Sentencia 2009-00415 de septiembre 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Rad.: 11001-03-15-000-2009-00415-00

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Apolinar Sandoval Pérez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa y departamento de Santander

Autoridades nacionales - Fallo

Bogotá, D.C., treinta de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Como ya se reseñó en los antecedentes, la Sala entra a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los demandantes, contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 4 de junio de 2008 que confirmó la primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander(6).

1. Del recurso extraordinario de revisión.

Este medio de impugnación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo como se ha sostenido(7), lo erigió el legislador como excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la justicia y al derecho, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y, con el único fin de que se produzca una decisión ajustada a la ley.

De conformidad con dicho estatuto (arts. 185 a 193), este recurso constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos rescisorios; su procedencia se condiciona a que exista una relación procesal de única instancia ante los tribunales o el Consejo de Estado, o de segunda instancia en esta última corporación; y por lo mismo no se pueden discutir en él los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas debatidas en el proceso que dieron origen al fallo que se impugna. El recurso no se dirige sobre la actividad del fallador (asunto de derecho) sino sobre los hechos y su prueba.

Desde otro punto de vista, el recurso extraordinario de revisión no es una nueva instancia, pues presupone como antecedente una sentencia ejecutoriada de los tribunales o del Consejo de Estado, en única, primera o segunda instancia, creadora de la cosa juzgada material, la cual, una vez censurada, sólo puede ser desconocida luego de la comprobación de una de las causales contenidas en el artículo 188 del CCA y con la concurrente y necesaria definición de que el fallo reprochado es erróneo o injusto por esa causa, es decir, que hay lugar a otra decisión distinta.

La Corte Suprema de Justicia(8), corporación judicial que también conoce del recurso extraordinario de revisión, sobre ciertos fallos dictados por la jurisdicción ordinaria, ha precisado sobre la naturaleza y fines del recurso extraordinario de revisión, aplicables a su homólogo de revisión surtido ante la jurisdicción contencioso administrativa, que: “(...) no franquea la puerta para tornar al replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en el que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la garantía de la justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material (...)”.

2. La causal 2ª invocada por los recurrentes: Se recobraron después de la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

De antaño esta corporación ha fijado con claridad cuál es el ámbito de procedencia y operación de esta causal. En efecto, ha sostenido:

“El ordinal 3º del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo establece que es procedente la revisión, cuando después de conferido o denegado el reconocimiento, se recobre piezas decisivas con las cuales hubiere podido pronunciarse una decisión distinta.

En el presente asunto la demandante solicita la revisión de la sentencia proferida el 26 de junio de 1973 por esta entidad y para el efecto aduce ‘nuevas pruebas’, según lo afirma la actora en el libelo.

Se trata, pues, de medios probatorios que no existían al momento en que podían practicarse en el primer juicio, pero que son aportadas a éste, con lo cual no se configura la causal invocada para pedir la revisión, apoyándose en ella.

En tales condiciones, es improcedente la revisión impetrada, por cuanto no se trata de pruebas que existieran y que por alguna circunstancia no pudieron allegarse al proceso, por imposibilidad ajena a la accionante para que deban considerarse como piezas recobradas.

Corrobora lo anteriormente expresado, el concepto emitido por la Fiscalía Cuarta del Consejo, al manifestar:

‘Como ha tenido oportunidad de expresarlo tanto este despacho como el Consejo de Estado (Sent. dic. 1/76, C.P. Dr. Restrepo) en relación con la causal invocada, las pruebas eficaces para revisar una sentencia son aquellas que se hayan ‘recobrado’ después de haberse proferido la decisión revisable. Se trata, entonces, de pruebas que existían al momento en que podían practicarse en el primer juicio, pero que por alguna circunstancia no se pudieron allegar en virtud de imposibilidad ajena al revisante y por ello se habla de piezas recobradas. Debe partirse del supuesto de que éste no tuvo ninguna culpa en no haber podido aducir la prueba oportunamente, lo cual también explica el que la ley se refiera al hecho de recobrar, o sea recuperar, las respectivas piezas. Si esta no fuere la correcta interpretación de la causal 3ª en comento, se tendría que tratándose de los reconocimientos revisables, la parte negligente o culpable de que las pruebas no se alleguen, resultaría favorecida con la acción de revisión que, como se sabe, constituye especialísima excepción al principio de la cosa juzgada.

En el sub examine resulta evidente, según lo expresado en el libelo inicial, que la parte actora no ha recuperado ninguna pieza procesal sino que aporta 4 nuevas pruebas (...) porque las arrimadas en el primer proceso resultaron deficientes’(9).

La causal 2ª consagrada en el artículo 188 del CCA dispone:

ART. 188.—Son causales de revisión:

(...).

2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria’” (negrilla y subraya del despacho).

En cuanto a esta causal de revisión, se ha dicho que para que se estructure, se requiere que existiendo documentos, no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias ajenas a la voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, eventos que deben encontrarse debidamente probados, y que el documento o documentos que se afirman decisivos, hubieran podido conducir a una decisión diferente(10).

Como se observa, la resumida claridad del supuesto de hecho contenido en la causal invocada exige la presencia de tres realidades: i) que se recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia; ii) que con ellas se hubiere podido proferir una decisión diferente; iii) que el recurrente no las hubiere podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Sobre este aspecto, ha sido reiterada la jurisprudencia de la corporación, entre otras, en sentencia de 18 de junio de 1993, Expediente 5614, Magistrado Ponente Dr. Álvaro Lecompte Luna, en el siguiente sentido:

“(...).

En cuanto a la causal segunda de revisión invocada, es viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo ‘recobrar’ implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, es indispensable para la prosperidad del recurso, entre otros requisitos, invocarse esta causal, que el recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria (...)”.

Con posterioridad, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, manifestó:

“(...) Presupuesto esencial para que se configure la causal aquí invocada, además de que el documento se halle después de que se dicte la sentencia y que éste sea decisivo(11), es que la prueba documental que se pretende hacer valer y que no pudo ser tenida en cuenta por el juzgador, no haya sido aportada al proceso por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria (...).

Cuando la causal en comentario exige que al recurrente le haya sido imposible aportar el documento recuperado o recobrado por fuerza mayor o caso fortuito, con mucha más razón se requiere que no haya habido culpa, negligencia o error de conducta alguno de su parte. Si esto ocurre, así el documento que no se allegó pueda tener influencia suficiente para cambiar el sentido del fallo, no tiene la naturaleza de ‘recobrado’ y, por ende, no es idóneo para estimar la pretensión revisoría (...)”(12).

En lo referente a este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que el fundamento de la causal lo constituye la recuperación de documentos trascendentales para el proceso, es decir, que hubieren tenido la capacidad suficiente, en caso de haberse allegado, para que el fallador tomara una decisión diferente.

De otra parte, es indispensable que los documentos aportados con la demanda de revisión existieran antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero que sólo se pudieron recobrar, recuperar o rescatar después de la sentencia, es decir, que antes de ésta se encontraban extraviados, ocultos, escondidos, perdidos o refundidos, razón por la cual al recurrente le hubiere sido imposible aportarlos. Desde luego, todos los presupuestos que configuran las causales de revisión, cualquiera sea la que se invoque, deben ser probados por quien persigue que le sea estimada su pretensión.

El recurrente al invocar el numeral 2º del artículo 188 del CCA requiere demostrar en el proceso que recuperó una prueba documental con posterioridad a la sentencia, ello quiere decir que ahora reposa en su poder “algo” que antes no poseía. Adicionalmente, el medio probatorio del que se habla debe guardar una relación directa con la decisión asumida, de forma tal que de haber sido aportada al proceso habría incidido en las resultas del mismo(13). De igual modo, la ausencia de tales documentos no puede obedecer a inactividad del demandante sino a circunstancias en las que se constate que operó fuerza mayor, caso fortuito o el obrar de la contraparte. Cada uno de los aspectos aquí señalados debe ser demostrado por quien utiliza el recurso extraordinario de revisión, toda vez que sobre él recae la carga de la prueba(14).

Así las cosas, de lo anterior se desprende que la causal invocada se restringe a pruebas de carácter documental como quiera que por tratarse de un recurso extraordinario la interpretación debe hacerse con un criterio restrictivo. Adicionalmente se requiere que el documento sea recobrado y esta circunstancia, como ha puesto de presente la jurisprudencia, implica que es “(...) atinente al asunto o a los hechos del proceso, que la parte interesada lo tenía consigo o podía acceder a él antes de la oportunidad procesal para aportarlo, y dejo de tenerlo para luego volver a tomarlo, adquirirlo o poseerlo después de la sentencia(15)”. Por este motivo, se debe reiterar que no se trata de una nueva oportunidad para aportar medios probatorios a un debate ya finalizado, de allí que se exija la prueba de que la imposibilidad de aportar la pieza documental se debe al acaecimiento de fuerza mayor, caso fortuito o al obrar de la contraparte, porque de lo contrario se estaría desconociendo el principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales al suplir la falta de diligencia del interesado(16).

Al respecto, la corporación en anterior oportunidad afirmó(17):

“El segundo requisito atañe a que bien sea por fuerza mayor, por caso fortuito o por obra de la contraparte, le haya sido imposible al ahora recurrente aportar en forma oportuna, en el juicio que terminó con la sentencia impugnada, tal documento pues si este no se adujo porque simplemente no se había averiguado en donde reposaba, o porque no se pidió su aporte en ninguna de las oportunidades que la ley señala para que fuera valorada, entonces el hecho de que con posterioridad al fallo se encuentre un documento que hubiera podido incidir para variar la decisión impugnada, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisión. Por tanto, el recurrente debe acreditar el caso fortuito o la obra de su adversario que le impidió aportar la prueba documental al proceso, o sea que, a pesar de hacer agotado todos los medios a su alcance, le fue imposible aducir tal documento al proceso de forma oportuna; pues no basta con la dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera imposibilidad apreciada objetivamente, en cuya apreciación debe tenerse en cuenta la llamada exhibición de documentos, ya sea que se ejercite en forma anticipada o trabada la litis (...)”.

3. Caso concreto.

La demanda se dirige contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 4 de junio de 2008 que confirmó la primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander(18).

La parte actora dice fundar la impugnación extraordinaria en la causal 2ª del artículo 188 del CCA(19), esto es: “Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

El documento que dice recobrado, es el Expediente 0-6874 de la Fiscalía General de Cúcuta, abierto a raíz de la muerte del señor Primitivo Sandoval Pérez, a partir del cual el recurrente señala que esta prueba deja claro de manera incontestable que al señor Sandoval Pérez lo asesinó la guerrilla, aludiendo no solo que para la justicia fue tan ostensible la autoría sino que se constata el riesgo excepcional que comportaba para el inspector de policía su trabajo.

Para soportar la fuerza mayor en el no aporte de la prueba al proceso, alude que dicho medio de convicción fue decretado en el proceso ordinario habiendo contratado a profesional del derecho para que retirara y radicara los oficios de las pruebas pedidas y decretadas, quien se aseguró de que los oficios elaborados por el tribunal llegaran a su destino.

Agrega que, realizada esta sencilla constatación, el titular del poder quedo con la tranquilidad de que se habían tramitado de forma completa e idónea las pruebas del proceso, pero alude que por descuido o inadvertencia, el escribiente del tribunal no elaboró el oficio de la prueba trasladada decretada con destino a la Fiscalía 2ª Seccional de Bucaramanga.

Se trata, en sentir del apoderado recurrente, de una fuerza mayor, como que remite a la labor y responsabilidad de un funcionario de la administración de justicia que debiéndola realizar, por descuido no lo hizo, lo cual supera las posibilidades del abogado que a lo lejos controlaba el proceso.

No resulta acertada la argumentación del recurrente, porque lo que plantea como excusa para justificar la falta de cuidado del apoderado encargado de diligenciar los oficios, no encaja en manera alguna dentro del contexto de la fuerza mayor.

Enneccerus define la fuerza mayor diciendo que es el “acontecimiento cognoscible, imprevisible que no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera, y cuyo efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente eran de esperar”(20). De acuerdo con la doctrina francesa, “es un caso constitutivo de fuerza mayor el evento que presenta las tres características siguientes: exterioridad (respecto de quien la invoca), imprevisibilidad (en su ocurrencia) e irresistibilidad (en sus efectos)”(21).

En Colombia esta figura fue definida legalmente(22) de la siguiente manera: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

Así las cosas, la fuerza mayor de acuerdo con la ley colombiana se entiende como sinónimo del caso fortuito.

Respecto de la fuerza mayor ha expuesto esta corporación evocando la doctrina:

“La fuerza mayor sólo se demuestra: (...) mediante la prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias (...). En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito (...)”.

De lo anterior, se deduce claramente que la fuerza mayor para que se configure como causal eximente de responsabilidad debe contener los tres elementos indicadores que hacen parte de su definición:

1. Es un hecho externo.

2. Es un hecho imprevisible.

3. Es un hecho irresistible.

1. Es un hecho externo: la exigencia de este elemento le da el verdadero carácter de causa extraña a la fuerza mayor. El hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser ajeno a la actividad dentro de la cual se ha causado el daño; dicho de otra manera, la fuerza mayor está definida como aquel hecho que no depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre.

2. Es un hecho imprevisible: conforme al criterio unívoco de la jurisprudencia tradicional, la imprevisibilidad se presenta cuando no es posible contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la cual acaeció el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor.

Que el hecho sea imprevisible implica que en condiciones normales haya sido totalmente imposible para el agente precaverse contra él. Dice la jurisprudencia ya referenciada “cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor”(23).

Con todo, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que son hechos normalmente previsibles los que suceden en el curso ordinario en que se desarrolla determinada actividad y ha establecido que para acordar lo previsible de un hecho, deben tenerse en cuenta tres criterios sustantivos(24), los cuales deben analizarse respecto de cada caso en concreto:

a. El referente a su normalidad y frecuencia.

b. El atinente a la probabilidad de su realización.

c. El concerniente a su carácter excepcional y sorpresivo.

3. Es un hecho irresistible: se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que este elemento de la fuerza mayor consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido, no obstante los medios de defensa empleados para superarlo. También implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos.

En este caso, el hecho que se aduce como sustento de la fuerza mayor alegada, no fue puesta de presente por el apoderado que hoy recurre en revisión, el mismo que representó los intereses de los demandantes en las respectivas instancias procesales, ni ante el tribunal en los alegatos de conclusión, ni ante la Sección Tercera en el término de traslado para alegaciones finales del recurso de apelación.

A pesar de lo anterior, es indudable que no se configura la fuerza mayor alegada como sustento de viabilidad de la causal invocada. Aludir que el “descuido judicial”, como lo refiere el memorialista, al dejar de elaborar un oficio en cumplimiento de una prueba legal y oportunamente solicitada, decretada en el proceso ordinario para cuya constatación de elaboración y tramite se contrató a una profesional del derecho(25) exclusivamente para retirar y radicar los oficios, tal como lo pone de presente el apoderado recurrente, en manera alguna exculpa la diligencia de la actividad propia del litigio y cuya observancia como obligación de medio que implica para el obligado poner todos sus conocimientos, empeño o diligencias en lograr un resultado determinado, pero sin garantizar un resultado específico, radica en cabeza del apoderado que se encuentra adelantando el proceso.

Vale decir, que aquí no se dejó de valorar el documento que ya existía al momento del adelantamiento del proceso ordinario, es decir, el Expediente 0-6874 de la Fiscalía General de Cúcuta, por cuenta de que no se elaboró el oficio respectivo por parte del empleado que tenía asignada la función, sino por cuenta de la inadvertencia por falta de cuidado, del profesional del derecho encargado de retirar los oficios, constatar su correspondencia con las pruebas decretadas y efectuar su correspondiente trámite.

Luego, en criterio de la Sala, no se configura el supuesto fáctico la causal segunda invocada en sede de revisión, porque la prueba recobrada, que implica volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía o poseía, no se perdió del manejo de la parte actora por razones ajenas, externas, imprevisibles e irresistibles a su voluntad, sino por su falta de precaución y cuidado en el retiro de los oficios.

Y ello es así, dado que para quien, encargado de tal función como profesional del derecho que es, implica saber que en el normal desarrollo de la actividad judicial la situación que alega se presentó es probable que suceda, sin que ello implique que no es posible su previsibilidad, y menos que sea irresistible, dado que con una sencilla verificación de lo ordenado por el juez de instancia frente a lo cumplido por la secretaria, se advierta la situación, superable en todo caso.

Como corolario baste decir que los restantes argumentos expuestos en el recurso se enmarcan dentro de una nueva valoración probatoria, vedada en esta instancia de revisión extraordinaria, dado que el debate probatorio y procesal se encuentra finalizado.

Por tanto, no puede resultar fundado el recurso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Declárase impróspero el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la por la señora Ana Rosa Villalobos de Sandoval, en su propio nombre y en el de su menor hijo Danilo Sandoval Villalobos; Ana Caridad Sandoval Villalobos, Virginia Sandoval Villalobos, Oliver P. Sandoval Villalobos, Andrea Pérez de Sandoval, Apolinar Sandoval Pérez, Roberto Sandoval Pérez, Samuel Sandoval Pérez, Raúl Sandoval Pérez, Flor de María Sandoval de González, María Antonia Sandoval de Flores, María Andrea Sandoval Pérez, Mary Sandoval Pérez y Alcira Sandoval Pérez, contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 4 de junio de 2008 que confirmó la primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(6) Fls. 1 a 6, cdno. 1.

(7) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Enrique Gil Botero. Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil nueve. Rad. 11001-03-15-000-2003-00133-00(REV). Actor: Hilda María Bonilla de Sinning. Demandado: Contraloría General de la Republica.

(8) Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 3 de septiembre de 1996, Exp. 5231.

(9) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. C.P. Álvaro Orejuela Gómez. Bogotá, D.E., veintidós de mayo de mil novecientos setenta y nueve. Actor: Hermelinda Medina de Rodríguez. Referencia: Juicio número 0590. Demandante: Hermelinda Medina de Rodríguez. Pensiones y recompensas.

(10) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. C.P. Alfonso Vargas Rincón. Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil diez. Rad. 25000-23-25-000-2003-05245-01(2145-07). Actor: Emperatriz Eugenia Caballero de Medina. Demandado: Ministerio de la Protección Social.

(11) Afirmar que un documento es decisivo “significa que tiene un valor y eficacia bastante para resolver en sentido contrario o diferente del fallo recurrido; de influencia tan notoria en el pleito que si el juzgador hubiera podido apreciarlo al dictar su fallo lo hubiera pronunciado en sentido contrario; capaz por sí mismo de contradecir el resultado probatorio a que se llegó al fallar el pleito; ha de poderse estimar que se encontraba provisto de eficacia probatoria tal que destruía la posibilidad de que las demás pruebas la contrariasen”. Juan de Dios Doval de Mateo, La revisión civil, Barcelona, 1979, pág. 156.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005, Exp. 1999-00218, M.P. Dr. Héctor Romero Díaz.

(13) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Julio 26 de 2005. M.P. Ana Margarita Olaya Forero. Exp. 00031 -01 (REV).

(14) Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de mayo 27 de 2010. M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Exp. 1749-07.

(15) Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de octubre 18 de 2005. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Exp. 00197 -01.

(16) Ibídem.

(17) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Octubre 18 de 2005. M.P. María Helena Giraldo Gómez. Exp. REV – 173.

(18) Fls. 1 a 6, cdno. 1.

(19) Subrogado por el Decreto-Ley 2304 de 1989, artículo 41.

(20) Mencionado por José Luis Concepción Rodríguez, Derecho de daños, Editorial Bosch, 2ª ed., 1999, pág. 85.

(21) René Chapus. Droit Administratif General. Ediciones Montchrestein. París, 1997, pág. 1122. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual, 379. Revista de Derecho Privado, nº 20, enero-junio de 2011, págs. 371 a 398.

(22) Artículo 1º de la Ley 95 de 1890 que subrogó el artículo 64 del Código Civil.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008.

(24) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de junio de 2000, Exp. 5475.

(25) Fl. 91, cdno. copias del expediente.