Sentencia 2009-00388/45588 de febrero 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proc.: 050012331000-2009-00388-02 (45588)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandantes: F.M. Q. G. y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por XXXX, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Bogotá D.C., siete de febrero de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente.

Comoquiera que dentro de la controversia se encuentra una entidad pública, la Nación, representada en el sub lite por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, (C. C. A., arts. 82 y 149), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 38 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(2).

De otro lado, el artículo 86 del C.C.A(3) prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad extracontractual de la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda.

1.2. La legitimación en la causa.

1.2.1. Demandantes.

Toda vez que la señora F.M. Q. G. fue la persona de quien se dice fue la afectada directa con la actuación de la entidad pública demandada (cdno. 1 a cdno. 4, anexos), esta se encuentra legitimada para reclamar los perjuicios derivados de la privación de su libertad.

De igual forma, se encuentran legitimados las accionantes L. M. y D. M. U. Q., quienes con los registros civiles de nacimiento allegados al plenario, acreditaron ser respectivamente las hijas de la señora F.M. Q. (fls. 112-113, cdno. ppal). Las relaciones de parentesco entre esta último y los demás demandantes, en principio las legítima para accionar en tanto se presume la existencia de un perjuicio.

1.2.2. Por pasiva.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de manera que la Nación, representada por tales entidades, se encuentra legitimada como parte demandada en el asunto de la referencia. La responsabilidad patrimonial de la misma, será estudiada de fondo.

1.3. La caducidad.

Comoquiera que la investigación penal seguida contra la señora F.M. Q. G. culminó una vez se dictó la prescripción de la acción penal, encuentra la Sala que la misma fue proferida el 16 de agosto de 2006 por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín (fls. 192-207, cdno. anexo 4) y quedó ejecutoriada el 12 de septiembre de 2006 de conformidad con la constancia secretarial emitida por el centro de servicios administrativos de dicho juzgado, que señala (fl. 230. cdno. anexo 4):

Constancia de ejecutoria del fallo. En la fecha, trece (13) de septiembre de 2006, se deja constancia que la providencia del dieciséis (16) de agosto de 2006, cobró ejecutoria el doce (12) de septiembre de 2006, a las seis (6:00 p.m).

Así las cosas, debido a que el proveído que declaró la prescripción de la acción penal quedó ejecutoriado el 12 de septiembre de 2006 (fl. 230, cdno. anexo 4) en principio el término para presentar la demanda de reparación directa vencía el 13 de septiembre de 2008; sin embargo, por tratarse de un día inhábil, el término se corrió para el siguiente día hábil, esto es el 15 de septiembre de 2008 y, como comoquiera que las demandantes presentaron la acción de repetición el 11 de diciembre de 2007 (fl. 10, cdno. ppal 1), es claro que se encuentra dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho dañoso, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 1 de 1984, normatividad aplicable al proceso por factor temporal.

2. Cuestiones preliminares.

2.1 En relación con los hechos de que trata el asunto, obran las pruebas aportadas por las partes y las allegadas por orden del a quo, sobre las que la Sala hace las siguientes precisiones:

2.2.1 Si bien es cierto que en el expediente obran algunos documentos en copia simple, estos podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en fallo de unificación de jurisprudencia(4), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

2.2.2 En el expediente obran copias auténticas de la investigación penal 2002-252 seguida contra la señora F.M. Q. H. por los delitos de fraude procesal, estafa, falsedad en documento privado y falsedad material de particular en documento público (cdno. 1 a cdno. 4 anexo), las que serán tenidas en cuenta como prueba, así como las declaraciones que obran en su interior, teniendo en cuenta que fueron debidamente incorporadas, estuvieron al alcance de las partes para el ejercicio del derecho de contradicción(5) y, el proceso del cual provienen se gestó con intervención de las mismas partes que ahora lo son en este proceso, conforme lo ha dispuesto la jurisprudencia de esta corporación;(6) así mismo, fueron allegadas en copia auténtica por el Juzgado Primero Especializado del Circuito de Medellín (fl. 204, cdno. ppal.) donde reposa el expediente penal(7).

1.2.3. (sic) De otro lado, dentro del expediente penal reposa la indagatoria rendida por la señora F.M. Q. G., la que será valorada habida cuenta que se cumple con uno de los presupuestos conforme a los cuales esta corporación, excepcionalmente, ha considerado su carácter probatorio; cual es que a pesar de carecer del apremio de juramento, fue practicada por la entidad aquí demandada, fue conocida por ambas partes y la actora rindió diversas indagatorias en las que realizó ampliaciones en las que se advierte un sentido contradictorio de su versión(8).

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad que soportó la señora F.M. Q. G. como consecuencia de la investigación penal seguida en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal, estafa y tentativa de estafa y, que culminó con proveído de prescripción de la acción penal, constituye una detención injusta imputable a la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, o por el contrario, la demandada debe ser exonerada de responsabilidad, al existir un eximente como lo sería la culpa exclusiva y determinante de la víctima.

4. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

4.1. El 28 de septiembre de 2000, la jefe de devoluciones de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín elevó por escrito denuncia penal ante la fiscalía e informó que, junto con su equipo de trabajo, encontraron varias irregularidades en diferentes expedientes relativos a la devolución de impuestos, entre estas, se halló que varias solicitudes de devolución de saldos a favor de distintas empresas fueron presentadas por el señor O. V., quien en los soportes aportados aparecía como representante legal; sin embargo, al corroborar los certificados allegados con los que reposaban en la cámara de comercio se encontró que el señor V. no era el presentante legal de las empresas que reclamaron el dinero, de tal forma que engañó a la administración de impuestos con documentos falsos, la que le pagó los dineros correspondientes a la devolución cuando no tenía derecho a ellos (denuncia del 28 de septiembre de 2000 cdno. 1-2, cdno. 1A anexo y ampliación de denuncia del mismo día fls. 3-4, cdno. 1A anexo).

4.2. Ante lo anterior, la Fiscalía 206 Delegada de Medellín en resolución del 29 de septiembre de 2000 dio apertura de la investigación y ordenó el allanamiento y captura del señor O. V. O. en la dirección en la que aquel residía (fl. 5, cdno. 1A anexo).

4.3. El 3 de octubre de 2000 el señor O. V. O. fue capturado en su residencia y, durante la diligencia le fueron incautados varios documentos que se encontraban en su vivienda, entre estos, el duplicado de una cédula de ciudadanía a nombre de la señora C. D. S. G. U. y una constancia del 2 de marzo de 2000 proveniente de la Inspección Diez C de Medellín en la que se decía que aquella señora se había presentado a la inspección y había formulado denuncia penal por la pérdida de sus documentos, estos es, su cédula de identidad y la tarjeta del NIT expedida por la DIAN. La constancia en cuestión aparecía suscrita por F.M. Q. G. (Informe de Policía Judicial 0247/0101 del 03 de octubre de 2000; constancia del 2 de marzo de 2000, fl. 479, cdno. anexo 1B).

4.4. En el informe de policía judicial 0247/0101 del 3 de octubre de 2000, los investigadores del C.T.I. le informaron a la fiscalía que el duplicado de la cédula hallada parecía ser espurio, toda vez que en la fotografía del documento de identidad encontrada en la casa del señor V. aparecía la señora R. M. G., esposa del señor O. V. O. y no, C. D. S. G. U. (Informe de Policía Judicial 0247/0101 del 03 de octubre de 2000).

4.5. El 6 de octubre de 2000, el señor O. V. rindió indagatoria ante la Fiscalía 203 Seccional y admitió haber falsificado varios documentos con el fin de reclamar devoluciones ante la DIAN; así mismo, declararon varias personas que resultaron afectadas por estos hechos (indagatoria del señor O. V. fls. 99-102, cdno. anexo 1A; testimonios del señor A. C. V., fls. 103-104, cdno. anexo 1A y B. M. P. R., fl. 105, cdno. anexo1a).

4.6. El 11 de octubre de 2000, la señora R. D. G. Q. rindió testimonio bajo la gravedad de juramento ante la Fiscalía 203 Seccional de Medellín y, admitió haber reclamado devoluciones de saldos a favor con la fotocopia de la cédula de la señora C. D. S. G. U. y la constancia de la pérdida de la cédula emitida por la inspección de policía, así mismo, refirió que en los hechos también participaba el señor A. H. (fls. 107-108, cdno. ppal. 1).

4.7. Ante lo anterior, la Fiscalía 203 Delegada Seccional ordenó capturar a los señores L. C. y A. H. E. y, vinculó mediante indagatoria a la señora R. D. G. Q. (auto del 11 de octubre de 2000 por el cual se ordena, entre otros la captura de los señores L. C. y A. H. E., fl. 109, cdno. 1A anexo, auto ordena allanamiento fls. 117-118, cdno. anexo 1A; proveído del 13 de octubre de 2000 por el cual se dictó medida de aseguramiento en contra de O. V., fls. 124-130. cdno. anexo 1A; Indagatoria del 14 de octubre de 2000 de la señora L. I. C. L. fl. 134-138, cdno. anexo 1A; resolución del 17 de octubre de 2000 por el cual se vincula mediante indagatoria a la señora R. D. G., fl. 142, cdno. anexo 1A),

4.8. El 11 de octubre de 2000, la señora S. G. U. rindió testimonio ante la Fiscalía 203 Seccional y, señaló que nunca había perdido su cédula, que el documento de identidad con el cual se solicitó las devoluciones en su nombre no era el suyo y que no había hecho las ocho reclamaciones de la DIAN que se le ponían de presente (fl. 112, cdno. anexo 1A).

4.9. El 17 de octubre de 2000, la Jefe de Devoluciones de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín elevó una nueva denuncia penal, esta vez, en contra de la señora F.M. Q. G. al encontrar que aquella había solicitado una devolución por saldo a favor por la retención de $ 1.681.000 que le había realizado la sociedad Delta Bolívar; sin embargo, al cruzar la información con el Banco Davivienda S.A (entidad que absorbió a la sociedad Delta Bolívar) se determinó que la señora Q. no tenía ningún vínculo comercial con la sociedad Delta Bolívar de tal manera que no procedía la devolución, empero, por el corto tiempo que la entidad tenía para cruzar la información se había alcanzado a ordenar el giro de un cheque a su favor por valor de $ 1.281.000. Se indicó en la denuncia (fls. 194-195, cdno. anexo 1A):

“Asunto: Denuncia penal por el presunto delito de estafa y fraude procesal

HECHOS

1. La señora F.M. Q. G. (…) presentó solicitud de devolución por el saldo a favor que le figura en la declaración de renta año gravable 1998 por valor de $ 1.281.000

2. La solicitud de devolución figura firmada por la solicitante y fue radicada el día 25 de agosto del presente año. Con los documentos que se anexan en la solicitud, la señora F.M. relaciona en la solicitud referente a la identificación de retenedores la siguiente información: identifica como agente retenedor a la sociedad Delta Bolívar dirección Cra 43 Nº 23-33 Medellín, valor Base de la retención $ 24.020.000, valor retenido $ 1.681.000 por concepto de intereses.

3. Mediante Requerimiento Ordinario 473 del 30 de agosto de 2000 se le solicitó a la Sociedad Delta Bolívar certificar las retenciones que le fueron practicadas por el año 1998 al contribuyente Q. G. F.M. con c.c. 43.010.237.

4. Mediante oficio remitido por el Banco Davivienda S.A nos informan que una vez verificados los registros contables a 31 de diciembre de 1998 de Delta Bolívar C.F.C S.A. la cual fue absorbida por el Banco Davivienda S.A según escritura pública 4541 de agosto 28 de 2000, la señora Q. G. F.M. con identificación c.c. 43.010.237 no tuvo ningún vínculo comercial durante el año gravable de 1998.

5. En vista de que la respuesta a éste requerimiento nos fue remitida después del término con que cuenta la administración para resolver las solicitudes de devolución (30 días hábiles, contados a partir de la radicación de la solicitud) se emitió un acto administrativo a través del cual se autorizó la devolución del dinero peticionado y se profirió la Resolución 4972 de octubre 5 de 2000 la cual ordena devolver la suma de $ 1.281.000 Así mismo se ordenó el giro del cheque 7667 del 6 de octubre de 2000 emitido a nombre de Q. G. F.M. con c.c. 43.010.237.

6. Dadas la irregularidades antes presentadas y teniendo en cuenta que la señora F.M. pretende defraudar al estado solicitando la devolución de una retención que no fue practicada por la entidad financiera por ella informada, la División de Devoluciones procede a ordenar la revocatoria oficiosa del acto administrativo y por consiguiente la consiguiente la anulación del cheque respectivo”.

4.10. En ampliación de denuncia de la misma fecha, la jefe de devoluciones de la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín informó que la señora Q. ya en otras oportunidades había solicitado devoluciones a favor y, se le había entregado algunas sumas de dinero (fls. 196-197, cdno. anexo 1A).

4.11. Dada la denuncia referida, la Fiscalía 203 Seccional ordenó la captura de la señora F.M. Q. y por economía procesal acumuló su investigación al proceso que ya se venía adelantando por los fraudes en las devoluciones ante la DIAN, lo anterior, en vista de que su nombre aparecía relacionado con los otros investigados. Se indicó (fl. 212, cdno. anexo 1A):

“El 17 de octubre de 2000, la doctora S. V. V., presentó denuncia penal por escrito en contra de F.M. Q. G., por los presuntos delitos de estafa y fraude procesal, en la misma fecha se ratificó y en dicha diligencia nos presentó el expediente identificado como DI año gravable de 1998, año calendario 2000, consecutivo 5822.

En este documento que sirvió de soporte para la denuncia, podemos advertir sin temor a equívocos que la matriz de precrítica solicitud de devoluciones fue presentada por la procesada L. C. (…).

Como bien podemos observar, el trámite de esta devolución, así mismo como algunos de los tramitadores o asesores hacen parte del expediente radicado con el 058, por ello, por efecto de economía procesal y comunidad de prueba, será menester incluirlo en el anterior radicado, para investigación conjunta.

De la denuncia y soporte de la misma, podemos inferir que hasta la fecha se encuentran reunidos los requisitos mínimos de carácter sustancial exigidos por el artículo 378 del Código de Procedimiento Penal, para proferir orden de captura en contra de F.M. Q. G. Procédase en tal sentido.

Otra solicitud de devolución del banco de occidente por intereses de $ 23.540.000 saldo a devolver $ 1.647.800 (fls. 233-234, 236, cdno. anexo 1A), otra declaración de renta 258 (…)”.

4.12. El 18 de octubre de 2000, la señora F.M. Q. G., quien para la época de los hechos se desempeñaba como Secretaría de la Inspección 10 C Municipal de Medellín, fue capturada cerca a las instalaciones de la DIAN en Medellín, poco después de haber recibido por parte de la entidad el cheque 007667 del Banco Popular por valor de $ 1.281.000 por concepto de devolución de saldo a favor (Orden de captura del 18 de octubre de 2000, fl. 213, cdno. anexo 1A; acta de captura del 18 de octubre de 2000, fl. 221 cdno. anexo 1A; acta de buen trato, fl. 222, cdno. anexo 1A; informe de policía judicial en la cual se trata la captura de la señora Q., fls. 219-222, cdno. anexo 1A; oficio del 18 de octubre de 2000 mediante la cual la Fiscalía 203 Seccional solicitó al Jefe de seguridad del C.T.I de Antioquia se sirviera mantener privada de la libertad a la señora F.M. Q., fl. 214, cdno. anexo 1A; orden de encarcelamiento del 19 de octubre de 2000, fl. 289, cdno. anexo 1B).

4.13. El 20 de octubre de 2000, la señora F.M. Q. G. rindió indagatoria ante la Fiscalía 203 Delegada y señaló, que: i) Si bien había hecho solicitudes de devolución de retención, todas ellas fueron elaboradas por su ex compañero de trabajo A. H., ii) fue utilizada por el señor A. H., en quien confiaba ciegamente, iii) para agilizar el trámite en la devolución se “le daba a la muchacha de la DIAN” que ayudaba para que el cheque “saliera ligero”, iv) si bien había laborado en la DIAN más de quince años, no tenía conocimientos en materia tributaria, razón por la cual desconocía lo concerniente al trámite de devoluciones y retenciones, v) al ponérsele de presente la solicitud de devolución por saldo a favor de $ 1.681.000 y en la que se dice que el valor de devolución es por la retención de intereses que le hizo la sociedad Delta Bolívar, la cual contiene su rúbrica y que fue autenticada por ella en la Notaría Dieciséis del Circulo de Medellín, la señora Q. reconoció el documento pero indicó que no lo había leído al momento de firmarlo, vi) reconoció que no tenía negocios con Delta Bolívar y vii) al ponerse de presente declaraciones de renta por ellas suscritas en la que se indicaba que tenía un patrimonio líquido de $ 58.120.000, manifestó que no tenía realmente ese capital y que posiblemente firmó los documentos en blanco. Por la importancia de la indagatoria, la misma se transcribe in extenso (fl. 281-283, anexo 1A):

“En la actualidad estoy trabajando en el Municipio de Medellín, al servicio de la inspección en la Plaza Minorista, en el cargo de secretaria tramitadora, estoy vinculada en la carrera administrativa desde el 7 de octubre del 97, cargo que me gané mediante una convocatoria, antes estaba en el Municipio de Medellín, por contratos desde el 22 de diciembre de 1995 hasta el 6 de octubre de 1997, día en el cual tuve que renunciar para poderme posesionar en el cargo que había ganado por concurso, antes o mejor, desde noviembre 19 del 75 hasta el 31 de marzo del 92, trabajé en lo que se llama hoy en la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales DIAN, en tanto tiempo que trabajé allá lo hice en varias secciones (…) el retiro de la DIAN se debió a un retiro voluntario compensando (…) PREGUNTADA: Sabe usted el motivo de su captura y de ser cierto nos dirá todo lo concerniente CONTESTÓ: Al parecer por una supuesta falsedad en documentos, según me informaron los investigadores del C.T.I, cuando me capturaron, todo parece indicar que fui utilizada a través de un señor A. H., quien fue compañero mío en la DIAN, durante todo el tiempo que yo estuve allá, éramos muy buenos amigos y muy buenos compañeros, él trabaja en fiscalización de la DIAN, estando yo ya trabajando en el municipio de Medellín, cuando trabajé por contratos me hicieron una retención en la fuente, era aproximadamente como trescientos cincuenta mil pesos, el certificado de esta retención me lo entregaron a principios del 97 allá mismo en tesorería. Como A. H., también había salido conmigo parejo conmigo de la DIAN, y según me había manifestado él estaba llevando asesorías tributarias, lo llamé a la casa y le dije tengo una retención en la fuente para que me hagas el favor y me tramites, aclaro que no la hice yo misma a pesar de haber trabajado tanto tiempo allá porque nunca me interesé o me gustó aprender tributaria, siempre me desempeñé como secretaria, efectivamente la entregué el certificado de retención de la fuente del municipio de Medellín, y a los días que no sé exactamente cuántos días, él fue a mi oficina y me dijo M., te tengo una buena noticia, no son solamente los trescientos cincuenta mil pesos que se deben sino que a vos te deben mucha más plata, yo ya hice las averiguaciones allá en la DIAN y me dijeron que hiciera la reclamación por todos, como yo no tengo conocimiento sobre esos trámites entonces confié en él porque él sabía tanto de tributos yo confié en él, entonces le dije A. que hay que hacer, entonces me dijo no M., yo lleno la solicitud y te la traigo para que la firmé y la hagas notificar en la notaría de aquí el sótano de la Alpujarra, le dije yo no es más y me dijo no es más, y me das una fotocopia de tu cédula, efectivamente así lo hicimos, a los días me llamó él y me dijo que la devolución estaba que ya salía, voy hablar con una muchacha allá para que me ayude y la saque ligerito, creo que fue en diciembre del 98 (…) yo fui a la taquilla del tercer piso de devoluciones, entregué mi cédula y mi solicitud y efectivamente me entregaron un cheque por un valor creo que era de un millón cuatrocientos mil pesos, no estoy segura, cuando salí fui donde él y le dije vamos o mejor me dijo él vamos al Banco Popular del Sótano para que lo cambiemos, fuimos, lo cambiamos, le entregué yo todo el dinero a él, como yo le tenía que pagar a él los honorarios de las vueltas que hizo, él me entregó a mi setecientos mil pesos, el resto lo dejó y me dijo que eran para los honorarios de él y para darle a la muchacha de la DIAN que le ayudó a que el cheque saliera ligero, ya que esos trámites son muy demorados, luego a principios de este año me llamó y me dijo M., estuve por allá en la DIAN y me pude dar cuenta que tenés otra retención en la fuente para solicitar la devolución, yo le dije vé tan raro en o mejor retención en la fuente de qué? Me dijo M. como ha trabajado en tantas partes en todas esas partes te han retenido, si quieres hacemos esas vueltas para que te hagan esas devoluciones, yo le dije ¿no hay ningún problema? Me dijo que no, volvimos hacer el mismo procedimiento, me llevó la solicitud, la firmé, le entregué fotocopia de mi cédula y la hicimos autenticar en la notaría de la Alpujarra, a los días me llegó una comunicación en mi casa de la DIAN, diciéndome que la solicitud de devolución que había sido rechazada por un error en el formato de la devolución, yo la llamé y le dije, me dijo tranquila M., hay que volver hacer las vueltas y yo corrijo el error, al parecer según me indicó que él se equivocó en la solicitud, volvía e hice las vueltas fui a la notaría autentiqué y la entregué a él nuevamente, el lunes nueve de octubre, yo estaba incapacitada en mi casa por una gripa, me llegó una comunicación de la DIAN, donde me decían que la solicitud de devolución había sido aprobada, como yo estaba enferma yo no llamé a A., después hablo con él, coincidencialmente ese mismo día lunes me llamó L. C., la señora de A., de la cual yo también conozco y me dijo M., no te ha llegado una comunicación de la DIAN, le dije ve que casualidad no hace nada que llegó, me dijo todavía no podemos ir a reclamar porque se demoran mucho para salir el cheque (…) llamé a la DIAN pregunté que me comunicaran con devoluciones, en devoluciones pregunté hace el favor si ya salió un cheque de una devolución, me dijo así ya está listo, los del cinco de octubre ya salieron, le dije niña hasta que horas atienden, me dijo sí señora hasta las cuatro y media (…) me volvió a llamar A., que hubo que te dijeron? Que tenía que llevar la cédula y el comunicado, no te dijeron nada más, entonces yo le dije por qué, le dije yo entonces qué, nos encontramos allá, entonces me dijo no M., vaya usted sola porque yo ahora no puedo, yo le dije para pagarte tus honorarios, entonces me dijo no, yo te llamo a la noche a tu casa, me dijo los honorarios y lo que hay que darle a la muchacha por haber agilizado el trámite, yo me fui para la DIAN a reclamar el cheque y cuando llegué allá me dijeron allá que el cheque no estaba listo, yo me ofusque un poco y le dije niña como me hace perder la venida si yo acabé de llamar, salí y me fui de nuevo para mi oficina, aclaro, la niña me dijo que volviera a llamar el martes, el martes en horas de la tarde llamé y me comuniqué con E., una niña de la DIAN, y me dijo venga mañana a las nueve por el cheque que ya está listo, en todo ese tiempo del viernes hacia el martes A. no se comunicó conmigo, el miércoles llamé a E., nuevamente de la DIAN y me dijo que bien pudiera pasar por el cheque, cuando fui allá a la taquilla me hicieron firmar en un listado, me colocaron la huella y no encontraron el cheque (…) como a los cuarenta minutos salió una señora muy elegante y me dijo señora venga que le vamos a entregar el cheque, me llevó nuevamente a la taquilla, me entregaron el cheque inmediatamente procedí a salir inmediatamente de la DIAN (…) cuando al cruzar la puerta de la DIAN cerca a los juzgados o mejor se me acercaron dos sujetos y me dijeron que mostrara la identificación que ellos eran del C.T.I y me dijeron que había orden de captura en contra mía (…) PREGUNTADA: Concretamente los dineros reportados por usted, en la respectiva declaración de renta y que dieron lugar a la retención en la fuente y la cual le quedó a un excedente a su favor por un millón doscientos y pico, de donde procedía CONTESTÓ: La verdad no sé, él fue que me dijo M., yo fui a la DIAN y verifiqué que tenés un saldo a favor, yo miré en la pantalla y tenés otra retención para reclamar (…) PREGUNTADA: Entonces la devolución a su favor se hizo por dineros recibidos por su condición como empleada trabajadora CONTESTÓ: Según me dijo él sí, fue por esa condición de empleada, como ya le dije antes yo no entiendo nada de tributario. PREGUNTADO: Díganos, si la firma que aparece en ese documento y que obra a folios 211(9) del expediente, es de su puño y letra CONTESTÓ: Si, es de mi puño y letra. PREGUNTADA: En el mismo folio vuelto en diligencia de reconocimiento ante el notario 16 del círculo de Medellín, se dice por parte del notario que las firmas que aparecen en el documentos son suyas y que el contenido del mismo es cierto, díganos si esto es correcto. A renglón seguido el suscrito fiscal pone en consideración de la dama la diligencia de reconocimiento de firmas que obra a folios 211 CONTESTÓ: Es mi firma, pero la verdad es que yo nunca leí lo que dice el sello de la notaría, pensé que era solamente para autenticar la firma PREGUNTADA: En el presente documento que obra a folio 211 en los renglones referentes a identificación de retenedores o proveedores por compra se lee “Apellidos y nombres o razón social Delta Bolívar, concepto retención e intereses, valor base retención veinticuatro millones veinte mil pesos, valor retenido o impuesto descontable un millón seiscientos ochenta y un mil pesos, total a devolver un millón doscientos ochenta y un mil pesos, que tiene usted para decirnos al respecto (se le pone de presente) y CONTESTÓ: La verdad no sé, él me dijo inicialmente que eran unas retenciones que yo tenía allá, él me llevó este documento para que lo firmara, pero yo o mejor pero como yo ya le dije no sé nada de tributaria, no me percaté, yo le dije y esto por qué? Entonces él me dijo no M., esa es la solicitud de devolución. PREGUNTADA: A folios 199 del expediente, tenemos un certificado de DAVIVIENDA, entidad esta que a diciembre 31 de 1998 absolvió a DELTA BOLÍVAR y se nos dice en éste que agosto 28 de 2000, la señora G. Q. F. M., con NIT 43.010.237 no tuvo ningún vínculo comercial durante el año gravable de 1998, qué tiene para decirnos al respecto? CONTESTÓ: Eso es verdad, yo nunca tuve negocios con DELTA BOLÍVAR. PREGUNTADA: Del año 1997 a 1998, usted presenta cuatro reclamaciones ante la DIAN, la primera según resolución 6999 y en la cual usted recibió $ 1.438.000, díganos que elementos se apontaron (sic) para hacer este cobro CONTESTÓ: Esa devolución corresponde a la que inicialmente yo le dije que me tramitara el certificado de retención en la fuente que me dieron en el municipio, y que luego él me dijo que era por más plata (…) PREGUNTADA: En el año de 1998 y con relación al año 1997, usted presentó otra reclamación no aprobada por cuanto cuándo se le citó para verificar la legalidad de la misma nunca volvió a comparecer. CONTESTÓ: Como ya le dije antes él era quien hacía esas vueltas, cuando a mí me citaban yo le decía A., me llamaron de la DIAN (…) PREGUNTADA: En este documento o declaración de rentas que obra a folios 258, se dice que usted tenía un patrimonio líquido positivo de $ 58.120.000 provenientes de efectivos, bancos, cuentas de ahorros, inversiones mobiliarias (moneda nacional y extranjera) es eso cierto? CONTESTÓ: Eso no es cierto lo que me está preguntando, yo nunca he tenido esta cantidad de plata, este documento lo desconocía, posiblemente lo firmé en blanco. PREGUNTADO: Díganos si la firma que aparece a folios 233 vto., es de su puño y letra (se le puso de presente) CONTESTÓ: Si (…) PREGUNTADA: Nos dijo usted, que con anterioridad para usted solicitar la devolución de $ 1.438.000, se tuvo como fundamento para esta petición la suma de salarios e ingresos obtenidos por usted como empleada y a folios 233 del expediente, en documento presentado por usted y llamado solicitud de devolución y/o compensación para saldo a favor originado en declaración se nos dice una cosa totalmente contraria, es decir que esa devolución fue fruto de una retención de intereses en el banco de occidente y como base de retención se puso la suma de $ 24.540.000, qué tiene para decirnos al respecto CONTESTÓ: Que desconozco totalmente de donde salió esa información, no sé de donde salió PREGUNTADA: Pero si nos encontramos con una información suministrada por usted, firmada por usted y autenticada por usted, que nos dice al respecto CONTESTÓ: Puede que la firma sea la mía, puede que haya sido autenticada por mí, pero esa información no la di yo, desconozco de donde salió esta información. PREGUNTADA: Aparece igualmente a folios 260 un documento presumiblemente firmado por usted, donde usted, hace solicitud de devolución por un saldo a favor originado en declaración y por valor de $ 1.491.000, producto de intereses producidos por DELTA BOLÍVAR (se le pone de presente) CONTESTÓ: Sí es mi firma, yo sí firme este documento, pero como yo confiaba tanto en A., no solo por la amistad que nos unía como compañeros que fuimos sino también porque sabía de sus capacidades en tributaria, confiaba ciegamente en él en este sentido y pensaba que todo estaba correcto, nunca me dio explicaciones exacta de que era esa información (…)”.

4.14. El 25 de octubre de 2000, la señora F.M. Q. G. rindió ampliación de indagatoria y, en dicha oportunidad se le preguntó por la constancia encontrada en la casa del señor O. V. y que presuntamente había sido suscrita por ella. La señora Q. refirió que no se acordaba del documento en particular, pero que en todo caso era su función recibir las denuncias por la pérdida de documentos, cosa diferente es que alguien hubiere elevado una falsa denuncia, la cual en su momento no podía verificar. Así mismo, señaló que no sabía la razón por la cual la constancia se encontró en la casa del señor O. V., a quien manifestó no conocer y, reiteró que por la confianza que tenía con el señor H. le firmaba a éste los documentos en blanco. Indicó (fl. 480-481, cdno. anexo 1B):

“PREGUNTADA: Díganos libremente, si usted conoce a O. V., cuanto hace, en razón de qué CONTESTÓ: no, no lo conozco (…) PREGUNTADA: Usted cuanto hace que se desempeña como secretaria de inspección CONTESTÓ: Desde el 7 de octubre de 1997, somos seis secretarios tramitadores, cuyas funciones son recibir denuncias, recibir declaraciones en versión libre, tramitar procesos de Ley 232-95, tramitar el Decreto 3466-82 (…) PREGUNTADO: Díganos si conoco (sic) o ha oído mencionar a la señora C. D. S. G. U. CONTESTÓ: No la conozco, ni la he oído mentar. PREGUNTADA: Díganos, nos dice usted en respuestas anteriores que no conoce a O. V., amigo de A. H. y tramitador ante la DIAN, entonces servirá explicarnos por qué este señor tenía en su poder una falsa denuncia hecha en la inspección de la minorista y con la cual cobraron más o menos ocho cheques de la señora C. G. U. a quien con esta falsa denuncia se le hacía ese tipo de fraude? (en este momento la fiscalía le pone de presente dicha denuncia) CONTESTÓ: Para mí como empleada pública que soy es difícil, casi imposible acordarme en estos momentos de todo el público que yo he atendido durante los tres años que llevó ejerciendo en mi cargo como secretaria tramitadora, no sé el motivo por el cual el citado señor tenía en su poder dicha constancia, es mi obligación como empleada recibir todas las denuncias que vayan a formular y, que según la oficial de exhortos, que es la niña encargada de hacer los repartos de las denuncias en la inspección con la autorización del señor inspector, me queda imposible recordar al citado señora o señor que usted hace mención, si él o ella formularon falsa denuncia creo que es problema de ellos y no míos, yo me limitó a mis funciones. PREGUNTADO: En declaración rendida ante este despacho la señora C. G. U. fue clara y conteste en afirmar que jamás ha puesto denuncia por hurto de cedula y que jamás se le han perdido documentos, como explica usted la elaboración de este certificado CONTESTÓ: La explicación que doy al certificado como le dije anteriormente que mi obligación como empleada que soy es recibir las denuncias, para mí es muy difícil saber si la persona que formuló la denuncia era ella o no era ella, porque el certificado dice que fue el hurto de la cédula, yo no tenía manera de comprobar si realmente era esa persona, ahora el motivo por el cual el señor O. V., tenía ese certificado no lo sé, solo él sabrá explicar porque (…) PREGUNTADA: Consta en autos que en el año de 1997 o mejor 1998, hizo usted un cobró por un millón cuatrocientos treinta y ocho mil pesos y no setecientos mil pesos como usted lo aduce, este cobró a su favor tuvo como soporte una base de retención en la fuente por valor de $ 23.540.000 del banco de occidente de Cali, según consta en formulario elaborado y presentado por usted (en estos momentos la fiscalía se le pone de presente dicho documento) CONTESTÓ: El formulario que se me enseña no fue elaborado por mí, como lo dije anteriormente yo le firmaba a él en blanco, esa información no sé de donde la sacó él, es verdad que a mí me entregaron el cheque, el valor exacto no lo recuerdo, pero yo inmediatamente se lo entregué a él y él me entregó a mí la suma de setecientos mil pesos en efectivo, era lo que a mí me correspondía legalmente, los cuales hice uso de ellos, habiéndole dado a él por los honorarios un valor que no recuerdo (negrillas fuera de texto)”.

4.15. Rendida la indagatoria, el 26 de octubre de 2000, la Fiscalía 203 Seccional dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra, entre otros, de la señora F.M. Q. G. por los delitos de falsedad material de particular en documento público, estafa, fraude procesal, falsa denuncia y concierto para delinquir (fl. 490-498, cdno. anexo 1B).

4.16. El 30 de octubre de 2000, la Fiscalía 203 Seccional realizó una inspección judicial al lugar de trabajo de la señora F.M. Q. y, encontró, que consultado el sistema de denuncias, no se hallaba la constancia por ella suscrita el día 2 de marzo de 2000 en la que hacía relación a la denuncia de la pérdida de documentos de la señora C. D. S. G. U. Se consignó en el acta de inspección (fls. 533-534, cdno. anexo 1B):

“Una vez en el recinto fuimos atendidos por la señorita D. Tamayo, secretaria de dicha inspección quien nos manifestó que el señor inspector se encontraba fuera del despacho. Al conocer el motivo de nuestra visita o inspección judicial, nos puso a disposición los elementos necesarios para ello, tales como: La consulta en el sistema USI de inspecciones donde se encuentran radicadas todas las denuncias recibidas en lo que va corrido del transcurso del año. Una vez se indagó en el sistema que tiene el computador sobre una supuesta denuncia presentada por la señora C. D. S. G. U., identificada con la cédula de ciudadanía 21.861.789 de Medellín, el día 2 de marzo de 2000, el resultado de la consulta fue negativo, debido a que no apareció denuncia por pérdida de documentos y otros presentada por la anteriormente relacionada.

Posteriormente y para abundar en garantías se nos puso de presente la carpeta archivo material de denuncias, donde se encuentran consignadas copias de las diligencias de denuncias presentada durante el año y las certificaciones expedidas en razón de la denuncia, al término de la inspección se constató que en esta inspección jamás la señora C. D. S. G. U., presentó denuncia penal por perdida de la cédula de ciudadanía y otros documentos.

De lo anterior se concluye que el documento que obra a folios 466 A incautado en el domicilio de O. V. O., no tiene soporte físico —denuncia, para la expedición de la constancia suscrita por F.M. Q. G., en calidad de empleada pública, secretaria de dicha inspección. No siendo más el objeto de esta diligencia se da por terminada— negrillas fuera de texto (…)”.

4.17. El 10 de enero de 2001, la Fiscalía 203 Delegada remitió la investigación por competencia a las fiscalías delegadas ante los Juzgados Penales del Circuito, correspondiendo por reparto a la Fiscalía 40 Seccional, quien continuó con la instrucción del proceso (resolución del 10 de enero de 2001, por el cual se remite por competencia fl. 1162, cdno. anexo 3, auto asume competencia fl. 1163, cdno. anexo 3).

4.18. El 17 de enero de 2001, el apoderado de la señora Q., mediante escrito solicitó, entre otros aspectos, se decretara la libertad provisional de su prohijada (fl. 1231-1237, cdno. anexo 3). La Fiscalía 40 Seccional en resolución del 30 de enero de 2001 negó tal solicitud, empero, sustituyó la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención domiciliaria, previo pago de caución prendaria, la que fue consignada el 1º de febrero de 2001, misma fecha en la cual la señora Q. continuó con la medida en su casa de habitación (boleta de libertad dirigida al director de la cárcel el Buen Pastor y en la que se informa que la señora Q. para a detención domiciliaria fl. 1307, cdno. anexo 3; diligencia de compromiso fl. 1308, cdno. anexo 3).

4.19. El 5 de febrero de 2001, la señora F.M. Q. rindió ampliación de indagatoria ante la Fiscalía 40 Seccional, en la que a diferencia de su anterior versión (en la cual manifestó no acordarse de cómo se elaboró la constancia del 2 de marzo de 2000 sobre el hurto de los documentos de la señora C. G.), señaló que en dicho día, esto es, 2 de marzo de 2000, había llegado una señora a la inspección y formuló la denuncia de la pérdida de su cédula, sin embargo, minutos después, la misma señora llamó a la inspección y le comunicó que retiraba la denuncia pues había encontrado sus documentos, razón por la cual, como la constancia de la denuncia no había sido firmada por el inspector municipal y no se encontraba aún radicada en el sistema, procedió a destruirla, pese a que sabía que no era debido hacerlo. Indicó (fl. 1312-1315, cdno. anexo 3):

“Díganos entre otras razones la vinculan a usted por este concierto para delinquir por una constancia suscrita por usted en calidad de la inspección de policía, como secretaria de la plaza minorista en la casa del señor O. V. en un allanamiento, que después se comprobó con la titular supuestamente de la denuncia, que nunca había formulado denuncia por la pérdida de una cédula, díganos que tiene para manifestar con respecto a eso? CONTESTÓ: Para infortunio mío desgraciadamente apareció esa constancia en la casa de un señor, un tal O. que ni lo conozco ni sabía que existía, la razón por la cual apareció ese papel allá no la sé pero sí sé que como le dije inicialmente he sido utilizada y engañada, por que la señora formuló la denuncia, cuando la señora salió, yo me puse a atender un caso que llevó la policía y como a los cinco o diez minutos llamó la señora a la inspección y me dijo: vea yo acabé de formular la denuncia pero me llamaron de una emisora que fuera a recoger mis papeles, yo le dije que tenía que venir a traerme la certificación o venir a ampliar denuncia y me dijo que ahora no tenía tiempo, no se preocupe que yo la destruyo, como yo estaba tan ocupada y la denuncia no la había firmado el señor inspector y más aún no estaba radicada, yo procedí a destruirla, para evitar congestionar más los estrados judiciales por el hurto simple de una cédula, sé que no es debido hacerlo, destruimos (sic), porque eso amerita un llamado de atención pero como a veces allá en la inspección de la plaza minorista va la gente a formular denuncia y luego van y dicen que ya les aparecieron los papeles y llaman, como hizo esta señora, a veces se hace lo que hice se destruye la denuncia. No tengo idea como fue a parar a la casa de O. V., la verdad es que no tengo idea doctora. (…)” —negrillas fuera de texto—.

4.20. El 21 de febrero de 2001, la Fiscalía 40 Delegada declaró cerrada la investigación (fl. 1366, cdno. anexo 3) y en Resolución del 05 de abril de 2001, confirmada el 17 de mayo de 2001 (fl. 1530-1546, anexo 3) calificó el mérito del sumario con acusación contra la señora F.M. Q. G. por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material de particular en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal, estafa y tentativa de estafa. Así (fls. 30-52, cdno. ppal. 1 y fls. 1451-1473, cdno. anexo 3):

“La defensa de doña F.M. Q. solicita la preclusión de la investigación, por estimar que no se encuentran reunidos los requisitos para proferir resolución de acusación en contra de su prohijada (…).

Argumenta el defensor que M. ha quedado excluida de todas las etapas del Iter Criminis, a lo largo de la prueba testimonial, salvo la constancia sobre la formulación de una denuncia, situación que ella aclaró suficientemente y no se ha probado lo contrario. M. reconoce que fue ingenua al firmar ante notario documentos en blanco para que A. los diligenciara. Estima la defensa que la conducta de F.M. con respecto al (sic) devolución que originó su privación de la libertad, es una conducta atípica por cuanto el cheque que recibió ya se había anulado. La actuación de la Fiscalía tenía como único sentido “Inducir Al Delito” su patrocinada.

Sobre la falsedad ideológica, la defensa considera que existe nulidad por violación al derecho de defensa, porque nada se hizo por establecer la autoría de esa posible falsedad, simplemente se le imputo sin considerar que en el proceso hay constancia que de la elaboración de todos los documentos se encargaban O. y A. Además no se estableció que ese documento hubiera servido de prueba en ninguna parte y se cuestiona si siendo una reproducción mecánica si constituiría delito.

No es cierto que esta falsa constancia sobre la formulación de denuncia no se hubiera utilizado, pues ella era indispensable para presentarla con la cédula espuria a nombre de C. D. S. G. U. a fin de reclamar las devoluciones que se hicieron a nombre de ella, hecho establecido a través de las deponencias de doña R. D., con una inspección judicial y la declaración de la señora G. U. se constató que nunca existió denuncia sobre la pérdida del documento de identidad en la Inspección Diez de Policía de la Plaza Minorista de esta ciudad.

La implicada nunca cuestionó la rúbrica que aparece en la certificación sobre la denuncia de perdida de la cédula, mal puede ahora venir la defensa a cuestionarla sin argumentos.

(…) no se accederá a la preclusión de la investigación y se acusara a la sindicada Q. G. por el concurso de hechos punibles tal como se anotó en acápite anterior (…).

En razón y mérito de lo expuesto la Fiscalía Cuarenta Seccional, Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Medellín,

RESUELVE

PRIMERO: Proferir resolución de acusación en contra de los señores: (…) F. M. Q. se le acusa de un Concurso de Hechos Punibles de: Falsedad ideológica en documento público, 3 falsedades materiales de particular en documento público, 4 falsedades en documento privado, 4 fraudes procesales, una estada y una tentativa de estafa, (…)

CUARTO: Los demás sindicados podrán continuar en detención domiciliaria, bajo las mismas condiciones en que lo han venido haciendo (…).

SEXTO: En firme la presente resolución, remítanse las diligencias a los señores Jueces Penales del Circuito”.

4.21. El 1º de junio de 2001, el Juzgado 26 Penal del Circuito asumió el conocimiento de la investigación seguida en contra, entre otros, de la señora F.M. Q. y puso a disposición de las partes el proceso de conformidad con los artículo 446 y 446 del C.P.P. de la época (fl. 72, cdno. ppal. 1 y fl. 1565, cdno. anexo 3).

4.22. En escritos del 17, 27 y 4 de julio de 2001, los apoderados de varios de los investigados solicitaron que previo a la audiencia de juzgamiento se practicaran una serie de pruebas, petición que fue negada por el Juzgado 26 Penal del Circuito en proveído del 14 de agosto de 2001 y, contra la cual, los procesados presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación (escritos de solicitud de pruebas fls. 1570-1572, cdno. anexo 3; 1580-1583, cdno. anexo 3; fls. 1589-1601, cdno. anexo 3; proveído del 14 de agosto de 2001, fls. 1606-1610, cdno. anexo 3; recursos contra el anterior auto fls. 1615-1619, cdno. anexo 3).

4.23. El Juzgado 26 Penal del Circuito en auto del 7 de septiembre de 2001 confirmó la decisión que negó la petición de pruebas, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín en providencia del 6 de noviembre de 2001 en la que ordenó se practicaran varias de las pruebas solicitadas, previo al inicio de la audiencia de juzgamiento (auto 7 de septiembre de 2001, fls. 1623-1630, cdno. anexo 3; proveído del 6 de noviembre de 2001 fls. 1635-1646, cdno. anexo 3).

4.24. Luego de lo anterior, el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín en proveído del 21 de noviembre de 2001 concedió la libertad provisional a varios de los investigados, entre ellos, la señora F.M. Q. G. (fl. 80-84, cdno. ppal. 1 y fls. 1673-1678, cdno. anexo 3).

4.25. El 29 de noviembre de 2001, el Juzgado 26 Penal del Circuito, en atención a lo ordenado por el tribunal, señaló que una vez fuesen evacuadas las pruebas solicitadas por los procesados, se fijaría fecha para la diligencia de la audiencia pública (fl. 1646, cdno. anexo 3).

4.26. El 17 de abril de 2002, como quiera que había entrado en vigencia la Ley 733 de 2002 que modificó la competencia de los juzgados penales, el Juzgado 26 Penal del Circuito remitió el proceso a la oficina de reparto de los juzgados penales del circuito especializado, correspondiéndole al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, que en proveído del 9 de mayo de 2002 ordenó continuar con el trámite normal del proceso (auto del 17 de abril de 2002, fls. 1685-1686, cdno. anexo 3 y proveído del 9 de mayo de 2002, fl. 1688 cdno. anexo 3).

4.27. El 23 de septiembre de 2002, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín advirtió que con la entrada en vigencia del decreto extraordinario 2001 de 2002, por la cual se desarrolló el Decreto 1832 de 2002, la competencia para conocer el proceso nuevamente cambió, de tal forma que remitió el expediente al Juzgado 26 Penal del circuito, quien asumió el proceso en esa misma fecha y ordenó se practicaran las pruebas ordenadas (autos del 23 de septiembre de 2002, fls. 1691-1692, cdno. anexo 3 y fl. 1695, cdno. anexo 3).

4.28. El 13 de febrero de 2003 el Juzgado 26 Penal del Circuito ofició al grupo de grafología del Instituto de Medicina Legal, el C.T.I y la DIAN para el cumplimiento de las pruebas ordenadas y pedidas por los investigados (fls. 1698-1700, cdno. anexo 3).

4.29. El 18 de febrero de 2003 y 13 de marzo de 2003, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la DIAN dieron respuesta a los oficios enviados y, en el caso del primero, se señaló que se requerían desglosados los documentos a los cuales se requería análisis grafológico (fl. 1701, cdno. anexo 3 y fls. 1702-1079, cdno. anexo 3).

4.30. El 17 de julio de 2003, en vista que habían cesado los efectos de los decretos 2001 de 2002 y 1832 de 2002 y, la Ley 733 de 2000 había recuperado vigencia, el Juzgado 26 Penal del Circuito remitió nuevamente por competencia el proceso al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, quien asumió el mismo (fl. 1772, cdno. anexo 3).

4.31. El 12 de agosto de 2003, el coordinador del C.T.I allegó respuesta a una de las pruebas solicitadas (fls. 1-2. cdno. anexo 4).

4.32. El 25 de febrero de 2004 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado informó que la diligencia de audiencia pública se encontraba fijada para el 13 de mayo de 2004, sin embargo, la misma debió ser aplazada para el 23 de noviembre de 2004 (fls. 6-7, cdno. anexo 4).

4.33. El 22 de octubre de 2004 el grupo de grafología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal informó al juzgado que requería de los documentos originales para realizar la prueba solicitada, razón por la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito ofició a la DIAN para que remitiera los documentos en original (fls. 33-36, cdno. anexo 4).

4.34. En escritos del 28 de octubre y 4 de noviembre de 2004, la señora F.M. Q. solicitó le fuera designado un defensor de oficio, toda vez había perdido contacto con su apoderado de confianza. En proveído del 05 de noviembre de 2004, el Juzgado le designó como defensor al doctor Jorge Iván G. Ramírez (fls. 32-37, 39-40, cdno. anexo 4).

4.35. El 16 de noviembre de 2004, toda vez que no aún no se había podido practicar una de las pruebas solicitadas, el Juzgado Primero Penal del Circuito aplazó la realización de la audiencia pública para el 23 de diciembre de 2004, previó a la obtención de la documentación requerida (fl. 50, cdno. anexo 4).

4.36. En escrito del 13 de diciembre de 2004, uno de los apoderados de los procesados solicitó el aplazamiento de la audiencia, toda vez que en dicho día se encontraría fuera de la ciudad (fl. 59, cdno. anexo 4)

4.37. En auto del 28 de diciembre de 2004, el Juzgado Primero Penal del Circuito refirió que como no fue posible la realización de la audiencia pública, la misma se llevaría a cabo el día 20 de abril de 2005 (fl. 61, cdno. anexo 4).

4.38. El día 20 de abril de 2005 se dio inició a la audiencia de juzgamiento, durante la misma, el apoderado de la señora F.M. Q. solicitó se exonerara de responsabilidad a su prohijada y señaló que en el eventual caso que el juzgado “no comparta mi criterio, que el fallo se haga a manera de complicidad y no de coautora, en caso de ser condenatoria —se le conceda— la detención domiciliaria” (audiencia del 20 de abril de 2005 fls. 86-103, cdno. anexo).

4.39. La continuación de la audiencia de juzgamiento se fijó para el día 10 de junio de 2005; sin embargo, la misma tuvo que ser suspendida por la no comparecencia del defensor del señor Francisco Alberto Ramírez y fue aplazada para el día 26 de octubre de 2005 (fls. 111 y 128, cdno. anexo 4).

4.40. El 12 de agosto de 2005, el defensor del señor J. O. V. renunció al poder otorgado y posteriormente también lo hace el defensor del procesado Francisco Alberto Ramírez Cardona, a quien le fue designado como defensor de oficio, el doctor John Jaime Tabara, el que se posesionó el 15 de junio de 2006 (renuncia de poder fl. 162, cdno. anexo 4; designación de defensor del 14 de junio de 2006 fl. 173, cdno. anexo 4, posesión de perito del 15 de junio de 2006, fl. 172, cdno. anexo 4).

4.41. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín debió reprogramar la continuación de la audiencia para el 29 de junio de 2006, fecha en la que aquella finalmente culminó (fls. 172 y 191, cdno. anexo 4).

4.42. El 16 de agosto de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito decretó la prescripción de la acción penal, no sin antes advertir, que en el proceso había abundante prueba que determinaba la existencia fáctica de una organización delictiva. Indicó (fl. 93-108, cdno. ppal. 1 y fl. 192-207, cdno. anexo 4):

“CONSIDERACIONES

Certeza acerca de la comisión de la conducta delictiva y certeza de la responsabilidad penal de su autor o autores son los presupuestos que la ley exige para proferir sentencia condenatoria (…).

Brevemente, por tanto, el despacho determinará si esas exigencias se reúnen en la presente actuación, caso en el cual, el juicio será de condena. De no ser así, el fallo será de absolución.

Concierto para Delinquir

Materialidad. En la resolución por medio de la cual se calificó el proceso, la Fiscalía dedujo esta conducta porque consideró que los sindicados se concertaron para cometer conductas punibles.

Dicho aserto Io fundó a partir de la denuncia de S. V. V., las declaraciones de J. A. C. V., propietario de “Inversiones Y.”; C. D. S. G. U., propietaria de “Confecciones Anfes”; y las exculpaciones de los sindicados, quienes aceptaron que en varias ocasiones solicitaron devoluciones.

En la actuación, en efecto, obra abundante prueba para determinar la existencia fáctica de la organización. J. O. V. O. y A. H. E. se dedicaron a diezmar el patrimonio económico de personas naturales, jurídicas y de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales mediante la presentación de solicitudes de devolución y/o compensación de la DIAN. Su objetivo era, entonces, defraudar el público, en la medida que cuando con la colaboración de sus familiares obtenían el provecho, esperaban un tiempo para incursionar en la misma actividad.

Con ese modo de operar se afectaron los patrimonios de J. A. C. V., “propietario de Y.” e “I. C.”; C. D. S. G. U., propietaria de “C. A.”; A. J. L. H., propietario de “S. L.”; y de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales.

Por medio de documentación falsa, pues alteraban certificados de Cámara de Comercio y suplían las firmas de los representantes legales de las empresas afectadas, hacían solicitudes de devolución de dinero. Eso se demostró fehacientemente con la documentación que se incautó en la residencia de J. O. V. O., las fotocopias de los procesos de devolución que tramitó la DIAN y las versiones de R. D. G. Q., su cónyuge, quien afirmó que él, A. y L. I. eran los que estafaban a la DIAN, actividad de la cual él recibía la mitad del dinero que devolvieran.

La denuncia y su ampliación, las declaraciones y la prueba documental, esto es, solicitudes de devolución, cédulas falsas, balances, certificados de cámara de comercio, no demuestran otra cosa que la existencia material de la organización delictiva.

Tipicidad

Se trata del delito de Concierto para Delinquir, (…) el despacho no ve clara la circunstancia de agravación del inciso 40 del artículo 80 de la Ley 365 de 1997 —hoy inciso tercero del 340 del Código Penal —, que la Fiscalía dedujo en la resolución de acusación contra J. V. O. y A. H. E. como organizadores.

En ese sentido, el suscrito se inclina por los fundamentos del Fiscal que asistió a la audiencia pública para sostener con fuerza de convicción que si bien los justiciables se concertaron para defraudar a la DIAN y a personas naturales y jurídicas, cada uno tenía autonomía para ejecutar la actividad ilícita sin la participación de los otros. No era necesaria, pues, la probación de uno de ellos para obtener el fin, máxime si se determinó que R. D. y F. A. le colaboraron a O., mientras que P. A. y F. M. reclamaron las devoluciones por instrucciones de H. E., hecho que no demuestra su calidad de cabecillas o directores de organización delictiva. Así las cosas, existen dudas en relación con la circunstancia de agravación (…).

De otra parte, a F.M. Q. G., P. A. H. C., R. D. G. Q., L. I. C. L., J. O. V. O. y A. H. E. la fiscalía les dedujo los delitos de fraude procesal que preveía el artículo 182 del Código Penal de 1980, cuya pena es de uno a cinco de prisión; falsedad de particular en documento público estipulado en el artículo 220 idem, cuya pena de 2 a 8 de prisión, y falsedad en documento privado que preveía el artículo 221 del Código Penal de 1980, cuya pena era de uno a seis años de prisión (…).

Por último, a F.M. le dedujo, además, el delito de Falsedad Ideológica en documento público que consagraba el artículo 219 ídem, cuya pena oscilaba entre tres (3) y diez (10) años de prisión (…).

Así las cosas, el despacho no podrá dictar fallo en este proceso. Independientemente de consideraciones axiológicas en torno de la responsabilidad de los justiciables, es del caso, en cambio, declarar la prescripción de la acción penal y decretar la cesación del procedimiento impulsado en su contra.

La razón es muy simple: desde cuando se ejecutorió la resolución de acusación contra (…) F.M. Q. G. (…) esto es, el 17 de mayo de 2001, han transcurrido más de cinco (5) años, que al tenor del artículo 86 del Código Penal —Ley 599 de 2000— es el término que respectivamente se requieren para que se presente el fenómeno de la prescripción de la acción penal (…).

Sin más consideraciones, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

(…)

DECLARAR, asimismo, la prescripción de la acción penal en relación con los delitos de Fraude Procesal, Estafa, Falsedad en documento privado y Falsedad material de particular en documento público, por los que también se acusó a F.M. Q. G. (…).

4. DECLARAR, igualmente, la prescripción de la acción penal por el delito de tentativa de Estafa, que la Fiscalía le dedujo a F.M. Q. G. (…).

5. DECLARAR, finalmente, la prescripción de la acción penal respecto del delito de Falsedad ideológica en documento público por el cual la Fiscalía acusó a F.M. Q. G.

6. Como consecuencia de Io anterior, se DECRETA la cesación de este procedimiento que se impulsaba contra (…) F.M. Q. G— (…)”.

5. Análisis de la Sala.

De conformidad con los hechos probados, está debidamente acreditado que la señora F.M. Q. G. fue privada de su libertad a órdenes de la Fiscalía General y, que estuvo en detención preventiva en establecimiento carcelario del 18 de octubre de 2000 al 1º de febrero de 2001 y con detención domiciliaria desde esta última fecha hasta el 21 de noviembre de 2001, momento en el cual el Juzgado 26 Penal del Circuito concedió la libertad provisional.

En relación a lo anterior, la Sala encuentra que fue bajo el amparo del artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 que se dictó la prescripción de la acción penal a favor de la señora Q. G., por tanto, es bajo dichas normas que se analizara la decisión reparatoria.

La Corte Constitucional al revisar el proyecto de la Ley 270 de 1996, en Sentencia C-037 de 1996(10), condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (…).

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible”.

Al respecto, la Sala ha considerado(11) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible.

De igual forma, si bien el Estado está legitimado para privar preventivamente de la libertad a las personas que sean sometidas a una investigación penal, la persona que sufra dicha limitación tendrá derecho a que se le indemnicen los daños que con la misma se le hubieran causado, sin que se requiera realizar ninguna valoración diferente, cuando se profiere sentencia absolutoria o su equivalente, por haberse demostrado que esa persona no ha incurrido en ninguna conducta digna de reproche penal, porque en tal caso la medida devendrá injusta. En pocas palabras: quien legal pero injustamente haya sido privado de su libertad, tiene derecho a que se le indemnicen los daños que hubiere sufrido.

Teniendo en cuenta lo anterior y, toda vez que en caso bajo estudio acaeció la prescripción de la acción penal, el régimen de responsabilidad aplicable por la presunta privación injusta de la libertad, es en principio objetivo, razón por la cual no es necesario establecer la existencia de una falla en la prestación del servicio. No obstante, ello no es óbice para que en el sub júdice, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, cuando el mismo se encuentre acreditado.

Por su parte, en cuanto a la exoneración de responsabilidad de la demandada, cabe decir que aquella se dará, cuando se demuestre una causal exonerativa de responsabilidad, tal y como que existió un hecho exclusivo de la víctima, como por ejemplo, que estaba en el deber jurídico de soportar la detención porque con su actuación exclusiva y determinante dio lugar a que se profiriera en su contra la medida de aseguramiento.

En el caso bajo estudio, de acuerdo con el material probatorio allegado al plenario, la Sala encuentra que no hay lugar a declarar la existencia de la privación injusta de la libertad, toda vez que se configuró el hecho de la víctima, como pasa a explicarse.

5.1. Sobre el hecho de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad.

El pacto internacional de derechos civiles y políticos(12), en el numeral 6º del artículo 14 preceptúa que:

“Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido” —negrillas fuera de texto—

De conformidad con lo anterior, procede la indemnización para aquellas personas que estuvieron privadas de la libertad, cuando la decisión por la cual estuvieron retenidas fue posteriormente revocada; empero, dicha indemnización no procede cuando se demuestre que la privación debía ser soportada por la persona a la que se impuso, cuando esta “no reveló todo o en parte el hecho desconocido” por el cual se dio la investigación.

La Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al estado, así:

“ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

La Corte Constitucional respecto de la disposición precitada, en Sentencia C-037 de 1996, manifestó:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P. art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual nadie puede sacar provecho de su propia culpa’.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible” —subrayadas fuera de texto—.

Teniendo en cuenta el fundamento normativo citado, y lo señalado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha indicado que el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la administración, sino del proceder —activo u omisivo— de la propia víctima, esto es, de quien sufrió el perjuicio. Dijo esta corporación:

“A efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así, ‘(...) se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor J. T. J.:

Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño (...).

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño (...)”(13).

En la sentencia en cita, el Consejo de Estado declaró la existencia de la culpa de la víctima y exoneró de responsabilidad a la accionada, al determinarse que fue la propia conducta de la investigada la que dio lugar a al proceso penal, así:

“Para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que la señora A. M. T. no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible en el desempeño de sus funciones como almacenista. Por el contrario, actuando con negligencia e imprudencia máximas, dado el desorden, la impericia, el desgreño y la incuria con las cuales manejó los bienes y haberes a su cargo, dio lugar a que, cuando se practicó la experticia correspondiente dentro de la investigación penal, apareciera comprometida por los faltantes encontrados en el almacén, lo cual la implicaba seriamente en la comisión del presunto delito que se le imputaba y que dio lugar a que, con el lleno de los requisitos legales —se insiste—, se profiriera la referida medida de aseguramiento en su contra.

Solo como consecuencia de las diligencias adelantadas posteriormente dentro de la investigación penal y, en especial, con ocasión de la inspección judicial, se logró establecer que el faltante que hacía aparecer el desorden en el cual se encontraba la dependencia en cuestión, realmente no tenía la trascendencia como para ser considerado un hecho punible. Pero los elementos de prueba obrantes en contra de la aquí accionante estuvieron gravitando hasta cuando la propia autoridad pública investigadora se ocupó de establecer que el ilícito no había ocurrido, razón por la cual el proceder negligente, imprudente y gravemente culposo de la víctima, en el presente caso, determina que la misma deba asumir la privación de la libertad de la que fue objeto, como una carga que le corresponde por el hecho de vivir en comunidad, a fin de garantizar la efectividad de la función de Administración de pronta y cumplida justicia.

La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca como plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos colisionantes en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la Administración de Justicia, de un lado y esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro”.

En el caso estudiado por la corporación en la providencia citada, el hecho de la víctima que dio lugar a la exoneración de la accionada tuvo que ver con la conducta que aquella había asumido antes de la investigación, y que a su vez fue determinante para que la misma iniciara.

Lo antedicho, ha sido reiterado en varias providencias, por ejemplo, en sentencia del 11 de abril de 2012 con ponencia del doctor M. F. G., se indicó:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

‘(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor M. R. G., quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)’(14)

De igual forma, se ha dicho:

‘(…) para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración (…)(15)(16) (…)

El hecho exclusivo de la víctima, entendido como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el ciudadano, exonera de responsabilidad a la administración, no puede menos que concluirse que, con base en los elementos de prueba a los cuales se ha hecho alusión, está demostrada en el expediente la configuración de la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, esto es del señor J. A. R. P., en el acaecimiento del resultado en que se tradujo la decisión de la Fiscalía General de la Nación al proferir una medida de aseguramiento en su contra, es decir, la pérdida de su libertad.

Y es que, a juicio de la Sala, está plenamente acreditada en el expediente la inexistencia de vínculo causal desde la perspectiva de la causalidad adecuada, se entiende entre la tantas veces mencionada medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el sub lite, previa declaratoria de la responsabilidad del Estado por los hechos que dieron lugar a la iniciación del trámite procesal que esta providencia decide, pues la privación de la libertad del señor J. A. R. P. no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la administración de Justicia —a pesar de ser la causa inmediata—, sino en la conducta asumida por la víctima.

Para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que el señor R. P. no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible, esto es acreditar tanto la propiedad como el correspondiente permiso de porte y/o tenencia respecto del arma de fuego, tipo revólver, marca Llama, modelo Martial, calibre 38, que le fue incautada el día de su detención —la cual posteriormente fue puesta a disposición del Ejército Nacional—. Por el contrario, actuando con negligencia e imprudencia máximas, el hoy demandante —bueno es insistir en ello—, portaba la referida arma de fuego sin los permisos correspondientes, lo cual dio lugar a que apareciera comprometida su responsabilidad por el delito por el cual se lo investigó(17)”.

Aunque en las sentencias citadas se analizó el hecho de la víctima como aquella conducta determinante que dio origen a la investigación penal, es importante precisar que ello no significa que se esté realizando un reproche de la actuación desde la óptica del tipo penal, sino que el análisis del accionar tiene su estudio desde la noción de culpa grave o dolo bajo la perspectiva de la responsabilidad civil.

En efecto, la Sala en varias decisiones ha afirmado que la conducta del imputado es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad o si la posibilidad de imputarle el daño se rompe con la existencia de una conducta de la propia víctima(18).

Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010 se dijo(19):

“Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [C. Civil, art. 63] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo (se destaca).

Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, dieron lugar de manera clara e injustificada al hecho dañoso y asimismo a la configuración de la causal de exoneración, en virtud del hecho exclusivo y determinante de la víctima(20), el que no solo se circunscribe a la conducta determinante que dio origen a la investigación penal —señalada en párrafos anteriores—, sino también a otras actuaciones de la víctima que dieron lugar a la imposición de la medida, como sería tales como que aquella en el proceso penal asumió una conducta dolosa o gravemente culposa que no permitió el avance de la investigación, tal sería el caso, verbi gratia, cuando el perjudicado da varias declaraciones bajo juramento, contradictorias entre sí ante la autoridad judicial, que conllevan a esta a mantener la medida de privación, o que sin estar privado de la libertad, la víctima no compareció al proceso lo que conllevó a que se dictara en su contra medida de aseguramiento a fin de garantizar la continuidad de la investigación penal(21).

Ahora bien, en el sub lite, respecto a la investigación seguida en contra de la señora F.M. Q. G., la Sala encuentra lo siguiente:

1. El grupo de devoluciones de la administración de impuestos nacionales, encontró que en varios expedientes se había ordenado y pagado dineros por concepto de saldos a favor en impuestos, los cuales estaban sustentados en documentación falsa y errónea, razón por la cual se elevó denuncia penal por estos hechos.

2. Una de las denuncias realizadas por la Jefe de Devoluciones de Impuestos Nacionales de Medellín, fue en contra de la señora F.M. Q. G., al hallar que aquella había solicitado por concepto de devolución de saldo a favor en impuestos la suma de $ 1.681.000 por concepto de retención de intereses que la había realizado la sociedad Delta Bolívar, cuando en realidad, al cruzar la información, aquella nunca había tenido un vínculo comercial con dicha sociedad; sin embargo, se había alcanzado a girar el cheque a favor de la señora Q. G. y por ello se había ordenado su anulación, a efectos de que no pudiese ser cobrado.

3. Una vez se produjo la captura de la señora Q., aquella en indagatoria reconoció que en efecto había firmado la devolución de dinero, y que, como lo señalaba la DIAN, no tenía ningún vínculo comercial con la sociedad Delta Bolívar; empero, al preguntársele por qué razón había suscrito tal devolución, manifestó que no la había leído, pese a que le había realizado presentación personal en una notaría.

Sobre el particular, la Sala observa que no hay ninguna duda de que existió una conducta que llevó a que se diera inició a la investigación de la acción penal y, con independencia de que se haya declarado la prescripción, lo cierto es, desde el punto de civil, la actuación de la señora F. M. Q. G. reúne los presupuestos para ser considerada como una culpa grave.

En efecto, como ya fue señalado en precedencia, el artículo 63 del Código Civil señala que la culpa grave, es aquella negligencia grave que consiste en no manejar los negocios con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

En el sublite, aun cuando la actora nunca laboró en el área de devoluciones de la DIAN, por su trabajo tanto en dicha entidad como en la inspección municipal, sabía de la importancia de conocer el contenido de los documentos que se suscriben, más aún, cuando de ellos, se hace reconocimiento personal ante una notaría.

En el documento de solicitud de devolución por saldo a favor en la declaración de impuestos, suscrito por la señora F.M. Q. y reconocido ante la Notaría 16 del Circulo de Medellín, se coloca que “F.M. Q. G. declaró que la firma en el presente documento son las suyas y que el contenido del mismo es cierto” (fl. 211, vto. cdno. anexo 1).

Que el documento por el cual fue vinculada a una investigación la actora afirmara ante Notaría que su contenido era cierto, cuando en realidad —como ella mismo lo dijo en la indagatoria no era verdad— y, que le hiciera reconocimiento personal sin ni siquiera reparar en lo que en aquel se estaba declarando —como ella lo pregona—, es algo, que ni la persona más negligente realizaría.

De igual forma, el que destruyera la denuncia realizada por un particular, con independencia de la misma fuese falsa, es algo que además de llevar a una falta de sus deberes como funcionaria (la actora, en la segunda ampliación de la indagatoria reconoció que no era debido destruir las denuncias recibidas), llevó a que los investigadores tuvieran sospechas de su proceder.

Así mismo, se tiene que además de la conducta gravemente culposa de la víctima, aquella no relevó en tiempo el hecho desconocido, de ahí, a que también deba exonerarse de responsabilidad a la accionada, quien se encuentra representada por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Ciertamente, tal y como se aprecia en el acápite de hecho probados, en la segunda indagatoria la Fiscalía 203 Seccional le preguntó explícitamente a la señora F.M. Q. sobre la constancia de la pérdida de la cédula de ciudadanía de quien respondía al nombre de C. D. S. G. y, que presuntamente había sido suscrita por la aquí actora.

La señora F.M. Q., en ningún momento desconoció la autoría del documento y simplemente señaló que, como era su deber, realizó la constancia de la denuncia de la pérdida, que lo dicho por la denunciante fuese falso, era algo que no se encontraba dentro de sus funciones verificar.

La Fiscalía ante lo anterior y a fin de corroborar lo dicho por la señora Q., acudió a la inspección donde aquella laboraba y al consultar la base de denuncias y los libros radicadores encontró que la misma no reposaba en la inspección.

Luego de lo anterior, la señora M. Q., en ampliación de indagatoria, a diferencia de su primera versión en la que manifestó no recordar nada respecto de la denuncia, señaló todos los pormenores que acontecieron en la elaboración de aquella y, la razón por la cual, la misma no se encontraba en los libros radicadores.

El que la señora Q. G. no revelara en una primera oportunidad a la fiscalía lo acontecido con la denuncia, hizo que sobre ella se cernieren más dudas en la posible comisión de un delito, de ahí que deba exonerarse a la entidad, por existir el hecho exclusivo de la víctima.

Sobre esto último, la Sala observa que el tribunal de primera instancia señaló que existía responsabilidad de la Nación a través de la rama judicial, toda vez que los jueces que conocieron el proceso tardaron bastante tiempo en realizar la audiencia pública de juzgamiento y proferir una denuncia de fondo.

Al respecto, la Sala advierte que en este caso, como bien fue señalado por el agente del Ministerio Público en el concepto rendido en segunda instancia, no existió una mora judicial imputable a la administración, que llevó a la privación de la señora Q.

En efecto, en primer lugar, la señora F.M. recuperó su libertad mucho antes de que se iniciara la audiencia pública de juzgamiento y, si bien es cierto el proceso en manos de los jueces penales duró más de cinco años, ello se debió en parte a i) los cambios normativos que llevaron a que se modificara la competencia en varias ocasiones, ii) la dificultad en la recolección de las pruebas solicitadas por algunos de los investigados, previo al inicio de la audiencia de juzgamiento y iii) a la mismas conductas dilatorias de los apoderados de algunos de los procesados(22), que no concurrían a la audiencia de juzgamiento, cuando aquella dio inició.

Así las cosas, esta corporación revocará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, negará las mismas, al haberse configurado el hecho de la víctima.

7. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 7 de octubre de 2011 proferida por la sala décima de decisión que Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2. NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

3. Sin costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. M. F. G., Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

3 “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

5 Así por ejemplo, la parte actora en el libelo solicitó se oficiara al Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Medellín para que remitiera al plenario “copia auténtica de todo el expediente proseguido en contra de la señora F.M. Q. G.” (fl. 9, cdno. 1), prueba que a su vez fue coayuvada por la Fiscalía General de la Nación, quien solicitó se apreciara las pruebas solicitadas por la parte demandante (fl. 157, cdno. ppal. 1) y, en el caso de la Rama Judicial, la Sala observa que en sus distintas salidas procesales fundó sus alegaciones y argumentos en las piezas procesales del expediente penal.

6 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

7 El tribunal de primera instancia como prueba de oficio ordenó se allegara copia íntegra del expediente penal. El que fue arrimado y trasladado en debida forma a las partes procesales.

8 Sobre el valor de las indagatorias, se puede mirar Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B del 30 de marzo de 2017, Exp. 38851. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

9 El documento visible a folio 211 del proceso penal es el referente a la solicitud de devolución por valor de $ 1.681.000 que suscribió la señora Q.

10 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

11 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653, M.P. Ruth Stella C. P.

12 Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. No. 15463. M.P M. F. G..

14 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, Actor: G. E. N. B.

15 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002 Exp. 13262, Actor: H. A. C. C. y otros.

16 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005); Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784); Actor: F. L. V. O. y otros; Demandado: Municipio de Tarso.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2012, Exp. 23513. M.P M. F. G.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27414, C.P.: Danilo Rojas Betancourth.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, C.P. Ruth Stella C. P.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 2 de mayo de 2007; Exp. 15.463, C.P. M. F. G.; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección C, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2011, Exp. 19889; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de febrero de 2014, Exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; exp.17.188; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 11 de julio de 2013, Exp. 27.463, C.P. Enrique Gil Botero.

21 En sentencia del 26 de febrero de 2014, esta corporación negó las pretensiones de una demanda por privación injusta de la libertad, al encontrar que la víctima, coadyuvada por un tercero, había faltado a la verdad, lo que permitió la prolongación de la medida preventiva de privación de la libertad en su contra. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2014, Exp. 29541. M.P. Enrique Gil Botero.

22 Tanto así, que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, compulsó copias por la inasistencia de uno de los apoderados de los procesados.