Sentencia 2009-00451/51657 de agosto 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 08001-23-31-000-2009-00451-01(51657)

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Actor: R.E.A.M. y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo(3), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (CCA, art. 86 y C.N., art. 90).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(4).

La demanda se interpuso en tiempo —27 de abril de 2009— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 19 de noviembre 2008, fecha en la que quedó ejecutoriada la providencia que precluyó la investigación [hecho probado 9.10].

Legitimación en la causa

4. R.E.A.M., R.A.M., Y.E.A.N., R.D.A.B., M.E.B.S., U.A.A.M., R.A.A.M., E.E.A.M., S.E.A.M. y A.S.A.M. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en el proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar [hecho probado 9.11].

La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la entidad que formuló cargos y solicitó la imposición de la medida de aseguramiento y la preclusión de la investigación.

II. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si el hecho del tercero dio lugar a la privación de la libertad.

III. Análisis de la sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandada, la sala estudiará los argumentos expuestos y todo lo que le resulte desfavorable, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera, en fallo de unificación(5), consideró que tenían mérito probatorio.

7. En el expediente obran recortes de prensa con los titulares “Caen dos apartamenteros”, “En libertad ex policías sindicados de hurto” (fls. 110 y 111, cdno. 1). Según la jurisprudencia, las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia(6) y en esas condiciones serán valoradas en este proceso.

8. La demanda aportó la declaración extra juicio de R.E.A.M. y M.E.B.S. (fl. 45, cdno. 1). Como las declaraciones provienen de los demandantes y no tuvieron como finalidad la confesión de conformidad con los artículos 194 y siguientes del CPC, no serán valoradas.

9. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

9.1. El 5 de julio de 2008, L. del C.R.R. y J.A.Ll. denunciaron a dos agentes de la policía por ingresar a su residencia en compañía de personas civiles no identificadas y, con el pretexto de un allanamiento, los amenazaron y hurtaron varios objetos de valor, según da cuenta copia auténtica de la denuncia Nº 2008-1811 (fls. 56 a 62, cdno. 1)

9.2. El 24 de julio de 2008, se llevó a cabo diligencia de reconocimiento fotográfico, en la cual L. del C.R.R. y J.A.Ll. identificaron como autor del delito de hurto al agente de la policía R.E.A.M., según da cuenta copia auténtica del informe de 27 de julio de 2008 suscrito por el funcionario de investigación criminal de la Dijin (fls. 71 a 75, cdno. 1) y del acta de reconocimiento fotográfico (fls. 76 a 77, cdno. 1).

9.3. El 27 de julio de 2008, el Juez 9 Penal Municipal de Barranquilla, con funciones de control de garantías, con fundamento en los elementos materiales probatorios, dictó orden de captura en contra de R.E.A.M., según da cuenta copia auténtica del oficio Nº 4858 (fl. 78, cdno. 1) y del acta de la audiencia preliminar de carácter reservado (fl. 79, cdno. 1).

9.4. El 30 de julio de 2008, la Policía Nacional capturó a R.E.A.M., según da cuenta copia auténtica del informe de esa fecha (fls. 81 a 83, cdno. 1).

9.5. El 31 de julio de 2008, el Juez 7 Penal Municipal de Barranquilla, con función de control de garantías, celebró audiencia de legalización de captura y de imputación en contra de R.E.A.M. por el delito de hurto agravado y calificado. En la citada audiencia, R.E.A.M. no se allanó a los cargos y el juzgado le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, según da cuenta la copia auténtica del acta de la audiencia de esa fecha (fls. 85 a 87, cdno. 1).

9.6. El 25 de agosto de 2008, se llevó a cabo diligencia de ampliación de denuncia, en la que J.A.Ll. y L. del C.R.R. manifestaron no estar en capacidad de reconocer a los agentes que cometieron el delito de hurto (fls. 91 a 92, cdno. 1)

9.7. El 25 de agosto de 2008, se realizaron, por solicitud de la defensa, las entrevistas a J.M.S y O.F.V.O., agentes de la policía, quienes declararon sobre su encuentro el día y hora del hurto con R.E.A., según da cuenta el informe del investigador de campo (fls. 95 a 96, cdno. 1).

9.8. El 27 de agosto de 2008, el Juez 9 Penal Municipal de Barranquilla, con funciones de control de garantías, revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad de R.E.A.M., según da cuenta copia auténtica del acta de la audiencia de esa fecha (fls. 100 y 101, cdno. 1).

9.9. El 27 de agosto de 2008, R.E.A.M. recuperó su libertad, según da cuenta el certificado de libertad del establecimiento carcelario de Sabanalarga (fl. 48, cdno. 1).

9.10. El 19 de noviembre de 2008, el Juez 11 Penal Municipal de Barranquilla, con funciones de conocimiento, precluyó la investigación en contra de R.E.A.M., según da cuenta la copia autentica de la sentencia y del acta de la audiencia de preclusión, ambas de esa fecha (fls. 107 y 108, 201 a 203, cdno. 1). La providencia quedó ejecutoriada en esa misma fecha, según da cuenta la copia auténtica del acta de la audiencia y la certificación expedida por este juzgado (fls. 199, 201 a 203, cdno. 1).

9.11. R.E.A.M. es padre de R.A.M., Y.E.A.N. y R.A.A.B., esposo de M.E.B.S. y hermano de U.A.A.M., R.A.A.M., E.E.A.M., S.E.A.M. y A.S.A.M., según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y matrimonio aportados con la demanda (fls. 32 a 43, cdno. 1).

Hecho exclusivo y determinante de un tercero como eximente de responsabilidad en eventos de privación de la libertad

10. El daño está demostrado porque R.E.A.M. estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 30 de julio hasta el 27 de agosto de 2008 [hechos probados 9.4 y 9.9]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

11. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(7) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo(8), con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 C.N.(9).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(10).

12. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la non reformatio in peius.

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima(11). Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se acrediten deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado.

Frente al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que esta participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño.

13. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que la conducta de los denunciantes fue determinante y exclusiva para que se ordenara la captura y se impusiera medida de aseguramiento.

En efecto, la orden de captura del demandante tuvo por fundamento la denuncia y, en especial, el reconocimiento fotográfico que hicieron L. del C.R.R. y J.A.Ll. quienes identificaron como autor del delito de hurto al agente de la policía R.E.A.M. [hechos probados 9.2 y 9.3].

Así mismo, la medida de aseguramiento consistente en detención en establecimiento de reclusión, tuvo por fundamento los elementos materiales probatorios recaudados en ese momento, esto es el reconocimiento fotográfico que hicieran los denunciantes [hecho probado 9.5].

Ahora, la investigación fue precluida en favor de R.E.A.M., con fundamento en que, en la diligencia de ampliación de denuncia, L. del C.R.R. y J.A.Ll. manifestaron que no les era posible reconocer como autor del delito de hurto a quien en la diligencia de reconocimiento fotográfico sindicaron de ser el agente de la policía que cometió el delito [hechos probados 9.6 y 9.10]. Así lo puso de relieve la providencia del Juez 11 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Barranquilla al indicar:

[…] Teniendo en cuenta que la Fiscalía en esta Sala de Audiencia manifestó, que en la ampliación de denuncia rendida por J.Ll.R. y la señora L.R.R., rendida el 25 de agosto de 2008, quienes manifestaron que no podrían asegurar que los imputados hayan sido los autores del delito investigado y que se les sigue por el delito de hurto calificado y agravado, dada esta situación, las únicas personas que pueden reconocer son las víctimas y quienes manifiestan, no estar en capacidad de realizarlas, de tal suerte que al Estado le resulta inoficioso continuar con una actuación, toda vez que constituiría un desgaste para la administración de justicia por lo que se dará aplicación al artículo 332, numerales 1.5 y 6 del CPP, motivo por el cual este despacho acoge favorablemente la solicitud de preclusión de la acción penal […]. (Fls. 201 a 203, cdno. 1).

En consecuencia, se acreditó el hecho de un tercero como causa del daño pues las decisiones que restringieron la libertad del demandado fueron producto del reconocimiento fotográfico que hicieron los denunciantes y, con ocasión de su manifestación posterior sobre la imposibilidad de reconocer a los autores del delito, fue precluida la investigación.

El comportamiento de los denunciantes, en este caso, resultó externo, imprevisible e irresistible para la entidad demandada, pues dado que, por la forma en que ocurrió el delito, las víctimas del mismo eran las únicas que podían identificar a sus autores. Por ello, no era previsible ni podían impedir las entidades demandadas que, posteriormente al reconocimiento de los sindicados, las víctimas del hurto manifestaran en sentido contrario que se encontraban en la imposibilidad de identificar a los autores del delito.

Esta circunstancia implicó que el ente investigativo y el juez competente procedieran, con base en la información suministrada por las víctimas, a solicitar e imponer la medida restrictiva de la libertad, pues no otra conducta podía exigirse ante el primer reconocimiento, por parte de los denunciantes, de las personas que ingresaron en su residencia, los amenazaron y se apropiaron de sus pertenencias.

Bajo esta perspectiva, la sala declarará la configuración de una causa extraña que impide que el daño antijurídico sea imputado a la demandada.

14. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 14 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE probada la excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones.

2. Sin costas.

3. En firme esta providencia, por secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 El Consejero Ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, rad. 11.425.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25.022. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, rad. 26.984.

6 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, rad. 2011-01378 [fundamento jurídico 4] y sentencia de 2 de marzo de 2006, rad. 16.587 [fundamento jurídico 3.2].

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.2.2].

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, rad. 13.168 [fundamento jurídico 5] y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, rad. 23.354 [fundamento jurídico 2.3.2].

9 El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, rad. 36.146 [fundamento jurídico 3].

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, rad. 18.960 [fundamento jurídico 3.3].

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, rad. 5.693.