Sentencia 2009-00426 de diciembre de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 05001-23-31-000-2009-00426-01(45234)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: W.I.N. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial

Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Falla del servicio

Subtema 1: Privación injusta de la libertad

Subtema 2: Delito común - Ley 600 de 2000

Sentencia

Sentencia modifica

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes, terceros o intervinientes, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

La Sala conoce el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de XXX el ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012), mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. Síntesis del caso

El señor W.I.N. fue sindicado como autor del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de XXX. Seguidamente, la Fiscalía XXX Especializada Delegada de XXX le impuso medida de aseguramiento, en la modalidad de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación. Por último, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de XXX lo absolvió en aplicación del principio de in dubio pro reo.

II. Antecedentes

2.1. La demanda.

Los señores W.I.N., quien actuó a nombre propio y en representación de su menor hijo J.A.I.G.; N.I.N.; G.I.N.; Y.C.I.N. y M.S.N., presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial el 12 de junio de 2008(1).

Los actores solicitaron que se declarara responsables a las demandadas por la privación injusta de la libertad padecida por W.I.N., quien fue vinculado a una investigación penal en cuyo trámite la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento y posteriormente, el juez de la causa lo absolvió en primera instancia.

De igual forma, requirieron que se condenara a las demandadas al pago de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) e inmateriales (perjuicios morales y daño a la vida de relación) para el afectado directo y sus familiares.

La parte demandante sostuvo como fundamentos de hecho de sus pretensiones que la demandada incurrió en violación a los derechos a la libertad y al debido proceso de W.I.N., al privarlo de la libertad pese a carecer de pruebas en su contra.

Según el escrito de la demanda, la Fiscalía inició investigación para desmantelar una red de tráfico de estupefacientes que operaba en XXX en el 2002. En desarrollo de tal labor, ordenó la interceptación de varios abonados telefónicos que le permitieron concluir que el líder del grupo era Á.S.J. y que la persona que lo surtía de alucinógenos era “W”, quien residía en XXX (XXX).

La policía capturó a W.I.N. el 13 de septiembre de 2003 en el municipio de XXX (XXX), lo vinculó mediante indagatoria y emitió medida de aseguramiento en su contra por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, sin tener en cuenta que este negó tajantemente conocer a Á.S.J. o la ciudad de XXX, hubo irregularidades en el trámite probatorio en lo concerniente a la identificación e individualización del sindicado y la orden de captura fue emitida con un número de cédula distinto al del señor Ibarra.

Finalmente, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de XXX absolvió a W.I.N. del cargo imputado, al considerar que el testimonio de Á.S.J., único testigo de cargo, era contradictorio.

2.2. Trámite procesal relevante.

La Nación - Rama Judicial contestó la demanda(2) mediante escrito en el que formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que la entidad no tuvo injerencia alguna en los hechos narrados en la demanda y el Juzgado XXX del Circuito Especializado de XXX (sic) absolvió al actor del delito imputado.

Por su parte, la Nación - Fiscalía General de la Nación(3) se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que por mandato constitucional y legal le correspondía investigar la presunta comisión de delitos y asegurar la comparecencia de los sindicados. Resaltó que la providencia que ordenó la medida de aseguramiento estuvo debidamente fundamentada y el fiscal contaba con indicios serios de responsabilidad contra el imputado, inferidos de la declaración de Á.S.J.G. y las interceptaciones telefónicas realizadas a las llamadas que este sostuvo con un sujeto llamado W.

La parte demandante expuso en sus alegatos de conclusión(4) que el señor W.I.N. fue privado de la libertad ante una equivocación en su identificación e individualización, imputable a ambas demandadas, pues los entes acusador y de juzgamiento no resarcieron su derecho a través de figuras como la cesación de procedimiento o la libertad provisional durante el proceso y el juez emitió sentencia absolutoria pasados ochenta (80) meses después de la captura del actor y treinta y cuatro (34) meses luego de la finalización de la audiencia pública.

Sostuvo que las demandadas conculcaron el derecho a la libertad y el principio de presunción de inocencia de W.I.N. y dilataron la solución de su situación. De igual forma, clamó que también le vulneraron los derechos al trabajo, buen nombre, honra y dignidad.

2.3. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de XXX emitió fallo de primera instancia(5) en el que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, fijó el objeto a resolver en dos cuestiones: la privación de la libertad padecida por el actor y la dilación injustificada del proceso penal.

Como segundo aspecto, no declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Rama Judicial. Explicó que la parte actora cuestionó en sus alegatos que la entidad no desplegó actuación alguna para restablecer el derecho a la libertad de W.I., pese a estar facultada para decretar la cesación de procedimiento o la libertad provisional a su favor. Además, los demandantes plantearon la dilación injustificada del proceso porque la sentencia de primera instancia fue proferida tres (3) años después de la finalización de la audiencia pública.

En tercer lugar, el a quo abordó el fondo del asunto. Precisó que la absolución de W.I.N. se basó en la aplicación del principio de in dubio pro reo, evento no contemplado en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, motivo por el que analizó el caso a la luz del régimen subjetivo. Adujo que la Fiscalía ordenó la captura del actor sin contar con las exigencias legales probatorias, ya que el proceso penal no evidenció cómo fue que identificaron a “W.”, interlocutor de las llamadas telefónicas interceptadas, como W.I.N.

Por el contrario, el tribunal consideró que la resolución que impuso la medida de aseguramiento sí cumplió con los requisitos legales, pues en ese momento el ente acusador contaba con la declaración de Á.S.J. y las transliteraciones de las conversaciones interceptadas, elementos de los cuales infirió su probable participación en los hechos investigados.

Asimismo, explicó que no concurrían los presupuestos para el decreto de cesación de procedimiento, dado que en la etapa de juicio se ordenó la realización de dictamen pericial para cotejar la voz del sindicado con la de las grabaciones.

Frente al retardo en la emisión de la sentencia, subrayó que de acuerdo con el artículo 410 de la Ley 600 de 2000, el juez contaba con quince (15) días luego de la culminación de la audiencia pública para proferir el fallo de primera instancia. No obstante, la referida audiencia finalizó el 28 de agosto de 2005 y la sentencia fue proferida el 18 de febrero de 2008.

El tribunal mencionó que en principio podía concluir que existió mora judicial, pero aclaró que el incumplimiento de términos, por sí solo, no ocasiona la responsabilidad del Estado, sino que debía probarse que el retraso era injustificado, deber que no cumplió la parte demandante. En cambio, el Juzgado XXX de Circuito Especializado de XXX acreditó que tenía una carga laboral que impidió el cumplimiento del término previsto en la norma y, además, la sentencia tuvo que ser emitida por el Juzgado Penal Especializado del Circuito de XXX, en virtud del Acuerdo PSAA07-4143 que adoptó medidas de descongestión para los juzgados XXX y XXX del Circuito Especializado de XXX.

Respecto al pago de perjuicios, aclaró que lo solicitado como afectación a los derechos al buen nombre y a la familia se analizaría en el acápite de daño a la vida de relación, mientras que lo pedido como pérdida de oportunidad estaba contenido por el lucro cesante.

Seguidamente, condenó únicamente a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagarle a W.I.N. dieciséis (16) salarios mínimos legales mensuales vigentes, diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a su madre e hijo y ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de sus hermanos, por concepto de perjuicios morales por la privación injusta de la libertad que aquel padeció desde el 12 de septiembre de 2003 hasta el 1º de octubre del mismo año.

En último lugar, ordenó el pago de seis millones trescientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta pesos ($ 6.395.540) como lucro cesante (en atención al mismo lapso referido) y negó el reconocimiento de daño a la vida de relación, al considerar que no fue probado.

2.4. El recurso de apelación contra la sentencia.

La parte demandante(6) indicó que el título de imputación procedente era el objetivo, por cuanto el señor I.N. fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo. Por ende, no compartía que el a quo aplicara el subjetivo, pero hizo un recuento de todas las irregularidades, específicamente lo atinente a la violación de los principios de investigación integral e imparcialidad, en las que, a su juicio, incurrieron las demandas en el trámite del proceso penal, motivo por el cual solicitó que se condenara a ambas al pago de perjuicios.

En relación con la mora judicial, la parte demandante adujo que el procesado y el Ministerio Público realizaron varios llamados en el trámite penal para que se profiriera la sentencia y si bien no cualquier tardanza es constitutiva de responsabilidad estatal, en ese asunto el fallo tenía prelación porque había preso.

Por otra parte, requirió que las condenas impuestas se adecúen al tiempo real de privación de la libertad del señor I.N., esto es, desde el 13 de septiembre de 2003 hasta el 18 de febrero de 2008 y que se acceda al pago de daño a la vida de relación. Este se probó con los testimonios de I.G., H.M., A.P., J.B. y J.R., quienes relataron que la familia de W.I. tuvo que mudarse del campo a la ciudad, trabajar en el “rebusque” y soportar la pena de no ver a aquel durante cinco años.

Agregó que el solo hecho de permanecer privado de la libertad de forma injustificada constituía un daño a la honra y al buen nombre, es decir, es una lesión de naturaleza objetiva que no requiere prueba adicional, cuyo reconocimiento como tal se ha efectuado a personalidades de la política nacional.

Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se modifique el fallo de primera instancia y en su lugar se profiera una sentencia acorde con lo expuesto en el recurso.

III. Consideraciones

3.1. Presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

La Sala es competente para resolver el presente caso, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 determinó que la competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, en primera instancia le corresponde a los tribunales administrativos y, en segunda, al Consejo de Estado, sin consideración a la cuantía de los mismos(7).

En relación con la vigencia de la acción, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que el término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado. Asimismo, la jurisprudencia(8) señaló que en estos eventos el lapso debe contarse desde el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluyó la investigación o que absolvió al procesado, ya que a partir de ese momento el afectado tiene conocimiento del carácter injusto de la detención.

Sobre esta base, la Sala constata que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de XXX absolvió a W.I.N. y otros del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico el 18 de febrero de 2008(9) y que dicho fallo cobró ejecutoria el 21 de mayo posterior(10). Entonces, se verifica que la demanda interpuesta el 12 de junio de 2008 se encontraba en término.

De la legitimación en la causa por activa, la Sala comprueba que las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso son W.I.N. como sujeto pasivo de la privación de la libertad y J.A.I.G., M.S.N., N.I.N., G.I.N. y Y.C.I.N., como hijo, madre y hermanas de aquel, parentesco que acreditaron mediante sus respectivos registros civiles de nacimiento(11).

En lo concerniente a la legitimación en la causa por pasiva, la parte actora reputó como daño la privación de la libertad a la que fue sometido W.I.N. y el retardo en el trámite del proceso penal. Por lo tanto, esta colegiatura evidencia que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial están llamadas a concurrir al proceso, por cuanto la primera impuso la medida de aseguramiento al actor y adelantó el proceso en su etapa de instrucción, mientras que la segunda lo tramitó en la etapa de juzgamiento y profirió la sentencia de primera instancia.

3.2. Sobre los hechos probados.

El Juzgado XXX del Circuito Especializado de XXX allegó copia auténtica del proceso penal tramitado contra W.I.N. y otros con el radicado 2004-0436(12), solicitado por la parte actora(13).

En relación con la eficacia probatoria de la prueba trasladada, la Sala manifestó(14) que para ser valorada en el proceso contencioso administrativo sin la exigencia de formalidades adicionales, debe verificarse el cumplimiento de los presupuestos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.(15).

Por consiguiente, la Sala valorará los documentos que se trasladaron del proceso penal, luego de constatar que se aportaron en copia auténtica y el a quo los puso en conocimiento de las demandadas, quienes no los tacharon de falsos ni les restaron mérito a las pruebas. En lo concerniente a la prueba testimonial, aunque no fue ratificada en el caso de autos, la Nación - Fiscalía General de la Nación la mencionó en sus intervenciones procesales, al señalar que fundamentó la medida de aseguramiento impuesta.

3.2.1. De la prueba de los hechos relativos al daño y su imputación a la entidad demandada.

La parte demandante alegó que el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la afrenta a los derechos a la libertad y una pronta justicia de W.I.N.

Asimismo, la parte actora atribuyó la causación de daño a las demandadas a título de falla del servicio(16). Aseveró que la Fiscalía impuso la medida cautelar restrictiva de la libertad al señor I.N., sin tener en cuenta que este siempre se mostró ajeno a los hechos y no había prueba directa de responsabilidad. Igualmente, cuestionó que el juez de la causa emitió el fallo de primera instancia cuatro (4) años luego de finalizada la audiencia pública, en contravía con la ley procesal penal, que en ese momento disponía que el juez tenía quince (15) días para hacerlo.

Para acreditar los hechos atinentes al daño y su carácter antijurídico, así como la imputación de este a la Nación - Fiscalía General de la Nación y/o la Rama Judicial, la Sala cuenta con los siguientes hechos probados:

• El Grupo de Policía Judicial del Cuerpo Élite Antiterrorista de la Policía Metropolitana del XXX solicitó a la Fiscal Especializada Delegada ante la SIJIN MEVAL de XXX la interceptación de varios abonados telefónicos relacionados con una red de tráfico de armas de fuego, secuestro, extorsión, entre otros, el 13 de marzo de 2002(17).

• La Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de XXX abrió la investigación el 14 de marzo de 2012(18). Asimismo, autorizó las interceptaciones telefónicas y varias prórrogas de las mismas que le solicitó la Policía con anterioridad y con posterioridad a la emisión de la resolución(19).

• El Grupo de Policía Judicial del Cuerpo Élite Antiterrorista de la Policía Metropolitana del XXX determinó, con base en las interceptaciones telefónicas, que la red de personas dedicadas al tráfico de armas, municiones, material de intendencia y otros operaba en el área metropolitana del XXX, su sede era XXX y estaba compuesta, entre otros, por Á.S.J.G. y W.I.N., alias “W.”, a quien se identificó con la C.C. XXX de XXX y quien se ubicaba en el corregimiento XXX, jurisdicción del municipio de XXX (XXX)(20).

• El subintendente de la Policía Nacional Á.L.M.O. declaró(21) que las interceptaciones telefónicas permitieron inferir que el líder de la banda delincuencial era Simón Á.J., que también se dedicaban al tráfico de estupefacientes y que en esta última actividad intervenía “W.”, cuya labor era la coordinación y transporte de mercancía ilícita a XXX. Sin embargo, luego indicó que “W.” se ubicaba en el Valle del XXX y que se encargaba de enviar alucinógenos a otra organización en ese departamento.

Explicó que lograron la individualización de los integrantes del grupo porque en las conversaciones telefónicas con familiares o amigos referían sus nombres y cédulas, ya tenían identificados a algunos en otros procesos y acudían a las citas que ellos acordaban y les pedían los documentos.

• La policía judicial aportó las trascripciones de las conversaciones sostenidas entre Á.S.J. y W. (sin apellido) a través del abonado telefónico XXX. En la primera(22), hablaron del cambio de una “moto modeluda” por doscientos (200) de “ya sabe qué”. El agente encargado de la trascripción concluyó que “W.” llamó a Á. para cambiar la motocicleta por doscientas (200) libras de marihuana, nombrada como “XXX”.

En una segunda oportunidad(23), “W.” le contó a Á. sobre problemas que tenía con un envío y que ya tenía la mercancía lista. La Policía señaló que los interlocutores coordinaban el envío de dieciséis (16) arrobas de marihuana.

Asimismo, “W.” conversó con A., menor de edad e hija de Á.J.(24), le pidió que le dijera a su padre que coordinara con alias “XXX” un trabajo relativo a carnes frías. Los uniformados señalaron que gestionaban que un camión que transportaba carnes frías hiciera lo mismo con la marihuana. También habló con E., otro hijo menor de Á.J.(25), a quien le solicitó que le informara a aquel que no tenía celular y que alguien había llegado pero no podían hacer nada.

En una tercera ocasión, “W.” habló con Á.J.(26) para dialogar sobre la colaboración de un sujeto que tenía un carro, pero a quien no lograba localizar. “W.” insistió a “Á.” que hablara con dicho individuo, ya que él [W.] estaba en XXX y ya había negociado “esa vaina”. Los agentes explicaron que la conversación versó sobre la forma de coordinar un cargamento de marihuana que tenía “W.”.

De igual forma, Á.J. charló con S. y/o alias “XXX”(27), quien le dijo que coordinó con “W.” para que tuviera la mercancía (marihuana) lista porque “XXX” la recogería esa noche. En otras conversaciones(28), “XXX” informó a Á.S. sobre el enlace con “W.” y “XXX” del cargamento de marihuana, hecho a través de la esposa de “W.”, quien le dijo que la mercancía estaba lista para que “XXX” la recogiera. Posteriormente(29), Ángel comentó a “XXX” que estaba preocupado porque quienes trasladaban la mercancía no se habían reportado y este le confirmó que “W.” corroboró su envío.

• La Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de XXX abrió la instrucción por concierto para delinquir con fines de narcotráfico el 5 de septiembre de 2003(30). Seguidamente, vinculó y ordenó la captura, entre otros, de W.I.N., identificado con la C.C. XXX de XXX, hijo de M.S. y L., con residencia en el corregimiento XXX (XXX).

• La Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de XXX envió a los comandantes de la SIPOL de XXX y de la XXX Brigada del Ejército Nacional, a los directores seccionales del CTI, SIJIN y el DAS y a los directores de las cárceles XXX y XXX una solicitud de información de fecha 9 de septiembre de 2003, relativa a la pertenencia a grupos armados al margen de la ley y antecedentes de las personas contra quienes expidió orden de captura, entre ellas, W.I.N., identificado con la C.C. XXX(31).

• La Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de XXX solicitó a la Fiscal Especializada de XXX que recepcionara la indagatoria de W.I.N. el 15 de septiembre de 2003(32). En dicho oficio resaltó la importancia de que la diligencia se realizara con prontitud puesto que el sindicado estaba privado de la libertad desde el día 13 de ese mismo mes y año.

• W.I.N. rindió indagatoria el 16 de septiembre de 2003(33). Precisó que era hijo de M.S.N. y L.A.I., nació el 3 de febrero de 1975, residía en XXX del municipio de XXX (XXX), era agricultor y estuvo detenido entre 1996 y 1998 por traficar marihuana. Negó conocer a Á.S.J.G. y a alias “XXX” o hablar por teléfono con ellos y solicitó que le fueran puestas de presente las conversaciones interceptadas.

• Á.S.J.G. refirió en su indagatoria(34) que vivía en XXX (XXX) y estuvo preso entre 1997 y el 2000 por tráfico de estupefacientes. Aceptó que para el momento de su captura se dedicaba a la compra y venta de bazuco, cocaína y marihuana, que las dos primeras la conseguía en XXX y la marihuana se la llevaba cada mes un sujeto apodado “el indio” desde XXX (XXX). Luego indicó que conoció a W.I. a través de un sujeto que se lo presentó en XXX quince meses atrás, le mandaba marihuana desde XXX y se comunicaban cuando él [W.] lo llamaba para ofrecerle mercancía.

• La Fiscalía XXX Especializada Delegada de XXX impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario a W.I.N. (en la providencia se anotó que su cédula de ciudadanía era XXX, pero se escribió a mano que era 10.492.176 de XXX) y otros por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico el 1º de octubre de 2003(35). El fiscal explicó que las conversaciones interceptadas dieron cuenta de la actividad delictiva de los procesados, quienes estaban concertados para cometer delitos y, en ese momento, además de la confesión de Á.S.J.G., existían más de dos serios y graves indicios que comprometían su responsabilidad.

• La Fiscalía XXX Especializada Delegada de XXX solicitó al director de la Penitenciaría Nacional XXX de XXX que mantuviera privado de la libertad a W.I.N., identificado con la C.C. XXX de XXX, el 20 de octubre de 2003(36).

• La defensora de W.I.N. solicitó la ampliación de su indagatoria, la exposición del contenido de las conversaciones interceptadas y la recepción de varios testimonios el 20 de abril de 2004(37).

• La Fiscalía XXX Especializada Delegada de XXX decretó la ampliación de indagatoria de W.I.N., la práctica de los testimonios solicitados y comisionó al Laboratorio de Investigación Científica XXX para que expidiera una copia de las conversaciones, las enviara al procesado y le tomara una muestra espectrográfica el 26 de mayo de 2004(38).

• La Fiscalía XXX Especializada Delegada de XXX comunicó que a la fecha, esto es, 11 de junio de 2004, el laboratorio no le había enviado la copia del cassette contentivo de las conversaciones(39). El 16 de junio siguiente, el despacho reiteró al laboratorio la urgencia de la práctica de dicha prueba(40), que fue recibida en ese mismo día(41) y al siguiente, ordenó la ampliación de la indagatoria y la toma de muestra de voz a W.I.N.(42). Dichas pruebas fueron reiteradas por la Fiscalía el 23 de junio de 2004(43).

• El señor W.I.N. solicitó traslado a la cárcel de XXX o XXX, con base en que su familia carecía de recursos económicos para visitarlo en XXX(44). Tal petición fue negada el 28 de julio de 2004, por no ajustarse a los presupuestos de los artículos 75 y 77 de la Ley 65 de 1993(45). Después(46), peticionó su traslado a la Cárcel de XXX para poder hablar personalmente con su abogada. Dicha solicitud fue remitida por competencia la INPEC el 22 de febrero de 2005(47). Nuevamente, requirió su traslado a XXX(48), pero el juez la remitió al INPEC el 21 de junio de 2005(49).

• W.I.N. amplió su indagatoria el 12 de julio de 2004(50). Negó conocer a Á.S.J., admitió haber viajado a XXX para recolectar café, pero no conocía XXX. Refirió que era jornalero y al momento de su detención laboraba en la construcción de un acueducto en XXX y devengaba ciento sesenta mil pesos ($ 160.000).

El despacho reprodujo las conversaciones sostenidas por “W.” y Á.S.J. El señor I.N. afirmó que la voz de aquel no era la suya y agregó que en su pueblo no había líneas telefónicas, él nunca había tenido teléfono fijo ni celular y no conocía el número XXX. Finalmente, le tomaron muestras de voz, de manera directa y vía telefónica(51).

• La Fiscalía XXX Especializada Delegada de XXX profirió resolución de acusación contra W.I.N. y otros por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico el 27 de agosto de 2004(52). Señaló que al parecer W.I.N. era conocido como alias “XXX” o “XXX”, obraban varias conversaciones donde “W.” coordinó con Á.S.J. el envío de marihuana y que este último no vaciló al declarar que conocía W.I. y era la persona a quien remitía marihuana desde XXX, municipio que se encontraba a diez (10) kilómetros de distancia de XXX y quince (15) de XXX.

• Los señores A.P., J.E.R., D.V. y H.M. atestiguaron que W.I. era agricultor y tenía buen comportamiento con su familia y la sociedad(53).

• El laboratorio XXX dictaminó en informe del 24 de agosto de 2004(54), que las muestras examinadas no eran aptas para realizar un análisis comparativo de identificación de voz, ya que presentaban insuficiencias cualitativas por pérdida de información.

• El Juzgado XXX del Circuito Especializado de XXX celebró la audiencia preparatoria el 17 de mayo de 2005(55). En el desarrollo de la misma, el juez acotó que los testimonios solicitados por la defensa de W.I. ya habían sido practicados y comisionó al laboratorio XXX para que determinara si la voz de los cassettes correspondía a la de W.I.

• El Juzgado XXX del Circuito Especializado de XXX inició la audiencia pública el 14 de junio de 2005(56) y la finalizó el 25 de agosto de 2005(57). Al inicio del trámite, refirió que W.I. estaba recluido en la Cárcel XXX de esa ciudad(58). Se anotó que declararon W.I.N., Á.S.J. y otros, pero no se observa el contenido de sus exposiciones, solo consta que fueron grabadas en cintas magnetofónicas.

Por otro lado, el juez indicó que nuevamente tomarían muestras de voz a W.I. y cerró el trámite de pruebas cuando llegaron los resultados de la misma.

• El laboratorio XXX examinó los ejemplares tomados a W.I. el 23 de junio de 2005. Concluyó que no eran aptas para análisis de identificación porque contenían ruido e interferencias que enmascaraban las características de la voz(59).

• W.I.N. solicitó información sobre el estado del proceso(60). El juez contestó mediante providencia del 25 de julio de 2006(61), que en el despacho cursaban numerosos procesos y serían resueltos en el orden de terminación de la audiencia pública. Posteriormente, solicitó la concesión de libertad provisional el 16 de mayo de 2007(62), pero no consta la providencia que la negó.

• El Juzgado Penal del Circuito Especializado de XXX, en virtud de la descongestión ordenada por el Acuerdo PSAA07-4143 de 2007 del Consejo Superior de la Judicatura(63), absolvió a W.I.N. del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y ordenó su libertad el 18 de febrero de 2008(64).

En relación con el procesado, enunció que las únicas pruebas de cargo eran el testimonio de Á.S.J.G. y las interceptaciones telefónicas de las conversaciones que este último sostuvo con un sujeto llamado “W.” que residía en XXX. No obstante, aquel dijo en la audiencia pública que la persona que estaba en esa diligencia no era el sujeto que conocía como W., la señora M.E.B.L. aseguró que el esposo de M.M.M.P., otra de las implicadas, se llamaba W. y no era quien estaba en la audiencia y no se confirmó científicamente que la voz que aparecía en las grabaciones correspondía a la de W.I.N.

El juez resaltó que la retractación de Á.S.J. era sospechosa y su testimonio no cimentaba por sí solo una sentencia condenatoria. Agregó que no estaba claro cómo se logró la identificación de W.I., pues la policía judicial no obtuvo sus apellidos y el señor J.G. no los suministró, ya que cuando rindió indagatoria aquel ya estaba detenido, motivo por el cual consideró que la Fiscalía no derrumbó la presunción de inocencia.

• El señor W.I.N. recuperó la libertad el 22 de febrero de 2008(65).

3.3. Asuntos a resolver por la Sala.

Para emitir una decisión de mérito en el proceso de la referencia, la Sala verificará si están probados los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, labor en la cual dará solución a las siguientes cuestiones:

— Establecer si existe corresponsabilidad entre las demandadas en la privación injusta de la libertad del actor.

— Determinar si los perjuicios en relación con la privación injusta de la libertad fueron debidamente tasados y si la prueba testimonial recabada demostró la vulneración a bienes constitucionalmente relevantes del actor.

— Constatar si hubo mora judicial imputable a la Nación - Rama Judicial en la emisión de la sentencia de primera instancia en el proceso penal.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

3.4.1. Título de imputación aplicable en los eventos de privación injusta de la libertad. 

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, de este deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(66).

Asimismo, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que preveía:

“Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

Por su parte, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 prevé que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios”. Esta regla no impide abordar la responsabilidad estatal con fundamento en el criterio previamente referido, ya que dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos.

La jurisprudencia unificada de la corporación(67) sostiene que se puede establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria o su equivalente (preclusión de la investigación) porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía conducta punible o fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, sin consideración a que en la imposición de la restricción a la libertad se hayan cumplido las exigencias legales.

Para esta Corte, las anteriores hipótesis se fundamentan en el título de imputación de daño especial, pues la antijuridicidad del daño deviene de la absolución posterior del detenido, hecho que implica que no estaba en el deber de soportar la detención, pues en un Estado social de derecho, el principio de presunción de inocencia envuelve que la privación de la libertad sólo debe ser consecuencia de una sentencia condenatoria.

Pese a lo anterior, se resalta que aun en los eventos en que esté probado el daño antijurídico y se haya constatado que el mismo es en principio imputable de manera objetiva a la entidad demandada, antes de condenar se debe examinar si se presentó culpa exclusiva de la víctima de la privación injusta en el acaecimiento de la misma, tal como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que reza:

“El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Conforme a lo expuesto, la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por privación de la libertad del procesado es esencialmente de carácter objetivo, lo cual no implica que si se demuestra que la decisión de privar de la libertad al sindicado fue ilegal, no haya responsabilidad del Estado por este hecho, lo que sucede es que en esos casos sí opera un título de imputación subjetivo.

La Sección Tercera asumió esta postura en la sentencia de unificación aludida, al expresar que el régimen previsto no implica una restricción al alcance de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90 de la Constitución Política, lo que posibilita que en el evento en que concurran los elementos necesarios para declarar la responsabilidad de aquel por falla en el servicio, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, “el caso puede ser resuelto ora a través de la aplicación de un régimen objetivo, ora al amparo de uno subjetivo de responsabilidad, pues el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación —además de la ilicitud del proceder de la misma entidad en el caso concreto— determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable”.

Ahora bien, la parte actora discrepó del título de imputación escogido por el a quo, quien señaló que se presentó una falla en el servicio porque la Fiscalía ordenó la captura de W.I.N. sin que fuera debidamente identificado como “W.”, interlocutor de las llamadas telefónicas interceptadas.

La Sala considera que en el proceso penal no hay elemento alguno que demuestre cómo, cuándo y porqué la Fiscalía concluyó que “W.”, persona que coordinaba telefónicamente el envío de estupefacientes a Á.S.J. desde XXX hasta XXX, era W.I.N. En las conversaciones que Á.S.J. sostuvo con “W.” o cuando hablaba con alias “XXX” o “XXX” y lo mencionaban, nunca refirieron su apellido y no se probó científicamente que la voz de “W.” correspondiera a W.I.N.

Aunque el señor I.N. aceptó en su indagatoria que tenía antecedentes penales por tráfico de estupefacientes y el subintendente de la Policía Nacional Á.L.M.O. declaró que identificaron a algunos miembros del grupo a través de otros procesos penales, no especificó nada respecto a W.I.N., no se indagó si este continuó con su actuar delictivo luego de cumplir la pena impuesta y el hecho de que tuviera antecedentes penales no podía ser considerado como indicio de responsabilidad en su contra en aquel proceso, al ser un asunto que hizo tránsito a cosa juzgada y debía respetarse el principio de non bis in idem.

Del mismo modo, la única vinculación entre estos dos sujetos con el mismo nombre de pila fue el señalamiento que hizo Á.S.J. en su indagatoria, pero en ese momento W.I.N. ya estaba detenido y a aquel no se le preguntó por “W.”, sino por W.I.N. Igualmente, este último aseveró en la audiencia pública que la persona a la que se refería no era el mismo W. que estaba presente en la diligencia.

La Fiscalía tampoco tuvo en cuenta que Á.S.J. indicó que “W.” le enviaba estupefacientes desde XXX, suceso que también es mencionado en las conversaciones interceptadas. Sin embargo, W.I.N. residía en la vereda XXX del municipio de XXX y el ente acusador nunca lo ubicó en XXX, no investigó si el teléfono desde el que “W.” llamaba a Á.S.J. era el de W.I.N. o estaba relacionado de alguna forma con él e incluso señaló que “W.” era alias “XXX” o “XXX”, no obstante las interceptaciones telefónicas denotaron que eran dos personas distintas. 

De ahí que la Sala observa que se presentó una falla en el servicio imputable únicamente a la Nación - Fiscalía General de la Nación, entendida como la falta de certeza en la identificación de W.I.N., que ocasionó su vinculación al proceso penal y la privación de la libertad, yerro que precisamente fue exaltado por el juez de primera instancia que lo absolvió del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. 

El error o falta de certeza en la identificación del autor del delito referido se originó en la etapa investigativa, puesto que el ente acusador no cumplió con el deber de “recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible” consagrado en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000 y tampoco lo dispuesto en el artículo 331 de la misma, que indicaba que la instrucción tenía como finalidad, entre otras, determinar “quién o quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible” y “las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del procesado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policía y sus condiciones de vida”. 

Además, aunque la parte demandante pregonó en el recurso de apelación que el título aplicable era el objetivo, lo cierto es que en la demanda, sus alegatos y en el mismo recurso alegó una falla en el servicio y cuestionó la actividad de las demandadas e indicó que actuaron al margen de la ley y en detrimento de los derechos del actor, es decir, reprochó el actuar de ambas entidades, circunstancia que no es relevante en el régimen objetivo pues, como se explicó, lo notable es el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas de los ciudadanos, no de la conducta del Estado.

La Sala observa que si bien era posible resolver el asunto en aplicación del régimen objetivo de daño especial, dado que el actor fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, el operador judicial descubrió la existencia de una falla en el servicio, motivo por el cual consideró que el título de imputación debía ser subjetivo. En todo caso, el régimen escogido no modificaría la imputación del daño a la Nación - Fiscalía General de la Nación, pues el juez de la causa absolvió al actor del delito imputado y el yerro en la identificación de W.I. es atribuible únicamente al ente acusador. Por consiguiente, no se variará la sentencia de primera instancia en lo atinente al régimen de imputación y a la entidad declarada responsable. 

3.5. Análisis de la Sala sobre los perjuicios en relación con la privación injusta de la libertad.

3.5.1. Perjuicios morales.

La parte demandante solicitó que las condenas impuestas sean acordes al tiempo real de privación de la libertad del señor I.N., pues en el fallo de primera instancia se tomó un lapso irrisorio que no correspondió a los más de cuatro años que W.I.N. estuvo detenido.

La Sección Tercera del Consejo de Estado(68) estableció en sentencia de unificación que la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados y el término de duración de la privación de la libertad, para lo cual se requiere, según la calidad alegada, la prueba del estado civil, la convivencia de los compañeros o de la relación afectiva, así:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

En este asunto, la parte actora probó que la privación de la libertad que padeció W.I.N. se extendió desde el 13 de septiembre de 2003 hasta el 22 de febrero de 2008 y no desde el 12 de septiembre de 2003 hasta el 1º de octubre del mismo año, lapso que erróneamente tomó el a quo para tasar los perjuicios.

Por consiguiente, la Sala modificará este rubro para adecuarlo a los cuatro (4) años, cinco (5) meses y nueve (9) días que el actor permaneció detenido. Entonces, aumentará los perjuicios morales para W.I.N., su hijo J.A.I.G. y su madre M.S.N. a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cincuenta (50) para sus hermanos N.I.N., G.I.N. y Y.C.I.N.

3.5.2. Lucro cesante.

La Sala observa que la tasación del lucro cesante tampoco tuvo en cuenta el tiempo que el actor estuvo privado de la libertad, por lo que también será objeto de modificación, así:

En el proceso penal se estableció que W.I.N. era agricultor y al momento de su detención laboraba en la construcción de un alcantarillado en el municipio de XXX. En vista de que no se determinó con certeza el salario que devengaba, se tomará el salario mínimo legal mensual vigente, esto es, setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos ($ 737.717) como base de liquidación.

De igual forma, en consideración a que el tiempo de detención fue de (4) años, cinco (5) meses y nueve (9) días, la Sala determinará el lucro cesante conforme a la siguiente fórmula matemática:

aaa
 

S= $ 44.577.384

Por consiguiente, la corporación reconocerá a W.I.N. la suma de cuarenta y cuatro millones quinientos setenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos sesenta ($ 44.577.384) por concepto de lucro cesante.

3.5.3. Daño a la vida de relación.

Los demandantes requirieron el reconocimiento del daño a la vida de relación, con fundamento en que la familia de W.I. tuvo que mudarse del campo a la ciudad, trabajar en el “rebusque” y no verlo durante cinco años, pues no pudieron visitarlo en la cárcel.

Asimismo, alegaron que permanecer privado de la libertad injustificadamente constituía un daño a la honra y al buen nombre y que esta era una lesión objetiva que no requería ser probada y era reconocida de tal forma a personalidades de la política nacional.

En cuanto a este tipo de daño, la jurisprudencia unificada de esta corporación(69) lo definió como:

"Cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación(70)”.

En cuanto a su reconocimiento, la citada jurisprudencia indicó:

“Se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados, la cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza” y finalmente, que “en casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño”.

Para acreditar esta afectación se recepcionaron varias declaraciones en el proceso, veamos:

I.G.P.(71) aseveró que conocía a W.I.N. desde 1999 porque le cercó la finca, que en el año 2003 trabajaba como agricultor y ayudaba a su mamá y a una hermana, no sabía si su familia lo visitaba en la cárcel, durante la reclusión su hermana R. murió y todo ese tiempo la madre de W. estuvo muy decaída y triste.

H.M.D.(72) dijo conocer a W.I. y su familia desde años atrás, que todos eran agricultores, creía que lo que ganaba W. lo destinaba para su familia y no supo cómo era la situación económica de aquellos luego de la detención de W., ya que se mudaron a XXX.

A.P.(73) indicó que era vecino de W.I., no se acordaba de la actividad que desempeñaba en el 2003, pero que lo llamaban de las fincas a “ganarse el día” y ayudaba económicamente a su familia. Luego precisó que trabajaba con él en la construcción de unas alcantarillas en el corregimiento XXX del municipio de XXX y solo supo que se lo llevaron pero no quienes y que por la detención de W. su familia tuvo que irse a trabajar a XXX.

Frente a este punto, la Sala comparte el criterio esbozado por el a quo atinente a que la parte actora no demostró su padecimiento, pues los testigos que declararon en el proceso simplemente indicaron que la privación de la libertad perjudicó la vida del actor y su familia y le ocasionó problemas económicos, situaciones ya abarcadas por los perjuicios morales y materiales reconocidos, pero no se acreditó la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados, en los términos expuestos con anterioridad.

Además, este perjuicio es reconocido únicamente para la víctima directa de la privación injusta de la libertad y respecto a W.I.N., sólo aseveraron que se presumía que padeció un daño a su buen nombre y honra por su detención. Sin embargo, la Sala aclara que para proceder a la reparación del daño, debe ser cierto y estar probado, es decir, no se presume y su reconocimiento no opera de forma automática porque haya sido reconocido en otros casos. En el sub lite, los accionantes no concretaron en qué consistió el detrimento alegado ni aportaron elemento alguno que demostrara su padecimiento, razón por la cual se confirmará su negación.

3.6. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Esta hipótesis de responsabilidad del Estado está contenida en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, así: 

“Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”. 

Sobre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta corporación consideró(74)

“En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.  

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”. 

En suma, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso, proviene de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, implica un funcionamiento defectuoso o anormal obtenido de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial y es un título de imputación de carácter subjetivo que se manifiesta cuando la administración de justicia funcionó mal, no funcionó o funcionó tardíamente(75).

Los accionantes acotaron que la sentencia fue proferida mucho tiempo después de finalizada la audiencia pública, no obstante en aquel asunto había preso y por ende, el fallo tenía prelación, o lo que es lo mismo, alegaron que existió mora judicial. 

El estudio de una presunta dilación injustificada de un proceso abarca un análisis atinente a la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como fue tramitado el caso, el volumen de trabajo que tenía despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no se asemejan a los términos de ley, sino al promedio de duración de procesos similares al reputado como moroso(76)

Del mismo modo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exaltó que para determinar si un Estado parte ha infringido la garantía judicial a un plazo razonable, debe analizarse el marco temporal del proceso, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades y la afectación jurídica de la parte interesada(77).

En lo concerniente al proceso penal cursado contra W.I.N., los demandantes probaron que la audiencia pública finalizó el 28 de agosto de 2005 y el juez emitió sentencia de primera instancia el 18 de febrero de 2008, por lo que es evidente que hubo un incumplimiento del término señalado en el artículo 410 de la Ley 600 de 2000, que le otorgaba al juez quince (15) días luego de la culminación de la audiencia pública para proferir el fallo de primera instancia. 

Sin embargo, el incumplimiento de términos, para generar responsabilidad del Estado, debe ser injustificado, sin motivo razonable o producto de una omisión del cumplimiento de los deberes del operador judicial(78). Por el contrario, en el caso de autos se probó que el Juzgado XXX del Circuito Especializado de XXX informó al procesado que fallaría su proceso en el turno correspondiente, según la fecha de finalización de la audiencia pública de los asuntos con preso y que el despacho tenía un alto volumen de trabajo. Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura aplicó al juzgado una medida de descongestión y la sentencia tuvo que ser proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de XXX.  

Dicho de otro modo, los demandantes no demostraron un retardo injustificado en la emisión del fallo aludido y, consiguientemente, la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El hecho de que en el trámite hubiera preso no constituía per se un mecanismo para alterar el orden de los procesos judiciales o el turno establecido para su fallo. Sobre este punto, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 prevé que el orden para proferir las sentencias lo determina la fecha en la que el expediente pasó al despacho, so pena de estar incurso en falta disciplinaria. 

En tal virtud, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en relación con la negativa a declarar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial.

3.7. Costas.

Esta colegiatura considera que no hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidenció en el caso concreto actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de XXX el ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012). En su lugar, dispone:

1. CONDENAR a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales las siguientes sumas:

NivelDemandanteCalidadIndemnización
W.I.N.Víctima100 SMLMV
J.A.I.G.Hijo100 SMLMV
M.S.N.Madre100 SMLMV
N.I.N.Hermana50 SMLMV
G.I.N.Hermana50 SMLMV
Y.C.I.N.Hermana50 SMLMV

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagarle a W.I.N. cuarenta y cuatro millones quinientos setenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos sesenta ($ 44.577.384) por concepto de lucro cesante.

3. CONFIRMAR la sentencia en sus demás aspectos.

4. Sin condena en costas.

5. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente—Jaime Enrique Rodríguez NavasGuillermo Sánchez Luque.

1 Folios 27 a 44, cuaderno 1.

2 Folios 58 a 68, cuaderno 1.

3 Folios 72 a 83, cuaderno 1.

4 Folios 144 a 156, cuaderno principal.

5 Folios 173 a 192, cuaderno principal.

6 Folios 194 a 205, cuaderno principal.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 2008-00009.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de 1993, radicación 7407-7399; auto del 2 de febrero de 1996, radicación 11.425; auto del 14 de agosto de 1997, radicación 13.258; auto del 24 de septiembre de 1998, radicación 13.626; sentencia del 18 de octubre de 2000, radicación 12.228; auto del 2 de noviembre de 2000, radicación 17.964 y sentencia del 13 de septiembre de 2001, radicación 13.392, entre otras.

9 Folios 17 a 40, cuaderno 6.

10 Folio 75, cuaderno 6 proceso penal.

11 Folios 6 a 11, cuaderno 1.

12 Últimos folios de los cuadernos 1 al 6 del proceso penal.

13 Folios 39 y 94, cuaderno 1.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 1992, radicación 6514, sentencia del 30 de mayo de 2002, radicación 13.476 y sentencia del 5 de junio de 2008, radicación 16.174.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de mayo de 2002, radicación 13476.

15 “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

16 La parte demandante cuestionó que el a quo aplicara el régimen subjetivo de imputación e indicó que como el actor fue absuelto con fundamento en el principio de in dubio pro reo, el que procedía era el objetivo. No obstante, señaló en la demanda que el título que operaba era el de falla en el servicio y en todas sus intervenciones procesales, incluso en el recurso de apelación, cuestionó la actuación de las demandadas durante el proceso y las reputó violatorias de los derechos de los accionantes.

17 Folios 1 a 6, cuaderno 1 proceso penal.

18 Folios 12 a 13, cuaderno proceso penal.

19 Folios 7, 9, 14 a 15, 20, 27 a 28, 32 a 33, 38 a 39, 44, 49, 54 a 55, 62, 65, 71 a 72, 78 a 79, 83 a 84, 88, 95 a 96, 102 a 103, 108 a 109, 115, 120, 124, 130 a 131, 138 a 139, 145 a 146, 154, 171 a 172, 179 a 180, 187, 193 a 194, 203 a 204, 209 a 210, 216 a 217, 222 a 223, 231 a 232, 239 a 240, 244, 249 a 250 272, 276, 295 a 296 y 310 a 311, cuaderno 1 proceso penal.

20 Folios 253 a 255, cuaderno 1 proceso penal.

21 Folios 299 a 304, cuaderno 1 proceso penal.

22 Folios 73 a 76, anexo 3.

23 Folios 80 a 83, anexo 3.

24 Folios 88 a 89, anexo 3.

25 Folios 77 a 78, anexo 3.

26 Folios 89 a 91, anexo 3.

27 Folios 97 a 100, anexo 3.

28 Folios 100 a 105 y 108 a 110, anexo 3.

29 Folios 113 a 114 y 117 a 119, anexo 3.

30 Folios 6 a 4 (error de foliación), cuaderno 2 proceso penal.

31 Folios 15 a 19, cuaderno 2 proceso penal.

32 Folios 118 a 119, cuaderno 2 proceso penal.

33 Folios 132 a 135, cuaderno 2 proceso penal.

34 Folios 142 a 149, cuaderno 2 proceso penal.

35 Folios 202 a 233, cuaderno 2 proceso penal.

36 Folio 324, cuaderno 2 proceso penal.

37 Folios 173 a 174, cuaderno 3 proceso penal.

38 Folios 201 a 2020, cuaderno 3 proceso penal.

39 Folio 225, cuaderno 3 proceso penal.

40 Folios 226 a 227, cuaderno 3 proceso penal.

41 Folio 229, cuaderno 3 proceso penal.

42 Folio 231, cuaderno 3 proceso penal.

43 Folio 20, cuaderno 4 proceso penal.

44 Folio 288, cuaderno 3 proceso penal.

45 Folio 7, cuaderno 4 proceso penal.

46 Folio 258, cuaderno 4 proceso penal.

47 Folio 260, cuaderno 4 proceso penal.

48 Folios 17 a 18, cuaderno 5 proceso penal.

49 Folio 20, cuaderno 5 proceso penal.

50 Folios 26 a 31, cuaderno 4 proceso penal.

51 Folios 32 a 33, cuaderno 4 proceso penal.

52 Folios 91 a 115, cuaderno 4 proceso penal.

53 Folios 135 a 138, cuaderno 4 proceso penal.

54 Folios 148 a 155, cuaderno 4 proceso penal.

55 Folios 266 a 271, cuaderno 4 proceso penal.

56 Folios 1 a 7, cuaderno 5 proceso penal.

57 Folios 68 a 70, cuaderno 5 proceso penal.

58 A folio 54 del cuaderno 5 del proceso penal se observa oficio en el que el director de la Cárcel de XXX informó que W.I. fue trasladado allí el 18 de marzo de 2005.

59 Folios 25 a 35, cuaderno 5 proceso penal.

60 Folios 214 a 215, cuaderno 5 proceso penal.

61 Folio 217, cuaderno 5 proceso penal.

62 Folios 2 a 3, cuaderno 6 proceso penal.

63 Folio 41, cuaderno 6 proceso penal.

64 Folios 17 a 40, cuaderno 6 proceso penal.

65 Folio 51, cuaderno 6 proceso penal.

66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, radicación 17.042.

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, radicación 23.354.

68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, radicación 36.149.

69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 28 de agosto de 2014, radicados 32.988 y 26.251.

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, radicados 19.031 y 38.222.

71 Folios 120 a 121, cuaderno 1.

72 Folios 122 a 123, cuaderno 1.

73 Folios 124 a 125, cuaderno 1.

74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2006, radicación 14.307.

75 Sobre el particular: sentencias del 12 de febrero 2014, del 26 de septiembre de 2013, radicados 28.857 y 28.164, respectivamente.

76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 2013, radicación 30.495.

77 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Furlán y familiares contra Argentina, sentencia del 31 de agosto de 2012.

78 Corte Constitucional, sentencias T-803 de 2012 y T-230 de 2013.