Sentencia 2009-00403-54226 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 19001-23-31-000-2009-00403-01(54226)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: C.D. y otros

Demandado: Rama judicial y otro

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Temas: Falla en el servicio - La autoridad que ordenó tanto la apertura de instrucción como la captura no tenía competencia para ello.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) competencia de la sala; 3) legitimación en la causa; 4) ejercicio oportuno de la acción; 5) las pruebas aportadas al proceso; 6) caso concreto; 6.1) responsabilidad de la rama judicial; 6.2) responsabilidad del Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la restricción de la libertad que padeció la señora C.D.; 7) actualización de la condena y 8) procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

Así las cosas, de conformidad con lo normado en el artículo 16 de la Ley 1285, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada, toda vez que a pesar de que la responsabilidad patrimonial que le asiste a la parte demandada —rama judicial— lo es a título de falla en el servicio, tal como se verá más adelante, la parte actora fue enfática en señalar que el hecho dañoso por cuya virtud se demanda, se produjo con ocasión de una privación injusta de la libertad.

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional en contra de la sentencia proferida el 29 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso(13).

3. Legitimación en la causa.

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se encuentra demostrado que, en virtud de la orden de captura Nº 1416 del 21 de noviembre de 1994, la señora C.D. fue aprehendida por la supuesta comisión del delito de hurto simple, de tal suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

En relación con los menores J.C.F.D. y J.A.D., observa la subsección que a folios 9 y 10 del cuaderno Nº 1, obran los registros civiles de nacimiento de los referidos actores, con los cuales se acredita su parentesco en calidad de hijos de la señora C.D.

Por otro lado, a folio 7 del cuaderno Nº 1, reposa el registro civil de nacimiento de la señora C.D., con el cual se demuestra que su madre es la señora I.L.D.V.

En cuanto a la señora R.L.D., se observa que a folio 11 del cuaderno Nº 1, obra el registro civil de nacimiento de la mencionada demandante, en el cual consta su parentesco en calidad de hermana de la señora C.D., información que se acompasa con el registro civil de nacimiento de la víctima directa del daño(14).

4. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(15).

Así pues, se precisa que en el sub judice el término de caducidad se contará desde el momento en el que la señora C.D. fue dejada en libertad, esto es, desde el 22 de octubre de 2007(16), toda vez que desde la mencionada fecha cesó el hecho dañoso por cuya virtud se demanda.

En ese sentido, debido a que la señora C.D. quedó en libertad el 22 de octubre de 2007, se infiere que el término de caducidad de la presente acción debe contabilizarse a partir del día siguiente de su liberación, es decir, desde el 23 de octubre de 2007, por tanto, el término de los dos (2) años vencería el 23 de octubre de 2009.

En el expediente obra constancia expedida por el procurador 39 Judicial II Administrativo de Popayán (Cauca), en la cual se evidencia que la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 19 de octubre de 2009(17), cuando el término de caducidad aún no había fenecido —restaban cinco (5) días—, es decir, que desde esa fecha dicho término de caducidad quedó suspendido.

El aludido cómputo se reanudó con la expedición del acta que declaró fallida la conciliación —numeral 1º, del artículo 2º de la Ley 640 de 2001—(18), el 10 de diciembre de 2009(19), de modo que a partir del día siguiente a esa fecha se retomó el conteo de los cinco (5) días que restaban cuando se suspendió el término de caducidad, lo cual permite concluir que el plazo para impetrar la demanda feneció el 15 de diciembre de 2009 y dado que la misma se presentó precisamente ese día, se impone concluir que la acción de reparación directa se interpuso en tiempo, de conformidad con lo normado en el ordinal 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

5. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de acreditación:

— Providencia del 21 de noviembre de 1994, a través de la cual el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali (Valle) ordenó la apertura de instrucción contra la señora C.D. por la conducta punible de hurto simple, ordenándose su vinculación a través de la diligencia de indagatoria(20).

— Orden de captura Nº 1416 del 21 de noviembre de 1994, proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali (Valle), en contra de la señora C.D.(21).

— Proveído del 30 de junio de 1995, por medio del cual el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali (Valle) remitió el proceso penal por competencia funcional a la Fiscalía General de la Nación(22).

— Providencia del 5 de julio de 1995, en virtud de la cual la fiscalía seccional de la Unidad de Patrimonio Económico de Cali precluyó la investigación penal, con fundamento en las siguientes consideraciones (se trascribe fielmente del original, incluidos los posibles errores):

Considerando la fecha en que se inició la presente relación jurídico procesal, se constata que el término de instrucción se encuentra más que vencido, echándose de menos la correspondiente solución, al menos la calificación y lo que es más preocupante, la ausencia de los presupuestos formales para emitir el correspondiente cierre, toda vez que ni siquiera se ha vinculado al presunto autor del delito. De otro lado, la prueba contenida en la foliatura en manera alguna permite cumplir con los requisitos exigidos por el art. 438 del CPP, mod. Por el art. 56 de la Ley 81 de 1993 y la imposibilidad de allegar nuevos medios de prueba.

“Bajo esta óptica, por economía procesal deberá precluirse la investigación, como así se hará, ante la imposibilidad de continuar con la instrucción toda vez que al final de cuentas la suerte será igual, apoyándose para ello este despacho fiscal en las directrices trazadas por el art. 329 del CPP, en su nueva redacción.

“(…).

“RESUELVE

1). Precluir la investigación disponiéndose, en consecuencia, el archivo definitivo del expediente una vez en firme esta decisión(23). (Se destaca).

— Oficio Nº 1127 del 15 de noviembre de 2007, en el cual el Comandante de la Estación de Policía de Piendamó (Cauca) consignó lo siguiente (se trascribe fielmente del original, incluidos los posibles errores):

“Por medio del presente me permito enviarle las copias de la información y los fundamentos por lo que fue privada de la libertad la señora C.D. para el día 20 de octubre de 2007, ya que para esa fecha al solicitarle antecedentes a su número de cédula XXX de Cali, le figura un pendiente por el delito de hurto simple, solicitada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali (V), según orden 1416 del 21-11-94 () y fue dejada en libertad el día lunes 22/10/07, a las 17.30 horas, ya que no fue posible que el Juzgado 4 Penal Municipal de Cali nos diera respuesta a la información de su orden de captura, por lo cual se realizó acta de compromiso para que se presentara en el momento que fuese requerida”(24) (se destaca).

6. Caso concreto.

Se advierte que el presente asunto no puede analizarse a la luz de la privación injusta de la libertad, pese a que la parte actora así lo señaló en el libelo introductorio, habida cuenta de que la preclusión de la investigación no devino como consecuencia de la aplicación de alguna de las causales por las cuales la jurisprudencia del Consejo de Estado y la ley han considerado la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad.

Aunado a ello, de la demanda se desprende que la presente acción no se formuló porque se hubiera precluido la investigación penal, sino porque con ocasión de una orden de captura que se mantuvo vigente, a la señora C.D. se le restringió su derecho fundamental a la libertad desde el 20 de octubre de 2007 hasta el 22 de los mismos mes y año.

Precisado lo anterior y en atención a los fundamentos fácticos plasmados en la demanda y en razón del recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional, la sala procederá a analizar, a título de falla en el servicio, la posible responsabilidad que le podría asistir tanto a la rama judicial como al ente policial, por los daños alegados por la parte demandante.

6.1. Responsabilidad de la rama judicial.

Teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente, la sala encuentra acreditado que, en virtud de la denuncia que presentó una ciudadana, el 21 de noviembre de 1994, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali (Valle) ordenó la apertura de instrucción contra la señora C.D. por la conducta punible de hurto simple, ordenándose su vinculación a través de la diligencia de indagatoria(25).

Igualmente, está demostrado que el mencionado juzgado libró la orden de captura Nº 1416 en contra de la señora C.D., pero se advierte que dicha orden se profirió sin la identificación de la supuesta responsable del delito de hurto simple(26).

Finalmente, se encuentra acreditado que, el 30 de junio de 1995, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali (Valle) remitió el proceso penal por competencia funcional a la Fiscalía General de la Nación(27).

Ahora bien, de conformidad con lo normado en el artículo 325 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos —Decreto 2700 de 1991—, se tiene que la autoridad competente de ordenar la apertura de instrucción era la Fiscalía General de la Nación:

“ART. 325.—Funcionario competente para terminar la investigación previa. Las resoluciones de apertura de instrucción e inhibitoria, sólo podrán ser proferidas por el fiscal o unidad de fiscalía” (se destaca).

De igual forma, la Corte Constitucional en Sentencia C–488 de 1996 señaló que la autoridad encargada de proferir orden de captura en contra de un ciudadano era la Fiscalía General de la Nación (se transcribe fielmente del original, incluidos los posibles errores):

“(…) el funcionario judicial competente está obligado a utilizar todos los medios o instrumentos eficaces de que dispone, para lograr el objetivo propuesto, como por ejemplo solicitar la ayuda de la policía judicial, pues procurar la comparecencia del procesado a la diligencia de indagatoria es, no sólo un derecho de este, sino un deber del funcionario instructor. Es por ello que la ley (arts. 375 y 376 CPP) concede facultades al fiscal para que profiera orden de captura a fin de lograr que el procesado comparezca a la indagatoria(28)(se destaca).

Finalmente, el artículo 378 del Decreto 2700 de 1991 consagraba los requisitos formales que debía contener una orden de captura:

“Orden escrita de captura. La orden de captura deberá contener los datos necesarios para la identificación o individualización del imputado y el motivo de la captura” (se destaca).

Así las cosas, las circunstancias descritas evidencian que la rama judicial fue la que dio lugar a que, posteriormente, se le causara un daño antijurídico a la ahora demandante, debido a que dicha autoridad judicial ordenó tanto la apertura de instrucción como la captura de la señora C.D. sin tener competencia para ello.

Aunado a ello, el mencionado juzgado no cumplió con los requisitos formales para emitir la orden de captura Nº 1416, habida cuenta de que no consignó los datos necesarios para la identificación e individualización de la imputada, pues únicamente señaló el nombre y los rasgos físicos de aquella.

Finalmente, se precisa que el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali (Valle) tampoco efectuó las anotaciones y registros relacionados con la cancelación de la orden de captura Nº 1416, situación que, como se verá más adelante, fue determinante para para la aprehensión de la señora C.D.

En ese sentido, la sala modificará, en este aspecto, el fallo de primera instancia, toda vez que se estima que se configuró la responsabilidad de la rama judicial por una falla en el servicio, dado que, como se indicó, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali (Valle): i) desplegó unas actuaciones que no eran de su competencia; ii) no cumplió con los requisitos formales para proferir una orden de captura y iii) no adelantó las actuaciones tendientes para cancelar la orden de captura Nº 1416.

6.2. Responsabilidad del Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Dado que el ente policial, en su recurso de alzada, cuestionó el hecho de que el tribunal a quo lo condenó por haber capturado a la ahora demandante, la sala entrará a analizar si dicha actuación estuvo o no ajustada a derecho.

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se encuentra acreditado que, el 20 de octubre de 2007, la señora C.D. fue aprehendida por miembros de Policía Nacional, toda vez que en su contra pesaba una orden de captura.

De igual manera, en el plenario está demostrado que cuando los agentes de dicha entidad revisaron la base de datos de antecedentes penales observaron que contra la señora C.D., identificada con la cédula de ciudadanía Nº XXX de Cali, pesaba la orden de captura Nº 1416 del 21 de noviembre de 1994, por el delito de hurto simple(29).

Al respecto, advierte la subsección que desconoce por qué en la base de datos de la Policía Nacional la orden de captura de la señora C.D. aparecía con número de identificación, pues en la orden Nº 1416 que expidió el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali (Valle), no se precisó dicho aspecto.

Aunado a ello, se precisa que el referido documento obró a lo largo del proceso y, respecto del mismo, se surtió la posibilidad de contradicción y tacha de falsedad, por tanto, la subsección le dará valor probatorio al mismo, pues no se considera violatorio del derecho de defensa en perjuicio de las entidades demandadas.

Ahora bien, de conformidad con lo normado en el artículo 19 de la Ley 62 de 1993(30) y el artículo 2º del Decreto 2203 de 1993(31), se encuentra que la Policía Nacional tenía la función de prestar a las autoridades judiciales los auxilios técnicos con el objetivo de prevenir la comisión de hechos punibles, así como la de remitir a las autoridades competentes los resultados de las investigaciones adelantadas, cuando sea necesario.

De igual manera, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-024 de 1994, señaló:

“(…) la policía es una autoridad que colabora con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes () dirige su actividad para preparar la función represiva de los funcionarios judiciales (fiscales y jueces de la República)(32) (se destaca).

De lo anteriormente transcrito, se evidencia que el ente policial actuó en cumplimiento de sus funciones, toda vez que al momento de verificar la información de la ahora demandante en su base de datos de antecedentes penales, encontró que aquella aparecía con una orden de captura vigente.

Por otro lado, se precisa que la Policía Nacional no tenía por qué saber: i) que la autoridad que ordenó la captura era incompetente; ii) que la aquí demandante para la época de ocurrencia de los hechos tenía 10 años de edad(33) y iii) que se había precluido la investigación penal, pues ni la rama judicial ni la Fiscalía General de la Nación cancelaron la orden de captura proferida en contra de la señora C.D.

Aunado a ello, la subsección no encuentra irregularidad en el procedimiento que esa institución adelantó, puesto que no se vislumbra que los agentes del ente policial, al momento de la captura, hubieren desconocido los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política —libertad, debido proceso e integridad— y los parámetros de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad en el uso de la fuerza pública(34).

En virtud de lo expuesto, la sala modificará, en este aspecto, la decisión apelada, toda vez que en el sub examine no se verifican los elementos de la responsabilidad patrimonial respecto de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

7. Actualización de la condena.

7.1. Perjuicios morales

La Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento respecto de estos perjuicios, toda vez que en el recurso de apelación no se realizó reparo alguno frente a este punto.

Igualmente, resulta oportuno señalar que no es procedente actualizar la condena, habida cuenta de que tales perjuicios se reconocieron en salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual significa que, al momento de requerir su desembolso, estos serán pagados con el salario mínimo vigente para el momento en que se haga efectiva la condena de segunda instancia.

En este orden de ideas, la sala mantendrá la condena impuesta en primera instancia, con la diferencia que la entidad responsable del pago de la misma será la rama judicial, entidad que fue demandada y vinculada a este proceso, y no la Policía Nacional, según se explicó en precedencia.

8. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Modificar la sentencia del 29 de enero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, la cual quedará así:

“1. Declarar administrativamente responsable a la Nación - rama judicial, por la falla en el servicio que produjo la privación de la libertad de la señora C.D.

“2. Exonerar de responsabilidad al Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, como consecuencia, negar las súplicas de la demanda en lo que a ella respecta.

“3. Condenar a la Nación - rama judicial a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, los siguientes montos, por concepto de perjuicios morales:

DemandantesGrado de parentesco acreditadoMontos otorgados en segunda instancia
C.D.Víctima directa15 SMLMV
J.C.F.D.Hijo 15 SMLMV
J.A.D.Hijo15 SMLMV
I.L.D.V.Madre15 SMLMV
R.L.D.Hermana 7.5 SMLMV

“4. Negar las demás pretensiones de la demanda.

“5. Sin condena en costas.

“6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“7. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando”.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

13 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: L.E.M. y otros.

14 Fl. 7, cdno. 1.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, Magistrada Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, exp. 21.801, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, exp. 37.410, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

16 Fl. 14, cdno. 1.

17 Fl. 20, cdno. 1.

18 Ley 640 de 2001
“ART. 2º—Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
“1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo”.
“ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (se destaca).

19 Fls. 18 - 19, cdno. 1.

20 Fl. 144, cdno. 1.

21 Fl. 142, cdno. 1.

22 Fls. 149 - 150, cdno. 1.

23 Fl. 151, cdno. 1.

24 Fl. 14, cdno. 1.

25 Fl. 144, cdno. 1.

26 Fl. 104, cdno. 2.

27 Fls. 149 - 150, cdno. 1.

28 Corte Constitucional, Sentencia C–488 del 26 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz.

29 Al respecto cabe anotar que este documento fue aportado con la demanda y no fue tachado de falso por el extremo demandado. Fl. 15, cdno. 1.

30 Esto consagraba el mencionado artículo: “ART. 19.—Funciones generales. La Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas y los derechos que de éstas se deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas y ejercer, de manera permanente, las funciones de: Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones: educativa, a través de orientación a la comunidad en el respecto a la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad entre la policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica; de coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural”.

31 “ART. 2º—Funciones. La Policía Nacional cumplirá las siguientes funciones generales:
“1. Proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizando el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
“2. Prestar el auxilio que requiera la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas.
“3. Ejercer, de manera permanente, las funciones de Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley.
“(…).
“5. Prevenir la comisión de hechos punibles, utilizando los medios autorizados por la ley, con el fin de asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
“(…).
“8. Establecer, mantener y fortalecer las condiciones necesarias, para que el servicio de policía sea oportuno y efectivo en las ciudades y en los campos, utilizando los medios adecuados para el mantenimiento del orden público interno en todo el territorio nacional.
“10. Colaborar y coordinar con las autoridades judiciales y penitenciarias, lo relacionado con el cumplimiento de penas y medidas de seguridad, de conformidad con las normas que regulan la materia”.
“ART. 30.—Subdirección de Policía Judicial e investigación. Son funciones de la subdirección de Policía Judicial e Investigación:
“(…).
“2. Proponer a la dirección general la política y procedimientos en las áreas de Policía Judicial, inteligencia, criminalística y criminología.
“3. Coordinar la función de Policía Judicial en su relación funcional con la Fiscalía General de la Nación”.

32 Corte Constitucional, Sentencia C-024 del 27 de enero de 1994, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

33 De conformidad con el registro civil de nacimiento de la víctima directa del daño, se tiene que nació el 20 de marzo de 1984, es decir, que para el momento en el que se formuló la denuncia —21 de noviembre de 1994— aquella tenía 10 años.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 33.142, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, mediante sentencia del 10 de mayo de 2017, exp. 47.040.