Sentencia 2009-00378 de diciembre 6 de 2012

 

Sentencia 2009-00378 de diciembre 6 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 76001-23-31-000-2009-00378-01 (19550)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Demandante: Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. (NIT. 890307200-5)

Demandada: Municipio de Cali - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Asunto: Impuesto de industria y comercio y avisos y tableros - Año gravable 2005

Fallo

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide si se ajustan a derecho los actos por los cuales el municipio de Santiago de Cali modificó la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por el actor por el año gravable 2005.

Problema jurídico

1. Si resulta procedente la adición de ingresos gravados, provenientes de la prestación de servicios de salud por parte del demandante, pues, mientras este sostiene que los ingresos por la prestación de servicios de salud no están sujetos al impuesto de industria y comercio(13), el demandado afirma que es procedente la adición, dado que únicamente están excluidos del tributo, los recursos provenientes del plan obligatorio de salud (POS).

Cuestión previa: Agotamiento de la vía gubernativa - Demanda per saltum

Sostiene la apelante que la actora no agotó la vía gubernativa; si bien este aspecto solo fue planteado con ocasión del recurso, no puede perderse de vista que este constituye un presupuesto indispensable para acudir ante esta jurisdicción, lo que determina su competencia para analizar los aspectos de fondo discutidos en la actuación administrativa demandada, razón por la cual debe la Sala pronunciarse sobre este aspecto.

La Sala ha indicado(14) que el agotamiento de la vía gubernativa, presupuesto procesal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consiste, en términos generales, en la necesidad de usar los recursos legales para poder impugnar los actos administrativos. Su finalidad es que la administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el objeto de que pueda revocarlas, modificarlas o aclararlas, esto es, que las autoridades administrativas puedan rectificar sus propios errores, antes de que sean objeto de un proceso judicial.

En efecto, se ha precisado que “La razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del principio llamado de la decisión previa que le permite a la administración antes de acudir al medio judicial, que revise su propios actos y otorga a los administrados una garantía sobre sus derechos al presentar motivos de inconformidad para que sea enmendada la actuación si es del caso, antes de que conozca de ella quien tiene la competencia para juzgarla”(15).

De manera general, conforme al artículo 63 del Código Contencioso Administrativo, la vía gubernativa se entiende agotada cuando contra los actos administrativos no procede ningún recurso (art. 62 (1)); cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (art. 62 (2)), y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja.

En materia tributaria, el recurso de reconsideración es el medio de impugnación para agotar la vía gubernativa, sin embargo, el artículo 720 del estatuto tributario prevé una excepción solo tratándose de procedimientos tributarios en los cuales el requerimiento especial es requisito previo del acto definitivo, como es el caso de la liquidación oficial de revisión, donde se permite que se prescinda del recurso de reconsideración y se acuda directamente a la jurisdicción(16). La norma en comento a la letra reza:

“ART. 720.—Recursos contra los actos de la administración tributaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, procede el recurso de reconsideración.

El recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante la oficina competente, para conocer los recursos tributarios, de la administración de impuestos que hubiere practicado el acto respectivo, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del mismo.

Cuando el acto haya sido proferido por el administrador de impuestos o sus delegados, el recurso de reconsideración deberá interponerse ante el mismo funcionario que lo profirió.

PAR.—Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial”.

De la norma transcrita se deduce la posibilidad de que los contribuyentes puedan prescindir del recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión y optar por demandarla directamente dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la misma, siempre que se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial.

La Sala en reiteradas ocasiones ha precisado que para que pueda entenderse que el requerimiento especial fue “atendido en debida forma”, deben cumplirse los siguientes requisitos:

1. Responderlo dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de su notificación.

2. Por escrito, de acuerdo con las prescripciones del artículo 559 del E.T.

3. Estar suscrito por el contribuyente o por quien tenga la capacidad legal para hacerlo.

4. Contener las objeciones al requerimiento(17).

En el presente caso, el Centro Médico Imbanaco de Cali mediante memorial suscrito por el represente legal y radicado el 6 de junio de 2008 ante el ente demandado(18), contestó oportunamente el requerimiento especial 4131.1.12.6-116 del 9 de abril de 2008(19), y presentó en ese escrito, los fundamentos fácticos y jurídicos de su oposición en relación con las modificaciones propuestas por la administración.

En ese orden de ideas, para la Sala es claro que el actor atendió en debida forma el requerimiento especial y, por ende, cumplió con el requisito de procedibilidad que establece el parágrafo del artículo 720 del E.T., para demandar directamente la liquidación oficial de revisión, sin haber acudido al recurso de reconsideración.

Asunto de fondo: Ingresos provenientes de la prestación de servicios de salud

Sobre el particular, la Sala reitera su posición fijada en sentencias de 24 de mayo, 16 de agosto y 30 de agosto de 2012, en las cuales se retomó el criterio jurisprudencial de la Sección(20) y se efectuaron, entre otras, las siguientes precisiones(21):

1. El artículo 39 numeral 2º literal d) de la Ley 14 de 1983 prohíbe gravar con el impuesto de industria y comercio, “los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”. Esta es una no sujeción de carácter subjetivo, pues, según el artículo 32 ibídem, son sujetos pasivos del impuesto, las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho.

2. El sistema nacional de salud a que se refiere el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, fue reemplazado en la Ley 10 de 1990(22) por el “Sistema de salud”. Según el artículo 4º de la Ley 10 de 1990, forman parte, del sistema “tanto el conjunto de entidades públicas y privadas del sector salud, como también en lo pertinente, las entidades de otros sectores que inciden en los factores de riesgo para la salud”.

El artículo 5º (num. 2º), en concordancia con el artículo 7º de la misma Ley, dispuso que del sector salud hace parte el subsector privado, que está compuesto por todas las entidades o personas privadas que presten servicios de salud, dentro de las cuales incluyó las fundaciones o instituciones de utilidad común, las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y las personas privadas naturales o jurídicas.

De acuerdo con las normas en mención, los hospitales hacían parte del sistema de salud, así pertenecieran al sector privado, incluidas las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro o de utilidad común.

En relación con la no sujeción artículo 39 numeral segundo literal d) de la Ley 14 de 1983, en lo que se refiere a “los hospitales adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud”, la intención del legislador fue la de no someter a las entidades de salud al cumplimiento de ninguna de las obligaciones sustanciales ni formales relacionadas con el impuesto de industria y comercio.

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se reorganizó nuevamente el sector salud, bajo el nombre de “Sistema de seguridad social en salud”. En la conformación del sistema concurren el Gobierno Nacional, el Fosyga, las entidades promotoras de salud (EPS)(23) y las instituciones prestadoras de salud (IPS)(24).

3. El criterio expuesto, que se reitera en esta oportunidad, reconoce la vigencia del artículo 5º de la Ley 10 de 1990, en consideración a que, tal como lo precisara la Sala, el sistema de seguridad social en salud que desarrolló la Ley 100 de 1993 en nada afecta la no sujeción subjetiva del artículo 39 numeral 2º literal d) de la Ley 14 de 1983, si se tiene en cuenta el criterio teleológico de la norma(25).

Además, el concepto de “Sistema de salud”, hoy “sistema de seguridad social en salud”, debe ser apreciado en su alcance bajo las consideraciones existentes en la Ley 14 de 1983, que es la fuente normativa de la cual surge el beneficio fiscal para las entidades públicas o privadas del sector salud.

4. Tampoco es procedente entender que existe una distinción entre “hospital” a que se refiere el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 y “clínica”, pues la Sección ha indicado que “tales expresiones en su sentido natural y obvio vienen a ser sinónimas, toda vez que no tienen una referencia técnica ni ha sido definida especialmente por el legislador, y en cambio, los diccionarios de lenguaje usual y de expresión especializada se refieren indistintamente a ellos como “establecimientos destinados al tratamiento de enfermos”(26).

5. Si bien los recursos que perciban las clínicas y hospitales destinados a la prestación del servicio público de salud no son susceptibles de ser gravados con el impuesto de industria y comercio, el artículo 11 de la Ley 50 de 1984 prevé que cuando estas entidades realicen actividades industriales o comerciales serán sujetos del impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales actividades.

6. Con base en la norma anterior, los recursos provenientes de actividades industriales y comerciales, que no sean propias de las entidades hospitalarias, no quedan cobijados por la no sujeción del artículo 39 numeral 2º literal d) de la Ley 14 de 1983. Es decir, que las actividades de servicios que prestan los hospitales en su calidad de tales son las únicas a las que se les puede aplicar la no sujeción creada por el legislador.

Con base en lo anterior, en la sentencia de 24 de mayo de 2012, Expediente 17914, la Sala precisó que carece de fundamento legal sostener que todas las actividades que no sean financiadas con recursos del POS se hallan gravadas con el impuesto de industria y comercio. Sobre este punto, en la citada sentencia, la Sala sostuvo lo siguiente:

“En efecto, del artículo 39 numeral 2º literal d) de la Ley 14 de 1983 se establece que la no sujeción fue concedida por la ley a las entidades o instituciones constituidas para la prestación de servicios de salud por el solo hecho de tener esa condición sin que el legislador hubiera hecho alguna precisión en cuanto al origen de los recursos que manejan. Además, el propio Legislador indicó qué tipo de actividades de esas instituciones eran las que podían ser gravadas con el tributo al referirse expresamente en el artículo 11 de la Ley 50 de 1984 a las actividades industriales y comerciales.

El argumento de la administración (...) equivale a convertir automáticamente en actividades comerciales los servicios médicos prestados por fuera del plan obligatorio de salud (POS) cuando ello no se desprende de la normativa que rige el impuesto de industria y comercio para las clínicas y hospitales pues, se reitera, solo serán gravables las actividades que estas instituciones realicen si son industriales y comerciales, y sin que por el hecho de tratarse de servicios prestados fuera del POS dejen de tener la condición de “servicios” propios de estas instituciones que es sobre lo que recae la no sujeción al tributo (resalta la Sala).

(...).

Tampoco puede entenderse que solo los ingresos que provengan de la prestación de servicios incluidos en el POS sean a los que se les aplica la no sujeción para concluir que los ingresos que se perciben por la prestación de servicios de salud no previstos en el POS estarían gravados, por las siguientes razones:

De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política ya citado, la atención en salud es un servicio a cargo del Estado y a este le corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, así como establecer políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control.

El legislador, dentro de su libertad de configuración del sistema seguridad social, escogió un modelo en el que concurren el Estado y los particulares para la prestación del servicio público de salud(27). En desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Carta, expidió la Ley 100 de 1993, en la que se estableció este principio, así:

ART. 8º—Conformación del sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley (negrillas fuera de texto).

Concretamente en relación con la seguridad social en salud, dentro del esquema de la Ley 100 de 1993, señaló que los objetivos del sistema de seguridad social en salud “son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de atención”(28) y dispuso dos formas de acceder al mencionado sistema, así(29):

1. Como afiliados, bien sea al régimen contributivo o subsidiado, a quienes se les presta el servicio público de salud mediante los planes obligatorios de salud expedidos para cada uno de los regímenes antes mencionados.

2. Como vinculados, para aquellas personas que no tienen capacidad de pago, pero que mientras acceden al régimen subsidiado, el Estado les ofrece un plan de atención básica en salud(30).

A los afiliados al régimen contributivo, la Ley 100 de 1993, además de garantizarles los servicios del POS, ha previsto la posibilidad de que puedan acceder a “Planes adicionales de salud” (PAS) que permiten mejorar los servicios que reciben del sistema y que son financiados con recursos propios, tal como lo prevé el artículo 17 del Decreto 806 de 1998, así:

ART. 17.—Otros beneficios. Dentro del sistema general de seguridad social en salud pueden prestarse beneficios adicionales al conjunto de beneficios a que tienen derecho los afiliados como servicio público esencial en salud, que no corresponde garantizar al Estado bajo los principios de solidaridad y universalidad. Estos beneficios se denominan planes adicionales de salud y son financiados con cargo exclusivo a los recursos que cancelen los particulares.

Estos planes serán ofrecidos por las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas, las compañías de medicina prepagada y las aseguradoras (negrillas fuera de texto).

Ahora bien, los planes adicionales de salud son definidos como el “conjunto de beneficios opcional y voluntario, financiado con recursos diferentes a los de la cotización obligatoria. El acceso a estos planes será de la exclusiva responsabilidad de los particulares, como un servicio privado de interés público, cuya prestación no corresponde prestar al Estado, sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que le son propias (...)”(31).

De acuerdo con el artículo 169 de la Ley 100 de 1993(32), los PAS pueden ser de diferentes tipos:

— Planes de atención complementaria(33) del plan obligatorio de salud emitidos por las entidades promotoras de salud.

— Planes de medicina prepagada(34), de atención prehospitalaria o servicios de ambulancia prepagada, emitidos por entidades de medicina prepagada.

— Pólizas de seguros emitidos por compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Financiera.

— Otros planes autorizados por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia Nacional de Salud.

Todos los anteriores planes tienen en común que su objeto es la prestación de servicios de salud y están regulados dentro del sistema de seguridad social en salud, como beneficios adicionales al servicio público esencial que se garantiza a través del sistema de seguridad social en salud.

(...).

(...) la Sala advierte que constitucionalmente el servicio público es amplio en cuanto se refiere a la “atención en salud”. Sin embargo, el Estado, dentro de sus posibilidades, garantiza a través del sistema general de seguridad social en salud una parte de ese servicio que denomina servicio público esencial de salud, esto es, unas prestaciones básicas a las que tenga acceso toda la población con el fin de recuperar la salud e impedir el menoscabo de la capacidad económica y así lo reconoce cuando define al POS como “el conjunto básico de servicios de atención en salud a que tiene derecho, en caso de necesitarlos, todo afiliado al régimen contributivo que cumpla con las obligaciones establecidas para el efecto (...)”(35).

No obstante lo anterior, la Carta(36) permitió que en la prestación del servicio de salud concurrieran las entidades privadas, con el objeto de ampliar su cobertura y mejorar la calidad, no solo a través de la prestación de los servicios que integran esa parte esencial que garantiza el Estado (POS), sino que además puedan intervenir con planes adicionales de salud, estos últimos autorizados dentro del esquema del sistema de seguridad social en salud y que deben ser regulados por el Estado por hacer parte de un servicio público(37).

(...).

(...) uno de los principios del sistema de seguridad social en salud es el de la libre escogencia, que consiste en garantizar a los usuarios libertad en la elección entre las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud dentro de su red en cualquier momento de tiempo(38).

En esa medida, la ley introduce un campo de libre competencia económica(39) entre los particulares y el Estado para ofrecer servicios de salud, todo ello con la finalidad de hacer competitivo el mercado y mejorar la calidad y eficiencia del servicio(40). Entonces, es dentro del mercado de servicios de salud, donde tienen cabida todas las prácticas comerciales legales que pueden implementar los participantes del sector para ofrecer y vender sus servicios, lo cual es aplicable no solo a la prestación de los previstos en el POS sino además a todos los planes adicionales que la Ley 100 de 1993 ha habilitado para que sean prestados por los particulares y que, como se vio, también hacen parte del servicio público de salud y se sujetan a las normas que sobre competencia rigen para la actividad económica y la iniciativa privada.

En suma, la Sala advierte que los servicios POS son una parte del servicio público de salud, que corresponde a la atención básica que el Estado puede garantizar, sin embargo, existen otros servicios que complementan al POS y que también hacen parte del servicio público de salud y, por tanto, los ingresos que reciben las clínicas y hospitales, por la prestación de esa clase de servicios no están sujetos al impuesto de industria y comercio, pues mantienen la naturaleza de servicios y no podrían clasificarse como actividades industriales o comerciales, para poder ser gravados” (resalta la Sala).

De acuerdo con el criterio jurisprudencial expuesto, que la Sala ahora reitera, la no sujeción del artículo 39 numeral 2º literal d) de la Ley 14 de 1983 se aplica para las clínicas y hospitales respecto de todos los ingresos que reciban por la prestación del servicio de salud, independientemente de que estén o no incluidos en el POS.

La Sala ha precisado que esta no sujeción se encuentra vigente, pues, no fue derogada por el artículo 111 de la Ley 788 de 2002, que prevé una exclusión de la base gravable del impuesto de los recursos de las entidades que integran el sistema de seguridad social en salud(41).

Lo anterior, porque las dos normas son compatibles y se complementan entre sí, dado que mientras el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 es de carácter subjetivo, pues, establece un beneficio a favor de los hospitales y clínicas, el artículo 111 de la Ley 788 de 2002 es de carácter real, porque excluye de la base gravable del impuesto los recursos de dichas entidades cuando integran el sistema de seguridad social en salud, o sea, que no están gravados con el impuesto de industria y comercio los recursos que reciben por concepto de los servicios de salud que prestan(42).

En el sub examine, del material probatorio allegado al expediente, se observa lo siguiente:

— Certificado del Secretario Departamental de Salud de la Gobernación del Valle del Cauca, en el que hace constar que el Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. es un prestador de servicios de salud que se halla inscrito en el registro especial de prestadores de servicios de salud(43).

— De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, el Centro Médico Imbanaco tiene previsto dentro de su objeto social principal la prestación de “servicios profesionales en el campo de la medicina general especializada y quirúrgica, así como la atención profesional hospitalaria de laboratorios científicos y la prestación del servicio en todas las actividades inherentes al ejercicio de la medicina, bajo la explotación del nombre comercial, enseñas comerciales, marcas y lemas comerciales”(44).

— En la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2005, el actor incluyó como ingresos por actividades no sujetas, los provenientes de la prestación de servicios de salud(45).

— El municipio de Santiago de Cali adicionó como ingresos gravados, los recibidos por la prestación de servicios de salud distintos al POS, como los planes de servicios complementarios, medicina prepagada o medicina especializada(46). Para el efecto, sostuvo que solo están excluidos del impuesto de industria y comercio los ingresos provenientes del POS, hecho que no fue acreditado por el demandante(47).

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente y el análisis que antecede de las normas tributarias aplicables al caso en estudio, el Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., en su condición de persona jurídica de derecho privado que se dedica a la prestación de servicios de salud conforme al certificado de existencia y representación legal(48), está amparado por la exclusión del impuesto de industria y comercio.

La no sujeción prevista en el artículo 39 numeral 2º literal d) de la Ley 14 de 1983 y regulada a nivel local mediante el artículo 5º numeral 4º del Acuerdo 35 de 1985 del municipio de Santiago de Cali, se reitera, es aplicable a las clínicas y hospitales por concepto de recursos de la prestación de los servicios de salud, independientemente de que provengan del plan obligatorio de salud o de los planes de servicios complementarios, medicina prepagada y medicina especializada.

Además, no son de recibo los argumentos del demandado en el cobro del impuesto de industria y comercio, dado que el artículo 111 de la Ley 788 de 2002 dispuso expresamente que los recursos que reciben entidades como el actor por concepto de los servicios de salud que prestan, no están gravados con el impuesto de industria y comercio.

De lo anterior se deduce, que no es necesaria la exigencia al demandante de llevar cuentas separadas de los recursos del POS y de los servicios complementarios, en la medida en que todos los ingresos provenientes de los servicios de salud están excluidos del tributo.

En efecto, la obligación de llevar cuentas separadas de los recursos de la seguridad social originados en las cotizaciones de los afiliados al sistema respecto del resto de rentas y bienes, está a cargo de las entidades promotoras de salud (EPS), por ser quienes recaudan dichas cotizaciones(49), pues, la Ley 100 de 1993 no previó tal obligación para las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS)(50).

Por último, la Sala mantendrá la decisión de no condenar en costas al demandado, puesto que el actor no impugnó la sentencia de primera instancia para controvertir la referida decisión y los alegatos de conclusión no constituyen una oportunidad adicional para sustentar el recurso de apelación.

Por lo demás, no se advierte que dentro del proceso el municipio hubiera actuado de manera temeraria o de mala fe, pues, sus intervenciones se efectuaron dentro de los términos procesales y con base en su criterio jurídico debidamente fundado (CCA, art. 171).

Las razones que anteceden son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(13) Artículo 39 numeral 2º literal d) de la Ley 14 de 1983 y artículo 5º numeral 4º del Acuerdo 35 de 1985 del Concejo de Santiago de Cali.

(14) Sentencia del 25 de marzo del 2010, Exp. 16831, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(15) Sentencia de 21 de junio de 2002, Exp. 12382, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(16) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 29 de agosto de 1997, Exp. 8456, M.P. Delio Gómez Leyva; 1º de abril de 2004, Exp. 13788, M.P. María Inés Ortiz Barbosa; 12 de mayo de 2010, Exp. 16448, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(17) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 9 de septiembre de 2004, Exp. 13860, C.P. doctora Ligia López Díaz; 28 de octubre de 2004, Exp. 13816, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; de 4 de noviembre de 2004, Exp. 13818, C.P. Héctor J. Romero Díaz y 6 de octubre de 2005, Exp. 14581, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(18) Folios 18 a 31 c.p.

(19) Folios 13 a 16 c.p.

(20) Entre otras, ver sentencias del 2 de marzo de 2001, Exp. 10888, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; del 10 de junio de 2004, Exp. 13299, C.P. Elizabeth Whittingham García; del 9 de diciembre del 2004, Exp. 14174, C.P. Ligia López Díaz; de mayo 5 de 2005, Exp. 14442, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 13 de octubre de 2005, Exp. 15265, C.P. Ligia López Díaz, de 7 de febrero de 2008, Exp. 15785; de 10 de abril de 2008, Exp. 16640, M.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 14 de octubre de 2010, Exp. 17926, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(21) Expedientes 17914 y 18114, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; Exp. 18656, C.P. William Giraldo Giraldo.

(22) “Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan otras disposiciones”.

(23) El artículo 177 de la Ley 100 de 1993 define las EPS como “las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del fondo de solidaridad y garantía ...”.

(24) Artículo 156 de la Ley 100 de 1993 prevé que las instituciones prestadoras de servicios de salud son “entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las promotoras de salud o fuera de ellas ...”.

(25) Sentencia de 22 de abril de 2004, Exp. 13224, C.P. doctor Germán Ayala Mantilla.

(26) Sentencia de 10 de junio de 2004, Exp. 13299, M.P. Elizabeth Whittingham García, reiterada en sentencia del 27 de agosto de 2009, Exp. 17126, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, entre otras.

(27) C-615/2002.

(28) L. 100/93, art. 152.

(29) L. 100/93, art. 157.

(30) En efecto, el sistema de seguridad social en salud ofrece a los afiliados y vinculados, dependiendo cada caso, unos planes definidos en el artículo 3º del Decreto 806 de 1998, así:

ART. 3º—De los tipos de planes. En el sistema general de seguridad social en salud como servicio público esencial existen únicamente los siguientes planes de beneficios:

1. Plan de atención básica en salud, PAB.

2. Plan obligatorio de salud del régimen contributivo, POS.

3. Plan obligatorio de salud del régimen subsidiado, POSS.

4. Atención en accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

5. Atención inicial de urgencias.

(31) D. 80/98, art. 18.

(32) Norma modificada por el art. 37 de la Ley 1438 de 2011. En su texto original, el artículo 169 de la Ley 100/93 disponía:

ART. 169.—Las entidades promotoras de salud podrán ofrecer planes complementarios al plan obligatorio de salud, que serán financiados en su totalidad por el afiliado con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias previstas en el artículo 204 de la presente ley.

PAR.—El reajuste del valor de los planes estará sujeto a un régimen de libertad vigilada por parte del Gobierno Nacional.

(33) D. 806/98. ART. 23.—Planes de atención complementaria. Los PAC son aquel conjunto de beneficios que comprende actividades, intervenciones y procedimientos no indispensables ni necesarios para el tratamiento de la enfermedad y el mantenimiento o la recuperación de la salud o condiciones de atención inherentes a las actividades, intervenciones y procedimientos incluidas dentro del plan obligatorio de salud.

Tendrán uno o varios de los siguientes contenidos:

1. Actividades, intervenciones y procedimientos no incluidos en el plan obligatorio de salud o expresamente excluidos de este.

2 . Una o varias condiciones de atención diferentes que permitan diferenciarlo del POS tales como comodidad y red prestadora de servicios.

PAR.—Solo podrán ofrecerse los contenidos del POS en las mismas condiciones de atención cuando estos están sometidos a períodos de carencia, exclusivamente durante la vigencia de este período.

(34) La medicina prepagada, ha sido definida por el Decreto 1486 de 1994, así: El sistema organizado y establecido por entidades autorizadas conforme al presente Decreto, para la gestión de la atención médica, y la prestación de los servicios de salud y/o atender directa o indirectamente estos servicios, incluidos en un plan de salud preestablecido, mediante el cobro de un precio regular previamente acordado (negrillas fuera de texto).

(35) D. 806/98, art. 7º.

(36) C.P., art. 49, inc. 2º.

(37) C-736/2007. “Ahora bien, de esta reglamentación constitucional, de manera especial de lo afirmado por el artículo 365 cuando indica que los servicios públicos “estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares”, la Corte entiende que el constituyente quiso definir que las personas o entidades que asuman la prestación de los servicios públicos tendrán no solo un régimen jurídico especial, sino también una naturaleza jurídica especial; esta particular naturaleza y reglamentación jurídica encuentra su fundamento en la necesidad de hacer realidad la finalidad social que es definida por la misma Carta como objetivo de la adecuada prestación de los servicios públicos”.

(38) L. 100/93, art. 153-12.

(39) C.P., art. 333.

(40) C-974/2002.

(41) El artículo 111 de la Ley 788 de 2002, después de la declaratoria de inexequibilidad parcial (Sent. C-1040/2003), dispone lo siguiente: “En su condición de recursos de la seguridad social, no forman parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, los recursos de las entidades integrantes del sistema general de seguridad social en salud, conforme a su destinación específica, como lo prevé el artículo 48 de la Constitución Política”.

(42) Sentencia de 24 de mayo de 2012, Exp. 17914, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(43) Folio 38 c.p.

(44) Folio 5 vto. c.p.

(45) Folio 11 c.p.

(46) Folio 35 c.p.

(47) De los $87.612.657.000 que el actor declaró como “Otros, deducciones, ingresos por actividades no sujetas”, el municipio incluyó por “ingresos tomados como POS” $38.253.252.874 y fijó como ingresos gravables $49.413077.000 (fls. 13 a 16 y 33 a 37, cdno. ppal.).

(48) Folios 5 a 9 c.p.

(49) Artículo 182 (par.) de la Ley 100 de 1993.

(50) No obstante, para garantizar la eficiencia del servicio, las IPS deben contar con un sistema contable que permita registrar los costos de los servicios ofrecidos (L. 100/93, art. 185, par.).