Sentencia 2009-00426/45234 de diciembre 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 05001-23-31-000-2009-00426-01 (45.234)

Actor: Wilson Ibarra Noriega y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial

Referencia: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D.C., cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

La Sala es competente para resolver el presente caso, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 determinó que la competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, en primera instancia le corresponde a los Tribunales Administrativos y, en segunda, al Consejo de Estado, sin consideración a la cuantía de los mismos(7).

En relación con la vigencia de la acción, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que el término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado. Asimismo, la jurisprudencia8(8) señaló que en estos eventos el lapso debe contarse desde el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluyó la investigación o que absolvió al procesado, ya que a partir de ese momento el afectado tiene conocimiento del carácter injusto de la detención.

Sobre esta base, la Sala constata que el juzgado penal del circuito especializado de Armenia absolvió a Wilson Ibarra Noriega y otros del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico el 18 de febrero de 2008(9) y que dicho fallo cobró ejecutoria el 21 de mayo posterior(10). Entonces, se verifica que la demanda interpuesta el 12 de junio de 2008 se encontraba en término.

De la legitimación en la causa por activa, la Sala comprueba que las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso son Wilson Ibarra Noriega como sujeto pasivo de la privación de la libertad y Johny Alejandro Ibarra Giraldo, María Sonia Noriega, Nilsa Ibarra Noriega, Gloria Ibarra Noriega y Yini del Carmen Ibarra Noriega, como hijo, madre y hermanas de aquel, parentesco que acreditaron mediante sus respectivos registros civiles de nacimiento(11).

En lo concerniente a la legitimación en la causa por pasiva, la parte actora reputó como daño la privación de la libertad a la que fue sometido Wilson Ibarra Noriega y el retardo en el trámite del proceso penal. Por lo tanto, esta colegiatura evidencia que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial están llamadas a concurrir al proceso, por cuanto la primera impuso la medida de aseguramiento al actor y adelantó el proceso en su etapa de instrucción, mientras que la segunda lo tramitó en la etapa de juzgamiento y profirió la sentencia de primera instancia.

3.2. Sobre los hechos probados.

El juzgado cuarto penal del circuito especializado de Medellín allegó copia auténtica del proceso penal tramitado contra Wilson Ibarra Noriega y otros con el radicado 2004-0436(12), solicitado por la parte actora(13).

En relación con la eficacia probatoria de la prueba trasladada, la Sala manifestó(14) que para ser valorada en el proceso contencioso administrativo sin la exigencia de formalidades adicionales, debe verificarse el cumplimiento de los presupuestos del artículo 185 del C.P.C.(15).

Por consiguiente, la Sala valorará los documentos que se trasladaron del proceso penal, luego de constatar que se aportaron en copia auténtica y el a quo los puso en conocimiento de las demandadas, quienes no los tacharon de falsos ni les restaron mérito a las pruebas. En lo concerniente a la prueba testimonial, aunque no fue ratificada en el caso de autos, la Nación - Fiscalía General de la Nación la mencionó en sus intervenciones procesales, al señalar que fundamentó la medida de aseguramiento impuesta.

3.2.1. De la prueba de los hechos relativos al daño y su imputación a la entidad demandada.

La parte demandante alegó que el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la afrenta a los derechos a la libertad y una pronta justicia de Wilson Ibarra Noriega.

Asimismo, la parte actora atribuyó la causación de daño a las demandadas a título de falla del servicio(16). Aseveró que la Fiscalía impuso la medida cautelar restrictiva de la libertad al señor Ibarra Noriega, sin tener en cuenta que este siempre se mostró ajeno a los hechos y no había prueba directa de responsabilidad. Igualmente, cuestionó que el juez de la causa emitió el fallo de primera instancia cuatro (4) años luego de finalizada la audiencia pública, en contravía con la ley procesal penal, que en ese momento disponía que el juez tenía quince (15) días para hacerlo.

Para acreditar los hechos atinentes al daño y su carácter antijurídico, así como la imputación de este a la Nación - Fiscalía General de la Nación y/o la Rama Judicial, la Sala cuenta con los siguientes hechos probados:

• El grupo de policía judicial del cuerpo élite antiterrorista de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá solicitó a la fiscal especializada delegada ante la SIJIN MEVAL de Medellín la interceptación de varios abonados telefónicos relacionados con una red de tráfico de armas de fuego, secuestro, extorsión, entre otros, el 13 de marzo de 2002(17).

• La unidad de fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Medellín abrió la investigación el 14 de marzo de 2012(18). Asimismo, autorizó las interceptaciones telefónicas y varias prórrogas de las mismas que le solicitó la Policía con anterioridad y con posterioridad a la emisión de la resolución(19).

• El grupo de policía judicial del cuerpo élite antiterrorista de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá determinó, con base en las interceptaciones telefónicas, que la red de personas dedicadas al tráfico de armas, municiones, material de intendencia y otros operaba en el área metropolitana del Valle de Aburrá, su sede era Medellín y estaba compuesta, entre otros, por Ángel Simón Jiménez Guevara y Wilson Ibarra Noriega, alias “Wilson”, a quien se identificó con la C.C. 10.492.176 de Santander de Quilichao y quien se ubicaba en el corregimiento El Palo, jurisdicción del municipio de Caloto (Cauca)(20).

• El subintendente de la Policía Nacional Álvaro Luis Morales Osorio declaró(21) que las interceptaciones telefónicas permitieron inferir que el líder de la banda delincuencial era Simón Ángel Jiménez, que también se dedicaban al tráfico de estupefacientes y que en esta última actividad intervenía “Wilson”, cuya labor era la coordinación y transporte de mercancía ilícita a Medellín. Sin embargo, luego indicó que “Wilson” se ubicaba en el Valle del Cauca y que se encargaba de enviar alucinógenos a otra organización en ese departamento.

Explicó que lograron la individualización de los integrantes del grupo porque en las conversaciones telefónicas con familiares o amigos referían sus nombres y cédulas, ya tenían identificados a algunos en otros procesos y acudían a las citas que ellos acordaban y les pedían los documentos.

• La policía judicial aportó las trascripciones de las conversaciones sostenidas entre Ángel Simón Jiménez y Wilson (sin apellido) a través del abonado telefónico 2743886. En la primera(22), hablaron del cambio de una “moto modeluda” por doscientos (200) de “ya sabe qué”. El agente encargado de la trascripción concluyó que “Wilson” llamó a Ángel para cambiar la motocicleta por doscientas (200) libras de marihuana, nombrada como “Doña María”.

En una segunda oportunidad(23), “Wilson” le contó a Ángel sobre problemas que tenía con un envío y que ya tenía la mercancía lista. La Policía señaló que los interlocutores coordinaban el envío de dieciséis (16) arrobas de marihuana.

Asimismo, “Wilson” conversó con Andrea, menor de edad e hija de Ángel Jiménez(24), le pidió que le dijera a su padre que coordinara con alias “Cáscara” un trabajo relativo a carnes frías. Los uniformados señalaron que gestionaban que un camión que transportaba carnes frías hiciera lo mismo con la marihuana. También habló con Esteban, otro hijo menor de Ángel Jiménez(25), a quien le solicitó que le informara a aquel que no tenía celular y que alguien había llegado pero no podían hacer nada.

En una tercera ocasión, “Wilson” habló con Ángel Jiménez(26) para dialogar sobre la colaboración de un sujeto que tenía un carro, pero a quien no lograba localizar. “Wilson” insistió a “Ángel” que hablara con dicho individuo, ya que él [Wilson] estaba en Corinto y ya había negociado “esa vaina”. Los agentes explicaron que la conversación versó sobre la forma de coordinar un cargamento de marihuana que tenía “Wilson”.

De igual forma, Ángel Jiménez charló con Salvador y/o alias “El Mono”(27), quien le dijo que coordinó con “Wilson” para que tuviera la mercancía (marihuana) lista porque “Cáscara” la recogería esa noche. En otras conversaciones(28), “El Mono” informó a Ángel Simón sobre el enlace con “Wilson” y “Cáscara” del cargamento de marihuana, hecho a través de la esposa de “Wilson”, quien le dijo que la mercancía estaba lista para que “Cáscara” la recogiera. Posteriormente(29), Ángel comentó a “El Mono” que estaba preocupado porque quienes trasladaban la mercancía no se habían reportado y este le confirmó que “Wilson” corroboró su envío.

• La unidad de fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Medellín abrió la instrucción por concierto para delinquir con fines de narcotráfico el 5 de septiembre de 2003(30). Seguidamente, vinculó y ordenó la captura, entre otros, de Wilson Ibarra Noriega, identificado con la C.C. 10.942.176 de Santander de Quilichao, hijo de María Sonia y Luis, con residencia en el corregimiento El Palo (Cauca).

• La unidad de fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Medellín envió a los comandantes de la SIPOL de Medellín y de la cuarta Brigada del Ejército Nacional, a los directores seccionales del CTI, SIJIN y el DAS y a los directores de las cárceles Bellavista y El Buen Pastor una solicitud de información de fecha 9 de septiembre de 2003, relativa a la pertenencia a grupos armados al margen de la ley y antecedentes de las personas contra quienes expidió orden de captura, entre ellas, Wilson Ibarra Noriega, identificado con la C.C. 10.492.176(31).

• La unidad de fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Medellín solicitó a la fiscal especializada de Popayán que recepcionara la indagatoria de Wilson Ibarra Noriega el 15 de septiembre de 2003(32). En dicho oficio resaltó la importancia de que la diligencia se realizara con prontitud puesto que el sindicado estaba privado de la libertad desde el día 13 de ese mismo mes y año.

• Wilson Ibarra Noriega rindió indagatoria el 16 de septiembre de 2003(33). Precisó que era hijo de María Sonia Noriega y Luis Antonio Ibarra, nació el 3 de febrero de 1975, residía en El Palo del municipio de Caloto (Cauca), era agricultor y estuvo detenido entre 1996 y 1998 por traficar marihuana. Negó conocer a Ángel Simón Jiménez Guevara y a alias “Cáscara” o hablar por teléfono con ellos y solicitó que le fueran puestas de presente las conversaciones interceptadas.

• Ángel Simón Jiménez Guevara refirió en su indagatoria(34) que vivía en Copacabana (Antioquia) y estuvo preso entre 1997 y el 2000 por tráfico de estupefacientes. Aceptó que para el momento de su captura se dedicaba a la compra y venta de bazuco, cocaína y marihuana, que las dos primeras la conseguía en Cali y la marihuana se la llevaba cada mes un sujeto apodado “el indio” desde Corinto (Cauca). Luego indicó que conoció a Wilson Ibarra a través de un sujeto que se lo presentó en Medellín quince meses atrás, le mandaba marihuana desde Corinto y se comunicaban cuando él [Wilson] lo llamaba para ofrecerle mercancía.

• La fiscalía 31 especializada delegada de Medellín impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario a Wilson Ibarra Noriega (en la providencia se anotó que su cédula de ciudadanía era 10.942.176, pero se escribió a mano que era 10.492.176 de Santander de Quilichao) y otros por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico el 1º de octubre de 2003(35). El fiscal explicó que las conversaciones interceptadas dieron cuenta de la actividad delictiva de los procesados, quienes estaban concertados para cometer delitos y, en ese momento, además de la confesión de Ángel Simón Jiménez Guevara, existían más de dos serios y graves indicios que comprometían su responsabilidad.

• La fiscalía 31 especializada delegada de Medellín solicitó al director de la Penitenciaría Nacional San Isidro de Popayán que mantuviera privado de la libertad a Wilson Ibarra Noriega, identificado con la C.C. 10.492.176 de Santander de Quilichao, el 20 de octubre de 2003(36).

• La defensora de Wilson Ibarra Noriega solicitó la ampliación de su indagatoria, la exposición del contenido de las conversaciones interceptadas y la recepción de varios testimonios el 20 de abril de 2004(37).

• La fiscalía 31 especializada delegada de Medellín decretó la ampliación de indagatoria de Wilson Ibarra Noriega, la práctica de los testimonios solicitados y comisionó al Laboratorio de Investigación Científica LABICI para que expidiera una copia de las conversaciones, las enviara al procesado y le tomara una muestra espectrográfica el 26 de mayo de 2004(38).

• La fiscalía 31 especializada delegada de Medellín comunicó que a la fecha, esto es, 11 de junio de 2004, el laboratorio no le había enviado la copia del cassette contentivo de las conversaciones(39). El 16 de junio siguiente, el despacho reiteró al laboratorio la urgencia de la práctica de dicha prueba(40), que fue recibida el ese mismo día(41) y al siguiente, ordenó la ampliación de la indagatoria y la toma de muestra de voz a Wilson Ibarra Noriega(42). Dichas pruebas fueron reiteradas por la Fiscalía el 23 de junio de 2004(43).

• El señor Wilson Ibarra Noriega solicitó traslado a la cárcel de Caloto o Santander de Quilichao, con base en que su familia carecía de recursos económicos para visitarlo en Popayán(44). Tal petición fue negada el 28 de julio de 2004, por no ajustarse a los presupuestos de los artículos 75 y 77 de la Ley 65 de 1993(45). Después(46), peticionó su traslado a la Cárcel de Itagüí para poder hablar personalmente con su abogada. Dicha solicitud fue remitida por competencia al INPEC el 22 de febrero de 2005(47). Nuevamente, requirió su traslado a Santander de Quilichao(48), pero el juez la remitió al INPEC el 21 de junio de 2005(49).

• Wilson Ibarra Noriega amplió su indagatoria el 12 de julio de 2004(50). Negó conocer a Ángel Simón Jiménez, admitió haber viajado a Antioquia para recolectar café, pero no conocía Medellín. Refirió que era jornalero y al momento de su detención laboraba en la construcción de un acueducto en Caloto y devengaba ciento sesenta mil pesos ($ 160.000).

El despacho reprodujo las conversaciones sostenidas por “Wilson” y Ángel Simón Jiménez. El señor Ibarra Noriega afirmó que la voz de aquel no era la suya y agregó que en su pueblo no había líneas telefónicas, él nunca había tenido teléfono fijo ni celular y no conocía el número 2743886. Finalmente, le tomaron muestras de voz, de manera directa y vía telefónica(51).

• La fiscalía 31 especializada delegada de Medellín profirió resolución de acusación contra Wilson Ibarra Noriega y otros por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico el 27 de agosto de 2004(52). Señaló que al parecer Wilson Ibarra Noriega era conocido como alias “Salvador” o “El Mono”, obraban varias conversaciones donde “Wilson” coordinó con Ángel Simón Jiménez el envío de marihuana y que este último no vaciló al declarar que conocía Wilson Ibarra y era la persona a quien remitía marihuana desde Corinto, municipio que se encontraba a diez (10) kilómetros de distancia de El Palo y quince (15) de Caloto.

• Los señores Amado Pérez, José Edelmiro Rivera, Dagoberto Victoria y Humberto Minota atestiguaron que Wilson Ibarra era agricultor y tenía buen comportamiento con su familia y la sociedad(53).

• El laboratorio LABICI dictaminó en informe del 24 de agosto de 2004(54), que las muestras examinadas no eran aptas para realizar un análisis comparativo de identificación de voz, ya que presentaban insuficiencias cualitativas por pérdida de información.

• El juzgado cuarto penal del circuito especializado de Medellín celebró la audiencia preparatoria el 17 de mayo de 2005(55). En el desarrollo de la misma, el juez acotó que los testimonios solicitados por la defensa de Wilson Ibarra ya habían sido practicados y comisionó al laboratorio LABICI para que determinara si la voz de los cassettes correspondía a la de Wilson Ibarra.

• El juzgado cuarto penal del circuito especializado de Medellín inició la audiencia pública el 14 de junio de 2005(56) y la finalizó el 25 de agosto de 2005(57). Al inicio del trámite, refirió que Wilson Ibarra estaba recluido en la Cárcel Bellavista de esa ciudad(58). Se anotó que declararon Wilson Ibarra Noriega, Ángel Simón Jiménez y otros, pero no se observa el contenido de sus exposiciones, solo consta que fueron grabadas en cintas magnetofónicas.

Por otro lado, el juez indicó que nuevamente tomarían muestras de voz a Wilson Ibarra y cerró el trámite de pruebas cuando llegaron los resultados de la misma.

• El laboratorio LABICI examinó los ejemplares tomados a Wilson Ibarra el 23 de junio de 2005. Concluyó que no eran aptas para análisis de identificación porque contenían ruido e interferencias que enmascaraban las características de la voz(59).

• Wilson Ibarra Noriega solicitó información sobre el estado del proceso(60). El juez contestó mediante providencia del 25 de julio de 2006(61), que en el despacho cursaban numerosos procesos y serían resueltos en el orden de terminación de la audiencia pública. Posteriormente, solicitó la concesión de libertad provisional el 16 de mayo de 2007(62), pero no consta la providencia que la negó.

• El juzgado penal del circuito especializado de Armenia, en virtud de la descongestión ordenada por el Acuerdo PSAA07-4143 de 2007 del Consejo Superior de la Judicatura(63), absolvió a Wilson Ibarra Noriega del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y ordenó su libertad el 18 de febrero de 2008(64).

En relación con el procesado, enunció que las únicas pruebas de cargo eran el testimonio de Ángel Simón Jiménez Guevara y las interceptaciones telefónicas de las conversaciones que este último sostuvo con un sujeto llamado “Wilson” que residía en Corinto. No obstante, aquel dijo en la audiencia pública que la persona que estaba en esa diligencia no era el sujeto que conocía como Wilson, la señora María Elena Bedoya Londoño aseguró que el esposo de Mónica María Montoya Parra, otra de las implicadas, se llamaba Wilson y no era quien estaba en la audiencia y no se confirmó científicamente que la voz que aparecía en las grabaciones correspondía a la de Wilson Ibarra Noriega.

El juez resaltó que la retractación de Ángel Simón Jiménez era sospechosa y su testimonio no cimentaba por sí solo una sentencia condenatoria. Agregó que no estaba claro cómo se logró la identificación de Wilson Ibarra, pues la policía judicial no obtuvo sus apellidos y el señor Jiménez Guevara no los suministró, ya que cuando rindió indagatoria aquel ya estaba detenido, motivo por el cual consideró que la Fiscalía no derrumbó la presunción de inocencia.

• El señor Wilson Ibarra Noriega recuperó la libertad el 22 de febrero de 2008(65).

3.3. Asuntos a resolver por la Sala.

Para emitir una decisión de mérito en el proceso de la referencia, la Sala verificará si están probados los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, labor en la cual dará solución a las siguientes cuestiones:

— Establecer si existe corresponsabilidad entre las demandadas en la privación injusta de la libertad del actor.

— Determinar si los perjuicios en relación con la privación injusta de la libertad fueron debidamente tasados y si la prueba testimonial recabada demostró la vulneración a bienes constitucionalmente relevantes del actor.

— Constatar si hubo mora judicial imputable a la Nación - Rama Judicial en la emisión de la sentencia de primera instancia en el proceso penal.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

3.4.1. Título de imputación aplicable en los eventos de privación injusta de la libertad.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, de este deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(66).

Asimismo, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que preveía:

“Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

Por su parte, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 prevé que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios”. Esta regla no impide abordar la responsabilidad estatal con fundamento en el criterio previamente referido, ya que dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos.

La jurisprudencia unificada de la corporación(67) sostiene que se puede establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria o su equivalente (preclusión de la investigación) porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía conducta punible o fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, sin consideración a que en la imposición de la restricción a la libertad se hayan cumplido las exigencias legales.

Para esta Corte, las anteriores hipótesis se fundamentan en el título de imputación de daño especial, pues la antijuridicidad del daño deviene de la absolución posterior del detenido, hecho que implica que no estaba en el deber de soportar la detención, pues en un Estado Social de Derecho, el principio de presunción de inocencia envuelve que la privación de la libertad sólo debe ser consecuencia de una sentencia condenatoria.

Pese a lo anterior, se resalta que aun en los eventos en que esté probado el daño antijurídico y se haya constatado que el mismo es en principio imputable de manera objetiva a la entidad demandada, antes de condenar se debe examinar si se presentó culpa exclusiva de la víctima de la privación injusta en el acaecimiento de la misma, tal como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que reza:

“El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Conforme a lo expuesto, la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por privación de la libertad del procesado es esencialmente de carácter objetivo, lo cual no implica que si se demuestra que la decisión de privar de la libertad al sindicado fue ilegal, no haya responsabilidad del Estado por este hecho, lo que sucede es que en esos casos sí opera un título de imputación subjetivo.

La Sección Tercera asumió esta postura en la sentencia de unificación aludida, al expresar que el régimen previsto no implica una restricción al alcance de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90 de la Constitución Política, lo que posibilita que en el evento en que concurran los elementos necesarios para declarar la responsabilidad de aquel por falla en el servicio, error jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, “el caso puede ser resuelto ora a través de la aplicación de un régimen objetivo, ora al amparo de uno subjetivo de responsabilidad, pues el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación —además de la ilicitud del proceder de la misma entidad en el caso concreto— determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable”.

Ahora bien, la parte actora discrepó del título de imputación escogido por el a quo, quien señaló que se presentó una falla en el servicio porque la Fiscalía ordenó la captura de Wilson Ibarra Noriega sin que fuera debidamente identificado como “Wilson”, interlocutor de las llamadas telefónicas interceptadas.

La Sala considera que en el proceso penal no hay elemento alguno que demuestre cómo, cuándo y porqué la Fiscalía concluyó que “Wilson”, persona que coordinaba telefónicamente el envío de estupefacientes a Ángel Simón Jiménez desde Corinto hasta Medellín, era Wilson Ibarra Noriega. En las conversaciones que Ángel Simón Jiménez sostuvo con “Wilson” o cuando hablaba con alias “Salvador” o “El Mono” y lo mencionaban, nunca refirieron su apellido y no se probó científicamente que la voz de “Wilson” correspondiera a Wilson Ibarra Noriega.

Aunque el señor Ibarra Noriega aceptó en su indagatoria que tenía antecedentes penales por tráfico de estupefacientes y el subintendente de la Policía Nacional Álvaro Luis Morales Osorio declaró que identificaron a algunos miembros del grupo a través de otros procesos penales, no especificó nada respecto a Wilson Ibarra Noriega, no se indagó si este continuó con su actuar delictivo luego de cumplir la pena impuesta y el hecho de que tuviera antecedentes penales no podía ser considerado como indicio de responsabilidad en su contra en aquel proceso, al ser un asunto que hizo tránsito a cosa juzgada y debía respetarse el principio de non bis in ídem.

Del mismo modo, la única vinculación entre estos dos sujetos con el mismo nombre de pila fue el señalamiento que hizo Ángel Simón Jiménez en su indagatoria, pero en ese momento Wilson Ibarra Noriega ya estaba detenido y a aquel no se le preguntó por “Wilson”, sino por Wilson Ibarra Noriega. Igualmente, este último aseveró en la audiencia pública que la persona a la que se refería no era el mismo Wilson que estaba presente en la diligencia.

La Fiscalía tampoco tuvo en cuenta que Ángel Simón Jiménez indicó que “Wilson” le enviaba estupefacientes desde Corinto, suceso que también es mencionado en las conversaciones interceptadas. Sin embargo, Wilson Ibarra Noriega residía en la vereda El Palo del municipio de Caloto y el ente acusador nunca lo ubicó en Corinto, no investigó si el teléfono desde el que “Wilson” llamaba a Ángel Simón Jiménez era el de Wilson Ibarra Noriega o estaba relacionado de alguna forma con él e incluso señaló que “Wilson” era alias “Salvador” o “El Mono”, no obstante las interceptaciones telefónicas denotaron que eran dos personas distintas.

De ahí que la Sala observa que se presentó una falla en el servicio imputable únicamente a la Nación - Fiscalía General de la Nación, entendida como la falta de certeza en la identificación de Wilson Ibarra Noriega, que ocasionó su vinculación al proceso penal y la privación de la libertad, yerro que precisamente fue exaltado por el juez de primera instancia que lo absolvió del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

El error o falta de certeza en la identificación del autor del delito referido se originó en la etapa investigativa, puesto que el ente acusador no cumplió con el deber de “recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible” consagrado en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000 y tampoco lo dispuesto en el artículo 331 de la misma, que indicaba que la instrucción tenía como finalidad, entre otras, determinar “quién o quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible” y “las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del procesado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policía y sus condiciones de vida”.

Además, aunque la parte demandante pregonó en el recurso de apelación que el título aplicable era el objetivo, lo cierto es que en la demanda, sus alegatos y en el mismo recurso alegó una falla en el servicio y cuestionó la actividad de las demandadas e indicó que actuaron al margen de la ley y en detrimento de los derechos del actor, es decir, reprochó el actuar de ambas entidades, circunstancia que no es relevante en el régimen objetivo pues, como se explicó, lo notable es el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas de los ciudadanos, no de la conducta del Estado.

La Sala observa que si bien era posible resolver el asunto en aplicación del régimen objetivo de daño especial, dado que el actor fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, el operador judicial descubrió la existencia de una falla en el servicio, motivo por el cual consideró que el título de imputación debía ser subjetivo. En todo caso, el régimen escogido no modificaría la imputación del daño a la Nación - Fiscalía General de la Nación, pues el juez de la causa absolvió al actor del delito imputado y el yerro en la identificación de Wilson Ibarra es atribuible únicamente al ente acusador. Por consiguiente, no se variará la sentencia de primera instancia en lo atinente al régimen de imputación y a la entidad declarada responsable.

3.5. Análisis de la Sala sobre los perjuicios en relación con la privación injusta de la libertad.

3.5.1. Perjuicios morales.

La parte demandante solicitó que las condenas impuestas sean acordes al tiempo real de privación de la libertad del señor Ibarra Noriega, pues en el fallo de primera instancia se tomó un lapso irrisorio que no correspondió a los más de cuatro años que Wilson Ibarra Noriega estuvo detenido.

La Sección Tercera del Consejo de Estado(68) estableció en sentencia de unificación que la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados y el término de duración de la privación de la libertad, para lo cual se requiere, según la calidad alegada, la prueba del estado civil, la convivencia de los compañeros o de la relación afectiva, así:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

En este asunto, la parte actora probó que la privación de la libertad que padeció Wilson Ibarra Noriega se extendió desde el 13 de septiembre de 2003 hasta el 22 de febrero de 2008 y no desde el 12 de septiembre de 2003 hasta el 1º de octubre del mismo año, lapso que erróneamente tomó el a quo para tasar los perjuicios.

Por consiguiente, la Sala modificará este rubro para adecuarlo a los cuatro (4) años, cinco (5) meses y nueve (9) días que el actor permaneció detenido. Entonces, aumentará los perjuicios morales para Wilson Ibarra Noriega, su hijo Johny Alejandro Ibarra Giraldo y su madre María Sonia Noriega a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cincuenta (50) para sus hermanos Nilsa Ibarra Noriega, Gloria Ibarra Noriega y Yini del Carmen Ibarra Noriega.

3.5.2. Lucro cesante.

La Sala observa que la tasación del lucro cesante tampoco tuvo en cuenta el tiempo que el actor estuvo privado de la libertad, por lo que también será objeto de modificación, así:

En el proceso penal se estableció que Wilson Ibarra Noriega era agricultor y al momento de su detención laboraba en la construcción de un alcantarillado en el municipio de Caloto. En vista de que no se determinó con certeza el salario que devengaba, se tomará el salario mínimo legal mensual vigente, esto es, setecientos treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos ($ 737.717) como base de liquidación.

De igual forma, en consideración a que el tiempo de detención fue de (4) años, cinco (5) meses y nueve (9) días, la Sala determinará el lucro cesante conforme a la siguiente fórmula matemática:

1
 

Por consiguiente, la corporación reconocerá a Wilson Ibarra Noriega la suma de cuarenta y cuatro millones quinientos setenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos sesenta ($ 44.577.384) por concepto de lucro cesante.

3.5.3. Daño a la vida de relación.

Los demandantes requirieron el reconocimiento del daño a la vida de relación, con fundamento en que la familia de Wilson Ibarra tuvo que mudarse del campo a la ciudad, trabajar en el “rebusque” y no verlo durante cinco años, pues no pudieron visitarlo en la cárcel.

Asimismo, alegaron que permanecer privado de la libertad injustificadamente constituía un daño a la honra y al buen nombre y que esta era una lesión objetiva que no requería ser probada y era reconocida de tal forma a personalidades de la política nacional.

En cuanto a este tipo de daño, la jurisprudencia unificada de esta corporación(69) lo definió como:

“Cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad sicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v. gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación(70)”.

En cuanto a su reconocimiento, la citada jurisprudencia indicó:

“Se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados, la cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza” y finalmente, que “en casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño”.

Para acreditar esta afectación se recepcionaron varias declaraciones en el proceso, veamos:

Inés García Porto(71) aseveró que conocía a Wilson Ibarra Noriega desde 1999 porque le cercó la finca, que en el año 2003 trabajaba como agricultor y ayudaba a su mamá y a una hermana, no sabía si su familia lo visitaba en la cárcel, durante la reclusión su hermana Raquel murió y todo ese tiempo la madre de Wilson estuvo muy decaída y triste.

Humberto Minota Díaz(72) dijo conocer a Wilson Ibarra y su familia desde años atrás, que todos eran agricultores, creía que lo que ganaba Wilson lo destinaba para su familia y no supo cómo era la situación económica de aquellos luego de la detención de Wilson, ya que se mudaron a Cali.

Amado Pérez(73) indicó que era vecino de Wilson Ibarra, no se acordaba de la actividad que desempeñaba en el 2003, pero que lo llamaban de las fincas a “ganarse el día” y ayudaba económicamente a su familia. Luego precisó que trabajaba con él en la construcción de unas alcantarillas en el corregimiento El Palo del municipio de Caloto y solo supo que se lo llevaron pero no quienes y que por la detención de Wilson su familia tuvo que irse a trabajar a Cali.

Frente a este punto, la Sala comparte el criterio esbozado por el a quo atinente a que la parte actora no demostró su padecimiento, pues los testigos que declararon en el proceso simplemente indicaron que la privación de la libertad perjudicó la vida del actor y su familia y le ocasionó problemas económicos, situaciones ya abarcadas por los perjuicios morales y materiales reconocidos, pero no se acreditó la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados, en los términos expuestos con anterioridad.

Además, este perjuicio es reconocido únicamente para la víctima directa de la privación injusta de la libertad y respecto a Wilson Ibarra Noriega, sólo aseveraron que se presumía que padeció un daño a su buen nombre y honra por su detención. Sin embargo, la Sala aclara que para proceder a la reparación del daño, debe ser cierto y estar probado, es decir, no se presume y su reconocimiento no opera de forma automática porque haya sido reconocido en otros casos. En el sub lite, los accionantes no concretaron en qué consistió el detrimento alegado ni aportaron elemento alguno que demostrara su padecimiento, razón por la cual se confirmará su negación.

3.6. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Esta hipótesis de responsabilidad del Estado está contenida en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, así:

“Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Sobre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta corporación consideró(74):

“En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

En suma, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso, proviene de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, implica un funcionamiento defectuoso o anormal obtenido de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial y es un título de imputación de carácter subjetivo que se manifiesta cuando la administración de justicia funcionó mal, no funcionó o funcionó tardíamente(75).

Los accionantes acotaron que la sentencia fue proferida mucho tiempo después de finalizada la audiencia pública, no obstante en aquel asunto había preso y por ende, el fallo tenía prelación, o lo que es lo mismo, alegaron que existió mora judicial.

El estudio de una presunta dilación injustificada de un proceso abarca un análisis atinente a la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como fue tramitado el caso, el volumen de trabajo que tenía despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no se asemejan a los términos de ley, sino al promedio de duración de procesos similares al reputado como moroso(76).

Del mismo modo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exaltó que para determinar si un Estado parte ha infringido la garantía judicial a un plazo razonable, debe analizarse el marco temporal del proceso, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades y la afectación jurídica de la parte interesada(77).

En lo concerniente al proceso penal cursado contra Wilson Ibarra Noriega, los demandantes probaron que la audiencia pública finalizó el 28 de agosto de 2005 y el juez emitió sentencia de primera instancia el 18 de febrero de 2008, por lo que es evidente que hubo un incumplimiento del término señalado en el artículo 410 de la Ley 600 de 2000, que le otorgaba al juez quince (15) días luego de la culminación de la audiencia pública para proferir el fallo de primera instancia.

Sin embargo, el incumplimiento de términos, para generar responsabilidad del Estado, debe ser injustificado, sin motivo razonable o producto de una omisión del cumplimiento de los deberes del operador judicial(78). Por el contrario, en el caso de autos se probó que el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Medellín informó al procesado que fallaría su proceso en el turno correspondiente, según la fecha de finalización de la audiencia pública de los asuntos con preso y que el despacho tenía un alto volumen de trabajo. Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura aplicó al juzgado una medida de descongestión y la sentencia tuvo que ser proferida por el juzgado penal del circuito especializado de Armenia.

Dicho de otro modo, los demandantes no demostraron un retardo injustificado en la emisión del fallo aludido y, consiguientemente, la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El hecho de que en el trámite hubiera preso no constituía per se un mecanismo para alterar el orden de los procesos judiciales o el turno establecido para su fallo. Sobre este punto, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 prevé que el orden para proferir las sentencias lo determina la fecha en la que el expediente pasó al despacho, so pena de estar incurso en falta disciplinaria.

En tal virtud, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en relación con la negativa a declarar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial.

3.7. Costas.

Esta colegiatura considera que no hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidenció en el caso concreto actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012). En su lugar, dispone:

1. CONDENAR a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales las siguientes sumas:

NivelDemandanteCalidadIndemnización
Wilson Ibarra NoriegaVíctima100 SMLMV
Johny Alejandro Ibarra GiraldoHijo100 SMLMV
María Sonia NoriegaMadre100 SMLMV
Nilsa Ibarra NoriegaHermana50 SMLMV
Gloria Ibarra NoriegaHermana50 SMLMV
Yini del Carmen Ibarra NoriegaHermana50 SMLMV

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagarle a Wilson Ibarra Noriega cuarenta y cuatro millones quinientos setenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos sesenta ($ 44.577.384) por concepto de lucro cesante.

3. CONFIRMAR la sentencia en sus demás aspectos.

4. Sin condena en costas.

5. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 2008-00009.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de 1993, Rads. 7407-7399; Auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425; Auto del 14 de agosto de 1997, Rad. 13.258; Auto del 24 de septiembre de 1998, Rad. 13.626; sentencia del 18 de octubre de 2000, Rad. 12.228; Auto del 2 de noviembre de 2000, Rad. 17.964 y sentencia del 13 de septiembre de 2001, Rad. 13.392, entre otras.

9 Folios 17 a 40, c. 6.

10 Folio 75, c. 6 proceso penal.

11 Folios 6 a 11, c. 1.

12 Últimos folios de los cuadernos 1 al 6 del proceso penal.

13 Folios 39 y 94, c. 1.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 1992, Rad. 6514, sentencia del 30 de mayo de 2002, Rad. 13.476 y sentencia del 5 de junio de 2008, Rad. 16.174.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de mayo de 2002, Rad. 13.476.

15 “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

16 La parte demandante cuestionó que el a quo aplicara el régimen subjetivo de imputación e indicó que como el actor fue absuelto con fundamento en el principio de in dubio pro reo, el que procedía era el objetivo. No obstante, señaló en la demanda que el título que operaba era el de falla en el servicio y en todas sus intervenciones procesales, incluso en el recurso de apelación, cuestionó la actuación de las demandadas durante el proceso y las reputó violatorias de los derechos de los accionantes.

17 Folios 1 a 6, c. 1 proceso penal.

18 Folios 12 a 13, cuaderno proceso penal.

19 Folios 7, 9, 14 a 15, 20, 27 a 28, 32 a 33, 38 a 39, 44, 49, 54 a 55, 62, 65, 71 a 72, 78 a 79, 83 a 84, 88, 95 a 96, 102 a 103, 108 a 109, 115, 120, 124, 130 a 131, 138 a 139, 145 a 146, 154, 171 a 172, 179 a 180, 187, 193 a 194, 203 a 204, 209 a 210, 216 a 217, 222 a 223, 231 a 232, 239 a 240, 244, 249 a 250 272, 276, 295 a 296 y 310 a 311, c. 1 proceso penal.

20 Folios 253 a 255, c. 1 proceso penal.

21 Folios 299 a 304, c. 1 proceso penal.

22 Folios 73 a 76 anexo 3.

23 Folios 80 a 83 anexo 3.

24 Folios 88 a 89 anexo 3.

25 Folios 77 a 78 anexo 3.

26 Folios 89 a 91 anexo 3.

27 Folios 97 a 100 anexo 3.

28 Folios 100 a 105 y 108 a 110 anexo 3.

29 Folios 113 a 114 y 117 a 119 anexo 3.

30 Folios 6 a 4 (error de foliación), c. 2 proceso penal.

31 Folios 15 a 19, c. 2 proceso penal.

32 Folios 118 a 119, c. 2 proceso penal.

33 Folios 132 a 135, c. 2 proceso penal.

34 Folios 142 a 149, c. 2 proceso penal.

35 Folios 202 a 233, c. 2 proceso penal.

36 Folio 324, c. 2 proceso penal.

37 Folios 173 a 174, c. 3 proceso penal.

38 Folios 201 a 202, c. 3 proceso penal.

39 Folio 225, c. 3 proceso penal.

40 Folios 226 a 227, c. 3 proceso penal.

41 Folio 229, c. 3 proceso penal.

42 Folio 231, c. 3 proceso penal.

43 Folio 20, c. 4 proceso penal.

44 Folio 288, c. 3 proceso penal.

45 Folio 7, c. 4 proceso penal.

46 Folio 258, c. 4 proceso penal.

47 Folio 260, c. 4 proceso penal.

48 Folios 17 a 18, c. 5 proceso penal.

49 Folio 20, c. 5 proceso penal.

50 Folios 26 a 31, c. 4 proceso penal.

51 Folios 32 a 33, c. 4 proceso penal.

52 Folios 91 a 115, c. 4 proceso penal.

53 Folios 135 a 138, c. 4 proceso penal.

54 Folios 148 a 155, c. 4 proceso penal.

55 Folios 266 a 271, c. 4 proceso penal.

56 Folios 1 a 7, c. 5 proceso penal.

57 Folios 68 a 70, c. 5 proceso penal.

58 A folio 54 del cuaderno 5 del proceso penal se observa oficio en el que el director de la Cárcel de Bellavista informó que Wilson Ibarra fue trasladado allí el 18 de marzo de 2005.

59 Folios 25 a 35, c. 5 proceso penal.

60 Folios 214 a 215, c. 5 proceso penal.

61 Folio 217, c. 5 proceso penal.

62 Folios 2 a 3, c. 6 proceso penal.

63 Folio 41, c. 6 proceso penal.

64 Folios 17 a 40, c. 6 proceso penal.

65 Folio 51, c. 6 proceso penal.

66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, Rad. 17.042.

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354.

68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.

69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 28 de agosto de 2014, Rads. 32.988 y 26.251.

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, Rads. 19.031 y 38.222.

71 Folios 120 a 121, c. 1.

72 Folios 122 a 123, c. 1.

73 Folios 124 a 125, c. 1.

74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2006, Rad. 14.307.

75 Sobre el particular: sentencias del 12 de febrero 2014, del 26 de septiembre de 2013, Rads. 28.857 y 28.164, respectivamente.

76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 2013, Rad. 30.495.

77 Corte Interamericana de Derechos humanos, caso Furlán y familiares contra Argentina, sentencia del 31 de agosto de 2012.

78 Corte Constitucional, sentencias T-803 de 2012 y T-230 de 2013.