

Para concluir: “no resulta contrario a la Constitución que el legislador disponga como lo hace en el inciso primero, que la vinculación del deudor solidario al proceso de ejecución coactiva se haga mediante la notificación del mandamiento de pago” y “no resulta inconstitucional que el título ejecutivo contenido en el acto administrativo con el que concluye dicha actuación le sea oponible, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales respecto de él”.

No cabe duda como lo afirma la Corte, que no es dable pretender que el título ejecutivo tenga alguna relación con el medio idóneo para vincular al proceso al deudor solidario, que es únicamente el mandamiento de pago, como tampoco la hay de que basta con un solo título cobrable a nombre del principal para hacer efectivo el cobro a los solidarios, sin que se requiera constituir a nombre de cada uno de ellos un título adicional”. (Destacado la Sala).

De acuerdo con el anterior criterio jurisprudencial que la Sala reitera, se advierte que la administración actuó conforme con el artículo 828-1 del estatuto tributario, pues los títulos ejecutivos válidos para el cobro a la actora como deudora solidaria, fueron las declaraciones privadas presentadas por la sociedad Fivres Ltda en Liquidación, de la cual la demandante era socia. Tales declaraciones se encuentran relacionadas en el mandamiento de pago que la DIAN libró contra la demandante el 18 de junio de 2008, acto con el cual se vinculó a esta al proceso de cobro para hacer efectivo el pago del 33% del valor de cada declaración.

Lo anterior significa que no prosperan las excepciones de prescripción y falta de título ejecutivo alegadas por la actora, motivo suficiente para revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar dispone:

NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

RECONÓCESE personería a la Maritza Alexandra Díaz Granados como apoderada de la DIAN, según poder que consta en el folio 276.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(3) “Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones”.

(4) El artículo 126 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006 derogó el régimen de procesos concursales previsto en el Título II de la Ley 222 de 1995.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2002. Se recuerda que el procedimiento concursal previsto en la Ley 222 de 1995, fue sustituido por el régimen de insolvencia establecido en la Ley 1116 de 2006, que incluye los procesos de reorganización y de liquidación oficial.

(6) ART. 124.—Acreedores extemporáneos. “Título II. derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, a partir del 28 de junio de 2007” Los acreedores con o sin garantía real que no concurran oportunamente, no podrán participar en las audiencias y para hacer efectivos sus créditos sólo podrán perseguir los bienes que le queden al deudor una vez cumplido el concordato, o cuando este se incumpla, se declare terminado y se inicie el trámite de liquidación obligatoria, salvo que en audiencia preliminar o final, sean admitidos de conformidad con lo previsto en esta ley.

ART. 222.—Créditos insolutos. “Título II. Derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, a partir del 28 de junio de 2007” Concluida la liquidación, los acreedores con saldos insolutos podrán promover contra el deudor persona natural las acciones legales a que haya lugar, para obtener la satisfacción de sus créditos, sobre los bienes que posteriormente adquiera o que figuren a su nombre.

(7) Sentencia de 16 de abril de 2002, Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis.

(8) Ibídem

(9) Ibídem

(10) El artículo 794 del estatuto tributario establece la responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad y el artículo 828-1 ibídem prevé que los títulos ejecutivos contra el deudor principal, en concreto, las liquidaciones privadas, también constituyen título ejecutivo contra los deudores solidarios, por lo cual no se requiere constituir títulos ejecutivos individuales adicionales.

(11) Las obligaciones del citado mandamiento de pago corresponden a (i) IVA por los siguientes periodos: 1992 bimestre 3 ($ 2000) y 1996 bimestres 2, 3, 4 5 y 6 y (ii) retenciones por los siguientes periodos: 1993, mes 6; 1996, meses 4 a 12 y 1997, mes 1.

(12) Dato sobre el cual no existe controversia entre las partes.

(13) Folio 63.

(14) “ART. 828-1.—Adicionado por el artículo 83 de la Ley 6ª de 1992. Vinculación de deudores solidarios. La vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Éste deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 del estatuto tributario.

Inciso adicionado por el artículo 9° de la Ley 788 de 2002 Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales”.

(15) Expediente 17103. C.P Martha Teresa Briceño de Valencia, reiterada, por ejemplo, en sentencia de 21 de octubre de 2010, Exp. 17583 C.P William Giraldo Giraldo.