Sentencia 2009-00431 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2009-00431-00

Consejera Ponente:

Dra. Maria Elizabeth Garcia Gonzalez

Actor: Jesus Maria Sanchez Bedoya y otros

Demandado: Ministerio de Transporte

Referencia: Accion de nulidad

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil catorce

EXTRACTOS: « III. Consideraciones de la Sala:

En orden a estudiar el asunto que nos ocupa, la Sala analizará los siguientes temas: 1. El objeto del litigio; 2. El contenido del acto administrativo demandado; y, 3. La legalidad de la resolución demandada en el caso concreto.

1. El Objeto del litigio.

Observa la Sala que el problema jurídico se contrae a establecer si el acto administrativo demandado vulnera los artículos 13 y 14 del Decreto 1660 de 2003, así como las normas de orden superior contenidas en la Constitución Política, referentes a la igualdad y a la no discriminación de las personas por razones de su condición o limitación física y las disposiciones de orden legal señalados en la demanda.

2. El contenido del acto administrativo demandado.

Se transcribe, a continuación, en toda su integridad el acto administrativo demandado:

“Resolución Nº 4659 DE 2008”

(10 de noviembre)

‘Por la cual se adoptan unas medidas en materia de accesibilidad a los sistemas de transporte público masivo municipal, distrital y metropolitano de pasajeros’.

El Ministro de Transporte, en uso de las facultades legales, y en especial las conferidas en las Leyes 336 de 1996 y 361 de 1997 y los Decretos 1660 y 2053 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 361 de 1997, estableció mecanismos de integración social de las personas con discapacidad y dictó disposiciones relacionadas con el acceso al servicio de transporte y su infraestructura.

Que mediante el Decreto 1660 de 2003 se reglamentó la accesibilidad a los modos de transporte de la población general y en especial de las personas con discapacidad.

Que la seguridad ha sido definida por la ley como una prioridad en el sistema y en el sector transporte y como tal se hace necesario expedir una reglamentación que garantice que las personas con discapacidad no encuentren obstáculos que impidan la libre circulación a través de la infraestructura vial y de los vehículos accesibles.

Que mediante Resolución 2306 de 2008 se adoptó la norma técnica colombiana ntc-4901-3 vehículos para transporte urbano masivo de pasajeros – parte 3, autobuses convencionales y ntc-4901-2 métodos de ensayo, como requisitos que deben cumplir los vehículos para el transporte urbano masivo de pasajeros, con capacidad de 80 a 100 pasajeros.

Que el Ministerio de Transporte en coordinación con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación —Icontec— y la participación de entidades del nivel distrital y municipal y los particulares interesados, desarrollaron las especificaciones normativas disponibles END-0045 y END-0046, que indican los requisitos y características técnicas de vehículos accesibles con características para el transporte urbano de personas, incluidas aquellas con movilidad y/o comunicación reducida, capacidad mínima de nueve (9) pasajeros más el conductor y los vehículos accesibles para el transporte de personas, incluidas aquellas con movilidad y/o comunicación reducida y capacidad igual o menor a ocho (8) pasajeros más el conductor, respectivamente.

Que en su carácter de servicio público, el transporte debe entenderse como un sistema que mediante la utilización y coordinación de uno o varios modos, satisface las necesidades de movilización de personas o cosas, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad para los usuarios.

Que el Ministerio de Transporte como autoridad de transporte para la administración de los sistemas de transporte masivos del país y dentro de la coordinación institucional que le corresponde en el sector transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 336 de 1996, a continuación determina las siguientes orientaciones para los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros en el país.

Que teniendo en cuenta que son autoridades de transporte en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Transporte y en las jurisdicciones distritales y municipales, los alcaldes o en los que estos deleguen tal atribución.

Que en mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

‘ART. 1º—Accesibilidad a los sistemas integrados de transporte masivo. Para garantizar los derechos a la libertad de locomoción y a la igualdad de las personas con discapacidad para acceder a los sistemas de transporte masivo, el ente gestor del respectivo sistema de transporte masivo, bajo consideraciones de eficiencia técnica y económica, deberá implementar servicios especializados de transporte accesible o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza, integrados operacional y tarifariamente con el servicio de transporte masivo que permitan atender las necesidades de este sector de la población, de acuerdo con los estudios de demanda de equipo de la respectiva entidad.

PAR.—En todo caso, las autoridades competentes de los sistemas integrados de transporte masivo deberán garantizar el acceso al transporte público de la población y, en especial, de las personas con discapacidad, sin limitaciones que supongan cargas excesivas. La utilización de los servicios especializados de transporte y la excepción que ésta permite sobre las exigencias a los equipos no deberá implicar, en ningún caso, una disminución en la accesibilidad exigida en el trasporte masivo.

‘ART. 2º—Servicio especializado de transporte accesible. Adoptar como normas para la homologación de vehículos para el servicio especializado de transporte accesible las especificaciones normativas disponibles END-0045 y END-0046 del Icontec.

PAR. El porcentaje de vehículos especializados de transporte accesible que determine el ente gestor de cada sistema de transporte masivo deberá cumplir las especificaciones establecidas en la especificación normativa disponible END-0045. El ente gestor deberá determinar, exigir e implementar mecanismos de información sobre rutas, frecuencias, horarios y demás características del servicio dirigidas a los usuarios con discapacidad.

‘ART. 3º—Los vehículos con capacidad de 80 a 120 pasajeros, destinados al transporte terrestre masivo de pasajeros, que no hagan parte del porcentaje de vehículos especializados de transporte accesible, deberán cumplir para la homologación, las especificaciones establecidas en la norma técnica colombiana ntc-4901-3 vehículos para transporte urbano masivo de pasajeros – parte 3, excepto las previstas en el numeral 5.13.

‘ART. 4º—Para homologar los chasises, carrocerías o vehículos carrozados, de que trata la presente resolución, el fabricante, ensamblador o importador deberá presentar la solicitud al Ministerio de Transporte, anexando los siguientes documentos:

1. Ficha técnica anexa a la presente resolución debidamente diligenciada.

2. certificados de cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la Especificación normativa disponible correspondiente o en la norma técnica colombiana ntc-4901-3, según corresponda, expedidos por los fabricantes de las partes.

3. Pago de los derechos que se causen.

Para la homologación de carrocería y vehículo carrozado se deberá anexar, además, un plano de diseño de la carrocería a escala.

PAR. Para la homologación del vehículo, el Ministerio de Transporte confrontará los datos consignados en la ficha técnica de homologación con los requisitos establecidos en la norma técnica colombiana correspondiente.

‘ART. 5º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 2306 de 2008.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 10 de noviembre de 2008”.

3. La legalidad de la resolución demandada en el caso concreto.

Manifiestan los accionantes que la Resolución 4659 de 10 de noviembre de 2008 desconoció el porcentaje mínimo exigido en el Decreto 1660 de 2003, expedido por el Gobierno Nacional, correspondiente al veinte por ciento (20%) del nuevo parque automotor, dejando al arbitrio de la empresa de transporte masivo fijar el mínimo de vehículos con condiciones de accesibilidad, lo cual evidencia la contradicción que se presenta entre la norma superior y el acto acusado, más aún cuando la norma acusada se expidió en desarrollo de los citados artículos 13 y 14.

Igualmente, consideran que el acto demandado vulnera abiertamente las normas de la Constitución Política y la Ley (señalados en la demanda), referentes al principio y derecho a la igualdad y promueve la discriminación.

En orden a dilucidar la controversia, la Sala precisa lo siguiente:

La “accesibilidad”, según se define en el artículo 44 de la Ley 361 de 1997 (por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones) es la “condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes”.

Este concepto obliga al Estado a suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías, espacios y transporte públicos, o del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada, para permitir que las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad física o mental, puedan acceder a dichos servicios y espacios públicos.

Encuentra la Sala que la expresión “(...) o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza (…)”, contenido en el artículo 1º de la resolución demandada, vulnera los principios de igualdad y accesibilidad, pues la norma de orden superior, esto es, el artículo 14 del Decreto 1660 de 2003, prevé que el 20% del parque automotor de cada empresa que ingrese por primera vez al servicio, debe ser accesible. Luego, al dejar el artículo 1º del acto acusado al arbitrio un porcentaje mínimo, no especificado, contraría el mandato expreso contenido en la citada norma.

Así lo sostuvo la Sala en proveído de 29 de abril de 2010, a través del cual admitió la demanda y decretó de manera parcial la suspensión provisional de sus efectos:

“(…) los artículos 13 y 14 del Decreto 1660 de 2003, arriba transcritos, señalan para el Ministerio de Transporte, la obligación de proferir un acto administrativo que establezca “los parámetros mínimos que deberá poseer un vehículo de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros, para ser considerado como accesible” y para las empresas prestadoras del servicio de transporte, el deber de garantizar la accesibilidad al 20% de su parque automotor nuevo, a partir del 1º de julio de 2005 “de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte.

Contrario a lo anterior, el artículo 1º de la Resolución 4659 de 2008, consagra la frase “o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza”, para referirse a la obligación que tiene el ente gestor del respectivo sistema de transporte masivo, de implementar servicios especializados de transporte.

Dicha frase desconoce el porcentaje (20%) establecido expresamente por el artículo 14 del Decreto 1660 de 2003, dejando al arbitrio de la empresa de transporte masivo fijar el mínimo de vehículos con condiciones de accesibilidad, lo cual evidencia la contradicción que se presenta entre la norma superior y el acto acusado.

Adicionalmente, el citado artículo 14 del Decreto 1660 de 2003 establece que cada empresa transportadora debe cumplir con el citado porcentaje a partir del 1º de julio de 2005, término legal que también resulta contrariado con la Resolución 4659 de 2008.

Por la tanto, la medida precautoria solicitada será decretada en forma parcial, esto es, en cuanto a la expresión “o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza”, del artículo 1º del acto acusado, cuyos efectos quedarán suspendidos provisionalmente hasta tanto se decida en la sentencia sobre su legalidad (…)”.

Cabe resaltar que no es cierto, como lo afirma la entidad demandada, que el artículo 14 del Decreto 1660 de 2003 no se aplique en este caso, por estar dirigido únicamente a vehículos colectivos del modo terrestre, pues según el artículo 2º, ibídem, las disposiciones contenidas en el decreto se aplican al servicio público de pasajeros y mixto en todos los modos de transporte.

Ahora, al confrontar el resto del contenido del acto acusado con el de las normas de orden superior que se invocan como vulneradas, no advierte la Sala la transgresión de estas últimas, en cuanto aquél no entraña trato discriminatorio alguno, que es el sustento jurídico sobre el cual descansa el alcance del concepto de la violación expresado en la demanda.

Así pues, la Sala declarará la nulidad de la referida expresión contenida en el artículo 1º de la resolución demandada, y en lo demás, se denegarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la expresión “(…) o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza”, contenida en el artículo 1º de la Resolución 4659 de 10 de noviembre de 2008.

2. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de junio de 2014».