Sentencia 2009-00415 de agosto 18 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 050011102000200900415 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta 078 de la fecha

Ref.: funcionario consulta

Denunciada: Gustavo Adolfo Calvache Cadavid

Fiscal 21 Local de Medellín

Denunciante: Martha Cecilia Penagos Penagos

Primera instancia: suspensión 1 mes en el ejercicio del cargo

Decisión: confirma

Bogotá, D. C., dieciocho de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De conformidad con los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir en este asunto.

Se le endilgó al doctor Gustavo Adolfo Calvache Cadavid, en su calidad de Fiscal 21 Local de Medellín, la comisión de falta disciplinaria por incursión en la prohibición señalada en el artículo 154.3 de la Ley 270 de 1996, por cuanto retardó el despacho del asunto puesto a su consideración, al no haber presentado dentro del término señalado en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, el escrito de acusación o de preclusión, dentro de la investigación a su cargo, radicada bajo el número SPOA 050016000206200831892, adelantada en contra de Rafael Alexander González Salazar y otro, por el delito de hurto calificado y agravado.

En este punto, es conveniente tener presente el alcance del artículo 6º de la Constitución Política, según el cual: “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

El legislador erigió como falta disciplinaria la incursión en la prohibición de retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que están obligados los funcionarios judiciales, conducta descrita en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002.

Las pruebas allegadas revelan que dentro de la investigación penal a cargo del funcionario disciplinable en su condición de Fiscal 21 Local de Medellín, radicada bajo el número SPOA 050016000206200831892, adelantada en contra de Rafael Alexander González Salazar y otro, por el delito de hurto calificado y agravado, en la que luego de haberse realizado la respectiva audiencia preliminar, se formuló imputación el 6 de diciembre de 2008 por parte del Fiscal 242 Seccional URI, sin que dentro del término señalado en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, esto es, 30 días, hubiera acudido ante el juez de conocimiento con cualquiera de las pretensiones señaladas en dicha norma, esto es, para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad.

Incumplimiento de dicho término por parte del funcionario disciplinado, que condujo a la declaratoria del mismo, y en consecuencia a su relevo en el asunto, al haber perdido competencia por encontrarse incurso en la causal de impedimento descrita en el artículo 56 numeral 7º de la misma obra, como quiera que el término que tenía para tal efecto, se venció el día 5 de enero de 2009, tal y como se efectúo mediante la Resolución 269 de febrero 3 de 2009 expedida por la directora Seccional de Fiscalías de Medellín.

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay duda que en este asunto está demostrado a plenitud el aspecto objetivo de la falta disciplinaria, toda vez que el funcionario investigado permitió el vencimiento del término señalado en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, como quiera que solo basta confrontar la fecha en la cual la Fiscalía 242 Seccional URI formuló la imputación —dic. 6/2008— y la data en la cual se debió haber presentado el escrito de acusación o de preclusión o de principio de oportunidad —dic. 5/2009—, lo cual omitió, retardando así el asunto puesto a su consideración.

Frente a tal comportamiento omisivo, el funcionario disciplinable plantea como causales de justificación, el haberse reincorporado al cargo como Fiscal 21 Local de Medellín el día 9 de diciembre de 2008; la calamidad doméstica sufrida por parte de su asistente judicial; el período de vacaciones de la misma; las diferentes incapacidades médicas que tuvo, lo cual le imposibilitó conocer y leer la carpeta, máxime cuando tenía a cargo 70 investigaciones y 250 indagaciones preliminares.

Empero, la corporación no encuentra justificado el comportamiento del funcionario, por cuanto, en primer término, el hecho de haberse reincorporado al cargo como Fiscal 21 Local de Medellín el día 9 de diciembre de 2008, no tiene entidad exculpatoria alguna, como quiera que el expediente contentivo de la investigación a su cargo, llegó a su despacho el 12 de diciembre de 2008, lo que es aceptado por el propio disciplinable y corroborado por su asistente judicial, señora María Elena Ayala Martínez, quien aseguró haberlo ingresado al sistema, era de su exclusiva responsabilidad estar atento a los asuntos pendientes.

En segundo lugar, en lo atinente con el represamiento de procesos —que conforme las estadísticas obrantes a folio 179— tenía a cargo 70 investigaciones y 250 indagaciones preliminares- a tal argumento no puede dársele el alcance pretendido, en tanto, y como acertadamente lo señalara la Sala a quo, existen procesos que por el perentorio cumplimiento de los términos, debe acelerarse su trámite, máxime en el sistema penal acusatorio, y así procurar una justicia pronta y eficaz, y precisamente, tal sistema impone al Fiscal el cumplimiento de aquellos, so pena de ser relevado del asunto y objeto de investigación por mala conducta, tal y como reza el artículo 294 de la Ley 906 de 2004.

En lo que tiene que ver con la calamidad doméstica sufrida por parte de su asistente judicial, que pudo generar la desatención para informarle del recibo de la carpeta, lo que corroboró la asistente en su declaración, téngase en cuenta que es el propio funcionario disciplinable que reconoce que la señora María Elena Ayala Martínez, salió a disfrutar de sus vacaciones a partir del 26 de diciembre de 2008, por lo cual, a quien le correspondía asumir la revisión de los asuntos a su cargo, era precisamente al funcionario, quien como director del despacho y encargado de la acusación o preclusión, estaba obligado a examinar minuciosamente qué asuntos estaban pendientes, y con un mínimo de esmero y una simple revisión de los trámites adelantados en su despacho, bien pudo darse cuenta que el asunto origen de las presentes diligencias, requería de la mayor celeridad posible, por el tiempo que allí llevaba, advirtiéndose así omisión y negligencia en su labor funcional, pues la razón y la lógica le indicaban que se trataba de un expediente que debía resolverse de inmediato, de allí que no pueda admitirse de ninguna manera el aplazamiento indefinido que se le dio a dicha investigación, cuando era deber del funcionario otorgarle especial prioridad sin esguinces de ninguna índole.

En cuanto a las diferentes incapacidades médicas que asegura el funcionario le impidieron cumplir efectivamente su labor, aportó para tal efecto, el certificado de incapacidades de Comfenalco, del 3 de febrero de 2009, donde consta que estuvo incapacitado entre el 4 y el 6 de diciembre de 2008; del 14 al 17 de diciembre de 2008 y del 30 de enero al 5 de febrero de 2009.

De tales incapacidades, solamente la que corrió entre el 14 al 17 de diciembre de 2008, podría haber afectado el término para la presentación oportuna del escrito de acusación o preclusión, de lo cual ha debido dejar la respectiva constancia en el proceso, pero, incluso, así se descontaran esos 4 días, para el 9 de enero de 2009, ha debido presentar el correspondiente escrito ante el juez de conocimiento, lo que tampoco ocurrió, por lo cual no es admisible como argumento exculpatorio.

Y de la incapacidad corrida entre el 4 al 6 de diciembre de 2008, no tiene relevancia alguna, pues recuérdese que el expediente llegó a su despacho, el 12 de diciembre de dicha anualidad, y además para tales calendas, actuaba como Fiscal 26 Especializado. Y de la incapacidad entre el 30 de enero y el 5 de febrero de 2009, como es fácil advertir, ya se había vencido el término.

Por tanto, las razones argumentativas de justificación planteadas por el disciplinado, no son admisibles desde ningún punto de vista, siendo inaceptable la falta de diligencia en el susodicho asunto cuando era deber del funcionario desempeñar su cargo con la solicitud requerida.

Lo comprobado con el recaudo probatorio demuestra que el investigado está incurso en falta disciplinaria a título de culpa porque lo que se reprocha es retardar la prestación de la administración de justicia, producto ello de no haber tenido el cuidado necesario que exige la función de administrar justicia.

Coligiéndose entonces que se agotaron en contra del funcionario disciplinable los presupuestos demandados en la ley disciplinaria, para proferir sentencia de carácter sancionatorio por la realización de la conducta calificada como grave a título de culpa, siendo evidente la antijuridicidad de dicha actuación habida cuenta de la flagrante disconformidad con el ordenamiento jurídico que choca con los fines esenciales del Estado y con los principios orientadores de la administración de justicia, que puso en peligro el deber jurídico de pronta y debida administración de justicia.

Resultando, entonces, que la Sala encuentra estructurada la falta atribuida y referida a la incursión del disciplinado en la prohibición señalada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, en el articulo 154.3 “Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados”, ante la inobservancia del término que tenía para acudir ante el juez de conocimiento, lo que llevó necesariamente a su relevo del asunto, procediéndose entonces a la confirmación del fallo consultado, como en efecto se ordenará, incluida la sanción impuesta al funcionario disciplinado, consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, al encontrarse conforme los lineamientos señalados en los artículos 44 y 47 de la Ley 734 de 2002.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida el 30 de septiembre de 2010, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, con ponencia del magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez, mediante la cual impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo de Fiscal 21 Local de Medellín por el término de un (1) mes, al doctor Gustavo Adolfo Calvache Cadavid, al encontrarlo responsable de falta disciplinaria por incursión en la prohibición señalada en el artículo 154.3 de la Ley 270 de 1996, en armonía con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Notifíquese personalmente la presente providencia al funcionario sancionado, advirtiéndose que contra ella no procede recurso alguno. Para el efecto se comisiona a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por el término de cinco (5) días libres de distancias.

3. Remítase el expediente a la colegiatura de instancia.

Háganse las anotaciones, comunicaciones y registros del caso.

Notifíquese y cúmplase».