Sentencia 2009-00509/45295 de agosto 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. : 25000-23-26-000-2009-00509-02 (45295)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

Actor: Daniel Ruíz Ramírez y otros

Demandado: Nación - Rama judicial dirección ejecutiva de administración judicial

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

Temas: Privación Injusta de la Libertad - Captura cuando la sanción penal se encontraba prescrita - concurrencia de culpas

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1) prelación de fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) competencia de la Sala; 3) ejercicio oportuno de la acción; 4) la legitimación en la causa por activa; 5) la causa petendi; 6) valoración probatoria; 7) de la responsabilidad de la Rama Judicial; 8) el hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación; 9) concurrencia de culpas; 10) indemnización de perjuicios; 11) procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor Daniel Ruiz Ramírez, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que se ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(16).

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 6 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso(17).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(18).

Así pues, se tiene que el 21 de agosto de 2005 el señor Daniel Ruiz Ramírez fue capturado por la Policía Nacional y que el 12 de octubre de 2005, el Juzgado Promiscuo Municipal de Zipacón, Cundinamarca declaró la prescripción de la pena a favor de este y ordenó su libertad inmediata y si bien no obra certificación alguna que acredite la fecha en la cual quedó ejecutoriada la referida providencia, se tendrá en cuenta la fecha en que se dictó tal decisión, con el fin de contabilizar el término de caducidad.

En ese sentido, dado que la decisión se profirió el 12 de octubre de 2005(19), se impone concluir que la demanda se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista, por cuanto se presentó el 18 de septiembre de 2007(20).

4. La legitimación en la causa por activa.

Para la Sala, el señor Daniel Ruiz Ramírez se encuentra legitimado para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que fue privado de la libertad. Es decir, es la víctima del daño cuya indemnización se pretende.

Igualmente, se acreditó, con el respectivo registro civil de nacimiento, que Brenda Viviana Ruiz Tique es hija del señor Daniel Ruiz Ramírez(21) y que la señora María Flor Tique es la esposa de la víctima directa, tal y como se probó con la copia del registro civil de matrimonio(22).

5. La causa petendi.

Considera la Sala pertinente, en este punto, aclarar que la demanda manifestó que el origen del daño fue producto del defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, al habérsele hecho efectiva una sanción penal que se encontraba prescrita, más no por el proceso penal que cursó contra el señor Daniel Ruiz Ramírez.

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha sido pacífica en considerar que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las actuaciones que conoce carece por completo de facultades para variar la causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta naturaleza la sentencia está abocada a resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración con base en a los antecedentes fácticos descritos en la demanda y a los medios de convicción regular y oportunamente agregados al plenario.

6. Valoración probatoria.

6.1 Documentales.

— Denuncia penal por lesiones personales interpuesta por el señor Gerardo Sierra Montañez el 18 de junio de 1996 contra el señor Daniel Ruiz Ramírez por los hechos ocurridos el 14 de abril del mismo año, en la que relató que:

“Yo venía en bicicleta conservando mi derecha y el señor Daniel Ruíz bajaba con máxima velocidad y perdió el control de la bicicleta se salió de su carril ocupó el carril que subía y se estrelló conmigo, subiendo yo pegado al andén de mi derecha, la cabeza del señor golpeó contra la mía en el momento yo caí y mi hermano, me brindó ayuda, y un señor que bajaba en un carro me llevó hasta Facatativá donde me practicaron unas radiografías, el señor Daniel Ruíz nos acompañó hasta Facatativá, en la radiografía salió la fractura del maxilar izquierdo entonces el doctor me remitió donde el especialista, y allí me hicieron radiografías y me programaron para la cirugía. El señor Daniel Ruíz al momento me dio los datos personales y me dijo que él me reconocía gastos o lo que fuera. Nos encontramos los primeros días de mayo, casi llegamos a un acuerdo, me dijo que le diera unos díitas (sic) porque en el momento no tenía la plata, como a los cuatro días me dijo que no había conseguido ninguna plata, que no tenía, yo le dije que me veía obligado a colocarle el denuncio y él me dijo que si, que se lo colocara, y que así no arreglábamos nada”(23).

— Diligencia de indagatoria que rindió el señor Daniel Ruiz Ramírez el 16 de agosto de 1996 ante la Unidad Local de Fiscalías de Facatativá(24).

— Diligencia de compromiso suscrita por el señor Daniel Ruiz Ramírez el 16 de agosto de 1996, en la cual se indicó que estaba obligado a: “1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite; 2. Observar buena conducta individual, familiar y social; 3. Informar todo cambio de residencia; 4. No salir del país sin previa autorización del funcionario”(25).

— Providencia del 25 de octubre de 1996, mediante la cual se profirió medida de aseguramiento contra el señor Daniel Ruiz Ramírez consistente en caución prendaria por el monto equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente(26).

— Providencia del 17 de junio de 1998, por medio de la cual la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, Unidad Local de Fiscalía de Facatativá calificó el mérito del sumario y acusó al señor Daniel Ruiz Ramírez del delito de lesiones culposas(27).

— Informe secretarial del 14 de julio de 1998 en el que se indicó que: “ha sido imposible notificar al sindicado Daniel Ruiz ni a su defensor (...). Intenté comunicarle vía telefónica resultando imposible, toda vez que el 3422787 no contesta el togado y en el 2234085 me informó la señora Angélica Rodríguez de López que el sindicado se había trasladado hace más de seis meses sin que conozca su paradero”(28).

— Acta de posesión de defensor de oficio del señor Daniel Ruiz Ramírez del 25 de agosto de 1998(29).

— Sentencia del 29 de enero 1999, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Facatativá, por medio de la cual se condenó al señor Daniel Ruiz Ramírez por el delito de lesiones personales en la modalidad de culposas, en los siguientes términos (se trascribe literalmente incluso con posibles errores):

“Primero: CONDENAR a Daniel Ruíz Ramírez, (...), a la pena principal de ocho meses de prisión y multa de $ 3.000 como auto material y responsable del delito de lesiones personales, en la modalidad de culposas cometido en las circunstancias de tiempo, nodo y lugar descritas en el cuerpo de esta sentencia.(...).

Segundo: Imponer al condenado Daniel Ruíz Ramírez como penas accesorias a la principal, la interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena principal.

Tercero: CONDENAR a Daniel Ruíz Ramírez, el resarcimiento de los perjuicios materiales causados con la infracción, tasados en la suma de $ 275.845 y los morales en el equivalente a 10 gramos oro en Moneda Nacional a favor de Gerardo Sierra Montañez, sumas que deben ser consignadas (...), en el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este fallo.

Cuarto: Declarar que el condenado Daniel Ruíz Ramírez es acreedor al beneficio del subrogado de la condena de ejecución condicional de que trata el art. 68 del C.P. En consecuencia se le suspenderá la ejecución de esta sentencia por un período de prueba de 24 meses, durante los cuales cumplirá con presentaciones periódicas en este juzgado cada mes, lo que garantizará con caución prendaria en cuantía de $ 50.000. Suma que debe ser igualmente consignada (...) en el término de tres (3) días, luego de su notificación”(30).

— Informe secretarial del Juzgado Promiscuo Municipal de Zipacón del 13 de mayo de 1999, en el que se indicó que el condenado Daniel Ruiz Ramírez no compareció a suscribir el acta de compromiso como lo ordenó la sentencia proferida en su contra(31).

— Providencia del 5 de febrero de 2003, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Zipacón mediante la cual se revocó el beneficio de la condena de ejecución condicional concedida al señor Daniel Ruiz Ramírez y se ordenó librar orden de captura en su contra(32).

— Orden de captura 006 emitida el 20 de febrero de 2003 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Zipacón contra el señor Daniel Ruiz Ramírez(33).

— Acta de derechos del capturado Daniel Ruiz Ramírez de 21 de agosto de 2005(34).

— Boleta de detención 004 del señor Daniel Ruiz Ramírez, en la cual se indicó que la fecha de captura fue el 21 de agosto de 2005(35).

— Memorial radicado el 25 de agosto de 2005, ante el Juzgado Municipal Promiscuo de Zipacón, por la apoderada del señor Daniel Ruiz Ramírez mediante el cual se solicitó se le concediera el beneficio de detención domiciliaria y que se declarara la prescripción de la sanción penal(36).

— Providencia de 29 de agosto de 2005, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Zipacón, mediante la cual se le concedió detención domiciliaria al señor Daniel Ruiz Ramírez(37).

— Acta de la diligencia de compromiso suscrita por el señor Daniel Ruiz Ramírez el 14 de septiembre de 2005(38).

— Memorial radicado el 4 de agosto de 2005, ante el Juzgado Municipal Promiscuo de Zipacón, por el señor Daniel Ruiz Ramírez mediante el cual se solicitó se le concediera libertad incondicional e inmediata “en razón a la prescripción de la pena que irregularmente vengo cumpliendo desde el pasado 22 de agosto”. Dicho memorial viene acompañado con la siguiente anotación: “el interno se encuentra en la actualidad en las instalaciones, toda vez que no se ha proferido la resolución de traslado por parte del Inpec”, suscrita por el jefe de la oficina de control.

— Sentencia de 12 de octubre de 2005, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Zipacón, mediante la cual se resolvió habeas corpus presentado por el señor Daniel Ruiz Ramírez y se decretó la prescripción de la sanción penal y se ordenó la libertad inmediata del señor Daniel Ruiz Ramírez, en los siguientes términos:

“Bajo tales condiciones se decretará ahora la prescripción de la pena, porque en el caso del señor Ruíz Ramírez se consumó el fenómeno de la prescripción de la sanción penal, porque de conformidad con el artículo 89 del Código Penal, el término de prescripción será igual al máximo de la pena fijada en la ley y, ejecutoriada la resolución acusatoria, dicho lapso se interrumpe y comienza a correr por tiempo igual a la mitad del inicial, en todo caso no inferior a cinco (5) años, acorde con el artículo 86 del nuevo ordenamiento.

(...)

En consecuencia, como la detención del procesado no habilita el contar un nuevo término de prescripción, el momento a partir del cual se registró la extinción, el mes de febrero de 2004, la actuación posterior en manera alguna puede convalidar o reiniciar el curso de los cinco (5) años que inicialmente se previeron para efectivizar la sentencia, pues ninguna causal y menos la revocatoria del beneficio, conlleva la habilitación o la entidad suficiente para purgar la omisión en que se incurrió.

En consecuencia, en el caso que ocupa la atención del Despacho, la fecha de ejecutoria de la sentencia condenatoria indistintamente del lapso de la condena impuesta, se concluye que el lapso de prescripción de la sanción penal, es de cinco (5) años que ya transcurrieron, por lo que se impone la declaratoria de tal fenómeno procesal y consecuentemente, se dispondrá la libertad inmediata e incondicional, para lo cual se proferirán los oficios del caso a todas las autoridades judicial y administrativas a quienes se les comunicó la detención domiciliaria”(39) (destaca la Sala).

— Boleta de libertad 004 del señor Daniel Ruiz Ramírez del 12 de octubre de 2005(40).

7. De la responsabilidad de la rama judicial.

Del estudio de las piezas procesales correspondientes a la actuación penal, se desprende que el señor Daniel Ruiz Ramírez fue privado de su libertad el 21 de agosto de 2005 hasta el 12 de octubre del mismo año, fecha en la que el Juzgado Promiscuo Municipal de Zipacón declaró la prescripción de la sanción penal impuesta a aquel mediante sentencia de 29 de enero de 1999.

De igual manera, se encuentra acreditado que el 25 de agosto de 2005, esto es 4 días después de su captura, la apoderada del señor Ruiz Ramírez solicitó se decretara la prescripción de la sanción penal, requerimiento al cual hizo caso omiso el Juzgado Municipal Promiscuo de Zipacón, como se evidencia en providencia del 29 de agosto del mismo año mediante la cual solo se pronunció respecto de la solicitud de concederle a la víctima directa el beneficio de detención domiciliaria.

A su vez, se probó que si bien al señor Daniel Ruiz Ramírez cumplió con lo solicitado por la autoridad judicial para gozar del beneficio de detención domiciliaria, esta nunca se hizo efectiva, por lo que se concluye que la totalidad del tiempo que estuvo privado de la libertad fue en un centro penitenciario.

Por último, al revisar el acervo probatorio se encuentra que solo hasta el 12 de octubre de 2005, esto es 1 mes y 9 días luego de ser capturado el señor Daniel Ruiz Ramírez, el juez penal advirtió la irregularidad de la privación de la libertad de aquel, por lo que decretó la prescripción de la sanción penal y ordenó su libertad inmediata.

Ahora bien, la prescripción de la pena es un beneficio que se concede por la falta de actividad del aparato judicial para hacer efectiva la captura de una persona condenada durante el lapso consagrado por la ley, lo que resulta en que para el sujeto que cometió el delito desaparece la obligación de cumplir la pena consecuencia de su actuar.

El artículo 88 del Código Penal(41) establece las causas de la extinción de la sanción penal, entre las cuales se encuentra la de prescripción y, el artículo 89 ibídem señala que la “pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años”.

A su vez, el Código de Procedimiento Penal(42) en su artículo 38 determinó que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad es quien conoce de la extinción de la sanción penal y quien debe declararla y, en el artículo 297 se advierte que una vez capturada la persona debe ser “puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido”.

De lo expuesto es evidente que es una obligación del juez penal, al momento de imponer una pena o medida de seguridad, determinar si respecto de esta se ha configurado alguna de las causales de extinción y, de ser así, declararla de manera oficiosa, a su vez, es su deber conocer de las solicitud de prescripción de la sanción penal y resolverlas de manera expedita, situación que no se presentó en el caso objeto de estudio, pues como se explicó anteriormente, el juzgado municipal promiscuo de Zipacón solo advirtió que se había configurado la prescripción de la sanción penal 1 mes y 9 días después de la captura del demandante, a pesar de que este ya le había puesto de presente dicha situación desde el 4 día de la aprehensión.

Lo anterior ocasionó que el señor Daniel Ruiz Ramírez fuera privado de la libertad con ocasión de una pena que no estaba en la obligación de cumplir y que dicho yerro solo fue advertido por el Juez Penal debido a la solicitud de habeas corpus presentada por el capturado, mas de un mes después de ser aprehendido.

Dado que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Daniel Ruiz Ramírez el 21 de agosto de 2005 hasta el 12 de octubre del mismo año, se dio cuando la sanción penal que se le impuso ya había prescrito, sin que se hubiese cancelado la orden de captura en su contra(43), se concluye que el daño sufrido por la demandante es de carácter anormal e injusto y consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia imputable a la Rama Judicial, por lo que se puede afirmar que con la actuación de la demandada se comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

8. El hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación.

En materia de responsabilidad del Estado por el daño de los agentes judiciales, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— establece que el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo o no haya interpuesto los recursos de ley.

Para identificar los conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia(44) ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil(45), de los cuales se extrae que el primero corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

La corporación ha establecido que la declaratoria de culpa exclusiva de la víctima obliga a que se examine si el proceder —activo u omisivo— de quien predica la responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño. Y, de ser así, corresponde examinar en qué medida la acción u omisión de la víctima contribuyó en el daño. Puntualmente, esta Sección sostuvo(46):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…)

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘(…) para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal (…)’(47)” (se destaca).

En asuntos como el analizado, se entiende configurada la culpa de la víctima cuando se establece que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en las conductas ilícitas que dieron lugar a la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad(48).

En el presente asunto, se encuentra probado que el señor Daniel Ruiz Ramírez el 16 de agosto de 1996 rindió indagatoria y fue vinculado a una investigación penal iniciada con ocasión de la denuncia penal presentada por el señor Gerardo Sierra Montañez contra aquel, en razón de los hechos ocurridos el 14 de abril de 1996 en la vía a Zipacón que derivó en unas lesiones físicas del denunciante.

De igual manera, se tiene que el señor Daniel Ruiz Ramírez suscribió un acta de compromiso que contenía las obligaciones de acudir al despacho cuando fuera requerido y que informaría todo cambio de residencia, las cuales fueron incumplidas por aquel, puesto que en el expediente obra constancia secretarial en la que se indicó que el señor Ruiz Ramírez no informó el cambio de residencia y no acudió ante la autoridad judicial cuando fue requerido, pues como se evidenció en el expediente fue necesario nombrarle defensor de oficio, dado que no fue posible notificarle las decisiones proferidas en la investigación penal.

Ahora bien, se tiene que el señor Daniel Ruiz Ramírez no conoció de la sentencia dictada en su contra el 29 de enero de 1999 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Zipacón, por el delito de lesiones personales culposas ocasionadas al señor Gerardo Sierra Montañez, pues como lo aseguró en los hechos de la demanda su lugar de residencia era Bogotá y consideró que los hechos de la denuncia penal eran de “evidente poca relevancia a los ojos de cualquier lego en derecho”.

De lo expuesto es claro que fue por el actuar negligente y despreocupado del señor Daniel Ruiz Ramírez que el Juzgado Municipal Promiscuo de Zipacón decidió revocar el beneficio de la condena de ejecución condicional, dado que si este hubiese cumplido con lo señalado en la sentencia condenatoria no se hubiera proferido orden de captura en su contra.

No obstante lo anterior, es del caso indicar que la causa petendi de la demanda se refiere a la privación injusta de la libertad al habérsele hecho efectiva una orden de captura de una sanción penal que se encontraba prescrita y que durante el trámite posterior a esta el juez no advirtió el error, situación que no fue causa directa del actuar del señor Daniel Ruiz Ramírez, puesto que es obligación del juez penal declarar la prescripción de la sanción penal, de lo que se concluye que dentro del presente asunto, no se cumplen con los requisitos necesarios para declarar la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima.

9. La concurrencia de culpas

La jurisprudencia reiterada de la Sala ha sostenido que para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquella tuvo o no injerencia, y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta factible concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto la causa exclusiva, esto es, única del daño, como que constituya la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada(49).

En punto de la concurrencia de culpas, la jurisprudencia de la sección tercera de esta corporación ha señalado lo siguiente:

“(…) Esta sección ha reiterado que ‘para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima’. (…) en materia contencioso administrativa, para la determinación de la responsabilidad de la parte demandada, reviste especial importancia el análisis de facto y jurídico del comportamiento de la víctima en la producción de los hechos, con miras a establecer -de conformidad con el grado, importancia, eficacia, previsibilidad, irresistibilidad, entre otros aspectos de esa conducta si hay lugar a la exoneración del ente acusado —hecho exclusivo de la víctima— o a la disminución del quantum de la indemnización en el evento en que se presente la concurrencia de culpas(50) (se destaca).

En efecto, medió la participación del afectado en la producción del daño antijurídico —privación de la libertad—, toda vez que si el señor Daniel Ruiz Ramírez hubiese cumplido con las obligaciones adquiridas en el acta de compromiso de 16 de agosto de 1996 y con lo ordenado en la sentencia de 29 de enero de 1999, el Juzgado Municipal Promiscuo de Zipacón no hubiera revocado el beneficio de la condena de ejecución condicional, así como tampoco se hubiere librado orden de captura en su contra.

Aunque la conducta del aquí demandante es reprochable, lo cierto es que no guarda relación con la carga que debió soportar. Así las cosas, si el juez penal en la oportunidad procesal hubiera advertido que la sanción penal impuesta contra el señor Daniel Ruiz Ramírez se encontraba prescrita, el hoy demandante no habría sido privado de la libertad por 1 mes y 9 días.

En conclusión, aunque se declarará la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial, es necesario destacar que la actuación del ahora demandante resultó relevante para que se librara orden de captura en su contra, pero no fue la causa determinante frente a la equivocación en la que incurrió el juez de la causa.

En este orden de ideas, en criterio de la Sala, la participación de la víctima en la causación del daño puede establecerse, en términos porcentuales, en un 50%.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y procederá a declarar patrimonialmente responsable a la rama judicial, por el defectuoso funcionamiento en el que incurrió dentro del proceso de captura del señor Daniel Ruiz Ramírez, en los términos y bajo los parámetros explicados en precedencia.

Así pues, se procederá a estudiar las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda.

10. Indemnización de perjuicios.

10.1. Perjuicios morales.

Respecto de la tasación de la indemnización de perjuicios morales, la Sala estima necesario precisar que esta se efectuará de acuerdo con las pautas trazadas por la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera, en relación con la privación injusta de la libertad, toda vez que si bien el presente caso es resuelto bajo la aplicación de una falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, lo cierto es que el perjuicio causado a la parte demandante devino de la privación de su libertad, motivo por el cual resulta procedente acoger los parámetros fijados por la referida unificación.

Frente a la acreditación de los perjuicios morales, la jurisprudencia de esta sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima y de los parientes más cercanos, según corresponda.

De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, la Sala encuentra probado que la señora María Flor Tique es cónyuge del directamente afectado y Brenda Viviana Ruiz Tique es su hija, por lo que se infiere que se les causó una afectación moral.

Ahora bien, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Ruiz Ramírez le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, puesto que es razonable asumir que un ciudadano al que se le afecta su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensivo a sus hijos, quienes se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

De conformidad con las pruebas recaudadas en el presente caso, se tiene que el señor Ruiz Ramírez fue capturado el 21 de agosto de 2005 y que recuperó su libertad el 12 de octubre del mismo año y que su detención la cumplió en un establecimiento carcelario.

Pues bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa, expediente 36.149, que a su tenor estableció:

“Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”(51) (se destaca).

Ahora bien, sería del caso reconocer a cada uno de los demandantes la suma equivalente a 35 SMLMV, sin embargo, la condena ha de reducirse en un 50% por presentarse la concurrencia de culpas, por lo cual el monto de la indemnización para la víctima directa, su esposa e hija será de 17,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

10.2. Perjuicios materiales

Daño emergente

En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados, se solicitó en la demanda condenar por el pago de honorarios profesionales en que tuvo que incurrir el señor Daniel Ruiz Ramírez durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, así como las cauciones y depósitos judiciales que debió realizar a pesar de que su condena ya estaba prescrita.

Ahora bien, conviene recordar que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.

No obstante lo anterior, la Sala denegará la pretensión, en tanto el pago de honorarios profesionales no se encuentra debidamente acreditado en el plenario.

Respecto de los cauciones y depósitos judiciales que debió realizar, se tiene que a folio 202 del cuaderno 5 de pruebas obra comunicación de la orden de depósitos judiciales, en la que se indicó que en providencia del 12 de octubre de 2005 se ordenó pagar a favor del señor Daniel Ruiz Ramírez la suma de $ 381.500 por concepto de los depósitos judiciales constituidos en el proceso penal 1998-0061, de lo que se concluye que el demandante recibió dichos dineros y no se le ocasionó perjuicio alguno.

Lucro cesante

La parte demandante solicitó reconocer al señor Daniel Ruiz Ramírez una indemnización de perjuicios por lucro cesante, en la suma de $ 7.500.000, correspondiente a los dineros dejados de percibir por razón de la detención injusta que padeció y las cuotas del crédito hipotecario que dejó de cancelar durante el tiempo que estuvo privado de la libertad.

Respecto de la actividad económica que desarrollaba el aquí demandante se tiene que, de conformidad con la certificación expedida el 17 de noviembre de 2005 por la empresa Ford Autos Peña, se desempeñaba como latonero automotriz con una asignación mensual de $ 2.200.000(52).

En cuanto al período a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 21 de agosto de 2005 —fecha de la captura de demandante— y el 12 de octubre de 2005, fecha en que se hizo efectiva su libertad, pues en estos términos lo solicitó la parte actora, cuando en la demanda se reclamaron, únicamente, las sumas dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:

• Ingresos de la víctima al momento de su detención: $ 2.200.000

• Período a indemnizar: 1.3 meses

Actualización de la base: 

RA = VH Ind. finaljulio de 2017 (137.80022)

ind inicial agosto de 2005 (83.40016)

RA = $ 3.635.011 que por ser superior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2017, será el valor base con el que se realizara la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 4.543.764).

S = Ra x (1+ i)n- 1

i

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = $ 4.543.764

N = Número de meses que comprende el período indemnizable

I = Interés puro o técnico: 0.004867

Así las cosas, la liquidación de Daniel Ruiz Ramírez corresponde a la siguiente:

S = $ 4.543.764 {(1+ 0.004867)1.3 - 1}

0.004867

S = $ 5.910.533

Ahora bien, sería del caso reconocer al demandante la suma de $ 5’910.533, sin embargo, la condena ha de reducirse en un 50% por presentarse la concurrencia de culpas, por lo cual el monto de la indemnización para la víctima directa será de $ 2’955.266.

En cuanto a lo solicitado por las cuotas del crédito hipotecario, es del caso advertir que si el señor Ruiz Ramírez hubiere estado desarrollando sus actividades productivas normalmente, igual él habría tenido que haber pagado los gastos mencionados, razón por la cual no es procedente reconocer indemnización alguna adicional por este concepto.

11. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 6 de junio de 2012.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Rama Judicial por los perjuicios causados a los demandantes, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Como consecuencia, CONDENAR a la rama judicial, a pagar las siguientes indemnizaciones:

3.1. Por daño moral, a favor del señor Daniel Ruiz Ramírez; su cónyuge, la señora María Flor Tique y su hija, Brenda Viviana Ruiz Tique, la suma equivalente en pesos a 17.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia, para cada uno de ellos.

3.2. Por lucro cesante para el señor Daniel Ruiz Ramírez, la suma equivalente a dos millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos ($ 2.955.266).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

16 De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en sesión del 25 de abril de 2013, según acta 10.

17 Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011. Al respecto puede consultarse igualmente el auto proferido el 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Fls. 189 - 192, cdno. 5.

20 Fls. 2 - 13, cdno. 1.

21 Fl. 2, cdno. 2 de pbas.

22 Fl. 1, cdno. 2 pbas.

23 Fl. 2, cdno. 4 pbas.

24 Fls. 10 -12, cdno. 4 pbas.

25 Fl. 16, cdno. 4 pbas.

26 Fls. 27 - 31 cdno. 4 pbas.

27 Fls. 62 - 65 cdno. 4 pbas.

28 Fl. 68 cdno. 4 pbas.

29 Fl. 71 cdno. 4 pbas

30 Fls. 90 - 96, cdno. 4 pbas.

31 Fl. 104, cdno. 4 pbas.

32 Fls. 116 - 118, cdno 4 pbas.

33 Fl. 121, cdno. 4 pbas.

34 Fl. 143, cdno. 5 de pbas.

35 Fl. 145, cdno. 5 de pbas.

36 Fls. 151 - 152, cdno. 5 de pbas.

37 Fls. 159 - 164, cdno. 5 de pbas.

38 Fl. 181, cdno. 5 de pbas.

39 Fls. 189 - 192, cdno. 5 de pbas.

40 Fl. 194, cdno. 5 de pbas.

41 L. 599/2000.

42 L. 906/2004.

43 La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, exp. 16423, ambas con ponencia del Consejero, Doctor Mauricio Fajardo Gómez.

44 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por la sentencia del 1º de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Hernán Andrade Rincón.

45 “ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente 38.438, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón.

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15784; Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de agosto de 2017, expediente 050012331000200104075 01 (47.108).

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 24.972, reiterada en sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 17.145, entre muchas otras.

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. Sentencia del veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 25000-23-26-000-2002-01492-01(29479).

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente 36.149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

52 Fl. 70, cdno. 1, pbas.