Sentencia 2009-00471 de mayo 28 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 13001110200020090047101 (8107-15)

Aprobado según Acta de Sala Nº 41

Bogotá D.C., veintiocho de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Es competente esta colegiatura para resolver en grado jurisdiccional de consulta sobre las sentencias sancionatorias proferidas por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura, al tenor de lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256 de la Constitución Política, 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo que ordena el artículo 208 del Código Único Disciplinario (L. 734/2002).

2. Del caso en concreto

Se aprecia que la conducta cuestionada al doctor Arnedys Payares Pérez, en su condición de Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, se refiere específicamente al hecho de haberse sustraído de presentar la denuncia penal por la pérdida del expediente contentivo del proceso ejecutivo de Rebeca Alandete Muñoz contra el municipio de Pinillos, radicado bajo el Nº 2005-082.

Tal comportamiento fue enmarcado por la Sala a quo en el incumplimiento de los deberes funcionales previstos en los numerales 1 y 11 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 34 numeral 5 de la Ley 734 de 2002.

Esas preceptivas de la Ley Estatutaria del Administración de Justicia dispone:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios (entiéndase judiciales) y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

(…).

11. Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta de su utilización, y por la decorosa presentación del despacho.

(…)”.

De otra parte, la Ley 734 de 2002, en su artículo referente al contenido de fallo, prevé lo siguiente:

“ART. 34.—Deberes. Son deberes de todo servidor público:

(…).

5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.

Prima facie la Sala se permite precisar que el fallo objeto de consulta será confirmado integralmente, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Así pues, de las pruebas allegadas oportuna y legalmente al dossier se advierte que en virtud de la demanda ejecutiva instaurada por la señora Rebeca Alandete Muñoz contra el Municipio de Pinillos, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, libró mandamiento de pago el 6 de junio de 2006, por la suma de doscientos siete millones cuatrocientos mil cincuenta pesos ($207’400.050)(4).

Asimismo, se observa que los días 13 de junio de 2008 y 16 de febrero de 2010, se llevó a cabo inspección judicial al proceso ejecutivo traído en autos, dejándose constancia en el acta de la primera de las diligencias en mención, por parte del doctor Arnedys Payares Pérez, sobre el extravío del expediente, así: “hasta la fecha no ha sido posible su ubicación, en el momento no se ha hecho la reconstrucción de expediente dado que ese procedimiento se tiene que hacer a petición de partes hasta el momento el demandante y demandado no se han interesado en ello…sin embargo se están haciendo los esfuerzos por localizarlo dicho expediente en archivo, se deja constancia que este proceso no se ha pagado un solo peso a la parte demandante”(5). (sic) (resalta la Sala).

Al punto, es oportuno resaltar que la pérdida del expediente se advirtió por parte del funcionario encartado, desde antes de practicarse en el litigio civil de autos la primera de las inspecciones judiciales previamente relacionadas, el 13 de junio de 2008, pues en el acta de la diligencia, según se trascribió, el doctor Arnedys Payares Pérez, da cuenta de su extravío y de la imposibilidad hasta ese momento de proceder a su reconstrucción, debido a la omisión de las partes de elevar petición en tal sentido.

Sobre la omisión de denunciar la pérdida del expediente de marras, señaló el disciplinado, en su única intervención en la presente investigación, que: “Pues por una razón elemental: primero se instauro la denuncia y luego de que esta trascendió, perdió el expediente. De donde se sigue que si la denuncia ya existía, no tenía sentido volver a denunciar en tanto que la investigación se encontraba en camino, siendo la fiscalía la autoridad encargada de determinar finalmente, quienes son los responsables de tales hechos”(6). (sic).

Contrario a lo expuesto por el funcionario inculpado, al infolio no se allegó prueba alguna sobre la interposición de la respectiva denuncia por la pérdida del cartulario correspondiente al proceso ejecutivo radicado bajo la partida Nº 2005-082, evidenciándose por el contrario, que entre el 13 de junio de 2008 y 16 de febrero de 2010, el funcionario omitió su deber de enterar tal situación a la autoridad competente, Fiscalía General de la Nación.

En virtud del actuar negligente del operador judicial inculpado, acertadamente fue llamado a juicio por parte de la Sala Dual de instancia, juzgador que adecuó dicha conducta al incumplimiento del deber previsto en el artículo 153 numeral 11 de la Ley 270 de 1996, pues una vez constató la pérdida del expediente debió, en su condición de garante del mismo, denunciar dicha circunstancia, en aras de garantizar su deber de “Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda”.

Actuación negligente que sin dubitación alguna, materializó el incumplimiento del contenido del numeral 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, en la medida que los titulares de los despachos judiciales son los llamados a custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su cargo se les asigne.

Con esta reseña, se tiene por demostrada la incursión del inculpado en falta disciplinaria en forma objetiva, en tanto, no cumplió a cabalidad con las exigencias de orden legal de denunciar la pérdida del expediente de marras; encontrando en consecuencia esta Sala concordancia con lo resuelto por el a quo en la providencia objeto de consulta.

No obstante, para que se pueda hablar de falta reprochable disciplinariamente, ha de analizarse si se está frente a una conducta que subjetivamente involucre referentes propios de tener en cuenta a fin de excluir responsabilidad, o mejor, permita afirmar la existencia de causal excluyente, a fin de no caer en la proscrita responsabilidad objetiva.

Pues como se acaba de reseñar, al operador disciplinado le era imperioso cumplir el deber de “Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”, por ende, debió denunciar la pérdida del expediente correspondiente al proceso ejecutivo de Rebeca Alandete Muñoz contra el municipio de Pinillos, radicado bajo el Nº 2005-082.

Por tanto, se advierte en el proceder del funcionario investigado, se itera, un desconocimiento e inobservancia de exigencias legales, previstas en los numerales 1 y 11 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, cuando era un imperativo cumplir con el deber funcional inobservado, sin evidenciarse justificación alguna frente a tal proceder, pues su omisión de manera alguna puede considerarse relevada por un presunto incumplimiento de los funcionarios que le colaboran en su despacho.

En efecto, no constituye de manera alguna eximente de responsabilidad en el sub examine el gran volumen de expedientes asignados al despacho judicial a cargo del expediente correspondiente al multicitado proceso ejecutivo, para propender la conservación de los documentos encomendados, y por ende el sustraerse de denunciar su pérdida.

De lo anterior, se descarta la presencia de una de las causales de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 28 del Código Disciplinario Único.

Ahora, en cuanto a la calificación deducida por el a quo de la culpabilidad a título de culpa grave, la misma corresponde a lo demostrado en autos, en donde el actuar negligente del juez Payares Pérez, al omitir enterar a la autoridad competente sobre la pérdida del cartulario en mención, evidencia un comportamiento ajeno a cualquier finalidad deliberada, como tampoco se aprecia tendencia de manifiesta rebeldía contra el mandato legal, lo apreciable es que tal descuido frente a su función lo llevó a incurrir en el incumplimiento del deber legal de “Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

Por tal razón, concluye la Sala, que su comportamiento se ajustó al tipo culposo, por su desidia en cumplir los parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales, como era su deber funcional y de contera su obligación en el ejercicio de la competencia legal, fue su negligencia manifiesta en la observancia de las normas establecidas para esos eventos excepcionales.

Por tanto, el incumplimiento de esos deberes específicos le marca al sancionador la pauta para determinar la antijuridicidad de la conducta que se cuestiona vía disciplinaria, de allí que no es entonces el desconocimiento simplemente formal de ese deber el origen de la falta disciplinaria, debe ser esa infracción del orden sustancial como lo exige el artículo 5º del actual Código Disciplinario Único, incumplimiento de deberes que fue catalogado como falta en la ley disciplinaria la cual garantiza el cumplimiento de los fines del Estado en relación con la conducta de los servidores públicos, manejado en un derecho sancionador como el disciplinario.

Así las cosas, sí constituye la llamada antijuridicidad el desconocer el deber que tenía de acudir la normatividad de orden legal y de forzosa aplicación para afrontar la pérdida del expediente de marras, el cual estaba a su cargo, precisamente enterando a la Fiscalía General de la Nación, tal circunstancia, incumpliendo la abundante normatividad reseñada para ese específico asunto.

Argumentos más que suficientes para enrostrarle un comportamiento típico al investigado, en razón de la infracción al deber objetivo de diligencia para conservar y procurar por los documentos a él encomendados en relación con su cargo - Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, por ende exenta de mala fe, pues de lo contrario estaríamos en tipo de conducta clausus o cerrado en razón de lo finalístico que sería su comportamiento al pretender “de mala fe” un resultado, connotación dolosa descartada en el comportamiento acá analizado como ya se dijo, pues, evidentemente se trata de un caso en el cual el funcionario judicial, incurrió en una violación al deber objetivo de cuidado.

4. De la sanción.

En cuanto al reproche deducido, lo cierto es que la Sala a quo tuvo en cuenta los parámetros dados por el numeral 3º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, pues para las faltas graves culposa dicha norma consagra como sanción la suspensión, frente a lo cual esta Colegiatura comparte lo resuelto; en efecto, dada la gravedad de las conductas en las cuales incurrió el aquejado, no queda alternativa legal diferente que confirmar la impuesta por el Operador Judicial de primer grado, consistente en suspensión en el cargo por el término de seis (6) meses, como la condigna sanción por el grave proceder antiético del inculpado, dado que ella consulta los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad previstos en el artículo 47 del Código Disciplinario Único; en consecuencia, deberá conservarse la valoración que hizo al respecto la primera instancia, la cual deberá mutarse a multa por su equivalente al salario del funcionario al momento de los hechos, en caso que al imponerse la sanción, el doctor Arnedys Payares Pérez, no fungiere como funcionario judicial.

Dadas las anteriores consideraciones, la Sala procederá a confirmar integralmente el fallo consultado, toda vez que el mismo consultó con acierto la realidad procesal allegada al dossier, al igual que la responsabilidad del investigado frente a los cargos irrogados.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR integralmente la sentencia consultada, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar sancionó al doctor Arnedys Payares Pérez, en su condición de Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis (6) meses, por haber incumplido los deberes consagrados en los numerales 1 y 11 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 34 numeral 5 de la Ley 734 de 2002, constituyendo falta disciplinaria según los lineamientos del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, conforme las consideraciones expuestas en este proveído.

2. COMISIÓNASE al magistrado en turno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, para que en el término de 10 días hábiles, notifique a las partes de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

(4) Folios 44 a 47 cdno. 1ª instancia.

(5) Folio 48 cdno. 1ª instancia.

(6) Folios 70 a 72 cdno., 1ª instancia.

 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

De manera muy respetuosa, la suscrita ve necesario apartarse parcialmente de la decisión adoptada por la H. Sala, en tanto aquello que se le reprochó al investigado fue el no haber reconstruido el expediente, de allí que, la infracción al deber previsto en el numeral 11 del artículo 153 de la Ley 270, al tratarse de una falta de las consideradas autónomas, no hay lugar a las concordancias con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, toda vez que no le es aplicable a los funcionarios judiciales sino a los servidores públicos.

De los señores magistrados,

María Mercedes López Mora 

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente, me permito expresar las razones por las cuales suscribí la providencia de la referencia con salvamento de voto.

Con la decisión objeto de este salvamento se decidía si se confirmaba o no la sentencia del 28 de febrero de 2013, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, por medio de la cual sancionó al Dr. Arnedys Payares Pérez, en su condición de Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué-Bolívar a 6 meses de suspensión en el ejercicio del cargo.

En efecto, en el proyecto aprobado por la mayoría, se decidió confirmar la sanción, al considerar que el disciplinado actuó con desidia en el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, al inobservar los deberes previstos en los numerales 1 y 11 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en tanto, omitió denunciar la pérdida de un expediente civil.

Pues bien, en sentir del suscrito la investigación contiene un yerro que por lo menos debió ser objeto de reparo por la Sala, me refiero a la incongruencia que se presenta entre el pliego de cargos y el fallo de primera instancia. En efecto, en aquella decisión se llamó al funcionario a responder en juicio por la omisión para presentar la respectiva denuncia en torno a la pérdida del expediente; no obstante, la argumentación de la sentencia, se hace en torno a la negligencia o falta de cuidado de los expedientes.

Tratándose el pliego de cargos, pieza fundamental de la investigación, puesto que es en ella donde se le da a conocer al investigado la imputación, debe ser clara y debidamente justificada, en otras palabras, debe explicarse en toda su extensión el comportamiento del disciplinado que da origen a la acusación y adecuarlo de manera concreta al tipo antiético, para que con fundamento en el mismo, pueda elaborar su estrategia de defensa y, en ese mismo sentido, debe construirse el fallo, pues de lo contrario, se viola ese derecho y se vicia de nulidad la actuación, en tanto al investigado se le acusa por un hecho y se le sorprende con otro al momento de la sentencia, por lo tanto, en sentir del suscrito no debió confirmarse la sentencia recurrida.

Pero aunado a lo anterior, debió tenerse en cuenta que el expediente se perdió mucho antes del año 2008, pues precisamente la Policía se enteró de esa circunstancia el 13 de junio de esa anualidad, es decir, que hasta esa fecha tuvo el funcionario la obligación de denunciar la pérdida, data esa a partir de la cual empezaba a contarse el término de prescripción de la acción disciplinaria, puesto que si ya las autoridades tenían conocimiento del extravió del proceso, ninguna trascendencia tenía para ese momento que el funcionario judicial acudiera en denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Significa lo anterior, que al momento en que esta Sala se pronunció ya se había superado el término de los cinco años consagrados en el artículo 29 de la Ley 734 de 2002 para decretar la prescripción de la acción disciplinaria en torno a la presunta conducta omisiva, y, por lo tanto, no existía competencia para emitir decisión diferente a la terminación de la investigación.

Dejo así consignado el motivo por el cual consideré necesario salvar el voto.

Wilson Ruiz Orejuela