Sentencia 2009-00388 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 08001-23-31-000-2009-00388-01 (47802)

Actor: Manuel Mauricio de Alba Fontalvo

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y rama judicial

Referencia: acción de reparación directa

Privación injusta de la libertad/ verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa/ Régimen aplicable - privación injusta de la libertad/ Régimen subjetivo de responsabilidad - opera cuando el procesado recupera la libertad por un evento diferente a los previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991/ Falla en el servicio de administración de justicia - las autoridades judiciales no advirtieron que el procesado había cumplido la condena impuesta con anterioridad a la sentencia de primera instancia/ Culpa exclusiva de la víctima - no operó - si bien el procesado dio lugar a la actuación penal y a la condena, no debía soportar el hecho de estar privado de la libertad por un tiempo superior al de la pena principal/ reducción de perjuicios por detención domiciliaria - el demandante estuvo privado de su libertad mediante detención domiciliaria, por tanto, se disminuye el monto de los perjuicios en un 30%/ valor probatorio de declaraciones extraproceso - carecen de eficacia probatoria cuando no son ratificadas en el proceso. Congruencia de la sentencia - el monto a reconocer por concepto de perjuicios morales no puede exceder lo solicitado en la demanda.

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) las pruebas aportadas al proceso; 5) el caso concreto; 6) la culpa exclusiva de la víctima en casos de privación injusta de la libertad; 7) el estudio de las pretensiones indemnizatorias y 8) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la privación injusta de la libertad del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver este caso de manera anticipada(7).

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 13 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(8).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(9).

En el caso bajo estudio, no obra constancia de ejecutoria de la providencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual se decretó la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal y, como consecuencia, se dispuso la libertad del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo; sin embargo, esta circunstancia no es óbice para el estudio de oportunidad en la presentación de la demanda.

En efecto, si se tiene en cuenta que la mencionada providencia fue proferida el 10 de julio de 2006 y notificada el 27 de septiembre del mismo año, sin perjuicio de su ejecutoria —de la cual no se tiene constancia—, la demanda debía ser presentada a más tardar el 28 de septiembre de 2008 y como ello ocurrió el 13 de agosto de 2008(10), se concluye que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción.

4. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos de acreditación.

4.1. Relacionadas con la legitimación en la causa de los demandantes.

De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, está demostrado que el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo fue procesado por la comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer, que en el curso de esa actuación estuvo privado de la libertad y la controversia concluyó con cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal, de tal suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

En cuanto a las pruebas que acreditan la calidad con la que las partes acudieron al proceso, se encuentran las siguientes:

— Copia auténtica del registro civil del matrimonio contraído entre los señores Manuel Mauricio de Alba Fontalvo y Everlys Brochero Morales, documento que acredita su condición de cónyuges(11).

— Copias auténticas de los registros civiles de Scarleth de Alba Brochero, Danitza de Alba Brochero y Mauricio Rafael de Alba Brochero, documentos que prueban su condición de hijos de la víctima directa(12).

— Declaración rendida por los señores Laureano Sánchez Pallares y Jorge Alfonso Amaranto Alonso, ante la Notaría Octava de Barranquilla, en la cual manifiestan que la señora Leonor Navarro de Peña es la madre de crianza del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, documento que carece de eficacia probatoria para los fines que fue aportado, en la medida en que no fue objeto de ratificación en este proceso y no se practicó con audiencia de la contraparte(13).

4.2. Relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo(14).

— Copia auténtica de la sentencia proferida el 9 de julio de 2004 por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, a través de la cual se condenó al señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo por el delito de cohecho por dar u ofrecer, a la pena de cuarenta meses de prisión, multa de 51 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se concedió la prisión domiciliaria, previa suscripción de compromiso(15).

— Copia auténtica de la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 30 de marzo de 2005, que confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia(16).

— Copia auténtica de la decisión emitida el 16 de mayo de 2006 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que resolvió respecto de los recursos de reposición y casación interpuestos por uno de los procesados frente a quien se había decretado la prescripción de la acción penal(17).

— Copia auténtica de la providencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 10 de julio de 2006, mediante la cual resolvió la solicitud del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo y, como consecuencia, decretó la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal y ordenó su libertad(18).

— Copia simple de la Resolución 2393 del 27 de noviembre de 1998, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, por surgimiento de una inhabilidad sobreviniente(19).

5. El caso concreto.

Teniendo en cuenta el material probatorio obrante en la actuación, para la Sala se encuentra acreditado que se adelantó un proceso penal contra el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, por la comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer y que el mismo concluyó por prescripción de la acción penal, a pesar de que en primera y segunda instancia fue condenado por el mencionado punible.

Con el fin de establecer las circunstancias en que se produjo la privación de la libertad del señor De Alba Fontalvo, la Sala efectuará un estudio cronológico de las situaciones presentadas en la actuación penal, en orden a verificar si en el caso bajo estudio se causó un daño antijurídico y si el mismo debe ser reparado por las entidades demandadas o no.

Así, sea lo primero mencionar que la resolución expedida por el Fiscal General de la Nación, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del ahora demandante(20), refiere las siguientes situaciones relevantes, en punto de la actuación penal que dio lugar a la medida de aseguramiento a él impuesta (se transcribe incluso con errores):

“(...) Que mediante resolución del 5 de agosto de 1998, el fiscal 287 seccional delegado ante la dirección nacional del CTI, al resolver situación jurídica dentro del proceso 378181 impone medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin derecho a excarcelación en contra, entre otros, del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, como presunto responsable del punible de cohecho por dar u ofrecer.

Que mediante auto del 1º de septiembre de 1998, el fiscal 287, seccional delegado ante la dirección nacional del CTI aclara que la resolución por medio de la cual se definió la situación jurídica de los procesados dentro del proceso 378181, por error involuntario, se calendó el 5 de agosto del año en curso, cuando en realidad se profirió el 5 de septiembre de 1998” (destaca la Sala).

(...) Que mediante resolución del 29 de septiembre de 1998, el fiscal 287 seccional delegado ante la dirección nacional del Cuerpo Técnico de Investigación resuelve sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva por domiciliaria en favor de Manuel Mauricio de Alba Fontalvo (...)”.

Ahora, en cuanto al juicio de responsabilidad y los antecedentes relevantes de esa etapa, resulta pertinente citar los siguientes apartes de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá (se transcribe incluso con errores):

“(...) A la investigación le impartió calificación la Fiscalía 287 Seccional Delegada ante la dirección nacional del CTI, mediante resolución de fecha febrero 26 de 1999, elevando pliego de cargos contra (...) y Mauricio de Alba Fontalvo como presuntos coautores del punible de cohecho por dar u ofrecer (...).

(...) respecto a la responsabilidad de los procesados, tenemos que en la foliatura obran las siguientes pruebas: declaraciones de (...) y (...) que permiten concluir sin lugar a equívocos que (...) fue la persona que abordó a los agentes (...) para hacerles saber que había un compañero del CTI en la ciudad de Barranquilla que estaba buscándolos para hacerles saber que había cincuenta millones de pesos para detener una investigación que ellos estaban adelantando con ocasión de unas defraudaciones en Foncolpuertos en dicha ciudad. Es así como (...) se hizo presente en las oficinas de (...) para hacerles saber que los estaban buscando, dándole el mensaje pertinente a la señorita (...). Posteriormente, cuando estos lo llaman, no tuvo reparo alguno en hacer saber sus ilegales propósitos y en ponerlos en contacto con Manuel Mauricio de Alba Fontalvo.

Aparece en la escena el también investigador del CTI de la ciudad de Barranquilla Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, para hacerle saber a los agentes del CTI (...) que en la ciudad de Barranquilla, un abogado de nombre (...) tiene interés en que ellos, en relación con el asunto de Foncolpuertos que estaban investigando en la capital del Atlántico, dejándoles entender que existen cincuenta millones de pesos por la labor que tendrían que realizar.

Es en ese entonces el momento consumativo de la conducta punible por parte de (...) y Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, pues como lo mencionó la propia Corte Suprema de Justicia (...), se desprende que el tipo penal admite para su configuración que el sujeto activo entregue la dádiva o [l]a ofrezca. Es un delito de consumación instantánea y afecta la administración pública cuando se ejecuta una u otra conducta.

(...) De otra parte, en el actuar de (...) y Mauricio de Alba Fontalvo no se encuentran causales excluyentes de responsabilidad penal ni de antijuridicidad que puedan invocarse en su favor por cuanto la conducta fue dolosa y tendiente, sin ninguna duda, a vulnerar el ordenamiento jurídico y a atacar a la administración pública, de la que debían tener la condición de garantes al tratarse de servidores públicos que tenían a su cargo la difícil tarea de adelantar como miembros del CTI las investigaciones a su cargo con decoro y honestidad, esta última de la que carecieron sin duda sus desafortunadas actuaciones corruptas.

(...) todo lo anterior conlleva, sin lugar a equívocos a predicar la responsabilidad penal de los aquí llamados a juicio (...) y Mauricio de Alba Fontalvo en los hechos que son objeto de juzgamiento, indicando desde ya que en contra de ellos existe plena certeza para este despacho de la realización de la conducta punible y en consecuencia así se declarará”(21).

Como consecuencia de lo anterior, el procesado fue condenado a la pena principal de cuarenta meses de prisión, sin embargo, se le concedió detención domiciliaria. Esta decisión fue apelada por el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo y fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia del 30 de marzo de 2005, de la cual se extraen los siguientes aspectos relevantes para dirimir la presente controversia:

“(...) El a quo halló la certeza para condenar, mediante las siguientes pruebas: con el informe datado en Barranquilla de fecha 27 de agosto de 1998, fecha de la captura de (...) Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, así como los informes (...) que dan cuenta de la búsqueda de (...) a los agentes del CTI en las instalaciones del nivel central de esa institución, al igual que de las llamadas y contactos efectuados por Mauricio de Alba en la ciudad de Barranquilla, quien le comunicó lo del dinero a (...) (destaca la Sala).

(...) Respecto de los sindicados Manuel Mauricio de Alba Fontalvo y (...) la colegiatura confirmará la sentencia condenatoria, ya que comparte el análisis del a quo y con base en las siguientes consideraciones: (...) en el caso sub examine, el procesado Manuel Mauricio de Alba tenía ocupación al momento de su captura, investigador judicial del CTI, en la ciudad de Barranquilla. (...) Habilidosamente los funcionarios del CTI se desplazaron a la ciudad de Barranquilla y se contactaron con Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, quien los llevó a una reunión con un abogado, quien decía representar a (...). Luego de diferentes reuniones fue que lograron la comparecencia de (...) y en compañía de De Alba Fontalvo y el mismo abogado (...) los capturaron en flagrancia, debido a que fueron sorprendidos con un maletín de cuero de color vinotinto que portaba (...) con la suma de cincuenta millones de pesos, que pretendían darle a (...) con el objeto que paralizaran una investigación que se les llevaba en la unidad nacional de fiscalía especializada en delitos contra la administración pública, por irregularidades presentadas en Foncolpuertos. (...) esta[s] pruebas dan la certeza de la responsabilidad penal de (...) y Manuel Mauricio de Alba Fontalvo de haber ofrecido dinero a (...) para que dejaran de realizar un acto propio de su función o la cumplieran de manera impropia”(22).

Una vez confirmada la sentencia condenatoria se presentaron distintas solicitudes y recursos por parte de los procesados, los cuales concluyeron con la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 10 de julio de 2006, mediante la cual se decretó la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal, con fundamento en la siguiente consideración (se transcribe incluso con errores):

“La resolución de acusación en contra de los señores (...) y Manuel Mauricio de Alba Fontalvo se profirió el 26 de febrero de 1999 y cobró ejecutoria el 5 de agosto de 1999. Es decir que a esta fecha ha transcurrido un lapso de seis (6) años y diez (10) meses, término que excede el mínimo para que prescriba la acción penal para el servidor público que cometa delito por razón de su cargo o de su función que es de seis (6) años y ocho (8) meses”(23).

Conviene señalar que como consecuencia de la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal, se ordenó la libertad del procesado, quien en ese momento se encontraba en detención domiciliaria, según lo indicó la providencia en mención.

De todo lo anterior se colige que, contrario a lo expuesto por el tribunal de primera instancia, sí es posible establecer el tiempo en el cual el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo estuvo privado de la libertad, dado que la prueba documental obrante en el expediente refiere que fue capturado el 27 de agosto de 1998 y recobró su libertad, como consecuencia de la decisión que decretó la cesación de procedimiento, el 10 de julio de 2006, para un total de siete años, diez meses y doce días.

Por lo expuesto, la Sala se aparta de la conclusión a la que arribó el tribunal a quo y recuerda que, en punto de la acreditación del daño —en este caso privación de la libertad— no existe tarifa legal y es deber del juez constatar con el material probatorio la materialización del mismo, sin que la única prueba válida para el efecto sea la certificación de la autoridad penitenciaria.

Así, determinado como está el tiempo de privación de la libertad que afrontó el aquí demandante, es menester verificar si este debía soportar esta carga como consecuencia de la comisión de un delito, máxime si se tiene en cuenta que las decisiones de fondo que se adoptaron en el proceso penal fueron de carácter condenatorio y su libertad devino de una situación de orden procesal como lo es la prescripción de la acción penal.

En punto de la prescripción de la acción penal, ha de precisarse que su estudio como un posible defectuoso funcionamiento de la administración de justicia está ligado a la falta de decisión final frente a la responsabilidad penal del procesado, lo cual no ocurre en el presente caso, pues, se reitera que el señor De Alba Fontalvo fue condenado en ambas instancias por la comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer, razón por la cual no se efectuará pronunciamiento alguno frente a la duración del proceso penal propiamente dicho y su incidencia en la privación de la libertad que afrontó el aquí demandante.

Bajo esta óptica y atendiendo a las particularidades del caso, el daño antijurídico ha de consistir en el tiempo de privación de la libertad, contrastado con la condena impuesta, pues para la Sala no existe duda de que la justicia ordinaria en su especialidad penal consideró que el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo cometió el delito de cohecho por dar u ofrecer y, por ende, le impuso la pena privativa de 40 meses, sin que sea del resorte de esta jurisdicción el análisis de legalidad de dicha conclusión, pues en el asunto sub judice no se invocó la existencia de error judicial frente a las decisiones adoptadas por el juez penal de la causa.

El aspecto que cobra relevancia para la Sala tiene que ver con la comparación de la condena con el tiempo que realmente estuvo privado de la libertad el aquí actor, para lo cual se precisa lo siguiente:

El señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo fue capturado el 27 de agosto de 1998 y como la condena impuesta en primera instancia y que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá correspondió a 40 meses (3 años y 4 meses), resulta lógico concluir que la pena se entendería cumplida el 28 de diciembre de 2001.

Como se ha mencionado en precedencia, el 9 de julio de 2004, el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá profirió la citada sentencia condenatoria, en un momento para el cual había transcurrido un término superior al de la condena que impuso, situación que no fue advertida ni siquiera en segunda instancia cuando se confirmó aquel fallo.

La situación puesta de presente impone concluir que el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo debía soportar el hecho de estar privado de su libertad por la comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer, durante el periodo comprendido entre el 27 de agosto de 1998 y el 28 de diciembre de 2001, lo cual se traduce en que la restricción a este derecho fundamental entre el 29 de diciembre de 2001 y el 10 de julio de 2006 deviene en injusta.

Ciertamente, no resulta razonable sostener que el hecho de que una persona sea condenada por la comisión de un delito implique que la afectación a su derecho fundamental a la libertad deba prolongarse de manera indefinida en el tiempo, dado que el ordenamiento jurídico prevé una determinada pena, a título de sanción, de acuerdo con el bien jurídico que ha sido transgredido; en este caso, un juez penal dispuso que la condena que debía cumplir el procesado ascendería a 40 meses de prisión, de ahí que el exceso en la privación del mencionado derecho sí comporte un daño antijurídico con la virtualidad de ser indemnizado, en el evento de cumplirse los demás requisitos para que ello ocurra.

Dicho de otra manera, respecto de la condena que le fue impuesta al aquí demandante por la justicia penal, es viable predicar que su conducta fue la causa determinante, tanto de la investigación penal como de la pena privativa de la libertad —40 meses—, en la medida en que la comisión del delito de cohecho justificó el ejercicio de la potestad punitiva a cargo del Estado, con las consecuencias que ello supuso en relación con la restricción de este derecho fundamental, únicamente durante este periodo.

La anterior consideración resulta relevante para concluir que si bien el procesado debía soportar el hecho de haber sido privado de la libertad por el tiempo previsto en la ley, a manera de sanción, por haber cometido el mencionado delito, ello no significaba, en manera alguna, la obligación de permanecer indefinidamente en esta situación, lo cual se traduce en que la administración de justicia incurrió en una falla en el servicio por no advertir que, para el momento de proferirse la sentencia de primera instancia, el implicado ya había cumplido la condena que se le impuso por haber infringido la ley.

Bajo esta óptica, la Sala considera que el daño antijurídico, consistente en la privación injusta de la libertad, se concretó a partir del día siguiente al cumplimiento de la condena impuesta al señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, dado que es a partir de ese momento en que aquella se torna ilegal, ante la ausencia de un sustento jurídico para mantenerlo privado de este derecho fundamental, situación que pone de presente el descuido en que incurrieron las autoridades judiciales por limitarse a proferir sentencia condenatoria sin verificar el cumplimiento de la pena para la fecha de expedición de cada una de las providencias.

En este orden de ideas, ha de concluirse que el daño antijurídico se consolidó a partir del 29 de diciembre de 2001 y se prolongó hasta el 10 de julio de 2006, para un total de 4 años, 6 meses y 10 días.

Determinado el daño irrogado a la parte demandante por el exceso en el cumplimiento de la pena impuesta, según se ha explicado en precedencia, la Sala procede a efectuar el correspondiente análisis de imputación, en orden a establecer si la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial están llamadas a responder por la situación que se ha puesto de presente.

— Responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en el caso concreto

Se demostró en el proceso que el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo fue capturado el 27 de agosto de 2008 (sic) y que el 5 de septiembre del mismo año la fiscalía 287 seccional delegada ante la dirección nacional del CTI definió su situación jurídica y, en tal sentido, le impuso medida de aseguramiento.

Posteriormente, el ente acusador profirió resolución de acusación en contra del sindicado, por la comisión del delito de cohecho por dar un ofrecer, dicha actuación data del 26 de febrero de 1999, momento a partir del cual culminó la etapa investigativa y, de conformidad con el estatuto penal aplicable en ese momento, el asunto pasó a los jueces penales para proferir la decisión pertinente.

Con fundamento en lo señalado, para la Sala se encuentra demostrado que desde la fecha de la captura del señor De Alba Fontalvo hasta el momento en que se profirió resolución de acusación en su contra, transcurrió un lapso de seis meses, el cual resulta razonable y, en principio, se ajustó a la conducta exigible para el ente acusador, previo a la etapa de juicio.

Bajo esta lógica y en atención a que para el momento en que se formuló la acusación no había transcurrido el tiempo previsto para la eventual condena por el delito de cohecho por dar u ofrecer, ni se evidencia una mora injustificada por parte del ente acusador en el ejercicio de las funciones a su cargo, la Sala concluye que el exceso en la privación de la libertad que afrontó el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo no resulta atribuible a la Fiscalía General de la Nación, habida cuenta de que su actuación se ajustó a los parámetros exigibles en la etapa instructiva.

— Análisis de responsabilidad de la rama judicial

Respecto de la actuación de las autoridades judiciales encargadas de la etapa posterior a la acusación, la Sala encuentra que se presentaron distintas irregularidades que incidieron en la privación de la libertad del aquí demandante por un tiempo superior al de la condena que le fue impuesta.

Una de estas situaciones anormales tiene que ver con el lapso transcurrido entre la resolución de acusación formulada por la Fiscalía —26 de febrero de 1999— y la expedición de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá —9 de julio de 2004—, puesto que, al no estar demostrada en el proceso maniobra dilatoria alguna por parte de los procesados, no resulta razonable que el fallo condenatorio hubiere sido proferido más de cinco años después de la acusación; lo anterior sin desconocer las dificultades propias de la jurisdicción en materia de congestión, pero que en este caso no fueron advertidas y ni siquiera mencionadas por la rama judicial.

Sin perjuicio de lo anterior, la falla más relevante en relación con la privación de la libertad en el asunto bajo estudio, tiene que ver con el hecho de que no se hubiere advertido en ninguna de las instancias que, para el momento en que se condenó al señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo —9 de julio de 2004—, ya había transcurrido un término superior al de la pena impuesta —40 meses de prisión—, circunstancia que, evidentemente, incidió en la prolongación de esta situación lesiva del derecho fundamental a la libertad del procesado.

Para la Sala resulta cuestionable que en las sentencias se hubiere hecho mención a que el procesado se encontraba en prisión domiciliaria y que, por ende, la condena debería ser cumplida en esa misma forma, sin detenerse por un momento a confrontar la condena impuesta con el tiempo en que el señor De Alba Fontalvo había afrontado la restricción de su libertad.

En este sentido, es importante reiterar que más allá de la responsabilidad penal que se estableció respecto del procesado, lo cierto es que la privación de su libertad excedió, por mucho, el tiempo establecido como pena principal y esa anomalía resulta atribuible a las autoridades judiciales que omitieron el estudio correspondiente, causando el daño antijurídico al extremo demandante por tener que soportar la limitación de su derecho a la libertad por un periodo superior al de la pena impuesta por el delito cometido.

Todo lo anterior para señalar que el daño antijurídico por la privación de la libertad que afrontó el señor De Alba Fontalvo sí es atribuible a la rama judicial, pero solamente a partir del momento en que el procesado cumplió la pena impuesta, es decir, desde el 29 de diciembre de 2001 hasta el 10 de julio de 2006, para un total de 4 años, 6 meses y 10 días.

6. La culpa exclusiva de la víctima en casos de privación de la libertad.

Tratándose de casos en los que se analiza la responsabilidad del Estado a partir de los elementos que deben concurrir para la prosperidad de las pretensiones, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada y pacífica al sostener que este tipo de análisis no supone, de entrada, la obligación inmediata de reparar patrimonialmente al extremo activo, habida cuenta de que es posible que en estos eventos se configuren situaciones como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, con la virtualidad de exonerar de responsabilidad a la entidad pública.

En materia de privación injusta, se ha sostenido que cuando la actuación del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima.

Respecto de la culpa exclusiva de la víctima, como circunstancia de exoneración de responsabilidad del Estado, esta Subsección ha expuesto razonamientos como el que se cita a continuación:

“Así las cosas, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que el hecho desplegado por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”(24).

Partiendo de estas consideraciones y precisando desde ya que, en este escenario procesal, a esta jurisdicción no le corresponde calificar las decisiones adoptadas por el juez penal, en orden a determinar si fueron acertadas o no, la Sala considera que el material probatorio que reposa en la actuación da cuenta de la imposición de una condena al señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, por la comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer.

Esta situación, en principio, daría lugar a concluir que la conducta de la víctima fue la causa determinante del daño alegado, en la medida en que comprometió su responsabilidad penal al participar del ilícito por el cual fue condenado; sin embargo, como ya se explicó en párrafos anteriores, los perjuicios irrogados a los demandantes emanan de la prolongación de la detención domiciliaria que cumplió el procesado, cuando para el momento de la sentencia de primera instancia ya había cumplido el tiempo de la condena que se le impuso —40 meses—, de ahí que no resulte válido afirmar que la conducta de la víctima fue la causa eficiente del daño, entendido como el exceso en la privación de la libertad, según se ha explicado en precedencia.

En efecto, tal como se ha indicado en las consideraciones que anteceden, la conducta de la víctima resultó determinante para la imposición de la condena a cuarenta meses de prisión, pero no medió en manera alguna para seguir privado de la libertad con posterioridad al cumplimiento de la pena, de ahí que no resulte posible predicar la configuración de este eximente de responsabilidad, pues, se reitera, que el daño antijurídico en este caso emanó del exceso en la privación de la libertad por más de cuatro años, sin que existiera sustento jurídico para ello.

Lo anterior para significar que en el caso bajo estudio no se configuró la culpa exclusiva de la víctima y, por tanto, existe relación de causalidad entre el daño y la actuación descuidada de la rama judicial en cuanto a la verificación de la condena impuesta al señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y procederá a declarar patrimonialmente responsable a la Nación - rama judicial, por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, en los términos y bajo los parámetros explicados en precedencia.

Así pues, se procederá a estudiar las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

En la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales para los demandantes, derivados de la privación de la libertad que soportó el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo y, por este rubro, se pretendieron reconocimientos económicos por valor de $30.000.000 para cada uno de ellos.

Al respecto, es necesario precisar que esta corporación ha establecido como tope indemnizatorio, para casos como el que nos ocupa, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el dolor alcanza su mayor grado de intensidad, sin perjuicio de que, en casos en los cuales se acrediten circunstancias excepcionales, dicho valor pueda ser incrementado, en atención a las características especiales del perjuicio, en todo caso, dentro de los parámetros fijados por la Sección Tercera de esta corporación para los casos de privación injusta de la libertad, con sujeción al tiempo durante el cual se prolongó la restricción de este derecho fundamental(25).

La Sala reconocerá perjuicios morales a favor de la víctima directa del daño, su esposa y sus hijos, dado que acreditaron la calidad con la que afirmaron comparecer al proceso, según se explicó en el acápite de legitimación en la causa.

Respecto de la señora Leonor Navarro Márquez, quien acudió al proceso como madre de crianza de la víctima directa, no se efectuará reconocimiento alguno, dado que la declaración extraproceso rendida por los señores Laureano Sánchez Pallares y Jorge Alfonso Amaranto Alonso, ante la Notaría Octava de Barranquilla, en la cual manifestaron que la señora Leonor Navarro de Peña es la madre de crianza del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo carece de eficacia probatoria para los fines que fue aportado, en la medida en que no fue objeto de ratificación en este proceso y no se practicó con audiencia de la contraparte(26) y, de otro lado, los testimonios que obran en la actuación, no dan cuenta de esa circunstancia.

Para efectos de establecer el monto a indemnizar, se recuerda que el periodo de privación injusta de la libertad del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo es el comprendido entre el 29 de diciembre de 2001 hasta el 10 de julio de 2006, esto es, 4 años, 6 meses y 10 días.

Adicionalmente, la Sala advierte que al aquí demandante se le concedió la prisión domiciliaria, a partir del 29 de septiembre de 1998(27), esto es, con antelación al periodo de privación injusta al que ya se hizo alusión, y que dicha situación se extendió hasta el 10 de julio de 2006 —fecha en que se ordenó su libertad—, por ende, es necesario efectuar el correspondiente análisis, en orden a indemnizar el perjuicio irrogado, a la luz del criterio jurisprudencial vigente sobre la materia.

Al respecto, cabe señalar que en virtud de las diferencias existentes entre la privación física y la detención domiciliaria, esta Subsección sostuvo que la indemnización de perjuicios morales a quienes fueron objeto de este último tipo de restricción, en términos pecuniarios, no puede ser idéntica a la que se le reconoce a quienes sí padecieron una privación física de su libertad en un centro de reclusión y, por ello, se consideró razonable reducir en un 30% el monto de la indemnización por este rubro(28).

En este orden de ideas, en atención al tiempo de privación de la libertad que afrontó el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, el punto de partida para reconocer perjuicios morales a la víctima directa, su cónyuge e hijos sería el equivalente a 100 smlmv; sin embargo, como la condena ha de reducirse en un 30% por tratarse de una detención domiciliaria, sería del caso ordenar el pago de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes por este rubro.

No obstante lo anterior, no puede perderse de vista que, en este caso, los demandantes solicitaron el reconocimiento y pago de la suma correspondiente a $30.000.000 por concepto de perjuicios morales(29), valor que resulta inferior a los setenta salarios mínimos legales vigentes a la fecha de la presente providencia, de tal suerte que, en atención al principio de congruencia de la sentencia, no es viable efectuar condenas superiores a l[a]s solicitadas.

En efecto, al realizar la operación aritmética se obtuvo que 70 smlmv corresponden a $51.640.190 y la actualización de la suma de $30.000.000, arroja el siguiente resultado:

$30.000.000 (137.87(30) / 99.12(31)) = $41.728.208

Así las cosas, en atención a la pretensión formulada, por concepto de perjuicios morales, la suma a reconocer será la equivalente a $41.728.208 para cada uno de los demandantes mencionados en precedencia.

7.2. Perjuicios materiales.

7.2.1. A favor de la señora Everlys Brochero Morales.

Se solicitó en la demanda, por concepto de daño material, en la modalidad de daño emergente, a favor de la señora Everlys Brochero Morales, la suma de $2.000.000, correspondiente a los gastos en que debió incurrir durante el tiempo en que su cónyuge estuvo privado de la libertad.

La Sala negará esta pretensión, por cuanto no se aportó medio de prueba alguno, tendiente a demostrar los gastos referidos, toda vez que no obra documento que refiera esa situación y los testimonios rendidos en el proceso no hicieron mención alguna al respecto.

7.2.2. A favor del señor Manuel Mauricio de Alba Brochero.

Por concepto de daño material, en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, se reclamó la suma de $8.000.000, en virtud del pago que, según se afirmó, debió efectuar al abogado que ejerció su defensa en el proceso penal.

La revisión del expediente permite establecer que el aquí demandante estuvo representado por un defensor dentro de la actuación penal que se adelantó en su contra; sin embargo, no se aportó medio de prueba alguno que permita determinar que el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo hubiere incurrido en una erogación para el pago de los honorarios profesionales, razón por la cual no es posible acceder a la pretensión formulada en tal sentido.

Finalmente, se solicitó, a título de indemnización por lucro cesante la suma de $84.636.500, en razón de los salarios dejados de percibir por el señor De Alba Fontalvo, durante el periodo en el cual estuvo privado de la libertad, esto es, siete años, once meses y once días.

Para decidir acerca de la prosperidad o no de esta pretensión, la Sala parte por señalar que la Resolución 2393 del 27 de noviembre de 1998, suscrita por el Fiscal General de la Nación, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, por surgimiento de una inhabilidad sobreviniente, da cuenta de que la desvinculación del funcionario se produjo como consecuencia de un acto unilateral de la administración, a partir de la correspondiente motivación(32).

Así pues, lo que ocurrió en este caso fue la desvinculación del funcionario como consecuencia de un acto administrativo, cuya presunción de legalidad no fue desvirtuada, o por lo menos no obra prueba de ello en el expediente, de tal manera que dicha situación, para efectos de su indemnización, no guarda relación con la privación injusta de la libertad que aquí se estudia y la actuación procedente para obtener el resarcimiento de los perjuicios irrogados por este concepto, consistía en la solicitud de nulidad de la mencionada resolución, con las consecuencias económicas que de ello se derive.

Lo anterior para significar que los salarios dejados de percibir por parte del aquí demandante no serán objeto de reconocimiento dentro la presente actuación y, por tanto, corresponderá al interesado adelantar, si no lo ha hecho, las acciones judiciales pertinentes para el efecto, en tanto se cumplan los requisitos para proceder en tal sentido.

Con fundamento en lo que hasta aquí se ha señalado, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará la responsabilidad patrimonial de la Nación - rama judicial y se condenará a la mencionada entidad, en los términos y bajo los parámetros expuestos en precedencia.

8. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 13 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR que la Nación - rama judicial es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad que soportó el señor Manuel Mauricio de Alba Fontalvo.

2. CONDENAR a la Nación - rama judicial a pagar por concepto de perjuicios morales, la suma de cuarenta y un millones setecientos veintiocho mil doscientos ocho pesos ($41.728.208) a cada uno de los demandantes Manuel Mauricio de Alba Fontalvo, Everlys Brochero Morales, Scarleth de Alba Brochero, Danitza de Alba Brochero y Mauricio Rafael de Alba Brochero.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada la presente providencia por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

7 En este sentido, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido los siguientes fallos: sentencia del 27 de abril de 2011, Exp.: 21140, M.P.: Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de enero de 2012, Exp.: 22701, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 21 de marzo de 2012, Exp.: 23507, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 23 de febrero de 2012, Exp.: 18418, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 11 de julio de 2012, Exp.: 24008 , M.P.: Mauricio Fajardo Gómez y, más recientemente, sentencias del 23 de noviembre de 2016, Exp.: 45525, 14 de septiembre de 2016, Exp.: 43874 y del 24 de octubre de 2016, Exp.: 43159, entre muchas otras providencias.

8 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp.: 11001-03-26-000-2008- 00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

9 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, Exp.: 13622, C.P.: María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, Exp.: 21801 y auto del 9 de junio de 2010, Exp.: 37410, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.

10 Folio 101 del cuaderno principal.

11 Folio 21 del cuaderno principal.

12 Folios 22 a 24 del cuaderno principal.

13 Folio 20 del cuaderno principal.

14 Teniendo en cuenta que la parte actora aportó con la demanda copia auténtica de las decisiones proferidas en el proceso penal, se dará valor probatorio a los mencionados documentos, en tanto no fueron tachados por la parte demandada, contra la cual se aducen. De igual manera se advierte que se extraen, en lo pertinente, aquellos elementos probatorios que resultan relevantes para resolver la controversia.

15 Folios 35 a 54 del cuaderno principal.

16 Folios 56 a 70 del cuaderno principal.

17 Folios 31 a 33 del cuaderno principal.

18 Folios 25 a 29 del cuaderno principal.

19 Folios 91 a 93 del cuaderno principal.

20 Documento que emana de la entidad demandada y obró a lo largo del proceso sin que su contenido hubiere sido objetado por las partes, razón por la cual será tenido en cuenta para su valoración probatoria.

21 Folios 47 y 48 del cuaderno principal.

22 Folios 58 y 67 del cuaderno principal.

23 Folio 27 del cuaderno principal.

24 Sentencia proferida el 29 de julio de 2015 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P.: Hernán Andrade Rincón, Exp.: 39049.

25 En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P.: Hernán Andrade Rincón (E), se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, Exp.: 40240.

27 Folio 92 del cuaderno principal.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, Exp.: 34554, Rad.: 25000-23-26-000-2005- 02453-01, actor: Servando Pardo Reyes y otros, demandado: Nación - Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación y, más recientemente, la sentencia proferida por esta Subsección, el 1º de agosto de 2016, Exp.: 39747, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera.

29 Así se evidencia de la estimación razonada de la cuantía, vista a folios 12 a 14 del cuaderno principal.

30 IPC correspondiente al mes de junio de 2017 —vigente a la fecha de la presente providencia—.

31 IPC correspondiente a la fecha de presentación de la demanda —agosto de 2008—.

32 Folios 91 a 93 del cuaderno principal.