Sentencia 2009-00395/38883 de mayo 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Exp.: 76001-23-31-000-2009-00395 01 (38.883)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Euclides Ramiro Murillo y otros

Demandado: La Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., doce de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(2), de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(3), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o queda ejecutoriada la providencia que determina la absolución de responsabilidad penal a favor del procesado o la preclusión de la investigación, en el entendido de que, en esas oportunidades, se hace antijurídica la situación del privado de la libertad(4).

En el presente asunto, se observa que la providencia por medio de la cual el señor Euclides Ramiro Murillo fue exonerado en el proceso penal que se adelantó en su contra fue proferida el 31 de agosto de 2005(5) y quedó ejecutoriada el 22 de septiembre del mismo año(6); así y dado que la demanda de reparación directa fue instaurada el 5 de febrero de 2007, no hay duda de que ello ocurrió dentro del término de ley.

3. El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Euclides Ramiro Murillo, entre el 19 de agosto de 1999 (fecha de su captura) y el 14 de noviembre de 2000, cuando se le otorgó el beneficio de libertad provisional, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(7), que establece:

“ARTÍCULO 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(…)

“ARTÍCULO 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(8), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de Justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado -a la que se hizo referencia en apartado precedente- [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(9) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(10).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(11).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(12). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(13).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa(14). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(15).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(16): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible–, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(17).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(18).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o –en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del in dubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que ésta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de las entidades demandadas por los hechos que se les imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (art. 28 C.P.) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”(19).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce –sin discriminación alguna- la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5º C.P.) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (artículo 2º C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (artículo 29 eiusdem)(20).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

- En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

- En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(21).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(22).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o –en la opinión de la mayoría de la Sala- porque se le favoreció con la aplicación del in dubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, porque el hecho no existió, o porque existió pero no era delito, o porque era delito penal pero el imputado no lo cometió, como lo ha sostenido en forma reiterada la Sección Tercera del Consejo de Estado o -en opinión mayoritaria de la Sección- por virtud del principio del in dubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que hubiere privado a alguien del ejercicio del derecho fundamental a la libertad.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de Euclides Ramiro Murillo.

4. El caso concreto.

La Sala, con fundamento en el material probatorio válidamente recaudado, encuentra acreditado lo siguiente:

1. El 30 de agosto de 1999, la Fiscalía Seccional 8 Unidad Especializada Ley 30 de 1986 decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y prohibición de salir del país, sin beneficio de libertad provisional, en contra de Euclides Ramiro Murillo, al considerarlo presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. En dicha providencia se narró lo siguiente (se transcribe como obra en el expediente, incluso con errores):

“El día 10 de agosto de 1999 el Teniente LUIS ARMANDO BONILLA VAQUIRO, Jefe Grupo Especiales de la Policia Judicial de Cali, SIJIN presenta escrito a la Coordinadora de la URI informando los resultados de la investigación por ellos adelantada con respecto a un grupo de personas entre hombres y mujeres dedicadas al expendio de sustancias alucinógenas en la Avenida Secta Norte entre Calle 12 y 18 esquina de la Ciudad de Cali, y debido a la estructura y forma de operar que éstas personas poseen, se hace difícil capturarlas con la droga en su poder, por ello han procedido con las filmaciones…

“(…)

“Finalmente el día 18 de los corrientes solicita diligencia judicial de ALLANAMIENTO Y REGISTRO al inmueble ubicado en la CALLE 18 N° 5A-50 de la Ciudad de Cali ya que sus moradores entre personas mayores y menores se dedican a conservar sustancias estupefacientes, mediante Resolución Interlocutoria N° 007 del día 19 de los corrientes se ordenó apertura de esta investigación penal por el delito CONCIERTO PARA DELINQUIR en concurso con el comportamiento delictivo consagrado en la LEY 30 DE 1986, ordenandose la captura de esos sujetos referidos y la diligencia de allanamiento y registro a dicho inmueble, ésta arrojo resultados positivos ya que se sorprendio a la señora NANCY RENGIFO SALCEDO y GUSTAVO LOPEZ COLLAZOS, conservando para el expendio sustancia estupefaciente e igualmente se encontramos menores de edad en ese lugar, en ese operativo se logrola captura de los sujetos: ORLANDO RODRIGUEZ, RAMIRO MURILLO EUCLIDES, PATRICIA VALENCIA y JOSE LISANDRO PEREZ BRAVO quien al parecer son integrantes de esta organización delictiva” (f. 144 a 156, c. 1).

2. El 27 de noviembre de 2000, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cali calificó el fondo del mérito del sumario, en el sentido de proferir resolución de acusación en contra de Euclides Ramiro Murillo, entre otros, como presunto responsable del ilícito de concierto para delinquir en concurso con la violación de la ley 30 de 1986; en consecuencia, dispuso lo siguiente (se transcribe como obra en el expediente, incluso con errores):

“TERCERO.- Como colorario de esta determinación se mantiene la medida detentiva dispuesta inicialmente en contra de los mentados procesados manteniéndose las capturas ya dispuestas, siendo menester además revocar el beneficio de la libertad provisional que se había dispuesto en favor del señor EUCLIDES RAMIRO MURILLO, con fundamento en las consideraciones anotadas en este interlocutorio” (f. 26 a 36, c. 1).

Según la parte motiva de esta providencia, la Fiscalía había concedido el beneficio de libertad provisional al señor Euclides Ramiro Murillo, mediante resolución del 14 de noviembre de 2000 (fl. 34, c. 1).

3. El señor Euclides presentó recursos de reposición y de apelación en contra de la resolución de acusación proferida en su contra; no obstante, mediante resolución del 13 de mayo de 2001, la Fiscalía los declaró desiertos (fl. 49, c. 1).

4. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, a través de proveído del 31 de agosto de 2005, dictó sentencia absolutoria a favor de don Euclides, dispuso que la libertad provisional a él otorgada se tornara definitiva, dejó sin vigencia la medida de aseguramiento y la prohibición de salir del país proferidas en su contra y canceló la correspondiente orden de captura, con fundamento en lo siguiente (se transcribe como obra en el expediente, incluso con errores):

“EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, es un tipo penal de conducta instantánea, de resultado, de tipo complejo, pues son varios los verbos rectores que enmarcan las conductas en que puede incurrir el sujeto agente, es monoofensiva, pues sólo se lesiona el bien jurídico La Salud Pública, y lo comete cualquier persona, pues el tipo penal no requiere sujeto activo cualificado.

Está demostrada en el plenario su facticidad, así como la responsabilidad en cabeza de la señora PATRICIA VALENCIA y otras, personas a quienes les fueron incautadas las sustancias estupefacientes base en este proceso penal, tal como se registra en las diligencias de incautación y peritación de las sustancias halladas, inspección judicial al inmueble, indagatorias en la cual éstos confiesan su ilícito actuar y el acta de formulación y aceptación de cargos para sentencia anticipada en la cual aceptan los cargos por narcotráfico formulados por la Fiscalía General de La Nación a través de una de sus Fiscalías Especializadas Delegadas.

“¿Por qué no se puede predicar responsabilidad en el injusto penal a los demás involucrados? En el aparte respectivo relacionado con las pruebas se trató este aspecto, en el cual se concluyó que si bien uno de los procesados fue aprehendido el mismo día 19 de agosto de 1999, el otro fue retenido posteriormente. En relación con MURILLO éste fue retenido afuera de la residencia y sin portar sustancia alguna, quien en ese momento según las constancias procesales estaba dedicado a su subsistencia a través del rudimentario comercio de comestibles.

“(…)

“Como se puede apreciar en el plenario, el concierto para delinquir no se da, por cuanto el delito que originó el proceso es el de tráfico de estupefacientes, y, por esa conducta fueron sometidos a sentencia anticipada los señores PATRICIA VALENCIA, y otros, únicas personas a quienes les fueron incautadas las sustancias estupefacientes, únicas personas que confiesan los hechos y se someten al imperio de la ley penal; en lo que hace relación con el concierto para delinquir, el tipo penal requiere dentro de sus exigencias que se trate de pluralidad de conductas punibles, las cuales deben estar expresamente especificadas en la resolución de acusación. En el caso presente, en la providencia calificatoria del sumario no se hizo esa especificación, además, no se trata de varios delitos, sino solamente del delito de narcotráfico en cabeza de las personas referidas que confesaron la ilicitud y se sometieron al instituto de sentencia anticipada, por lo que el tipo penal endilgado no existe y mucho menos puede declararse existente.

“(…)

“Al predicarse que las supuestas pruebas allegadas a la actuación son insuficientes para fundamentar una sentencia condenatoria, se enrutará la presente decisión en una absolución, por cuanto se encuentra en firme la presunción de inocencia que no ha podido ser desvirtuada a través del proceso.

“De otro lado los dichos exculpatorios de cada uno de los sometidos al imperio del proceso penal son contestes con el mismo acervo probatorio, por lo que se comprueban de esta manera sus dichos de inocencia y ajenidad a los hechos; así mismo se arrimó al plenario el dictamen de estupefacientes en el cual se concluye que las sustancias halladas corresponden a peso neto de 22.2 grs de cocaína y 3.1 grs de marihuana, respectivamente. De esta circunstancia específica no cabe duda, sinembargo otros sujetos procesales sometidos al juicio se irrogaron la propiedad de tales sustancias y dejaron en limpio a los ahora procesados” (se resalta, fls. 37 a 72, c. 1).

Se acreditó, entonces: i) que el señor Euclides Ramiro Murillo fue capturado el 19 de agosto de 1999, por su presunta participación en la comisión de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, ii) que, con ocasión de lo anterior, el 30 de agosto siguiente la Fiscalía profirió medida de aseguramiento de detención preventiva con prohibición de salir del país, sin otorgarle beneficio de libertad provisional, iii)) que, no obstante, el 14 de noviembre de 2000 el órgano investigador le otorgó dicho beneficio, iv) que, el 27 de noviembre de ese año, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra del acá demandante y, en consecuencia, revocó la libertad provisional concedida (no hay prueba en el expediente que demuestre que el procesado fue privado de la libertad nuevamente, con ocasión de esta decisión) y v) que, finalmente, mediante sentencia del 31 de agosto de 2005, el señor Euclides Ramiro Murillo fue absuelto de responsabilidad penal por los delitos que se le imputaron, en los términos recién transcritos.

La situación descrita, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corporación(23), cual es que el sindicado no cometió el delito. Lo anterior, por cuanto se evidenció, por un lado, que don Euclides fue capturado a pesar de no encontrársele sustancias alucinógenas en su poder y, por otro lado, que la señora Patricia Valencia y otras personas, a quienes sí se les halló en posesión de estupefacientes, confesaron tener la propiedad sobre aquéllas sustancias.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el actor fue privado injustamente de la libertad y que, por tanto, no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que el mismo debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la Administración de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes.

De conformidad con lo anterior, esta corporación insiste en que, en casos como éste, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue la Fiscalía General la que determinó que el señor Euclides Ramiro Murillo estuviese privado de su libertad. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(24); sin embargo, ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.

Ahora, sobre el tiempo que el demandante estuvo bajo aquélla medida, la Sala considera oportuno reiterar que la captura de don Euclides se llevó a cabo el 19 de agosto de 1999, que el 14 de noviembre de 2000 se le otorgó libertad provisional, que el 27 de noviembre siguiente se revocó dicho beneficio y que el 31 de agosto de 2005 fue absuelto de responsabilidad penal. Al leer la parte resolutiva de la providencia producida en esta última fecha, se observa que el juez penal, a pesar de disponer la absolución a favor de Euclides Ramiro Murillo, no ordenó la libertad inmediata de éste y, por el contrario, dispuso que la libertad provisional a él otorgada se entendiera definitiva y, en consecuencia, canceló la orden de captura librada en su contra, lo cual da a entender que, a pesar de que el 27 de noviembre de 2000 se revocó el beneficio de libertad provisional, su captura no se hizo efectiva nuevamente y que, entonces, el acá demandante estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario durante 14,83 meses, esto es, entre el 19 de agosto de 1999 y el 14 de noviembre de 2000, y que, posteriormente, estuvo sometido a privación jurídica de la libertad, en virtud de la medida de libertad provisional y, en particular, de la prohibición de salir del país, durante 57,53 meses, los cuales se cuentan desde el 15 de noviembre de 2000 hasta el 31 de agosto de 2005.

Así las cosas, forzoso resulta concluir que el daño causado a los demandantes por la privación injusta de la libertad, tanto física como jurídica del señor Euclides Ramiro Murillo, que se prolongó durante 72,4 meses (desde el 19 de agosto de 1999 hasta el 31 de agosto de 2005), es jurídicamente imputable a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia apelada, en cuanto declaró la responsabilidad de aquélla por los hechos causantes del daño cuya indemnización se demanda.

5. Indemnización de perjuicios.

a. Perjuicios morales.

Con el fin de calcular la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad, esta Subsección ha tenido en cuenta el tiempo durante el cual el demandante estuvo sometido a la medida de aseguramiento, sin hacer distinción alguna entre la privación física de la libertad y aquélla detención preventiva que está acompañada del beneficio de libertad condicional.

En efecto, respecto de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva acompañada del beneficio de libertad provisional, esta Subsección ha señalado que:

“Con fundamento en las anteriores disposiciones normativas, puede inferirse que (sic) en vigencia del Decreto 2700 de 1991, la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, aunque estuviere acompañada del beneficio de la libertad provisional, cuyo disfrute se condicionaba a la constitución previa de una caución, independientemente de su legalidad o ilegalidad, necesariamente implicaba, per se, una limitación al mencionado derecho fundamental de la libertad, circunstancia que eventualmente podía generar un daño antijurídico cuando se hubiere establecido, entre otras hipótesis, que la conducta no hubiere sido cometida por el sindicado, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se habría hecho padecer al sindicado.

En efecto, dichas medidas consistentes en la prohibición de salir del territorio nacional, la comparecencia ante la autoridad penal cuando ésta lo requiera y el deber de dar aviso sobre el cambio de su residencia, conllevan una limitación a la libertad, específicamente respecto de la libertad de circulación y la libertad de fijar domicilio (artículo 24 de la C.P.), amén de la afectación que la aludida medida de aseguramiento representaba necesariamente para el propio derecho a la libertad en el plano del mundo jurídico, independientemente de que la detención correspondiente no se hiciere efectiva en el plano real por razón del también referido beneficio de libertad provisional, cuya sola denominación evidenciaba que el afectado no podía gozar a plenitud de su derecho fundamental sino de manera provisional, es decir (sic) con limitaciones, con restricciones.

“Agréguese (sic) a lo anterior que el artículo 24 constitucional prevé dos expresiones de la libertad personal en cabeza de los colombianos (sic) que revisten el carácter de derechos fundamentales: i) la libertad de locomoción o circulación que comprende el sentido más elemental de la libertad inherente a la condición humana, esto es, la facultad de desplazarse y de transitar por todo el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de entrar y de salir del país sin que para su ejercicio sea menester permiso de autoridad alguna; este derecho fundamental se encuentra amparado internacionalmente por múltiples convenios y tratados en su dimensión negativa o defensiva, vale decir, en tanto limita el ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo (artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948(25), artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968(26), artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la ley 16 de 1972(27), entre otros convenios); y ii) la libertad de fijar domicilio, dimensión que entraña la facultad autónoma e inalienable de toda persona(28) para definir el sitio donde desea vivir, expresión de la libertad que constituye también manifestación del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica (artículo 14 de la Carta Política) y del libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 16 eiusdem, por cuya virtud se excluyen las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona(29).

“En relación con el derecho de libertad de circulación y residencia, tal como está contenido en la Carta Política, así como en los diferentes instrumentos internacionales, implica entonces que una persona no sólo no pueda ser desplazada y trasladada contra su voluntad de un lugar a otro, dentro o fuera del territorio nacional, sino que no se le impida, por cualquier medio, hacerlo cuando así lo desee. (…)”.

De manera tal que la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, aunque estuviere matizada o acompañada del beneficio de libertad provisional, dará lugar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, en cuanto a la finalización del respectivo proceso penal se hubiere concluido con exoneración a favor del imputado, pues resulta desde todo punto de vista desproporcionado exigirle a un particular que soporte inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, el verse limitado en su libertad, incluyendo la libertad de circulación y de escoger domicilio, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de Administración de Justicia si, una vez desplegada su actividad, esta Rama del Poder Público concluye que no se desvirtuó la presunción de inocencia del particular al que se inculpaba.

“Por manera que –reitera la sala– las obligaciones derivadas de la medida cautelar consistente en detención preventiva, aunque se relativice por razón del beneficio de la libertad provisional en virtud de la constitución de una caución prendaria, a la cual se añade (sic) necesariamente las obligaciones de no cambiar de domicilio ni salir del país sin previa información y autorización de la autoridad judicial respectiva, así como la de presentación ante el organismo competente cuando éste lo requiera, obviamente resulta generadora de un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis, que la conducta no fue cometida por el sindicado, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer.

“Así las cosas, esa limitación de la libertad no constituye una carga que todos los ciudadanos deban soportar por igual y, por ende, cuando se demuestre que el administrado no cometió el hecho que sirvió de base a la medida cautelar y acredite los perjuicios que la misma le ocasionó, habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por haber causado a una persona un daño antijurídico, de todo lo cual se deriva la responsabilidad del Estado”(30) (se destaca).

Luego, esta Subsección reiteró el pronunciamiento jurisprudencial antes transcrito, así:

Ahora bien, existen otros supuestos en los cuales si bien la persona objeto de la medida de aseguramiento no hubiese sido detenida físicamente o intramuros, lo cierto es que la sola imposición de dicha medida implica, per se, una limitación al mencionado derecho fundamental de la libertad, circunstancia que eventualmente podía (sic) generar un daño antijurídico cuando se hubiere establecido, entre otras hipótesis, que la conducta por la cual se lo investigó no constituía hecho punible, en tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se habría hecho padecer al sindicado.

“Ciertamente, la decisión en firme que decreta la imposición de dicha medida de aseguramiento conlleva una limitación a la libertad, específicamente respecto de la libertad de circulación, la libertad de fijar domicilio y libertad de escoger profesión u oficio (artículos 24 y 26 de la C.P.), amén de la afectación que la aludida medida de aseguramiento representaba necesariamente para el propio derecho a la libertad en el plano del mundo jurídico, independientemente de que la detención correspondiente no se hiciere efectiva en el plano real”(31) (se destaca).

Posteriormente, esto es, el 9 de marzo del presente año(32), esta Subsección aclaró que, si bien es cierto que toda persona sometida a una medida de aseguramiento o que se le haya impuesto una restricción jurídica de su libertad en virtud de un proceso penal tiene derecho a una reparación, cuando resulta absuelta o la investigación haya precluido a su favor, también es cierto que, con el fin de calcular el monto indemnizatorio por perjuicios morales, se debe tener en cuenta qué tipo de medida la afectó, esto es, si se trató de una privación física de su libertad en establecimiento carcelario, o si se le impuso una privación jurídica de la misma.

Así se pronunció la Subsección en aquélla oportunidad:

“… el quantum indemnizatorio a reconocer frente a una persona que ha sufrido una privación injusta y física de su libertad, no será siempre el mismo que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la afronta de manera física en un establecimiento carcelario.

“Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que la finalidad de la medida de aseguramiento no es la de sancionar al sindicado sino la de asegurar su comparecencia al proceso, quien seguirá gozando de la presunción de inocencia, pero debe permanecer a disposición de la Administración de Justicia:

‘En síntesis, y acorde con los múltiples pronunciamientos jurisprudenciales reseñados, las medidas de aseguramiento tienen un carácter preventivo, mientras se determina la responsabilidad del imputado o acusado. No constituyen por ende una sanción como tal, como quiera que su naturaleza siempre será la de una actuación cautelar, eminentemente excepcional, cuyo carácter es meramente instrumental o procesal, más no punitivo, esto es, no debe estar precedida de la culminación de un proceso, pues tal exigencia, como pretende hacer ver el aquí demandante y algunos de los intervinientes desnaturalizaría su finalidad, se insiste, preventiva’(33) (Énfasis añadido).

“Por su parte, el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos materia del presente asunto (Decreto 2700 de 1991), respecto de las diferentes medidas de aseguramiento y los requisitos para la imposición de estas, disponía lo siguiente:

‘ARTÍCULO 388. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso’ (Se destaca).

“En tanto que la privación física de la libertad dentro de cárceles o centros penitenciarios constituye evidentemente una muestra del poder punitivo del Estado, que no una simple decisión cautelar, como sí lo es la medida de aseguramiento.

“En virtud de esa expresión punitiva del Estado surge una total subordinación del recluso frente a aquel, pues el interno queda sometido a un régimen jurídico especial, con una restricción de sus derechos fundamentales mucho más amplia frente a quienes son objeto de una medida cautelar o preventiva, como lo es la medida de aseguramiento sin detención física, tal como ocurrió en este caso.

“Entre esa amplia gama de derechos fundamentales que resultan afectados se destacan la intimidad, la reunión, el trabajo, la educación, entre otros no menos importantes, al punto que la referida relación de subordinación en la que se ubica, per se, el privado físicamente de su libertad en centro penitenciario, ha sido considerada por la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo como una relación de especial sujeción(34).

“Así pues, dadas las diferencias evidentes que existen entre una y otra restricción a la libertad, es decir, aquella que comporta la privación física dentro de un centro carcelario y la que surge como consecuencia de una medida de aseguramiento de carácter preventivo o cautelar, la Sala advierte que la indemnización a reconocer por concepto del perjuicio moral frente a los daños antijurídicos producidos a causa de estas últimas no debe ser la misma a la que se accede frente a personas que sí contaron con una limitación de su libertad en la totalidad de su expresión o dimensión.

“Sin que lo anterior constituya, desde luego, una regla absoluta e inmodificable, pues se precisa que en cada caso el juez deberá analizar la restricción jurídica a la libertad que sufrió el procesado que posteriormente resulta absuelto como consecuencia de una medida de aseguramiento, lo cierto es que la indemnización que se reconozca a los afectados no deberá ser, desde el punto de vista pecuniario, idéntica a la que se le reconoce a quienes sí fueron víctimas de una privación física de tan esencial derecho fundamental y la padecieron, además, en un centro de reclusión o cárcel”.

Con fundamento en lo recién transcrito, en ese caso la Subsección redujo en un 50% la indemnización por perjuicios morales a favor de la parte actora, toda vez que el demandante no estuvo privado físicamente de su libertad.

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que, como ya se mencionó, el señor Euclides Ramiro Murillo estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario durante 14,83 meses y que posteriormente se le concedió la libertad provisional con prohibición de salir del país -medida que perduró por 57,53 meses-, la Sala liquidará el monto de la indemnización, así: respecto del primer período, se ceñirá a los parámetros jurisprudenciales acogidos por esta corporación que se explicarán a continuación y, respecto del último período, es decir, de los 57,53 meses que duró la privación jurídica de la libertad, la Sala reducirá el 50% del valor de la condena correspondiente; pero, en todo caso, el valor total de la indemnización no podrá superar los topes máximos establecidos para asuntos de privación injusta de la libertad, salvo que se demuestre una condición particular que así lo amerite(35).

Pues bien, con los respectivos registros civiles de nacimiento(36), los demandantes acreditaron el parentesco entre el señor Euclides Ramiro Murillo (víctima) y Régulo, Alberto y Johana Murillo Gómez (hijos), y Gina Lizzette y Jerlin Stefany Riascos Murillo (nietas).

Sobre la señora Rosa Elvira Gómez González, quien compareció al proceso en calidad de compañera permanente de la víctima, se encuentra que se aportó una declaración extrajudicial rendida ante Notario por ella y por Euclides Ramiro Murillo(37); al respecto, la Sala precisa que esa declaración no cumple con los requisitos de ley para que sea valorada como prueba, toda vez que no fue ratificada por los declarantes, previo juramento de ley, tal como lo exigen los artículos 229, 298, 299 del C. de P. C., es decir, comoquiera que la declaración contenida en el mencionado documento fue tomada por fuera del presente proceso, sin la audiencia de la parte demandada y no fue objeto de ratificación, carece de eficacia probatoria.

Sin embargo, con el ánimo de acreditar la relación entre Rosa Elvira Gómez González y Euclides Ramiro Murillo se practicaron en el proceso unos testimonios de cuyas actas se extrae lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente):

— “PREGUNTADO POR EL DESPACHO: Sírvase informarle al despacho, como esta conformado el Núcleo familiar del señor EUCLIDES RAMIRO MURILLO, informando los nombres completos. CONTESTO: Su esposa se llama ROSA ELVIRA GOMEZ, los hijos se llaman YOBANA, se me olvido el nombre de un hijo, el otro hijo se llama ALBERTO, una nieta se llama YINA… y la otra nieta se llama YERLI” (testimonio de la señora Ana Bolena Burbano Urbano, f. 159 a 160, c. 1).

— “PREGUNTADO POR EL DESPACHO: Sírvase informarle al despacho, como esta conformado el Núcleo familiar del señor EUCLIDES RAMIRO MURILLO, informando os nombres completos. CONTESTO: Si lo conozco el núcleo familiar, su esposa ROSA GOMEZ, no se el nombre de sus hijos… anímicamente los vi muy afectados, a la señora y a toda la familia” (testimonio del señor Maximiliano Capote, f. 157 a 158, c. 1).

A juicio de la Sala, las declaraciones recién transcritas constituyen un elemento de prueba idóneo para acreditar la calidad con la que la señora Rosa Elvira Gómez González compareció al proceso, esto es, como compañera permanente de Euclides Ramiro Murillo, habida cuenta que los dos testigos la identifican como la esposa de éste y, además, aseguran que ella hace parte del núcleo familiar de don Euclides.

Pues bien, es preciso mencionar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de privación injusta de la libertad, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad(38) y de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, y así lo ha reconocido en diferentes oportunidades(39).

Ahora, a fin de indemnizar de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la privación injusta de una persona, esta corporación, mediante sentencias del 28 de agosto de 2013 (Exp. 25022) y del 28 de agosto de 2014 (Exp. 36149), formuló una guía para la tasación de perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual la víctima estuvo bajo dicha medida de aseguramiento, en los siguientes términos:

TABLI
TABLI
 

Así y teniendo en cuenta que el señor Euclides estuvo privado injustamente de la libertad en establecimiento carcelario 14,83 meses, medida que le produjo tanto a él, como a su compañera permanente, a sus hijos y a sus nietas un profundo dolor, aflicción, angustia y congoja que deben ser resarcidos, habría lugar a las siguientes condenas: 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del señor Euclides Ramiro Murillo, el mismo monto para cada uno de sus hijos y otro tanto para su compañera permanente; por su lado, cada una de las nietas de la víctima tendría derecho a una indemnización de 45 salarios mínimo legales mensuales vigentes.

Ahora, acogiendo los criterios de la atrás mencionada sentencia del 9 de marzo de 2016, la tasación de perjuicios morales por la privación jurídica de la libertad de que fue objeto el señor Euclides durante 57,53 meses sería la siguiente: 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del señor Euclides Ramiro Murillo, la misma suma para cada uno de sus hijos y para su compañera permanente, y 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de cada una de las nietas de la víctima.

Así las cosas, como la indemnización total para cada uno de los demandantes supera(40) los valores máximos establecidos para estos asuntos y comoquiera que no se evidenció una situación especial o particular que amerite el incremento de la misma por perjuicios morales, la Sala mantendrá los valores de la condena impuesta por el Tribunal a favor de la víctima, su compañera permanente y sus nietas, por cuanto coinciden con los criterios de indemnización atrás mencionados, esto es, 100 salarios mínimos a favor de Euclides Ramiro Murillo, el mismo monto para Rosa Elvira Gómez González, y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada una de sus nietas Gina Lizzette y Jerlin Stefany Riascos Murillo.

Ahora, respecto de los hijos de la víctima debe decirse que, si bien es cierto conforme a las dos sentencias acabadas de citar tendrían derecho a recibir el mismo monto reconocido a favor del señor Euclides (100 s.m.m.l.v.), también es cierto que esta corporación no puede agravar la situación de la Fiscalía General de la Nación en su condición de apelante único, en virtud del principio de la no reformatio in pejus; en consecuencia, mantendrá los valores de la condena impuesta por el Tribunal a favor de ellos, por perjuicios morales, esto es, de 80 s.m.m.l.v. para cada una de las siguientes personas: Régulo Murillo Gómez, Alberto Murillo Gómez y Johana Murillo Gómez.

b. Perjuicios materiales.

Lucro cesante

El señor Euclides Ramiro Murillo solicitó por este concepto la suma de dinero que dejó de percibir durante el tiempo que permaneció privado de la libertad en establecimiento carcelario que, según él, fue de 45 meses; sin embargo, como ya se calculó atrás, esa medida perduró durante 14,83 meses.

Con el fin de calcular el lucro cesante que, a juicio del demandante, corresponde a lo que el señor Euclides Ramiro Murillo dejó de percibir durante el tiempo que permaneció privado de la libertad en establecimiento carcelario, la contadora Ruby Duque manifestó que inspeccionó comprobantes de compra de mercancías, recibos de gastos operacionales y la certificación de proveedores, documentos a partir de los cuales aseguró que aquél percibía, como comerciante independiente, un ingreso de $50.000 diarios, correspondientes a la venta de diferentes productos y a las operaciones comerciales que realizaba en una caseta ubicada en la Calle 18 Norte frente al # 5 AN 50 de Cali(41).

Al respecto, la Sala considera que este certificado contable no ofrece certeza sobre las ganancias económicas mensuales del señor Euclides, en tanto carece de prueba que corrobore dicho resultado, pues si bien la contadora mencionó los documentos en los que se basó para realizar dicho cálculo, lo cierto es que éstos no fueron allegados al proceso, de manera que se desconoce de dónde proviene dicha cifra y lo correcto de la misma.

Sin embargo, ello no obsta para que la Sala acceda a la liquidación del mencionado perjuicio, máxime que está demostrado que el demandante, para el momento de su captura, trabajaba como “vendedor estacionario de revistas, cigarrillos, dulces, periódicos, etc., ubicado en la Calle 18N frente al # 5 AN 50, desde el mes de Septiembre de 1984 hasta Agosto de 1999”(42). Así lo confirmó la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad – División de Seguridad, Orden y Espacio Público de la Alcaldía de Cali, mediante oficio DSOEP-0876 del 6 de junio de 2001(43). De esta manera, es posible inferir que el señor Euclides Ramiro Murillo tenía, por lo menos, un ingreso mensual mínimo, lo cual permite que se acuda al valor del salario mínimo mensual vigente para la época de la privación de la libertad (1999), esto es, $236.460, cifra que será tenida en cuenta y que se actualizará a la fecha de esta sentencia, así:

Vp = Vh Índice Final

Índice Inicial

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar ($236.460).

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (abril de 2016).

Índice inicial: índice de precios al consumidor a noviembre de 2000 (fecha en que se le otorgó la libertad provisional).

Aplicando la fórmula:

Vp = $236.460 131,28

61,70

Vp = $503.119

Teniendo en cuenta que la suma anterior es inferior al salario mínimo legal mensual vigente de este año, esto es, $689.455(44), se tendrá en cuenta este último, valor que será incrementado en un 25% ($172.364), por concepto de prestaciones sociales, de manera que se tomará como base para la liquidación la suma de $861.819; sin embargo, al valor anotado no se le incrementará el lapso que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a una actividad laboral, esto es, 8.75 meses, pues, como ya se ha dicho en esta providencia, él trabajaba como comerciante independiente y “continua (sic) trabajando en la Av. 6N con Calle 20, en una caseta donada por la Alcaldía”(45), lo que significa o al menos hace suponer que continuó laborando, una vez se le otorgó la libertad provisional.

Así, pues, la liquidación del lucro cesante para el señor Euclides Ramiro Murillo se hará con base en la fórmula

S = Ra (1+ i)n – 1

i

Donde “Ra” es el ingreso mensual actualizado, “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses calculado anteriormente (14,83 meses).

Aplicando la fórmula:

S = $861.819 (1+ 0.004867)14,83 - 1

0.004867

S = $13’220.000

En consecuencia, el valor total de la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor del señor Euclides Ramiro Murillo es de trece millones doscientos veinte mil pesos ($13’220.000).

Daño emergente

La parte actora solicitó por este concepto los $5’000.000 que “cancelo (sic) la familia del señor Euclides Ramiro Murillo, al Doctor…, para que asumiera su defensa ante la Fiscalía General y ante el Juzgado Cuarto penal (sic) Especializado del circuito (sic) de Cali”. Para acreditar dicho perjuicio, aportó al proceso el recibo 13 del 31 de agosto de 2005, por medio del cual el abogado certificó haber recibido dicha suma, por parte de Rosa Elvira Gómez, por concepto de honorarios profesionales.

En consecuencia, se actualizará dicha suma a la fecha de esta sentencia, así:

Vp = Vh Índice Final

Índice Inicial

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.

Vh: valor a actualizar

Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (abril de 2016).

Índice inicial: índice de precios al consumidor de los meses en los que se realizó el pago (agosto de 2005).

Vp = $5’000.000 131,28

83,40

Vp = $7’870.503

Así las cosas, el valor total de la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor de la señora Rosa Elvira Gómez, es de siete millones ochocientos setenta mil quinientos tres pesos ($7’870.503).

c. Daño a bienes constitucionalmente protegidos, denominado por el actor como “daño a la vida de relación”.

La parte actora solicitó 700 s.m.m.l.v. como indemnización a favor de cada uno de los demandantes, a título de daño a la vida de relación.

Sea lo primero advertir que este tipo de perjuicio ha sido objeto de estudio por la Sala en diversas oportunidades; en efecto, en la sentencia del 19 de julio de 2000 se reformuló el concepto del perjuicio fisiológico por el de daño a la vida de relación y allí se precisó:

“El daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados `daño a la vida de relación´, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial –distinto del moral– es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre(46) (negrillas adicionales).

Después, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 2007(47), la Sala abandonó esta última denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando -en ocasiones de manera inadecuada o excesiva- para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1° de la Constitución Política.

“(…).

“El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones”.

Así, la Sala había considerado que, cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que, a su vez, afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; en consecuencia, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(48).

Posteriormente, en sentencia del 14 de septiembre de 2011, la Sala modificó nuevamente la denominación de dicho perjuicio por el de daño a la salud. Allí se puntualizó lo siguiente:

“Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicioinmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de ‘daño corporal o afectación a la integridad psicofísica’ y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación(49).

De conformidad con lo anterior, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (Exp. 32.988) la Sala precisó, respecto de los perjuicios por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, lo siguiente:

“15.4.1. El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

“ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

“iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

“iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al (sic) grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

“15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

“i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

“ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

“iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º (sic) de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas ‘de crianza’, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

“iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.

“v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.

“vi) Es un daño frente al cual se confirme (sic) el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

“15.4.3. En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado”.

Según lo expuesto, esta corporación ha concluido que es procedente el reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicios inmateriales distintos a los de carácter moral, tanto para la víctima como para los familiares de quien es sometido a una privación injusta de su libertad, a título de daño a bienes constitucionalmente protegidos -como el derecho a la honra y al buen nombre-, los cuales, en este caso, evidentemente resultaron afectados con la medida impuesta al demandante, razón por la cual se encuentra que dicha vulneración se concretó en punto al artículo 21 de la Constitución Política.

En efecto, los declarantes, respecto del reproche social de que ha sido objeto la víctima directa del daño, manifestaron lo siguiente (se transcribe textual):

— “PREGUNTADO: Manifieste usted al despacho si usted tuvo conocimiento si el señor EUCLIDES MURILLO cuando se produjo su captura por medio de la prensa y radio se publico su fotografía como presunto autor de narcotráfico. CONTESTO: En la prensa salio su foto, en el Caleño. PREGUNTADO: Puede manifestar usted al despacho si con esta publicación en la prensa y medios de comunicación de la ciudad de Cali como pudo usted sentirse amigo, igualmente el grupo social que le produjo al señor EUCLIDES MURILLO y su familia. CONTESTO: Yo siempre lo conocí como una persona honrada y cuando supe la noticia me sorprendió, afecto a la familia” (testimonio del señor Maximiliano Capote, f. 157 a 158, c. 1).

— “PREGUNTADO: Manifieste usted al despacho si usted tuvo conocimiento si el señor EUCLIDES MURILLO cuando se produjo su captura por medio de la prensa y radio se publico su fotografía como presunto autor de narcotráfico. CONTESTO: Salio en un periódico, todo el mundo se dio cuenta, salio en ‘El Caleño’ PREGUNTADO: Puede manifestar usted al despacho si con esta publicación en la prensa y medios de comunicación de la ciudad de Cali como pudo usted sentirse amigo, igualmente el grupo social que le produjo al señor EUCLIDES MURILLO y su familia. CONTESTO: Afecto mucho ya que todo el mundo lo lee y la gente empieza a hablar” (testimonio de la señora Ana Bolena Burbano Urbano, f. 159 a 160, c. 1).

Así las cosas, al encontrar e identificar el bien constitucionalmente protegido que resultó afectado con la medida impuesta al ahora demandante, se entiende configurado el daño que se solicitó reparar a título de “daño a la vida de relación”. Ahora, es cierto que la parte actora reclamó por dicho perjuicio una indemnización de 700 s.m.m.l.v. para cada demandante, pero también es cierto que, como se mencionó atrás, éste se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario y, de manera excepcional, a través de una reparación económica cuando se encuentre que aquéllas, es decir, las medidas no pecuniarias, resultan insuficientes para reparar integralmente a la víctima, caso en el cual se podrá imponer una condena de hasta 100 s.m.m.l.v., únicamente para la víctima directa del daño.

Entonces, al observar que los derechos a la honra y al buen nombre del señor Euclides Ramiro Murillo se vieron afectados con la publicación de su captura en los medios de comunicación locales de Cali, la Sala considera que, para este caso, resulta pertinente privilegiar la medida reparatoria no indemnizatoria, en tanto es procedente y oportuno ordenar a la Fiscalía General de la Nación que, a fin de resarcir el perjuicio causado a don Euclides -pues respecto de los demás demandantes no se demostró de manera concreta en qué consistió dicho perjuicio-, divulgue que el acá demandante fue absuelto del delito por el cual estuvo privado injustamente de la libertad, lo cual deberá hacerse a través de un periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali.

6. Condena en costas

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 19 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Euclides Ramiro Murillo.

2. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Euclides Ramiro Murillo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de trece millones doscientos veinte mil pesos ($13’220.000).

3. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Rosa Elvira Gómez González, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de siete millones ochocientos setenta mil quinientos tres pesos ($7’870.503).

4. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, las siguientes sumas:

— El equivalente a cien (100) s.m.ml.v., a favor de Euclides Ramiro Murillo (víctima).

— El equivalente cien (100) s.m.ml.v., a favor de Rosa Elvira Gómez González (compañera permanente).

— El equivalente a ochenta (80) s.m.ml.v., a favor de Régulo Murillo Gómez (hijo).

— El equivalente a ochenta (80) s.m.ml.v., a favor de Alberto Murillo Gómez (hijo).

— El equivalente a ochenta (80) s.m.ml.v., a favor de Johana Murillo Gómez (hija).

— El equivalente a cincuenta (50) s.m.ml.v., a favor de Gina Lizzette Riascos Murillo (nieta).

— El equivalente a cincuenta (50) s.m.ml.v., a favor de Jerlin Stefany Riascos Murillo (nieta).

5. ORDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación que, a fin de reparar el daño causado a los bienes constitucionalmente protegidos (la honra y el buen nombre), divulgue, a través de un periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali, que el señor Euclides Ramiro Murillo fue absuelto del delito por el cual estuvo privado injustamente de la libertad.

6. Sin condena en costas.

7. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

4 Entre otros, sentencias del 14 de febrero de 2002 (Exp. 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (Exp. 21.801).

5 Folios 37 a 72. c. 1.

6 Folios 143, c. 1.

7 La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

8 “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007 (Exp. 15.463).

10 En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en sentencia de 19 de octubre 2011, Expediente 19.151, precisó: “… no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma…”.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006 (Exp. 13.168); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007 (Exp. 15.463).

12 Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1992 (Exp. 7058).

13 Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994 (Exp. 8666).

14 Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994 (Exp. 9391).

15 Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995 (Exp. 10056).

16 Rodríguez Villamizar, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

17 Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 1997 (Exp. 11.754). No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

18 Sentencia de 20 de febrero de 2008 (Exp. 15.980).

19 García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis y otros, Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258.

20 El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “... por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

21 Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

22 Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

23 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006 (Exp. 13.168) y sentencia del 2 de mayo de 2007 (Exp. 15.463).

24 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009 (Exp. 17.517), reiterada en sentencia de abril 15 de 2011 (Exp. 18.284) y en sentencia de 26 de mayo de 2011 (Exp. 20.299).

25 “Toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”.

26 “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él...”.

27 “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
“2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”.

28 Según el Código Civil, el domicilio es un atributo de la personalidad (art. 76 C.C.) que consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.

29 Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 1998.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2011 (Exp. 19.958).

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de agosto de 2012 (Exp. 27.059).

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A (Exp. 34.554).

33 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-695 de 2013.

34 Corte Constitucional, sentencias T-596/92, T-065/95, C-318/95, T-705/96, T-1190/03,T-490/04, T-881/02 y T-134/05, las cuales fueron acogidas y, por ende, citadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección A, en sentencia de 3 de abril de 2013, Exp. 26.581, entre muchas otras providencias.

35 Al respecto esta Corporación ha sostenido que, si bien es cierto que dichos topes corresponden a unos parámetros objetivos que no implican una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, también es cierto que, para apartarse de los mismos, el juez debe valorar las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente (ver sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022).

36 F. 6 a 10, c. 1.

37 F. 11. c. 1.

38 Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, (Exp. 12.076).

39 Sentencia de 20 de febrero de 2.008 (Exp. 15.980), por ejemplo.

40 Se suman 140 salarios mínimos a favor de Euclides Ramiro Murillo, el mismo monto para cada uno de sus hijos Régulo, Alberto y Johana Murillo Gómez y otro tanto para la señora Rosa Elvira Gómez González, y 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada una de las nietas Gina Lizzette y Jerlin Stefany Riascos Murillo.

41 Folio 12, c. 1.

42 Certificado del Sindicato de Vendedores Estacionarios del Valle (fl. 18, c. 1).

43 Folio 23 a 24, c. 1.

44 Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015.

45 Certificado del Sindicato de Vendedores Estacionarios del Valle (fl. 18, c. 1).

46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2000 (Exp. 11842).

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007.

48 Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007 (Exp. 16407).

49 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre 2011 (Exp. 19031).