Sentencia 2009-00434/40819 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 05001233100020090043401 (40.819)

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Leonardo Rivera Velasco y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, en los términos del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de administración de justicia(6), y acorde con la interpretación sobre la materia de la Sala Plena de la corporación, a cuyo tenor la primera instancia de los procesos en ejercicio de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y error jurisdiccional se tramitan ante los tribunales contenciosos administrativos, sin sujeción a la cuantía(7).

1.2. Caducidad.

El artículo 136 del C.C.A. preceptúa:

(…)

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

(…)

Cuando la citada acción se formula con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, toda vez que es a partir de ese momento en que se conoce que la privación fue injusta(8).

Entonces, como la presente demanda se formuló el 6 de junio de 2007, resulta claro que el término de caducidad no se completó, en tanto la sentencia absolutoria dictada por el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín de 29 de junio de 2005, quedó ejecutoriada el 3 de agosto de ese mismo año (fl. 343, anexo 11 - constancia secretarial).

1.3. Legitimación.

La parte demandante, integrada por los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño; Marden Leonardo, Vivian Angely y Paola Andrea Rivera Corrales; Laurentino, Gerson, Leonel, Rosalba, Hersilia y Silvio Rivera Velasco; Melba Lucia Velasco; Victoria Eugenia, Meiby Cristina y Eulalia Corrales Velasco; Adelina Londoño; Jhon Siler Saldarriaga Londoño; Oscar Delio Motta Méndez; Maira Lizeth, Derio Fernando, Jonathan Cardona Motta; Yolanda Motta; Oscar Darío Motta Wilches y Esperanza Motta Arce, está legitimada, en tanto aduce que fue afectada por la privación de la libertad de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño y acreditaron las relaciones de parentesco con las que dijeron actuar con los respectivos registros de nacimiento (fls. 26, 28, 30, c. 1; fl. 535, c. ppal. y 32 a 42, c. 1; fl. 537, c. ppal.; fls. 55, 57 y 59, c. 1; fls. 65 a 71, c. 1; (fl. 74, c. 1 —partida de bautismo del antes nombrado nacido el día 28 de agosto de 1930—; fls. 63, 72, c. 1 y fl. 546, c. ppal.; fls. 80 y 82, c. 1 y 536, c. ppal.).

La Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General están legitimadas por pasiva, habida cuenta que en el marco de sus competencias adelantaron las actuaciones que condujeron a la vinculación, detención preventiva, acusación y absolución de los antes nombrados.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico del presente asunto se contrae a determinar si los demandantes sufrieron un daño antijurídico en virtud de que los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño se les restringió su libertad y, de ser ello así, estudiar a la luz de la culpa grave o el dolo si el Estado debe reparar.

3. Análisis del caso.

3.1. El daño.

La Sala procede a establecer si en el presente caso se puede tener por establecido el daño alegado por los demandantes, esto es la restricción del derecho de libertad de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño. Para el efecto, se tendrá en cuenta la situación particular de cada uno, pues, pese a que las providencias que limitaron su libertad y, que finalmente, los absolvieron son las mismas, en el trámite del proceso penal se presentaron circunstancias que obligan a realizar esta diferenciación.

3.1.1. Se encuentra probado que el señor Leonardo Rivera Velasco y la señora Esther Julia Corrales Velasco estuvieron privados de la libertad en centro carcelario entre el 25 de septiembre de 2001 y el 17 de julio de 2002. Además, está acreditado que el beneficio de la libertad condicional que la Fiscalía les concedió mediante providencia de 11 de julio de 2002, adicionada el 16 de julio de ese mismo mes y año, les fue revocado el día 6 de septiembre de 2002. Eso sí durante este último periodo no comparecieron ante las autoridades y tampoco fueron capturados.

Sobre la restricción a la libertad de los esposos Rivera Velasco y Corrales Velasco, en el expediente se encuentra los siguientes medios de prueba: la providencia de 20 de septiembre de 2001 mediante la cual la Fiscalía abre la investigación y ordena su captura (fls. 297 a 306, anexo 1); el informe de policía de las capturas y las respectivas actas de derechos del capturado de fecha 25 de septiembre de 2001 (fls. 353 a 359, anexo 2); diligencias de indagatoria y boletas de encarcelación (fls. 202 a 210 y 249 a 253, anexo 3); resolución de definición de situación jurídica de 16 de octubre de 2001 mediante la cual la Fiscalía ordenó su detención preventiva (fls. 264 a 305, anexo 3); solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento de fecha 5 de julio de 2002(9) (fls. 6 y 7, anexo 7); providencia del 11 de julio de 2002 mediante la cual la Fiscalía accede a la petición de libertad(10) (fls. 45 a 49, anexo 7); boletas de libertad y actas de compromiso de 17 de julio de 2002 (fls. 68 a 70, anexo 7); providencia de 6 de septiembre de 2002 mediante la cual la Fiscalía revoca el beneficio de libertad(11) (fls. 117 a 121 anexo 7); órdenes de captura (fls. 171, 172, 181, anexo 7); resolución de acusación de fecha 6 de junio de 2003 en la que se mantuvo vigente las medidas de aseguramiento de detención preventiva y se ordenó la captura de los acusados (fls. 1 a 83, anexo 9); providencia de 18 de junio de 2003 que adicionó la resolución de acusación para incluir al señor Leonardo Rivera Velasco (fls. 115 a 117, anexo 9) y sentencia del 29 de junio de 2005 mediante la cual el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín absolvió a los sindicados y ordenó la cancelación de las medidas restrictivas a su libertad (fls. 107 a 139, anexo 11). Decisión ejecutoriada el 3 de agosto de ese mismo año (fl. 343, anexo 11 - constancia secretarial).

3.1.2. Igualmente, está acreditado que la señora Vilma Lorena Motta Arce estuvo privada de la libertad en centro carcelario durante dos periodos diferentes a saber. El primero, transcurrido entre el 25 de septiembre de 2001, día de su captura, y el 17 de julio de 2002, fecha en la que se le concedió la libertad provisional. El segundo, para cuando le fue revocado el beneficio de la libertad condicional, transcurrido entre el día 20 de octubre de 2003, fecha de su recaptura, y el 31 de marzo de 2004, fecha en la que el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín le concedió el beneficio de la detención domiciliaria. Prerrogativa de la que disfrutó hasta cuando de la absolvió de todos los cargos y se ordenó su libertad inmediata.

La privación de la libertad de la señora Motta Arce, en principio, esta soportada en las pruebas anteriormente reseñadas, pues su captura, definición de situación jurídica con detención preventiva, el beneficio de la libertad provisional(12), acusación y absolución ocurrió en virtud de las mismas providencias y por tanto en las mismas fechas. Sin embargo, la antes nombrada una vez se les revocó la libertad provisional a los sindicados, fue recapturada el día 4 de septiembre y puesta a disposición de la Fiscalía de conocimiento el día 20 de octubre de 2003(13), de lo que da cuenta los informes de la Fiscalía 132 adscrita a la Tercera Brigada del Ejército Nacional (fl. 301, anexo 9 y fl. 7, anexo 10)(14). De otra parte, del beneficio de la detención domicilia da cuenta la providencia que lo concedió (fls. 140 a 144, anexo 10) y de su materialización la constitución de la caución y el acta de compromiso de fecha 31 de maro de 2004 (fl. 152, anexo 10)(15).

3.1.3. Por último, se sabe que la señora Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño estuvo privada de la libertad en centro carcelario entre el día 25 de septiembre de 2001 y el 21 de mayo de 2002, pues por su estado de embarazo le fue suspendida la medida de aseguramiento de detención preventiva, beneficio del que gozó hasta cuando fue absuelta por el juzgado tercero del circuito especializado de Medellín el 29 de junio de 2005.

En relación a la privación de la libertad de la señora Saldarriaga Londoño, se debe señalar que son las mismas actuaciones y providencias aludidas las que produjeron su captura y su absolución, sin embargo, adicionalmente, deben tenerse en cuenta, la providencia mediante la cual la Fiscalía le suspendió la medida de aseguramiento de fecha 15 de mayo de 2002 (fls. 246 y 247, anexo 6), la boleta de libertad y el acta de compromiso de 21 de mayo siguiente (fls. 246 y 247, anexo 6)(16) y la resolución de acusación que mantuvo vigente la suspensión de la medida de aseguramiento.

3.1.4. De lo anterior se desprende, claramente, el daño alegado, derivado de la limitación del derecho a la libertad de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, incluso, durante la situación de contumacia de algunos de los antes nombrados, pues lo cierto es que la medida de aseguramiento de detención preventiva, por si misma genera unos cambios negativos en las personas, no circunscritos a la detención intramuros, pues es claro que impide su desenvolvimiento normal en los entornos familiar, laboral, social y personal. Es que, es indiscutible que quien está sujeto a una orden de captura difícilmente puede volver a su trabajo a su lugar de residencia o tan siquiera transitar libremente.

En esta medida, para la Sala la situación de contumacia, dependiendo de las circunstancias de cada caso, puede llegar a ser un daño antijurídico, si se tiene en cuenta que la única forma en que la restricción de la libertad en un proceso penal se torna legítima, como se explicará de manera subsiguiente, es cuando con sujeción al debido proceso se ha desvirtuado la presunción de inocencia.

Un entendimiento diferente de la medida de aseguramiento de detención preventiva, esto es alejada de la presunción de inocencia, tornaría jurídicas la mayoría de las detenciones, pues lo cierto es que quienes están privados de la libertad en centro carcelario o en el domicilio no, necesariamente, lo están porque han comparecido voluntariamente, sino porque precisamente se ha hecho efectiva en ellos una orden de captura.

3.1.5. Por último, obran documentos encaminados a demostrar los perjuicios causados, las cuales se analizarán, de ser el caso, al momento de abordar el estudio del reconocimiento de perjuicios realizado en primera instancia.

3.2. La imputación.

3.2.1. El Estado, para el cumplimiento de sus cometidos, tiene facultades que le permiten someter a los asociados y a su patrimonio a investigaciones con diferentes propósitos, verbigracia la necesidad de definir su compromiso en la ejecución de conductas que comprometan bienes jurídicos de trascendencia social, previamente tipificados en el ordenamiento penal, dentro del marco de la presunción de inocencia, que solo de llegar a ser desvirtuada legitima la privación de la libertad.

En esa medida, si bien en principio todas las personas están en la obligación de soportar investigaciones de carácter penal, en aras de que se protejan bienes superiores y con el fin de que las autoridades puedan establecer la responsabilidad de los autores o participes de las infracciones, puede suceder que en ese camino se generen daños resarcibles al tenor del artículo 90 constitucional.

3.2.2. Ahora, si bien la privación de la libertad en el curso de la investigación o juicio, pretende asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad (artículo 3º Ley 600 de 2000, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos), de no llegarse a establecer la responsabilidad penal genera para el Estado la obligación de reparar.

3.2.3. Nótese que la Constitución Política, fiel a la filosofía liberal que la inspira, consagra un modelo de Estado que tiene su pilar fundamental en la inviolabilidad de la dignidad humana y de la libertad como uno de sus valores fundantes (preámbulo) y como principio normativo básico (artículo 1º).

La dimensión axiológica y principialista de la libertad humana se concreta, a su vez, previsiones constitucionales, en virtud de los cuales la autonomía humana ha de ser protegida de toda coacción ilegítima por parte de los particulares o del Estado. Entre este catálogo de libertades fundamentales, se destaca la garantía contra la retención arbitraria por parte de las autoridades que detentan el poder coactivo, que la Carta Política recoge en su artículo 28.

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Por otra parte, el personalismo acogido por la Constitución Política da lugar a que ésta contemple una salvaguarda especial contra la afectación de los derechos e intereses legítimos de los particulares por parte del Estado, que es su garante, así el artículo 90 dispone:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

En concordancia con estos dos mandatos constitucionales, surge el deber estatal de responder patrimonialmente en los casos en los que la privación de la libertad por parte de las autoridades constituya un daño antijurídico, esto es, una lesión de un derecho, un interés o una situación legítima que el afectado no está en obligación de soportar.

3.2.4. En ese orden, el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, dispone que el Estado responde por los daños antijurídicos causados por “el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”. Puntualmente, sobre el error judicial y la privación injusta de la libertad, los artículos 66 y 68 de la misma ley, en su orden, señalan que es “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” y que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

3.2.5. Por su parte, la jurisprudencia de esta corporación, en punto de la responsabilidad por privación injusta de la libertad, viene señalando que quien es sujeto de detención preventiva y finalmente es exonerado porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, en principio tiene derecho a la reparación de perjuicios, en razón de que la presunción de inocencia no fue desvirtuada. Regla que incluso se ha extendido a los eventos de absolución por indubio pro reo. De esta forma se ha razonado(17):

“…En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(18), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél”.

3.2.6. No obstante lo anterior, a la luz de los artículos 2º, 83 y 95 constitucionales, se ha considerado que la víctima no puede alegar a su favor su propia culpa. De esta forma, su conducta, debe valorarse para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad(19). Subregla que además goza de plena compatibilidad con lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece en el numeral 6 del artículo 14:

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (se destaca).

Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010 dijo la Sala(20):

Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo (se destaca).

De igual modo, la jurisprudencia de esta corporación(21) ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición(22) y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77(23) y 78(24) del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001(25). Así, señaló que:

(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política(26) y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia.

En suma, esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente son absueltas, incumplieron sus deberes constitucionales y legales de manera que su conducta puede considerarse dolosa o gravemente culposa, a la luz de los comportamientos previstos en el ordenamiento(27).

3.2.7. Con base en las normas expuestas y la jurisprudencia referenciada, procede la Sala a establecer la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General, siendo para ello necesario establecer la culpa grave o el dolo de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, con base en los hechos demostrados en el proceso penal, empero con base en la autonomía que el juicio civil de la responsabilidad exige(28).

3.2.7.1. Revelan los antecedentes del proceso penal que el día 23 de mayo del 2000, el jefe de inteligencia electrónica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá solicitó a la Fiscalía analizar la viabilidad de autorizar la interceptación de varios teléfonos. Como sustento de la petición anexó un informe de inteligencia que daba cuenta de la existencia de una organización criminal dedicada a la consecución, transporte y distribución de sustancias alucinógenas (fls. 1 y 2, anexo 1).

El mismo día, la Fiscalía accedió a la solicitud y, en consecuencia, abrió investigación previa y autorizó la interceptación de varias líneas telefónicas. Autorización que se prorrogó y amplió a otras líneas telefónicas a medida que se fueron encontrando más nexos con la presunta organización criminal (fls. 3 y 4 anexo 1).

3.2.7.2. El 20 de septiembre de 2001, la Fiscalía, con fundamento en la prueba recauda, abrió formalmente la investigación. Al tiempo, ordenó la captura y vinculación mediante indagatoria de las personas que presuntamente integraban la organización criminal, entre otras, los señores Leonardo Rivera Velasco, Vilma Lorena Motta Arce, Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño y Esther Julia Corrales Velasco. Para el efecto, dispuso la realización de diligencias de registro, allanamiento y captura en varios lugares del país (fls. 297 a 306, anexo 1).

3.2.7.3. El 25 de septiembre de 2001, la Policía Nacional llevó a cabo la labor encomendada en el municipio de Miranda, Cauca, e hizo efectivas las órdenes de captura en contra de los señores Rivera Velasco, Motta Arce, Saldarriaga Londoño y Corrales Velasco, quienes fueron dejados en la sala de capturados de la Sijin del Departamento de Policía del Valle del Cauca en la ciudad de Palmira y puestos a disposición de la Fiscalía (fls. 353 a 359, anexo 2 - informe de policía y actas de derechos del capturado).

3.2.7.4. En el curso de las indagatorias y en su ampliación, los sindicados negaron su participación en los hechos, desconocer los motivos de su captura y, en términos generales, se mostraron ajenos a los presuntos integrantes de la organización criminal, como a las interceptaciones telefónicas (fls. 202 a 210 y 220 a 248, anexo 3)(29).

3.2.7.5. El 16 de octubre de 2001, la Fiscalía definió la situación jurídica de los encartados con detención preventiva. En palabras de la Fiscalía:

“…José Leonardo Rivera Velasco

Se le conoce en su medio con el alias de Don Leo, El Tío, José. Infieren los investigadores que es la persona encargada de adquirir grandes cantidades de marihuana en Corinto, Cauca, que es vendida a distribuidores mayoristas del área metropolitana de Medellín.

También, que las incautaciones que a continuación se relacionan de marihuana eran de su propiedad:

La del 04/07/2000 que en la carrera 73 Nº 2582-39 de Bello se le incautaron a Patricia Avendaño Rodas.

La del 08/07/2000, cuando en el cruce de la calle 84 con carrera 65 de Medellín se incautó a Henry Puyas Ponse 1907 kilos.

La del 13/10/2000 cuando a Jaime Mauricio Patiño Otero se le decomisaron 656 kilogramos.

En la conversación 1, del anexo 1 se demuestra la confianza que tiene con Carlos Mario Calle David en los negocios ilícitos, en los que mencionan a Alonso de Jesús Rendón Noreña, hace referencia a la necesidad de que venga Leo a Medellín a lo que responde que viene el miércoles. En la 7 se deducen el comercio de grandes cantidades de marihuana, a la que se refieren como “confecciones”, además le reclaman por faltantes de los bultos. Se relacionan a dinero que le consignaran para traer la mercancía. En el 8 se confirma que El Tío llamará a quien le compró para que recoja la mercancía. Mario le pregunta al Tío que cuantas le trae a él, respondiéndole que unas 500, entendiéndose que eran kilos. En la 12 se confirma que Tío ya llegó a la ciudad con el viaje de mercancía. En el 41, anexo 3, se establece que con Guillermo León Balvia traerán otro cargamento. En el 42, que Leonardo espera que Hernando Correa le entregue la mercancía para poderse venir, mercancía que es para Guillermo León Balvia Ramírez, es la continuación de la acción anterior. En la 43 se sigue el mismo tema, pero Leo pide que le envíen más dinero. En la 44 Balvia ya le ha consignado dinero a Leo. En la 45 ya se despachó la mercancía. En la 49 se confirma que marihuana incautada a Luis Reinaldo Hincapié Henao, “bamban” o “mono” era la de Guillermo León Balvia Ramírez, teniendo en cuenta lo manifestado por Guillermo cuando le dice a la señora de Bamban que botó la pelota llamando a esos teléfonos porque están interceptados.

Las anteriores interceptaciones que permiten la composición completa de una operación de tráfico de marihuana de Corinto a Medellín, incluida su interceptación, al lado de las demás referencias e incautaciones es a nuestro entender prueba suficiente para emitir en su contra medida de aseguramiento, máxime que resulta clara la concertación de este procesado con otros para el comercio ilícito a pesar de su desconocimiento de las personas con las que se le relacionan y se le pregunta, lo mismo que de los diálogos.

(…)

Esther Julia Corrales Velasco

Es la compañera permanente de José Leonardo Rivera Velasco a quien le colabora en sus actividades delictivas adquiriendo, transportando, comercializando, distribuyendo y sirviendo de guía a los camioneros cuando vienen el área metropolitana de Medellín con marihuana procedente de Corinto, Cauca. Para tales efectos se relaciona con Carlos Mario Calle Cadavid, José Leonardo Rivera Velasco, Guillermo León Balvin Ramírez, Alfonso de Jesús Rendón Noreña, Gustavo Londoño Rodríguez y José Antonio Londoño Morales, personas vinculadas al ilícito negocio, todo lo cual se infiere de las conversaciones 68, 70, 71 72 y 73 del anexo 1; anexo 56 conversación 2.3. En el anexo 1, conservaciones 84 y 85 hay referenciadas a Esther en relación con marihuana incautada. En el 67, anexo 1, se confirma que Esther llegó a Medellín con cargamento de marihuana y Leo pronto a venirse con otro. En la 73 se confirma que Bamban irá donde Nadia a reunirse con Esther para coordinar la salida a esperar el cargamento de marihuana.

La generalizada negativa de Esther en relación con las personas de que se sabe relaciona(30), lo mismo que frente a los diálogos, deja en pie la prueba que se deduce de las interceptaciones, indicios varios en su contra, en la medida de que de ellas se establecen hechos varios que le comprometen en el negocio. Las peticiones de su defensora encuentran la misma respuesta dada en relación con su compañero permanente —se le detendrá—.

Vilma Lorena Motta

Conocida, también, como la “mona”, la “chiquita” es cabecilla en el comercio ilícito, adquiere en Corinto Cauca y despacha a Medellín hasta poner en las caletas marihuana. Cuando no viene con la mercancía la remite a Julio Cesar Gallego Ramírez. Además, tiene contacto con Monica Ramírez Lemus y María Del Mar Ramírez Lemus. Cuando viene a Medellín se hospeda en la casa de Julio Cesar y desde allí coordina la comercialización y distribución.

Lo anterior se infiere del dialogo 9 del anexo 4, en el que conversa con Luis Humberto Hernández, ella le habla del decomiso e incautación de un carro de que él fue objeto, lo que efectivamente ocurrió. En el 14 anexo 4 Nubia Saldarriaga, Carlos Herrera Astudillo y Vilma se refieren a la cantidad de sustancia que perdieron Vilma, Mónica y Julio Cesar, mencionan 16 bultos, que no ubican al conductor del camión. Vilma da la orden de que no se saquen alucinógenos por seguridad hasta que no aparezca el conductor y le dice a Nubia que ella es consciente de la pérdida que tuvieron, que tratarán de que esta no pierda mucha plata. En el 27 del anexo 4 se concluye que Vilma llegó y espera un cargamento y le pide el favor a William que la acompañe y ella le dice que irá con Julio Cesar que colaborará con la otra vuelta. En el 28 habla Vilma con William José Zuluaga, confirmándose que el día anterior Vilma, Julio y William estuvieron esperando el cargamento.

En el anexo 4 conversación 4 dialoga con Julio Cesar acerca de que tiene pendiente la llegada de un cargamento. En la 15 los mismos hablan sobre la preocupación que tienen al darse cuenta de que el conductor del camión se encuentra detenido en la estación de policía de San Blas. Ellos y Mónica son los propietarios del cargamento incautado por la Policía en el parqueadero. En el 18 los mismos hablan de que no han podido conseguir vehículo para traer cargamento y Vilma manifiesta que le traerá mercancía a Mónica. En el 17 los mismo coordinan la traída de otro cargamento de él. En la 30 habla Vilma con Ferley Naranjo Hoyos, conductor del camión. Ella le dice que se esté tranquilo que ella va a los ocho de la noche. Con esta se logró la captura del señor en mención y la incautación de 1.166 kilos de marihuana en parqueadero central del Caminero de Sabaneta. Ferney es transportador de grandes cantidades de marihuana.

Su negativa frente a los hechos y en relación con las personas que se le ponen de presente(31), en la indagatoria, antes que liberarla coadyuvan el compromiso que se infiere de las interceptaciones, en las que varios episodios delictivos y la relación con las personas mencionadas en tales hechos, constituyen a nuestro juicio más que la prueba mínima exigida por nuestro estatuto procedimental para sustentar en su contra medida de aseguramiento —se detendrá—.

Nubia Saldarriaga Londoño

Conocida, también, con los alias de “carechancla”, “caresapo”, “carezapato”, “caretacon” trae cargamentos de marihuana de Corinto a Medellín, relacionándose para el efecto con Carlos Mario Herrera Astudillo, Marino Hincapié Sánchez, Juan de Jesús Agudelo Murillo, Mauricio Saldarriaga Londoño, Ferney Antonio Ríos Salgado, entre otros, es lo que se infiere de las interceptaciones que a continuación se presentan: En la 14, anexo 4, habla con Carlos Herrera Astudillo y Vilma Lorena, estableciéndose los vínculos entre ellos, hablan de cargamento que se les cayó, 16 bultos y del que a continuación traerán. Vilma le dice a Nubia que es consciente de la pérdida que ella tuvo, que tratará que no pierda mucha plata.

Con Marino Hincapié habla en los 8, 25, 33, 54, 60, 76, 82, 89, 91, 76 82, 89, 91 del anexo 14. Se establece que él le compra a ella, se establece nexo con Cesar Augusto Botero, que Marino les debe dinero a Nubia y Cesar; que Nubia está pendiente de traer mercancías, que manejan gran cantidad de dinero producto del negocio ilícito, vendedora mayorista Nubia. Se establece atraso en pagos de Marino con Nubia debido a que se le cayó mercancía a un cliente. Entrega de 100 libras de Nubia a Marino para negociar con Claudia esposa de Rodolfo, mercancía que tiene guardada Didier. En la 15 del anexo 15, Nubia le venderá a Marino mercancía rebajada, motivo por el cual el dice que devolverá 4 bultos que había adquirido a Paola Acened Quintana. En el 17 se establece que Nubia utiliza para sus envíos empresas de encomiendas, que Marino dará datos de Lina Marcela para que Nubia envíe a nombre de ella uno o dos bultos de marihuana.

En el anexo 11 conversación 2, Nubia conversa con Juan de Jesús Agudelo y Andrés alias “el indio” demostrándose que Juan de Jesús se encarga de guardar y hacer entregas de mercancía a los compradores de Nubia, entre ellos Marino, siendo Didier uno de los encargados del transporte. En la 14 del mismo anexo 11 Nubia con Andrés, alias “el indio”, Andrés evoluciona la consecución de mercancía, quien habla de posibles problemas de él con la justicia. En el 17 hablan del hombre que se encuentra escondido en la casa de Nubia, hijo de Tovar, lo que a ella le preocupa por que el proceso en contra está corriendo. En la 20 Nubia perdió parte de la mercancía que se cayó, además de mencionarse a varios de los concertados. En el 24 habla con Andrés, determinándose que a Nubia le han enviado mercancía por empresa de envíos y buscan quien la reclame, porque a Didier le da miedo. Nombran a Freiman como quien colocó él envió.

(…)

Hay mucho otros diálogos con Olga, Edilma, Mauricio, Ferney Antonio Ríos, Jhon Alexander, Mauricio Saldarriaga, Carlos Herrera, Alex, que le comprometen en los negocios ilícitos, repetidos y concertados. Además, de los mensajes que su bipper dejan Didier de Jesús Mesa Betancourt y Ferney Antonio Ríos Salgado, visibles a folios 112 del tomo de información Nº 1. Igual sucede con Mónica y su esposo Julio Cesar Gallego, alias Yupi a quienes Nubia dice no conocer pero estos le dejan mensajes tal y como puede apreciarse a folios 113 del tomo 1 de información.

Niega está procesada no solo los cargos sino el conocimiento de las personas con las que se le encuentra concertada, a pesar de lo cual esta delegada le encuentra el compromiso suficiente para decretar en su contra medida de aseguramiento, porque los hechos, los episodios que se desprende de las interceptaciones son múltiples —se le detendrá— (fls. 264 a 305, anexo 3).

3.2.7.6. El 6 de junio de 2003, la Fiscalía dictó resolución de acusación por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, entre otros, contra de los señores Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta y Nubia Saldarriaga(32), en tanto las trascripciones de las interceptaciones telefónicas permitían tener por establecido que dichas personas unieron sus voluntades con un fin común el tráfico de marihuana, siendo ese solo hecho determinante, pues el delito de concierto para delinquir es de mera conducta. Al tiempo, se mantuvo la medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra y se ordenó su captura con excepción de la señora Saldarriaga Londoño frente a quien se mantuvo el beneficio de la suspensión de la detención (fls. 1 a 83, anexo 9).

3.2.2.7. En la etapa de juicio, el juzgado tercero del circuito especializado de Medellín condenó al señor Carlos Mario Calle David por el delito de tráfico y porte de estupefacientes y absolvió a los demás acusados, entre ellos a los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño, toda vez que las pruebas que obraban en el expediente no resultaron persuasivas para demostrar su participación en los hechos. En los considerandos de la decisión absolutoria se destaca:

“…En cambio, no siendo conveniente a la rigurosidad del derecho penal y a los principios que gobiernan la recta administración de justicia sopesar en una unidad de voluntades e inteligencias de varias personas implicadas en una actividad criminal, con asiendo en el mismo recaudo probatorio, no podrá ser con igual rasero el tratamiento que gobierne la suerte de los demás procesados… José Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta y Nubia Saldarriaga Londoño, pues como reiteradamente se ha dicho, en ningún momento a éstos se les encontró droga estupefaciente y mucho menos pueden tenerse en cuenta las tan mencionadas transcripciones telefónicas por cuanto para nada se refieren en las mismas o hechos o circunstancias concretas; que antes bien han servido para entretejer infinidad de conjeturas alrededor de diferentes hechos, pero sin la seguridad exigida por el legislador para que lo sean y en el mismo orden, permita atribuirle responsabilidad sobre una concreta actividad, sobre todo, una actividad inequívoca al margen de la ley; aparte de que en manera técnica y procesalmente hablando, ella no ofreció la convicción de lo que se quería saber y confirmar, para que fortaleciera a la pretensión punitiva del Estado. A decir de los peritos lo recordaron con vehemencia todos los distinguidos defensores, las transcripciones no fueron confrontadas y luego certificadas por el funcionario judicial como lo reclama el legislador (artículo art. 314 C.P.P) y de menos fuerza o poder tiene que serlo, si se escucha a los expertos en cuanto que no fue posible el estudio de repaso auditivo y análisis espectográfico porque las cintas en su totalidad presentaron baja audibilidad y demasiada interferencia sonora, lo que no permitió el cotejo de voz alguna y por consiguiente la prueba así adolece invalidez (sic) y no sería legal su consideración.

Estas inquietudes y otras más que se enunciaran así sea someramente frente a esta ardua tarea que exige esfuerzos mil. Son las que previenen y deben mantener en constante alerta a los falladores, no sea que involuntariamente abonen otro error judicial de los tantos que lamenta la historia en cualquier ámbito; y por todo ello, desde luego es que se permite EL DESPACHO acompañar en forma general a la defensa en su radical petición, que es la absolución … Porque, vuelve a insistirse la simple aceptación social de un hecho lícito no puede ser gratuitamente retomado con las características delictuales si estas no obran por parte alguna ni fueron demostradas ni tampoco enarbolan la certeza de una tal responsabilidad…

Para terminar, es preciso reiterar lo que hace referencia al primer delito imputado a los procesados siendo igual de importante, como lo es “concierto para delinquir” alrededor del cual es observable fácilmente de que la investigación se debió en razón a informes suscritos por el teniente Héctor Manuel Saavedra Castillo y las labores realizadas por el subintendente Alexander Zapata Piedrahita, quienes al considerar de sus informaciones de inteligencia la necesidad de solicitar a la Fiscalía especializada la autorización para realizar la interceptaciones de varios abonados telefónicos y a través de ellas recoger la prueba que llevaría a la vinculación de los ahora implicados no hizo más que propiciar su averiguatorio; empero es preciso anunciarlo, como ya se ha advertido antes, que de las mismas llamadas no se puede deducir con claridad que efectivamente de ellas se deduzca la comisión del punible de “concierto para delinquir” pues el dialogo o los diálogos que se sostienen en varias de ella, por si solos no constituyen prueba para endilgarse a los acusados esta autónoma conducta; como que al pie de la lectura son tratos amigables, que coinciden con expresiones de simple conocimiento sin que sean catalogadas por ellos “cifrados” puesto que no existe tampoco un código que se hubiese descubierto o inventado para considerar que una palabra o frase específica tenga un significado determinado. Dicho de otra manera, para expulsar susceptibilidades el proceso en esta materia se construyó a través de expresiones indiciarias, contingentes que solo tiene valor “como argumento de discusión” sin gozar del peso demostrativo de la responsabilidad, siendo tal prueba, por tanto, la que debía establecer por sí misma la verdad; pero a la hora de ahora, resulta imprescindible separar la objetiva que revela el proceso y lo que es el agregado de subjetividad con el cual viene siendo representada esa objetividad. Porque nadie puede ignorar o desconocer la pluralidad de conversaciones telefónicas y también la incautación de drogas alucinógenas más igualmente a pesar de concurrir esa pluralidad de personas tampoco puede aceptarse que si existe la forma de demostrar el nexo o vinculo de estos hechos con cada una de ellas en particular y que amerite inferir fundadamente que hacían parte de una organización delictiva.

Ya se recordaba la crítica de la acusación con fundamento en las interceptaciones, sostenida en coro por los togados, porque ciertamente las exigencias y prevenciones contenidas en el canon 314 del ordenamiento procedimental: “La policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información … Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio, ni de indicios y solo podrán servir como criterios orientadores de la investigación”. Que ellas podían aceptarse pero no en la forma tan absoluta como lo hizo la Fiscalía porque la prueba referida no está soportada, las grabaciones independientemente por si solas no son tales sino las preceden una autorización legal para interceptarlas, gravadas con la técnica requerida, informadas y avaladas con la certificación del funcionario correspondiente y lo más importante, que otras pruebas las soporten en forma positiva para llegar a constituirse en indicio (indivisible así hayan varias interceptaciones) no sea que al evitarlas esas interceptaciones resulten cercenadas o recortadas, y a estas alturas imposible demostrar lo contrario sabiéndose de la falla técnica existente y por la cual precisamente no pudieron ser luego confrontadas.

(…)

Así las cosas, en este aspecto igual debe proceder la judicatura a descartar responsabilidad penal de los procesados por el punible de concierto para delinquir, pues de las llamadas que en transcripción obran en el expediente, no es posible ni aconsejable deducir que efectivamente haya existido con carácter permanente una comunidad de designio criminoso, que en ellas se hable de manera indeterminada de la comisión de delitos o de concertarse para llevar a cabo varios hechos punibles, ante lo cual queda impedido el despacho para entrar a proferir sentencia condenatoria en contra de los precitados…por cuanto no existe la prueba suficiente para tan trascendental decisión. Por tanto, habrá de absolvérseles de dicho cargo que también les valió acusación judicial…” (fls. 153 a 182, c. 1).

3.2.7.8. De lo anterior, se concluye que en el presente caso no se desvirtuó la presunción de inocencia de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta y Nubia Saldarriaga Londoño. Esto es así, si se tiene en cuenta que la prueba recauda en realidad no evidenciaba ningún compromiso de los antes nombrados con el delito de concierto para delinquir. En otras palabras, de la prueba recaudada no se puede inferir que los sindicados cometieron el delito del que se los acuso. Tampoco se demostró que hayan actuado con dolo o con culpa grave en el marco de los hechos que condujeron a su detención.

En efecto, investigaciones de inteligencia señalaban que podía existir un grupo de personas organizado para la consecución, transporte y distribución de sustancias estupefacientes en la ciudad de Medellín lo que motivo a la Policía Nacional a solicitar autorización a la Fiscalía para llevar a cabo una serie de interceptaciones telefónicas con el fin de establecerlo e individualizar a sus integrantes.

El resultado de estas investigaciones, se plasmó en un informe en el que concluyó la identidad y el rol que cada persona, presuntamente, cumplía en la organización delictual. Básicamente esta prueba, las mismas transcripciones y las indagatorias sirvieron a la Fiscalía, para definir la situación jurídica de los encartados y, posteriormente, acusarlos.

No obstante, los mencionados medios de prueba quedaron totalmente desvirtuados si se tiene en cuenta que no se pudieron realizar los cotejos de voz, es decir nunca se pudo establecer si en realidad los acusados hicieron parte de los diálogos, requisito fundamental para la validez de la prueba. Situación agravada porque el informe no explicó porque de las conversaciones grabadas y, especialmente, del lenguaje común utilizado en aquellas se podía inferir los roles y la realización de la conducta ilícita investigada.

De esta manera, ni la prueba reunió todos los requisitos para su valoración, ni de ella se podía establecer la existencia y participación de los sindicados en una organización con fines de narcotráfico.

Es que como derivar en estas condiciones probatorias su compromiso en los hechos, cuando los acusados alegaron en el proceso penal su inocencia y al ser capturados no fueron encontrados en posesión de sustancias estupefacientes o realizando actividad alguna que pudiera hacer inferir su participación en el concierto para delinquir, como en alguno momento lo sugirió la Fiscalía en este proceso.

3.2.7.9. Además, no obra prueba de su conocimiento de los hechos o de conducta alguna que pueda reprochárseles frente a los deberes ciudadanos que le son exigibles, de la que pueda derivarse dolo o culpa grave, pues, como ha quedado demostrado, fueron totalmente ajenos a los hechos que presuntamente los vinculaban con la conducta ilícita. Conclusión que no cambia por el hecho de que en la injurada hayan negado conocer algunas de las personas que se investigaban porque bajo las circunstancias del caso no se puede inferir que con ello hayan pretendido ocultar información o encubrir al responsable de la infracción penal.

3.2.7.10. En estas condiciones, la Sala estima que los demandantes no tenían que soportar la privación de su libertad y ante la ausencia de dolo o culpa grave tienen derecho a ser reparados.

3.2.7.11. Por último, debe precisarse que la condena que se imponga estará, únicamente, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, pues como la Nación - Rama Judicial la manifestó en la impugnación fue la entidad que impuso la medida restrictiva de la libertad, misma que se mantuvo vigente en la acusación y que fue levantada por el juez Tercero del circuito especializado de Medellín al absolver a los implicados.

4. La indemnización por perjuicios.

Establecida la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación se procede a la liquidación de los perjuicios solicitados, con observancia de las objeciones planteadas en la impugnación.

4.1. Perjuicios morales.

4.1.1. El tribunal reconoció perjuicio a título de perjuicios morales:

“2.2.1 Perjuicios morales:

• A Leonardo Rivera Velasco, el equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80 S.M.L.M.V.).

• A Esther Julia Corrales Velasco, el equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80 S.M.L.M.V.).

• A Marden Leonardo Rivera Corrales, Vivian Anyeli Rivera Corrales y Paola Andrea Rivera Corrales, el equivalente a treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (35 S.M.L.M.V.) para cada uno de ellos.

• A Laurentino Rivera Velasco, Gerson Rivera Velasco, Leonel Rivera Velasco, Rosalba Rivera Velasco, Hersilia Rivera Velasco y Silvio Rivera Velasco, el equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 S.M.L.M.V.) para cada uno de ellos.

• A Melba Lucía Velasco, el equivalente a treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (35 S.M.L.M.V.).

• A Victoria Eugenia Corrales Velasco, Meiby Cristina Corrales Velasco y Eulalia Corrales Velasco, el equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 S.M.L.M.V.) para cada una de ellas.

• A Vilma Lorena Motta Arce el equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80 S.M.L.M.V.)

• A Maira Lizeth Cardona Motta, Derio Fernando Cardona Motta, Jonathan Cardona Motta, el equivalente a treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (35 S.M.L.M.V.) para cada uno de ellos.

• A Oscar Delio Motta Méndez, el equivalente a treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (35 S.M.L.M.V.).

• A Yolanda Motta Wilches, Oscar Darío Motta Wilches y Esperanza Motta Arce, el equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 S.M.L.M.V.).

• A Nubia Ingrid Saldarriaga el equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80 S.M.L.M.V.).

• A Delia Londoño Ledesma, el equivalente a treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (35 S.M.L.M.V.).

• A Jhon Siler Saldarriaga Londoño, el equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 S.M.L.M.V.).

4.1.2. Entre tanto, las entidades demandadas en segunda instancia solicitan que se ajuste estos valores a la jurisprudencia de la corporación, pues en su criterio dichos valores resultaban excesivos.

4.1.3. De acuerdo con la jurisprudencia actual de la Sala, con apoyo en las máximas de la experiencia, es posible inferir que la privación injusta de la libertad genera angustia y aflicción, tanto en las personas que han visto limitada su libertad como sus familiares más cercanos, por eso la acreditación del parentesco con el competente registro civil de nacimiento, es suficiente para tener por acreditado este tipo de perjuicios(33). Al tiempo, se ha señalado que el dolor de los padres es tan grande como el del hijo privado, padecimiento que se ha considerado, también sufren en igual intensidad el cónyuge, compañera o compañero permanente y los hijos del privado de la libertad.

Para el establecimiento del quantum la Sala Plena de Sección Tercera(34) tiene establecidos unos baremos definidos en función del tiempo por el que se prolonga la privación de la libertad, recientemente reiterados en sentencia del 29 de junio del 2014 en los siguientes términos:

“Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidadParientes en el 2° de consanguinidadParientes en el 3° de consanguinidadParientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2°Terceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

4.1.4 Ahora bien, en eventos en los que la medida de aseguramiento no se hace efectiva, la Sala en atención a que el grado de afectación para quien soporta la restricción y sus allegados es lógicamente inferior al que se padece cuando la medida se cumple en centro carcelario, ha considerado que su aplicación debe hacerse de manera diferenciada, por lo cual ha optado por reducir las sumas unificadas en un 50%(35).

4.1.5. Con fundamento en lo anterior, la Sala proceder a revisar la situación de cada uno de los grupos familiares demandantes como sigue:

4.1.4.1. Grupo familia de Leonardo Rivera Velasco y Esther Julia Corrales Velasco.

La Sala de acuerdo a lo mandado por el principio de la no reformatio in pejus, es decir con el fin de no agravar la situación de la entidad condenada, procede a confirmar los montos fijados en primera instancia para los integrantes de este grupo familiar, pese a que estos podrían ser superiores. No solo porque en este caso podría concurrir una acumulación de perjuicios sino por lo grados de parentesco y periodos de restricción a la libertad acreditados.

Esto último, si se tiene en cuenta que los esposos Rivera Velasco y Corrales Velasco estuvieron detenidos en centro carcelario por un especio de 9,7 meses y que con posterioridad, siguieron sujetos a una medida de aseguramiento de detención preventiva por espacio de 35,4 meses, la que solo fue revocada en la sentencia. Así, por cuenta de su detención en centro carcelario se ubicarían en el tercer rango, lo que sumado al tiempo en que la medida de aseguramiento estuvo vigente, implicaría un incremento en el valor de la condena, incluso realizada la reducción del 50% establecida por la jurisprudencia para este último periodo.

Lo anterior, no sin antes advertir que se aportaron los registros civiles de nacimiento que acreditan que Marden Leonardo, Vivian Anyeli y Paola Andrea Rivera Corrales son sus hijos (fls. 26, 28, 30, c. 1); los señores Laurentino, Gerson, Leonel, Rosalba, Hersilia y Silvio Rivera Velasco son hermanos del señor Leonardo Rivera Velasco (fl. 535, c. ppal. y 32 a 42, c. 1); la señora Melba Lucía Velasco la madre de la señora Esther Julia Corrales Velasco (fl. 537, c. ppal.) y las señoras Victoria Eugenia, Meiby Cristina y Eulalia Corrales Velasco sus hermanas (fls. 55, 57 y 59, c. 1).

4.1.4.2. Grupo familiar de Vilma Lorena Motta Arce.

En este caso, la Sala, igualmente, procede a la confirmación de los perjuicios morales reconocidos en primera instancia, bajo similares argumentos, esto es los grados de parentesco y el periodo de privación de la libertad que en este caso como se sabe tuvo la siguientes particularidades: un primer periodo de 9,7 meses hasta cuando se le concedió el beneficio de libertad; un segundo periodo de 5,3 meses comprendido entre el fecha en que fue recapturada y cuando se le concedió la detención domiciliaria y un tercer periodo de 14,9 meses que disfruto del precitado beneficio hasta su absolución. Esto sin contar el tiempo en que la medida de aseguramiento permaneció vigente y naturalmente restringió su libertad personal.

Igualmente, en este caso para probar el parentesco se aportaron los registros civiles de nacimiento y partida de bautismo que permiten tener por establecido que Maira Lizeth, Derio Fernando y Jonathan Cardona Motta son sus hijos (fls. 65 a 71, c. 1); el señor Oscar Delio Motta Méndez su padre (fl. 74, c. 1 – partida de bautismo del antes nombrado nacido el día 28 de agosto de 1930(36)) y los señores Yolanda, Oscar Darío y Esperanza Motta Wilches sus hermanos (fls. 63, 72, c. 1 y fl. 546, c. ppal.).

En este punto, la Sala debe precisar que si bien la señora Esperanza Motta al suscribir el memorial poder se identificó como Esperanza Motta Arce, luego la Registraduría al contestar el requerimiento realizado por esta corporación la identificó como Esperanza Motta Gómez y en la partida de bautismo, como en el registro civil de nacimiento aparece identificada como Esperanza Motta Wilches; se trata de la misma persona, pues así lo evidencia el número de su cédula de ciudadanía (31.145.949), hija del señor Oscar Delio Motta Méndez y por tanto hermana de Vilma Lorena Motta Arce.

Además, según explicó la demandante al allegar el registro civil, la variación en el apellido de la antes nombrada obedece a que cambio su segundo apellido cuando contrajo matrimonio.

4.1.4.3. Grupo familiar de Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño.

La Sala, igualmente, procede a confirmar la condena impuesta por perjuicios morales a la señora Saldarriaga Londoño, a su madre y hermano. En este caso, si bien el periodo de detención fue únicamente de 7,8 meses pues a la antes nombrada se le suspendió la medida de aseguramiento dado su estado de embarazo. En virtud de los grados de parentesco acreditados la condena podría ser superior, pues a ella y a su madre, Adelina Ledesma, le corresponderían de acuerdo a los parámetros actuales de la Sala 70 s.m.l.m.v. y a su hermano, Jhon Siler Saldarriaga Londoño, 35 s.m.l.m.v. es decir un total de 175 s.m.l.m.v. cuando en primera instancia se reconoció 130 s.m.l.m.v.

En este caso, también obran para acreditar los parentescos los registros civiles de nacimiento de los antes nombrados (fls. 80 y 82, c. 1 y 536, c. ppal.).

4.2. Perjuicios materiales a título de lucro cesante.

4.2.1. Por este concepto, el tribunal reconoció a cada uno de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta y Nubia Saldarriaga Londoño la suma de 32.298.446 suma que liquidó teniendo en cuenta el salario mínimo de la época, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales. Suma con el proyecto la liquidación tomando como periodo el de 45 meses, es decir el comprendido entre la fecha de la captura y su absolución.

4.4.2.(sic) En tanto, este concepto podría ser superior, habida cuenta que la jurisprudencia, actualmente, reconoce un periodo de 8.75 meses adicionales al periodo de restricción de la libertad, para el restablecimiento de la actividad económica de las víctimas, la Sala en orden a no agravar la situación de la parte demandante, procederá a la actualización de los valores reconocidos en primera instancia.

No sin antes advertir que la situación no cambia en virtud de los periodos de libertad provisional de los que gozaron los señores Leonardo Rivera Velasco y Esther Julia Carrales y Vilma Lorena Motta (aproximadamente dos meses); porque en todo caso con posterioridad, aquellos como la señora Nubia Ingrid Saldarriaga, a quien se le suspendió la medida por su estado de embarazo, estuvieron sujetos a una medida de aseguramiento de detención preventiva hasta su absolución, lo que les impedía generar ingresos.

Precisado lo anterior, la Sala procede a su actualización como sigue:

1
 

4.3. Los demás perjuicios y la expedición de copias para los efectos de la Ley 678 de 2001.

En tanto fueron negados y esta decisión no fue motivo de impugnación, la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno sobre el particular. Lo anterior, sin perjuicio del análisis que compete a la entidad vencida de cara a establecer si la conducta de sus agentes amerita el inicio o no, del juicio de repetición.

5. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 6 de octubre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual para todos los efectos legales quedará como sigue:

“…1. SE DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los daños inferidos a los demandantes por la detención de que fueron objeto los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño.

2. SE CONDENA AL PAGO DE DAÑOS A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

2.2.1. Perjuicios morales

• A Leonardo Rivera Velasco, el equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80 S.M.L.M.V.).

• A Esther Julia Corrales Velasco, el equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80 S.M.L.M.V.).

• A Marden Leonardo Rivera Corrales, Vivian Anyeli Rivera Corrales y Paola Andrea Rivera Corrales, el equivalente a treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (35 S.M.L.M.V.) para cada uno de ellos.

• A Laurentino Rivera Velasco, Gerson Rivera Velasco, Leonel Rivera Velasco, Rosalba Rivera Velasco, Hersilia Rivera Velasco y Silvio Rivera Velasco, el equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 S.M.L.M.V.) para cada uno de ellos.

• A Melba Lucía Velasco, el equivalente a treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (35 S.M.L.M.V.).

• A Victoria Eugenia Corrales Velasco, Meiby Cristina Corrales Velasco y Eulalia Corrales Velasco, el equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 S.M.L.M.V.) para cada una de ellas.

• A Vilma Lorena Motta Arce el equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80 S.M.L.M.V.)

• A Maira Lizeth Cardona Motta, Derio Fernando Cardona Motta, Jonathan Cardona Motta, el equivalente a treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (35 S.M.L.M.V.) para cada uno de ellos.

• A Oscar Delio Motta Méndez, el equivalente a treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (35 S.M.L.M.V.).

• A Yolanda Motta Wilches, Oscar Darío Motta Wilches y Esperanza Motta Wilches, el equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 S.M.L.M.V.).

• A Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño el equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (80 S.M.L.M.V.).

• A Delia Londoño Ledesma, el equivalente a treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (35 S.M.L.M.V.).

• A Jhon Siler Saldarriaga Londoño, el equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 S.M.L.M.V.).

2.2. Perjuicios materiales

2.2.1. Modalidad de lucro cesante

Por este concepto se reconoce a cada uno de los señores Leonardo Rivera Velasco, Esther Julia Corrales Velasco, Vilma Lorena Motta Arce y Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño la suma de cuarenta y dos millones ochocientos doce mil ochocientos cincuenta y un pesos con cuarenta y siete centavos ($ 42.812.851,47).

3. SE EXONERA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA NACIÓN- RAMA JUDICIAL.

4. Se niegan las demás pretensiones de la demandada.

5. Se reconoce personería jurídica a la doctora María Clara Córdoba Uribe, para representar a la entidad demandada Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el poder visible a folio 283 del expediente.

6. Se reconoce personería jurídica a la doctora Sandra Patricia Lesmes Cogollos como apoderada principal y a la doctora Gloria Patricia Rodríguez Monsalve como apoderada sustituta, para representar a la entidad demandada Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el poder visible a folio 291 y siguiente del expediente.

7. Ejecutoriada esta sentencia, se enviará copia de la misma a la entidad demandada y a la Procuraduría General de la Nación, para los efectos de la Ley 678 de 2001, referida a la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, con el fin de que evalúen la procedencia de incoar la correspondiente acción de repetición en contra de quien o quienes conllevaron a la condena impuesta…”

2. SIN COSTAS en esta instancia.

3. La Nación - Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

6 “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.

7 En tal sentido, Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 Sentencia del 2 de febrero de 1996, Exp. 11425. C.P. Daniel Suárez Hernández.

9 Los señores Esther Julia Corrales Velasco y Leonardo Rivera Velasco solicitaron, nuevamente, se revoque la medida de aseguramiento en su contra, pues en su criterio las transcripciones no constituían pruebas de su compromiso en los hechos investigados sumado a que las pruebas que se habían solicitado para verificar su grado de convicción no se habían practicado por la Fiscalía.

10 El 5 de julio de 2002, los señores Esther Julia Corrales y Leonardo Rivera Velasco solicitaron se revoque la medida de aseguramiento en su contra, pues en su criterio las trasliteraciones no constituían prueba de su compromiso en los hechos investigados sumado a que las que solicitaron para controvertirlas no se habían evacuado por la Fiscalía (fls. 6 y 7, anexo 7). La entidad accedió favorablemente a la petición, toda vez que analizado el dictamen provisional de las grabaciones se podía establecer que existieron fallas en las grabaciones, mismas que dejan en tela de juicio el su valor probatorio. Eso sí precisó que la medida de aseguramiento no se revocaba.
Adicionalmente, en el expediente se observa que los esposos Corrales Velasco y Rivera Velasco realizaron las siguientes solicitudes para obtener su libertad: Obra escrito sin fecha en el que los antes nombrados solicitaron la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva aduciendo inconsistencias en la misión de trabajo en la que se recogió y analizó las interceptaciones telefónicas. El 26 de diciembre de 2001, la Fiscalía negó la solicitud, señalando que dicha prueba conservaba validez pese a las afirmaciones del policial Zapata Piedrahita que dejaron en tela de juicio la veracidad de las interpretaciones, pues lo cierto es que la grabación de las comunicaciones obra como prueba en el expediente y su valoración en conjunto con las injuradas permitía derivar el compromiso de los peticionarios (fls. 74 a 78, anexo 5). La decisión fue impugnada (fls. 133 a 139, anexo 5). El 8 de marzo de 2002, la Fiscalía en segunda instancia confirmó la negativa a revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva de los señores José Leonardo Rivera Velasco y Esther Julia Corrales Velasco y Nubia Saldarriaga Londoño con similares argumentos (fls. 35 a 47, anexo 6). El 19 de marzo de 2002, la señora Esther Julia Corrales Velasco solicitó la suspensión de la medida de aseguramiento alegando razones de salud (fl. 54, anexo 6). Petición que fue negada el 21 de marzo siguiente al encontrarse que el concepto médico aportado no daba cuenta de su grave estado de salud sino de las condiciones especiales que requería, por lo que la Fiscalía indagó en la cárcel sobre la posibilidad de darle el tratamiento adecuado para la protección de sus derechos (fls. 74 a 76, anexo 6).

11 La Fiscalía de oficio revocó el beneficio de la libertad provisional, entre otros, a los señores José Rivera Velasco, Esther Julia Corrales y Vilma Lorena Motta Arce, en tanto “…no había razón jurídica para otorgar la libertad provisional, es que se creía (erróneamente) que no existía prueba mara mantener vigente la medida de aseguramiento, toda vez que, “…si bien es cierto la prueba fonoaudiológica no arrojó los resultados esperados, en nada afectaba la prueba arrimada oportuna y legalmente desde el inicio de la investigación, esto es, que los aquí sindicados fueron aprehendidos en situación de flagrancia, que existe una pluralidad de indicios, siendo obvio que para la realización de estas acciones ilícitas se requirió de una asociación de personas cada una de las cuales asumió diferentes tareas para asegurar el éxito de la empresa criminal, todas se conocían desde antes, aunado al indicio de las malas justificaciones esgrimidas por los sindicados…” (fls. 117 a 121 anexo 7). El señor Leonardo Rivera Velasco impugnó la decisión. El 4 de diciembre de 2002, la Fiscalía en segunda instancia confirmó en lo que respecta a su situación la revocatoria de la libertad provisional, en tanto los expertos lo que manifestaron fueron las dificultades para rendir el informe dado la mala calidad de las grabaciones, lo que no implica que las transliteraciones correspondan a las conversaciones y que en realidad no correspondan a los sindicados (fls. 83 a 90, anexo 8).

12 El 16 de julio de 2002, la Fiscalía extendió oficiosamente los efectos de esta decisión a la señora Vilma Lotera Motta Arce dado que se encontraba en la misma situación de los demás sindicados (fls. 64 a 66, anexo 7). Como los demás sindicados la boleta de libertad y actas de compromiso las suscribió el día siguiente.

13 En la fecha, la Fiscalía 132 adscrita a la Tercera Brigada del Ejército Nacional solicitó se informe la situación de la señora Vilma Lorena Motta Arce dado que fue capturada como presunta autora del delito de rebelión.

14 Además, conviene tener en cuenta que el 28 de mayo de 2002, la señora Vilma Lorena Motta Arce solicitó se le conceda libertad provisional dado que no existían pruebas que la incriminaban en especial si se tiene en cuenta que las voces de las grabaciones no fueron cotejadas y porque quienes realizaron en realidad su análisis explicar sus conclusiones (fls. 276 y 277, anexo 6). El 31 de mayo de 2002, la Fiscalía negó la petición aduciendo que no estando vencida la etapa de investigación y estando en curso una solicitud de cotejo de voz no podía tenerse por desvirtuadas las grabaciones (fls. 284 y 285, anexo 6).

15 El 20 de noviembre de 2003, la señora Vilma Lorena Motta solicitó al juzgado tercero especializado de Medellín el beneficio de la detención domiciliaria alegando ser madre cabeza de familia (fls. 94 a 96, anexo 10). El 26 de enero de 2004, el juzgado negó la petición, al no acreditarse el requisito objetivo para acceder a la petición, esto es que el delito tenga una pena mínima de 5 años o menos (fls. 123 a 125, anexo 10). La decisión fue impugnada en reposición por la antes nombrada. El 25 de marzo de 2004, el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín repuso la providencia y concedió el beneficio de la detención domicilia en atención a las especiales circunstancias de sus hijos (fls. 140 a 144, anexo 10).

16 El 19 de abril de 2006, la señora Nubia Saldarriaga Londoño solicitó la suspensión de la medida de aseguramiento dado su avanzado estado de embarazo. El 26 de abril de 2002, la Fiscalía negó la petición alegando que para ese momento la antes nombrada tenía seis meses y 17 días de embarazo tiempo inferior al establecido en el numeral 2 del artículo 362 del Código de Procedimiento Penal. El 15 de mayo de 2002, una vez se cumplieron los 7 meses de gestación se suspendió la medida de aseguramiento contra la señora Saldarriaga Londoño.

17 Cita original: Sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 21.653. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

18 Cita original: A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exps. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27414. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 37722. C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

22 [20] Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, Exp. 8483. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, Exp. 9618. C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, Exp. 13922. C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, Exp. 23218. C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, Exp. 23532. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

23 [21] Sentencia C-100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

24 [22] Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

25 Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

26 [24] El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 19565. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2011, Exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 26 de febrero de 2014, Exp. 29541. C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp.17.188; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, Exp. 27463. C.P. Enrique Gil Botero.

28 Sobre la autonomía del juicio de responsabilidad se puede ver la sentencia del 11 de diciembre de 2015, Exp. 41208. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

29 El señor Leonardo Rivera Velasco explicó que se dedicaba a la comercialización de vehículos y compraventa de ganado. Se mostró extrañado por su captura, ajeno a los hechos y sin relación con las personas que le fueron reseñadas (fls. 201 a 206, anexo 3). Por su parte, cuando le fueron puesta a consideración varias de las interceptaciones telefónicas señalaron no recordar haber participado, tampoco reconoció que tuvieron como sobrenombre el de Leo y conocer a otras personas que le fueron mencionadas (fls. 207 a 210, anexo 3). La señora Esther Julia Corrales Velasco, explicó que hace tubos, cría pollos, hace dulces para apoyar la economía familiar soportada por su esposo con las comisiones que gana por la venta de vehículos y por el dinero que gana en la venta de ganado. Señaló no tener vínculo con las personas sobre las que fue interrogada (fls. 220 a 224, anexo 3). Luego al ser interrogada sobre el contenido de las llamadas interceptadas señaló no tener conocimiento de ellas o simplemente no haber participado en ellas. Recalcó que siembre se ha dedicado a trabajar lícitamente (fls. 225 a 228, anexo 3). Por su parte la señora Vilma Lorena Motta Arce manifestó no saber el motivo de su captura. Señaló que se dedicaba a varias actividades como la cría de pollos, cortes de cabello, arregló de ropa y venta de víveres y zapatos. Manifestó que no conocía a las personas por las que se le indagó, salvo la señora Nubia que fue capturada con ella y que sabe que es de Corinto, más no ha tenido trato con ella (fls. 229 a 234, anexo 3). En relación a las interceptaciones que se le pusieron de presente señaló no participar en ellas y no saber sobre su contenido o las personas que intervienen. Eso sí cuando se le preguntó por la señora Nubia Saldarriaga manifestó que sabían quién era pero que como había dicho no tenía trato con ella (fls. 235 a 238, anexo 3). Finalmente, la señora Nubia Ingrid Saldarriaga Londoño manifestó que se dedicaba a la compra y venta de ropa, hacía manicure y pedicure y compraba y vendía pollos. De las personas que se le puso de presente manifestó conocer a Luis Delio Herrera Astudillo, quien era su cuñado, con quien no tenía una relación cercana. Además, señaló que a las personas con las que fue capturada no las conoce, sin embargo, sabe quién es Vilma porque la reconoce porque vive en el pueblo (fls. 239 a 245, anexo 3). En la continuación de la indagatoria, fue preguntada por su relación con el señor Juan Carlos Herrera, quien reconoció como su ex esposo, manifestó que estaba separada hace un año y que la última vez que lo vio fue el día del padre. Señaló que su excompañero estuvo detenido aproximadamente cuatro años por narcotráfico y que desde que quedó en libertad comenzaron a distanciarse. Cuando fue preguntada por el contenido de las interceptaciones, inicialmente, manifestó que no estaba segura de era ella y luego se abstuvo de contestar porque le generaba dificultad leer las transliteraciones desde la pantalla del computador y por eso su apoderado solicitó la suspensión de la injurada para que sean remitidas las pruebas físicas por la Fiscalía comitente (fls. 246 a 248, anexo 3).

30 En las diligencias de indagatoria rendidas por el señor Carlos Mario Calle David y su esposa la señora Dora Elssy Arango estos manifestaron conocer a los señores Leonardo Rivera Velasco y Esther Julia Corrales Velasco por el negocio de una moto. No obstante, los últimos cuando fueron indagados negaron cualquier conocimiento o relación con el grupo de personas que les fue relacionado, más de 50 personas, incluidos los antes nombrados.

31 En este caso se observa que en su injurada la señora Mónica Ramírez Lemus señaló que Vilma Lorena Motta era su prima, aunque en su injurada esta última manifestó no conocer a ninguna de las personas de la lista que se le relacionó, incluida la señora Ramírez Lemus. Eso sí, esta aceptó saber quién era la señora Nubia Ingrid Saldarriaga porque la había visto en el pueblo.

32 El 18 de junio siguiente, se adicionó la resolución de acusación en el sentido de incluir en ella al señor José Leonardo Rivera Velasco (fls. 115 a 117, anexo 9). Los recursos contra esta decisión fueron negados (fls. 250 a 254 anexo 9 y 8 a 16, anexo 10).

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de marzo de 2006, Exp. 15440. M.P. María Elena Giraldo Gómez.

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013. M.P. Enrique Gil Botero.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de junio de 2016, Exp. 40720. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Decisión reiterada por esta Subsección en sentencia del 30 de marzo de 2017, Exp. 42426. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

36 De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación la partida de nacimiento es válida para acreditar el estado civil de personas que nacieron antes de 1938. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 22 de agosto de 2013, Exp. 39307. C.P. Hernán Andrade Rincón.