Sentencia 2009-00446 de junio 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación número: 05001-23-31-000-2009-00446-01(50282)

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Actor: Álvaro Bejarano Martínez y Otros

Demandado: Nación-Fiscalía general de la nación-Rama Judicial

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., nueve de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo(3), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 C.C.A.).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(4).

La demanda se interpuso en tiempo —21 de octubre de 2008— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 20 de febrero de 2008, fecha en la que quedó ejecutoriada la providencia que ordenó su libertad [hecho probado 7.6].

Legitimación en la causa

4. Á.B.M., A.D.B.G., C.P.B.G. y Y.B.G.; M.G.M., Á.B.G., M.L.B.G., N.J.B.G., Y.B.G., J.J.B.G. y M.E.B.G. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero fue el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.

La Nación-Rama Judicial Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad encargada de la investigación y juzgamiento.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la reducción en la dosificación de la pena, torna en injusta la privación por el tiempo en que se excedió la detención.

III. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 del CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación(5), consideró que tenían mérito probatorio.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1. El 27 de noviembre de 2001, la Policía capturó a Á.B.M. por la comisión del delito de tentativa de extorsión, según da cuenta certificado original expedido por el Juzgado 7 Penal del Circuito de Medellín (fl. 201 c. 1).

7.2. El 7 de diciembre de 2001, la Fiscalía 02-Sub Unidad de extorsión y secuestro Delegada ante los Jueces Penales del Circuito impuso medida de aseguramiento contra Á.B.M. por la comisión del delito de tentativa de extorsión, según da cuenta copia auténtica de la providencia (fls. 202- 207, cdno. 1).

7.3. El 30 de julio de 2002, la Fiscalía 02-Sub Unidad de extorsión y secuestro delegada ante los jueces penales del circuito profirió resolución de acusación en contra de Á.B.M. por el delito de tentativa de extorsión, según da cuenta copia auténtica de esa providencia (fls. 208-214, cdno. 1).

7.4. El 11 de marzo de 2003, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín condenó a Á.B.M. a 17 años y 9 meses de prisión por el delito de tentativa de extorsión, según da cuenta copia auténtica de esa sentencia (fls. 215-222, cdno. 1) y copia auténtica de la sentencia de casación (fl. 231, cdno. 1).

7.5. El 22 de julio de 2003, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la condena impuesta a Á.B.M. pero disminuyó la pena a 180 meses, según da cuenta copia auténtica de esa sentencia (fls. 223-229, cdno. 1) y copia auténtica de la sentencia de casación (fl. 231, cdno. 1).

7.6. El 20 de febrero de 2008, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia del 22 de julio de 2003, porque se debió condenar a Á.B.M. a 42 meses y no a 180 meses de detención.

El artículo 187 de la Ley 600 de 2000 establecía que las providencias que resolvían el recurso de casación quedaban ejecutoriadas el día en que fueran suscritas. En el expediente obra copia auténtica de la sentencia de casación y fue suscrita el 20 de febrero de 2008 (fls. 230-247, cdno. 1).

7.7. El 22 de febrero de 2008, Á.B.M. recobró la libertad, según da cuenta certificado original expedido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín (fl. 201, cdno. 1).

7.8. Á.B.M. es padre de A.D.B.G., C.P.B.G., Y.B.G.Á.B.G., M.L.B.G., N.J.B.G., Y.B.G., J.J.B.G. y M.E.B.G., según dan cuenta copias auténticas de certificados y registros civiles de nacimiento (fls. 92-100, cdno. 1).

La prolongación de la privación de la libertad fue injusta por una falla del servicio

8. El daño antijurídico está demostrado porque Á.B.M. estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad por prolongación de la detención desde el 27 de mayo de 2005 hasta el 22 de febrero de 2008 [hechos probados 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

9. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(6) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo(7), con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 CN(8).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(9).

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

10. El Tribunal Superior de Medellín condenó a Á.B.M. a 180 meses por el delito de tentativa de extorsión, con fundamento en que el delito fue cometido con la participación de varias personas y el procesado tenía antecedentes penales [hecho probado 7.4].

Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia casó parcialmente la sentencia condenatoria, dosificó nuevamente la pena y ordenó la libertad del demandante [hecho probado 7.7]. Concluyó que la pena impuesta fue excesiva, pues el juez penal desconoció el principio de congruencia al agregar como circunstancias de agravación la participación de varias personas en el delito, cuando no fue expresamente incluida en la acusación y los antecedentes penales del condenado, pues la Ley 599 de 2000 eliminó la personalidad del agente como criterio de dosificación.

Sostuvo que fue desproporcional imponer una pena de 180 meses de prisión por un delito de extorsión en la modalidad de tentativa, con lo cual se vulneró el principio de prohibición en exceso. Arguyó que procedía la libertad inmediata pues, para ese momento, el tiempo de condena, de acuerdo con la nueva dosificación, ya había sido cumplido. Así lo puso de relieve la providencia al indicar:

(…) Teniendo en cuenta que el tribunal impuso una pena de ciento ochenta meses de prisión dentro de un rango que fluctuaba entre treinta y dos y doscientos setenta meses, la sanción impuesta equivale al 66,6% de la pena máxima que podría infligir. Ahora bien, como la Sala debe moverse en el cuarto mínimo que oscila entre veinticuatro y sesenta y tres meses, como se anotó, el 66,6% del máximo imponible equivale a cuarenta y dos meses de prisión, que será la pena que se le individualizará al procesado.

Asimismo, como a raíz de esta decisión se observa que Á.B.M. ya cumplió la pena en comento (como quiera que se halla detenido por causa de este proceso desde el 27 de noviembre de 2001, la Sala ordenará su libertad inmediata, por lo que, una vez verificado que esta persona no es requerida por cualquier otra autoridad judicial, se expedirá a su favor boleta de libertad. (fls. 244-246, cdno. 1)

Así las cosas, como se presentó una prolongación injusta de la privación de la libertad, derivada de una indebida graduación de la pena, que supuso que Á.B.M. estuviera privado de la libertad hasta el 22 de febrero de 2008, cuando el tiempo máximo hubiese sido hasta el 27 de mayo de 2005, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio.

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-Rama Judicial, pues fue el juez competente el que graduó la pena y no le es imputable a la Fiscalía General de la Nación, porque no tuvo participación en los hechos.

Indemnización de perjuicios

11. La demanda solicitó el reconocimiento de 300 SMLMV a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales. La sentencia de primera instancia les reconoció 90 SMLMV a la víctima directa y 40 SMLMV a su compañera permanente y a sus hijos. El demandante en el recurso de apelación solicitó que se incrementaran los perjuicios morales reconocidos a Á.B.M.

Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad(10). En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. Estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:

cuadros2009-00446
 

Cuando se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima el perjuicio moral se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho(11).

Álvaro Bejarano Martínez fue privado de la libertad por prolongación de la detención durante un periodo de 32,86 meses y está acreditado que es padre de padre de A.D.B.G., C.P.B.G., Y.B.G.Á.B.G., M.L.B.G., N.J.B.G., Y.B.G., J.J.B.G. y M.E.B.G. [hechos probados 7.7 y 7.8].

La demanda afirmó que M.G.M. es la compañera permanente de Á.B.M. J. de D. P. (fls. 117-118, cdno. 1), A.G.A. (119-120, cdno. 1) y Y.B.A., amigos de Á.B.M., declararon sobre la relación afectiva y de apoyo mutuo entre la víctima y M.G.M. y del sufrimiento que padecieron por la privación de la libertad.

Como estos testimonios merecen credibilidad, no solo porque provienen de quienes tuvieron contacto directo con la familia y presenciaron el afecto y apoyo entre Á.B.M. y M.G.M., sino también porque fueron claros en sus dichos, la Sala le reconocerá a esta última la condición de compañera permanente.

Demostrada la relación de parentesco y el sufrimiento padecido por los demandantes, con base en los criterios arriba expuestos, el monto de los perjuicios morales será de 100 SMLMV para la víctima directa, 100 SMLMV para su compañera permanente y 100 SMLMV para cada uno de sus hijos.

12. La demanda solicitó $11.480.000 por lo dejado de percibir por la víctima directa durante el tiempo de privación a título de lucro cesante. La sentencia reconoció $24´341.427,6 por este concepto.

J. de D. P. (fls. 272-273, cdno. 1), A.G.A. (fls. 274-275, cdno. 1) y Y.B.A. (fls. 276-277 c. 1), amigos del demandante, declararon que Á.B.M. trabajaba en oficios varios en una finca bananera, actividad con la que sostenía a su familia.

Si bien los testimonios provienen de personas que tuvieron contacto con B.M., pues son sus amigos y vecinos, lo declarado por ellos no merece credibilidad, pues en la sentencia penal se determinó que B.M. era responsable del delito de tentativa de extorsión y eso demuestra que el demandante, en su vida cotidiana, se dedicaba a una actividad ilícita y no a la sostenida por los declarantes. Por lo tanto, se negará el reconocimiento de este perjuicio.

13. La demanda solicitó 300 SMLMV por daño a la vida de relación para cada uno de los demandantes y 300 SMLMV para cada uno de los demandantes, por daño al buen nombre. La sentencia de primera instancia los negó y en el recurso de apelación se pidió su reconocimiento.

En sentencias de unificación(12) se recogieron las clasificaciones conceptuales enmarcadas bajo las denominaciones de “daño a la vida de relación”, “alteración a las condiciones de existencia” o “perjuicios fisiológicos”. En esa oportunidad la Sala sostuvo que podrían indemnizarse los perjuicios ocasionados a bienes jurídicamente tutelados, siempre que tal circunstancia se acreditara en el proceso y no se enmarcaran en las demás tipologías de perjuicios reconocidas por la jurisprudencia(13).

De modo que quienes sufren estos perjuicios tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima directa y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa(14).

Según la demanda, por la privación de la libertad, los demandantes sufrieron un cambio en su vida personal, económica y social. Como las declaraciones de J. de D.P. (fls. 272-273, cdno. 1), A.G.A. (fls. 274-275, cdno. 1) y Y.B.A. (fls. 276-277, cdno. 1), amigos de la víctima, dan cuenta únicamente de los perjuicios morales sufridos por los demandantes, que ya fueron reconocidos en esta sentencia, pero no acreditan la afectación de otros bienes jurídicamente tutelados que amerite reparación a través de medidas no pecuniarias, estos perjuicios no serán reconocidos.

14. La demanda solicitó el pago de $97´336.676, por daño a la salud. Expuso que el tiempo que duró la privación de la libertad ocasionó un trastorno psíquico y físico por la estadía en el centro de reclusión y las malas condiciones de este.

Como en el expediente no obra pruebas técnicas que establezcan la afectación a la salud de B.M. ni el porcentaje de incapacidad requerido para determinar la gravedad de la lesión, se negará su reconocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia del 30 de julio de 2013 y su adición del 11 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

Primero. ABSUÉLVASE de responsabilidad a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la prolongación de la privación de la libertad de Álvaro Bejarano Martínez.

Segundo. DECLÁRESE patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial por la prolongación de la privación de la libertad de Álvaro Bejarano Martínez.

Tercero. CONDÉNASE al Nación-Rama Judicial a pagar a Á.B.M., M.G.M., A.D.B.G., C.P.B.G., Y.B.G., Á.B.G., M.L.B.G., N.J.B.G., Y.B.G., J.J.B.G. y M.E.B.G., la suma equivalente en pesos a cien (100) SMLMV para cada uno.

Cuarto. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Quinto. Sin condena en costas.

Sexto. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Séptimo. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias pertinentes conforme a la ley.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.9846

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.2.2].

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, Rad. 13.168 [fundamento jurídico 5] y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354 [fundamento jurídico 2.3.2].

8 El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 3].

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960 [fundamento jurídico 3.3].

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149 [fundamento jurídico 7.1].

11 Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia del 17 de julio de 1992, Rad. 6.750.

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 14 de septiembre de 2011, Rad. 19.031 [fundamento jurídico 7.4] y 38.222 [fundamento jurídico 4.3].

13 El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 15 de octubre de 2015, Rad. 34.952 [fundamento jurídico 2].

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 26251 [fundamento jurídico 6.3].