Sentencia 2009-00432/39074 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2009-00432-01(39074)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

Actor: Jairo Rafael Cañón Castañeda

Demandado: Nación - Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia de la Sala; 2) legitimación en la causa; 3) lo probado en el proceso; 4) caducidad de la acción impetrada; 5) el error jurisdiccional como título jurídico de imputación aplicable a daños ocasionados por la actividad jurisdiccional; 6) caso concreto; 7) decisión sobre costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 17 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, puesto que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, independientemente de la cuantía del proceso(14).

2. Legitimación en la causa.

Con ocasión del daño que originó la presente acción, esto es, la pérdida de la posesión del inmueble que fue comprado mediante escritura a la señora Julia Patricia Bedoya Garcés —por causa de un supuesto error jurisdiccional imputable a la demandada—, concurrió al proceso mediante apoderado judicial el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda como directo afectado por la decisión proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante sentencia del 31 de agosto de 2005, tal como se desprende de la lectura de dicha providencia(15).

En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se presentó en contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración judicial, la cual acudió representada a través de su apoderado judicial, en virtud del poder conferido por el Director Ejecutivo de Administración Judicial(16) y tiene interés en controvertir las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que es la persona jurídica sobre la cual repercutirían las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas del aludido error jurisdiccional al que se refiere el libelo.

3. Análisis de la Sala.

A partir de los hechos acreditados, la Sala determinará si la acción correspondiente se encuentra o no caducada y, posteriormente, analizará si se encuentran acreditados los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado respecto de los hechos narrados en la demanda.

3.1. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso se tiene acreditado, básicamente, lo siguiente:

— El 21 de noviembre de 1996 los señores José Alfonso Lozano Torres, Jaime Cuervo Martínez, Epimaco Riveros Villalobos y Luis Humberto Mateus Camacho formularon una demanda ejecutiva con garantía hipotecaria en contra de la señora Julia Patricia Bedoya Garcés, por las sumas de dinero contenidas en unos pagarés suscritos por la referida persona, al tiempo que se solicitó el embargo y secuestro del inmueble objeto de gravamen hipotecario identificado con la matrícula inmobiliaria 50N 1022137, el cual se encontraba ubicado en el municipio de Chía, Cundinamarca(17).

— A través de proveído fechado el 26 de noviembre de 1996, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá libró el mandamiento de pago solicitado y decretó el embargo del mencionado inmueble, el cual fue debidamente registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos(18).

— El 12 de septiembre de 1997, los señores Julia Patricia Bedoya Garcés y Jairo Rafael Cañón Castañeda celebraron un contrato de “subrogación”, en el cual se estipuló lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“PRIMERO: Que en la fecha la señora Julia Patricia Bedoya cede la deuda al señor Rafael Cañón, deuda que se está cobrando en el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá. SEGUNDO: En razón de la subrogación de ahora en adelante el señor Rafael Cañón se compromete a cancelar la deuda a los demandantes, señores José Alfonso Lozano Torres, Jaime Cuervo Martínez, Epimaco Riveros Villalobos y Luis Humberto Mateus Camacho, en un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la firma de este contrato. TERCERA: El subrogado y nuevo deudor del crédito que se cobra en el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá responderá solidariamente por el pago total del crédito y para ello cancelará los intereses a los acreedores, y para ello los acreedores por intermedio de su apoderada suspenderán el proceso citado por un espacio de cuatro (4) meses”(19) (negrillas y subrayas adicionales).

Se observa que dicho contrato fue suscrito por los señores Jairo Rafael Cañón, Julia Patricia Bedoya Garcés, José Alfonso Lozano Torres, Jaime Cuervo Martínez y Luis Humberto Mateus Camacho, pero no hizo parte de ese acuerdo el señor Epimaco Riveros Villalobos.

— El 17 de septiembre de 1997, los señores José Alonso Lozano Torres, Jaime Cuervo Martínez y Jairo Rafael Cañón Castañeda suscribieron un contrato de “transacción”, a través del cual se acordó lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“El demandado Jairo Rafael Cañón quien se sustituyó en el lugar de la demandada Julia Patricia Bedoya Garcés se compromete a cancelar la suma de $ 40’000.000, más los intereses que se causen hasta el día del pago total más los honorarios. (…). Los demandantes por intermedio de su apoderada suspenderán el proceso por un lapso de 4 meses, es decir hasta el 11 de enero de 1998 (…). El incumplimiento en lo pactado por parte de la demandada o deudor subrogado extinguirá el plazo de suspensión del proceso y se proseguirá con el mismo(20) (negrillas adicionales).

— El 21 de enero de 1998, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia dentro del referido proceso ejecutivo y decretó la venta en pública subasta del referido bien inmueble(21).

— El 26 de marzo de 1998, los señores Julia Patricia Bedoya Garcés (vendedora) y Jairo Rafael Cañón Castañeda (comprador) celebraron un contrato de compraventa respecto del inmueble objeto de litigio antes referido. En dicho contrato se especificó que el comprador tenía conocimiento de la situación jurídica en la que se encontraba el bien adquirido, es decir, que se encontraba embargado dentro del proceso ejecutivo hipotecario referido. Sobre el particular, en el contrato de compraventa referido se manifestó lo siguiente:

“… Garantiza la vendedora que el citado inmueble es de su exclusiva propiedad, que no lo ha prometido en venta ni ha enajenado por acto anterior y se halla libre de gravámenes como anticresis, arrendamientos por escritura pública, condiciones resolutorias o limitaciones de dominio, patrimonio de familia, afectación a vivienda familiar y solo pesa sobre él la HIPÓTECA SIN LÍMITE DE CUANTÍA a favor de José Alonso Lozano Torres, Jaime Cuervo Martínez, Epimaco Riveros Villalobos y Luis Humberto Mateus Camacho contenida en la escritura pública Nº 2.741 del 11 de junio de 1996, otorgada en la Notaría 4 de Bogotá D.C., crédito este que será la base de la presente negociación como se verá más adelante. En todo caso la vendedora saldrá al saneamiento si a ello hubiera lugar de acuerdo con la ley. CUARTA: El precio de venta del inmueble es de setenta millones de pesos moneda legal colombiana ($ 70’000.000), que el comprador pagará así: A) cuarenta millones ($ 40’000.000), que corresponden a la deuda con garantía hipotecaria a favor de José Alonso Lozano Torres y otros, contenida en la escritura pública No. 2741 del 11 de junio de 1996 de la Notaría 4 de Bogotá, cuyo cobro judicial adelanta el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, mediante subrogación de dicho crédito o cancelación del mismo, siendo condición expresa que el perfeccionamiento del presente contrato queda en un todo sujeto al acuerdo que llegue el comprador con los citados acreedores hipotecarios(22) (negrillas adicionales).

Se observa que dicho contrato no fue inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo, toda vez que en el folio de matrícula inmobiliaria del bien inmueble identificado con el Nº 50N 1022137 expedido el 24 de abril de 2007 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá —zona norte—, figura como única propietaria la señora Julia Patricia Bedoya Garcés(23).

— A través de memorial fechado el 21 de julio de 2000, por medio de apoderado judicial, el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda solicitó al Juez 20 Civil del Circuito de Bogotá que lo tuviera como sucesor procesal de la demandada Julia Patricia Garcés, en virtud de los contratos de subrogación y de transacción celebrados con los demandantes”(24).

— Mediante auto del 28 de julio de 2000, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá decidió “tener a Jairo Rafael Cañón Castañeda como sucesor procesal de la demandada Julia Patricia Bedoya dentro del presente proceso y para todos los efectos legales de conformidad con el artículo 60 del C. de P. C.”(25).

— Mediante providencia del 1º de marzo de 2003, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto que libró mandamiento ejecutivo, incluida la sentencia antes mencionada(26), puesto que se continuó el proceso ejecutivo a pesar de haberse acordado la interrupción del mismo. Adicionalmente, se ordenó notificar a Jairo Rafael Cañón Castañeda el contenido de dicho mandamiento de pago, con el fin de que ejerciera su derecho de defensa.

Dentro de la respectiva oportunidad procesal, la parte ejecutada —Jairo Rafael Cañón Castañeda— formuló las excepciones de mérito consistentes en “novación, subrogación y transacción”(27).

— A través de auto del 29 de julio de 2003 el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá dispuso requerir a los demandantes y a su apoderada, con el fin de que precisaran su voluntad, en el sentido de indicar si la consignada en los contratos de “subrogación y transacción” tenía el propósito de dejar como único integrante y demandado en el proceso ejecutivo al señor Jairo Rafael Cañón Castañeda(28).

— Mediante escrito presentado el 12 de agosto de 2003, la apoderada de los demandantes José Alonso Lozano Torres y Luis Humberto Mateus manifestó al referido Juzgado que “el señor Jairo R. Cañón no debe aparecer como demandado sustituto dentro del proceso referido, en virtud de su incumplimiento en lo pactado(29) (se deja destacado).

— Por otro lado, mediante escrito radicado ese mismo día, la apoderada de los señores Epimaco Riveros Villalobos y Jaime Cuervo Martínez manifestó que “debe tenerse como pasiva a la persona que figura como propietaria del inmueble hipotecado(30) (se deja destacado).

— A través de proveído del 9 de septiembre de 2003, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá decidió “tener al señor Jairo Rafael Cañón como único demandado a título cesionario, quien por ser reconocido como tal por el extremo actor sustituye plenamente a Julia patricia Bedoya”(31).

— Contra la anterior decisión la apoderada de los demandantes José Alonso Lozano Torres y Luis Humberto Mateus formuló recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, puesto que —según indicó—, su voluntad de que no se aceptara dicha cesión había sido desconocida(32).

— Mediante auto del 19 de enero de 2004, el Juzgado 20 Civil del Circuito decidió no reponer la anterior providencia y ordenó darle trámite al recurso de apelación ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá; sin embargo, dado que la parte apelante no suministró las expensas necesarias, dicha apelación fue declarada desierta, a través de auto del 12 de febrero de esos mismos mes y año y se ordenó seguir adelante con el proceso ejecutivo(33).

— A través de providencia del 14 de enero de 2005, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá decidió declarar fundada y probada la excepción de novación y, como consecuencia de ello, declaró terminado el proceso ejecutivo.

Contra dicha decisión la parte ejecutante formuló recurso de apelación(34).

— Mediante proveído del 31 de agosto de 2005, la Sala Civil del Tribunal del Distrito judicial de Bogotá decidió revocar la anterior decisión y, en su lugar, decidió rechazar las excepciones formuladas por el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda y por la señora Julia Patricia Bedoya Garcés, al tiempo que ordenó seguir adelante con la venta en pública subasta del inmueble objeto de la hipoteca(35).

Los argumentos que sirvieron a la instancia en comento para adoptar dicha decisión fueron, en lo sustancial, los siguientes (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“En su condición de obligada la señora Julia Patricia Bedoya Garcés no puede ser ajena a la acción ejecutiva hipotecaria acogida por la parte actora.

“No obstante lo anterior, no pude predicarse lo mismo en relación con el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda. Es importante advertir que don Jairo Rafael no obra como ‘actual propietario del inmueble’ materia de la hipoteca (artículo 554 del C.P.C.), según se desprende del certificado de tradición arrimado a los autos como prueba de oficio decretada en esta instancia, por lo que carece de legitimación para obrar en esta causa.

“Y si de tener a esta persona como ‘deudor solidario’ según se desprende del contenido del documento denominado ‘contrato de subrogación de la deuda en el hipotecario de José Alonso y otros contra Julia Patricia Bedoya- tampoco se evidencia la debida legitimación en la causa para actuar, en razón a la especial ejecución incoada ‘ejecutivo con título hipotecario’, pues tal vinculación no resulta viable.

“Y si se tuviese en cuenta el contenido del documento referido como ‘contrato de transacción extrajudicial del proceso’ ha de advertirse que esa situación jurídica allí contenida tampoco habilita para actuar dentro de este asunto, como que contienen obligaciones totalmente diferentes a las contenidas en los documentos base de esta acción y por tanto no pueden ser cobradas ni debatidas a través del proceso que ahora nos ocupa.

“Así las cosas, al no estar legitimado en la causa para actuar dentro del presente asunto, no queda más que rechazar la actuación por él promovida, y aun cuando el a quo no procedió de ese modo, sino que optó por tramitar sus peticiones, igualmente carecería de legitimación en la causa para excepcionar.

“(…).

Podemos afirmar sin lugar a dudas que no existe ni la más mínima duda de que el fenómeno de la subrogación no se presentó en el negocio jurídico que ata a los intervinientes en esta relación procesal, como que ninguna cesión de derecho se produjo por parte de los demandantes al señor Rafael Cañón, por cuanto este participó en el documento mal denominado ‘contrato de subrogación de la deuda en el proceso hipotecario’, aduciendo que allí respondía solidariamente por el pago total del crédito, de manera pues que no vino a remplazar a los acreedores, sino que quiso intervenir como co demandado. (…)” (negrillas y subrayas adicionales).

Respecto del contrato de transacción suscrito entre las referidas personas, el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá manifestó lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los errores):

“Revisada la prueba documental, se establece que la referida transacción no reúne de consuno los anteriores presupuestos, pues en el aludido acuerdo los intervinientes no expresan su voluntad manifiesta de ponerle fin al litigio sin intervención de la justicia del Estado, como quiera que allí, una persona extraña al proceso —Rafael Cañón— se comprometió al pago de la suma de $ 40’000.000 a los aquí acreedores y en el término allí señalado.

“De esta suerte no se avizora que los extremos procesales que concurrieron en la suscripción del escrito soporte del medio exceptivo alegado hayan pretendido cerrar ineludiblemente, absolutamente y para siempre la controversia que ya está en camino, en los términos exigidos para la transacción, ante ello, no suerte el efecto procesal ambicionado”(36) (negrillas adicionales).

— El 2 de agosto de 2007, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá llevó a cabo diligencia de secuestro del bien objeto del proceso ejecutivo, en la cual el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda presentó oposición, para cuyo efecto alegó ser poseedor material del inmueble, pero dicha oposición fue rechazada por el referido Juzgado y finalmente el bien inmueble se entregó al secuestre(37).

— Por último, se tiene que mediante auto de 14 de enero de 2009 se programó la diligencia de remate de dicho inmueble, pero no hay prueba alguna en el expediente que dé cuenta de que el predio hubiera sido rematado finalmente(38).

3.2. La caducidad de la acción impetrada.

Tal y como se dejó expuesto en los antecedentes de esta sentencia, la parte actora solicitó en la demanda una indemnización de perjuicios con ocasión de la supuesta expedición irregular de la providencia proferida el 31 de agosto de 2005 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual se habría desconocido el negocio jurídico de transacción, novación y subrogación al que había llegado el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda con la señora Julia Patricia Bedoya Garcés, decisión que, posteriormente, llevaría a que el ahora demandante perdiera la posesión del inmueble que había adquirido mediante compraventa a dicha persona.

En ese sentido, debe precisar la Sala que el daño en el presente asunto lo constituye la pérdida de la posesión que el señor Jairo Rafael Castañeda tenía en el inmueble que adquirió mediante compraventa a la señora Julia Patricia Bedoya Garcés, tal y como se desprende del acta de la diligencia de secuestro practicada el 2 de agosto de 2007 por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, en la cual se entregó el bien que ocupaba el señor Cañón Castañeda a un secuestre designado por ese despacho judicial.

Así pues, a pesar de que en la demanda se alega como hecho generador del daño la supuesta expedición irregular de la sentencia proferida el 31 de agosto de 2005 por la Sala Civil del Tribunal Administrativo de Bogotá, lo cierto es que frente al ahora demandante, el efecto nocivo de dicha sentencia se concretó o se materializó el 2 de agosto de 2007, fecha en la que fue despojado de la posesión que ejercía sobre el mencionado inmueble, motivo por el cual, la Sala tomará ese día como fecha de inicio del cómputo del término de caducidad, por manera que por haberse interpuesto la demanda el 13 de septiembre de 2007, se impone concluir que se formuló dentro de la oportunidad legal establecida para tal efecto.

3.3. Acerca del error jurisdiccional como título jurídico de imputación aplicable a daños ocasionados por la actividad jurisdiccional.

Cabe advertir ab initio, que el daño en el presente asunto tiene su origen en la providencia proferida el 31 de agosto de 2005 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual se revocó la providencia apelada, se rechazaron las excepciones denominadas “novación, subrogación y transacción”, propuestas por la parte ejecutada y, como consecuencia, se ordenó seguir adelante con la ejecución. Es decir, dicha providencia se expidió con posterioridad a la vigencia de la Ley 270 de 1996(39), por lo que el análisis del sub examine está sometido a las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada de su artículo 66, en los términos a que se hará referencia más adelante(40).

En este orden de ideas, es pertinente recordar el texto del artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Esta norma desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Nacional, concepto que desde luego comprende todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia(41).

Ahora bien, frente al error judicial, el artículo 66 de la citada ley vino a definirlo de la manera que, a continuación, se procede a transcribir:

“… . Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

De otra parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme.

Con fundamento en lo anterior, la Sala ha considerado que existe error judicial cuando el juzgador, independientemente de si actúa o no con el elemento subjetivo de la culpa, profiere una providencia discordante con el conjunto de actuaciones desarrolladas dentro del proceso, la cual, una vez queda en firme, ocasiona un daño antijurídico.

De igual forma se ha considerado que para determinar si el juzgador incurrió o no en error judicial debe analizarse la concordancia de la providencia emitida con cada una de los actos desarrollados por las partes durante el proceso, observando con detenimiento los hechos aducidos, el material probatorio aportado y la aplicación del marco normativo realizada por funcionario judicial al caso particular. Dicha posición ha sido acogida por esta Sección del Consejo de Estado, de la cual forma parte esta Sala, bajo el siguiente razonamiento:

“La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro solo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso.

“En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues solo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental. El error judicial no supone la prueba de elementos que cualifiquen la conducta personal del agente estatal, como tampoco calificativos absolutos de inexcusable, garrafal, evidente o injustificado. Ni el artículo 90 de la Constitución, ni las normas legales que han desarrollado la materia, cualifican de esa manera la acción u omisión del Estado determinante de responsabilidad por daños antijurídicos padecidos por causa de una providencia judicial. Cabe por tanto señalar que el error judicial consiste, en realidad, en una verdadera falla en la función de administrar justicia, en el entendido de que no cualquier discordancia entre la realidad fáctica o jurídica del proceso y la providencia judicial determinan este vicio.

“Si bien la jurisprudencia nacional exigía un error cualificado ello, como se indicó, respondía a la regulación normativa que traía el referido artículo 40 del CPC, pero este elemento no resulta exigible para definir la responsabilidad del Estado, no solo porque dicha norma fue subrogada por la Ley 270 de 1996, sino porque los límites entre la responsabilidad estatal y la personal del agente están claramente establecidos y, de ellos se infiere, que solo esta última amerita la verificación de las cualificaciones de las conductas del agente estatal. Si bien la vía de hecho comporta un error judicial, no toda decisión que entrañe un error judicial constituye una vía de hecho. De esta manera, una equivocada interpretación de una norma sustancial o una indebida valoración probatoria, que traduzca en la violación del marco normativo que rige la función de administrar justicia, podrá considerarse error judicial aunque no corresponda a una vía de hecho” (…) Para la Corte, la vía de hecho se caracteriza por constituir una desconexión manifiesta entre lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y la actuación del funcionario judicial de que se trate. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el vicio que se alega como fundamento de la supuesta vía de hecho debe ser evidente o incuestionable, lo cual significa que la falencia, además de constituir una subversión superlativa del orden jurídico debe afectar o vulnerar un derecho fundamental, mediante una operación material o un acto que desborda el ámbito de la decisión judicial. La Sala precisa que el concepto de error judicial que traduce en uno de los supuestos que hace procedente la responsabilidad del Estado por la actuación de sus jueces, no requiere, para su configuración, del cumplimiento de los supuestos que propone la Corte Constitucional para que se dé la vía de hecho. Pero advierte también que, en un caso dado, el concepto de error judicial que ha definido el Consejo de Estado, puede estar vinculado a alguna de las denominadas por la Corte Constitucional —causales de procedibilidad—, esto es a: un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución. Sin que sea dable afirmar que el error judicial constitutivo de la responsabilidad que aquí se analiza, solo se configure en presencia de las hoy llamadas por la Corte “Causales de procedibilidad”(42) (destaca la Sala).

Ahora bien, frente a la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, se precisa, como lo ha observado la Sección Tercera en el pasado, que si bien la Corte Constitucional, en la sentencia de control previo del Proyecto de Ley estatutaria de Administración de Justicia, pareció asimilar el error judicial a la vía de hecho(43), esta identificación es impropia, toda vez que, en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial no se tiene por objeto la conducta subjetiva del agente infractor, sino la contravención al ordenamiento jurídico inmersa en una providencia judicial(44).

Esta diferencia resulta fundamental a efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos.

Finalmente, vale señalar que en cada caso concreto debe tenerse presente el margen de discrecionalidad judicial que resulta legítimo y servirse de esta, para llevar a cabo el juicio de responsabilidad correspondiente. Como lo ha advertido la Sala, en algunas oportunidades el juez tiene en frente una decisión única, mientras que en otros, aparecen como posibles distintas decisiones razonables; en esta última hipótesis, mal se haría en un juicio de responsabilidad patrimonial en identificar un daño antijurídico como consecuencia de la adopción de la opción judicial por una de las posibles decisiones, todo ello de acuerdo con los presupuestos fácticos existentes en el proceso(45).

En efecto, el error del juez radica en la valoración abiertamente equivocada o la inobservancia de un elemento decisivo e incidente en el proceso, lo cual conlleva a la incorrecta aplicación de la normativa jurídica al caso de su conocimiento y, por tanto, a proferir en aquel una decisión judicial contraria al ordenamiento jurídico.

Cabe señalar, que los funcionarios judiciales en desarrollo del principio constitucional de independencia y autonomía de los jueces pueden interpretar en diversos sentidos las disposiciones normativas aplicables a un caso, y siempre que lo realicen de manera razonada, coherente y con solidez argumentativa no podrá configurarse un error jurisdiccional(46). En este mismo sentido la Sección Tercera ha manifestado que(47):

“… la responsabilidad directa por el hecho de los jueces debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables en cuanto correctamente justificadas pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial”.

(…)

“Por tanto, solo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional…” (negrillas y subrayas adicionales).

Con fundamento en las anteriores consideraciones, procede la Sala a analizar si en el presente caso se configuran los presupuestos necesarios para la procedencia de la declaratoria de responsabilidad del Estado por el supuesto error jurisdiccional alegado en la demanda.

3.4. Caso concreto.

Para el análisis del daño en el presente caso debe precisarse que, tratándose de la responsabilidad edificada en la ocurrencia de un error judicial, el análisis sobre la antijuridicidad del daño presenta una especial connotación, ya que en estos casos no es suficiente con establecer —como ya se dijo— la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses del demandante, sino que se hace necesario revisar, con ocasión del estudio de este primer elemento —el daño—, el contenido mismo de la decisión, para efectos de verificar si en ella se incurrió o no en un “error”, presupuesto necesario para calificar la antijuridicidad del daño, de manera que al cumplirse con la acreditación de este elemento, es posible abordar el estudio de la imputación del mismo y de la consiguiente responsabilidad.

En consonancia con lo anterior, debe insistir la Sala en que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene —ni puede tener— la vocación de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico(48).

Así las cosas, en relación con el análisis del daño antijurídico en el presente caso, es menester señalar que, de conformidad con lo establecido en acápite anterior respecto de lo probado en el proceso, se encuentra acreditada en el expediente la existencia de la decisión judicial que se cuestiona por contener supuestamente un error judicial, providencia que como se ha manifestado desde la demanda, decidió i) revocar la sentencia de primera instancia que había declarado terminado ese proceso ejecutivo hipotecario; ii) rechazó las excepciones de “subrogación, transacción y novación” propuestas por el ahora demandante, y iii) ordenó seguir adelante con el trámite del proceso ejecutivo, hecho este último que, posteriormente, significó que mediante diligencia de secuestro practicada el 2 de agosto de 2007, el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda fuera desalojado del predio y, como consecuencia de ello, perdiera la posesión que ostentaba sobre el inmueble que había negociado con la señora Julia Patricia Bedoya Garcés.

En estas condiciones, viene a ser claro que resulta pertinente revisar el contenido de tal decisión para efectos de constatar la existencia del “error judicial” endilgado y solo en caso de resultar acreditado lo anterior, se hará un análisis de la imputación, dirigido a determinar cuál es la responsabilidad de la demandada.

Ahora bien, respecto de la providencia objeto de censura, esto es, la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá el 31 de agosto de 2005, tanto en la demanda, como en el recurso de apelación, se indicó que se incurrió en un error jurisdiccional porque:

i) a pesar de que la calidad de sucesor procesal del señor Jairo Rafael Castañeda no fue objeto de inconformidad por la parte ejecutante en el recurso de apelación contra la sentencia ejecutiva de primera instancia, dicha decisión fue revocada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

ii) no había lugar a cuestionar la legitimación en la causa por pasiva respecto del señor Jairo Rafael Castañeda como sucesor procesal —en virtud del contrato de transacción—, pues esa calidad había sido reconocida en el proceso ejecutivo mediante una providencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada formal.

iii) habida cuenta de que la decisión que lo tuvo como sucesor procesal fue revocada, al señor Cañón Castañeda ha debido tenérsele, por lo menos, como litisconsorte, dado el contrato de “subrogación” que celebró con la señora Julia Patricia Bedoya Garcés —ejecutada—.

Ahora bien, luego de analizar los medios de prueba allegados en legal forma al proceso, forzoso resulta para la Sala concluir que en el presente asunto no hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la demandada por el supuesto error jurisdiccional al que alude el libelo introductorio, de acuerdo con lo siguiente:

i) En primer lugar, precisa la Sala que si bien la calidad de “sucesor procesal” no fue un aspecto que hubiere sido alegado de forma expresa por la parte ejecutante al momento de recurrir la sentencia de primera instancia en el proceso ejecutivo, lo cierto es que los argumentos formulados en el escrito de apelación cuestionan implícitamente la decisión que se adoptó al respecto.

Ciertamente, el recurso de apelación formulado por los ejecutantes cuestionó el hecho de que en el presente caso no se produjo una “novación” de la obligación hipotecaria —como había concluido el juez de primera instancia—, puesto que el señor Cañón Castañeda no cumplió con la condición de pagar la suma de $ 40’000.000 a los acreedores para que operara dicha “novación”, razón por la cual este no podía reemplazar a la señora Julia Patricia Bedoya de Garcés como parte ejecutada; se indicó, además, que dicho contrato de “transacción” había sido suscrito, únicamente, por dos de los acreedores, motivo por el cual no podía surtir efecto alguno dentro del proceso ejecutivo.

Así pues, en el recurso de apelación formulado por los ejecutantes contra la sentencia que decidió dar por terminado el proceso ejecutivo, se manifestó lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“… el a quo no tuvo en cuenta el convenio original, esto es la intención, en este caso de los demandantes de llegar a un acuerdo de pago rebajando los intereses y facilitando su pago con el único fin de ayudar a quien se presentó y dijo ser el subrogado con un documento que adjunta al proceso y con el ánimo de ayudar a la solicitante Julia Patricia Bedoya Garcés que solicitó préstamo con garantía hipotecaria. Además el a quo no tuvo en cuenta el incumplimiento del subrogado, cuando en el mismo convenio se comprometió a pagar la suma de $ 40’000.000, la cual hasta la fecha nunca canceló y por ende, no dar por hecho el compromiso firmado únicamente por dos de los acreedores. (…) en el documento aludido no se mencionan a dos de los acreedores y menos firmaron lo convenido, por lo tanto, no existe contrato alguno, ni de transacción, ni menos de aún de compromiso que genere la decisión del Juzgado 20 Civil del Circuito de declarar probada la excepción de novación respecto de todos los acreedores, pues son ellos quienes al unísono quienes deben aceptar o no cualquier transacción efectuada. (…).

Igualmente nunca se dijo que fuera el cambio de una obligación por otra, es decir, cambiar una obligación con garantía real por una personal, ni ha habido la intensión de novar esa obligación por otra(49) (negrillas y subrayas adicionales).

Sobre el particular, cabe señalar que en la providencia objeto de censura se analizó dicho argumento y se concluyó que, ciertamente, el contrato de “transacción” fue suscrito únicamente por tres de los cuatro acreedores, esto es, José Alonso Lozano Torres, Jaime Cuervo Martínez y Luis Humberto Mateus, pero no intervino el señor Epimaco Riveros, razón por la cual dicho acuerdo de transacción no podía surtir efectos sustanciales ni procesales respecto de la totalidad de los ejecutantes.

Adicionalmente, se tiene que los señores Alonso Lozano Torres y Luis Humberto Mateus manifestaron expresamente no estar de acuerdo con la sustitución o la “novación”(50) alegada por el señor Cañón Castañeda, dado que había incumplido con lo pactado en dicha “transacción”. Por su parte, los señores Epimaco Riveros Villalobos y Jaime Cuervo Martínez señalaron que “debe tenerse como pasiva a la persona que figura como propietaria del inmueble hipotecado”, esto es, que debía tenerse a la señora Julia Patricia Bedoya Garcés como demandada, dado que era la persona que figuraba como propietaria del bien dado en garantía hipotecaria y sobre quien recaía la demanda ejecutiva con garantía real.

De otro lado, en la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se concluyó que el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda no estaba legitimado en la causa por pasiva dentro del referido proceso ejecutivo hipotecario, dado que no figuraba como el propietario del inmueble objeto de la garantía hipotecaria y, por esa razón, no resultaba procedente vincularlo como deudor solidario, dado que no fue quien suscribió la hipoteca sobre dicho inmueble y, adicionalmente, las obligaciones contenidas en los contratos de transacción y subrogación eran completamente ajenas a las que se pretendían cobrar a través de dicho proceso ejecutivo hipotecario.

ii) En relación con el argumento consistente en que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá desconoció la providencia del 28 de julio de 2000, mediante la cual el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá reconoció al señor Jairo Rafael Castañeda como “sucesor procesal” en virtud del contrato de transacción, la Sala debe precisar ab inittio que respecto de ese punto no operó la denominada “cosa juzgada formal”, habida cuenta de que corresponde al juez, al momento de dictar sentencia, analizar aquellos presupuestos que le permitan decidir el fondo del asunto, por manera que la legitimación en la causa no puede, ni debe entenderse como un asunto saneado o clausurado por virtud de las omisiones y/o decisiones que se hubiesen presentado en el transcurso del proceso(51).

En efecto, cabe recordar que constituye una postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado aquella consistente en considerar a la legitimación en la causa como una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(52).

Lo anterior, en virtud de que la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(53).

De ahí que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable respecto de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, respecto de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe o no relación realde la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues —como se indicó— la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(54).

En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de

“… una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(55).

En este orden de ideas, ha de concluir la Sala que, contrario a lo afirmado por el hoy demandante, la decisión proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 31 de agosto de 2005, consistente en rechazar las excepciones propuestas por el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda, dada su falta de legitimación en la causa por pasiva, no constituyó error jurisdiccional alguno, pues —como se precisó—, la legitimación en la causa es un aspecto que debe ser analizado al momento de proferir sentencia de fondo y, por ende, su estudio o análisis no significa que se desconozca el principio de cosa juzgada formal respecto de las decisiones que se hubieren adoptado con anterioridad dentro del proceso.

Sobre el particular, en la providencia objeto de censura, respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva del señor Jairo Rafael Cañón Castañeda, se manifestó que (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“… Jairo Rafael no obra como ‘actual propietario del inmueble’ materia de la hipoteca (artículo 554 del C.P.C.), según se desprende del certificado de tradición arrimado a los autos como prueba de oficio decretada en esta instancia, por lo que carece de legitimación para obrar en esta causa.

“Y si de tener a esta persona como ‘deudor solidario’ según se desprende del contenido del documento denominado ‘contrato de subrogación de la deuda en el hipotecario de José Alonso y otros contra Julia Patricia Bedoya- tampoco se evidencia la debida legitimación en la causa para actuar, en razón a la especial ejecución incoada ‘ejecutivo con título hipotecario’, pues tal vinculación no resulta viable.

“Así las cosas, al no estar legitimado en la causa para actuar dentro del presente asunto, no queda más que rechazar la actuación por él promovida, y aun cuando el a quo no procedió de ese modo, sino que optó por tramitar sus peticiones, igualmente carecería de legitimación en la causa para excepcionar”.

Como corolario de lo que se ha dejado expuesto, para la Sala resulta forzoso concluir que respecto de este argumento tampoco la providencia judicial objeto de censura configuró error —procesal ni sustancial— alguno.

iii) Finalmente, respecto del argumento consistente en que al señor Jairo Rafael Cañón Castañeda ha debido tenérsele como litisconsorte en el proceso ejecutivo, en virtud del contrato de “subrogación” al que llegó con la señora Julia Patricia Bedoya Garcés, la Sala estima necesario precisar que en dicho contrato se acordó que el primero de los nombrados se comprometía a pagar la totalidad de la deuda garantizada con hipoteca, la cual estaba siendo ejecutada en el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá.

Así pues, debe precisarse que el referido contrato de “subrogación” suscrito entre el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda y la señora Julia Patricia Garcés, produjo los efectos procesales de una “cesión de derechos litigiosos”, en virtud del cual, esta última cedió al referido adquirente su calidad de deudora dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra.

En efecto, el contrato de cesión de derechos litigiosos es una figura sustancial cuya regulación se encuentra prevista en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil; dicha normatividad lo define como un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial —cedente—, transmite a un tercero —cesionario—, en virtud de un contrato, a título oneroso o gratuito, el derecho sobre el cual recae el interés de las partes del proceso(56), cesión que bien puede ser celebrada por ambas partes del proceso, puesto que cualquiera de ellas es titular del evento incierto de la litis y, por ende, la normatividad sustancial y procesal, sin distingo alguno, les permite negociar tal condición, sea como parte demandante —ejecutante— o como parte demandada —ejecutada—.

En la celebración de la cesión de derechos litigiosos intervienen solo dos partes, a saber: la parte procesal CEDENTE (tradente), quien transmite el evento incierto de la litis del cual hace parte el derecho material o sustancial debatido en el proceso, quien debe responder tan solo de la existencia del proceso más no de la suerte que pueda correr la relación jurídica que se debate y el CESIONARIO (adquirente), quien obtiene el evento incierto o derecho aleatorio, a título oneroso o gratuito (vgr. venta, permuta, donación, dación en pago, etc.).

En cuanto a los requisitos de perfeccionamiento del contrato de cesión de derechos litigiosos, de conformidad con lo previsto en el artículo 761 del Código Civil, cabe mencionar que dicho negocio jurídico se concluye con la sola entrega del título (documento privado o público) hecha por el cedente al cesionario; no obstante, la Jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, ha sostenido que para que la cesión de derechos litigiosos produzca efectos jurídicos procesales, resulta necesario que el cesionario comparezca ante el juez de la causa con el fin de que reconozca dicho negocio jurídico y dé traslado del mismo a la parte cedida, con el fin de que esta última se pronuncie respecto de la eventual sucesión procesal que en virtud de la cesión de derechos litigiosos se pudiere presentar.

Al respecto, esta Sala del Consejo de Estado, frente a los requisitos del contrato de cesión de derechos litigiosos y a la eventual sucesión procesal que pudiere originarse, ha precisado lo siguiente:

a. Contrario a lo señalado en la providencia objeto del recurso, para que se perfeccione (validez) y sea eficaz (oponible) la cesión de derechos litigiosos, no es necesario que el cedido manifieste su aceptación expresa; lo anterior, por cuanto es potestativo de la parte cedida el aceptar o no la cesión de derechos litigiosos que le formula su contraparte procesal.

“En efecto, tal como se precisó anteriormente, si la cesión no es aceptada por el cedido, el negocio jurídico produce efectos, solo que el cesionario entrará al proceso —a la relación jurídico procesal— con la calidad de litisconsorte del cedente. Por el contrario, si el cedido acepta expresamente el negocio jurídico de cesión de derechos litigiosos, esa circunstancia genera el acaecimiento del fenómeno de la sustitución procesal, motivo por el cual, el cesionario tomará la posición que ostentaba el cedente —lo sustituye integralmente— y, por lo tanto, este último resulta excluido por completo de la relación procesal.

“b. En ese orden de ideas, si bien es cierto que es necesario surtir la comunicación a la parte cedida para que adopte la posición procesal correspondiente —acepte expresamente, guarde silencio, o la rechace—, lo cierto es que ante el silencio de la parte cedida, en el asunto de la referencia, lo procedente era reconocer la existencia de la cesión de derechos litigiosos, y entender que el cesionario adquirente hacía parte de la relación jurídico procesal en calidad de litisconsorte”(57) (negrillas y subrayas adicionales).

Así pues, para el perfeccionamiento del contrato de cesión de derechos litigiosos, de conformidad con el Código Civil, basta con la entrega del título contentivo de la cesión, hecha por el cedente al cesionario. Sin embargo, para que dicha cesión de derechos litigiosos produzca efectos respecto de terceros y de la contraparte cedida, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado antes citada exige que el cesionario se presente al proceso con el documento que acredite tal negocio jurídico, con el fin de que el juez de la causa notifique a la parte cedida, a efectos de que esta manifieste si acepta o, no, la eventual sucesión procesal que llegare a presentarse, en virtud de la cesión de derechos litigiosos, pero no para que manifieste si acepta o no la cesión, pues dicho pronunciamiento no constituye requisito alguno de validez y/o eficacia del negocio jurídico en mención.

En conclusión, una vez perfeccionado el contrato de cesión con el consentimiento de las partes y verificada la tradición con la entrega del título de acuerdo, (art. 761 del C. Civil), puede el cesionario intervenir en el proceso del cual hace parte el evento incierto de la litis que adquirió, bien como litisconsorte de la parte cedente —caso en el cual no habrá sucesión procesal— o, bien sustituirlo dentro en el proceso, siempre y cuando el juez admita la cesión y la contraparte cedida acepte liberar al cedente(58).

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se tiene que —como se indicó— el denominado contrato de “subrogación”, celebrado entre los señores Julia Patricia Bedoya Garcés y Jairo Rafael Cañón Castañeda surtió plenos efectos jurídicos entre ellos, por lo que debe concluirse que este último tenía pleno interés en el resultado del proceso ejecutivo y, por consiguiente, ha debido tenérsele como litisconsorte facultativo dentro del proceso ejecutivo hipotecario referido.

En ese mismo sentido, debe precisarse que no podía ser tenido dentro del proceso ejecutivo hipotecario como sucesor procesal, puesto que la parte ejecutante de forma expresa se opuso a que la señora Julia Patricia Bedoya Garcés fuera reemplazada por aquel.

En ese orden de ideas, forzoso resulta concluir, por una parte, que el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá incurrió en un yerro procesal en la providencia proferida el 9 de septiembre de 2003, al haber tenido como “único demandado a título cesionario” al señor Jairo Rafael Cañón Castañeda, pues resulta claro que dicha posibilidad solo era procedente con la aceptación expresa por parte de la totalidad de la contraparte, circunstancia que no ocurrió en el presente asunto. No obstante, dicho yerro fue corregido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá mediante providencia proferida el 31 de agosto de 2005, mediante la cual negó la intervención de dicha persona como sucesor procesal.

Sin embargo, advierte la Sala que el Tribunal en esa misma providencia incurrió en un yerro procesal al haber rechazado su intervención como litisconsorte facultativo, pues de acuerdo con la normatividad aplicable al asunto —a la cual se hizo referencia anteriormente—, bastaba con la presentación de la prueba del contrato de cesión o de “subrogación”, para que pudiera intervenir en la actuación como litisconsorte facultativo, dado el interés directo en el resultado del proceso.

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que dicho yerro procesal por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá no influyó y/o no determinó de forma alguna que a través de esa misma providencia se ordenara seguir adelante con la ejecución del crédito hipotecario y que, posteriormente, el 2 de agosto de 2007 se llevara a cabo la diligencia de secuestro y se desalojara al señor Cañón Castañeda del inmueble objeto de hipoteca, puesto que, de acuerdo con el artículo 555 del Código de Procedimiento Civil vigente para la época de los hechos, en materia de procesos ejecutivos con garantía hipotecaria “la demanda deberá dirigirse contra el actual propietario del inmueble, la nave o la aeronave materia de hipoteca o de la prenda”.

Aunado a lo anterior, según el numeral 6º de ese mismo artículo, “si no se proponen excepciones y se hubiere practicado el embargo de los bienes perseguidos, se dictará sentencia que decrete la venta en pública subasta de dichos bienes y su avalúo, para que con el producto de ella se pague al demandante el crédito y las costas”(59).

Así las cosas, dado que el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda no figuraba como propietario del bien inmueble objeto de hipoteca —pues la escritura pública de compraventa nunca fue registrada— y, habida cuenta de que no había más posibilidad de intervenir en el proceso ejecutivo hipotecario por parte del señor Cañón Castañeda en calidad de litisconsorte, debe concluirse que el proceso ejecutivo necesariamente debía seguir con el trámite que dispuso la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, esto es, la venta en pública del bien objeto de hipoteca, frente a lo cual dicha persona no contaba con otra posibilidad procesal distinta a la de pagar la totalidad de la obligación crediticia, pues la etapa de formular excepciones ya había culminado y ya se había proferido sentencia. Por consiguiente, se impone concluir que tampoco se le restó oportunidad alguna que amerite ser indemnizada en el presente asunto, derivada de habérsele negado su intervención como litisconsorte.

Agrégase a todo lo anterior la consideración consistente en que en el contrato de “transacción” suscrito por el ahora demandante con la parte ejecutante, se estableció que “en caso de incumplimiento de lo pactado por la parte demandada o deudor subrogado extinguirá el plazo de suspensión del proceso y se proseguirá con el mismo”; asimismo, en el contrato de compraventa del referido inmueble, celebrado con la señora Julia Patricia Bedoya Garcés, el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda acordó que parte del precio del contrato incluía el pago de $ 40’000.000, correspondiente al pago de la deuda hipotecaria sobre ese mismo inmueble a favor de José Alonso Torres y otros, y que el perfeccionamiento de dicho contrato de compraventa estaba “condicionado al acuerdo que llegue el comprador con los citados acreedores hipotecarios”.

Así las cosas, habida cuenta de que el señor Jairo Rafael Cañón Castañeda no cumplió con tales estipulaciones contractuales, mal podría pretender ahora que se le indemnice por la pérdida de la posesión del referido inmueble, pues el proceso ejecutivo hipotecario se reanudó y continuó su trámite —hasta llegar la fijación del remate del aludido inmueble—, precisamente, por causa de dicho incumplimiento contractual, hecho imputable de forma exclusiva al ahora demandante.

En conclusión, por fuerza de las razones que acaban de exponerse, forzoso resulta para la Sala confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto denegó las pretensiones de la demanda.

4. Costas.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B el 17 de marzo de 2010, en cuanto denegó las súplicas de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de Auto del 9 de septiembre de 2008. Exp. 110010326000200800009 00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

15 Fls. 1 a 14 C. 4.

16 El artículo 149 del C.C.A. —modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998— establece al respecto: “Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. (…). En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. // El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación-rama judicial estará representada por el director ejecutivo de administración judicial…”.

17 Fls. 18 a 22 C. 2.

18 Fls. 25 y 35 C. 2.

19 Fls. 120 a 121 C. 2.

20 Fls. 122 a 123 C. 2.

21 Fl. 49 a 50 C. 2.

22 Fls. 112 a 117 C. 2.

23 Fl. 151 C. 3.

24 Fls. 141 a 150 C. 2.

25 Fl. 152 C. 2.

26 Toda vez que el presente asunto se adelantó en vigencia del Decreto 2282 de 1989, dado que la reforma al mismo se produjo mediante la Ley 1395 de 2010 —art. 38—. El texto vigente para la época de los hechos es el siguiente: “Art. 555. (...) 6. Si no se proponen excepciones y se hubiere practicado el embargo de los bienes perseguidos, se dictará sentencia que decrete la venta en pública subasta de dichos bienes y su avalúo, para que con el producto de ella se pague al demandante el crédito y las costas”.

27 Fls. 28 a 30 C. 4.

28 Fl. 285 C. 2.

29 Fl. 286 C. 2.

30 Fl. 286 C. 2.

31 Fls. 288 a 289 C. 2.

32 Fls. 289 a 290 C. 2.

33 Fls. 296 a 288 C. 2.

34 Fls. 332 a 339 y 342 a 343 C. 2.

35 Fls. 256 a 265 C. 2.

36 Fl. 175 C. 3 y 479 C. 2.

37 Fls. 175 a 191 C. 5.

38 Fl. 479 C. 3.

39 La referida ley entró en vigencia el 7 de marzo de 1996 (art. 210). Publicada en el Diario Oficial 42745 de marzo 15 de 1996.

40 En igual sentido se pronunció la Sección en sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

41 Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente Nº 13.164. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

42 Sentencia de 23 de abril de 2008, expediente Nº 16.2741. Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

43 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

44 En este sentido, pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia de 28 de enero de 1999, Expediente: 14399; Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente Nº 12719, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.576, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente Nº 15.128, Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

45 Sentencia de 2 de mayo de 2007. Expediente Nº 15776. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

46 En la mencionada sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128, se precisó: “El error del juez no es entonces el que se traduce en una diferente interpretación de la ley a menos que sea irrazonable; es aquel que comporta el incumplimiento de sus obligaciones y deberes, sea porque no aplica la ley vigente, porque desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales o los principios que integran la materia, porque se niega injustificadamente a decir el derecho o porque no atiende los imperativos que rigen el debido proceso, entre otros”.

47 Sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.576, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

48 Esta Subsección ha expuesto este criterio, entre otras, en las siguientes providencias: sentencia de 17 de noviembre de 2011, Expediente 250002326000199705238 01 (22982); sentencia de 6 de junio de 2012, Expediente 250002326000199715324 01 (24.690); sentencia de 27 de junio de 2013, Expediente 250002326000200102345 01 (28.189); sentencia de 29 de enero de 2014, Expediente 250002326000200002527 01 (28.215).

49 Fls. 5 a 12 C. 7.

50 “La novación es un modo de extinguir las obligaciones y requiere la preexistencia de una relación jurídica y la voluntad inequívoca de las partes para dar por terminada la misma y sustituirla por una nueva obligación. Se debe considerar como elemento esencial de la novación la voluntad irrestricta de las partes de extinguir la relación contractual anterior y sustituirla por una nueva. La simple modificación en las condiciones de tasa, plazo y monto de la cuota no se debe entender automáticamente como una novación, ya que este sólo hecho no implica el nacimiento de una nueva obligación. Debe entenderse que siempre que hay una novación se está ante una reestructuración, sin embargo al hablar de reestructuración de una obligación no necesariamente se debe entender novado el crédito” (negrillas y subrayas adicionales). En Ospina Fernández, Guillermo, “Régimen general de las Obligaciones”, Ed. Temis, Bogotá D.C., 2008, p. 148.

51 Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada en los artículos 332 del C.P.C. y 175 del C.C.A., en los cuales se contienen los elementos formales y materiales para su configuración. El formal implica que no es posible volver sobre una decisión tomada en providencia ejecutoriada, dentro del mismo proceso, o en otro en el que se debata la misma causa petendi y fundamentos jurídicos; lo anterior, para garantizar la estabilidad y la seguridad propia de la esencia del orden jurídico. Por su parte, el material, hace alusión a la intangibilidad de la sentencia en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, Consejera Ponente. María Elena Giraldo Gómez, expediente Nº 13356.

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Radicación: 110010326000199713503 00.

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez, expediente Nº 13.764.

56 “Cesión de derecho litigioso es el acto jurídico en virtud del cual una persona transfiere a otra, a título oneroso o gratuito, los derechos personales o reales que se controvierten en juicio. Esta cesión se hace efectiva por medio de la entrega del título que contenga la cesión. Este título consiste en un documento privado, aun en el caso en que la controversia trate sobre inmuebles”. En Bonivento Fernández, José Alejandro “Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales”, Ed. Librería del Profesional, Edición Nº 13, Tomo I, Pág. 328 y 329.

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de febrero del 2007, Exp. 22.043, M.P. Alier Hernández Enríquez.

58 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 6 de agosto de 2009, Exp. 17.526, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

59 Toda vez que el presente asunto se adelantó en vigencia del Decreto 2282 de 1989, dado que la reforma al mismo se produjo mediante la Ley 1395 de 2010 —art. 38—. El texto vigente para la época de los hechos es el siguiente: “Art. 555. (...) 6. Si no se proponen excepciones y se hubiere practicado el embargo de los bienes perseguidos, se dictará sentencia que decrete la venta en pública subasta de dichos bienes y su avalúo, para que con el producto de ella se pague al demandante el crédito y las costas”.