Sentencia 2009-00513 de julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 0800012331000200900513 01

Número Interno 19184

Consejera Ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Industrias Puropollo S.A.

Contra la DIAN

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Provee la Sala sobre la legalidad de los actos administrativos que determinaron el impuesto de renta y complementarios a cargo de la demandante para el año gravable 2004.

Generalidades sobre la deducción especial que establece el artículo 158-3 del estatuto tributario

En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer la procedencia de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos, consagrada en el inciso tercero del artículo 158 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 68 de la Ley 863 del 2003, a cuyo tenor se lee:

ART. 158-3.—Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1971. La DIAN deberá informar semestralmente al Congreso sobre los resultados de este artículo.

El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo”.

De la reglamentación que ordena la norma, se ocupó el artículo 1º del Decreto 1766 del 2004 que señala:

“ART. 1º—Deducción especial. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir en la determinación del Impuesto sobre la renta de los años gravables de 2004 a 2007, inclusive, por una sola vez en el período fiscal en el cual se adquiera, el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivamente realizadas en la adquisición de activos fijos reales productivos que se efectúen entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre del año 2007. Esta deducción igualmente procederá, cuando los activos fijos reales productivos se adquieran bajo el sistema leasing con opción irrevocable de compra”.

Para los efectos anteriores, el reglamento definió el activo fijo real productivo como los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio y participar de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, y que se deprecian o amortizan fiscalmente (art. 2º).

Esta Sección, mediante sentencia del 26 de abril de 2007, expediente 15153, negó la nulidad de la expresión “y se deprecian o amortizan fiscalmente” que integran el concepto anterior, por no exceder la facultad reglamentaria. Allí precisó:

“La norma transcrita consagra una deducción especial del 30% para los contribuyentes del impuesto de renta que adquieran efectivamente activos fijos reales productivos, en busca de estimular la inversión y el aumento de la capacidad productiva del país, con el consecuente incremento de la rentabilidad del contribuyente.

Ahora bien, el legislador determinó en forma concreta que la inversión que otorga la prerrogativa fiscal debía realizarse “sólo en activos fijos reales productivos”, de lo cual se deduce que excluyó aquellos bienes que por definición no tienen la naturaleza de reales(2), como sucede con los que ostentan el carácter de intangibles(3).

Así mismo, la norma legal condicionó la procedencia de la deducción a que los activos fijos reales fueran “productivos”, frente a lo cual la Sala en sentencia reciente(4) que examinó la legalidad de la expresión “participan de manera directa” y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, contenida en la misma norma que aquí se impugna, señaló:

“De otra parte, la condición sobre la cualidad de “productivos”, prevista en la ley para que proceda la deducción, implica que entre lo producido y los bienes empleados para ello, debe existir una relación directa y permanente, de suerte que sean indispensables para su ejecución. Ello necesariamente excluye los activos fijos que participan de manera indirecta en el proceso productivo, como son los muebles y equipos destinados a la parte administrativa y gerencial, a que alude la accionante.

De lo expuesto se colige que la definición contenida en el reglamento acusado, en cuanto precisa que son activos fijos reales productivos, los bienes tangibles que “participan de manera directa” y permanente en la actividad productora de renta, no contradice lo preceptuado en la norma superior reglamentada, pues está claro que fue voluntad del legislador limitar la deducción del 30% “sólo” para aquellos activos fijos que se incorporan de manera directa al proceso productivo” (resaltado de la Sala).

Por tanto, debe existir una estrecha relación o vinculación directa entre los activos fijos y la actividad productiva del contribuyente, de tal suerte, que su incorporación incida en forma inmediata en las actividades productoras de renta y por ende en el caudal de ingresos sometidos al tributo.

De esta manera el legislador concibió una deducción que estimulara la inversión en la adquisición de activos fijos reales productivos, para buscar aumentar el ingreso público, es así como en la exposición de motivos del proyecto inicial, aún cuando en principio se refirió a una tarifa diferencial en renta para la reinversión de utilidades.

(…).

Se colige que el propósito del legislador al establecer la deducción en comento, fue la adquisición de bienes tangibles que participen de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, es decir, que el elemento determinante de la prerrogativa fiscal, es que el activo fijo real se involucre directamente en el proceso productivo para generar ingresos y ejercer efectos positivos en la producción y el empleo y así en tal definición deben ser tenidos en cuenta, por ser elementos sustanciales a la productividad, los fenómenos de la depreciación y/o la amortización.

En efecto, la expresión legal “activos fijos reales productivos adquiridos”, indica que son aquéllos en los que invierte el contribuyente para producir renta y para el caso de los terrenos que participan de manera directa y permanente en la actividad productora o generadora del ingreso, existe otro tipo de disposiciones fiscales que impiden su depreciación o amortización (E.T., arts. 135 y 142).

Todo ello sin perjuicio de que la naturaleza propia de los demás activos fijos reales obligue a observar los preceptos legales tributarios que establecen la depreciación y amortización e incluso la renta líquida por recuperación de deducciones (E.T., arts. 137, 142, 196 y 198), aspecto por demás contemplado en el decreto reglamentario (art. 3º), cuando se deja de utilizar el bien en la actividad productora de renta o por su enajenación, antes del vencimiento del término para depreciarlo o amortizarlo”.

Por su parte, en fallo del 24 de mayo del 2007, expediente 14898, se negó la nulidad de la expresión “bienes tangibles”, porque el hecho de que asociara los activos fijos reales productivos a dichos bienes no excedía la facultad reglamentaria otorgada por el artículo 158-3 del estatuto tributario, en cuanto éste precisó que la deducción recaía sobre activos reales excluyendo todo tipo de bienes que no tuvieren esa particularidad. Así lo indicó:

“En efecto, aunque, los bienes incorporales o intangibles, tales como ciertos derechos, propiedades intelectuales o informáticas o sistemas técnicos, forman parte del patrimonio, tienen la calidad de ser activos fijos y de igual manera, participar en la realización del proceso productivo de la empresa, lo cierto, es que el legislador fue claro al especificar concretamente el tipo de activos sobre los cuales recae la deducción, al señalar que se trataba de activos reales.

Por ello, en cuanto a la condición de ser bienes tangibles, el reglamento no contradice ni limita el precepto legal. Por el contrario, se encuentra conforme con la particularidad que de activos fijos efectuó el legislador y, aunque no se haga una distinción expresa en el texto legal, tal singularidad excluye aquellos conceptos que no participen de la misma.

(…).

Así las cosas, el reglamento que definió como activo fijo real, los bienes tangibles, para efectos de la deducción especial del 30% en su adquisición, no viola el citado artículo 26, pues si el contribuyente acredita el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la norma legal que la autoriza, no hay lugar a desconocer su procedencia.

Por todo lo anterior, el Gobierno Nacional no excedió la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189 [11] de la Constitución Política, por lo tanto, no se accederá a declarar la nulidad del aparte demandado”.

A su turno, la sentencia del 5 de julio del 2007, expediente 15400, negó la nulidad de las expresiones “para formar parte del patrimonio” y “se deprecian o amortizan fiscalmente”(5) contenidas en el mismo artículo 2º del Decreto 1766 del 2004, porque tampoco excedían lo dispuesto en el artículo 158-3 del estatuto tributario ni agregaron requisitos no previstos en él, sino que se limitaron a aclarar unas características esenciales de los activos fijos reales productivos cuales son: formar parte del patrimonio del contribuyente y depreciarse o amortizarse fiscalmente. Entre sus consideraciones, anotó:

“el legislador consagró una deducción especial para los contribuyentes del impuesto de renta que decidan invertir en activos fijos reales productivos, en busca de estimular la inversión y el aumento de la capacidad productiva del país, con el consecuente incremento de la rentabilidad del contribuyente.

Esta medida constituye un incentivo importante para la reactivación del proceso productivo, pues permite que en el año de adquisición del activo se pueda deducir el 30% del valor de la inversión, mientras que en otras circunstancias, su amortización se realiza según el tiempo de vida útil, lo que conlleva que las deducciones anuales sean inferiores, reflejándose en una mayor utilidad gravable.

De otra parte, el legislador al referirse de manera específica a las inversiones realizadas “sólo en activos fijos reales productivos”, excluyó de tal tratamiento, aquellos bienes que por definición no tienen esa naturaleza.

Reitera la Sala(6) que los “activos fijos”, cuya adquisición da lugar a la deducción especial, son aquellos bienes “que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente” (E.T., art. 60). La disposición legal excluyó del beneficio la inversión en bienes que por definición no tienen la naturaleza de “reales”(7), como sucede con los que ostentan el carácter de intangibles. Los activos también deben ser “productivos”, esto es, que entre lo producido y los bienes empleados para ello, debe existir una relación directa y permanente, de suerte que sean indispensables para su ejecución.

Para que un gasto sea deducible se requiere que tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta. Una de las características de los activos fijos reales productivos es que las erogaciones realizadas para su adquisición no son de fácil asociación con los ingresos, toda vez que regularmente prestan un servicio no sólo durante el periodo en el cual se adquirieron, sino también durante periodos posteriores. Es por ello que resulta necesario asignarles un valor proporcional durante el tiempo de vida útil o de duración del negocio. A medida que el activo participa en la actividad productora de renta en el período gravable, una parte proporcional del valor de la inversión es deducible de la renta, como depreciación o amortización.

Por ello, es propio de los activos fijos reales productivos que sean depreciables o amortizables fiscalmente y así, cuando el artículo 2º del Decreto 1766 de 2004 incluyó esta característica dentro de su definición, no restringió el beneficio otorgado en la ley, ni extendió su contenido, pues se limitó a aclarar un rasgo que en todo caso es esencial de estos bienes(8).

Esos criterios fueron retomados en la sentencia del 7 de febrero del 2008, expediente 15394, que negó la nulidad de los conceptos DIAN 55704, 77779 y 85085 todos del 7 de febrero del 2004, analizando si el artículo 158-3 del estatuto tributario descartaba el leasing operativo para efecto de la deducción especial que allí se contempla, conforme con el tratamiento contable y fiscal previsto en el artículo 127-1 ibídem para los activos fijos reales productivos contabilizados en el haber patrimonial del contribuyente.

En tal sentido, recordó que, a la luz de los antecedentes legislativos(9) del artículo 158-3 del estatuto tributario, la deducción especial que en él se prevé busca reactivar el proceso productivo, con una incidencia directa en el empleo y en la rentabilidad del contribuyente.

Y la sentencia del 2 de abril del 2009, expediente 16088, que anuló los conceptos DIAN 2461 de 19 de enero de 2005 y 23560 de 25 de abril del mismo año, insistió:

“La intención del legislador con esta disposición (se refiere al E.T., art. 158-3) fue estimular la inversión y concretamente en la adquisición de “activos fijos reales productivos”(10).

(…).

Sobre el alcance de esta deducción, la Sala mediante sentencia de 23 de marzo de 2006, decidió sobre la legalidad de la expresión “participan de manera directa” en la actividad productora de renta, del artículo 2º del decreto en mención (se refiere al D. 1766/2004) y resaltó que tal deducción se trataba de un incentivo importante que perseguía la reactivación del proceso productivo y como consecuencia lógica, al incremento en la rentabilidad del contribuyente(11).

(…)”.

Ahora bien, la deducción in examine debe solicitarse en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable en que se realiza la inversión, con base en el costo de adquisición del bien, según las siguientes reglas:

• Si se realizan obras de infraestructura para el montaje o puesta en funcionamiento de los activos fijos reales productivos y ellas deben activarse para ser depreciadas o amortizadas de acuerdo con la técnica contable, su costo hace parte de la base para calcular la deducción; y si la confección o construcción de tales obras tarda más de un período gravable, la deducción se aplica sobre la base de la inversión efectuada en cada año gravable.

• Si los activos fijos reales productivos son construidos o fabricados por el contribuyente, la deducción se calcula con base en las erogaciones incurridas por la adquisición de bienes y servicios que constituyan el costo del activo fijo real productivo.

• Si el activo fijo real productivo se deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena antes de vencer el término de depreciación o amortización del bien, el contribuyente debe incorporar el valor proporcional de la deducción solicitada, como renta líquida gravable en la declaración del Impuesto sobre la renta y complementarios del periodo fiscal en que ello ocurra, teniendo en cuenta la vida útil pendiente de depreciar o amortizar según la naturaleza del bien.

De los activos fijos reales productivos que configuran el derecho a la deducción establecida en el artículo 158-3 del estatuto tributario - incidencia del artículo 2º del Decreto Reglamentario 1766 de 2004

Sin duda alguna, el artículo 158-3 del estatuto tributario constituye un tipo normativo abierto de interpretación sistemática, en cuanto no define la expresión “activos fijos reales productivos” para los cuales establece la deducción por inversión.

Bajo ese entendido, la determinación de dichos activos y, por consiguiente, del alcance aplicativo del beneficio tributario en renta, se sirve de las definiciones contenidas en otras disposiciones fiscales como el artículo 2º del Decreto 1766 del 2004, que al haber reglamentado el referido artículo 158-3 porque este así lo dispuso, es norma de directa y de obligada consulta, máxime cuando la Sentencia C-714 de 2009 encontró constitucional el ejercicio de esa regulación, en los términos que se pasa a trascribir:

“…la facultad que se le confiere al Gobierno Nacional de reglamentar la referida deducción, no es una delegación que supere el ámbito de competencia que le depara el artículo 189 numeral 11 de la Constitución, para expedir los “decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”. Las reglamentaciones que de una determinada ley expida el gobierno no tendrían, por más que el legislador así lo buscara en alguna hipótesis irreal e imaginable, la capacidad de alterar el contenido de una ley en el sentido de transformarla en algo sustancial y radicalmente distinto de como quedó configurada por el Congreso de la República. Mucho menos va a tener esa potencialidad si las reglamentaciones a que se refiere una ley —como en este caso— son meras redundancias normativas de una facultad que ya de suyo le pertenece al Gobierno Nacional en virtud de expresa norma constitucional. Por lo demás, si por hipótesis se pensara en una reglamentación encaminada a transformar la ley en un sentido radical y evidente, sería la reglamentación, y no la ley, la que estaría contraviniendo los mandatos superiores, pues no existe ni la más mínima o remota posibilidad de que una reglamentación condicione la validez de una ley a la que dice estar desarrollando debidamente para su cumplida ejecución. En ese sentido, la reglamentación a la que se refieren las normas demandadas, debe estar orientada a determinar, por ejemplo, cuáles condiciones debe reunir el inversor en activos fijos reales productivos para beneficiarse de la deducción, y también a establecer cómo pueden acreditarse esas condiciones ante la entidad administrativa encargada de recaudar los impuestos sobre la renta y complementarios, pero no a expandir el ámbito predeterminado con la suficiente claridad y certeza por el legislador”.

De acuerdo con ello y atendiendo a la norma reglamentaria que se comenta y que, de paso sea anotar, se encontraba vigente y gozaba de fuerza ejecutoria para cuando la actora declaró la deducción rechazada, es claro que el derecho al reconocimiento del artículo 158-3 del estatuto tributario depende de que los activos fijos reales productivos adquiridos sean bienes tangibles, destinados a formar parte del patrimonio y a participar de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente, y de que los mismos puedan depreciarse o amortizarse fiscalmente.

Según esa premisa, vista en contraste con la definición fiscal de activos fijos del artículo 60 del estatuto tributario(12), es claro que la deducción no opera para la adquisición de activos movibles y que los “bienes” cobijados por el beneficio son únicamente los corporales (C.C., art. 653), por ser de suyo la forma tangible.

Ese último requisito, como también lo ha precisado la Sala, excluye los activos fijos que participan de manera indirecta en el proceso productivo, como los muebles y equipos destinados a la parte administrativa y gerencial(13).

De la depreciación fiscal de los activos fijos reales productivos adquiridos para los efectos del artículo 158-3 del estatuto tributario

Las normas tributarias permiten deducir la depreciación causada por el desgaste o deterioro normal de los bienes usados en negocios o actividades productoras de renta, por la suma necesaria para amortizar el 100% del costo de los mismos, durante su vida útil, y siempre que éstos hayan prestado servicio en el año o período gravable de que se trate.

Dicho costo, dicen las normas especiales, está constituido por el precio de adquisición, incluidos los impuestos a las ventas, los de aduana y de timbre, más las adiciones y gastos necesarios para que el bien se ponga en condiciones de iniciar la prestación de un servicio normal (E.T., arts. 128 y 131).

En ese contexto, el ordenamiento entiende como bienes depreciables aquellos activos fijos tangibles, con excepción de los terrenos, que no sean amortizables(14), y prevé que cuando esos bienes se adquieren o mejoran en el curso del año o período gravable, la depreciación se calcula proporcionalmente al número de meses o fracciones de mes en que las respectivas adquisiciones o mejoras prestaron servicio (arts. 135 y 136 ibíd.).

En cuanto a la vida útil de los bienes depreciables, el artículo 137 del estatuto tributario prevé su oscilación entre tres y veinticinco años, según lo establecido en el respectivo reglamento, y de acuerdo con la actividad en que se utilice el bien, los turnos normales de la misma, la calidad de mantenimiento disponible en el país y las posibilidades de obsolescencia.

Lo anterior, sin perjuicio de que el contribuyente pueda fijar una vida útil distinta con base en conceptos o tablas de depreciación de reconocido valor técnico, de acuerdo con sus condiciones particulares y previa autorización del director de Impuestos Nacionales.

Al ejercer la atribución legal otorgada por el mencionado artículo 137, el Decreto 3019 de 1989 reglamentó la vida útil de los activos depreciables, como sigue:

“ART. 2º—La vida útil de los activos fijos depreciables, adquiridos a partir de 1989 será la siguiente:

Inmuebles (incluidos los oleoductos) 20 años 
Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes muebles 10 años 
Vehículos automotores y computadores 5 años 

PAR.—Se tendrán como activos adquiridos en el año, aquellos que a 31 de diciembre del año anterior figuraban como “maquinaria en montaje”, “construcciones en curso” y “activos fijos importados en tránsito” y que se incorporen como activos fijos utilizables durante el respectivo período”.

Finalmente, tratándose de la adquisición de bienes que han estado en uso, el artículo 139 del estatuto tributario faculta al adquirente para calcular razonablemente el resto de la vida útil probable de los mismos, y para amortizar su costo de adquisición, pero prohíbe que el resultado de ese cálculo sumado a la vida transcurrida durante el uso del bien por parte de los anteriores propietarios, sea inferior a la vida útil que el reglamento contemple para bienes nuevos.

Análisis de la deducción especial respecto de los bienes inmuebles adquiridos por la demandante en el año 2004

Según dan cuenta los antecedentes administrativos de los actos demandados, los inmuebles respecto de cuya adquisición se solicitó la deducción especial del artículo 158-3 del estatuto tributario, son las granjas María Bonita por valor de $ 746.900.000 y Santa María por valor de $ 328.000.000, compradas con sus respectivas edificaciones.

La administración rechazó la deducción, porque las referidas edificaciones fueron construidas con una antelación de 25 y 20 años, de manera que ya se habían depreciado y, por tanto, no podían reunir los requisitos para deducirse fiscalmente.

La demandante se opone a ese criterio, arguyendo que la depreciación no es un requisito fijado en la ley, sino un elemento de la descripción reglamentaria de los activos fijos, y que, en esa medida, el no practicarla sobre bienes usados y ya depreciados, no justifica el rechazo de la deducción.

Ahora bien, las escrituras públicas 6022 y 6023 del 27 de diciembre del 2004 (fls. 115-120) demuestran que Industrias Puropollo S. A. compró el globo de terreno denominado “María Bonita”, identificado con matrícula inmobiliaria 040-99705, y el lote donde se ubica la granja de nombre “el Socorro”, identificada con matrícula inmobiliaria 040-105408.

Según los mismos instrumentos públicos (cláusula segunda), la enajenación de los bienes comprados incluía todas las construcciones, usos, costumbres y servidumbres con las que contaban dichos predios, las cuales comprendían galpones aptos para la explotación avícola, así como otros bienes relacionados con procesos de producción de la misma naturaleza.

Tal verificación permite constatar que ciertamente en el año gravable declarado la demandante adquirió activos fijos reales directamente ligados a su actividad productora de renta, dado que su objeto social como empresa que es, lo constituyen las actividades propias de la industria avícola, para cuyo desarrollo podía adquirir a cualquier título los bienes muebles e inmuebles necesarios para el buen desarrollo de la empresa, según lo previsto en su certificado de existencia y representación legal(15).

Los certificados de tradición y libertad visibles en los folios 121 a 124 demuestran que la existencia de los bienes adquiridos data de varios años atrás (1979 en el caso del Lote María Bonita, y 1966 en el caso de la granja El Socorro); y los avalúos rurales aportados al proceso (fls. 181 a 189 y 190 a 197), informan que para el mes de diciembre del 2004 las construcciones del predio María Bonita tenían un tiempo promedio de 25 años, y las de la granja El Socorro, de 20 años.

Ello indica que las edificaciones, partes de los inmuebles comprados, son bienes usados depreciables en la forma prevista por el artículo 139 del estatuto tributario, dado que la contribuyente los adquirió en el año 2004.

El hecho de que el tiempo promedio de existencia señalado en los avalúos rurales aportados supere el tiempo de vida útil de inmuebles establecido en el artículo 2º del Decreto 3019 de 1989 (es el caso de las construcciones del predio María Bonita - 25 años) o se ajuste a ese límite (ocurre con las construcciones de la granja El Socorro - 20 años), no permite categorizar a los bienes adquiridos como “indepreciables” ni mengua o suprime, per se, su aptitud para poderse depreciar.

Una conclusión en ese sentido sólo podría resultar de las condiciones materiales reales del bien, pues, asociándose la depreciación al “desgaste” natural del mismo, capaz de reducir su valor, es claro que mientras el activo adquirido conserve su funcionalidad no puede considerarse inútil ni, menos aún, completo el tiempo de su desgaste natural; de por sí, la regla general desde el punto de vista económico y fiscal indica que el contribuyente de renta adquiere bienes para incrementar su patrimonio o para ayudar a incrementarlo.

Bajo esa reflexión y dado que la depreciación de activos se liga necesariamente al tiempo durante el cual se usan en la actividad productiva, así como a su efectiva utilización en la misma, estima la Sala que los bienes adquiridos por Industrias Puropollo S.A., mediante las escrituras públicas 6022 y 6023 del 27 de diciembre del 2004, son verdaderos activos fijos reales productivos pasibles del beneficio fiscal consagrado en el artículo 158-3 del estatuto tributario.

Es así, porque dichos bienes corresponden a inmuebles adquiridos para desarrollar la industria avícola a la que se dedica dicha empresa, conservan las condiciones de uso para ello y, por tanto, pueden depreciarse calculando razonadamente su resto de vida útil probable, en la medida en que no se ha producido el desgaste natural suficiente para considerarlos inutilizables o desechables.

Lo anterior, unido a que la defensa no probó concretamente que los activos adquiridos carecieran de las condiciones anteriormente advertidas, reviste de procedencia a la deducción rechazada y desvirtúa la presunción de legalidad de los actos demandados.

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 9 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Industrias Puropollo S.A., contra la DIAN.

2. Reconócese personería para actuar como apoderada de la DIAN, a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, en los términos y para los fines del poder visible en el folio 307 de este cuaderno.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.»

(2) Los bienes “reales” se predican de los “corporales”, definidos en el artículo 653 del Código Civil, como las cosas “...que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos,...”.

(3) Los activos fijos se definen fiscalmente como aquellos “bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente” (E.T., art. 60).

(4) Sentencia del 3 de marzo de 2006, expediente 15086, Consejera Ponente: Dra. Ligia López Díaz.

(5) Si bien la sentencia del 26 de abril de 2007, expediente 15153, había negado la nulidad de esta expresión, la Sala examinó las pretensiones puestas a su consideración por considerar que no se presenta cosa juzgada.

(6) Ibídem.

(7) Los bienes “reales” son los “corporales”, definidos en el artículo 653 del Código Civil, como las cosas “que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos”.

(8) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de abril de 2007, expediente 15153, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(9) “Es así como se dijo en exposición de motivos del proyecto inicial, “...Bajo la convicción de que la mejor forma de aumentar los ingresos públicos es estimular la inversión por sus efectos positivos sobre la producción y el empleo, este proyecto propone una tarifa diferencial del impuesto sobre la renta para las utilidades reinvertidas. Así, se propone que los contribuyentes que reinviertan por lo menos el 60% de las utilidades fiscales en activos productivos, tendrán una tarifa del impuesto del 15%” (Gaceta del Congreso 572/2003).

Sobre la propuesta de establecer una tarifa diferencial del impuesto sobre la renta para la reinversión de utilidades presentada con el proyecto inicial, las comisiones conjuntas no la aceptaron y en su lugar se aprobó una proposición que permite a las personas jurídicas deducir del impuesto sobre la renta el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos que se adquieran a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción sólo será aplicable por los años gravables 2004 a 2007 (Gaceta del Senado 691 segundo debate)”.

(10) Si bien, en la exposición de motivos del proyecto inicial de la reforma tributaria de 2003, se proponía una tarifa diferencial del impuesto sobre la renta del 15% para los contribuyentes que reinvirtieran por lo menos el 60% de las utilidades en activos productivos (Gaceta del Congreso 572/2003), las comisiones conjuntas no la aceptaron y en su lugar se aprobó una proposición que permite a las personas jurídicas deducir del impuesto sobre la renta el 30% del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos que se adquieran a partir del 1º de enero de 2004, aplicable sólo por los años gravables 2004 a 2007 (Gaceta del Senado 691 segundo debate).

(11) Expediente 15086, C.P. Doctora Ligia López Díaz.

(12) “Bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente”.

(13) Sentencia del 26 de marzo de 2006, expediente 15086.

(14) Así, se excluyen de la definición de bienes depreciables a los activos movibles como materias primas, bienes en vía de producción e inventarios, así como los valores mobiliarios constituidos por títulos representativos de participaciones de haberes en sociedades, de cantidades prestadas, de mercancías, de fondos pecuniarios o de servicios que son materia de operaciones mercantiles o civiles.

(15) Certificado de existencia y representación legal visible en los folios 20 a 22.